AC515-2023 (2013-00017-01)<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC515-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-31-03-005-2013-00017-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
I. ANTECEDENTES DEL LITIGIO <\/p>\n
1.- En la demanda principal se solicit\u00f31: <\/p>\n
Declarar que el inmueble denominado \u00abLa Huerta\u00bb, ubicado en la isla de Bar\u00fa, con un \u00e1rea aproximada de 10 hect\u00e1reas y 4.633 metros cuadrados, identificado con el folio de matr\u00edcula n\u00ba. 060-163666 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cartagena, pertenece al dominio pleno y absoluto de las sociedades Pablo Obreg\u00f3n y C\u00eda. S. en C. y A de Lavalle Tous y C\u00eda. S.C.A.; en consecuencia, se ordene la restituci\u00f3n de \u00abla fracci\u00f3n de terreno ocupada, inmersa en el lote de mayor extensi\u00f3n denominado \u201cLa Huerta\u201d, con un \u00e1rea (\u2026) de UNA HECTAREA DE TERRENO aproximadamente\u00bb. <\/p>\n
2.- En sustento de tales pedimentos, se plantearon los hechos que pasan a sintetizarse2: <\/p>\n
2.1.- Mediante sentencia calendada el 1\u00ba de octubre de 1996, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cartagena declar\u00f3 la pertenencia por prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio del predio denominado \u00abLa Huerta\u00bb a favor de Pablo Obreg\u00f3n Gonz\u00e1lez, motivo por el cual se abri\u00f3 el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00ba. 060-163666. <\/p>\n
2.2.- A trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica n\u00ba. 1815 de 19 de octubre de 2000, protocolizada ante la Notar\u00eda Cuarta del C\u00edrculo de Cartagena, el se\u00f1or Obreg\u00f3n Gonz\u00e1lez vendi\u00f3 el inmueble a las sociedades Pablo Obreg\u00f3n y C\u00eda. S. en C. y A de Lavalle Tous y C\u00eda. S.C.A., la primera en un porcentaje del 60% y la segunda del 40%. <\/p>\n
2.3.- A principios del a\u00f1o 2008 se presentaron varios actos de perturbaci\u00f3n por cuenta de algunos invasores de la zona, los cuales intentaron ser repelidos sin \u00e9xito por el administrador. <\/p>\n
2.4.- El 12 de agosto de la misma anualidad, se instaur\u00f3 denuncia por perturbaci\u00f3n a la posesi\u00f3n ante la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Santa Ana. <\/p>\n
En desarrollo de la diligencia practicada el 12 de septiembre de 2008, dicha autoridad evidenci\u00f3 \u00abactos perturbatorios (sic) recientes sobre el mismo predio como el corte de la arborizaci\u00f3n nativa maderable existente, construcci\u00f3n de nuevas cercas, construcci\u00f3n de una empalizada donde pernoctamos para recibir las declaraciones\u00bb; adem\u00e1s, que esa \u00abperturbaci\u00f3n solo se encuentra en el lado norte del predio de 10 hect\u00e1reas y en la misma colindancia, donde existen aproximadamente solo un poco m\u00e1s de 1 hect\u00e1rea reci\u00e9n sembrada con matas de pan coger\u00bb. <\/p>\n
2.5.- Surtido el tr\u00e1mite correspondiente, mediante Resoluci\u00f3n n\u00ba. 199 de 28 de febrero de 2011, la Inspecci\u00f3n orden\u00f3 el restablecimiento de la posesi\u00f3n a favor de los actores y, por consiguiente, el lanzamiento de los ocupantes del predio; sin embargo, ello no se materializ\u00f3, toda vez que la Resoluci\u00f3n fue dejada sin efecto en virtud de un fallo de tutela que ampar\u00f3 la posesi\u00f3n esgrimida por Muriel Cardales Pacheco. <\/p>\n
3.- La demanda se admiti\u00f3 contra Muriel Cardales Pacheco, Pabla Quintana Cardales, Libardo Quintana Cardales, Luis Alfonso Gonz\u00e1lez Canabal, Estanislao Z\u00fa\u00f1iga Quintana y Carlos Manuel Pacheco3. <\/p>\n
4.- Los convocados Muriel Cardales Pacheco, Pabla Quintana Cardales y Libardo Quintana Cardales, contestaron oportunamente, se pronunciaron individualmente acerca de los fundamentos f\u00e1cticos y plantearon la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n \u00abpor cuanto el dominio que invocan los demandantes ha sido aniquilado por la posesi\u00f3n superior a los diez a\u00f1os\u00bb4. <\/p>\n
Concomitantemente, promovieron demanda de reconvenci\u00f3n en la que solicitaron declarar que adquirieron por prescripci\u00f3n extraordinaria de dominio el inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula n\u00b0. 0600-1636665. <\/p>\n
Como rese\u00f1a factual de su petici\u00f3n, afirmaron que ejercen posesi\u00f3n sobre el predio con anterioridad al a\u00f1o 2000, con total desconocimiento de dominio ajeno y ejerciendo diversas actividades de se\u00f1or\u00edo tales como: i) mantenimiento de cercas; ii) divisi\u00f3n de potreros; iii) cultivos y; iv) vigilancia. <\/p>\n
Por ende, \u00abhan ejercido su posesi\u00f3n de manera libre, no clandestina, pac\u00edfica e ininterrumpida, conoci\u00e9ndose como propietario[s] por m\u00e1s de once a\u00f1os\u00bb6. <\/p>\n
5.- En auto de 1\u00ba de agosto de 2017, en sede de apelaci\u00f3n, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena acept\u00f3 la cesi\u00f3n de derechos litigiosos contenida en la escritura p\u00fablica n\u00b0. 1235 de 24 de abril de 2014, de la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Cartagena, a trav\u00e9s de la cual Muriel Cardales Pacheco, Pabla Quintana Cardales y Libardo Quintana Cardales, cedieron un porcentaje de tales derechos a Armando Ram\u00edrez Mar\u00edn, \u00c1lvaro Baena Porras y Edgar Serrano Ledesma7. <\/p>\n
6.- Mediante sentencia de 18 de febrero de 2020, el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cartagena: i) Declar\u00f3 no probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito denominada \u00abprescripci\u00f3n extintiva\u00bb planteada por los convocados principales. ii) Declar\u00f3 que el inmueble \u00abLa Huerta\u00bb pertenece al dominio pleno y absoluto de las sociedades Pablo Obreg\u00f3n y C\u00eda. S. en C., y A de Lavalle Tous y C\u00eda. S.C.A.; en consecuencia, orden\u00f3 a los demandados restituirlo dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria de la providencia. iii) Neg\u00f3 las pretensiones invocadas en la demanda de reconvenci\u00f3n. iv) Orden\u00f3 la cancelaci\u00f3n de la cautela registrada en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria. v) Fij\u00f3 honorarios definitivos a la auxiliar de la justicia; vi) Conden\u00f3 en costas a la parte vencida8. <\/p>\n
Contra tal decisi\u00f3n se mostraron inconformes los actores en reconvenci\u00f3n, pero el recurso \u00fanicamente lo sustentaron Muriel Cardales Pacheco y Armando Ram\u00edrez Mar\u00edn. <\/p>\n
7.- En fallo de 18 de noviembre de 2020, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena \u2013 Sala Civil Familia, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado9. <\/p>\n
7.1.- De entrada, precis\u00f3 que de conformidad con lo normado en el art\u00edculo 328 del C\u00f3digo General del Proceso, el desarrollo de la apelaci\u00f3n se sujetar\u00eda a los reparos concretos esbozados ante el a quo, por lo que no tendr\u00eda en cuenta manifestaciones ajenas que se hubieran plasmado en el escrito de sustentaci\u00f3n de la alzada. <\/p>\n
7.2.- Teniendo en cuenta que en virtud de lo normado en el art\u00edculo 946 del C\u00f3digo Civil, la legitimidad para reivindicar la tiene el \u00abdue\u00f1o de la cosa singular\u00bb, destac\u00f3 que para acreditar la calidad de propietarias del inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula n\u00b0. 060-163666, las sociedades convocantes aportaron ab initio tanto el certificado de tradici\u00f3n y libertad correspondiente, como la escritura p\u00fablica n\u00b0. 1815 de 19 de octubre de 2000, protocolizada ante la Notar\u00eda Cuarta del C\u00edrculo de Cartagena, en la que se instrument\u00f3 la compra efectuada a Pablo Obreg\u00f3n Gonz\u00e1lez. <\/p>\n
A su vez, memor\u00f3 que el se\u00f1or Obreg\u00f3n adquiri\u00f3 el inmueble por prescripci\u00f3n, tal como se declar\u00f3 en la sentencia calendada el 1\u00ba de octubre de 1996, proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cartagena. <\/p>\n
7.3.- En lo que respecta a la identificaci\u00f3n del inmueble objeto de reivindicaci\u00f3n explic\u00f3 que, si bien se present\u00f3 un yerro en la demanda al haber aludido a m\u00e1s de diez hect\u00e1reas, lo cierto es que del estudio sistem\u00e1tico del fallo de 1\u00ba de octubre de 1996, la escritura n\u00b0. 1815 de 19 de octubre de 2000, el documento expedido por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi y el certificado de tradici\u00f3n y libertad, se logr\u00f3 determinar que el \u00e1rea correcta equivale a \u00ab6 hect\u00e1reas con 3.175 metros\u00bb. <\/p>\n
Entonces, el equ\u00edvoco del escrito inicial frente al \u00e1rea total del terreno, no impidi\u00f3 que se determinara durante el curso del proceso la verdadera; m\u00e1xime cuando s\u00ed resultaron coincidentes los linderos estipulados en la demanda con los que aparecen en los dem\u00e1s elementos de juicio obrantes en el expediente. <\/p>\n
Por consiguiente, concluy\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) desde el punto de vista del t\u00edtulo y modo, sujetos a prueba ad solemnitatem, el bien a reivindicar est\u00e1 plenamente identificado e individualizado, m\u00e1s all\u00e1 de las imprecisiones en cuando a su cabida (\u2026) luego es un desafuero pretender ahora traer como argumento de alzada que el bien tiene otro nombre, una ubicaci\u00f3n distinta, una supuesta ausencia de singularizaci\u00f3n, muy a pesar que describen los colindantes y extensi\u00f3n conforme a los t\u00edtulos originarios de propiedad reproducidos en la demanda reivindicatoria. <\/p>\n
7.4.- En cuanto a la calidad de poseedores de los se\u00f1ores Muriel Cardales Pacheco, Pabla Quintana Cardales y Libardo Quintana Cardales, la encontr\u00f3 plenamente demostrada con la confesi\u00f3n que realizaron en la demanda de reconvenci\u00f3n, a trav\u00e9s de la cual solicitaron que se declarara que adquirieron por prescripci\u00f3n de la totalidad del inmueble objeto de litigio. <\/p>\n
7.5.- En lo que ata\u00f1e a la falta de congruencia entre lo decidido en la sentencia con lo reclamado por las sociedades accionantes, al haber ordenado la reivindicaci\u00f3n de m\u00e1s de seis hect\u00e1reas, cuando en el escrito inicial se anunci\u00f3 que los convocados solo ejerc\u00edan posesi\u00f3n sobre una, el Tribunal explic\u00f3 que tal afirmaci\u00f3n carec\u00eda de sustento de cara a la tercera pretensi\u00f3n de la demanda principal, en la que se pidi\u00f3 \u00abla reivindicaci\u00f3n de toda \u00e1rea ocupada por los [d]emandados que est\u00e9 comprendida dentro de los linderos y medidas del predio La Huerta propiedad de los demandantes\u00bb; raz\u00f3n por la cual, evidentemente, la solicitud no se limit\u00f3 a una franja de terreno determinada. <\/p>\n
A lo expuesto se suma que, tanto en la demanda de reconvenci\u00f3n como durante el desarrollo del juicio, los convocados se anunciaron en todo momento como poseedores de la totalidad del inmueble, m\u00e1s no de una fracci\u00f3n. <\/p>\n
Con ese panorama, el ad quem coligi\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) fueron los mismos demandados dentro del reivindicatorio, quienes extendieron los efectos del fallo, al confesar que su posesi\u00f3n no se reduc\u00eda a la hect\u00e1rea de terreno descrita por los reivindicantes, sino a todo el predio denunciado como de propiedad de las sociedades, am\u00e9n de reclamar pretensiones sobre todo el bien amparadas precisamente en la posesi\u00f3n, y que en \u00faltimas, qued\u00f3 circunscrita a una franja precisa como lo evidenci\u00f3 el despacho en inspecci\u00f3n judicial y la perito (5 hect\u00e1reas con 9.579,08 metros), ergo, habiendo garantizado el derecho de defensa de las partes, la Jueza deb\u00eda fallar acorde con los hechos y pretensiones planteadas por las partes. <\/p>\n
7.6.- En lo atinente a que los impugnantes acreditaron con suficiencia el tiempo necesario para adquirir por prescripci\u00f3n, aludiendo a una posesi\u00f3n anterior al a\u00f1o 2000, se indic\u00f3 que tal aserto no encontr\u00f3 respaldo alguno en el acervo probatorio, ya que no \u00abreposa un solo testigo que haya dado fe sobre los actos de se\u00f1or\u00edo inequ\u00edvoco promovidos desde ese entonces por los actores en pertenencia\u00bb. <\/p>\n
En particular, destac\u00f3 el testimonio rendido por el Inspector de Polic\u00eda Rural de Santa Ana para la \u00e9poca en que se tramit\u00f3 la querella por perturbaci\u00f3n a la posesi\u00f3n, advirtiendo que en su relato nunca mencion\u00f3 actos de se\u00f1or\u00edo ejercidos por los usucapientes con antelaci\u00f3n al a\u00f1o 2008. <\/p>\n
Hecho que se acompasa con lo manifestado por quien cuid\u00f3 el terreno durante el per\u00edodo comprendido entre 1995 y 2008, al afirmar que los actores en reconvenci\u00f3n ingresaron a la propiedad en esa \u00faltima anualidad. <\/p>\n
II. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
1.- Muriel Cardales Pacheco y Armando Ram\u00edrez Mar\u00edn, formularon dos acusaciones contra la sentencia proferida el 18 de noviembre de 202010. <\/p>\n
2.- Con fundamento en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, los recurrentes denunciaron en el primer cargo la violaci\u00f3n indirecta del art\u00edculo 946 del C\u00f3digo Civil, \u00abpor error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n probatoria de determinadas pruebas, por falsos juicios de identidad y raciocinio\u00bb, al haber interpretado err\u00f3neamente los alcances del mencionado canon \u00abrelacionado con el presupuesto de la figura jur\u00eddica de la reivindicaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.1.- A pesar de que las pretensiones de la demanda principal gravitaron sobre la reivindicaci\u00f3n de un inmueble con un \u00e1rea de 10 hect\u00e1reas y 4.633 metros cuadrados, en el diligenciamiento obran varias pruebas que demuestran que esa dimensi\u00f3n de terreno no corresponde al predio denominado \u00abLa Huerta\u00bb, siendo estas: <\/p>\n
– La sentencia de 1\u00ba de octubre de 1996 que declar\u00f3 la pertenencia a favor de Pablo Obreg\u00f3n Gonz\u00e1lez, se refiere a un inmueble de 6 hect\u00e1reas y 3.175 metros cuadrados. <\/p>\n
– El certificado de tradici\u00f3n y libertad del folio de matr\u00edcula n\u00b0. 060-163666, abierto con ocasi\u00f3n del mencionado fallo, contempla las precitadas dimensiones. <\/p>\n
– El dictamen pericial rendido por la auxiliar Ulvia Mar\u00eda Arguello Niebles, refiri\u00f3 un \u00e1rea de extensi\u00f3n superficiaria diferente a las dem\u00e1s, 9 hect\u00e1reas y 3.380,54 metros cuadrados. <\/p>\n
Con ese panorama, las protuberantes divergencias que emergen del expediente frente al \u00e1rea total del inmueble solicitado en reivindicaci\u00f3n, imped\u00edan tener por satisfechos los requisitos de singularizaci\u00f3n e identificaci\u00f3n plena, tal como lo exige el art\u00edculo 946 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Siendo as\u00ed, no era v\u00e1lido que el a quo argumentara que el inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula n\u00b0. 060-163666, fue objeto de \u00abenglobes o desenglobes\u00bb, cuando en su historial no aparece ninguna anotaci\u00f3n sobre el particular; equ\u00edvoco que replic\u00f3 el Tribunal al se\u00f1alar que el bien qued\u00f3 debidamente individualizado y que su \u00e1rea no se prestaba a confusi\u00f3n. <\/p>\n
2.2.- A la \u00abcadena de indebido an\u00e1lisis probatorio\u00bb, se suma el hecho de que en ambas instancias se omiti\u00f3 analizar la declaraci\u00f3n rendida por el testigo Iv\u00e1n Caraballo Cort\u00e9s, quien asegur\u00f3 que la totalidad del terreno sobre el que vers\u00f3 la demanda, comprend\u00eda dos inmuebles adheridos mediante un englobe. <\/p>\n
Incluso, la antedicha dualidad de inmuebles ya hab\u00eda sido puesta de presente desde el 21 de enero de 2009, en la diligencia practicada por la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Santa Ana. <\/p>\n
2.3.- As\u00ed las cosas, los recurrentes concluyeron: <\/p>\n
Como se puede analizar Honorables Magistrados, la juez A-quo, y el Tribunal no analizaron con la precisi\u00f3n requerida que ordena la ley, bajo el amparo de la sana cr\u00edtica la serie de elementos probatorios que militan en el expediente el t\u00edtulo de propiedad conformado por la sentencia del primero de octubre de 1996 emanada del Juzgado 5\u00b0 Civil del Circuito de Cartagena, elevada a escritura p\u00fablica nro 1815 del 19 de octubre de 2000 Notar\u00eda 4ta del C\u00edrculo de Cartagena, debidamente registrada en la matr\u00edcula inmobiliaria plurimencionada, que indicaban sin lugar a dudas que la singularidad e identidad plena del predio la Huerta no estaba determinada ni definida, por una parte, no exist\u00eda una coincidencia entre la heredad cuya reivindicaci\u00f3n reclaman los demandantes con la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la propiedad solicitada (sic). <\/p>\n
3. En el segundo cargo, los censores solicitaron aplicar lo previsto en el \u00faltimo inciso del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, con la finalidad de que la Corte case la sentencia oficiosamente. <\/p>\n
3.1.- Memoraron que el inmueble denominado \u00abLa Huerta\u00bb fue adquirido por la v\u00eda de la usucapi\u00f3n mediante sentencia de 1\u00ba de octubre de 1996, dentro de un proceso de pertenencia agraria adelantado contra personas indeterminadas, \u00absin conocimiento claro de si el predio era privado o bald\u00edo de la naci\u00f3n (sic)\u00bb. <\/p>\n
De suerte que, previo a confirmar la decisi\u00f3n de primer grado que dispuso reivindicar el inmueble, el Tribunal debi\u00f3 examinar el caso con detenimiento para esclarecer si eventualmente pudiera estar comprometido el patrimonio de la naci\u00f3n o derechos de la comunidad raizal. <\/p>\n
Para dicha tarea debi\u00f3 oficiarse a las instituciones encargadas de proteger el patrimonio com\u00fan, entre ellas, a la Agencia Nacional de Tierras, lo que no ocurri\u00f3 <\/p>\n
3.2.- Tal omisi\u00f3n contravino los postulados de la sentencia T-488 de 2014, encaminada a la recuperaci\u00f3n de bald\u00edos o tierras comunales de grupos \u00e9tnicos, adjudicados en juicios de pertenencia irregulares. <\/p>\n
3.3.- Entonces, al soslayar tan importante estudio, se desconoci\u00f3 \u00abque el predio objeto de reivindicaci\u00f3n est\u00e1 ocupado por raizales o comunidades \u00e9tnicas de la Isla Bar\u00fa y de tal circunstancia deviene la consecuencia jur\u00eddica que el modo primigenio de adquisici\u00f3n privada del inmueble sea ilegal, y adem\u00e1s atenta EL PATRIMONIO PUBLICO (sic)\u00bb. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El car\u00e1cter extraordinario del recurso de casaci\u00f3n, supone que es el legislador quien determina los espec\u00edficos motivos de procedencia, los cuales deben ser validados al momento de decidir acerca de la admisibilidad de la demanda, labor\u00edo que debe estar orientado por las reglas del estatuto procesal de acuerdo a las limitaciones que le son propias y que definen los contornos de la actividad jurisdiccional en tanto el tribunal de casaci\u00f3n, debe ce\u00f1irse a las lindes definidas tanto en las causales invocadas, como en los aspectos jur\u00eddicos alegados por el recurrente en su demanda para sustentarlas, \u00absin que le sea permisible, sin rebasar sus poderes jurisdiccionales, examinar de oficio los dem\u00e1s aspectos que, no obstante contenerlos la sentencia, no han sido denunciados como motivo de ataque\u00bb11. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso al referir los requisitos de la demanda de casaci\u00f3n, incluye que esta debe contener: <\/p>\n
2. La formulaci\u00f3n, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa y con sujeci\u00f3n a las siguientes reglas: <\/p>\n
a) Trat\u00e1ndose de violaci\u00f3n directa, el cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria. <\/p>\n
En caso de que la acusaci\u00f3n se haga por violaci\u00f3n indirecta, no podr\u00e1n plantearse aspectos f\u00e1cticos que no fueron debatidos en las instancias. <\/p>\n
Por otra parte, las distintas causales de casaci\u00f3n se caracterizan por su autonom\u00eda e independencia, toda vez que corresponden a circunstancias dis\u00edmiles y por lo tanto tienen identidad propia, de donde se desprende que el recurrente no puede combinarlas, sino que debe formularlas de manera separada tal y como lo exige la norma en comento y lo ha decantado la Corte en profusa jurisprudencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el par\u00e1grafo segundo del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.- Cuando se invoca la causal segunda prevista en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, por violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, es preciso que el impugnante determine en cu\u00e1l de las dos modalidades que permite el reproche se inscribe el desafuero del tribunal; es decir, si por incursi\u00f3n en errores de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, su contestaci\u00f3n o de una determinada prueba; o de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria. Igualmente, ser\u00e1 menester que indique en qu\u00e9 consiste el yerro de acuerdo con las especificidades de aquellas, con expresa referencia de las normas de orden sustancial aplicables en la definici\u00f3n de la controversia que resulten transgredidas y, en el segundo evento, adem\u00e1s, las de car\u00e1cter probatorio que se consideren violadas. <\/p>\n
3.- Teniendo en cuenta que la primera acusaci\u00f3n se sustenta en la violaci\u00f3n indirecta del art\u00edculo 946 del C\u00f3digo Civil, por error de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas recaudadas, significa que esa fue la senda escogida por los impugnantes para encauzar la protesta extraordinaria. <\/p>\n
3.1.- El error de hecho deriva de la valoraci\u00f3n que se realiza del acervo probatorio allegado durante el curso del juicio; por tal raz\u00f3n, la labor del inconforme debe enfilarse a explicar concretamente cu\u00e1les fueron los elementos de convicci\u00f3n sobre los que recae el equ\u00edvoco de la apreciaci\u00f3n, su trascendencia en la sentencia reprochada y la causa de la discordia. <\/p>\n
Adem\u00e1s, al singularizar cada error de ese tipo, resulta imperioso indicar si se trat\u00f3 de una pretermisi\u00f3n, suposici\u00f3n o alteraci\u00f3n material de su contenido, bien sea por adici\u00f3n, cercenamiento o tergiversaci\u00f3n. <\/p>\n
Con ese panorama, la Sala ha explicado que \u00ab[e]l cargo por error de hecho, adem\u00e1s, debe comprender la totalidad de las deducciones probatorias sobre las cuales se apoy\u00f3 la providencia discutida (completitud), enfilarse con precisi\u00f3n absoluta hacia dichas conclusiones (enfoque), y demostrar la dimensi\u00f3n del error, de modo que se muestre tan grave y notorio que su sola exhibici\u00f3n sugiera que las tesis del tribunal son contraevidentes\u00bb12. <\/p>\n
3.2.- Dadas las peculiares connotaciones del error de hecho, no puede confundirse con el de derecho que, en esencia, se materializa cuando el juzgador, dentro del ejercicio de la valoraci\u00f3n de los elementos probatorios, contraviene los preceptos legales referentes a su aducci\u00f3n, incorporaci\u00f3n o eficacia; por ende, cuando se trata de esta clase de error, \u00abes menester se\u00f1alar las normas probatorias que se consideran quebrantadas y hacer una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que lo fueron\u00bb13. <\/p>\n
3.3.- Examinado el fundamento de la presente acusaci\u00f3n, se observa que el error de hecho se predica de la indebida apreciaci\u00f3n de la sentencia dictada el 1\u00ba de octubre de 1996 por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cartagena, la escritura p\u00fablica n\u00b0. 1815 de 19 de octubre de 2000, el certificado de tradici\u00f3n y libertad del folio de matr\u00edcula n\u00b0. 060-163666, el dictamen pericial y el testimonio de Iv\u00e1n Caraballo Cort\u00e9s, cuyo an\u00e1lisis conjunto habr\u00eda permitido arribar a una conclusi\u00f3n diferente a la que es objeto de ataque, al dejar en evidencia la ausencia de singularizaci\u00f3n e identificaci\u00f3n del inmueble pedido en reivindicaci\u00f3n. <\/p>\n
Siendo as\u00ed, aunque los recurrentes no desconocieron que el ad quem s\u00ed verific\u00f3 los medios probatorios allegados al dosier, cuestionaron la hermen\u00e9utica que realiz\u00f3 frente a cada uno de ellos, as\u00ed como la carencia de un an\u00e1lisis sistem\u00e1tico de tales pruebas. <\/p>\n
Sobre el particular, indicaron: <\/p>\n
(\u2026) la juez A-quo, y el Tribunal no analizaron con la precisi\u00f3n requerida que ordena la ley, bajo el amparo de la sana cr\u00edtica la serie de elementos probatorios que militan en el expediente el t\u00edtulo de propiedad conformado por la sentencia del primero de octubre de 1996 emanada del Juzgado 5\u00b0 Civil del Circuito de Cartagena, elevada a escritura p\u00fablica nro 1815 del 19 de octubre de 2000 Notar\u00eda 4ta del C\u00edrculo de Cartagena, 3 Folios 59 del expediente. debidamente registrada en la matr\u00edcula inmobiliaria plurimencionada, que indicaban sin lugar a dudas que la singularidad e identidad plena del predio la Huerta no estaba determinada ni definida, por una parte, no exist\u00eda una coincidencia entre la heredad cuya reivindicaci\u00f3n reclaman los demandantes con la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la propiedad solicitada. <\/p>\n
(\u2026) lo primero que se debe se\u00f1alar es que la prueba se debe analizar en conjunto, puesto que las apreciaciones individuales no permiten aproximarse a la verdad, que es una de las finalidades del proceso. <\/p>\n
En ese orden, el Tribunal gir\u00f3 su discurso en torno a declarar la reivindicaci\u00f3n a las sociedades demandantes, en cuyo epicentro de la decisi\u00f3n, desconoci\u00f3 por completo las normas del C\u00f3digo Civil art\u00edculo 946, y dio por sentado que el bien inmueble objeto de reivindicaci\u00f3n estaba singularizado, sent\u00f3 la decisi\u00f3n en el n\u00famero de hect\u00e1reas que ni siquiera fueron objeto de petici\u00f3n. <\/p>\n
Como se expres\u00f3 al indicar el error de raciocinio en la apreciaci\u00f3n de los t\u00edtulos y escrituras, donde el Tribunal de Cartagena, desconoci\u00f3 la regla general de la ciencia registral y de experiencia, pues habi\u00e9ndose probado cual era la extensi\u00f3n real del predio, declar\u00f3 la reivindicaci\u00f3n de uno de mayor extensi\u00f3n. <\/p>\n
Todo eso llev\u00f3 al Tribunal a descontextualizar los t\u00edtulos que existen del predio la Huerta, y a darle cabida a un errado concepto pericial, que singulariza un predio diferente al objeto del proceso reivindicatorio y posesorio (negrilla ajena al texto). <\/p>\n
Entonces, aunque los impugnantes trajeron a colaci\u00f3n una multiplicidad de pruebas que singularizaron para demostrar sus atestaciones, al examinar in extenso el desarrollo del cargo, resulta evidente que su objetivo no consisti\u00f3 en recriminarlas por separado sino, al contrario, explicar que su an\u00e1lisis conjunto resultaba suficiente para desestimar la pretensi\u00f3n reivindicatoria, en una clara afrenta a lo decidido por el Tribunal. <\/p>\n
3.4.- En ese orden, en la forma en que se plante\u00f3 la acusaci\u00f3n, el yerro endilgado no corresponder\u00eda a un error de hecho sino de derecho toda vez que, la apreciaci\u00f3n conjunta de las pruebas, cuya desatenci\u00f3n es de lo que en realidad se quejan los recurrentes, se encuentra reglada en el canon 176 del C\u00f3digo General del Proceso que consagra: \u00abLas pruebas deber\u00e1n ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos\u00bb. <\/p>\n
Sobre este punto, la Corte ha explicado: <\/p>\n
Que el error de derecho presuponga siempre que el juez s\u00ed vio la prueba es un aserto tambi\u00e9n predicable del error de derecho por no apreciar las pruebas en conjunto, porque aun cuando ling\u00fc\u00edsticamente pareciera que en este tipo de yerro se le achaca al juzgador no haber visto una prueba, la omisi\u00f3n endilgada no est\u00e1 ah\u00ed, en un medio en particular no visto, sino en desatender la necesidad de cumplir con el mandato del art\u00edculo 187 \u00eddem de apreciarlas \u201cen conjunto\u201d. Es decir, se parte de la base de que el juzgador, a pesar de haber visto la prueba en su materialidad objetiva, de ella no extrajo los elementos -coincidentes o no-, que deben contrastarse con los dem\u00e1s que se tienen del haz probatorio, de suerte que se realice el an\u00e1lisis de conjunto que pide el precepto mencionado14 (negrilla intencional). <\/p>\n
Al haber titulado el cargo como un error de hecho pero su desarrollo correspondi\u00f3 a uno de derecho, se incurri\u00f3 en una mixtura que imposibilita su estudio, pues de anta\u00f1o se ha recalcado que \u00ab[l]as dos especies de error en la apreciaci\u00f3n de la prueba, de hecho y de derecho, son de naturaleza distinta y, por lo mismo, no se puede aducir en un mismo cargo la concurrencia de ambos respecto de id\u00e9nticos medios de prueba, ni resulta id\u00f3neo invocar el uno sustentado en elementos propios del otro, pues si se denuncia como de hecho y se fundamenta como de derecho, o viceversa, am\u00e9n de que el cargo se torna oscuro e impreciso, implica que en el fondo el vicio que se quiso delatar carece de fundamentaci\u00f3n (CSJ, SC de 10 de agosto de 2001, Rad. 6898)\u00bb15 (resaltado ajeno). <\/p>\n
Entonces, como se presenta una dicotom\u00eda sustancial entre ambos tipos de errores, no resultaba procedente denominar el cargo como uno de hecho, cuando su estructura argumentativa se enfoc\u00f3 en el de derecho, ya que ese proceder genera confusi\u00f3n en el planteamiento de los recurrentes y, evidentemente, contraviene los postulados de claridad y precisi\u00f3n que exige el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3.5.- Ahora, en el hipot\u00e9tico caso en que se abordara el an\u00e1lisis de la acusaci\u00f3n bajo los derroteros propios del error de derecho, tampoco ser\u00eda posible, pues no se mencion\u00f3 ninguna norma de car\u00e1cter probatorio en la demanda de casaci\u00f3n, tal como lo impone taxativamente el 344 del C\u00f3digo General del Proceso al contemplar que \u00abcuando se trate de error de derecho, se indicar\u00e1n las normas probatorias que se consideren violadas, haciendo una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas\u00bb. <\/p>\n
3.6.- Al margen de lo anterior, haciendo un estudio pormenorizado del cargo, se advierte que tambi\u00e9n se entremezclaron las causales 1\u00aa y 2\u00aa del art\u00edculo 336 ejusdem, pues si bien es cierto, en principio se adujo la violaci\u00f3n indirecta del art\u00edculo 946 del C\u00f3digo Civil ante la existencia de errores de hecho en la valoraci\u00f3n de las pruebas, no lo es menos que la queja tambi\u00e9n se enfil\u00f3 a cuestionar la manera en que se interpretaron sus alcances en la sentencia, siendo ello propio de la transgresi\u00f3n por la v\u00eda directa. <\/p>\n
Sobre este punto, en pret\u00e9rita oportunidad la Corte explic\u00f3 que \u00ablos argumentos que componen el ataque formulado no deben venir mixturados; los motivos que dieren lugar a una u otra acusaci\u00f3n, una vez identificados, no se pueden agrupar indistintamente en una misma causal; cada fundamento debe exponerse por separado y respetando la correspondencia con el dislate esgrimido. Cuando as\u00ed ocurre, no s\u00f3lo se peca contra esa autonom\u00eda e individualidad, sino que, por esa v\u00eda, se desacata la exigencia atinente a que los fundamentos de las acusaciones sean claros, precisos y completos (numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso)\u00bb16 (negrilla ajena al texto). <\/p>\n
La falta de discriminaci\u00f3n que pasaron por alto los inconformes denota la ausencia de t\u00e9cnica en la formulaci\u00f3n del recurso extraordinario, al generar una mixtura dentro del mismo cargo por incluir dos causales completamente distintas. <\/p>\n
3.7.- De igual modo, aunque se invoc\u00f3 la causal segunda, en su desarrollo tambi\u00e9n se aludi\u00f3 a la tercera hip\u00f3tesis del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, referente a \u00ab[n]o estar la sentencia en consonancia con los hechos, con las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio\u00bb. <\/p>\n
Examinados los planteamientos de los recurrentes, en varias oportunidades se\u00f1alaron que la incongruencia fue el aspecto toral en que se equivoc\u00f3 el Tribunal, al no comprender que la pretensi\u00f3n de la demanda inicial vers\u00f3 sobre una extensi\u00f3n de terreno diferente a la que se demostr\u00f3, lo que impidi\u00f3 su identificaci\u00f3n plena, veamos: <\/p>\n
Al analizar esta prueba documental el Tribunal, vulner\u00f3 los criterios de valoraci\u00f3n racional y le dio un m\u00e9rito probatorio equivocado, porque entre los demandantes de pertenencia y reivindicaci\u00f3n, no existe congruencia del terreno objeto del litigio porque en las pretensiones se solicit\u00f3 revindicar \u201cuna hect\u00e1rea\u201d el t\u00edtulo de propiedad indica que la Huerta cuenta son 6 hect\u00e1reas, el informe pericial, indic\u00f3 que el terreno mide 9 hect\u00e1reas. <\/p>\n
(\u2026) El verdadero alcance de la prueba documental, que hemos cuestionado, indica que aqu\u00ed no se cumple con la exigencia normativa que es clara: la \u201ccosa singular\u201d, a reivindicar se debe definir con precisi\u00f3n. Luego, una apreciaci\u00f3n racional indica o provoca como consecuencia jur\u00eddica la imposibilidad de revindicar, pues no existi\u00f3 consonancia entre lo pretendido y el hecho real probado en el proceso (\u2026) (resaltado ajeno al texto). <\/p>\n
De manera que, si el legislador estableci\u00f3 una causal espec\u00edfica para plantear el tema de la incongruencia, no debieron los casacionistas mezclarla con la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por v\u00eda de hecho. <\/p>\n
3.8.- En suma, como los recurrentes presentaron una acusaci\u00f3n mixturada, al referirse indistintamente dentro del mismo cargo a la violaci\u00f3n directa de la norma sustancial, la transgresi\u00f3n indirecta por errores de hecho y de derecho, y la falta de congruencia entre las pretensiones de la demanda y la sentencia atacada, no se abre paso su admisi\u00f3n por esta v\u00eda. <\/p>\n
4.- Teniendo en cuenta que en la segunda acusaci\u00f3n los recurrentes solicitan que se case de oficio la sentencia del Tribunal, de entrada, resulta imperioso advertir que dicha petici\u00f3n no se encuadra dentro de las causales contempladas en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso; por ende, de la manera en que estructur\u00f3 el cargo, contravino abiertamente el principio de taxatividad sobre el que se erige la posibilidad de cuestionar el fallo de segundo grado a trav\u00e9s de esta senda extraordinaria. <\/p>\n
Dadas las limitantes impuestas por el mencionado art\u00edculo, no es admisible extender sus alcances a hip\u00f3tesis diferentes a las cinco all\u00ed planteadas, ni siquiera so pretexto de aplicar la analog\u00eda; de suerte que, por la causal de casaci\u00f3n, \u00abdebemos entender las diferentes circunstancias o motivos previamente establecidos por el legislador para la pertinencia de este recurso extraordinario (\u2026) que por su car\u00e1cter taxativo son de interpretaci\u00f3n restricta\u00bb17. <\/p>\n
Sobre este aspecto, en AC 112-2016, la Corte memor\u00f3, que, \u00ab[e]l car\u00e1cter extraordinario y limitado del recurso de casaci\u00f3n se proyecta, en la pr\u00e1ctica, en las precisas limitaciones dentro de las cuales la ley lo regula, y referentes no s\u00f3lo a los motivos o causales para su procedencia, sino tambi\u00e9n a la clase de providencias susceptibles de impugnarse con \u00e9l (\u2026) (CSJ SC. Sentencia de 29 de agosto de 1985, G. J., t. CLXXX, p\u00e1gina 344)\u00bb. <\/p>\n
4.1. De hecho, como la facultad de casar de oficio le est\u00e1 reservada a la Corte motu proprio en los eventos en que considere que se encuentra gravemente comprometido el orden o el patrimonio p\u00fablico, o se vulneren derechos o garant\u00edas constitucionales, no puede invocarse a instancia de parte como si de una hip\u00f3tesis del art\u00edculo 336 ejusdem se tratara. <\/p>\n
4.2.- No obstante, como los recurrentes manifestaron que, eventualmente, podr\u00eda estar comprometido el patrimonio p\u00fablico o los intereses de la comunidad raizal de la isla Bar\u00fa, se realizan las siguientes precisiones: <\/p>\n
4.2.1.- La queja de los impugnantes se centra en que dentro del proceso de pertenencia adelantado por el se\u00f1or Pablo Obreg\u00f3n Gonz\u00e1lez, no se defini\u00f3 si el predio denominado \u00abLa Huerta\u00bb era privado o bald\u00edo, siendo el segundo caso en el que se configurar\u00eda una afrenta directa contra los intereses de la naci\u00f3n; tambi\u00e9n se\u00f1alaron que la zona se encuentra habitada por miembros de la comunidad raizal que de anta\u00f1o se asent\u00f3 en el territorio al compartir una propiedad colectiva. <\/p>\n
4.2.2.- Examinado el diligenciamiento, no se avizora que en este caso particular se encuentre comprometido el patrimonio p\u00fablico, toda vez que, seg\u00fan da cuenta el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00ba. 060-163666 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cartagena, las sociedades Pablo Obreg\u00f3n y C\u00eda. S. en C., y A de Lavalle Tous y C\u00eda. S.C.A., lo adquirieron mediante compraventa efectuada a Pablo Obreg\u00f3n Gonz\u00e1lez, lo que significa que su enajenaci\u00f3n fue objeto de un acto negocial realizado entre particulares. <\/p>\n
Revisado el historial del predio \u00abLa Huerta\u00bb en el mencionado folio de matr\u00edcula, se advierte que su car\u00e1cter privado no se circunscribe simplemente a la \u00e9poca en que se elev\u00f3 la escritura p\u00fablica n\u00ba. 1815 de 19 de octubre de 2000, contentiva de la compraventa, sino que se remonta a varios a\u00f1os atr\u00e1s. <\/p>\n
4.2.3.- Es as\u00ed que, en la primera anotaci\u00f3n del certificado de tradici\u00f3n y libertad, aparece registrada la sentencia proferida el 1\u00ba de octubre de 1996 por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cartagena (exp. 11300), dentro del proceso de pertenencia que adelant\u00f3 el se\u00f1or Pablo Obreg\u00f3n Gonz\u00e1lez contra personas indeterminadas, en el que se declar\u00f3 que el demandante adquiri\u00f3 \u00abpor PRESCRIPCI\u00d3N AGRARIA, el dominio del inmueble ubicado en el Corregimiento de Santa Ana, jurisdicci\u00f3n del Municipio de Cartagena, en el sector denominado \u201cLA HUERTA\u201d (\u2026.) (sic)\u00bb18. <\/p>\n
Para arribar a tal conclusi\u00f3n, el juez de instancia rese\u00f1\u00f3: i) Los testimonios recaudados dieron cuenta de una posesi\u00f3n ejercida por el usucapiente superior a quince (15) a\u00f1os. ii) En la diligencia de inspecci\u00f3n judicial se constat\u00f3 la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del fundo, lo que habilit\u00f3 el tr\u00e1mite de la prescripci\u00f3n agraria. iii) Frente a la naturaleza privada del bien, refiri\u00f3 que en el dictamen pericial qued\u00f3 plenamente comprobada, al se\u00f1alar: \u00ab(\u2026) encontramos que el terreno que se describe en el presente informe, es totalmente CONSOLIDADO por acciones naturales, con vegetaci\u00f3n permanente y apto para la agricultura (\u2026) se puede considerar que el resto del terreno es SUSCEPTIBLE DE PRESCRIPCI\u00d3N (\u2026)\u00bb. iv) Analizado el acervo probatorio, tambi\u00e9n descart\u00f3 que se tratara de un bald\u00edo. <\/p>\n
En ese orden, resulta claro que, durante el tr\u00e1mite de ese juicio se verific\u00f3 que el inmueble perteneciera a la esfera del dominio privado y, por lo tanto, fuera susceptible de adquirirse por prescripci\u00f3n. <\/p>\n
Debe recordarse que, al quedar ejecutoriada y en firme dicha sentencia, se encuentra amparada por una presunci\u00f3n de legalidad que durante el curso del juicio reivindicatorio nunca se desvirtu\u00f3. <\/p>\n
A\u00fan m\u00e1s, al tratarse de un proceso de pertenencia, los efectos del fallo son erga omnes al tenor de lo previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 375 del C\u00f3digo General del Proceso, lo que significa que es vinculante para todas las personas en general, incluso si no actuaron como parte dentro del litigio. <\/p>\n
En el curso del proceso n\u00famero 11300, se estudi\u00f3 la naturaleza jur\u00eddica del inmueble, la posibilidad de ser adquirido por prescripci\u00f3n y el hecho de encontrarse dentro de la \u00f3rbita del dominio privado, dando lugar a que se declarara la pertenencia a favor de Pablo Obreg\u00f3n Gonz\u00e1lez con la consecuente inscripci\u00f3n de la sentencia en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos. <\/p>\n
Por ende, aunque en la demanda de casaci\u00f3n se afirm\u00f3 que aquel proceso de pertenencia correspondi\u00f3 a una actuaci\u00f3n irregular, lo cierto es que, revisados los fundamentos de la sentencia de 1\u00ba de octubre de 1996 que le puso fin a esa actuaci\u00f3n jurisdiccional, se observa que en la misma se dedic\u00f3 un ac\u00e1pite a la verificaci\u00f3n de que el bien fuera susceptible de adquirir por prescripci\u00f3n, exigencia que, desde el punto de vista del sentenciador de esa causa, qued\u00f3 superada satisfactoriamente. En esas condiciones, el recurso de casaci\u00f3n formulado ahora contra un fallo emitido 24 a\u00f1os despu\u00e9s en un proceso completamente diferente, no puede ser el escenario para cuestionar la naturaleza privada del mismo inmueble. <\/p>\n
Adem\u00e1s, si bien no se desconoce que el Estado Colombiano reconoce una protecci\u00f3n especial a los territorios ocupados por las comunidades negras, raizales y palenqueras, con el fin de resguardarlos, preservarlos y recuperarlos (sentencia T-414 de 2015), lo cierto es que en el sub examine tampoco se demostr\u00f3 que el inmueble se encontrara dentro de alguna de esas categor\u00edas o que perteneciera a una propiedad colectiva, pues ninguno de esos temas fue objeto de debate durante el tr\u00e1mite de las instancias, siendo esa, precisamente, la raz\u00f3n por la que el Tribunal omiti\u00f3 pronunciarse sobre ese aspecto. <\/p>\n
4.2.5.- Es m\u00e1s, el se\u00f1or Muriel Cardales Pacheco (recurrente en casaci\u00f3n) promovi\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n en contra de las citadas personas jur\u00eddicas, con el objetivo que se declarara que \u00e9l, en compa\u00f1\u00eda de Pabla y Libardo Quintana Cardales, adquirieron el inmueble por prescripci\u00f3n, al haber ejercido una posesi\u00f3n superior a diez (10) a\u00f1os. <\/p>\n
Lo anterior implica que, ab initio, el casacionista no se opuso a la naturaleza privada del inmueble, al punto de quererlo obtener para s\u00ed por la v\u00eda de la usucapi\u00f3n. <\/p>\n
De hecho, cuando se neg\u00f3 el petitum de la reconvenci\u00f3n y se accedi\u00f3 al reivindicatorio, los argumentos concretos que se esbozaron ante el a quo no se encaminaron a cuestionar la naturaleza jur\u00eddica del inmueble, sino a reafirmar la presunta posesi\u00f3n ejercida sobre el bien por los convocados: <\/p>\n
Mis apadrinados, tal como se estableci\u00f3 en el trabajo pericial, realizaron mejoras en el bien objeto de reivindicaci\u00f3n; es decir, actos de se\u00f1or y due\u00f1o, que dan fe de la posesi\u00f3n de ellos (\u2026) <\/p>\n
En la querella policiva se deja constancia desde un inicio que el \u00e1rea de terreno en la cual se encuentran en posesi\u00f3n mis apadrinados, que es un proceso anterior al aqu\u00ed presentado (\u2026) <\/p>\n
Entonces, si se intent\u00f3 adquirir el inmueble por prescripci\u00f3n, el primer presupuesto que tuvieron en cuenta los solicitantes es que el predio pertenece al dominio privado. <\/p>\n
4.2.6.- Llama la atenci\u00f3n que ni en la demanda de reconvenci\u00f3n, ni durante las etapas probatorias, los usucapientes se hubieran referido a una posesi\u00f3n del inmueble anterior al a\u00f1o 1996; es decir, cuando el se\u00f1or Pablo Obreg\u00f3n Gonz\u00e1lez tramit\u00f3 el proceso de pertenencia en el que se anunci\u00f3 como se\u00f1or y due\u00f1o. <\/p>\n
Por tal motivo, es evidente que la oposici\u00f3n a las pretensiones principales \u00fanicamente se encuadr\u00f3 dentro de los hechos que rodearon este litigio, m\u00e1s no del que tuvo lugar dentro del expediente n\u00ba. 11300. <\/p>\n
5.- As\u00ed las cosas, del examen de la demanda de casaci\u00f3n y del diligenciamiento en pleno, no emerge ninguna raz\u00f3n especial que lleve a la selecci\u00f3n del asunto, pues basta con revisar la actuaci\u00f3n para observar que durante el juicio se respetaron todas las etapas del proceso y, finalmente, la decisi\u00f3n del Tribunal se sujet\u00f3 a la discusi\u00f3n planteada, las pruebas recaudadas y su interpretaci\u00f3n de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
6.- En suma, como la demanda no satisfizo los requisitos formales y t\u00e9cnicos que le son propios, habr\u00e1 de inadmitirse, en los t\u00e9rminos del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, INADMITE la demanda presentada para sustentar el recurso de casaci\u00f3n que Muriel Cardales Pacheco y Armando Ram\u00edrez Mar\u00edn interpusieron frente a la sentencia de 18 de noviembre de 2020, proferida por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro del proceso en referencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese y, en oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Expediente digital. Archivo denominado \u00abCuaderno Primera Instancia.pdf\u00bb. Folios 6 y 7. <\/p>\n
2\u0002 Expediente digital. Archivo denominado \u00abCuaderno Primera Instancia.pdf\u00bb. Folios 2 a 5. <\/p>\n
3\u0002 Expediente digital. Archivo denominado \u00abCuaderno Primera Instancia.pdf\u00bb. Folio 248. <\/p>\n
4\u0002 Expediente digital. Archivo denominado \u00abCuaderno Primera Instancia.pdf\u00bb. Folios 310 a 312. <\/p>\n
5\u0002 Expediente digital. Archivo denominado \u00abDemanda de Reconvenci\u00f3n 1.1.pdf\u00bb. Folios 2 y 3. <\/p>\n
6\u0002 Expediente digital. Archivo denominado \u00abDemanda de Reconvenci\u00f3n 1.1.pdf\u00bb. Folios 1 y 2. <\/p>\n
7\u0002 Expediente digital. Archivo denominado \u00abApelaci\u00f3n de Auto.pdf\u00bb. <\/p>\n
8\u0002 Expediente digital. Archivo \u00abCP_218090056928.wmv\u00bb. <\/p>\n
9\u0002 Expediente digital. Archivo denominado \u00abApelaci\u00f3n de Sentencia.pdf\u00bb. <\/p>\n
10\u0002 Aunque en la demanda se anuncian como casacionistas los se\u00f1ores Muriel Cardales Pacheco, Armando Ram\u00edrez Mar\u00edn y Pabla Quintana Cardales, se aclara que frente a esta \u00faltima el Tribunal no concedi\u00f3 la protesta extraordinaria el 16 de marzo de 2021, motivo por el cual tampoco se incluy\u00f3 como recurrente en el auto de admisi\u00f3n de 20 de mayo de 2022 proferido por esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
11\u0002 Murcia Ball\u00e9n, Humberto. Recurso de Casaci\u00f3n Civil. 4\u00b0 ed. Ediciones Jur\u00eddicas Ib\u00e1nez. Bogot\u00e1. 1996. P\u00e1g. 53. <\/p>\n
12\u0002 AC-5845, 25 de enero de 2022, rad. No. 2018-14463-01. <\/p>\n
13\u0002 AC-5845, 25 de enero de 2022, rad. No. 2018-14463-01. <\/p>\n
14\u0002 CSJ, 7 de junio de 2013, rad. No. 2004-0457-01. <\/p>\n
15\u0002 Reiterado en AC-999-2022, 31 de marzo de 2022, rad. No. 2017-0409-01. <\/p>\n
16\u0002 AC-4048, 27 de junio de 2017, rad. No. 2014-00173-01. <\/p>\n
18\u0002 Expediente digital. Archivo denominado \u00abCuaderno Primera Instancia.pdf\u00bb. Folio 52. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
AC515-2023 (2013-00017-01) MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente AC515-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-31-03-005-2013-00017-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dos de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). I. ANTECEDENTES DEL LITIGIO 1.- […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71227","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71227","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71227"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71227\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71227"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71227"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71227"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}