AC851-2023 (2023-01013-00)<\/p>\n
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AC851-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-01013-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Diecinueve de Familia de Bogot\u00e1, Primero de Familia de Zipaquir\u00e1 y Tercero de Familia de Pereira, para conocer de la solicitud de adjudicaci\u00f3n de apoyo judicial formulada por Norma Constanza Quiceno Duque, Diana Esperanza e Ingrid Constanza Calder\u00f3n Quiceno en favor de Iveth Liliana Calder\u00f3n Quiceno, hija y hermana de las solicitantes, de conformidad con lo previsto en la ley 1996 de 2019 sobre el \u00abr\u00e9gimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad\u00bb. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Previa ocurrencia de los hechos que suscitaron el conflicto de competencia que se resuelve, el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Zipaquir\u00e1, mediante sentencia del 24 de abril de 2014 declar\u00f3 la interdicci\u00f3n definitiva por discapacidad mental absoluta de Iveth Liliana Calder\u00f3n Quiceno, design\u00f3 como guardadora principal a su madre Norma Constanza Quiceno Duque y como guardador suplente a su padre \u00c1lvaro Ernesto Calder\u00f3n Hern\u00e1ndez (Q.E.P.D), a quienes posesion\u00f3 en la misma providencia. <\/p>\n
2. De forma posterior y, a trav\u00e9s de la formulaci\u00f3n de demanda, Diana Esperanza e Ingrid Constanza Calder\u00f3n Quiceno narraron que su padre \u00c1lvaro Ernesto Calder\u00f3n Hern\u00e1ndez falleci\u00f3 en 2021, por lo que desean ser nombradas para \u00abel acompa\u00f1amiento de apoyo judicial\u00bb de su hermana Iveth Liliana, apoyo que consiste en \u00abla comprensi\u00f3n de actos jur\u00eddicos y sus consecuencias, la asistencia en la manifestaci\u00f3n de voluntad y preferencias personales, asistencia para enajenar bienes muebles e inmuebles y manejo del dinero\u00bb de aquella. <\/p>\n
Las solicitantes indicaron que, en principio, en Bogot\u00e1 se encontraba el juzgado competente para conocer del asunto en virtud del domicilio de la persona que requiere el apoyo, de acuerdo con lo establecido en la ley 1996 de 2019. <\/p>\n
3. El Juzgado Diecinueve de Familia de Bogot\u00e1 rechaz\u00f3 la demanda por falta de competencia y orden\u00f3 remitirla al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Zipaquir\u00e1. Justific\u00f3 tal determinaci\u00f3n en el art\u00edculo 56 de la ley 1996 de 2019, seg\u00fan el cual el despacho que declar\u00f3 la interdicci\u00f3n judicial con fundamento en la normatividad anterior deb\u00eda citar a las personas quienes tuvieran sentencia de interdicci\u00f3n, as\u00ed como a los designados curadores o consejeros para evaluar si aquel requiere la adjudicaci\u00f3n de apoyos. <\/p>\n
5. El juzgado de Pereira receptor del expediente descart\u00f3 ser competente para conocer de la solicitud formulada, por cuanto no se trataba de una adjudicaci\u00f3n de apoyos, sino de la revisi\u00f3n de una sentencia de interdicci\u00f3n, la cual debe ser conocida por el mismo juez que la declar\u00f3. Ello se desprende del fuero de atracci\u00f3n pregonado en el art\u00edculo 56 de la ley 1996 de 2019, tesis que ha sido confirmada, se\u00f1ala el juzgador de Pereira, por la Corte Suprema de Justicia en providencias AC2383-2022, AC4493-2022 y AC2773-2022. Es as\u00ed que el primer juez debi\u00f3 requerir de manera previa a los interesados en el proceso para determinar si Iveth Liliana necesitaba los apoyos, y no remitir el expediente, como en \u00faltimas procedi\u00f3. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Habida cuenta que la presente colisi\u00f3n de atribuciones de la misma especialidad jurisdiccional enfrenta juzgados de diferentes distritos judiciales, incumbe a esta Sala de Casaci\u00f3n desatarla como superior funcional com\u00fan de todos, de acuerdo con los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996 modificado por el 7\u00ba de la ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. La ley 1996 de 2019 opt\u00f3 por el modelo social de regulaci\u00f3n de los aspectos atinentes a las personas mayores de edad con discapacidad, pues ya no concibe este tipo de sujetos como improductivos o ajenos al funcionamiento de la sociedad (modelo de prescindencia), ni mucho menos enfermos o demandantes de curaci\u00f3n m\u00e9dica (rehabilitador), sino como personas que pueden servir a la colectividad, al igual que las dem\u00e1s, respet\u00e1ndoseles su diferencia y garantiz\u00e1ndoles sus derechos fundamentales, entre otros, a la dignidad humana, autonom\u00eda, igualdad y libertad. <\/p>\n
Se les concibe como sujetos con derechos, dotados de plenas garant\u00edas, que tienen un rol dentro de la sociedad que debe ser desarrollado, en condiciones de no discriminaci\u00f3n, inclusi\u00f3n y participaci\u00f3n1. <\/p>\n
Esta ley fij\u00f3 como su objeto \u00abestablecer medidas espec\u00edficas para la garant\u00eda del derecho a la capacidad legal plena de las personas con discapacidad, mayores de edad, y al acceso a los apoyos que puedan requerirse para el ejercicio de la misma\u00bb (art\u00edculo 1\u00ba); bajo el entendido que \u00abtodas las personas con discapacidad son sujetos de derecho y obligaciones y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinci\u00f3n alguna e independientemente de si usan o no apoyos para la realizaci\u00f3n de actos jur\u00eddicos\u00bb; resaltando que \u00aben ning\u00fan caso la existencia de una discapacidad podr\u00e1 ser motivo para la restricci\u00f3n de la capacidad de ejercicio de una persona\u00bb (se destac\u00f3 – canon 6\u00ba). <\/p>\n
Para lograr ese prop\u00f3sito derog\u00f3 y modific\u00f3 las normas del r\u00e9gimen anterior que restring\u00edan la referida capacidad plena de ejercicio de las personas mayores con discapacidad (preceptos 57 a 61), para ajustarlas al nuevo paradigma ahora acogido por el legislador. <\/p>\n
Bajo esta novedosa ruta en el \u00e1mbito patrio, atendiendo a la reforma introducida, especialmente la variaci\u00f3n hecha al art\u00edculo 1504 del C\u00f3digo Civil2, la presunci\u00f3n de capacidad fijada en el precepto 1503 ibidem actualmente incluye a los individuos mayores de edad con discapacidad, \u00faltimo canon que ense\u00f1a que \u00ab[t]oda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces\u00bb; con ocasi\u00f3n de ello surge pertinente recordar que desde anta\u00f1o se ha entendido tanto por la jurisprudencia como por la doctrina, que \u00ab[l]a capacidad es la regla general y la incapacidad su excepci\u00f3n\u00bb, de donde la nueva reglamentaci\u00f3n no impone cosa diferente a que, en pro de la autodeterminaci\u00f3n de dichos sujetos, debe presumirse su capacidad de goce y de ejercicio. <\/p>\n
Por ese rumbo, de manera categ\u00f3rica, se elimin\u00f3 la posibilidad de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n de las personas mayores con discapacidad -figuras con las cuales a \u00e9stas se les restring\u00eda, en mayor o menor grado, el ejercicio de su capacidad legal-, prohibiendo ahora no solo la iniciaci\u00f3n de procesos para obtener tales declaraciones sino la exigencia de sentencia que las disponga \u00abpara dar inicio a cualquier tr\u00e1mite p\u00fablico o privado\u00bb (regla 53); sustituyendo aquellas por las que se denominaron \u00abajustes razonables\u00bb y medidas de \u00abapoy[o]\u00bb, resaltando que los referidos sujetos no solo \u00abtienen derecho a realizar actos jur\u00eddicos de manera independiente\u00bb, sino a contar \u00abcon las modificaciones y adaptaciones necesarias para realizar[los]\u00bb (precepto 8\u00ba), as\u00ed como \u00abcon apoyos para la realizaci\u00f3n de los mismos\u00bb (canon 9\u00ba). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, desde la entrada en vigencia de la ley 1996 de 2019 no pueden adelantarse procesos judiciales dirigidos a inhabilitar legalmente a una persona con discapacidad, pues respecto de ellas se consagra la presunci\u00f3n de capacidad a la que se ha hecho referencia. <\/p>\n
3. Por otro lado, con el prop\u00f3sito de que los sujetos mayores de edad con discapacidad puedan ejercer su libertad de autodeterminaci\u00f3n, la ley ha establecido un sistema de apoyos que pueden ser adjudicados de conformidad con las reglas procesales que se explican a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
El art\u00edculo 56 de la mencionada ley 1996, establece instrucciones especiales para los jueces y personas bajo medidas de interdicci\u00f3n e inhabilitaci\u00f3n, que pueden solicitar la revisi\u00f3n de esas decisiones, y as\u00ed mismo, puede el juzgador determinar si se requiere o no la adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos. <\/p>\n
4. Descendiendo al sub examine para resolver el conflicto sometido a conocimiento de la Corte, a la luz de las consideraciones plasmadas, es necesario desentra\u00f1ar el contenido de las pretensiones de las promotoras, con miras a establecer de qu\u00e9 tipo de proceso se trata y cu\u00e1l es la autoridad judicial encargada de resolverlo. <\/p>\n
No hay duda de que las hermanas de Iveth Liliana Calder\u00f3n Quiceno buscan que se le adjudique los apoyos permitidos por la ley 1996 de 2019, no solo porque esa disposici\u00f3n es citada expresamente en la demanda sino porque as\u00ed se desprende de la narraci\u00f3n sobre la incapacidad permanente y el requerimiento de apoyos por causa de la discapacidad mental absoluta que esta padece. <\/p>\n
La solicitud gira en torno a un punto cardinal, cual es la adjudicaci\u00f3n de apoyo judicial para Iveth Liliana, de la cual se desprenden cuatro peticiones y\/o autorizaciones: (I) ayuda para la compresi\u00f3n de actos jur\u00eddicos y sus consecuencias; (II) asistencia en la manifestaci\u00f3n de la voluntad y preferencias personales; (III) asistencia para enajenar bienes muebles e inmuebles y (IV) asistencia para el manejo del dinero. <\/p>\n
En este punto, es claro que la solicitud de apoyos debe ser conocida por el juez que adelant\u00f3 el proceso de interdicci\u00f3n, pues, aunque las demandantes no lo indicaron expresamente, su pretensi\u00f3n implica modificar la interdicci\u00f3n declarada judicialmente en tanto ser\u00eda inviable que, al mismo tiempo, esta persistiera con la nueva adjudicaci\u00f3n de apoyos, que por expreso mandato del art\u00edculo 56 de la ley 1996 de 2016, atribuye la competencia privativa a ese estrado judicial. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que por mandato de este precepto: \u00abEn un plazo no superior a treinta y seis (36) meses contados a partir de la entrada en vigencia del Cap\u00edtulo V de la presente ley, los jueces de familia que hayan adelantado procesos de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n deber\u00e1n citar de oficio a las personas que cuenten con sentencia de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n anterior a la promulgaci\u00f3n de la presente ley, al igual que a las personas designadas como curadores o consejeros, a que comparezcan ante el juzgado para determinar si requieren de la adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos.\u00bb (inciso inicial, resaltado impropio); que es precisamente lo deprecado en la demanda de que se trata. <\/p>\n
Igualmente, resulta necesario destacar que la adjudicaci\u00f3n de apoyos pedida en este libelo podr\u00eda implicar la designaci\u00f3n como apoyo de persona diversa a quien ejerce la curadur\u00eda declarada en el juicio de interdicci\u00f3n, lo que tampoco ser\u00eda v\u00e1lido en tanto la administraci\u00f3n de los bienes del interdicto debe permanecer en cabeza de un solo administrador, por lo menos hasta tanto dicha interdicci\u00f3n sea modificada, prop\u00f3sito previsto, precisamente, en el canon 56 referido. <\/p>\n
Por \u00faltimo, precisa el Despacho que los argumentos del estrado judicial de Zipaquir\u00e1 no ponen en entredicho que sea el competente para conocer de esta nueva causa, en tanto aluden a una alteraci\u00f3n de la competencia, que es cuesti\u00f3n posterior a la asunci\u00f3n del conocimiento del asunto, sin que hubiere remitido la petici\u00f3n de la accionante junto con el proceso de interdicci\u00f3n y sin que esta situaci\u00f3n constituya un argumento v\u00e1lido para abstenerse de dar curso a la solicitud de adjudicaci\u00f3n de apoyos que, it\u00e9rase, realmente enmarca petici\u00f3n de revisi\u00f3n de la interdicci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se enviar\u00e1 el expediente al Juzgado Primero de Familia de Zipaquir\u00e1, para su conocimiento. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, declara que el competente para conocer de la demanda de la referencia es el Juzgado Primero de Familia de Zipaquir\u00e1, al que se le enviar\u00e1 de inmediato el expediente. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta decisi\u00f3n al otro juzgado involucrado en el conflicto, para lo cual se remitir\u00e1 una copia de esta providencia para los fines a que haya lugar. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Cfr. Agustina Palacios, \u00bfModelo rehabilitador o modelo social? La Persona con Discapacidad en el Derecho Espa\u00f1ol. En Eduardo Jim\u00e9nez, Igualdad, No Discriminaci\u00f3n y Discapacidad, Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2006, pp. 207 a 218. <\/p>\n
2\u0002 El texto de la norma, antes de la modificaci\u00f3n introducida con el precepto 57 de la Ley 1996 de 2019, se\u00f1alaba: <\/p>\n
<\/p>\n
\u00abARTICULO 1504. Son absolutamente incapaces las personas con discapacidad mental, los imp\u00faberes y sordomudos, que no pueden darse a entender por escrito. <\/p>\n
<\/p>\n
Sus actos no producen ni a\u00fan obligaciones naturales, y no admiten cauci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
Son tambi\u00e9n incapaces los menores adultos que no han obtenido habilitaci\u00f3n de edad y los disipadores que se hallen bajo interdicci\u00f3n. Pero la incapacidad de estas personas no es absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes. <\/p>\n
<\/p>\n
Adem\u00e1s de estas incapacidades hay otras particulares que consisten en la prohibici\u00f3n que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
<\/p>\n
El nuevo texto, seg\u00fan el referido canon 57 de la Ley 1996 de 2019, es el siguiente: <\/p>\n
<\/p>\n
\u00abArt\u00edculo 1504. Incapacidad absoluta y relativa. Son absolutamente incapaces los imp\u00faberes. Sus actos no producen ni a\u00fan obligaciones naturales, y no admiten cauci\u00f3n. Son tambi\u00e9n incapaces los menores p\u00faberes. Pero la incapacidad de estas personas no es absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes. Adem\u00e1s de estas incapacidades hay otras particulares que consisten en la prohibici\u00f3n que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos\u00bb. <\/p>\n
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