ATC197-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC197-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-30-000-2022-01405-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de marzo dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la salvaguarda de su garant\u00eda fundamental al trabajo digno, aduciendo la condici\u00f3n de funcionaria judicial de la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
1.1. En sustento narr\u00f3 que est\u00e1 vinculada al cargo en provisionalidad, que pertenece al r\u00e9gimen de vacaciones colectivas y que, mediante Acuerdo 0213 del 18 de julio de 2019, el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander le suspendi\u00f3 el disfrute de las vacaciones de fin de a\u00f1o, para que atendiera unos asuntos. <\/p>\n
1.2. El 20 de octubre de 2022, la gestora solicit\u00f3 al Tribunal accionado el disfrute de las vacaciones suspendidas a partir del 28 de noviembre de esa anualidad, pero se las negaron, porque la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de C\u00facuta no expidi\u00f3 la viabilidad presupuestal necesaria para designar su reemplazo. <\/p>\n
Por lo anterior, pidi\u00f3 que se dispusiera conceder el periodo de vacaciones reclamado. <\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corporaci\u00f3n ampar\u00f3 los derechos de la tutelante y orden\u00f3 al Tribunal convocado conceder las vacaciones solicitadas y a la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional accionada expedir el certificado de disponibilidad presupuestal requerido para el nombramiento de quien la reemplazar\u00eda en sus vacaciones, decisi\u00f3n que fue impugnada por la referida Direcci\u00f3n. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el presente caso, como se anticip\u00f3, se advierte una irregularidad consistente en que la competencia para conocer del asunto en primera instancia correspond\u00eda al Consejo de Estado y no a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, pues la tutelante funge como Juez S\u00e9ptimo Penal del Circuito de C\u00facuta, perteneciente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, por lo cual resulta aplicable lo establecido en el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el inciso 2\u00ba numeral 8\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, a cuyo tenor: <\/p>\n
Cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, y cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n ordinaria… (Se subraya). <\/p>\n
2. Lo expuesto, acorde con la postura definida por esta Sala de Casaci\u00f3n en auto CSJ ATC1097-2022, decisi\u00f3n en la cual, reiterando el precedente vertido en la providencia CSJ ATC420-2022, se precis\u00f3 que toda acci\u00f3n de tutela \u00abque impetren los sujetos calificados en el numeral octavo ibidem -funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria- sin importar contra quien se dirija la queja, deber\u00e1 ser conocida por la jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, lo actuado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo con lo estipulado en el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual resulta aplicable a los juicios de tutela por la remisi\u00f3n expresa del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 19922. Al respecto, ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio (\u2026), la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992 (CSJ ATC1396-2016, reiterado en ATC2521-2016, CSJ ATC1178-2022 y en ATC145-2023, entre otros). <\/p>\n
Adem\u00e1s, en lo concerniente a la potestad para declarar nulidades, a partir de las reglas de reparto, la Sala ha precisado que: <\/p>\n
La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones… (criterio expuesto en CSJ ATC298-2018, reiterado, entre otros, en CSJ ATC472-2018, CSJ ATC145-2023). <\/p>\n
4. Por lo anterior, se insiste, el tr\u00e1mite se encuentra viciado de nulidad, raz\u00f3n por la cual se invalidar\u00e1 la actuaci\u00f3n surtida y se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la presente queja constitucional al Consejo de Estado, dado que el accionado es un Tribunal Superior. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR la nulidad de todo lo actuado en esta acci\u00f3n constitucional por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, a partir del auto admisorio de la demanda, inclusive, sin perjuicio de la validez y eficacia de las pruebas aportadas, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO. ORDENAR que por Secretar\u00eda se remita el expediente al Consejo de Estado, por ser el competente para resolverlo. <\/p>\n
TERCERO. COMUNICAR lo resuelto a la Corporaci\u00f3n que conoci\u00f3 en primera instancia, as\u00ed como a los interesados a trav\u00e9s de medio expedito y librar las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 al Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander. <\/p>\n
2\u0002 Integrado en el art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015. <\/p>\n
<\/p>\n
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