ATC283-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC283-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-13-000-2023-00048-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
1. Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente al fallo del 28 de febrero de 2023 que dict\u00f3 la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Oscar Hernando Lizarazo Castellanos contra el Juzgado Tercero de Familia de esa localidad; si no fuera por la circunstancia que pasa a explicarse. <\/p>\n
2. Del diligenciamiento de este juicio surge notorio que el a quo incurri\u00f3 en la causal de nulidad prevista en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los asuntos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 19921. <\/p>\n
Ello porque no vislumbra la Corte que se haya enterado del inicio del presente tr\u00e1mite constitucional a Roxana Lizarazo Ramos, a efectos de que pudiera ejercer su derecho de defensa y contradicci\u00f3n, a pesar de que tiene un inter\u00e9s directo en la causa, habida cuenta que funge como demandante en el tr\u00e1mite objeto de reproche constitucional y, adem\u00e1s, porque su notificaci\u00f3n fue ordenada por el a quo, a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 16 de febrero de 2023, tarea que comision\u00f3 al juzgado accionado, sin que se verifique se haya cumplido. <\/p>\n
Y es que, para efectos de surtir el acto de enteramiento echado de menos, el juzgado accionado se limit\u00f3 a remitir una comunicaci\u00f3n a una multiplicidad de direcciones electr\u00f3nicas2, mediante la que se permit\u00eda \u00abnotificar\u2026 y correr traslado de la acci\u00f3n de tutela que se anex[a]\u00bb, sin que se pueda concluir que alguna de ellas corresponda a Roxana Lizarazo Ramos. <\/p>\n
A lo anterior se suma, que a esas mismas direcciones electr\u00f3nicas (sin precisar a quien correspond\u00edan), se remitieron las misivas con las que el fallador de primera instancia notific\u00f3 a los intervinientes del fallo dictado en primera instancia, as\u00ed como tambi\u00e9n del auto que concedi\u00f3 la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
3. El art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 establece que las actuaciones que se surten dentro del rito constitucional deben ser notificadas \u00aba las partes o intervinientes\u00bb, con lo que se garantiza la citaci\u00f3n al tr\u00e1mite de los terceros determinados o determinables con inter\u00e9s leg\u00edtimo en \u00e9l, con el fin de que puedan ejercer su defensa y, por ende, se d\u00e9 cumplimiento al debido proceso. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte Constitucional enfatizando la necesidad de enterar de la iniciaci\u00f3n de la tramitaci\u00f3n a todos los directamente interesados en sus resultas, ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
La Corte ha hecho \u00e9nfasis en que lo ideal es la notificaci\u00f3n personal y en que a falta de ella y trat\u00e1ndose de la presentaci\u00f3n de una solicitud de tutela se proceda a informar a las partes e interesados \u201cpor edicto publicado en un diario de amplia circulaci\u00f3n, por carta, por telegrama, fijando en la casa de habitaci\u00f3n del notificado un aviso, etc.\u201d, y adicionalmente, vali\u00e9ndose de una radiodifusora e incluso, como recurso \u00faltimo, mediante la designaci\u00f3n de un curador\u2026 (CC A-018\/05). <\/p>\n
4. La anterior circunstancia, como ya se dijo, genera la nulidad de todo lo actuado a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 producirse la notificaci\u00f3n de Roxana Lizarazo Ramos, toda vez que al omitirla le fue impedido intervenir en ese particular escenario, exponer sus argumentos y, de ser el caso, aportar las pruebas que pretendiera hacer valer. <\/p>\n
5. Por lo consignado, se dispondr\u00e1 devolver el expediente a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, para que adelante nuevamente la actuaci\u00f3n que por esta v\u00eda se declara nula. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, el Despacho resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela del ep\u00edgrafe, a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 producirse la notificaci\u00f3n de Roxana Lizarazo Ramos, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, se ordena regresar el expediente al Tribunal de origen para que renueve la actuaci\u00f3n, conforme a lo anotado en la parte motiva de este prove\u00eddo. <\/p>\n
3. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
Notif\u00edquese y C\u00famplase, <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el Art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del Decreto Nro. 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 (\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2\u0002\u00abOscar Hernando Lizarazo Castellanos; Gridys Ramos; tegen.alexissuescun713@casur.gov.co; cooembargos@casur.gov; atencionalciudadanopqrs@casur.gov; Secretaria Sala Civil – N. De Santander – C\u00facuta\u00bb. <\/p>\n
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