AC469-2023 (2013-00015-01)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
AC469-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05266-31-03-002-2013-00015-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Juan Guillermo, Mar\u00eda Consuelo, Gabriel Ignacio y Alberto \u00c1lvarez Londo\u00f1o, Catalina Mar\u00eda, Juan Diego y Santiago C\u00e1rdenas \u00c1lvarez, Juan Rodrigo, Mar\u00eda In\u00e9s, Mar\u00eda Luz y Mar\u00eda Clemencia \u00c1lvarez Hern\u00e1ndez e In\u00e9s Helena Hern\u00e1ndez de \u00c1lvarez, Tom\u00e1s \u00c1lvarez Botero y C\u00eda S. en C. e Inversiones Alcatraz C\u00eda. Ltda., para sustentar el recurso de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia de 22 de agosto de 2022, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro del proceso declarativo iniciado por Florentino Torres Tamayo en contra de los recurrentes, los herederos indeterminados de Rodrigo \u00c1lvarez Londo\u00f1o, la Sociedad L y T C\u00eda. S.A.S. y personas indeterminadas, tr\u00e1mite en el que reconvinieron los aqu\u00ed impugnantes. <\/p>\n
I. EL LITIGIO <\/p>\n
A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
Por la demanda incoativa del proceso solicit\u00f3 el interesado declarar que gan\u00f3, mediante usucapi\u00f3n extraordinaria, el dominio del inmueble denominado \u00abLa Ensillada\u00bb, con un \u00e1rea de \u00ab21.500 metros cuadrados\u00bb que hace parte de otro de mayor extensi\u00f3n identificado con matr\u00edcula 001-741355, ubicado en la vereda \u00abla Loma del Escobero\u00bb del municipio de Envigado, Antioquia. En consecuencia, se ordenara la respectiva inscripci\u00f3n en el registro inmobiliario (Archivo: 01. CUADERNO PRINCIPAL 002-2013-015.pdf). <\/p>\n
B. Los hechos <\/p>\n
La causa para pedir se compendia en lo siguiente: <\/p>\n
1. El reclamante ha pose\u00eddo la mencionada franja de terreno desde el \u00ab21 de septiembre de 2001\u00bb, cuando el comunero y codemandado Juan Guillermo \u00c1lvarez Londo\u00f1o se la entreg\u00f3 materialmente, con ocasi\u00f3n del contrato de promesa de compraventa que celebraron en la misma calenda. <\/p>\n
2. Desde entonces, ha sido reconocido como propietario, ejerciendo sobre el fundo \u00abse\u00f1or\u00edo mediante un permanente, continuo y adecuado cuidado (\u2026) pago de los respectivos impuestos municipales\u00bb, realizaci\u00f3n \u00aby mantenimiento de cercos, descapote y limpieza del inmueble y mantenimiento de pastos\u00bb, por un per\u00edodo que supera el exigido legalmente para adquirir el dominio (\u00eddem). <\/p>\n
C. El tr\u00e1mite de las instancias <\/p>\n
1. La postulaci\u00f3n inicial fue admitida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Envigado, el 23 de enero de 2013 (Folios 94 a 95, ib). <\/p>\n
2. L y T y C\u00eda. S.A.S. manifest\u00f3 atenerse a lo que resultara probado en el expediente y puso de presente que el 26 de diciembre de 2001, los condue\u00f1os acordaron la partici\u00f3n f\u00edsica de la heredad que les pertenec\u00eda en com\u00fan y proindiviso (Folios 168 a 170, ib). <\/p>\n
Tom\u00e1s \u00c1lvarez Botero y C\u00eda. S. en C. desconoci\u00f3 la calidad de poseedor de Torres Tamayo y puntualiz\u00f3 que, de haberla ostentado, no lo hizo por el tiempo necesario para hacerse a la propiedad. <\/p>\n
El curador de los indeterminados adujo estarse a lo demostrado en la lid (Folios 177 a 178, ib). <\/p>\n
Los dem\u00e1s llamados a la contienda se opusieron a las pretensiones, alegando el incumplimiento del \u00abtiempo para la prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria de dominio que pretende la demanda\u00bb (Folios 289 a 296, 366 a 371, 386 a 392 y 410 a 415 ib). <\/p>\n
3. Aunado a ello, los \u00faltimos formularon reconvenci\u00f3n con miras a obtener la restituci\u00f3n del bien junto con los frutos y deterioros que tasaron en $732.870.633, m\u00e1s los intereses moratorios. <\/p>\n
En los hechos, aseveraron (i) ser propietarios del lote \u00abLa Ensillada\u00bb, del cual el reconvenido confes\u00f3 ser poseedor de una porci\u00f3n de 21.500 m2, sin que, hasta la fecha de ese petitum hubiere alcanzado el t\u00e9rmino para usucapir; (ii) que Florentino ha obrado de mala fe, por cuanto su entrada al predio se produjo como consecuencia de un negocio que no constituye t\u00edtulo traslaticio de dominio, por lo que debe pagar las condenas pecuniarias invocadas; (iii) que la fracci\u00f3n a reivindicar se ha deteriorado por culpa de su adversario, dado su deficiente manejo a las aguas de escorrent\u00eda subterr\u00e1neas y superficiales, de taludes y erosiones, p\u00e9rdida de construcciones existentes y falta de mantenimiento a la capa vegetal; y, (iv) que parte de la tierra objeto del pleito fue arrendada a la Constructora Gisaico y a Efr\u00e9n Cruz (Archivo: 02. DEMANDA DE RECONVENCI\u00d3N 002-2013-015.pdf). <\/p>\n
4. Torres Tamayo controvirti\u00f3 la postura de sus oponentes a trav\u00e9s de las excepciones de \u00abprescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n reivindicatoria\u00bb, \u00abprescripci\u00f3n adquisitiva\u00bb e \u00abinexistencia de las prestaciones econ\u00f3micas reclamadas por los propietarios inscritos\u00bb (Folios 303 a 308, idem). <\/p>\n
5. Clausur\u00f3 el juzgado del conocimiento la primera instancia, mediante sentencia de 4 de febrero de 2020 en la cual desestim\u00f3 los ruegos del pleiteante y los del libelo de mutua petici\u00f3n (Archivo: 07. AUDIENCIA INSTRUCCI\u00d3N Y JUZGAMIENTO 002-2013-00015.wmv). <\/p>\n
6. Apelada esa determinaci\u00f3n por ambas partes, fue confirmada por el Tribunal (Archivo: 23Sentencia.pdf). <\/p>\n
D. La sentencia impugnada <\/p>\n
1. Tras remembrar las caracter\u00edsticas y los presupuestos sustanciales, tanto de la \u00abprescripci\u00f3n adquisitiva de dominio\u00bb como de la \u00abacci\u00f3n reivindicatoria\u00bb, el ad quem se aplic\u00f3 a indagar, si en el sub lite estaban reunidos. <\/p>\n
1.1. En relaci\u00f3n con la detentaci\u00f3n material del bien perseguido, hall\u00f3 acreditado que el 21 de septiembre de 2001, Juan Guillermo \u00c1lvarez Londo\u00f1o prometi\u00f3 vender al pretenso usucapiente \u00abun inmueble ubicado en el municipio de Envigado e identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 001-302967\u00bb, compromiso que fue ratificado mediante otros\u00ed del 4 de junio de 2002 y que el 2 de junio de 2004 las partes convinieron \u00abreemplazar los dos acuerdos previos, modificando el inmueble objeto de la promesa y su \u00e1rea, pero reconociendo como pagado el precio pactado desde la primera promesa\u00bb. <\/p>\n
Al analizar esta \u00faltima pieza, coligi\u00f3 que su primera cl\u00e1usula carec\u00eda de claridad, por cuanto inicialmente rezaba \u00abque el objeto de la promesa es la totalidad de los inmuebles identificados con matr\u00edculas inmobiliarias No. 001-741355 y 001-741356, con \u00e1reas de 2.220 y 29.878,5 metros cuadrados, respectivamente, pero en el p\u00e1rrafo final\u00bb, hablaba de un \u00e1rea de 21.500 m2 del primer fundo, \u00absumatoria de \u00e1reas que no concuerda y adem\u00e1s no fue alinderada\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3, adicionalmente, la discordancia entre la cabida fijada a los terrenos en el pacto primigenio, donde se indic\u00f3 que era de 15.000 m2 y pertenec\u00edan al predio 001-1302967, y el segundo arreglo, que aludi\u00f3 a 21.500 m2 del inmueble 001-741355, siendo especialmente llamativo, dijo el Tribunal, que \u00abdel primer inmueble se deriv\u00f3 el segundo y entonces no se explica c\u00f3mo es que el derivado aparenta mayor \u00e1rea que aquel del cual proviene\u00bb. <\/p>\n
Sentado esto, pas\u00f3 a evaluar si concurr\u00eda en Torres Tamayo la condici\u00f3n de poseedor. Para empezar, estableci\u00f3 que la demandada hab\u00eda reconocido \u00abel hecho tercero del escrito de demanda\u00bb, raz\u00f3n por la cual tendr\u00eda \u00abpor acreditado que el 21 de septiembre de 2001, JUAN GUILLERMO \u00c1LVAREZ LONDO\u00d1O entreg\u00f3 a FLORENTINO TORRES TAMAYO un \u00e1rea de 21.500 metros cuadrados comprendida dentro del inmueble de mayor extensi\u00f3n con matr\u00edcula No. 001-741355\u00bb y su respectiva alinderaci\u00f3n. <\/p>\n
Empero, destac\u00f3 que \u00abninguno de los documentos precisa la calidad en la que se realiz\u00f3 la entrega\u00bb, pues solo en la cl\u00e1usula quinta del convenio fechado 2 de junio de 2004, se se\u00f1ala \u00abque la entrega real y material del inmueble se realiz\u00f3 el 21 de septiembre de 2001, pero de nuevo, sin precisar si se entreg\u00f3 a t\u00edtulo de tenencia o posesi\u00f3n\u00bb. Luego, no pod\u00eda predicarse \u00abde forma clara, expresa e inequ\u00edvoca que JUAN GUILLERMO \u00c1LVAREZ LONDO\u00d1O le [hizo] entrega de la posesi\u00f3n sobre el bien\u00bb, m\u00e1xime cuando \u00abal inicio de la cl\u00e1usula primera se hace referencia a que la obligaci\u00f3n de hacer correspond\u00eda a transferir a t\u00edtulo de venta \u201cel derecho de dominio y la posesi\u00f3n material\u201d (\u2026) situaci\u00f3n suficiente para descartar la entrega anticipada de la posesi\u00f3n sobre el bien\u00bb. <\/p>\n
En esa medida, coligi\u00f3, \u00abla calidad con la que ingres\u00f3 FLORENTINO TORRES TAMAYO a realizar la ocupaci\u00f3n material del bien, fue como mero tenedor, quien reconoc\u00eda propiedad ajena sobre el mismo e, inclusive, conoc\u00eda que JUAN GUILLERMO \u00c1LVAREZ LONDO\u00d1O era tan solo un comunero del bien inmueble que le promet\u00eda en venta y que, para concretar el acto traslaticio, requer\u00eda en principio el consentimiento de los dem\u00e1s copropietarios, tal como se menciona en la cl\u00e1usula segunda\u00bb del \u00faltimo negocio. <\/p>\n
Antes de adentrarse en el estudio de la figura que denomin\u00f3 \u00abinterversi\u00f3n del t\u00edtulo\u00bb, insisti\u00f3 en que la \u00abcontradicci\u00f3n entre \u00e1rea, linderos y matr\u00edcula inmobiliaria del bien prometido [en las diferentes promesas] impide deducir la (\u2026) entrega de la posesi\u00f3n y, en lugar de ello, l[a] desdibuja, pues naturalmente surge la inquietud en cuanto a que, si no se ten\u00eda claridad sobre la identidad del bien negociado, c\u00f3mo argumentar la entrega con \u00e1nimo de due\u00f1o sobre el mismo?\u00bb. <\/p>\n
Planteados tales cuestionamientos, pas\u00f3 a estudiar si la condici\u00f3n con que lleg\u00f3 Torres Tamayo al predio, mut\u00f3 a la esgrimida en el pliego de apertura, a trav\u00e9s de \u00abun acto de rebeld\u00eda frente a los propietarios inscritos\u00bb, aspecto que no tuvo demostrado, por cuanto el convocante se limit\u00f3 a aseverar que \u00aben virtud del pago que realiz\u00f3, era l\u00f3gico que asumiera el \u00e1nimo de propietario\u00bb; que entreg\u00f3 \u00abuna parte del inmueble a Efr\u00e9n Antonio Cruz Parra primero en comodato y despu\u00e9s en arrendamiento\u00bb; y que ha desplegado actos \u00abde mantenimiento tales como construcci\u00f3n de cercos, canalizaci\u00f3n de aguas, vigilancia, el sostenimiento de plantaciones y pastos\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, hizo \u00e9nfasis en que el pago \u00abadem\u00e1s de haber sido un acto privado entre el demandante y uno solo de los condue\u00f1os (\u2026) provino del cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato de promesa\u00bb, a consecuencia del cual \u00abrecibi\u00f3 el bien como mero tenedor y reconoci\u00f3 dominio ajeno\u00bb; sin que el pr\u00e9stamo o alquiler de la tierra comportara, per se, el elemento que se estudia, pues, como tenedor le era dable ejecutar tales acciones, colof\u00f3n que se repite para las actividades de cuidado y mantenimiento, seg\u00fan lo tiene dicho esta Corporaci\u00f3n (CSJ SC4275-2019, rad. 2012-00044-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, estim\u00f3 que el prescribiente no prob\u00f3 su \u00abanimus domini\u00bb, por cuanto siempre reconoci\u00f3 estar ocupando una heredad ajena, resultando infructuosa, por tanto, la usucapi\u00f3n. <\/p>\n
1.2. De cara al examen del petitum de los inicialmente demandados, el Colegiado admiti\u00f3 que, en consonancia con la jurisprudencia de la Corte, cuando el demandado en la acci\u00f3n de dominio <\/p>\n
confiesa ser poseedor del inmueble en litigio, esa confesi\u00f3n tiene virtualidad suficiente para demostrar a la vez la posesi\u00f3n del demandado y la identidad del inmueble que es materia del pleito, salvo claro est\u00e1, siempre y cuando no se introduzca discusi\u00f3n alguna sobre el elemento de la identidad, o el juzgador motu proprio halle elementos de convicci\u00f3n que lo lleven a cuestionar dicho presupuesto. Conclusi\u00f3n que igualmente se predica en el caso de que el demandante afirme \u201ctener a su favor la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, alegada\u2026como acci\u00f3n en una demanda de pertenencia y reiterada como excepci\u00f3n en la contestaci\u00f3n a la contrademanda de reivindicaci\u00f3n, que en el mismo proceso se formule, porque esto constituye una doble manifestaci\u00f3n que implica confesi\u00f3n judicial del hecho de la posesi\u00f3n. <\/p>\n
Sin embargo, memor\u00f3 que a voces del art\u00edculo 197 del estatuto adjetivo, tal medio de convicci\u00f3n \u00abadmite prueba en contrario\u00bb, aspecto frente al cual esta Sala tiene decantado que <\/p>\n
no significa (\u2026) que la cuesti\u00f3n ingrese as\u00ed en arca sellada para siempre, y adquiera la categor\u00eda de verdad inexpugnable, de tal suerte que sobre ella no se pueda volver la mirada; porque hay que convenir que, hoy por hoy, ninguna circunstancia, en tanto que forme parte del debate procesal, puede adquirir tama\u00f1a impermeabilidad y mir\u00e1rsela como verdad absoluta; as\u00ed y todo provenga de la denominada \u201creina de las pruebas\u201d, por supuesto que la confesi\u00f3n ya no ejerce el mismo imperio de anta\u00f1o, cuando se hablaba de una verdad suficiente, sin importar si acompasaba con la verdad verdadera. Es principio admitido ahora que la confesi\u00f3n es infirmable, seg\u00fan expresi\u00f3n paladina, en cuanto a nuestro ordenamiento respecta, del art. 201 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy art. 197 CGP] (CSJ SC 29 jun. 2012, rad. 1999-00666-01, reiterada en CSJ SC3688-2021, 25 ag., rad. 2011-00195-01). <\/p>\n
En esa l\u00ednea, reliev\u00f3 que \u00abel juez del Estado Social de Derecho no es un funcionario que aplica irreflexivamente la ley, es un funcionario que atiende la realidad material, da prelaci\u00f3n al derecho sustancial y, en palabras de la Corte Constitucional, asume: \u201csu responsabilidad como un servidor vigilante, activo y garante de los derechos materiales\u201d\u00bb. <\/p>\n
Asumiendo entonces la labor de verificaci\u00f3n de las afirmaciones de Florentino Torres acerca de su relaci\u00f3n con el bien en disputa, dedujo que no tuvieron el alcance de otorgar la certeza necesaria para concluir que tiene la convicci\u00f3n de ser \u00abposeedor\u00bb de las tierras que el condue\u00f1o Juan Guillermo \u00c1lvarez Londo\u00f1o le prometi\u00f3 en venta, pues al ser interrogado sobre sus actividades en ellas \u00abcontest\u00f3 \u201csiembra de hortalizas, realmente no m\u00e1s debido a que no se ha realizado la escritura\u201d y que el mencionado t\u00edtulo de propiedad no se le hab\u00eda otorgado porque \u201cno han hecho la sucesi\u00f3n\u201d\u00bb. <\/p>\n
Valor\u00f3 tambi\u00e9n el contrato fechado 2 de junio de 2004, donde, estim\u00f3, al estipular que el fundo \u00abhace parte de una comunidad formada por Inversiones Alcatraz Ltda., Thomas \u00c1lvarez Botero y C\u00eda S. en C., Mar\u00eda Consuelo \u00c1lvarez Londo\u00f1o, Sergio C\u00e1rdenas Guti\u00e9rrez, Herederos de Juan Rodrigo \u00c1lvarez Londo\u00f1o y Juan Guillermo \u00c1lvarez Londo\u00f1o\u00bb, el reconvenido reconoci\u00f3 dominio ajeno, lo cual descarta la condici\u00f3n indispensable para el \u00e9xito de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
Conclusi\u00f3n que robusteci\u00f3 con lo aseverado \u00aben el mismo hecho tercero de la demanda\u00bb principal, a cuyo tenor Florentino posee el bien \u00abdesde el d\u00eda 21 de septiembre del a\u00f1o 2001, por entrega material que del mismo le hiciera en esa \u00e9poca el se\u00f1or Juan Guillermo \u00c1lvarez Londo\u00f1o en virtud de un contrato de PROMESA DE COMPRAVENTA\u00bb, empero \u00abla mencionada promesa no tuvo la entidad suficiente para entregar tal derecho posesorio\u00bb, quedando sin piso, igualmente, la plataforma f\u00e1ctica de la contrademanda en la cual se ratific\u00f3 \u00abque la supuesta posesi\u00f3n [inici\u00f3] a partir de la entrega material del inmueble el 21 de septiembre de 2001 en raz\u00f3n de un contrato de promesa de compraventa\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, destac\u00f3 que, seg\u00fan Luisa Fernanda R\u00faa Guti\u00e9rrez, el actor primigenio hac\u00eda constantes requerimientos al promitente vendedor y exteriorizaba su permanente preocupaci\u00f3n por no contar con la escritura p\u00fablica de compraventa, lo que indicaba que \u00abFlorentino Torres Tamayo siempre tuvo la convicci\u00f3n de no ser propietario del bien, porque ten\u00eda plena consciencia de que el dominio no le hab\u00eda sido transferido y que se encontraba[n] pendiente[s] tr\u00e1mites sucesorales para llevar a cabo la transferencia, indic\u00e1ndole a la testigo, quien era su asesora legal, que \u201cguardara la promesa de compraventa\u201d y que \u201cestuviera pendiente de la celebraci\u00f3n de [la] escritura p\u00fablica\u201d. <\/p>\n
Aserto que fue corroborado por el testigo Efr\u00e9n Antonio Cruz Parra, quien se\u00f1al\u00f3 que el contrademandado \u00abnegoci\u00f3 con Juan Guillermo \u00c1lvarez ese lote y no le han salido las escrituras\u00bb, tema que trataron porque \u00abla cuenta de energ\u00eda llega a nombre de Juan Guillermo \u00c1lvarez\u00bb. <\/p>\n
1.3. En suma, para el juzgador plural \u00abla prueba documental, testimonial y el interrogatorio de parte analizados en su conjunto\u00bb desdibujan la confesi\u00f3n del ocupante del terreno en pugna, pues da cuenta de que \u00abno ha ostentado aprehensi\u00f3n con \u00e1nimo de due\u00f1o\u00bb, sin que los reivindicantes hubiesen allegado al plenario medios de cognici\u00f3n distintos que corroboraran su tesis, para lo cual, enfatiz\u00f3, \u00abno basta (\u2026) la afirmaci\u00f3n propia de quien pretende usucapir, como lo [arguye] la reconviniente\u00bb (Archivo: 23Sentencia.pdf). <\/p>\n
II. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Dos (2) cargos formularon los discrepantes, ambos, por la senda de la infracci\u00f3n indirecta de la ley sustancial (n\u00fam. 2\u00ba art. 336 C.G.P.), los cuales adolecen de fallas t\u00e9cnicas que imponen su inadmisi\u00f3n. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Acusaron a la sentencia de infringir de manera mediata los art\u00edculos 762, 946, 949, 952 y 775 del C\u00f3digo Civil, por inaplicar los cuatro iniciales y hacer actuar indebidamente el \u00faltimo, como consecuencia de errores de hecho. <\/p>\n
Lo desplegaron se\u00f1alando que, pese a encontrarse acreditados \u00abtodos los elementos axiol\u00f3gicos\u00bb de la acci\u00f3n de dominio formulada en reconvenci\u00f3n, el fallador la desestim\u00f3 aduciendo no hallar en el ocupante del predio involucrado, el \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o que \u00e9l mismo confes\u00f3 y con base en el cual edific\u00f3 la pretensi\u00f3n de usucapirlo y la oposici\u00f3n a la acci\u00f3n reivindicatoria incoada en la contrademanda. <\/p>\n
En ese sentido, anotaron, el Tribunal \u00abencontr\u00f3 la confesi\u00f3n del demandado en reconvenci\u00f3n, pero se equivoc\u00f3 gravemente al considerar que (\u2026) hab\u00eda quedado infirmada\u00bb, pues, olvid\u00f3 que \u00abla posesi\u00f3n que tiene que quedar probada, para la prosperidad de la pretensi\u00f3n reivindicatoria, es la \u201cactual\u201d, es decir, (\u2026) para que prospere la reivindicaci\u00f3n, (…) el demandado [debe ser] poseedor, al tiempo de la presentaci\u00f3n de la demanda\u00bb (art. 952 C.C.), sin importar \u00abcu\u00e1ndo lleg\u00f3 a serlo o si lo fue o no antes\u00bb. <\/p>\n
El haz probatorio daba cuenta del \u00abcorpus\u00bb y as\u00ed lo estableci\u00f3 el ad quem; sin embargo, pas\u00f3 por alto que, en la demanda inicial, en las contestaciones a la misma, en los escritos de mutua petici\u00f3n y en la respuesta que frente a ellos plante\u00f3 Torres Tamayo, \u00ablas partes (\u2026) afirmaron, al un\u00edsono, que (\u2026) Florentino (\u2026) ostentaba la calidad de poseedor\u00bb. <\/p>\n
Luego, el prescribiente \u00aben el a\u00f1o 2013, al tiempo de presentar la demanda realiz\u00f3 un acto p\u00fablico\u00bb, del cual se \u00abenter\u00f3 a todos los comuneros que aparec\u00edan como condue\u00f1os del inmueble en el folio real de matr\u00edcula inmobiliaria, y al p\u00fablico en general (las \u201cpersonas indeterminadas\u201d), y les indic\u00f3, con rebeld\u00eda, que el due\u00f1o del mismo, era \u00e9l\u00bb, actuar que repiti\u00f3 \u00abal contestar las demandas reivindicatorias, cuando acept\u00f3, confesando, que \u00e9l era poseedor\u00bb. <\/p>\n
Como para la prosperidad de la \u00abacci\u00f3n de dominio\u00bb, \u00abbasta que se pruebe que el demandado o sujeto pasivo de la misma, es poseedor al tiempo de la demanda\u00bb, el ad quem debi\u00f3 acoger tal pedimento, empero desconoci\u00f3 \u00abese problema temporal\u00bb y, en cambio, sostuvo que Florentino reconoci\u00f3 dominio ajeno en el interrogatorio de parte, por describir los elementos de un tenedor, deformando su \u00abrespuesta completa a la pregunta sobre sus actividades\u00bb, de la cual se deduce en realidad que su queja \u00abno es la falta de t\u00edtulo de dominio, sino la falta de \u201cescritura\u201d y a esa ausencia la califica (\u2026) como la causa de su verdadero problema \u201cla ausencia de c\u00f3digo catastral\u201d, dado, adujeron los casacionistas, que el lote pose\u00eddo hace parte de uno de mayor extensi\u00f3n que no cuenta con tal identificaci\u00f3n. <\/p>\n
Tampoco es cierto que el interpelado hubiese manifestado que \u00abel mencionado t\u00edtulo de propiedad no se l[e] hab\u00eda otorgado porque no han hecho la sucesi\u00f3n\u00bb, pues la referencia a \u00abla sucesi\u00f3n de Juan Guillermo \u00c1lvarez al cual le compr[\u00f3] el lote\u00bb, la hizo al contestar la pregunta n\u00famero 16 referente a \u00ab[c]uando usted manifiesta [que] no se ha realizado la escritura explique en detalle a qu[\u00e9] se refiere\u00bb, en tanto \u00abnadie le pregunta por un \u201ct\u00edtulo de propiedad\u201d, como lo inventa el Tribunal\u00bb, sino por una \u00abescritura\u00bb, debiendo \u00abhaber entendido que indagaban por la que echaba de menos para poder conseguir c\u00f3digo catastral\u00bb, mencionado en su respuesta anterior. <\/p>\n
En el resto de su exposici\u00f3n, prosiguieron los recurrentes, Florentino dej\u00f3 ver que \u00abse sent\u00eda due\u00f1o, sentimiento que fue afianzando con el transcurso del tiempo pues realizaba actos claros, decid\u00eda sobre el inmueble y, sobre todo, los acontecimientos procesales (\u2026) muestran que para el momento en que comenz\u00f3 el proceso, Florentino se consideraba due\u00f1o del inmueble, sin que el interrogatorio haya mostrado cosa diferente\u00bb, por haberse orientado a indagar sobre hechos anteriores a dicho hito, despu\u00e9s del cual aqu\u00e9l jam\u00e1s ha reconocido dominio ajeno. <\/p>\n
En los contratos de promesa de compraventa de 2001 y 2004 y en el otro s\u00ed, consta, \u00abefectivamente, que la relaci\u00f3n material de Florentino con el inmueble (\u2026) comenz\u00f3 siendo de mera tenencia\u00bb, pero \u00abno pueden decir nada sobre la confesi\u00f3n que hace Florentino en m\u00faltiples ocasiones en 2013 y 2014, cuando ya claramente se sent\u00eda due\u00f1o pues, por ello precisamente present\u00f3 demanda de pertenencia\u00bb. <\/p>\n
Desacert\u00f3 tambi\u00e9n el juzgador plural al \u00abno ver que el contacto de Luisa Fernanda R\u00faa con Florentino Torres, se dio desde el a\u00f1o 2003 y termin\u00f3 en 2013\u00bb, por consiguiente, de su dicho no pod\u00eda deducirse, como lo hizo, que \u00abFlorentino Torres Tamayo siempre tuvo la convicci\u00f3n de no ser propietario del bien, porque ten\u00eda plena consciencia de que el dominio no le hab\u00eda sido transferido y que se encontraba[n] pendientes tr\u00e1mites sucesorales para llevar a cabo la transferencia, indic\u00e1ndole a la testigo, quien era su asesora legal, que \u201cguardara la promesa de compraventa\u201d y que \u201cestuviera pendiente de la celebraci\u00f3n de la escritura p\u00fablica\u201d\u00bb. Entonces, aseveraron, si bien \u00abhubo reclamaciones de las escrituras al principio, (\u2026) la relaci\u00f3n cambi\u00f3 y Florentino [dej\u00f3 de hacerlas]\u00bb. <\/p>\n
Lo propio ocurre, continuaron, con el an\u00e1lisis del testimonio de Efr\u00e9n Antonio Cruz Parra, de cuyo dicho el juzgador extrajo que el usucapiente reconoci\u00f3 dominio ajeno sobre el bien al comentarle al deponente que hab\u00eda negociado \u00abcon Juan Guillermo \u00c1lvarez ese lote y no le han salido las escrituras\u00bb, y por ello, el recibo de la energ\u00eda segu\u00eda llegando a nombre del promitente vendedor, lo que ocasion\u00f3 la infidencia. <\/p>\n
Tal examen, arguyeron, fue sesgado, por cuanto \u00abomiti\u00f3 gravemente\u00bb que el declarante tambi\u00e9n indic\u00f3 que Florentino Torres \u00abhasta donde yo s\u00e9\u00bb, es el propietario del inmueble, que no recuerda la fecha en que se enter\u00f3 del memorado convenio, pero fue despu\u00e9s de su llegada al lote (2007) y la revelaci\u00f3n se la hizo dentro del mismo, porque \u00abla cuenta de energ\u00eda llega a nombre de Juan Guillermo \u00c1lvarez\u00bb y esa es la finalidad de que salga el instrumento p\u00fablico de venta. <\/p>\n
Luego, la observaci\u00f3n acerca de la falta de ese documento se dio mucho antes de trabar este pleito y el relatante no aludi\u00f3 a una \u00abescritura de compraventa, lo inventa el Tribunal\u00bb, ni se dijo \u00abque Florentino sepa que por no contar con esa escritura (\u2026) no cuenta con el dominio\u00bb; en sentir de los impugnantes \u00ab[t]odo eso lo crea el Tribunal de una lectura caprichosa del testigo\u00bb, dejando de lado que \u00abel poseedor que no es due\u00f1o pero est\u00e1 en camino a serlo por usucapi\u00f3n, enfrent[a] problemas pr\u00e1cticos como ese: que las cuentas llegan a nombre de otra persona y, tal verdad, no le priva de la posibilidad de tener la categor\u00eda jur\u00eddica sustancial de poseedor\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, coligieron, los elementos suasorios relacionados fueron indebidamente apreciados y tal equivocaci\u00f3n fue la que dio al traste con la viabilidad de la restituci\u00f3n por ellos invocada, pues de haber advertido que el \u00e1nimus domini de Florentino Torres estaba probado, tal como qued\u00f3 visto, otra habr\u00eda sido la suerte del litigio secundario. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Aduciendo el segundo motivo del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, denunciaron la infracci\u00f3n, por la senda indirecta, de los mismos art\u00edculos del embate anterior, el 950 y el 777 del C\u00f3digo Civil, por dislates de derecho al \u00abexigir a los reivindicantes que probaran la calidad de poseedor del demandado, a pesar de que \u00e9ste hab\u00eda confesado tener[la] e incluso, las partes hab\u00edan conseguido un consenso de verdad sobre el mismo hecho\u00bb. <\/p>\n
El fallador obvi\u00f3 \u00abla norma probatoria de creaci\u00f3n jurisprudencial que rige en Colombia\u00bb y que le impon\u00eda eximirlos de comprobar tal presupuesto, \u00abconfesado m\u00faltiples veces\u00bb, y prescindir de \u00abtoda indagaci\u00f3n sobre el mismo y sobre la interversi\u00f3n del t\u00edtulo\u00bb, al actuar de ese modo, inaplic\u00f3 el r\u00e9gimen legal de la posesi\u00f3n y los preceptos que permiten al propietario recuperar sus bienes. <\/p>\n
Para demostrar su disertaci\u00f3n, recordaron que esta Corporaci\u00f3n tiene dicho que: <\/p>\n
(\u2026) si con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n reivindicatoria el demandado confiesa ser poseedor del bien perseguido por el demandante o alega la prescripci\u00f3n adquisitiva respecto de \u00e9l, esa confesi\u00f3n apareja dos consecuencias probatorias: a) el demandante queda exonerado de demostrar la posesi\u00f3n y la identidad del bien, porque el primer elemento resulta confesado y el segundo admitido, b) el juzgador queda relevado de analizar otras probanzas tendientes a demostrar la posesi\u00f3n (CSJ SC 003 de 14 mar. 1997, reiterada en CSJ SC 14 dic. 2000 y CSJ SC 12 dic. 2001, entre otras). <\/p>\n
Y aunque admitieron que esta pauta no es absoluta, en tanto, \u00abtiene excepciones que la misma Corte ha se\u00f1alado (\u2026) son excepcionales y versan sobre problemas de identidad del bien o discusiones jur\u00eddicas sobre la validez y eficacia de t\u00edtulos de dominio\u00bb, lo cierto es que el precedente (CSJ SC2805-2016, CSJ SC003-1997, 14 mar., CSJ SC 14 dic. 2000 y CSJ SC 12 dic. 2001) ha decantado que \u00abante la confesi\u00f3n que hace el demandado de que ostenta la calidad de poseedor en el proceso reivindicatorio, se opera una \u201cliberaci\u00f3n de cargas procesales\u201d para el accionante que, queda eximido de probar ese hecho que se tiene por demostrado y, queda liberado el juez, de buscar otras pruebas\u00bb al respecto. <\/p>\n
En apoyo de su postura, enlistaron algunos doctrinantes y transliteraron apartes de las decisiones referidas a espacio y del veredicto CSJ SC4125-2021, 30 sep., rad. 2007-00105-01 donde se adver\u00f3: <\/p>\n
Este presupuesto [de la posesi\u00f3n] no encuentra mayor dificultad a la hora de ser verificado en el caso sometido a examen. Ello es as\u00ed porque quienes est\u00e1n llamados a resistir las pretensiones reivindicatorias son los mismos demandantes en el proceso de pertenencia que dio apertura a este tr\u00e1mite. De suerte que es sencillo colegir que estos, con su actuar y postulaci\u00f3n, se conciben, al menos desde el momento de la interposici\u00f3n de su libelo, como se\u00f1ores y due\u00f1os del \u00ablote de terreno\u00bb ubicado \u00aben la carrera 22 # 18-28, situado en el Barrio San Francisco de esta ciudad (Bucaramanga)\u00bb, comoquiera que buscaron su titularidad por creer haberlo adquirido \u00abpor prescripci\u00f3n extraordinaria de dominio\u00bb. <\/p>\n
En suma, al tener por no probada la posesi\u00f3n, el sentenciador de segundo grado, sostuvieron, err\u00f3 por partida doble, pues no hizo actuar la regla jurisprudencial en comento y dio un alcance equivocado al canon 167 del C\u00f3digo General del Proceso, en tanto los sancion\u00f3 por no demostrar dicho requisito, neg\u00e1ndoles su petitum, lo cual no habr\u00eda sucedido si no se hubiesen cometido tales dislates. <\/p>\n
Con asidero en tales disertaciones, reclamaron de la Corte casar el veredicto rebatido y, en sede de instancia, acoger sus s\u00faplicas. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Es caracter\u00edstica esencial de este mecanismo de defensa su condici\u00f3n extraordinaria, por lo cual no todo desacuerdo con lo dictaminado permite adentrarse en su examen de fondo, sino que debe asentarse en las causales taxativamente previstas y atender los par\u00e1metros que para su concesi\u00f3n y tr\u00e1mite se imponen, como es acreditar el descontento \u00abmediante la introducci\u00f3n adecuada del correspondiente escrito, respecto del cual, la parte afectada con el fallo que se aspira aniquilar, no tiene plena libertad de configuraci\u00f3n\u00bb (CSJ AC, 1\u00b0 nov 2013, rad. 2009-00700-01; reiterado en CSJ AC5520-2022, 15 dic., rad. 2017-00690-01). <\/p>\n
Para ese cometido ha sido enf\u00e1tica esta Colegiatura al se\u00f1alar, que \u00abpor la naturaleza misma del recurso extraordinario, no es dable que el recurrente deambule por los diversos aspectos que en las instancias fueron debatidos, pues lo suyo es la sentencia, es decir, los fundamentos de hecho y de derecho invocados por el Tribunal, para lo cual deber\u00e1 desplegar su carga argumentativa en la demostraci\u00f3n de la infracci\u00f3n, puntualmente en el aspecto medular de que discrepa, que no propiamente de las falencias probatorias achacadas al ad quem -cosa que por supuesto debe cumplir tambi\u00e9n si de violaci\u00f3n indirecta se trata- sino la incidencia de esas equivocaciones en la infracci\u00f3n normativa\u00bb (CSJ AC8255-2017, 7 dic., rad. 2011-00024-02; reiterado en CSJ AC4947-2022, 23 nov., rad. 2010-00158-01). <\/p>\n
As\u00ed, que la admisi\u00f3n de la s\u00faplica casacional depende del acatamiento cabal de los requisitos del art\u00edculo 344 C\u00f3digo General del Proceso, entre otros, la formulaci\u00f3n de los cargos con la exposici\u00f3n de sus fundamentos, en forma separada, clara, precisa y completa, y no basados en meras generalidades, o de cualquier manera como si de un alegato de instancia se tratara, por cuanto el opugnante asume el duro labor\u00edo de enervar la presunci\u00f3n de legalidad y acierto con que viene precedida la providencia. <\/p>\n
En tal sentido, la Corte tiene adoctrinado que \u00ab\u2026 toda acusaci\u00f3n o cargo debe trascender de la simple enunciaci\u00f3n, al campo de la demostraci\u00f3n, haci\u00e9ndose patentes los desaciertos, no como contraste de pareceres, o de interpretaciones, ni de meras disputas conceptuales o procesales, sino de la verificaci\u00f3n concluyente de lo contrario y absurdo, de modo que haga rodar al piso la resoluci\u00f3n combatida\u00bb (CSJ, AC1262-2016, 12 ene., rad. 1995-00229-01, criterio reiterado en CSJ AC4702-2022, 9 nov., rad. 2014-00549-01). <\/p>\n
2. Las sentencias pueden ser controvertidas por errores in iudicando o in procedendo. Entre los primeros la violaci\u00f3n de normas sustanciales, producto de desv\u00edos en la hermen\u00e9utica jur\u00eddica o en la aplicaci\u00f3n normativa (directa), los producidos por yerro de derecho \u00abderivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n, o de una determinada prueba\u00bb1 (indirecta). Mientras que los segundos hacen referencia a la indebida construcci\u00f3n del proceso, por infracci\u00f3n de las normas que los regulan. <\/p>\n
2.1. La causal primera se estructura \u00abcuando el sentenciador se equivoca en la aplicaci\u00f3n del derecho material que concierne al asunto objeto del litigio, no obstante haber constatado correctamente la realidad f\u00e1ctica (CSJ SC 25 feb. 2002, rad. 5925), esto es, corresponde a pifias de ralea estrictamente de derecho (iuris in iudicando), que suponen la absoluta prescindencia de cualquier reflexi\u00f3n relativa a la demostraci\u00f3n de los supuestos de facto invocados como causa petendi de la acci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Si la acusaci\u00f3n se encamina por la v\u00eda indirecta, esto es, por errores en materia probatoria, se deber\u00e1 indicar la forma como se hizo patente el desconocimiento de preceptos de esa naturaleza o de los elementos materiales, es decir, en qu\u00e9 consisti\u00f3 el yerro y la incidencia del supuesto desatino en la decisi\u00f3n cuestionada, carga de demostraci\u00f3n que recae exclusivamente en el censor. <\/p>\n
2.2.1. El error de hecho en la valoraci\u00f3n de las pruebas tiene lugar, seg\u00fan se ha decantado por la jurisprudencia, \u00aba) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en \u00e9l no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad si existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que si existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuy\u00e9ndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adici\u00f3n o por cercenamiento\u2026\u00bb (CSJ SC, 10 ago. 1999, Rad. 4979; reiterado en CSJ AC756-2022, 17 mar., rad. 201400352-01). <\/p>\n
2.2.2. El dislate de iure presupone que el sentenciador no se equivoc\u00f3 en la constataci\u00f3n material de la existencia de la prueba y fijar su contenido, pero las aprecia \u00absin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para su producci\u00f3n; o cuando, vi\u00e9ndolas en la realidad que ellas demuestran, no las eval\u00faa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente proh\u00edbe para el caso; o cuando, requiri\u00e9ndose por la ley una prueba espec\u00edfica para demostrar determinado hecho o acto jur\u00eddico, no le atribuye a dicho medio el m\u00e9rito probatorio por ella se\u00f1alado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificaci\u00f3n de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere (CXLVII, p\u00e1g. 61, citada en CSJ SC 13 abr. 2005, rad. n\u00b0 1998-0056-02, reiterada en CSJ AC4145-2022, 4 oct., rad. 2010-00090-01). <\/p>\n
En este evento, el casacionista, a m\u00e1s de indicar las normas sustanciales quebrantadas a consecuencia de los desaciertos, tendr\u00e1 la carga adicional de indicar la disposici\u00f3n probatoria quebrantada, \u00abhaciendo una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que [ello ocurri\u00f3]\u00bb, esto es, c\u00f3mo a la luz de \u00e9sta el juzgador err\u00f3 en su solicitud, decreto, pr\u00e1ctica o el m\u00e9rito que le otorg\u00f3 en su valoraci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Sea que se aduzca error de hecho o de derecho compete al recurrente indicar las normas sustanciales que siendo o debiendo ser base esencial de la decisi\u00f3n confutada, resultaron infringidas, teniendo esa calidad aquellas que \u00ab\u2026en raz\u00f3n de una situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas tambi\u00e9n concretas entre las personas implicadas en tal situaci\u00f3n\u2026\u00bb, de manera que no son de esa naturaleza aquellas que se \u00ablimitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos o a descubrir los elementos de \u00e9stos o a hacer enumeraciones o enunciaciones, como tampoco las tienen las disposiciones ordenativas o reguladoras de la actividad in procedendo\u00bb. (CSJ AC 5 may. 2000; criterio reiterado en CSJ AC3715-2022, 9 sep., rad. 2018-00692-01). <\/p>\n
3. En atenci\u00f3n a las anteriores premisas, los reproches contenidos en los cargos formulados no re\u00fanen los requisitos previstos el en art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, raz\u00f3n por la cual, como se anticip\u00f3, ser\u00e1n inadmitidos por la Sala. <\/p>\n
3.1. En sus dos embates, los opugnadores pretenden echar a pique el fallo recurrido, porque el Tribunal infringi\u00f3 de manera indirecta los art\u00edculos 762, 946, 949, 952 y 775 de la codificaci\u00f3n civil, alegando, en el segundo cargo, adem\u00e1s, la transgresi\u00f3n de los c\u00e1nones 950 y 777 de la misma obra; sin embargo, solo las disposiciones 946, 949 y 950 ostentan el matiz de \u00abnorma jur\u00eddica sustancial\u00bb (CSJ A197-1995, 26 jul., rad. 5496; CSJ SC017-1996, 8 mar., rad. 4413; CSJ A214-1996, 13 ag., rad. 6116; CSJ AC311-1997, 2 dic., rad. C-6850; CSJ SC188-2005, 26 jul., rad. 00106; CSJ AC1985-2018, 18 may., rad. 2011-00166-01; CSJ AC4221-2021, 30 sep., rad. 2017-00300-01 y CSJ AC1131-2022, 22 abr., rad. 2017-00017-01 respecto del primero; CSJ SC179-1988, 23 may. y CSJ SC166-1991, 10 jul., en lo que ata\u00f1e al segundo y CSJ 10295-2014, 5 ag., rad. 2007-00359-01 y CSJ AC1985-2018, 18 may., rad. 2011-00166-01 en torno del \u00faltimo). <\/p>\n
Los dem\u00e1s c\u00e1nones refieren a la definici\u00f3n de la \u00abposesi\u00f3n\u00bb (762), de la \u00abmera tenencia\u00bb (775) y la ineficacia del \u00absimple paso del tiempo\u00bb para convertirla en aquella (777) y a la calidad que debe ostentar el convocado a la acci\u00f3n de dominio (952), pautas que se limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos, pero en manera alguna, atribuyen, mutan o extinguen un derecho a partir de un hecho concreto (CSJ AC1985-2018, CSJ AC2133-2020, CSJ AC3323-2022 y CSJ AC5550-2022, entre otros). <\/p>\n
3.2. Ahora bien, aun cuando las previsiones materiales relacionadas por los censores ser\u00edan suficientes para soportar sus reproches, lo cierto es que no llevaron a cabo la labor de contraste exigida para evidenciar los yerros f\u00e1cticos endilgados al Tribunal, por cuanto, a fin de controvertir sus conclusiones frente a la \u00abdemanda principal de pertenencia\u00bb, la \u00abcontestaci\u00f3n de los llamados a juicio\u00bb, \u00abel libelo de reconvenci\u00f3n\u00bb, la oposici\u00f3n formulada a \u00e9sta por el contrademandado y las \u00abpromesas de compraventa\u00bb concernidas, no se ocuparon de mostrar a la Corte el contenido textual de esos documentos o de las partes desconocidas realizando el debido contraste con lo que de ellos extrajo el fallador plural, omitiendo as\u00ed una de las ineludibles gestiones para desvirtuar lo atacado. <\/p>\n
Adicionalmente, solo transcribieron algunas respuestas del interrogatorio del reconvenido y de los testimonios de Luisa Fernanda R\u00faa y Efr\u00e9n Antonio Cruz Parra, criticando las inferencias que de ellas extrajo el ad quem, pero, sin evidenciar su contexto integral, de forma tal que se hiciera palpable el alegado sesgo del sentenciador al aquilatarlas. <\/p>\n
Por el contrario, los casacionistas enfilaron sus esfuerzos argumentativos a proponer una visi\u00f3n distinta a la de la sentencia enfrentada, indicando, incluso, que el primer absolvente \u00abdebi\u00f3 haber entendido\u00bb que se le preguntaba por un pergamino distinto a la escritura p\u00fablica de compraventa, cuando manifest\u00f3 que sus actividades en el fundo hab\u00edan consistido en la \u00absiembra de hortalizas, realmente no m\u00e1s debido a que no se ha realizado la escritura\u00bb (se destaca); as\u00ed mismo, supusieron que cuando el \u00faltimo deponente aludi\u00f3 a que Florentino le hab\u00eda contado que carec\u00eda de \u00abla escritura\u00bb, no hac\u00eda referencia a la de \u00abcompraventa\u00bb, sino a otra necesaria para obtener el \u00abc\u00f3digo catastral\u00bb del inmueble, conjeturas incapaces de combatir eficazmente la fundada valoraci\u00f3n expuesta por el iudex de segunda instancia. <\/p>\n
As\u00ed lo detall\u00f3 el colegiado: <\/p>\n
Inicialmente, la misma declaraci\u00f3n rendida en el interrogatorio de parte da cuenta que no lo es, reconoce dominio ajeno y describe los elementos de un tenedor, cuando se le pregunta las actividades que ha realizado en el lote, contest\u00f3 \u201csiembra de hortalizas, realmente no m\u00e1s debido a que no se ha realizado la escritura\u201d y que el mencionado t\u00edtulo de propiedad no se le hab\u00eda otorgado porque \u201cno han hecho la sucesi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Inclusive, en el mismo hecho tercero del escrito de demanda se indica que el inmueble \u201clo posee el se\u00f1or FLORENTINO TORRES TAMAYO, desde el d\u00eda 21 de septiembre del a\u00f1o 2001, por entrega material que del mismo le hiciera en esa \u00e9poca el se\u00f1or JUAN GUILLERMO ALVAREZ LONDO\u00d1O en virtud de un contrato de PROMESA DE COMPRAVENTA\u201d, n\u00f3tese que el presupuesto f\u00e1ctico a partir del cual se erige la supuesta posesi\u00f3n, no es tal desde la misma formulaci\u00f3n pues, tal como qued\u00f3 acreditado en el proceso, la mencionada promesa no tuvo la entidad suficiente para entregar tal derecho posesorio. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Tales hechos fueron reafirmados por el testigo Efr\u00e9n Antonio Cruz Parra quien, al pregunt\u00e1rsele si conoc\u00eda el objeto del proceso en el cual declaraba, indic\u00f3 que Florentino Torres Tamayo \u201cnegoci\u00f3 con JUAN GUILLERMO ALVAREZ ese lote y no le han salido las escrituras\u201d y m\u00e1s adelante indic\u00f3 que tuvo esa conversaci\u00f3n con el mencionado demandante porque \u201c[l]a cuenta de energ\u00eda llega a nombre de JUAN GUILLERMO \u00c1LVAREZ, por ese motivo fue el comentario de las escrituras\u201d. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, es claro que la fundamentaci\u00f3n de los inconformes se qued\u00f3 en una simple cr\u00edtica a las conclusiones de la sentencia, pero no trascendi\u00f3 a la demostraci\u00f3n de la existencia de los yerros denunciados a partir de la existencia de elementos cognitivos que dieran cuenta de la inquebrantable convicci\u00f3n del reconvenido de ser el se\u00f1or y due\u00f1o de la porci\u00f3n de terreno en disputa en los cuales no reparara el Tribunal, pues decantado qued\u00f3 que la \u00abconfesi\u00f3n\u00bb que hiciera al presentar la demanda de pertenencia y contestar la de reivindicaci\u00f3n, fue descalificada por sus propias manifestaciones consignadas en el \u00abhecho tercero\u00bb del precitado pliego inaugural y de la prueba testifical, donde, a juicio del decisor natural, reconoci\u00f3 dominio ajeno. <\/p>\n
En ese orden, deviene irrefutable que lo realmente evidenciado es la disconformidad con la conclusi\u00f3n adoptada en dicho prove\u00eddo, desconcierto que no puede servir a los detractores para insistir en sus alegaciones iniciales, como si de una tercera instancia se tratara, actitud que desconoce el verdadero prop\u00f3sito de este medio extraordinario que, como se vaticin\u00f3, no es otro distinto al de hacer visibles las falencias de la determinaci\u00f3n objeto de la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que la Corte ha recalcado que en los eventos en que se critique el ejercicio valorativo del juzgador debido a la presencia de un desatino, deviene imperativo que \u00ab(…) el recurrente lo demuestre, actividad que debe cumplirse mediante una labor de contraste entre lo que extrajo el sentenciador de las pruebas que se tildan de err\u00f3neamente apreciadas y lo que tales pruebas dicen o dejan de decir, para establecer el real efecto que dimana de la preterici\u00f3n o desfiguraci\u00f3n de la prueba, siempre en el bien entendido que no basta relacionarla ni con ofrecer la visi\u00f3n del recurrente a la manera de un alegato de instancia, si no se confronta en sus t\u00e9rminos con la sentencia acusada\u00bb -se resalta- (CSJ SC 14 may. 2001, reiterada en CSJ AC4703-2022, 9 nov., rad. 2019-00563-01). <\/p>\n
Igualmente, es indispensable memorar que, \u00ab(\u2026) en el \u00e1mbito de la apreciaci\u00f3n de las pruebas o de la demanda por parte de los jueces de fondo, ha de respetarse su autonom\u00eda para formarse su propia convicci\u00f3n sobre la determinaci\u00f3n concreta del asunto debatido, pues la facultad de la Corte frente a una impugnaci\u00f3n que utilice esta v\u00eda es velar por la recta inteligencia y la debida aplicaci\u00f3n de las leyes sustanciales, no as\u00ed la de revisar una vez m\u00e1s y sin cortapisa de ninguna especie, cuestiones de hecho y de derecho ventiladas en las instancias\u00bb (CSJ SC 12 jun. 2001, rad. 6050, reiterada en CSJ AC2438-2022, 28 jul., rad. 2016-00319-01). <\/p>\n
3.3. Y si lo anterior no bastara para desatender los embates auscultados, de todas formas, la Corte se encuentra con un obst\u00e1culo insalvable que impide su viabilidad y es el ata\u00f1edero a su incompletitud. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que, al inicio de sus consideraciones, el colegiado repar\u00f3 en la falta de certeza acerca de otro de los elementos estructurales de la reivindicaci\u00f3n, esto es, el de la identidad entre el predio reclamado y aquel que detenta el demandado. As\u00ed se sostuvo en el veredicto refutado: <\/p>\n
(\u2026) se aprecia que este \u00faltimo documento [la primera promesa de compraventa (21 sep. 2001)] adolece de cierta falta de claridad porque al inicio de la cl\u00e1usula primera indica que [su] objeto (\u2026) es la totalidad de los inmuebles identificados con matr\u00edculas inmobiliarias No 001-741355 y 001-741356, con \u00e1reas de 2.220 y 29.878,5 metros cuadrados, respectivamente, pero en el p\u00e1rrafo final de la misma cl\u00e1usula dice prometer en venta un \u00e1rea de 21.500 metros sobre el inmueble con matr\u00edcula No. 001-741355, sumatoria de \u00e1reas que no concuerda y adem\u00e1s no fue alinderada. <\/p>\n
Igualmente, la especificaci\u00f3n del \u00e1rea es discordante entre los contratos de promesa del 21 de septiembre de 2001 y del 2 de junio de 2004. En el primero se prometi\u00f3 vender 15.000 metros cuadrados del inmueble identificado con matr\u00edcula No. 001-1302967 y en el segundo se prometi\u00f3 en venta 21.500 metros cuadrados del inmueble con matr\u00edcula No. 001- 741355. Circunstancia particularmente llamativa si se tiene en cuenta que del primer inmueble se deriv\u00f3 el segundo y entonces no se explica c\u00f3mo es que el derivado aparenta mayor \u00e1rea que aquel del cual proviene. <\/p>\n
Aunque el sentenciador indic\u00f3, a rengl\u00f3n seguido, que tendr\u00eda por demostrado que \u00abel 21 de septiembre de 2001, JUAN GUILLERMO \u00c1LVAREZ LONDO\u00d1O entreg\u00f3 a FLORENTINO TORRES TAMAYO un \u00e1rea de 21.500 metros cuadrados comprendida dentro del inmueble de mayor extensi\u00f3n con matr\u00edcula No. 001-741355 y alinderado\u00bb como all\u00ed qued\u00f3 establecido, lo cierto es que coligi\u00f3 que la detentaci\u00f3n material de la tierra no emerg\u00eda con claridad en el proceso, pues \u00abla ya referida contradicci\u00f3n entre \u00e1rea, linderos y matr\u00edculas inmobiliaria[s] del bien prometido entre las promesas del 21 de septiembre de 2001 y del 2 de junio de 2004, impide deducir la existencia de la entrega de la posesi\u00f3n y, en lugar de ello, l[a] desdibuja, pues naturalmente surge la inquietud en cuanto a que, si no se ten\u00eda claridad sobre la identidad del bien negociado, \u00bfc\u00f3mo argumentar la entrega con \u00e1nimo de due\u00f1o sobre el mismo?\u00bb. <\/p>\n
Al dejar hu\u00e9rfano de ataque este aspecto medular del fallo, los embistes esgrimidos pierden cualquier posibilidad de abrirse camino en esta senda, habida cuenta de su insuficiencia para destruirlo, en tanto, si se concluyera que debi\u00f3 tenerse por confesado el \u00ab\u00e1nimus domini\u00bb de Florentino Torres Tamayo sobre el fundo materia del pleito, la obscuridad procesal en torno a su plena identificaci\u00f3n, dar\u00eda al traste con la restituci\u00f3n anhelada. <\/p>\n
Tocante con este t\u00f3pico, la Corte ha establecido que, en atenci\u00f3n a la naturaleza de este remedio extraordinario, <\/p>\n
(\u2026) debe contar con la fundamentaci\u00f3n adecuada para lograr los prop\u00f3sitos que en concreto le son inherentes y, por disponerlo as\u00ed la ley, es a la propia parte recurrente a la que le toca demostrar el cabal cumplimiento de este requisito, lo que supone, adem\u00e1s de la concurrencia de un gravamen a ella ocasionado por la providencia en cuesti\u00f3n, acreditar que tal perjuicio se produjo por efecto de alguno de los motivos espec\u00edficos que la ley expresa, no por otros, y que entre el vicio denunciado en la censura y aquella providencia se da una precisa relaci\u00f3n de causalidad, teniendo en cuenta que, cual lo ha reiterado con ah\u00ednco la doctrina cient\u00edfica, si la declaraci\u00f3n del vicio de contenido o de forma sometido a la consideraci\u00f3n del Tribunal de Casaci\u00f3n no tiene injerencia esencial en la resoluci\u00f3n jurisdiccional y \u00e9sta pudiera apoyarse en premisas no censuradas eficazmente, el recurso interpuesto carecer\u00e1 entonces de la necesaria consistencia infirmatoria y tendr\u00e1 que ser desechado\u2019 (\u2026) <\/p>\n
En la misma providencia, se a\u00f1adi\u00f3 que \u2018\u2026para cumplir con la exigencia de suficiente sustentaci\u00f3n de la que se viene hablando, el recurrente tiene que atacar id\u00f3neamente todos los elementos que fundan el proveimiento, explicando con vista en este \u00faltimo y no en otro distinto, en qu\u00e9 ha consistido la infracci\u00f3n a la ley que se le atribuye, cu\u00e1l su influencia en lo dispositivo y c\u00f3mo este aspecto debe variar en orden al restablecimiento de la normatividad sustancial vulnerada, lo que impone entre otras cosas de no menor importancia por cierto, que la cr\u00edtica a las conclusiones decisorias de la sentencia sea completa\u2019. Ello significa que el censor tiene la ineludible carga de combatir todas las apreciaciones de fondo que conforman la base jur\u00eddica esencial del fallo impugnado, sin que sea posible desatender y separarse de la l\u00ednea argumental contenida en aquel prove\u00eddo. Subraya la Sala (CSJ AC7629-2016, 8 nov., rad. 2013-00093-01, reiterada en CSJ AC5354-2022, 16 dic., rad. 2017-00141-01). <\/p>\n
3.4. Para finalizar, ya en lo que respecta a la segunda reprimenda, donde los memorialistas buscaron controvertir que, pese a la confesi\u00f3n del demandado en reconvenci\u00f3n, el Tribunal los conminara a acreditar el presupuesto de la posesi\u00f3n e, incluso, tangencialmente hicieron referencia al de la identidad del predio, por desconocer \u00abuna norma probatoria de creaci\u00f3n jurisprudencial\u00bb y aplicar indebidamente la regla 167 del ordenamiento procesal, nuevamente los censores se limitaron a exponer su propio punto de vista sobre el alcance del se\u00f1alado medio probatorio, sin confrontar los argumentos con sustento en los cuales se estim\u00f3 que aqu\u00e9l \u00abno es absoluto y admite prueba en contrario\u00bb. <\/p>\n
En esa medida, el embate se enderez\u00f3 a cuestionar que la Magistratura no hubiese aplicado el precedente que, en su sentir, era el llamado a regular el debate probatorio, seg\u00fan el cual \u00absi con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n reivindicatoria el demandado confiesa ser poseedor del bien perseguido por el demandante o alega la prescripci\u00f3n adquisitiva respecto de \u00e9l, esa confesi\u00f3n apareja dos consecuencias probatorias: a) el demandante queda exonerado de demostrar la posesi\u00f3n y la identidad del bien, porque el primer elemento resulta confesado y el segundo admitido, b) el juzgador queda relevado de analizar otras probanzas tendientes a demostrar la posesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto, en su decir, \u00ab[e]s cierto que, la regla jurisprudencial tiene excepciones que la misma Corte ha se\u00f1alado, pero son excepcionales y versan sobre problemas de identidad del bien o discusiones jur\u00eddicas sobre la validez y eficacia de t\u00edtulos de dominio\u00bb; no obstante, los libelistas no acreditaron que en eventos donde \u00fanicamente est\u00e9 en duda la calidad de \u00abposeedor\u00bb del ocupante del bien, indefectiblemente tenga que tenerse por confesa tal condici\u00f3n, ya que su diatriba qued\u00f3 en un mero enunciado de los \u00abproblemas\u00bb sobre los cuales versa dicha excepci\u00f3n. <\/p>\n
En otras palabras, no se aplicaron a dejar en evidencia que el precedente o la Ley tengan decantado el \u00abvalor probatorio\u00bb absoluto de la \u00abconfesi\u00f3n\u00bb, en casos como el de la especie, \u00fanica posibilidad de soportar eficazmente el yerro de facto que le atribuyeron al juez plural. Por el contrario, dejaron ayuna de reproche toda la motivaci\u00f3n expuesta por la colegiatura para explicar las razones que la llevaban a separarse del mencionado criterio, postura que, no debe olvidarse, apoy\u00f3 en diversos pronunciamientos de esta Corporaci\u00f3n (CSJ SC 12 dic. 2001, rad. 5328, reiterada en CSJ SC4046-2019, 30 sep., rad. 2005-11012-01 y CSJ SC3381-2021, 11 ag., rad. 2011-00105-01) y de la Corte Constitucional (CC, SU768-2014, 16 oct., rad. T-3.955.581). <\/p>\n
4. Deviene de lo dicho que los opugnadores no satisficieron las previsiones del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, pues los alegatos desarrollados no poseen la idoneidad para patentizar los yerros atribuidos al juzgador, por cuanto es claro que sus asertos no fueron m\u00e1s all\u00e1 de un alegato de instancia, que de ninguna manera es apto para sustentar las causales de casaci\u00f3n planteadas, m\u00e1xime cuando dejaron indemnes argumentos cardinales de la determinaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Las anteriores razones imponen, por lo tanto, la inadmisi\u00f3n de las dos acusaciones y, consecuentemente, de la s\u00faplica en casaci\u00f3n. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: INADMITIR la demanda presentada para sustentar la impugnaci\u00f3n extraordinaria interpuesta contra la sentencia descrita en el encabezamiento de esta providencia. <\/p>\n
SEGUNDO: En su oportunidad devu\u00e9lvase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Numeral 2\u00b0 de art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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AC469-2023 (2013-00015-01) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente AC469-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 05266-31-03-002-2013-00015-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dos de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023) Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71211","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71211","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71211"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71211\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71211"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71211"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71211"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}