ATC196-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC196-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba11001-02-04-000-2021-00807-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n del fallo de 4 de mayo de 20211, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Claudia Helena D\u00edaz Lozano, en nombre propio y en condici\u00f3n de Gerente Regional Tolima de Saludvida E.P.S. en Liquidaci\u00f3n le instaur\u00f3 al Juzgado S\u00e9ptimo Mixto Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Ibagu\u00e9, extensiva a la Sala Penal del Tribunal Superior de esa misma ciudad, la Polic\u00eda Nacional, el Consejo Superior de la Judicatura \u2013 Oficina de Cobro Coactivo Ibagu\u00e9 y la Superintendencia Nacional de Salud, partes, autoridades y dem\u00e1s intervinientes en el desacato 2010-00209, de no ser porque la magistratura de procedencia carec\u00eda de competencia funcional para dirimir el ruego en primera instancia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La convocante pidi\u00f3 se ordene la inaplicaci\u00f3n de las sanciones que se le impusieron en el ruego arriba referido. <\/p>\n
De los medios de prueba adosados y el escrito inicial se extrae que Mar\u00eda Hortencia Ferreira en nombre de Arledys Ferreira acudi\u00f3 a esta excepcional v\u00eda frente a Saludvida EPS a fin de obtener la autorizaci\u00f3n de servicios y medicamentos para su hija, as\u00ed como el tratamiento de la patolog\u00eda, por ser sujeto de especial protecci\u00f3n; ruego que fue exitoso (31 may. 2010). Ante el incumplimiento, la activante promovi\u00f3 desacato y el juzgado sancion\u00f3 a Claudia Helena D\u00edaz Lozano con dos d\u00edas de arresto y multa de tres salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes (16 sep. 2019), decisi\u00f3n que el Tribunal confirm\u00f3 (22 oct. 2019). Narr\u00f3 que solicit\u00f3 la inaplicaci\u00f3n de las sanciones (20 ene., 22 ene., 28 may. y 29 oct. 2020), por la imposibilidad jur\u00eddica y f\u00e1ctica de cumplir el mandato dado que mediante resoluci\u00f3n 8896 de 10 de octubre de 2019, la Superintendencia Nacional de Salud inhabilit\u00f3 a la EPS para prestar servicios de salud y que Arledys Ferreira desde el 1\u00b0 de febrero de 2020 se halla afiliada a Nueva E.P.S. <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que a la fecha de interposici\u00f3n del auxilio (19 abr. 2021), la unidad judicial acusada no se hab\u00eda pronunciado y desconoci\u00f3 el precedente SU-034 de 2018. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el auxilio porque el juzgado \u00abemiti\u00f3 el auto del 6 de abril de 2021 en el que, tras analizar las manifestaciones expuestas en la solicitud planteada por la demandante, declar\u00f3 que el fallo de tutela del 31 de mayo de 2010 est\u00e1 siendo desacatado y, por ende, mantuvo la sanci\u00f3n impuesta a D\u00cdAZ LOZANO en el incidente de desacato promovido el 2 de septiembre de 2019\u00bb y, adem\u00e1s, \u00abno se puede pretender que el traslado de los afiliados a otras E.P.S \u00abconstituya la facultad de borrar el incumplimiento\u00bb que se gener\u00f3 durante el tiempo en que se encontraba vigente la afiliaci\u00f3n, evadiendo las responsabilidades que tienen las personas encargadas de garantizar el cumplimiento de las ordenes tutelares respald\u00e1ndose en tr\u00e1mites administrativos, que nada puede afectar en la prestaci\u00f3n del servicio de salud y generando con ello inseguridad jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
4. Recurri\u00f3 la promotora e insisti\u00f3 en los argumentos del escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Si bien en el libelo se hizo alusi\u00f3n y se vincul\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 como accionado, visto el escrito inaugural realmente no se le atribuy\u00f3 alguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n transgresora de los derechos fundamentales invocados en la medida en que la supuesta vulneraci\u00f3n se endilg\u00f3 exclusivamente al Juzgado S\u00e9ptimo Mixto Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Ibagu\u00e9 al haberle negado a la promotora la inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n, impuesta en el desacato de la referencia. <\/p>\n
De ah\u00ed que la vinculaci\u00f3n del Tribunal fue aparente y, por consiguiente, deb\u00eda descartarse la competencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal en vista de que \u00aben cuanto no se les atribuya [a los accionados] hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria\u00bb (CSJ ATC7632-2017, CSJ ATC1194-2020), m\u00e1xime, cuando la intervenci\u00f3n de esa magistratura se limit\u00f3 a confirmar la decisi\u00f3n de desacato (22 oct. 2019), por lo tanto no tuvo la oportunidad de intervenir en la petici\u00f3n de inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n sumado a que en el Juzgado S\u00e9ptimo Mixto Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Ibagu\u00e9 es el estrado actual a cuyo cargo se encuentra el control, vigilancia y ejecuci\u00f3n de la sanci\u00f3n impuesta a la convocante. <\/p>\n
En este orden de ideas, conforme previene el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1., numeral 3\u00b0 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 333 de 6 de abril de 2021, seg\u00fan el cual \u00ablas acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb, emerge sin discusi\u00f3n que la asignaci\u00f3n del asunto correspond\u00eda en primera instancia al superior funcional, es decir, a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 por no mediar un motivo para alterar esa atribuci\u00f3n legal. <\/p>\n
En gran s\u00edntesis, evidenciado como est\u00e1 que la magistratura de procedencia era incompetente para decidir el reclamo en primer grado, tambi\u00e9n lo es la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia para desatar la impugnaci\u00f3n, seg\u00fan el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable por remisi\u00f3n del canon 4\u00b0 del decreto 306 de 1992; luego, con fundamento en la previsi\u00f3n del canon 138 del estatuto procesal adjetivo, se declarar\u00e1 la nulidad de la sentencia, conservando validez la actuaci\u00f3n surtida para que la controversia sea definida por el superior funcional del Juzgado S\u00e9ptimo Mixto Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Ibagu\u00e9, esto es, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la capital del Tolima. <\/p>\n
Sobre el particular de a\u00f1eja y pac\u00edfica jurisprudencia la Corte ha puntualizado que, <\/p>\n
[e]l fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992 (criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016, ATC1684-2016, ATC1686-2016, ATC2521-2016, ATC1194-2020, ATC864-2022 y ATC1102-2022). <\/p>\n
Puestas en este modo las cosas se remitir\u00e1n las diligencias a la autoridad que debe rituar el asunto. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley DECLARA la nulidad de la sentencia de primer grado que resolvi\u00f3 la salvaguarda del ep\u00edgrafe haciendo claridad que las dem\u00e1s fases conservan validez, de conformidad con el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16, concordante con el 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Rem\u00edtase el expediente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 para que, previo reparto, se tramite esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los intervinientes y al a quo por el medio m\u00e1s expedito. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Se precisa que, para el tr\u00e1mite de esta impugnaci\u00f3n, la cual concedi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte hasta el 13 de agosto de 2021, este diligenciamiento tan solo arrib\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el 31 de enero del a\u00f1o que avanza. <\/p>\n
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