ATC200-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC200-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2023-00026-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente al fallo proferido el 3 de febrero de 2023 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Juan1, quien obra en nombre propio y en representaci\u00f3n de su menor hija, contra el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de esta localidad; si no fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las garant\u00edas a \u00abtener una familia y no ser separada de ella, a una vida libre de violencia, a la protecci\u00f3n y cuidado\u00bb de su menor hija, que dice vulneradas por la sede judicial acusada, por lo que pidi\u00f3 que se revoque \u00abla sentencia\u2026 del 5 de septiembre de 2022 y en su lugar [se dicte] una en derecho\u00bb; se asigne \u00abprovisionalmente la custodia a [\u00e9l] o a [su] familia\u00bb; y que se aparte \u00aba la Juez 7 de Familia del\u2026 proceso\u2026 y [se asigne] un juez imparcial y sin sesgos de g\u00e9nero\u00bb . <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Juan promovi\u00f3 demanda de modificaci\u00f3n de custodia y regulaci\u00f3n de visitas contra Mariana, respecto de su hija Elena. <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia de 4 de agosto de 2020, se modific\u00f3 la referida custodia, en el sentido de establecer que dicha potestad \u00abser\u00eda ejercida de manera compartida\u00bb entre los progenitores; se precis\u00f3, adem\u00e1s, que \u00abel cuidado personal de la menor\u2026 estar\u00eda a cargo de la madre\u00bb, se regularon visitas y se orden\u00f3 \u00abacompa\u00f1amiento terap\u00e9utico familiar de la triada padre-madre-hija\u00bb. <\/p>\n
2.3. Al considerar que dicha determinaci\u00f3n compromet\u00eda sus garant\u00edas fundamentales y las de su hija, Juan promovi\u00f3 una primera acci\u00f3n de tutela, concedi\u00e9ndose el resguardo de los derechos fundamentales de la menor por esta Corporaci\u00f3n, en sede de impugnaci\u00f3n, mediante sentencia del 18 de marzo de 2021 (STC2717-2021), por lo que se orden\u00f3 a la sede judicial acusada \u00abdejar sin efectos la providencia de 4 de agosto de 2020, y en su lugar, emitir un nuevo pronunciamiento conforme a las consideraciones aqu\u00ed expuestas, adoptando las medidas preventivas que estime necesarias en aras de evitar riesgos prohibidos a la menor mencionada\u00bb. <\/p>\n
2.4. Tras dejar sin efectos el referido fallo, la sede judicial accionada decret\u00f3 la pr\u00e1ctica de algunas pruebas y, posteriormente, a trav\u00e9s de sentencia del 5 de septiembre de 2022 (aclarada con prove\u00eddo del 7 de octubre de 2022), neg\u00f3 la modificaci\u00f3n de custodia reclamada, regul\u00f3 visitas y, entre otras determinaciones, orden\u00f3 \u00abacompa\u00f1amiento terap\u00e9utico familiar de la triada padre-madre-hija\u00bb, disponiendo que los costos ser\u00edan asumidos por cada uno de los progenitores y los de la terapia de la menor por partes iguales entre ellos. <\/p>\n
2.5. Al considerar que el despacho judicial accionado incumpli\u00f3 el mandato del juez constitucional, Juan promovi\u00f3 incidente de desacato, que desestim\u00f3 la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, mediante determinaci\u00f3n del 30 de noviembre de 2022. <\/p>\n
2.7. Agreg\u00f3 que el estrado accionado omiti\u00f3 valorar el maltrato del que ha sido v\u00edctima la ni\u00f1a por parte de su progenitora, conforme \u00e9l se lo ha puesto de presente; que \u00abla madre sigui\u00f3 incumpliendo el r\u00e9gimen de visitas al punto de no haber permitido que la ni\u00f1a saliera del pa\u00eds a [visitarlo], ni que se comunicara [con \u00e9l] el d\u00eda 31 de diciembre\u00bb, lo que puso en conocimiento del juzgado, sin que adelantara ninguna actuaci\u00f3n; y que no se acogieron en el fallo criticado \u00ablas directrices internaciones y nacionales que le dio la Corte Suprema de Justicia en su sentencia 2717\/21\u00bb. <\/p>\n
2.8. Tambi\u00e9n destac\u00f3 que el litigi\u00f3 fue decidido \u00absin tener en cuenta la perspectiva de g\u00e9nero, o con una perspectiva errada, discriminando[lo]\u2026 al ver que [tiene] todas las competencias de parentalidad y sin evaluar las de la madre y a pesar de todas las evidencias de maltrato infantil y obstrucci\u00f3n parental por parte de [ella], le asigna la custodia\u00bb. <\/p>\n
3. Admitida la acci\u00f3n, se allegaron las siguientes respuestas: <\/p>\n
3.1. La Procuradur\u00eda 61 judicial II de Bucaramanga manifest\u00f3 que \u00abse atiene a lo que se acredite en el tr\u00e1mite de la presente acci\u00f3n y a la informaci\u00f3n obrante a instancias del Juzgado [criticado]\u00bb. <\/p>\n
3.2. El Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de esa ciudad rindi\u00f3 informe sobre las actuaciones que adelant\u00f3 en el juicio criticado. <\/p>\n
3.3. Mariana (demandada en el proceso criticado) precis\u00f3 que, \u00ab\u2026 [Juan] y su hermana [la] han acusado durante estos m\u00e1s de 4 a\u00f1os de separaci\u00f3n, se tienen muchas verificaciones de derechos en donde [la] dejan a [ella] como total garante de los derechos de [su] hija y siempre se ha demostrado [su] inocencia\u2026\u00bb. Por lo dem\u00e1s, defendi\u00f3 la legalidad del proceso atacado y pidi\u00f3 negar el amparo. <\/p>\n
4. El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo, toda vez que, de un lado, \u00abla inconformidad que se deriva del supuesto incumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Suprema en el marco de la tutela STC2717-2021, debe ser discutida al interior del tr\u00e1mite incidental de desacato\u00bb; y, por otra parte, porque \u00abno se aprecia que los asertos del tutelante, en relaci\u00f3n con la presunta violencia ejercida por la madre en contra de la humanidad de la ni\u00f1a\u2026, est\u00e9n respaldados probatoriamente\u00bb. <\/p>\n
5. La anterior determinaci\u00f3n fue impugnada por la parte accionante, quien insisti\u00f3 en que, en la sentencia cuestionada, se desconocieron \u00ablos aspectos y lineamientos dados por la\u2026 Corte Suprema de Justicia en sentencia de tutela STC2717-2021, para tomar ese nuevo fallo en pro de los derechos de [su] hija\u00bb; y que este ruego resultaba procedente \u00abpor la precariedad en la investigaci\u00f3n y an\u00e1lisis por parte de la falladora del incidente sobre las explicaciones y fundamentos del mismo\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales, enfiladas a cuestionar la valoraci\u00f3n probatoria realizada por el juzgado accionado en el fallo objeto de censura constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Del relato f\u00e1ctico expuesto en el escrito de amparo se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Corporaci\u00f3n para decidir la impugnaci\u00f3n del presente asunto, pues el auxilio constitucional involucra, entre otras actuaciones, la decisi\u00f3n adoptada el 30 de noviembre de la anualidad pasada, a trav\u00e9s del cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga decidi\u00f3 \u00abno aperturar el incidente de desacato\u00bb que promovi\u00f3 Juan, por el supuesto incumplimiento de la orden de amparo que dict\u00f3 esta Corporaci\u00f3n en el fallo de tutela de 18 de marzo de 2021 (STC2717-2021); pues, en sentir del quejoso, su reclamo debi\u00f3 prosperar, por cuanto el juzgado de familia involucrado no acat\u00f3 plenamente el prenotado mandato. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es claro que el reclamo involucra directamente a la prenombrada Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, toda vez que fue dicha sede judicial la que profiri\u00f3 el citado auto de 30 de noviembre de 2022. <\/p>\n
Entonces, comoquiera que la supuesta v\u00eda de hecho en que se incurri\u00f3, seg\u00fan el tutelante, tuvo lugar porque el juzgado convocado no dio estricto cumplimiento al fallo de tutela de 18 de marzo de 2021, queja que desech\u00f3 el mencionado Tribunal en la citada providencia de 30 de noviembre pasado, es evidente que la queja constitucional involucra esta \u00faltima decisi\u00f3n (de 30 de noviembre de 2022), por lo que el referido colegiado deb\u00eda ser vinculado por pasiva, lo que imped\u00eda que resolviera v\u00e1lidamente la salvaguarda, debiendo conocer de la acci\u00f3n de tutela, en primera instancia, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n, conforme a lo previsto en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del decreto 1069 de 20152, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del decreto 333 de 2021, norma vigente al momento de la interposici\u00f3n del resguardo (23 de marzo de 2021). <\/p>\n
En un caso de similares contornos, la Sala dijo que: <\/p>\n
No obstante que la acci\u00f3n va dirigida contra el estrado que conoce del proceso\u2026memorado en primer grado, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta se pronunci\u00f3 en ese asunto \u2026Por ello, no queda duda alguna que los supuestos sobre los cuales se cimienta la reclamaci\u00f3n comprenden tanto al funcionario del circuito como a su superior funcional, en la medida en que \u00e9ste \u00faltimo Cuerpo Colegiado como se dijo tuvo injerencia en el caso ahora debatido al decidir la suerte de la alzada propuesta por la demandante (CSJ ATC, 7 jun 2012, rad. 00066-01; reiterado en ATC438-2015, 7 feb. 2015, rad. 02190-01). <\/p>\n
2. En consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo3, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016; reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
3. Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, recientemente esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01). <\/p>\n
4. En atenci\u00f3n a lo expuesto, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la queja a la Presidencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte, para que sea asignada de acuerdo con el reparto, por ser la competente para resolver, en primera instancia, el reclamo constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Bucaramanga en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, remitir de inmediato el expediente a la Secretar\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n para que efect\u00fae el reparto respectivo, tendiente a que se imprima el tr\u00e1mite de rigor. <\/p>\n
3. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 De conformidad con el art\u00edculo primero del acuerdo 034 de 2021 de esta Sala, se remplazar\u00e1n los nombres de los intervinientes, para proteger la intimidad de la menor involucrada en el presente asunto. <\/p>\n
2\u0002 \u00abArt\u00edculo 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acci\u00f3n de tutela. Para los efectos previstos en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: (\u2026) 2. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u2026\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 \u00abart\u00edculo 16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicci\u00f3n y la competencia. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3] <\/p>\n
1 <\/p>\n
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