AC730-2023 (2023-00150-00)<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC730-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-00150-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Se resuelve el recurso de queja interpuesto por Ofelia del Pilar Pineda Pulido, frente al auto de 11 de julio de 2022, a trav\u00e9s del cual la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 D.C., deneg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n formulado contra la sentencia emitida el 17 de junio de 2022, dentro del proceso de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho radicado con el n\u00ba. 11001-31-10-032-02019-00724-01, promovido por Carlos Ignacio D\u00edaz Chaparro contra la recurrente en esta sede. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La parte actora present\u00f3 demanda con el fin de que se declarara la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho que sostuvo con su compa\u00f1era permanente durante el per\u00edodo comprendido entre el mes de diciembre de 1989 y el 8 de octubre de 2019 y, en consecuencia, que se reconociera la sociedad patrimonial de los bienes adquiridos durante ese lapso, con su posterior liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
2.- En sentencia de 9 de junio de 2021, el Juzgado Treinta y Dos de Familia de Bogot\u00e1 D.C., declar\u00f3 la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho entre los compa\u00f1eros permanentes, desde el 31 de diciembre de 1992 hasta el 8 de octubre de 2019, la cual qued\u00f3 disuelta y en estado de liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
3.- Inconforme con la decisi\u00f3n, la se\u00f1ora Ofelia del Pilar Pineda Pulido interpuso recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
4.- En providencia de 17 de junio de 2022, la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 D.C., confirm\u00f3 en su integridad el fallo de primer grado. <\/p>\n
5.- Aunque la demandada formul\u00f3 recurso de casaci\u00f3n, el ad quem lo neg\u00f3 mediante auto de 11 de julio de 2022, al no encontrar acreditado el inter\u00e9s para recurrir. <\/p>\n
Al respecto indic\u00f3 que: \u00ab[e]n el sub lite, no se satisface el requisito del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n, dado que la parte recurrente no aport\u00f3 un dictamen pericial para establecerlo, conforme lo autoriza el art\u00edculo 339 del C.G. del P., y no militan en el expediente elementos de juicio que permitan deducirlo, diferentes al certificado de libertad del inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 50N-20323055, adquirido el 19 de abril de 2012 por OFELIA DEL PILAR PINEDA PULIDO por la suma de $85.000.000 y, el 50% del inmueble identificado con el folio 50N-798963, adquirido el 2 de septiembre de 2003 por OFELIA DEL PILAR PINEDA PULIDO en la suma de $13.000.000, durante la vigencia de la sociedad patrimonial declarada judicialmente\u00bb. <\/p>\n
6.- Contra esta \u00faltima decisi\u00f3n, la recurrente interpuso recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, queja, en el que se\u00f1al\u00f3 que el Tribunal est\u00e1 generando un precedente peligroso y violatorio de derechos fundamentales, al no tener en cuenta que de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 334 del C\u00f3digo General del Proceso, las sentencias que versen sobre el estado civil de las personas no requieren demostrar el justiprecio. <\/p>\n
7.- En providencia de 9 de diciembre de 2022, no repuso el auto y, en su lugar, concedi\u00f3 la queja pedida en subsidio. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 352 del C\u00f3digo General del Proceso, el recurso de queja procede contra el auto que niega la concesi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n; por consiguiente, la competencia de esta Corte se limita a examinar si ese pronunciamiento, ratificado al desatar la reposici\u00f3n, estuvo ajustado a la ley o no. <\/p>\n
2.- Debido al car\u00e1cter restringido y extraordinario de la casaci\u00f3n, este medio solamente procede contra las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores en segunda instancia en: (a) \u00abtoda clase de procesos declarativos\u00bb; (b) \u00ablas acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u00bb y; (c) las proferidas para \u00abliquidar una condena en concreto\u00bb (art\u00edculo 334 \u00eddem). Adem\u00e1s, los asuntos relacionados con el estado civil \u00abs\u00f3lo ser\u00e1n susceptibles\u00bb de dicho mecanismo, cuando versen sobre la \u00abimpugnaci\u00f3n o reclamaci\u00f3n de estado y la declaraci\u00f3n de uniones maritales de hecho\u00bb. <\/p>\n
En armon\u00eda con lo anterior, cuando las pretensiones sean \u00abesencialmente econ\u00f3micas\u00bb, la cuant\u00eda del inter\u00e9s estar\u00e1 demarcada por \u00abel valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente\u00bb, tal como lo exige el canon 338 Ib\u00eddem, determinado por el monto del agravio que la sentencia ocasiona al impugnante. <\/p>\n
Frente a dicho inter\u00e9s, la Sala ha precisado que: <\/p>\n
(\u2026) est\u00e1 supeditado al valor econ\u00f3mico de la relaci\u00f3n jur\u00eddica sustancial concedida o negada en la sentencia; vale decir, a la cuant\u00eda de la afectaci\u00f3n o desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la resoluci\u00f3n que le resulta desfavorable, evaluaci\u00f3n que debe hacerse para el d\u00eda del fallo, aunque, cuando la \u2018sentencia es \u00edntegramente desestimatoria, se determina a partir de lo pretendido en el libelo genitor o su reforma\u2019. Lo anterior significa que, si la sentencia es totalmente desestimatoria de las pretensiones del actor, su inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n estar\u00e1 definido por lo pedido en la demanda; pero, si aquella s\u00f3lo acoge parcialmente lo reclamado por el demandante, la medida del aludido inter\u00e9s estar\u00e1 dada por la desventaja que le deriva la decisi\u00f3n (CSJ CSJ AC 5 de septiembre de 2013, rad. n\u00b0 2013-00288-00, reiterado en AC1852-2021) (negrilla intencional). <\/p>\n
Lo anterior conlleva la necesidad de establecer el aludido monto para recurrir en casaci\u00f3n, a partir del perjuicio que la decisi\u00f3n impugnada le cause al recurrente, atendiendo las singularidades de cada caso en concreto. As\u00ed lo ha sostenido uniformemente la Sala al indicar: <\/p>\n
(…) uno de los aspectos a tener en cuenta para la concesi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, corresponde al monto del perjuicio que la decisi\u00f3n atacada ocasiona al impugnante al momento que [esta] se profiere, para lo cual se debe apreciar la calidad de la parte, los pedimentos de la demanda, las manifestaciones de los oponentes y las dem\u00e1s circunstancias que conlleven a su delimitaci\u00f3n, as\u00ed como las decisiones definitorias, toda vez que las expectativas econ\u00f3micas de los intervinientes var\u00edan de acuerdo con las particularidades que le son propias a cada uno de ellos (CSJ AC, 28 sep. 2012, rad. 2012-00065-01; reiterado en AC1849-2014, 10 abr.). <\/p>\n
3.- Al tratarse de asuntos patrimoniales, el art\u00edculo 339 \u00eddem consagra que, cuando \u00absea necesario fijar el inter\u00e9s econ\u00f3mico afectado con la sentencia, su cuant\u00eda deber\u00e1 establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podr\u00e1 aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre la concesi\u00f3n\u00bb, disposici\u00f3n que contiene una carga para el recurrente, cual es la de acreditar el monto del detrimento que le ocasiona el pronunciamiento al momento de interponer el recurso, salvo que el mismo sea determinable con los elementos obrantes en el expediente, en cuyo caso es labor del funcionario constatarlo. <\/p>\n
4-. En el caso sub judice, conforme se rese\u00f1\u00f3 en precedencia, el demandante promovi\u00f3 el juicio declarativo para obtener las siguientes pretensiones: <\/p>\n
\u00abPRIMERA: DECLARAR LA EXISTENCIA DE LA UNI\u00d3N MARITAL DE HECHO, conformada entre (\u2026) CARLOS IGNACIO D\u00cdAZ CHAPARRO y (\u2026) OFELIA DEL PILAR PINEDA PULIDO, desde el mes de diciembre de 1989 y que finaliz\u00f3 el d\u00eda 8 de octubre de 2019. <\/p>\n
SEGUNDA: Como resultado de la anterior decisi\u00f3n, declarar la consecuente existencia de la sociedad patrimonial y disponer su liquidaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
5-. En el sub lite, el Tribunal consider\u00f3 en auto de 11 de julio de 2022, que el debate propuesto por la se\u00f1ora Ofelia del Pilar Pineda Pulido contra la sentencia de 17 de junio de 2022, no se ciment\u00f3 en el estado civil de la pareja, sino en un aspecto completamente diferente, cual es la divergencia temporal de la mentada uni\u00f3n. <\/p>\n
De hecho, al revisar el expediente y, en particular, los argumentos expuestos por la demandada, resulta evidente que su disentimiento no gravita sobre la existencia de la uni\u00f3n marital [ya que se declar\u00f3 en ambas instancias] y, por ende, de su estado civil, sino sobre el hito temporal que tuvieron en cuenta los juzgadores de ambos niveles para determinar la fecha de inicio de la citada uni\u00f3n. <\/p>\n
6-. Entonces, como el estado civil de las partes qued\u00f3 definido al declarar la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho pero en fechas que, a juicio de la recurrente, no fueron las correctas, lo que busca en realidad es la reducci\u00f3n del tiempo declarado. <\/p>\n
Con ese fundamento, se insiste, la discusi\u00f3n abandon\u00f3 el terreno del estado civil, para pasar llanamente al temporal, tal como se desprende del escrito de sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n en el que se plasm\u00f3: \u00ab(\u2026) solicito muy respetuosamente revocar la sentencia proferida por el [a] quo, y establecer como fecha de UMH desde [j]ulio de 2012 al 17 de marzo de 2018 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Sobre este aspecto la Corporaci\u00f3n, en reiteradas ocasiones, ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00abEn efecto, aunque las pretensiones versan sobre la declaraci\u00f3n de existencia de uni\u00f3n marital de hecho entre los aqu\u00ed litigantes, as\u00ed como el correspondiente surgimiento de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, lo cierto es que el primer t\u00f3pico, esto es, el relacionado con el estado civil, fue reconocido y declarado en el fallo censurado; por lo que el reproche se formula con respecto al tiempo en el cual \u00e9sta se configur\u00f3 (\u2026) <\/p>\n
En reciente caso, que guarda simetr\u00eda con el que concita la atenci\u00f3n de la Sala, explic\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) 5. Puestas as\u00ed las cosas, es n\u00edtido que la posible discusi\u00f3n que en esta sede aspira ventilar el convocado quedar\u00eda confinada meramente a uno de los extremos temporales de la relaci\u00f3n marital, en ning\u00fan caso para desconocer su existencia y el estado civil que engendra, sino apenas como un elemento a tener en cuenta para resolver el verdadero debate de fondo que subsiste, de linaje estrictamente econ\u00f3mico, que no es otro que el atinente a si se configur\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n para obtener la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial, prevista en el art\u00edculo 8\u00ba de la mentada Ley 54 de 1990 cuando pasa \u201cun a\u00f1o, a partir de la separaci\u00f3n f\u00edsica y definitiva de los compa\u00f1eros, del matrimonio con terceros o de la muerte de uno o de ambos compa\u00f1eros\u201d\u00bb (AC6643-2017, 9 oct. 2017, rad. 2012-00036-01)\u00bb (AC797-2019. Casos similares AC1423-2020, AC2016-2020, AC731-2021) (resaltado ajeno). <\/p>\n
\u00abEntonces, si el litigio se restringe a determinar los hitos temporales de la uni\u00f3n marital de hecho, y no su existencia, el agravio causado al impugnante extraordinario con el fallo del tribunal no tiene relaci\u00f3n con la determinaci\u00f3n de su estado civil, sino con las implicaciones patrimoniales que ese estado pudiera conllevar, faceta del petitum que, en puridad, es esencialmente econ\u00f3mica\u00bb (AC2204-2021) (subrayado intencional). <\/p>\n
7-. As\u00ed las cosas, en asuntos como el que ocupa la atenci\u00f3n de este despacho, ha de establecerse \u00abla cuant\u00eda de los bienes que, seg\u00fan el fallo impugnado, integran el patrimonio com\u00fan de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, pero que, de prosperar la impugnaci\u00f3n extraordinaria, pasar\u00edan a ser exclusivamente del convocante\u00bb (AC1423-2020). <\/p>\n
Lo anterior puede efectuarse atendiendo las directrices del art\u00edculo 339 del C\u00f3digo General del Proceso, bien sea por el camino de los elementos de juicio que obren en el expediente ora por la v\u00eda del dictamen pericial, \u00faltimo caso que adem\u00e1s debe responder al criterio de oportunidad en su presentaci\u00f3n1 y de esa forma delimitar, en justa medida, los derechos objeto de discusi\u00f3n y el impacto de la sentencia desfavorable a la casacionista. <\/p>\n
8-. Sobre el particular, de entrada se advierte que al momento de interponer el recurso, la parte interesada omiti\u00f3 acreditar el inter\u00e9s pecuniario en este caso, pues no alleg\u00f3 un dictamen pericial que permitiera determinar los valores de los bienes adquiridos dentro del interregno de la uni\u00f3n pretendida. <\/p>\n
En este punto, es de resaltar que la oportunidad para tal fin venci\u00f3 con la interposici\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n, con el que no se acompa\u00f1\u00f3 ning\u00fan elemento que demostrar\u00e1 tal inter\u00e9s. <\/p>\n
9-. Siguiendo tales premisas y efectuado el an\u00e1lisis correspondiente al acopio probatorio se concluye que, el eventual perjuicio causado con la decisi\u00f3n, no excede los 1.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes que se requieren para la concesi\u00f3n del recurso. <\/p>\n
Al fijar la atenci\u00f3n en los certificados de libertad y tradici\u00f3n de los bienes adquiridos por la pareja en el interregno de tiempo declarado, se observa que el inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula n\u00ba. 50N-20323055 de la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1- Zona Norte, fue adquirido el 19 de abril de 2012 por valor de $85\u00b4000.000.oo y el identificado con el folio n\u00ba. 50N-798963, tuvo como valor de venta el 2 de septiembre de 2003 la suma de $13\u00b4000.000.oo sobre el 50%, por lo que su 100% equival\u00eda para ese momento a $26\u00b4000.000.oo. <\/p>\n
De suerte que, esos valores, ni de lejos, alcanzan los 1.000 s.m.l.m.v. requeridos para acudir en casaci\u00f3n para la data en que se profiri\u00f3 la sentencia cuestionada. Por tal raz\u00f3n, no alcanz\u00f3 el justiprecio para recurrir de la casaci\u00f3n. <\/p>\n
10-. Finalmente, se destaca que no era deber del Tribunal ni de esta Corte, actualizar o determinar motu proprio los valores de los referidos bienes o condenas, pues tal labor reca\u00eda directamente en la interesada, quien tuvo a su alcance la oportunidad procesal para tal fin y no lo hizo. Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que \u00abel recurrente es quien debe satisfacer la carga de demostrar los supuestos necesarios para que el asunto pueda ser objeto de ese control extraordinario, entre ellos la cuant\u00eda requerida para poder acceder a esa v\u00eda\u00bb. (CSJ AC 1146-2021). <\/p>\n
11-. De acuerdo con lo expresado no prospera la queja, sin que haya lugar a condenar por cuanto no aparecen causadas. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve, <\/p>\n
Declarar bien denegado el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Ofelia del Pilar Pineda Pulido contra la sentencia proferida el 17 de junio de 2022, por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 D.C., dentro del proceso verbal de la referencia. <\/p>\n
Devu\u00e9lvase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 AC005-2018, AC4098-202, AC4343-2021, AC5338-2021 <\/p>\n
<\/p>\n
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