ATC198-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC198-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-02460-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 3 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, que declar\u00f3 improcedente el amparo promovido por Betty Bedoya Benavides contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla y el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de la misma ciudad, si no fuera porque se observa que en la tramitaci\u00f3n de primera instancia se incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afecta lo actuado. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas en el proceso laboral de radicado 08001310500420070004500. <\/p>\n
2. En sustento, narr\u00f3 que, junto con Ana Isabel Rojas de Jaramillo, Leonardo Ruiz de la Hoz y Jairo Guti\u00e9rrez de la Hoz, instauraron una demanda ordinaria laboral contra la Electrificadora del Caribe S.A., para que se les reconociera y pagara una reliquidaci\u00f3n pensional. <\/p>\n
2.1. El 28 de julio de 2008, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla absolvi\u00f3 a la accionada frente a las pretensiones de la se\u00f1ora Bedoya Benavides y accedi\u00f3 a lo pedido por los otros demandantes. La demandada apel\u00f3 la sentencia respecto de lo que le fue desfavorable. <\/p>\n
2.2. El 29 de enero de 2010, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla modific\u00f3 la condena impuesta frente a Jairo Guti\u00e9rrez de la Hoz y confirm\u00f3 en los dem\u00e1s casos objeto de recurso. <\/p>\n
2.3. El 18 de junio de 2010, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla concedi\u00f3 \u00fanicamente el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Electricaribe S.A. E.S.P., en Liquidaci\u00f3n, sobre la condena a favor de los se\u00f1ores Leonardo Ruiz de la Hoz y Jairo Guti\u00e9rrez de la Hoz, y neg\u00f3 el interpuesto por la tutelante, porque no apel\u00f3 el fallo inicial. <\/p>\n
2.4. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencias del 6 de noviembre de 2013, 11 de junio y 12 de noviembre de 2014, aprob\u00f3 las transacciones suscritas por la accionada con los demandantes a los que la condena les fue favorable, raz\u00f3n por la cual en ese proceso no se emiti\u00f3 fallo de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2.5. La gestora reprocha las actuaciones surtidas por el Juzgado y el Tribunal accionados en el juicio laboral de radicado 200700045-00; en particular, frente al estrado de primera instancia cuestiona que no ejerciera sus poderes como director del proceso, para obtener la prueba de pensionada que ech\u00f3 de menos, y que no valorara las evidencias allegadas. Respecto del Tribunal alega que no tuvo en cuenta lo dispuesto en el art\u00edculo 69 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, pues omiti\u00f3 resolver en el grado jurisdiccional de consulta que era procedente. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 dejar sin efectos los fallos emitidos el 18 de junio de 2010 y 28 de julio de 2008 por el Tribunal y el Juzgado accionados. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el presente caso, como se anticip\u00f3, se advierte una irregularidad consistente en que la competencia para conocer el asunto en primera instancia correspond\u00eda a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia y no a la Hom\u00f3loga Penal, acorde con lo reglado en el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 \u2013modificado por el Decreto 333 de 2021-, dado que las \u00abacciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto la Sala de Casaci\u00f3n Laboral no fue accionada, pues la tutela se dirigi\u00f3 y sustent\u00f3 \u00fanicamente frente a las actuaciones del Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla y el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de la misma ciudad, aunado a que aquella tampoco resolvi\u00f3 asunto de fondo alguno en relaci\u00f3n con la tutelante, seg\u00fan lo evidenciado en el proceso y lo referido en el informe rendido en esta sede. <\/p>\n
2. En consecuencia, lo actuado por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte est\u00e1 viciado de nulidad por falta de competencia, de acuerdo con lo estipulado en el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual resulta aplicable a los juicios de tutela por la remisi\u00f3n expresa del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 19921. Al respecto, ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. (CSJ ATC1396-2016, reiterado en ATC2521-2016 y en CSJ ATC1178-2022). <\/p>\n
Adem\u00e1s, en lo concerniente a la potestad para declarar \u00abnulidades\u00bb, a partir de las reglas de reparto, la Sala ha precisado que: <\/p>\n
La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones… (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01; reiterado, entre muchos otros, en ATC472-2018, 15 feb., rad. 2017-01316-01). <\/p>\n
3. Por lo referido, se insiste, el tr\u00e1mite se encuentra viciado de nulidad, raz\u00f3n por la cual se invalidar\u00e1 la actuaci\u00f3n surtida y se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la presente queja constitucional a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, dado que los accionados son la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla y el Juzgado 4 laboral del Circuito de la misma ciudad. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR la nulidad de todo lo actuado en esta acci\u00f3n constitucional por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, a partir del auto admisorio de la demanda, inclusive, sin perjuicio de la validez y eficacia de las pruebas aportadas, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C.G. del P. <\/p>\n
SEGUNDO. ORDENAR que por Secretar\u00eda se remita el expediente a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por ser la competente para resolverlo en primera instancia. <\/p>\n
TERCERO. COMUNICAR lo resuelto a la Sala que conoci\u00f3 en primera instancia, as\u00ed como a los interesados, a trav\u00e9s de medio expedito, y librar las comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Integrado en el art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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