AC512-2023 (2019-00039 01)<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC512-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001 31 03 042 2019-00039 01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide sobre la admisibilidad de la demanda formulada por Fondo de Empleados y Extrabajadores de Ecopetrol de Participaci\u00f3n de Utilidades – FONCOECO, para sustentar el recurso de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia del 29 de junio de 2022, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso de rendici\u00f3n provocada de cuentas instaurado por la recurrente contra ECOPETROL S.A. <\/p>\n
1.-ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Se pidi\u00f3 por los demandantes1 ordenar la rendici\u00f3n de cuentas por parte de la convocada, sobre las utilidades percibidas entre 1997 y 2017, y se\u00f1alar un t\u00e9rmino prudencial para que las presente, adjuntando los documentos de soporte. <\/p>\n
Para sustentar sus aspiraciones, el promotor expuso que mediante Decreto Presidencial 2474 de 1948, se fij\u00f3 la participaci\u00f3n de los trabajadores en las utilidades de la empresa, derecho consistente en una \u00abprestaci\u00f3n que se otorga a todos los empleados por haber contribuido a las ganancias que tuvo la empresa para la que laboraron durante el \u00faltimo a\u00f1o\u00bb. El decreto en menci\u00f3n sigue vigente \u00aben la medida que la actual Constituci\u00f3n erigi\u00f3 como norma suprema la filosof\u00eda del reparto de utilidades\u00bb. <\/p>\n
En el art\u00edculo 9\u00b0 de los estatutos de la demandada, se estableci\u00f3 la distribuci\u00f3n de un porcentaje de utilidades anuales a sus empleados y sobre esa base, la junta directiva, seg\u00fan el acta 745 de 30 de marzo de 1962, procedi\u00f3 \u00aba destinar un porcentaje de sus utilidades anuales a un Fondo de participaci\u00f3n de los trabajadores de la empresa, lo cual continu\u00f3 haci\u00e9ndose en posteriores a\u00f1os\u00bb; como consta en actas de 1966, 1967 y 1968; a partir de 1969, ese reparto de utilidades pas\u00f3 a llamarse \u00abreserva\u00bb y se conform\u00f3 hasta 1972. <\/p>\n
En 1966, la Junta Directiva de la empresa, aprob\u00f3 la constituci\u00f3n de un fondo de empleados para la participaci\u00f3n de utilidades, aunque al principio no se obtuvo la personer\u00eda jur\u00eddica. El 7 de marzo de 1997, se constituy\u00f3 el Fondo Cooperativo Multiactivo de Participaci\u00f3n de Utilidades de los Extrabajadores y Trabajadores de Ecopetrol \u2013 FONCOECO, hecho que se comunic\u00f3 a ECOPETROL, al tiempo que se le requiri\u00f3 para que \u00abpresentara las cuentas e informes correspondientes sobre dineros administrados a nombre del Fondo\u00bb, sin obtener respuesta. <\/p>\n
FONCOECO, promovi\u00f3 contra ECOPETROL y Cavipetrol proceso de rendici\u00f3n de cuentas sobre los recursos contabilizados por la empresa como participaci\u00f3n de utilidades de sus trabajadores desde el 30 de marzo de 1962 y el 30 de octubre de 1997. Este proceso concluy\u00f3 con la sentencia de segunda instancia emitida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 22 de mayo de 2003, que le orden\u00f3 a Ecopetrol rendir cuentas a Foncoeco sobre el manejo del capital y los rendimientos financieros de los dineros autorizados por la Junta Directiva, para constituir el Fondo de Participaci\u00f3n de Utilidades de los Trabajadores de la empresa, en su condici\u00f3n de administradora, \u00abdurante el periodo comprendido entre el 30 de marzo de 1962 hasta el 30 de octubre de 1997\u00bb. <\/p>\n
Desde 1997 hasta el a\u00f1o 2007, la demandada no ha rendido informes sobre el manejo del capital y rendimientos financieros de los dineros autorizados por la junta directiva, para constituir el mencionado fondo de participaci\u00f3n. <\/p>\n
2.- Notificada del auto admisorio, la accionada se opuso al \u00e9xito de las pretensiones, y como excepciones de m\u00e9rito alego2: \u00abcosa juzgada\u00bb; \u00abEcopetrol no tiene obligaci\u00f3n legal o contractual de rendir cuentas al demandante \u2013 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb; \u00abinexistencia de autorizaci\u00f3n de la Junta Directica de Ecopetrol y de su asamblea de accionistas para apropiar y destinar pago de utilidades a trabajadores durante los a\u00f1os 1997 a 2017\u00bb; \u00abprohibici\u00f3n constitucional de reparto de utilidades entre trabajadores y particulares\u00bb; \u00abinexistencia de obligaci\u00f3n de rendir cuentas\u00bb; \u00absustituci\u00f3n de pago de reparto de utilidades por el reconocimiento de la prima de servicios\u00bb; \u00abno existe fundamento para que la rendici\u00f3n de cuentas se reclame sobre el 3% de las utilidades de Ecopetrol S.A.\u00bb; \u00abprescripci\u00f3n de las acciones y derechos relacionados con la presunta obligaci\u00f3n de rendir cuentas a cargo de Ecopetrol\u00bb; \u00abFalta de capacidad sustancial de FONCOECO no ha sido designado por Ecopetrol ni por el Gobierno Nacional para captar utilidades de Ecopetrol\u00bb; \u00abLa Junta Directiva no puede disponer de las utilidades de Ecopetrol\u00bb y \u00abTemeridad de Foncoeco\u00bb. <\/p>\n
3.- El a quo en sentencia dictada el 2 de marzo de 2022, declar\u00f3 probadas la mayor\u00eda de esos medios de defensa y, en consecuencia, neg\u00f3 las s\u00faplicas. <\/p>\n
4.- El superior al desatar la apelaci\u00f3n formulada por el accionante, confirm\u00f3 lo resuelto en primera instancia. Para decidir de ese modo, en resumen, expuso: <\/p>\n
4.1.- La decisi\u00f3n cuestionada se confirmar\u00e1 en todas sus partes, pues la sustentaci\u00f3n de la alzada se limit\u00f3 a reproducir los supuestos normativos y de hecho expuestos en la demanda, sin elevar reproche concreto contra los argumentos desplegados en la providencia, esto es, la existencia de la cosa juzgada y la imposibilidad jur\u00eddica de destinar recursos econ\u00f3micos para la participaci\u00f3n del demandante en las utilidades de la empresa, omisi\u00f3n que deja en pie la m\u00e9dula de lo decidido. <\/p>\n
Lo anterior, dado que \u00ablas facultades decisorias del superior quedan restringidas a los \u2018argumentos expuestos\u2019 por el o los impugnantes\u00bb y en esa materia la jurisprudencia ha explicado que el rigor de la alzada precisa de la exteriorizaci\u00f3n de la discrepancia con la sentencia, ya que \u00abla apelaci\u00f3n es una faceta del derecho de impugnar, expresi\u00f3n \u00e9sta derivada de la voz latina \u2018impugnare\u2019, que significa \u2018combatir, contradecir, refutar\u2019\u201d, por lo cual \u201cel deber sustentar este recurso consiste precisa y claramente en dar o explicar por escrito la raz\u00f3n o motivo concreto que se ha tenido para interponer el recurso\u201d, condici\u00f3n que no se cumple cuando \u201c\u2026. por su vaguedad e imprecisi\u00f3n no expresan, pero ni siquiera impl\u00edcitamente, las razones o motivos de la inconformidad del apelante con las deducciones l\u00f3gico-jur\u00eddicas a que lleg\u00f3 el juez\u2026\u201d\u00bb. <\/p>\n
El esquema de la apelaci\u00f3n comporta que los reparos y su fundamentaci\u00f3n deben exhibirse en el momento oportuno y recaer sobre el fondo de lo decidido que habilite a la segunda instancia pronunciarse sobre esos concretos aspectos y en aras de descubrir la afrenta que respecto de la parte le provoca el pronunciamiento judicial, atacando cada uno de los pilares que la edifican. <\/p>\n
4.2.- La cosa juzgada, es el instrumento por el que el orden jur\u00eddico le otorga firmeza a los fallos judiciales ejecutoriados, lo que trae como consecuencia que \u00e9stos sean \u00abinmutables, inimpugnables y obligatorios, de suerte que en los asuntos sobre los que ellos deciden no puedan volver a debatirse en el futuro, ni dentro del mismo proceso, ni dentro de otro diferente cuando quiera que aparezcan las mismas partes, causa y objeto\u00bb, y tiene como cometido prohibir a los jueces volver sobre el fondo de conflictos ya decididos en sentencia firme, para evitar la eventualidad de fallos contradictorios. <\/p>\n
4.3.- El juzgado de conocimiento tuvo por cierto que el debate gira en torno a la obligaci\u00f3n de Ecopetrol de rendir cuentas al demandante como administrador de las utilidades de los trabajadores, y que esa materia fue resuelta por este tribunal en dos oportunidades: en la primera orden\u00f3 la exhibici\u00f3n contable, adoptada con base en la regulaci\u00f3n vigente para la \u00e9poca de la percepci\u00f3n del rubro y en la segunda, providencia de junio 22 de 2011\u2013, \u00abdesestimando su expresi\u00f3n de cara a la nueva reglamentaci\u00f3n, obrando, entonces, la triple identidad constitutiva de la res judicata, la cual sell\u00f3, de manera definitiva, la posibilidad de que se adelanten otros procesos en los que se debata el d\u00e9bito de rendir cuentas entre estas partes y que tengan como causa la prestaci\u00f3n que estableci\u00f3 el Decreto 2474 de 1948 y las normas que lo desarrollaron\u00bb. <\/p>\n
Se observa la ausencia de ataque del argumento central que sirvi\u00f3 de pilar a la desestimaci\u00f3n \u2013para lo que no tiene incidencia alguna el ligero reproche dirigido a que el cambio de la naturaleza jur\u00eddica de la demandada inhibe la procedencia del juzgamiento previo, comoquiera que este argumento no lo utiliz\u00f3 la falladora para su declaraci\u00f3n y tampoco fue replicado en la revelaci\u00f3n de la sustentaci\u00f3n\u2013 confin\u00e1ndose la controversia del recurrente en la persistencia de las indemostradas hip\u00f3tesis exteriorizadas en la demanda. <\/p>\n
4.4.- Dada la falta de ataque concreto y sustentado, tambi\u00e9n qued\u00f3 enhiesto el argumento complementario del fallo, referido a que en la actualidad la junta directiva de Ecopetrol no puede realizar apropiaciones con destino diferente a las actividades de fomento y desarrollo propios de su actividad mercantil y que respecto de sus utilidades obra mandato expreso que las restringe a las regidas por la ley. As\u00ed, queda sin superar la primera etapa de esta tipolog\u00eda de procedimiento, cuyo objeto es definir si a cargo del demandado existe el compromiso de rendirle cuentas al demandante \u2013regulado en la actualidad por el art\u00edculo 379 del CGP\u2013, pues la cita al art\u00edculo 57 Superior, ning\u00fan servicio le presta a la alzada, quedando sin demostrar la presencia de una fuente de derecho que motive su aducci\u00f3n, la cual puede surgir de la ley o de un acto de autonom\u00eda privada que, de concurrir, sienta en \u00e9l la necesaria legitimaci\u00f3n en la causa, aspecto connatural al derecho sustancial que es, incluso, de oficioso pronunciamiento. <\/p>\n
4.5.- Ante el abandono de una controversia fundada en torno a las equivocaciones del a quo, y sostenerse en el campo del derecho la figura de la cosa juzgada, se concluye que \u00abno hay lugar a ordenar la revelaci\u00f3n exorada al quedar en evidencia que, en verdad, no existe esa obligaci\u00f3n en cabeza del demandado\u00bb. <\/p>\n
5.- Contra el prove\u00eddo de segunda instancia, el demandante interpuso recurso de casaci\u00f3n, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte. <\/p>\n
II.- DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor formul\u00f3 un cargo, con soporte en la causal quinta del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, denunciando configuraci\u00f3n de la nulidad contemplada en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 133 ibidem, porque el Tribunal pretermiti\u00f3 \u00edntegramente la segunda instancia. <\/p>\n
Desde su punto de vista, el vicio se estructura por las siguientes razones: <\/p>\n
1.- El principio de la doble instancia, garantizado en el art\u00edculo 31 de la Constituci\u00f3n, se constituye en una piedra angular dentro del estado de derecho, pues a trav\u00e9s de \u00e9l se garantiza en forma plena y eficaz el ejercicio de los derechos de defensa y de contradicci\u00f3n, integrantes del debido proceso; adem\u00e1s, este principio permite hacer efectivo el acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
El art\u00edculo 320 del C\u00f3digo General del Proceso, estatuye como fines del recurso de apelaci\u00f3n que el superior examine la cuesti\u00f3n decidida, \u00fanicamente en relaci\u00f3n con los reparos concretos formulados por el apelante, para que revoque o reforme la decisi\u00f3n y que para la sustentaci\u00f3n del recurso es suficiente que el recurrente exprese las razones de inconformidad con la providencia apelada. <\/p>\n
2.- El Tribunal para confirmar la sentencia de primera instancia manifest\u00f3 que la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n se limit\u00f3 a reproducir los supuestos normativos y de hecho expuestos en la demanda, sin elevar reproche concreto contra el fallo del a quo; los argumentos no atacados y que fueron base de la decisi\u00f3n del a quo, a que se refiri\u00f3 el Tribunal son: i) que en junio 21 de 2011 ya se hab\u00eda determinado, en sentencia, que no pod\u00edan pedirse cuentas por reparto de utilidades de que trata el Decreto 2474 de 1948, lo cual constituye cosa juzgada y, ii) la junta directiva de Ecopetrol no puede realizar apropiaciones con destino diferente a las actividades de fomento y desarrollo propios de su actividad mercantil. <\/p>\n
No obstante, contrario a lo que se\u00f1al\u00f3 el ad quem, el abogado que representaba los intereses de los ex empleados de Ecopetrol sostuvo, entre otros, como argumentos para apelar la sentencia de primera instancia, que Ecopetrol s\u00ed ten\u00eda el deber de rendir cuentas de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Presidencial No. 2474 de 1948 (Julio 19), en el cual se fij\u00f3 la participaci\u00f3n de los trabajadores en las utilidades de las empresas, haciendo notar que, \u00abpara entonces el C\u00f3digo Sustantivo de Trabajo ya estaba vigente hac\u00eda muchos a\u00f1os, as\u00ed como la prima de servicios de manera que se cae esa tesis que estas en particular derogaron el Decreto 2474 de 1948 y el reparto de utilidades, como lo sostuvo el a quo\u00bb. <\/p>\n
Y luego de hacer referencia a un proceso anterior entre las mismas partes en el cual la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 orden\u00f3 que Ecopetrol le rindiera cuentas a Foncoeco sobre el manejo del capital y los rendimientos financieros de los dineros autorizados por su Junta Directiva, para constituir el Fondo de Participaci\u00f3n de Utilidades de los Trabajadores de la Empresa, en su condici\u00f3n de administradora, durante el per\u00edodo comprendido entre el 30 de marzo de 1962 hasta el 30 de octubre de 1997, fecha de presentaci\u00f3n de la demanda, \u00abquiere decir que desde el 1 de noviembre de 1997 ECOPETROL no ha rendido cuentas y por eso se inicia la acci\u00f3n que nos ocupa, sin que en manera alguna la rendici\u00f3n de cuentas desde esa fecha haya sido dirimida por despacho alguno. Desde 1997 hasta la fecha Ecopetrol no ha rendido informes sobre el reparto de utilidades\u00bb. <\/p>\n
3.- Sin entrar a determinar si son o no atinados los argumentos del apelante, est\u00e1 claro que en su memorial de sustentaci\u00f3n del recurso contra la sentencia de primera instancia s\u00ed expres\u00f3 las razones de la inconformidad, como lo exige el art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, por tal motivo resulta errada la decisi\u00f3n del Tribunal que sin estudiar de fondo el asunto materia de juicio, \u00abconfirm\u00f3 la sentencia simplemente porque hall\u00f3 que el censor no mont\u00f3 de manera adecuada su recurso, sin entrar a decidir de fondo, simplemente dej\u00f3 el juicio desprovisto de una segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
Est\u00e1 claro que el recurso de apelaci\u00f3n se interpone para que el superior revise la sentencia de primera instancia, y si es el caso, la modifique o la revoque; sin embargo, en la sentencia que se ataca no se revis\u00f3 la decisi\u00f3n del Juez, simplemente se desestim\u00f3 el recurso y sin m\u00e1s ni m\u00e1s se confirm\u00f3 el fallo del a quo. Por lo anterior, est\u00e1 configurada la causal 2\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, por pretermisi\u00f3n de la respectiva instancia, por cuanto, \u00abestamos precisamente ante una sentencia donde los magistrados dejaron de pronunciarse de fondo, pretextando que el recurso de apelaci\u00f3n no estaba correctamente formulado, de contera con la comprobaci\u00f3n objetiva de un escrito de impugnaci\u00f3n que al tenor literal del art\u00edculo 322 del CGP s\u00ed cumple con las condiciones para ser considerado de fondo\u00bb. <\/p>\n
Como quiera que esta causa de nulidad se present\u00f3 en la sentencia, en este momento procesal inmediato no aparece convalidada por la parte demandante, por lo que la \u00fanica forma de restablecer al gestor sus derechos conculcados, es declarando la nulidad del prove\u00eddo de segundo grado. <\/p>\n
4.- Para rehacer el fallo de instancia, se debe analizar si el Decreto 2474 de 1948 se encuentra o no vigente, y si de estarlo tiene fuerza vinculante frente a Ecopetrol; adem\u00e1s, si en realidad hay cosa juzgada frente al primero punto. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, la recurrente diserta sobre esos dos aspectos, para concluir que el citado decreto s\u00ed tiene fuerza vinculante y que en este asunto no se present\u00f3 el fen\u00f3meno de la cosa juzgada. <\/p>\n
III.- CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El car\u00e1cter extraordinario del recurso de casaci\u00f3n, supone que es el legislador quien determina los espec\u00edficos motivos de procedencia, los cuales deben ser validados al momento de decidir acerca de la admisibilidad de la demanda, labor\u00edo que debe estar orientado por las reglas del estatuto procesal de acuerdo a las limitaciones que le son propias y que definen los contornos de la actividad jurisdiccional en tanto el tribunal de casaci\u00f3n, debe ce\u00f1irse a las lindes definidas por las causales invocadas y a los aspectos jur\u00eddicos alegados por el recurrente en su demanda para sustentarlas, \u00absin que le sea permisible, sin rebasar sus poderes jurisdiccionales, examinar de oficio los dem\u00e1s aspectos que, no obstante contenerlos la sentencia, no han sido denunciados como motivo de ataque\u00bb3. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso al referir los requisitos de la demanda de casaci\u00f3n, exige la \u00abformulaci\u00f3n, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa\u00bb y con sujeci\u00f3n a las reglas que all\u00ed mismo define. <\/p>\n
Las distintas causales de casaci\u00f3n se caracterizan por su autonom\u00eda e independencia, toda vez que corresponden a circunstancias dis\u00edmiles y por lo tanto tienen identidad propia, de donde se desprende que el recurrente no puede combinarlas, sino que debe formularlas de manera separada tal y como lo exige la norma en comentario y lo ha decantado la Corte en profusa jurisprudencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el par\u00e1grafo segundo del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.- La causal quinta de casaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, consiste en \u00abhaberse dictado sentencia en un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley, a menos que tales vicios hubieren sido saneados\u00bb. <\/p>\n
La posibilidad de \u00e9xito de esta causal permanece supeditada a los principios generales del r\u00e9gimen de nulidades procesales, esto es, especificidad, trascendencia y convalidaci\u00f3n; en palabras de Eduardo J. Couture, el primero ata\u00f1e a que \u00abno hay nulidad sin ley espec\u00edfica que la establezca\u00bb, y, conforme al segundo, \u00abno hay nulidad de forma si la desviaci\u00f3n no tiene trascendencia sobre las garant\u00edas esenciales de defensa en juicio\u00bb4, y el \u00faltimo, guarda relaci\u00f3n con que las nulidades procesales, en principio, pueden convalidarse por el consentimiento del afectado, bien sea expreso o t\u00e1cito. <\/p>\n
Por lo que respecta a la causal de nulidad por pretermitir \u00ab\u00edntegramente la respectiva instancia\u00bb, actualmente prevista en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, en SC4960-2015, la Sala se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) no es cualquier anormalidad en la actuaci\u00f3n la que estructura el motivo de anulaci\u00f3n, pues el legislador estableci\u00f3 aquel para el evento de que se pretermitiera \u00ab\u00edntegramente\u00bb una de las instancias del proceso, lo que excluye la omisi\u00f3n de t\u00e9rminos u oportunidades, o aun la irregularidad de prescindir de una parte de la instancia, porque es de tal entidad el exabrupto que previ\u00f3 el ordenamiento positivo, que es necesario que la presencia de ese vicio altere en gran medida el orden del proceso fijado en la ley. <\/p>\n
La pretermisi\u00f3n de una actuaci\u00f3n espec\u00edfica o de varias, en tanto no correspondan a toda la instancia, no es cuesti\u00f3n que d\u00e9 lugar a la nulidad que se comenta, sin desconocer, claro est\u00e1, que tal situaci\u00f3n constituye un defecto procesal y que, por lo mismo, es preciso evitarla, y en caso de haberse presentado, procede su correcci\u00f3n a trav\u00e9s de los mecanismos procesales adecuados <\/p>\n
3.- En el sub judice, la sustentaci\u00f3n del cargo esgrimido presenta defectos de t\u00e9cnica que impiden su tramitaci\u00f3n, seg\u00fan pasa a exponerse. <\/p>\n
3.1.- Dado que el motivo de nulidad originado en pretermitir \u00ab\u00edntegramente la respectiva instancia\u00bb, solo se estructura cuando se omite de manera completa uno de los grados de competencia funcional propios del juicio correspondiente, ello supone que al formularse un cargo en casaci\u00f3n al amparo de la causal quinta con soporte en el referido vicio insaneable, el impugnante est\u00e9 obligado a precisar cu\u00e1l fue la instancia que se omiti\u00f3 totalmente y a sustentar su aserto, labor\u00edo que en el caso sometido a estudio no cumpli\u00f3 satisfactoriamente la casacionista. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que la censura no se ocup\u00f3 de poner en evidencia que, efectivamente, se omiti\u00f3 dar tr\u00e1mite a la segunda instancia o decidir el recurso de apelaci\u00f3n por parte del superior funcional, dentro de un juicio declarativo de doble instancia; desde su punto de vista, la actuaci\u00f3n irregular del Tribunal consisti\u00f3 en que \u00abcastig\u00f3 al censor por su incorrecta manera de formular el recurso, [y] dej\u00f3 sin m\u00e1s ni m\u00e1s de proferir sentencia de fondo lo cual esta taxativamente establecido como causa de nulidad en el art\u00edculo 133 numeral 2do del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual es causal de nulidad pretermitir \u00edntegramente la respectiva instancia\u00bb. <\/p>\n
En efecto, revisado el expediente, como actuaciones relevantes se aprecia que frente a la sentencia de primer grado el accionante formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n que fue concedido por el a quo; m\u00e1s adelante, el Tribunal, mediante auto del 25 de mayo de 2022, lo admiti\u00f3 en el efecto suspensivo e indic\u00f3 que, \u00ab[e]n cumplimiento de lo reglado en el art\u00edculo 14 del Decreto Legislativo 806 de 2020, se concede al recurrente el t\u00e9rmino de 5 d\u00edas para que sustente su impugnaci\u00f3n. Vencido este per\u00edodo, comienza a correr el plazo de 5 d\u00edas para que se pronuncie la contraparte\u00bb. Dentro de la oportunidad concedida, el apelante alleg\u00f3 memorial de sustentaci\u00f3n y el opositor remiti\u00f3 escrito de r\u00e9plica, y el 29 de junio de 2022, se dict\u00f3 sentencia confirmatoria de la impugnada. <\/p>\n
En ese sentido, no llama a duda que la segunda instancia se llev\u00f3 a cabo en todas las etapas que rigen la tramitaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n de acuerdo con las disposiciones procesales pertinentes y culmin\u00f3 con la sentencia respectiva. De ah\u00ed, que el defecto constitutivo de nulidad alegado para sustentar el cargo no existi\u00f3, pues si el Tribunal le dio el correspondiente tr\u00e1mite a la impugnaci\u00f3n y la decidi\u00f3, no pudo pretermitir \u00edntegramente ese segundo grado de conocimiento. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, emerge que la demanda de casaci\u00f3n no cumple a cabalidad la exigencia prevista en el numeral 2 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, referente a la exposici\u00f3n de los fundamentos que le sirven de soporte a la acusaci\u00f3n en forma clara y precisa, toda vez que no existe correspondencia entre la hip\u00f3tesis alegada y la consagrada en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 133 ibidem, pues al no evidenciarse que se hubiere omitido adelantar la segunda instancia, es manifiesta la inexistencia del defecto invalidante aducido, sin que pueda desconocerse que la causal quinta de casaci\u00f3n solo se abre camino \u00abcuando se ha incurrido en alguno de los supuestos de nulidad previstos por el ordenamiento jur\u00eddico, de modo que, por contera, ser\u00e1 completamente improcedente una acusaci\u00f3n en la que se denuncien irregularidades que no han existido, o que, de haber existido, no se encuentran descritas clara e inequ\u00edvocamente dentro de tal categor\u00eda5\u00bb. <\/p>\n
Espec\u00edficamente, sobre la ausencia del supuesto ahora invocado, en AC461-2020, dijo la Sala: <\/p>\n
La causal de nulidad adjetiva derivada de soslayarse \u00ab\u00edntegramente la instancia\u00bb (art\u00edculo 133-2 del C.G.P.), al decir de la Corte, \u00ab(\u2026) no puede ser meramente parcial, sino total, o sea que debe comprender \u2018\u00edntegramente la respectiva instancia\u2019 (\u2026). En otras palabras, el desconocimiento parcial y moment\u00e1neo del derecho a la doble instancia, no se subsume en la hip\u00f3tesis normativa, y por ende es ajeno al fen\u00f3meno de nulidad procesal que se viene examinando\u00bb6. <\/p>\n
En realidad, configurado el vicio adjetivo, no habr\u00eda posibilidad de invocarlo en casaci\u00f3n, por cuanto la pretermisi\u00f3n integra de la instancia implica falta absoluta de definici\u00f3n de la apelaci\u00f3n e inexistencia de un fallo para recurrir. Por esto, la omisi\u00f3n o exclusi\u00f3n inopinada de la competencia funcional se erige en una afrenta al derecho fundamental de defensa, en tanto, privar\u00eda al recurrente de recibir sendos juzgamientos, y a su vez, implicar\u00eda materializar una providencia que no estar\u00eda ejecutoriada. <\/p>\n
Ahora, si el recurso vertical es decidido, solo que con yerros de medida o de alcance formal, la v\u00eda adecuada para reclamar, necesariamente, tiene que inscribirse en otro vicio de actividad, como la incongruencia en los hechos o en las pretensiones, porque, en ese caso, el problema ya no ser\u00eda de existencia de la sentencia, sino de su construcci\u00f3n. <\/p>\n
3.2.- Adicionalmente, el cargo luce desenfocado toda vez que, no es cierto que el juzgador haya dejado de proferir sentencia de fondo para ponerle fin a la segunda instancia, como lo afirma la casacionista. <\/p>\n
Cosa distinta es que, dadas las limitaciones que el art\u00edculo 328 del C\u00f3digo General del Proceso le impone al superior, en el sentido de pronunciarse \u00absolamente sobre los argumentos expuestos por el apelante\u00bb y el alcance que la doctrina jurisprudencial le ha conferido a esa disposici\u00f3n en el marco de la competencia de los juzgadores de segunda instancia, \u00e9ste, ante la ausencia de reproches concretos contra los argumentos basilares del fallo apelado relacionados con \u00abla existencia de la cosa juzgada y la imposibilidad jur\u00eddica de destinar recursos econ\u00f3micos para la participaci\u00f3n del demandante en las utilidades de la empresa\u00bb, haya considerado que quedaba \u00aben pie la m\u00e9dula de lo decidido\u00bb, poniendo de presente con suficientes argumentos de respaldo, que sus facultades decisorias estaban \u00abrestringidas a los argumentos expuestos por los impugnantes\u00bb. <\/p>\n
No obstante, el Tribunal tambi\u00e9n se pronunci\u00f3 sobre el fen\u00f3meno de la cosa juzgada y el razonamiento del a quo para haberla tenido por probada, as\u00ed como a la falta de ataque concreto y argumentado contra sus inferencias, para finalizar diciendo, \u00abAs\u00ed las cosas y ante el abandono de una controversia fundada en torno a las equivocaciones en que se incurri\u00f3 en el fallo confutado y sostenerse en el campo del derecho la figura de la cosa juzgada, se concluye que no hay lugar a ordenar la revelaci\u00f3n exorada al quedar en evidencia que, en verdad, no existe esa obligaci\u00f3n en cabeza del demandado\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, en contrav\u00eda de las aseveraciones de la recurrente en casaci\u00f3n, la sentencia confirmatoria del tribunal s\u00ed decidi\u00f3 de fondo la controversia. <\/p>\n
4. En conclusi\u00f3n, como el ataque no se ci\u00f1e a los requerimientos formales de esta senda extraordinaria, de conformidad con el art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso, se declarar\u00e1 inadmisible. <\/p>\n
IV.- DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar inadmisible la demanda interpuesta por FONCOECO, frente a la sentencia del 29 de junio de 2022, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el asunto referenciado. <\/p>\n
Segundo: Devu\u00e9lvase el expediente al despacho de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cfr. Folios 234-244 c. 1 digitalizado <\/p>\n
2\u0002 Folios 690-765. C 3 digitalizado <\/p>\n
3\u0002 Murcia Ball\u00e9n, Humberto. Recurso de Casaci\u00f3n Civil. 4\u00b0 ed. Ediciones Jur\u00eddicas Ib\u00e1\u00f1ez. Bogot\u00e1. 1996. P\u00e1g. 53. <\/p>\n
4\u0002 Fundamentos del Derecho Procesal Civil. 3\u00b0 ed. Depalma, Buenos Aires. 1978. P\u00e1g. 388-391. <\/p>\n
5\u0002 Cfr. SC 24 oct.- 2006, exp. 2002-00058. <\/p>\n
6\u0002 CSJ. Civil. Sentencia 030 de 21 de marzo de 2000, expediente 5198. <\/p>\n
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AC512-2023 (2019-00039 01) MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente AC512-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001 31 03 042 2019-00039 01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dos de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide sobre la admisibilidad […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71226","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71226","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71226"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71226\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71226"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71226"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71226"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}