AC849-2023 (2006-00294-01)<\/p>\n
<\/p>\n
AC849-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-31-03-013-2006-00294-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Procede el Despacho a resolver el recurso de reposici\u00f3n interpuesto por el apoderado judicial de Salud Total S.A., E.P.S. y Osiris Judith Marenco Guette, contra el auto del pasado 9 de marzo del a\u00f1o en curso dictado en el proceso de la referencia, para lo cual se CONSIDERA: <\/p>\n
1. Mediante el prove\u00eddo ahora cuestionado se neg\u00f3 la solicitud de \u201cAMPLIACI\u00d3N de cuestionario a los peritos\u201d elevada anteriormente por el mismo impugnante (numeral 1\u00ba); se orden\u00f3 que, en firme dicha providencia, la Secretar\u00eda de la Sala libre las comunicaciones necesarias para la realizaci\u00f3n de las pruebas oficiosas ordenadas por la Corte en el fallo de casaci\u00f3n (numeral 2\u00ba); y se corrigi\u00f3 el punto segundo de la parte resolutiva de ese prove\u00eddo, \u201cen el sentido de que la entidad all\u00ed mencionada corresponde al Instituto de Medicina Legal\u201d (numeral 3\u00ba). <\/p>\n
2. El censor, por v\u00eda de reposici\u00f3n, solicit\u00f3: revocar el punto primero de la parte resolutiva del auto cuestionado, a efecto de que se \u201ctramite la prueba de oficio como lo que materialmente es, un dictamen y no un simple informe\u201d; reformar el segundo, para que se disponga que en los oficios que libre la Secretar\u00eda de la Sala, se ordene \u201cal director de las entidades oficiales designe el funcionario o los funcionarios que deben rendir el dictamen\u201d; y se adicione la providencia cuestionada, para precisar que los elementos de juicio de que se trata, est\u00e1n regulados por el C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
El sustento de tales pretensiones se edific\u00f3 sobre los siguientes puntos: <\/p>\n
2.1. En primer t\u00e9rmino, el impugnante, soportado en la opini\u00f3n de un autor nacional sobre la naturaleza de los informes t\u00e9cnicos y en el decreto oficioso contenido en la sentencia de casaci\u00f3n fechada el 15 de febrero de 2021, que reprodujo, asever\u00f3 que es evidente que lo all\u00ed ordenado fueron unos dict\u00e1menes periciales, toda vez que la absoluci\u00f3n de su objeto comporta, para quien se ocupe de ello, emitir su opini\u00f3n sobre lo consultado, experticia que, por tal raz\u00f3n, necesariamente debe ser controvertida mediante objeci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. En segundo lugar, que por lo tanto resulta procedente la designaci\u00f3n de los peritos correspondientes por parte del director de las entidades a quienes se encomend\u00f3 la evacuaci\u00f3n de las referidas probanzas, as\u00ed como la ampliaci\u00f3n del cuestionario que ellos deben absolver. <\/p>\n
2.3. En tercer orden, que como los comentados medios suasorios apuntan a comprobar el nexo de causalidad, debe reflexionarse sobre dicho elemento \u201cen los juicios de responsabilidad\u201d, al tenor de lo expuesto por el autor extranjero citado por el inconforme en el trabajo investigativo que reprodujo in extenso, en aras de garantizar \u201cel debido proceso y el derecho de contradicci\u00f3n en toda su magnificencia\u201d. <\/p>\n
2.4. Y, finalmente, que como la Corte, en el mencionado fallo de 15 de febrero de 2021, no estableci\u00f3 la legislaci\u00f3n procesal civil que reg\u00eda la contradicci\u00f3n de las pruebas que decret\u00f3 y, adicionalmente, en el auto recurrido \u00fanicamente analiz\u00f3 el art\u00edculo 243 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, debe entenderse que en criterio de esta Corporaci\u00f3n dicha normatividad es la aplicable, lo que constituye un error, pues ella \u201cest\u00e1 derogada\u201d, imponi\u00e9ndose hacer actuar el C\u00f3digo General del Proceso y, m\u00e1s exactamente, su art\u00edculo 234, que transcribi\u00f3, toda vez que el canon 625 de la misa obra establece que \u201clas pruebas se rigen por la nueva legislaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
3. Contrastado el sentido y alcance, por una parte, de la providencia recurrida y, por otra, de la reposici\u00f3n interpuesta, se concluye que esta \u00faltima, mirada su genuina esencia, no busca enervar ninguna de las decisiones adoptadas en aqu\u00e9lla, sino que propugna por la redefinici\u00f3n del car\u00e1cter de las pruebas decretadas de oficio por la Sala en la sentencia de casaci\u00f3n que dict\u00f3 en este asunto el 15 de febrero de 2021, para que se las tenga como dict\u00e1menes periciales y, con tal base, de un lado, se ordene a los directores de las entidades a las que se encomend\u00f3 su realizaci\u00f3n, designen los peritos que habr\u00e1n de rendir las experticias y, de otro, se disponga que ellas, por consiguiente, est\u00e1n sometidas al ya citado art\u00edculo 234 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Es ostensible, entonces, que la inconformidad las recurrentes no recay\u00f3, en verdad, sobre las espec\u00edficas determinaciones del auto de que se trata. V\u00e9ase que la negativa a ampliar el cuestionario de los peritos, se mencion\u00f3 muy tangencialmente y como consecuencia de la calificaci\u00f3n que ahora pretende se haga de las pruebas oficiosas como dict\u00e1menes periciales; tambi\u00e9n se observa que la medida de que la Secretar\u00eda libre las comunicaciones para su pr\u00e1ctica, no gener\u00f3 reproche, toda vez que lo que solicit\u00f3 fue la adici\u00f3n para que, en los oficios que se expidan, se ordene a los directores de las entidades a las que se dirijan, designen los correspondientes peritos; y, por \u00faltimo, que la correcci\u00f3n del error involuntario en que se incurri\u00f3 en la sentencia de casaci\u00f3n al nombrar el Instituto de Medicina Legal, no fue en lo m\u00e1s m\u00ednimo considerada. <\/p>\n
4. Siendo ello as\u00ed, surge patente el desatino del recurso que ahora se desata, en la medida que el decreto de pruebas oficiosas fue adoptado en la tantas veces referida sentencia de casaci\u00f3n (y no en el auto recurrido en reposici\u00f3n), la cual \u201cno es revocable ni reformable por el Juez que la pronunci\u00f3\u201d, seg\u00fan el terminante mandato del art\u00edculo 309 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Al respecto, es del caso puntualizar que el car\u00e1cter de esos elementos de convicci\u00f3n qued\u00f3 fijado en el memorado fallo resolutorio del recurso extraordinario aqu\u00ed interpuesto y que el Despacho, en el auto de 9 de marzo \u00faltimo, con el \u00fanico prop\u00f3sito de resolver la solicitud de ampliaci\u00f3n del cuestionario a los peritos que hab\u00eda elevado el censor, recab\u00f3 en que ellos consist\u00edan en unos informes t\u00e9cnicos, raz\u00f3n por la cual no hab\u00eda lugar a acceder al indicado pedimento. <\/p>\n
Queda en claro, entonces, que en el auto objeto de estos razonamientos no se decidi\u00f3 la naturaleza de las comentadas pruebas oficiosas y que, por lo tanto, mal pod\u00eda el recurrente, por la v\u00eda de la reposici\u00f3n, pretender la modificaci\u00f3n de la tipolog\u00eda de esos elementos de juicio. <\/p>\n
Es que si, en gracia de discusi\u00f3n, se accediera a dicho cambio, ello, sin lugar a dudas, comportar\u00eda reformar la sentencia de casaci\u00f3n, alteraci\u00f3n totalmente inaceptable desde cualquier perspectiva que se la mire. <\/p>\n
5. Resta se\u00f1alar que en ning\u00fan error incurri\u00f3 el Despacho, al haber sustentado el auto recurrido en el art\u00edculo 243 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Al respecto, sea lo primero recordar que la Sala, al desatar el recurso de casaci\u00f3n interpuesto en nombre del demandado Andr\u00e9s Felipe Holgu\u00edn Lenis el 23 de noviembre de 2015, dej\u00f3 definido que dicha impugnaci\u00f3n \u201cse definir\u00e1 con referencia a las normas del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pues de acuerdo con los art\u00edculos 624 y 625-5 [del C\u00f3digo General del Proceso], relativos a las reglas que disciplinan el tr\u00e1nsito legislativo, \u2018los recursos interpuestos (\u2026) se regir\u00e1n por las leyes vigentes cuando se interpusieron\u2019\u201d. <\/p>\n
Y lo segundo, poner de presente que, como consecuencia del quiebre de la sentencia de segunda instancia emitida por el Tribunal Superior de Cali, conforme lo resolvi\u00f3 la Corte en la tantas veces citada providencia de 15 de febrero de 2021, el presente asunto litigioso se retrotrajo a esa etapa del proceso, encontr\u00e1ndose pendientes de resoluci\u00f3n los recursos de apelaci\u00f3n que los integrantes del extremo demandado formularon contra la sentencia del a quo. <\/p>\n
Ahora bien, como la interposici\u00f3n de esas impugnaciones verticales se verific\u00f3 los d\u00edas 5 y 6 de febrero de 2015 (fls. 708 a 712, cd. 1), tiempo en el que estaba vigente el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, toda vez que el C\u00f3digo General del Proceso comenz\u00f3 su vigencia el 1\u00ba de febrero de 2016, seg\u00fan el Acuerdo PSAA15-10392 del 1\u00ba de octubre de 2015 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se tiene que la tramitaci\u00f3n de las indicadas apelaciones est\u00e1 sometida al primero de esos estatutos, seg\u00fan la regla ya transcrita del numeral 5\u00ba del art\u00edculo 625 del segundo de ellos. <\/p>\n
En tal virtud, si los informes t\u00e9cnicos ordenados fueron decretados en sede de segunda instancia, como con claridad meridiana lo estableci\u00f3 la Corte en la sentencia de casaci\u00f3n, propio era considerar que ellos estaban, y est\u00e1n, sujetos a las normas del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y, m\u00e1s exactamente, al art\u00edculo 243 de este ordenamiento jur\u00eddico, por lo que la aplicaci\u00f3n que se hizo de este precepto en el auto cuestionado, no luce desacertada. <\/p>\n
5. A\u00f1\u00e1dese, por \u00faltimo, que en este estado del proceso, no cabe ning\u00fan comentario sobre la finalidad de las pruebas dispuestas por la Sala y, mucho menos, sobre la satisfacci\u00f3n o insatisfacci\u00f3n del elemento axiol\u00f3gico de la responsabilidad reclamada correspondiente al nexo de causalidad, por ser cuestiones que conciernen con fondo del debate litigioso, las cuales, por ende, solo podr\u00e1n ser asumidas por la Corte en la sentencia sustitutiva que en su momento habr\u00e1 de proferir, silencio que en nada compromete el debido proceso o el derecho de contradicci\u00f3n que asiste a todos los intervinientes. <\/p>\n
6. Corolario de todo lo expresado, es el rotundo fracaso de la reposici\u00f3n analizada. <\/p>\n
Por m\u00e9rito de lo expuesto, el Despacho RESUELVE: <\/p>\n
NO REPONER el auto de 9 de marzo del a\u00f1o en curso dictado en este asunto, el cual se mantiene sin modificaciones. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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