ATC227-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC227-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-21-000-2023-10009-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo dictado el 16 de febrero de 2023 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 HLD S.A.S. contra la Alcald\u00eda Mayor de Cartagena D.T. – Secretar\u00eda del Interior y Convivencia Ciudadana; si no fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en una causal de nulidad que invalida lo actuado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La sociedad accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su garant\u00eda fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerada por la autoridad accionada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abdej[ar] sin efecto la resoluci\u00f3n n\u00b0 8210 de fecha 22 de diciembre de 2022 proferida por la Secretar\u00eda del Interior y Convivencia Ciudadana de la Alcald\u00eda Mayor de Cartagena de Indias\u2026\u00bb y, en consecuencia, se le ordene \u00abque tramite nuevamente el recurso de apelaci\u00f3n dentro del proceso policivo por comportamientos contrarios a la posesi\u00f3n y mera tenencia del bien inmueble identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria 060-133630\u2026 promovido por la sociedad HLD S.A.S. contra Carlos Mario Cuesta\u2026 y adopte una decisi\u00f3n conforme a las pruebas que realmente demuestran la posesi\u00f3n y los dem\u00e1s elementos para conceder el amparo policivo a la sociedad HLD S.A.S., tal como est\u00e1 plenamente probado\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. HLD S.A.S. formul\u00f3 querella policiva contra Carlos Cuestas P\u00e9rez, con el fin de declarar la \u00abperturbaci\u00f3n ilegal de la posesi\u00f3n\u00bb del inmueble ubicado en la \u00abcalle 10 n\u00b0 58-40 de Cartagena, con folio inmobiliario n\u00b0 060-133630-94\u00bb; asunto cuyo conocimiento asumi\u00f3 la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda Comuna 11, quien el 5 de febrero de 2021 accedi\u00f3 a las pretensiones, declarando a Carlos Mario infractor; determinaci\u00f3n que, el sede de alzada, el 22 de diciembre de 2022 la Secretar\u00eda del Interior y Convivencia Ciudadana de la Alcald\u00eda Mayor de Cartagena, con resoluci\u00f3n n\u00b0 8210 revoc\u00f3 la decisi\u00f3n referida a espacio. <\/p>\n
2.2. Por v\u00eda de tutela se duele la quejosa, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, en su sentir, existi\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria, toda vez que, \u00abel peritazgo fue ordenado y sustentado procesalmente por quien lo practic\u00f3 y mejor a\u00fan, complementado por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi que evidencia con certeza que el verdadero y \u00fanico bien perturbado era el de la sociedad HLD S.A.S. y que se identifica catastralmente con el n\u00b0 01-10-0519-0062-000 y no el n\u00b0 01-10-0519-0174-000 porque no existe; como si fuere poco, el apoderado de la parte querellante dentro del tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n, aport\u00f3 mediante memorial de fecha 19 de julio de 2022, para un mejor proveer y aduciendo pruebas sobreviniente en segunda instancia, esto es, copia de la Resoluci\u00f3n n\u00b0 1300 de fecha 22 de febrero de 2022, proferida por la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n de Cartagena, dentro del proceso de violaci\u00f3n de normas urban\u00edsticas, la cual conten\u00eda todo un vasto sustento probatorio, entre ellos, un informe t\u00e9cnico pericial por parte de la Oficina de Control Urbano de Cartagena que ratific\u00f3 que no existe ning\u00fan predio identificado con la referencia catastral 01-10-00519-0174-000\u00bb. <\/p>\n
2.3. Agreg\u00f3 que no se realiz\u00f3 una debida valoraci\u00f3n de los medios suasorios de las documentales, testimoniales, la inspecci\u00f3n judicial, el peritaje que daba cuenta de la identificaci\u00f3n del predio y de los actos infractores de convocado. <\/p>\n
3. La acci\u00f3n constitucional inicialmente fue radicada ante los juzgados de peque\u00f1as causas, siendo asignada por reparto al Cuarto de Peque\u00f1as Causas Laborales de Cartagena, despacho que, por auto de 1\u00b0 de febrero de 2023 concluy\u00f3 que la competencia para conocer del asunto le correspond\u00eda al Tribunal, tras considerar que si bien la acci\u00f3n de tutela se formula contra la Secretar\u00eda del Interior y Convivencia \u2013 Alcald\u00eda Mayor de Cartagena, lo cierto es que lo censurado es un proceso policivo que conoce una autoridad administrativa con funciones jurisdiccionales, por lo que, conforme al numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 del decreto 333 de 2021 le corresponde el conocimiento a los Tribunales Judiciales. <\/p>\n
4. El 7 de febrero de 2023 la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras de Cartagena asumi\u00f3 el conocimiento del asunto, tras advertir que, la acci\u00f3n de tutela se dirige contra autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, por lo que, conforme el numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 del decreto 333 de 2021, el asunto es de su competencia; agotado el tr\u00e1mite de rigor, el 16 de febrero siguiente neg\u00f3 la salvaguarda rogada, al considerar que no se evidencia defecto f\u00e1ctico en la resoluci\u00f3n n\u00b0 8210 de 22 de diciembre de 2022 criticada. <\/p>\n
5. La anterior decisi\u00f3n la impugn\u00f3 la parte actora, insistiendo en los argumentos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Del relato f\u00e1ctico contenido en el escrito de amparo, as\u00ed como de los medios de convicci\u00f3n aportados con el mismo, se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Corte para decidir la impugnaci\u00f3n del presente asunto, en tanto que la queja aqu\u00ed pregonada compromete, exclusivamente, a la Alcald\u00eda Mayor de Cartagena D.T. y C \u2013 Secretar\u00eda del Interior y Convivencia Ciudadana, pues la sociedad gestora pretende se deje sin efecto la resoluci\u00f3n n\u00b0 8210 de 22 de diciembre de 2022 que resolvi\u00f3, en sede de alzada, la querella policiva por \u00abcomportamiento contrarios a la posesi\u00f3n y mera tenencia de bienes inmuebles\u00bb, que la gestora promovi\u00f3 contra Carlos Mario Cuesta P\u00e9rez. <\/p>\n
En efecto, el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1., numeral 2\u00b0, del decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 del 333 de 2021, en su numeral 1\u00b0 prev\u00e9 que \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales\u00bb (se resalt\u00f3). <\/p>\n
Ahora, la anterior consideraci\u00f3n no sufre ninguna alteraci\u00f3n, bajo el entendimiento dado por el Juzgado Cuarto de Peque\u00f1as Causas Laborales de Cartagena y la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras de esa ciudad, en punto a que lo censurado est\u00e1 dirigido a una autoridad administrativa en ejercicio de funciones jurisdiccionales, por lo que lo aplicable ser\u00eda el numeral 10\u00b0 \u00eddem, esto es, que \u00ablas acciones de tutela dirigidas contra autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, conforme al art\u00edculo 116 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, si bien se ha indicado que la querella policiva que resuelve, entre otros, asuntos sobre posesi\u00f3n y mera tenencia de bienes inmuebles, es autoridad administrativa en ejercicio de funciones jurisdiccionales, lo cierto es que no por ello puede aplicarse la referida regla del numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 del decreto 333 de 2021, pues, atendiendo el canon 116 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, ello refiere a aquellas autoridades que por mandato legal, sustituyen al servidor judicial con facultad de resolver y juzgar, con efecto de cosa juzgada; empero, el mentado tr\u00e1mite policivo, el cual est\u00e1 sometido a las disposiciones de la ley 1801 de 2016, tiene como finalidad mantener el statu quo, mientras el juez ordinario define sobre la titularidad de dichas garant\u00edas, de ah\u00ed que, el conocimiento supralegal no pueda ser de los Tribunales Superiores. <\/p>\n
Al respecto, en un asunto con id\u00e9ntica situaci\u00f3n f\u00e1ctica, en punto a la competencia para conocer de acciones de tutela promovidas contra autoridades administrativas que tramitan querellas policivas en funciones jurisdiccionales, esta Sala ha dicho que: <\/p>\n
De las circunstancias narradas se desprende la falta de competencia de la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio para desatar la salvaguarda deprecada el 28 de enero de 2020, contra Alcald\u00eda Municipal de Granada (Meta). <\/p>\n
2. Lo expresado, dada la naturaleza del \u00f3rgano atacado y lo preceptuado en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1983 de 2017, vigente desde el 30 de noviembre de 2017, pues esta demanda constitucional debi\u00f3 ser definida, en primer grado, por los jueces municipales de Granada. <\/p>\n
En efecto, la entidad accionada conoci\u00f3, en segunda instancia, de una querella policiva por perturbaci\u00f3n a la posesi\u00f3n y, si bien en tales eventos las \u201cautoridades de polic\u00eda ejercen funciones jurisdiccionales\u201d, no por eso puede afirmarse que la pauta a aplicar en casos como estos, sea la del numeral 10\u00b0, art\u00edculo 1\u00b0 del mencionado Decreto1, pues la Alcald\u00eda contin\u00faa siendo un ente de car\u00e1cter administrativo que no ha desplazado en sus competencias a los funcionarios judiciales, criterio aplicado por esta Sala en asuntos asimilables. <\/p>\n
Sobre lo discurrido, recientemente se advirti\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Esto, porque cuando aqu\u00e9l establece que \u00ablas acciones de tutela dirigidas contra autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, conforme al art\u00edculo 116 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial\u00bb, hace alusi\u00f3n a aquellas que por mandato de la ley sustituyen al servidor judicial que estar\u00eda facultado para dilucidar el respectivo asunto, de suerte que por virtud de esa asignaci\u00f3n puede juzgar la controversia con \u00abautoridad de cosa juzgada\u00bb. (subraya fuera de texto). <\/p>\n
As\u00ed se desprende del art\u00edculo 116 de la Carta Pol\u00edtica al precisar, que \u00ab[l]a Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, los Tribunales y los Jueces, administran Justicia. Tambi\u00e9n lo hace la Justicia Penal Militar\u00bb, pero \u00ab[e]excepcionalmente la ley podr\u00e1 atribuir funci\u00f3n jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas\u00bb (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
En ese mismo prove\u00eddo, se expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Y no es esa la situaci\u00f3n de las \u00abautoridades de polic\u00eda\u00bb, pues en tales escenarios no definen el conflicto sometido a su conocimiento, sino que en t\u00e9rminos del art\u00edculo 80 de la ley 1801 de 2016 <\/p>\n
\u201cEl amparo de la posesi\u00f3n, la mera tenencia y las servidumbres, es una medida de car\u00e1cter precario y provisional, de efecto inmediato, cuya \u00fanica finalidad, es mantener el statu quo mientras el juez ordinario competente decide definitivamente sobre la titularidad de los derechos reales en controversia y las indemnizaciones correspondientes, si a ellas hubiere lugar. (subraya fuera de texto). <\/p>\n
\u201cPor eso, la Corte Constitucional al analizar la exequibilidad de los art\u00edculos 125 y 127 del Decreto 1355 de 1970, antiguo C\u00f3digo de Polic\u00eda, relativos a la perturbaci\u00f3n de la posesi\u00f3n o tenencia, estim\u00f3 que dicho \u00abprocedimiento de polic\u00eda\u00bb no afecta la funci\u00f3n jurisdiccional en cabeza de los \u00abjueces\u00bb. En tal virtud, puntualiz\u00f3 que <\/p>\n
\u2018[E]n consecuencia, la configuraci\u00f3n procedimental adoptada por el legislador extraordinario en los art\u00edculos 125 y 127 del Decreto 1355 de 1970, es compatible con los par\u00e1metros constitucionales a un debido proceso (Art. 29 C.P.), que es seguido por la autoridad administrativa competente (Art. 28 C.P.), sin afectar la funci\u00f3n jurisdiccional atribuida a los jueces de la Rep\u00fablica por virtud del art\u00edculo 116 o a la conferida a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n por el art\u00edculo 250 de la Constituci\u00f3n. En esta medida, no existe vulneraci\u00f3n alguna del efecto de la cosa juzgada o del derecho de acudir a un juez natural, ya que el procedimiento que adelanta la polic\u00eda se reduce a la pr\u00e1ctica de mecanismos preventivos, de car\u00e1cter temporal y con el exclusivo prop\u00f3sito de restablecer transitoriamente una situaci\u00f3n alterada por un hecho de perturbaci\u00f3n (sentencia C-813\/14) (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. (CSJ, ATC433-2020; 18 jun. 2020; rad. 2020-00006-01). <\/p>\n
<\/p>\n
2. En consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala Civil Especializada de Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo con el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Al respecto se ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo4, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992.5 (Criterio expuesto en CSJ, ATC1396-2016, reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
De otro lado, en lo ata\u00f1edero a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb, esta Corte precis\u00f3 que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01). <\/p>\n
<\/p>\n
3. En atenci\u00f3n a lo expuesto, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la queja al Juzgado Cuarto de Peque\u00f1as Causas Laborales de Cartagena, por ser a quien le correspondi\u00f3 inicialmente el reparto, y conforme a lo relatado es el competente para resolver, en primera instancia, el reclamo constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
Primero. Declarar la nulidad de todo lo actuado por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Segundo. En consecuencia, se dispone la remisi\u00f3n del expediente al Juzgado Cuarto de Peque\u00f1as Causas Laborales de Cartagena, para que asuma el conocimiento del asunto, en primera instancia. <\/p>\n
Tercero. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u201c(\u2026) 10. Las acciones de tutela dirigidas contra autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, conforme al art\u00edculo 116 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial (\u2026)\u201d <\/p>\n
2\u0002 CSJ. ATC 1502-2018, aprobado en Sala de 25 de julio de 2018, Rad. 50001-22-13-000-2018-00136-01, <\/p>\n
3\u0002 \u00cddem. <\/p>\n
4\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
5\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el Art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del decreto n.\u00ba 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 (\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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ATC227-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente ATC227-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-21-000-2023-10009-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil veintitr\u00e9s). Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Ser\u00eda del caso decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo dictado el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71382","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71382","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71382"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71382\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71382"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71382"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71382"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}