AC812-2023 (2023-00744-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada sustanciadora <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-00744-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de exequ\u00e1tur promovida por Diego Juli\u00e1n Hincapi\u00e9 Trujillo. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Se formul\u00f3 petici\u00f3n de exequ\u00e1tur, a trav\u00e9s de la cual se pretende el reconocimiento de efectos en la Rep\u00fablica de Colombia del fallo proferido el 29 de octubre de 2014, por la \u00abCourt of the Fifteenth Judicial Circuit, in and for Palm Beach County, Florida\u00bb (Estados Unidos de Am\u00e9rica). [Archivo Digital: DEMANDA DE EXEQUATUR]. <\/p>\n
2.- En la referida providencia, seg\u00fan lo se\u00f1ala el demandante, se decret\u00f3 el divorcio del matrimonio que contrajo con Deysi Roc\u00edo Camacho Casallas, el 30 de agosto de 2003 en la Parroquia La Ascensi\u00f3n del Se\u00f1or de Bogot\u00e1 D.C., v\u00ednculo registrado en la Notar\u00eda Cincuenta y Tres de esta ciudad. En el escrito inaugural del presente tr\u00e1mite tambi\u00e9n se indic\u00f3 que el motivo por cual se finiquit\u00f3 el lazo fue \u00abmatrimonio irremediablemente roto\u00bb, adem\u00e1s, actualmente \u00abno tienen hijos menores de edad a quienes se les deba suministrar alimentos o regular temas de custodias y cuidados personales\u00bb, ni el veredicto a homologar versa sobre \u00abderechos reales constituidos en bienes que se encontraban en territorio colombiano\u00bb y el decurso se hizo con \u00abla debida citaci\u00f3n y contradicci\u00f3n de las partes\u00bb. [Ib\u00eddem]. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Seg\u00fan lo tiene precisado la jurisprudencia, ninguna providencia dictada por jueces extranjeros puede tener obligatoriedad ni ejecuci\u00f3n forzada en Colombia, a menos que medie la autorizaci\u00f3n del \u00f3rgano judicial colombiano competente, que seg\u00fan el ordenamiento adjetivo es la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
En ese orden, para que una sentencia judicial extranjera surta efectos vinculantes en nuestro pa\u00eds se requiere el cumplimiento de los presupuestos que se reclaman en el orden legal interno, espec\u00edficamente los contenidos en el Cap\u00edtulo I del T\u00edtulo I del Libro V del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
El tr\u00e1mite del exequ\u00e1tur deber\u00e1 ce\u00f1irse, por tanto, a la forma y t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 607 ejusdem, cuyo numeral 2\u00ba prescribe que la demanda deber\u00e1 rechazarse si faltare alguno de los requisitos previstos en los numerales 1\u00ba a 4\u00ba del canon 606. <\/p>\n
Entre los exigidos figura el de que la sentencia extranjera, cuyo exequ\u00e1tur se solicita, \u00abno se oponga a las leyes u otras disposiciones colombianas de orden p\u00fablico, exceptuadas las de procedimiento\u00bb (numeral 2\u00ba \u00cddem) y el de que \u00abse encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen, y se presente en copia debidamente legalizada\u00bb (numeral 3\u00ba Ib\u00eddem) <\/p>\n
Esta \u00faltima exigencia, se acompasa con el contenido del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 607 de la normativa citada, en cuanto previene que \u00ab[c]uando la sentencia o cualquier documento que se aporte no est\u00e9 en castellano, se presentar\u00e1 con la copia del original su traducci\u00f3n en legal forma\u00bb, y de dicha traducci\u00f3n se requiere que sea realizada por \u00abel Ministerio de Relaciones Exteriores, por un int\u00e9rprete oficial o por traductor designado por el juez\u00bb, todo para que, de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 251 del C\u00f3digo General del Proceso, tales documentos puedan apreciarse como prueba. <\/p>\n
2. Sin embargo, contrastadas las piezas documentales aportadas con las premisas legales que se indicaron, se advierte, en primer lugar, que el reclamante no aport\u00f3 la decisi\u00f3n judicial extranjera con la constancia de su ejecutoria, de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen. Lo anterior, por cuanto no se anex\u00f3 la certificaci\u00f3n expedida por la autoridad que emiti\u00f3 el pronunciamiento, en la que se establezca su firmeza. En todo caso, en las piezas aportadas, las cuales valga decir est\u00e1n en idioma ingl\u00e9s, no se halla con claridad la certificaci\u00f3n correspondiente a la ejecutoria del pronunciamiento motivo de exequ\u00e1tur, o que frente al mismo no procede recurso alguno. <\/p>\n
4.- Si no resultara suficiente la ausencia del referido documento para proceder al rechazo que se predica, debe destacarse que se desatendi\u00f3 el contenido del art\u00edculo 251 de la codificaci\u00f3n en comento, seg\u00fan el cual \u00ab[p]ara que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba, se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducci\u00f3n efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un int\u00e9rprete oficial o por traductor designado por el juez\u00bb. <\/p>\n
Afirmase as\u00ed porque, si bien se ados\u00f3 la traducci\u00f3n de la sentencia a convalidar, lo cierto es que \u00e9sta no cumple el requisito legal que viene de mencionarse, pues no hay certeza de que, quien realiz\u00f3 dicha tarea cuente con el reconocimiento oficial para el efecto, calidad que debe ser demostrada con la respectiva Resoluci\u00f3n del Ministerio de Justicia, y la legalizaci\u00f3n de su signatura en cada uno de los instrumentos traducidos, omisiones que impiden tener por legalizada la copia del veredicto rese\u00f1ado. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta, que s\u00f3lo es int\u00e9rprete oficial quien est\u00e9 reconocido como tal por la autoridad correspondiente en Colombia y seg\u00fan la Resoluci\u00f3n 3269 de 14 de junio de 2016, emanada del Ministerio de Relaciones Exteriores, que en el par\u00e1grafo primero del canon 8\u00b0 prev\u00e9 que \u00abSi los documentos de que trata el presente art\u00edculo una vez apostillados requieren de una traducci\u00f3n en idioma diferente al castellano, deber\u00e1n ser traducidos por traductor oficial certificado en Colombia y la firma del traductor oficial debe ser apostillada\u00bb. <\/p>\n
5.- Todo sin contar que, las reproducciones que se allegaron de la providencia objeto de este tr\u00e1mite no se adjuntaron debidamente apostilladas o autenticadas por el c\u00f3nsul o agente diplom\u00e1tico de la Rep\u00fablica de Colombia en dicho pa\u00eds, como lo establece el art\u00edculo 251 del estatuto adjetivo, pues, aunque obra dos apostillas a folios 4 y 11 del archivo digital \u201cCamScanner 02-15-2023 13.42.pdf\u201d, las mismas est\u00e1n el idioma ingl\u00e9s y se desconoce a cu\u00e1les piezas hace referencia. <\/p>\n
6.- Pero si lo anterior fuera poco, no es claro el motivo por el cual los contrayentes decidieron dar por terminada la atadura matrimonial, pues en el escrito incoativo se asegur\u00f3 que fue por \u00abmatrimonio irremediablemente roto\u00bb, sin expresar en cu\u00e1l de las causales de divorcio previstas en el art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil encuadraba ese m\u00f3vil; presupuesto indispensable para realizar el examen de convalidaci\u00f3n, en lo tocante con las disposiciones for\u00e1neas y el orden p\u00fablico patrio, el cual implica, \u00ab(\u2026) la indispensable defensa de esos principios esenciales en los que est\u00e1 cimentado el esquema institucional e ideol\u00f3gico del Estado en aras de salvaguardarlo\u00bb (CSJ SC. Sent. de 8 de jul. de 2013, Rad. 2008-2099-00, criterio reiterado en AC225-2022), y \u00ab(\u2026) se evidencia en asuntos de esta \u00edndole como un mecanismo de defensa de las instituciones patrias impidiendo la grave perturbaci\u00f3n que significar\u00eda la aplicaci\u00f3n de una decisi\u00f3n de un juez (\u2026) extranjero que socava la organizaci\u00f3n social colombiana. De ah\u00ed que en la materia deba estar plenamente clarificado que la sentencia cuyo exequ\u00e1tur se reclama no contrar\u00eda el orden p\u00fablico nacional, ni hiere en forma grave aquellas normas del ordenamiento que son intangibles\u00bb (CSJ SC. Sent. SC-17371 de 18 de dic. de 2014, Rad. 2013-02234-00; reiterado el AC225-2022). <\/p>\n
7.- Por las razones esbozadas, se impone el rechazo de la demanda, tal como lo ordena el art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. Rechazar la demanda de exequ\u00e1tur de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO. No hay lugar a devolver los anexos del libelo, por cuanto fueron allegados en formato digital. Arch\u00edvese la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
<\/p>\n
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AC812-2023 (2023-00744-00) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada sustanciadora Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-00744-00 Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023) Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de exequ\u00e1tur promovida por Diego Juli\u00e1n Hincapi\u00e9 Trujillo. I. ANTECEDENTES 1.- Se formul\u00f3 petici\u00f3n de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71323","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71323","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71323"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71323\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71323"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71323"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71323"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}