AC547-2023 (2022-04431-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC547-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04431-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., nueve (9) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se inadmite la demanda con que Digital Ware S.A. sustent\u00f3 el recurso de revisi\u00f3n frente al el laudo arbitral proferido el 9 de diciembre de 2020 dentro del proceso arbitral adelantado por Heon Healt OnLine S.A. en su contra, para lo cual se considera: <\/p>\n
1. De acuerdo con el precepto 357, numerales 1 y 2, en concordancia con el art\u00edculo 82, del C\u00f3digo General del Proceso, falta: <\/p>\n
1.1. El nombre y domicilio de quienes fueron parte en el laudo arbitral cuestionado, con quienes debe seguirse el proceso de revisi\u00f3n (art. 357- 1 y 2 CGP). <\/p>\n
1.2. Falta la fecha en la cual el Laudo Arbitral proferido por el Tribunal Arbitral, qued\u00f3 ejecutoriado, exigencia que es indispensable para que la Sala pueda calcular la oportunidad de la demanda de revisi\u00f3n. <\/p>\n
1.3. Deber\u00e1 aclarar si el Laudo Arbitral fue objeto de aclaraci\u00f3n, correcci\u00f3n y adici\u00f3n, en caso afirmativo, informar la fecha en que fue resuelta dicha solicitud. <\/p>\n
2. Est\u00e1 sin cumplirse el requisito formal de las causales de revisi\u00f3n invocadas, por falta de precisi\u00f3n en los hechos, pues se hizo una narraci\u00f3n de \u00abHechos\u00bb generales, sin especificar los que puedan en realidad edificar dichas causas, como dispone el art\u00edculo 357, numeral 4\u00ba, del C\u00f3digo General del Proceso, que consagra como exigencia la expresi\u00f3n de la respectiva fuente de revisi\u00f3n \u00ab\u2026y los hechos concretos que le sirven de fundamento\u00bb, formalidad que exterioriza el car\u00e1cter extraordinario y dispositivo del recurso. <\/p>\n
2.1. La impugnaci\u00f3n extraordinaria se encuentra gobernada por el principio dispositivo, de acuerdo con el cual la Corte carece de competencia para enmendar o complementar la demanda, de tal manera que los hechos concretos deben ser puestos de presente en el libelo para hacer evidente su concordancia con las causales que pretenden hacerse valer. Al respecto ha reiterado la Sala que, <\/p>\n
\u2026desde un comienzo debe el recurrente justificar por qu\u00e9 considera fundada la causal de revisi\u00f3n que alega. Desde luego que, en ese contexto, el recurrente tiene \u2018una carga argumentativa cualificada, consistente en formular una acusaci\u00f3n precisa con base en enunciados f\u00e1cticos que guarden completa simetr\u00eda con la causal de revisi\u00f3n que se invoca, al punto que pueda entenderse que la demostraci\u00f3n de esos supuestos, en principio, har\u00eda venturoso el ataque. Dicho de otro modo, corresponde al recurrente explicar por qu\u00e9 considera que la sentencia debe revisarse y, para ello, ha de hacer una presentaci\u00f3n que permita establecer, desde un comienzo, que existen motivos id\u00f3neos que justifican el inicio de este tr\u00e1mite, destinado, como se sabe, a impedir la solidificaci\u00f3n definitiva de la cosa juzgada. De ah\u00ed que si el recurrente no expresa la causal de revisi\u00f3n que pretende hacer valer, o no pone de presente los hechos que la configurar\u00edan, la demanda no puede servir de percutor para la actividad de la Corte; igual sucede, cuando se advierte que los hechos que expone el impugnador no tienen idoneidad para configurar la causal de revisi\u00f3n que se alega, caso en el cual la demanda tampoco tiene vocaci\u00f3n para ser admitida, no s\u00f3lo por el incumplimiento de un perentorio requisito legal, sino porque si en gracia de discusi\u00f3n se tolerara esa deficiencia, tendr\u00eda que adelantarse una actuaci\u00f3n judicial que, a buen seguro, ning\u00fan resultado arrojar\u00eda, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que por la dispositividad del recurso y por la importancia que para el ordenamiento tiene el principio de la seguridad jur\u00eddica, el juez de la revisi\u00f3n no puede hacer pronunciamientos oficiosos, ni salirse del preciso marco de referencia planteado por el censor (CSJ ARC, 2 dic. 2009, rad. 2009-01923; reiterado en ARC, 27 ago. 2012, rad. 11001-0203-000-2012-01285-00). <\/p>\n
Obviamente, el cumplimiento de dicha \u00abcarga argumentativa cualificada\u00bb exige que \u00ablos hechos que se exponen se ajusten de manera precisa a los contornos de la causal esgrimida, en los t\u00e9rminos definidos por la ley y explicados por la jurisprudencia\u00bb y que, en todo caso, <\/p>\n
\u2026pueda entreverse razonablemente que la demostraci\u00f3n de tales eventos har\u00eda fruct\u00edfera la tramitaci\u00f3n propuesta, toda vez que, encontr\u00e1ndose en juego el valor de la seguridad jur\u00eddica derivada de la cosa juzgada con que la ley blinda la sentencia atacada, no se justifica adelantar el recurso sin una apariencia de \u00e9xito surgida de una adecuada formulaci\u00f3n (CSJ AC3952-2017, reiterado en AC1425-2019, rad. 2019-00719, 24 abr. 2019). <\/p>\n
Para cumplir con el requisito de exponer los hechos concretos que dan pie a las causales invocadas es necesario mostrar, desde el inicio del tr\u00e1mite, que de resultar cierto el relato f\u00e1ctico, esta puede salir avante, es decir, que la impugnaci\u00f3n tiene cierta vocaci\u00f3n de prosperidad. Por el contrario, si el sustento f\u00e1ctico no se subsume en el motivo que se pretende hacer valer, deber\u00e1 inadmitirse el libelo para que se hagan las adecuaciones pertinentes. <\/p>\n
3. La causal cuarta consagrada en el art\u00edculo 355 como motivo de revisi\u00f3n consiste en \u00ab[h]aberse fundado la sentencia en dictamen de perito condenado penalmente por il\u00edcitos cometidos en la producci\u00f3n de dicha prueba.\u00bb. La Sala ha precisado que se configura \u00abcuando la sentencia recurrida en revisi\u00f3n se profiera con base en dictamen de perito condenado penalmente por il\u00edcitos cometidos durante su producci\u00f3n, es decir, sus condiciones concurrentes son: a) una sentencia proferida con fundamento en el dictamen pericial; b) la comisi\u00f3n de il\u00edcitos durante su producci\u00f3n y c) la condena penal del perito por tales hechos mediante sentencia definitiva, en firme, ejecutoriada y dotada del car\u00e1cter de cosa juzgada\u00bb (CSJ SC 2006-01638-00 de 05 dic. 2011). <\/p>\n
La presentaci\u00f3n del recurso extraordinario no est\u00e1 condicionada a que se haya proferido sentencia en el proceso punitivo pues, si el juicio penal no hubiere terminado, se suspender\u00e1 la sentencia de revisi\u00f3n hasta cuando se ejecutorie el fallo penal y se presente la copia respectiva ante la Sala, sin que la suspensi\u00f3n pueda exceder de dos a\u00f1os (art. 356 ib.). <\/p>\n
Ahora, aunque esa prerrogativa propende por no hacer nugatoria la posibilidad de acudir a este mecanismo de contradicci\u00f3n por el advenimiento de un t\u00e9rmino de caducidad mientras se est\u00e1 a la espera del fallo penal, ello no significa que sea suficiente la presentaci\u00f3n de una denuncia por fraude procesal para dar v\u00eda libre a los supuestos de esta causal, pues dada la seriedad del fundamento en que \u00e9sta se erige y estando de por medio la fuerza de la cosa juzgada que se pretende socavar a trav\u00e9s de esta senda, existe una carga m\u00ednima que debe asumir el recurrente cuando la alega, concerniente en acreditar que la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n ya imput\u00f3 el delito respectivo a quien fungi\u00f3 como perito. <\/p>\n
Sobre el punto, los precedentes de la Sala son pac\u00edficos en cuanto se\u00f1alan: <\/p>\n
cuando se presente el \u00abrecurso de revisi\u00f3n\u00bb, no necesariamente debe existir fallo condenatorio en el proceso penal, pues en principio es suficiente que se haya producido la \u00abformulaci\u00f3n de la imputaci\u00f3n\u00bb, conforme al art\u00edculo 286 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, dado que de acuerdo con el art\u00edculo 288 ib\u00eddem, en ese acto se realiza la individualizaci\u00f3n concreta del imputado, determin\u00e1ndose as\u00ed mismo la relaci\u00f3n clara y sucinta de los hechos jur\u00eddicamente relevantes y de otro lado, porque el inciso final del precepto 356 del C\u00f3digo General del Proceso, permite dicha posibilidad, al establecer, que \u00absi el proceso penal no hubiere terminado se suspender\u00e1 la sentencia de revisi\u00f3n hasta cuando se produzca la ejecutoria del fallo penal y se presente la copia respectiva\u00bb.(AC6626-2017 de 9 de oct. 2017, Rad n.\u00b0 2017-01293-00) <\/p>\n
En cuanto a la existencia de causa penal, la Corte ha determinado <\/p>\n
\u00ab\u2026resulta irrefutable que, no existe [proceso] penal por el s\u00f3lo hecho de la presentaci\u00f3n de una denuncia de ese tipo, puesto que para ello se hace necesario que el sujeto imputado haya sido vinculado formalmente a la investigaci\u00f3n mediante la correspondiente \u00abformulaci\u00f3n de la imputaci\u00f3n\u00bb, en los t\u00e9rminos que prev\u00e9 el art\u00edculo 126 de la Ley 906 de 2004, pues entre tanto, \u00fanicamente se puede pregonar la existencia de indagaciones preliminares sin repercusi\u00f3n jur\u00eddica concreta\u00bb (negrilla original).(AC5113, 11 agosto 2017, rad. n.\u00ba 2017-00668-00). <\/p>\n
De lo anterior, se colige que para la admisi\u00f3n de una demanda de revisi\u00f3n amparada bajo la causal cuarta es indispensable que se haya formulado, al menos, imputaci\u00f3n al procesado, sin que la simple denuncia de un posible comportamiento delictivo resulte suficiente, de acuerdo con los precedentes invariables de la corporaci\u00f3n (SC10050, 31 jul. 2014, rad. n.\u00b0 2012-01877-00). <\/p>\n
3.1. El recurrente extraordinario sustent\u00f3 la causal consagrada en el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso, indicando que no se puede pasar por alto las consecuencias que deja la sanci\u00f3n administrativa de la que fue objeto el perito, la cual a su juicio es comparable con una sentencia penal condenatoria, esto en virtud de una interpretaci\u00f3n amplia de la norma en cita, para entender las sanciones administrativas como una \u00abinhabilitad de la prueba en s\u00ed\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 la sociedad recurrente que, la sanci\u00f3n administrativa del perito de cara al dictamen rendido, el cual fue una prueba fundamental al interior del laudo arbitral, debe tener los mismos efectos de una condena penal en contra de quien rinde el experticio, puesto que las decisiones judiciales deben estar soportadas en pruebas legalmente producidas y, en el evento de ilicitud en la producci\u00f3n de estas, existe un vicio que impide la apreciaci\u00f3n del fallador, el cual est\u00e1 en contrav\u00eda del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al tratarse de una prueba obtenida violando el debido proceso. <\/p>\n
Trajo a colaci\u00f3n la actora, un referente normativo del \u00abC\u00f3digo Penal Espa\u00f1ol\u00bb en el cual se tipifica el delito de intrusismo consistente en \u00abejercer actos propios de una profesi\u00f3n sin poseer el correspondiente t\u00edtulo acad\u00e9mico (\u2026)\u00bb, indicando que lo que hizo el perito sancionado por la Superintendencia de Industria y Comercio fue ejercer la profesi\u00f3n de contador sin tener el titulo que lo habilitara para tal fin, no obstante, en Colombia no existe un tipo penal en la legislaci\u00f3n que castigue dicho actuar, indicando que tal conducta constituye el llamado \u00abdelito administrativo\u00bb y est\u00e1 sancionado con multa. <\/p>\n
Finalmente, manifest\u00f3 la recurrente que, si bien se evidencia que la causal que invoca est\u00e1 consagrada para cuando el perito cuenta con una condena penal, es evidente la semejanza, pues se trata de conductas semejantes al tratarse de la \u00abirrupci\u00f3n de un sujeto en un dominio dogm\u00e1tico extra\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
3.2. De lo anterior, se evidencia que la recurrente en ning\u00fan momento narr\u00f3 ning\u00fan hecho dirigido a demostrar el cumplimiento de la carga que le corresponde consistente en la formulaci\u00f3n de la denuncia ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n en contra quien fungi\u00f3 como perito, y por consiguiente tampoco existe imputaci\u00f3n de cargos por delito alguno, existiendo en el sub lite una sanci\u00f3n administrativa por parte del ente regulador en contra del perito por haber conceptuado en materias de las cuales no contaba con autorizaci\u00f3n legal. As\u00ed pues, como se ha explicado, la literalidad de la causal de revisi\u00f3n invocada es necesario, no solo que tan se haya presentado una denuncia contra el perito por una posible conducta t\u00edpica, antijur\u00eddica y culpable, sino que tambi\u00e9n es necesaria la imputaci\u00f3n de cargos al procesado. <\/p>\n
En las descritas circunstancias, ante la falta de una narraci\u00f3n dirigida a mostrar que, a la fecha, el perito fue condenado penal o, por lo menos, exista una denuncia interpuesta ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y se hubiese imputado por un comportamiento susceptible de sanci\u00f3n, se extra\u00f1a el cumplimiento del requisito previsto en el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 357 del C\u00f3digo General del Proceso, consistente en narrar los fundamentos f\u00e1cticos del motivo invocado en el recurso extraordinario, esto en atenci\u00f3n a la interpretaci\u00f3n restrictiva que impera en tr\u00e1mites como el que nos ocupa. <\/p>\n
4. El motivo sexto de revisi\u00f3n se edifica bajo hechos que denoten discrepancia entre la verdad material y la acreditada en el proceso, a ra\u00edz de que alguno de los sujetos procesales perpetu\u00f3 maniobras fraudulentas o colusivas tendientes a perjudicar a su contraparte, sin que, necesariamente, tales conductas tengan connotaci\u00f3n delictiva. <\/p>\n
Se habr\u00e1 incumplido la carga argumentativa cualificada, en punto a la causal en comento, cuando se tilden como sucesos constitutivos de fraude o colusi\u00f3n eventos que, en realidad, fueron expuestos o pudieron haberse discutido durante las instancias, pues de ellos no se predica el ocultamiento exigido por el motivo de revisi\u00f3n en comento. De ah\u00ed que las maniobras colusivas y fraudulentas debieron presentarse por fuera del tr\u00e1mite judicial (y no dentro de \u00e9l), siempre que no hayan sido materia de discusi\u00f3n en el plenario respectivo (SC12559-2014, citada en CSJ SC3955-2019, rad. 2018-02393, 26 sep. 2019). <\/p>\n
Sobre el punto la Sala ha reiterado: <\/p>\n
[S]e contrae a hechos externos al litigio pero con ocurrencia mientras est\u00e1 en curso y con el prop\u00f3sito expreso de torpedearlo, ya sea por desfiguraci\u00f3n u ocultamiento malintencionado de la verdad, sin que se admitan como tales situaciones de insuficiencia en el recaudo de las pruebas o la forma como fueron sopesadas \u00e9stas al proferir la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Se trata de un proceder de cualquiera de los litigantes encaminado a desfigurar el ambiente procesal, en el que debe primar un desempe\u00f1o con lealtad y probidad, lo que precisamente se desatiende con actuaciones defraudatorias en el devenir contencioso a sabiendas de que ri\u00f1en con el debido ejercicio del derecho de acci\u00f3n o defensa, para direccionar un resultado que atente contra el prop\u00f3sito de lograr una \u00abtutela jurisdiccional efectiva\u00bb contemplado en el art\u00edculo 2 ejusdem. (CSJ SC3955-2019, rad. 2018-02393, 26 sep. 2019). <\/p>\n
Aunado a lo anterior, se realiza una narraci\u00f3n de sucesos que sucedieron al momento de dar tr\u00e1mite al laudo arbitral, las cuales a su juicio configuraron maniobras fraudulentas encaminadas a obtener la legitimaci\u00f3n para demandar, puesto que Heon Healt OnLine S.A. suprimi\u00f3 la personalidad jur\u00eddica de la sociedad \u00abSEVEN TECNOLOG\u00cdAS DE LA INFORM\u00c1TICA S.A.\u00bb con el prop\u00f3sito de incrementar su patrimonio benefici\u00e1ndose de la condena impuesta en el laudo arbitral, puesto que, si bien es cierto un socio puede demandar a otro socio, no es posible jur\u00eddicamente que un socio sustituya a la sociedad para realizar un reclamo judicial, puesto que esto solo podr\u00eda hacerlo \u00e9sta en calidad de v\u00edctima. <\/p>\n
Indica que la decisi\u00f3n tomada por el Tribunal Arbitral tiene una gran repercusi\u00f3n en la liquidaci\u00f3n de la sociedad \u00abSEVEN TECNOLOG\u00cdAS DE LA INFORM\u00c1TICA S.A.\u00bb, pese a que \u00e9sta no fue parte en el proceso arbitral, puesto que la condena impuesta en virtud del fraude alegado, qued\u00f3 en manos de la sociedad convocante y no de los acreedores de la sociedad en liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
Manifiesta la recurrente que \u00abSEVEN TECNOLOG\u00cdAS DE LA INFORM\u00c1TICA S.A.\u00bb, estaba en estado de disoluci\u00f3n por lo que solo pod\u00eda ejecutar acciones tendientes a su liquidaci\u00f3n, por lo que la sociedad convocante del laudo arbitral no pod\u00eda promover una acci\u00f3n pretendiendo fingir que la sociedad en liquidaci\u00f3n desarroll\u00f3 a cabalidad su objeto social, manifestando la parte activa que \u00ab[d]esde luego que la objeci\u00f3n a estos argumentos consistir\u00eda en que ellos debieron ser alegados en el proceso, no obstante, se demostrar\u00e1 en el recurso de revisi\u00f3n que la sociedad SEVEN TECNOLOG\u00cdAS DE LA INFORM\u00c1TICA S.A. jam\u00e1s desarrollo del objeto social, no fue siquiera sujeto tributario contribuyente, no cumpli\u00f3 con cargas parafiscales, es decir, s\u00f3lo existi\u00f3 en el papel. Suponer el \u00e9xito de una actividad econ\u00f3mica inexistente, y provocar que un perito dictamine sobre una fantasmal actividad econ\u00f3mica y convencer a los jueces sobre el \u00e9xito de lo que fue un fracaso, es desde luego constitutivo de fraude. Habiendo sido sancionado ese perito protagonista del fraude, su c\u00f3mplice, la convocante HEON no puede retener el bot\u00edn, amparado en ex\u00e9gesis normativas puramente formales. El respeto a la cosa juzgada no puede amparar una supuesta seguridad jur\u00eddica construida con fundamento en el fraude. Por supuesto que \u00e9stos son apenas atisbos de una variada filigrana de otras estrategias que sirvieron de escenario al fraude en el cual quedaron atrapados los propios \u00e1rbitros.\u00bb <\/p>\n
Aunado a lo anterior, arguye la peticionaria que despu\u00e9s que se profiriera el laudo arbitral, encontraron unas actas y documentos con los que se habr\u00eda logrado demostrar la inexistencia de la actividad econ\u00f3mica de la sociedad en liquidaci\u00f3n, informaci\u00f3n que de haber estado al alcance de los \u00e1rbitros hubiese variado la decisi\u00f3n adoptada en el laudo arbitral, puesto que lo indicado por el perito sancionado quedar\u00eda sin sustento al demostrar la absoluta inactividad econ\u00f3mica de dicha sociedad. <\/p>\n
4.2. Con todo, no mostr\u00f3 en concreto cu\u00e1les fueron las maniobras colusorias o fraudulentas de las partes, vale decir, un pacto o acuerdo il\u00edcito de las otras partes procesales que le hubiese causado perjuicios a \u00e9l, que no hubiesen sido alegadas al interior del tr\u00e1mite del proceso arbitral. <\/p>\n
Las afirmaciones suministradas por la sociedad recurrente no muestran los \u00abhechos concretos\u00bb que, seg\u00fan el precepto 357-4 del C\u00f3digo General del Proceso, puedan edificar la causal de revisi\u00f3n implorada, pues no vislumbra que los actos alegados, los cuales a su juicio obedecen a maniobras fraudulentas, hubieran afectado de manera negativa las resultas del mismo, toda vez que, se advierte que las desavenencias alegadas en relaci\u00f3n con la falta de legitimidad en la causa por activa de quien convoc\u00f3 el tramite arbitral, fueron analizadas y resueltas por parte de los \u00e1rbitros al interior del lauto arbitral atacado. <\/p>\n
Tal carencia es opuesta a los presupuestos que esta Corporaci\u00f3n ha decantado en torno a la potencial estructuraci\u00f3n de la causal de revisi\u00f3n establecida en el numeral 6 del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso, para cuyo efecto deben concurrir los siguientes componentes: \u00aba) que exista colusi\u00f3n de las partes o maniobras fraudulentas de una sola de ellas, con entidad suficiente para determinar el pronunciamiento de una sentencia inicua; b) que se le haya causado un perjuicio a un tercero o a la parte recurrente; y, c) que tales circunstancias no hayan podido alegarse en el proceso.\u00bb (SC de 30 de oct. 2007, Rad. 2005-00791-00; reiterada en SC8712-2017, Rad. n\u00b0 11001-02-03-000-2013-02995-00). <\/p>\n
M\u00e1s parece que la recurrente pretende obtener un reexamen de la actuaci\u00f3n, tras no compartir la decisi\u00f3n emitida por el Tribunal de Arbitramento, pero al final las situaciones no se asimilan a presuntos hechos externos al proceso fraguados en perjuicio de la sociedad recurrente, que dejen ver la posible configuraci\u00f3n de una colusi\u00f3n u otra maniobra fraudulenta de las partes, falta que impide tramitar el recurso extraordinario. <\/p>\n
Por lo anterior, a la recurrente le corresponde subsanar la demanda narrando hechos que, de acuerdo con las anteriores consideraciones, se encuadren en las causales invocadas, lo que, de acuerdo con los precedentes citados, es raz\u00f3n suficiente para inadmitir el libelo que pretende sustentar el mecanismo extraordinario. <\/p>\n
5. En tal orden de ideas, por las razones expuestas se inadmitir\u00e1 la demanda con el fin de que, dentro de los cinco d\u00edas siguientes, se cumplan los mencionados requerimientos y se arrime el memorial con que se satisfagan las exigencias legales y sus correspondientes anexos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
1. Inadmitir la demanda de revisi\u00f3n en el proceso de la radicaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Conceder a la parte interesada el t\u00e9rmino legal de cinco (5) d\u00edas para subsanar el libelo, so pena de rechazo. <\/p>\n
3. Recon\u00f3zcase personer\u00eda al abogado Edgardo Villamil Portilla en los t\u00e9rminos del poder judicial conferido. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
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