ATC302-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC302-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-03939-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide el incidente de desacato formulado por Ricardo Antonio Garv\u00edn Berm\u00fadez contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 – Magistrados Clara In\u00e9s M\u00e1rquez Bulla (Ponente), Aida Victoria Lozano Rico y Flor Margoth Gonz\u00e1lez Fl\u00f3rez-. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El 7 de diciembre de 2017 el actor (promitente comprador) ajust\u00f3 promesa de compraventa con Jorge Milc\u00edades Lizarazo Ram\u00edrez (promitente vendedor), respecto de tres (3) inmuebles (apartamento, dep\u00f3sito y garaje), en la que se fij\u00f3, como precio, la suma de $309.500.000, y el d\u00eda 28 siguiente, como fecha para la firma de la escritura p\u00fablica respectiva. Aqu\u00e9l afirm\u00f3 que pag\u00f3 oportunamente el precio y, llegada esa \u00faltima data, su antagonista s\u00f3lo le transfiri\u00f3 dos de esos bienes (el apartamento y el dep\u00f3sito), por cuanto, para ese d\u00eda, sobre el restante (el parqueadero) reca\u00eda una cautela que lo ten\u00eda fuera del comercio. <\/p>\n
2. Ante esa situaci\u00f3n, sumado a que, adujo, los otros dos inmuebles no le fueron materialmente entregados, formul\u00f3 juicio de resoluci\u00f3n de contrato contra su promitente vendedor, quien lo reconvino aduciendo su incumplimiento. <\/p>\n
2.1. El 11 de marzo de 2022 el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 dict\u00f3 sentencia, en la que desestim\u00f3 \u00ablas pretensiones de la demanda inicial\u00bb; hall\u00f3 infundada \u00abla excepci\u00f3n denominada \u201cINEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROMITENTE COMPRADOR\u201d, propuesta por el demandado en reconvenci\u00f3n\u00bb; declar\u00f3 que el actor \u00abincumpli\u00f3 el contrato de promesa de compraventa, respecto del garaje\u2026, y el contrato de compraventa contenido en la Escritura P\u00fablica No. 4.710 del 28 de diciembre de 2017 de la Notar\u00eda 44 de Bogot\u00e1\u00bb; y lo conden\u00f3 a pagar $60.000.000 a su contraparte, por la cl\u00e1usula penal pactada. <\/p>\n
2.2. Ese veredicto, previa acci\u00f3n de tutela, el 28 de octubre de 2022 lo confirm\u00f3 el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 al concluir, en esencia, que aunque se acredit\u00f3 el pago del precio por parte del promitente comprador, lo cierto es que tambi\u00e9n se demostr\u00f3 que a \u00e9ste se entregaron el apartamento y el dep\u00f3sito, y que \u00e9l incumpli\u00f3 porque no se acredit\u00f3 la \u00abdeshonra atribuida al intimado, relacionada con que no levant\u00f3 la escritura de enajenaci\u00f3n del parqueadero\u2026, pues pese a que no se arrim\u00f3 la minuta contentiva de tal negocio, lo cierto es que las facturas FES-61504 y FES-61505 del 9 de marzo de 2018, expedidas por la Notar\u00eda 44 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, respaldan que Jorge Milc\u00edades Lizarazo Ram\u00edrez sufrag\u00f3 los gastos de protocolizaci\u00f3n de una venta a favor de Ricardo Garv\u00edn Berm\u00fadez\u00bb, con posterioridad a la fecha pactada en la promesa, con la anuencia del reclamante. <\/p>\n
3. El ahora incidentante acudi\u00f3, entonces, a la acci\u00f3n de tutela, criticando que el referido ad-quem incurri\u00f3 en defectos f\u00e1ctico y de violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n porque, dejando de lado el estudio riguroso del material suasorio, parti\u00f3 de \u00abindicios infundados\u00bb, comoquiera que, en lo medular, dio por sentada la entrega del apartamento y del dep\u00f3sito con apoyo en el interrogatorio de parte de su antagonista y el testimonio de Katy Mosquera, a pesar de su evidente contradicci\u00f3n en cuanto a los supuestos de tiempo, modo y lugar en que ello ocurri\u00f3; as\u00ed mismo, le otorg\u00f3 un valor probatorio que no ten\u00eda \u00aba un papel (factura) para respaldar el indicio de un inexistente traspaso del garaje, el cual a la fecha NO SE HA TITULADO a [su] favor[,] ni tampoco\u2026 le orden\u00f3 al Demandado\u2026 cumplir dicha obligaci\u00f3n\u00bb, la que no se satisfizo en la fecha establecida para la escrituraci\u00f3n (28 de diciembre de 2017) ni en la data fijada para su entrega real y material (4 de enero de 2018). <\/p>\n
Enfatiz\u00f3 que el sentenciador acusado dej\u00f3 de pronunciarse \u00absobre la entrega f\u00edsica de los bienes legalmente adquiridos\u2026 e ignor[\u00f3] el traspaso del garaje, y como consecuencia\u2026[,] [lo] expropia del garaje\u00bb que ciertamente pag\u00f3. <\/p>\n
4. El 23 de noviembre de 2022 esta Colegiatura concedi\u00f3 el amparo solicitado (STC15803-2022), orden\u00f3 \u00aba la Sala Civil del Tribunal Superior\u2026 de Bogot\u00e1 que\u2026, tras dejar sin valor ni efecto la sentencia que profiri\u00f3 el 28 de octubre de 2022\u00bb, adoptara \u00abuna nueva decisi\u00f3n en la cual resuelva el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por el demandante contra aquel veredicto, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de [ese] fallo\u00bb. <\/p>\n
Para arribar a esa conclusi\u00f3n, en lo medular, se consider\u00f3 que, al margen de las otras alegaciones del accionante y las consideraciones del Tribunal frente al particular, lo cierto era que le asist\u00eda raz\u00f3n al primero en punto al errado alcance que el sentenciador ad-quem dio a las versiones de las partes y a las facturas emitidas por la Notar\u00eda el 9 de marzo de 2018, para dar por sentado que los contratantes convinieron que la transferencia del parqueadero se diera con posterioridad a la fecha pactada en la promesa de compraventa, misma que no perdi\u00f3 vigencia en tanto que el otorgamiento de la escritura p\u00fablica respecto del apartamento y el dep\u00f3sito no constitu\u00eda la satisfacci\u00f3n plena del contrato prometido, de donde lo cierto era que, acorde con lo sostenido jurisprudencialmente, cualquier modificaci\u00f3n al contrato de promesa debi\u00f3 satisfacer los presupuestos establecidos en el art\u00edculo 1611 del C\u00f3digo Civil, especialmente, el referente a constar por escrito, y como en el caso no se efectu\u00f3 estipulaci\u00f3n de tal tipo respecto a la supuesta modificaci\u00f3n de la fecha para el traspaso del parqueadero, lo cierto es que el incumplimiento de la parte vendedora no fue desvirtuado, pues qued\u00f3 claramente evidenciado que ello no se produjo en la fecha pactada para la escrituraci\u00f3n, de donde result\u00f3 desacertado concluir que el accionante fue quien deshonr\u00f3 el contrato. <\/p>\n
Todo lo anterior con apoyo en los precedentes sobre la materia, espec\u00edficamente de cara al contrato de promesa, su necesaria consolidaci\u00f3n por escrito y la inviabilidad de su modificaci\u00f3n de forma verbal (CSJ SC, 18 nov. 1991; SC17214-2014, 16 sep., rad. 2004-00457-01; y SC2221-2020, 13 jul., rad. 2016-00192). <\/p>\n
Esa determinaci\u00f3n la confirm\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n (STL127-2023, 18 feb.) y el asunto est\u00e1 pendiente de selecci\u00f3n para la eventual revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional, donde se radic\u00f3 el pasado 6 de marzo. <\/p>\n
5. En cumplimiento del mentado fallo de tutela, el 12 de diciembre de 2022, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 dict\u00f3 sentencia de segunda instancia en el reprochado juicio declarativo, en la que, nuevamente, confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n del Juzgado a-quo, al concluir, en lo medular, que \u00abel gravamen existente sobre uno de los tres inmuebles prometidos en venta que impidi\u00f3 su enajenaci\u00f3n en la fecha concertada en el convenio preparatorio, aunque constituye una deshonra de una de las obligaciones adquiridas por el promitente vendedor, no tiene la entidad suficiente para calificar de grave la insatisfacci\u00f3n\u00bb, para lo cual rese\u00f1\u00f3 fincarse en precedentes de esta Corte en cuanto a que, en asuntos como el tratado, de cara a la viabilidad de la resoluci\u00f3n contractual, \u00abla desatenci\u00f3n negocial no puede ser nimia, sino tener la entidad suficiente para destruir el contrato\u00bb (SC, 11 sep. 1984; SC, 18 dic. 2009, rad. 1996-09616; SC4902-2019; SC5569-2019; SC5312-2021; y SC1690-2022, 2 jun., rad. 2017-00111-02). <\/p>\n
6. El incidentante reclam\u00f3 el acatamiento aduciendo que, \u00aben contrav\u00eda de lo ordenado por [esta] Corte\u2026 en el fallo de tutela STC15803-2022\u2026, el Tribunal Accionado\u2026 vuelve a proferir sentencia de segunda instancia\u2026 CONFIRMANDO nuevamente la sentencia del Juzgado\u2026, conden\u00e1ndo[lo] nuevamente a pagar el valor de la cl\u00e1usula penal de los 60 millones y[,] adem\u00e1s, le aumenta dos millones de pesos a las agencias en derecho, es decir, ya no 3\u2026 sino 5\u2026 por concepto de agencias en derecho\u00bb, \u00abya no basada en indicios, sino que le da un alcance diferente, incongruente y evasivo, ampar\u00e1ndose en una supuesta l\u00ednea jurisprudencial que desatiende no solo la orden\u2026 sino que mantiene el DEFECTO FACTICO, confirmatorio de la V\u00cdA DE HECHO, inmanente en todo el proceso desde su inicio, por no analizar y valorar, en debida forma, las pruebas obrantes en el plenario\u00bb, pasando por alto el incumplimiento contractual de su antagonista, en contraposici\u00f3n con su observancia cabal de sus obligaciones, reiterando que el comportamiento de aqu\u00e9l acreditaba su intenci\u00f3n de honrar lo pactado porque, insisti\u00f3, seg\u00fan las versiones del mismo, su testigo y una comunicaci\u00f3n dirigida al conjunto residencial dentro del cual se encuentran los inmuebles, \u00e9stos s\u00ed le fueron entregados. <\/p>\n
6.1. Esta Corte, previo requerimiento al Tribunal que soport\u00f3 el reclam\u00f3 tutelar seguido bajo el radicado del ep\u00edgrafe, por auto del pasado 16 de febrero dispuso tramitar el incidente previsto en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, surtir el traslado de rigor a los funcionarios de tal sede judicial, y en prove\u00eddo del 1\u00ba de marzo siguiente tuvo como pruebas la totalidad de los documentos allegados a la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
6.2. En oportunidad, la Magistrada ponente de la Colegiatura convocada -M\u00e1rquez Bulla- se\u00f1al\u00f3 que con la sentencia que dict\u00f3 el 12 de diciembre \u00faltimo \u00abdio cabal cumplimiento a la decisi\u00f3n STC 15803\u2026, en la medida que en aquel veredicto se acataron los razonamientos contenidos en el mandato tutelar, en especial, respecto al contrato de promesa de compraventa, con soporte en el cual se entabl\u00f3 la acci\u00f3n resolutoria, motivo por el que no se estructura el desacato alegado\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que atendiendo el pronunciamiento tutelar, determin\u00f3 que \u00abGarv\u00edn Berm\u00fadez[,] por haber satisfecho sus deberes prestacionales\u00bb, estaba \u00abhabilitado para demandar la resoluci\u00f3n de la convenci\u00f3n preparatoria, la cual continu\u00f3 vigente, ya que\u2026 los extremos negociales no convinieron, por escrito, conforme correspond\u00eda, que el traspaso de dicho bien [se refiere al parqueadero] pod\u00eda hacerse con posterioridad a la fecha pactada\u00bb, lo que \u00abcondujo a variar las consideraciones que sirvieron de fundamento para adoptar la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
No obstante, destac\u00f3 que \u00abel sentido del pronunciamiento se mantuvo, por cuanto, pese al incumplimiento del convocado en la demanda principal -promitente vendedor- en enajenar los tres inmuebles en la data convenida, el mismo no conduce inexorablemente al \u00e9xito de la aspiraci\u00f3n resolutoria contemplada en el art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil, en tanto tal desatenci\u00f3n contractual no tiene la entidad suficiente para destruir el contrato, si en cuenta se tiene que el gravamen que impidi\u00f3 el traspaso del parqueadero es una situaci\u00f3n salvable, pues una vez levantado el mismo, su propietario se avino, de buena fe, a venerar el negocio, ejecutando las gestiones pendientes para materializar tal acto; adem\u00e1s en principio se advirti\u00f3 un cierto grado de laxitud por parte de Ricardo Garv\u00edn, que denota su inter\u00e9s por conservar el convenio, dado que firm\u00f3 sin reparo la escritura que protocoliz\u00f3 la venta de la vivienda y la bodega, dejando pendiente lo correspondiente al garaje. Por dem\u00e1s, tal circunstancia no incidi\u00f3 seria y gravemente en la econom\u00eda de la relaci\u00f3n contractual, toda vez que, ya se hab\u00eda consumado el pago de los bienes, as\u00ed como la correlativa entrega de ellos a su adquirente\u00bb; todo ello en concordancia \u00abcon lo pregonado en m\u00e1s de tres decisiones de la Alta Corporaci\u00f3n que, por ende, constituyen doctrina probable y deben acatarse de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 7\u00b0 del C\u00f3digo General del Proceso, las cuales promulgan, la improcedencia de la acci\u00f3n resolutoria, con el fin de preservar el contrato ante la deshonra nimia de un compromiso convencional, entre las que se destacan a saber, la SC de 11 de septiembre 1984, 18 de diciembre del 2009, SC4902-2019, SC5569-2019 y SC5312-2021\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que tampoco era \u00abdable predicar la infracci\u00f3n del veredicto de tutela, por confirmar el pronunciamiento de primer grado que impuso el pago de una penalidad al promotor del libelo principal, fijar un monto por agencias en derecho en [esa] Sede, as\u00ed como por omitir referirse al cumplimiento del traspaso y la entrega de los bienes negociados, cuando en la providencia constitucional nada se debati\u00f3 sobre tales t\u00f3picos que impusiera una resoluci\u00f3n diferente. Adem\u00e1s, la inconformidad relativa a la cl\u00e1usula penal ni siquiera fue formulada como reparo frente a la providencia dictada por la Funcionaria a quo y, por lo tanto, tampoco se sustent\u00f3 ante esta instancia; situaci\u00f3n que imped\u00eda su estudio al zanjar la alzada\u00bb. <\/p>\n
6.3. De otro lado, la Magistrada Gonz\u00e1lez Fl\u00f3rez, tambi\u00e9n integrante de la Sala de Decisi\u00f3n que emiti\u00f3 la sentencia de remplazo, manifest\u00f3 que desde el pasado 1\u00ba de febrero dej\u00f3 de hacer parte de la misma, acorde con \u00abel acuerdo (sic) noveno del Acuerdo No. PCSJA17-10715 del Consejo Superior de la Judicatura\u00bb, por lo que deprec\u00f3 \u00ab[su] desvinculaci\u00f3n del incidente de desacato de la referencia, comoquiera que en la actualidad no est[\u00e1] llamada a intervenir en los asuntos propios del proceso civil a cargo de la Hom\u00f3loga M\u00e1rquez Bulla\u00bb. <\/p>\n
6.4. Jorge Milc\u00edades Lizarazo Ram\u00edrez, en concreto, se\u00f1al\u00f3 que \u00abel Tribunal Superior de Bogot\u00e1 no est\u00e1 obligado a acoger la sentencia de tutela proferida por la Corte Suprema de Justicia\u00bb, porque es \u00abmanifiestamente equivocada y desconoce la realidad de los hechos\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, \u00abla sanci\u00f3n por desacato ser\u00e1 impuesta por el mismo juez\u00bb que profiri\u00f3 la orden, mediante tr\u00e1mite incidental, por lo que: <\/p>\n
\u2026no existe duda de que la competencia para resolver el incidente propuesto est\u00e1 radicada en cabeza del mismo juzgador o sentenciador que resolvi\u00f3 la tutela a favor de su promotor, salvedad hecha de las \u00f3rdenes de protecci\u00f3n impartidas con ocasi\u00f3n de la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo denegatorio del amparo, porque en tal caso, la resoluci\u00f3n de la actuaci\u00f3n incidental corresponde al juzgador de la primera instancia (CSJ ATC, 13 jun. 2012, rad. 2011-02468-04). <\/p>\n
2. Adicionalmente, se ha dicho que la orden dictada en el \u00e1mbito de la acci\u00f3n de tutela, adem\u00e1s de estar revestida del car\u00e1cter imperativo que le da su condici\u00f3n de decisi\u00f3n judicial, tiene una relevancia especial al estar ligada con la salvaguarda de garant\u00edas de primer orden. Al respecto se ha expuesto que: <\/p>\n
\u2026no s\u00f3lo goza de la fuerza vinculante propia de toda decisi\u00f3n judicial, sino que, al encontrar fundamento directo en la Carta Pol\u00edtica y estar consagrada aqu\u00e9lla de modo espec\u00edfico para la guarda y protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de rango constitucional, se reclama la aplicaci\u00f3n urgente e integral de lo ordenado, comprometiendo a partir de su notificaci\u00f3n, la responsabilidad del sujeto pasivo de ese mandato judicial, por lo que est\u00e1 obligado a su cumplimiento\u2026 (Ib\u00eddem). <\/p>\n
Igualmente, por su especial connotaci\u00f3n, al juez que conoce del desacato no le es permitido analizar nuevamente los t\u00f3picos que fueron objeto de debate en el tr\u00e1mite constitucional, pues de aceptarse tal proceder revivir\u00eda una controversia concluida. Es por ello que \u00absu actuaci\u00f3n se encuentra delimitada por la parte resolutiva de la decisi\u00f3n que se acusa incumplida, limitaci\u00f3n con la que, entonces, le corresponde constatar los aspectos relacionados con el destinatario de la orden de protecci\u00f3n, su contenido y el t\u00e9rmino otorgado para su cumplimiento\u00bb (\u00cddem). <\/p>\n
En el examen inicial, cumple al juzgador verificar no solo el aspecto objetivo, traducido en constatar el acatamiento del fallo de tutela, sino tambi\u00e9n el factor subjetivo, toda vez que la conducta censurada corresponde a la que proviene de una actitud consciente y voluntaria de parte de quien deb\u00eda cumplir el mandato judicial. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, conviene precisar que no es posible en este escenario fijar una postura sobre el litigio como si se tratara de una extensi\u00f3n del proceso, habida cuenta de que ello escapa a la finalidad del presente tr\u00e1mite, cuyo objeto consiste principalmente en verificar si la autoridad destinataria de la orden de tutela cumpli\u00f3 o no con sus designios. <\/p>\n
3. Con el prop\u00f3sito de establecer si en el sub examine la sede judicial convocada atendi\u00f3 la orden constitucional, comoquiera que el alcance de la protecci\u00f3n brindada constituye la base para ello, es preciso remitirse a la sentencia que otorg\u00f3 el amparo. <\/p>\n
En ese veredicto se orden\u00f3 a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 que, \u00abdentro de los diez (10) d\u00edas siguientes al recibo del expediente contentivo del juicio fustigado, tras dejar sin valor ni efecto la sentencia que profiri\u00f3 el 28 de octubre de 2022, junto con las determinaciones que de ella dependan, en el juicio declarativo incoado por el accionante contra Jorge Milc\u00edades Lizarazo Ram\u00edrez (radicado 11001-31-03-019-2019-00195), proceda a adoptar una nueva decisi\u00f3n en la cual resuelva el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por el demandante contra aquel veredicto, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de [ese] fallo\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, al hallar, con apoyo en los precedentes de la Sala sobre la materia tratada (CSJ SC, 18 nov. 1991; SC17214-2014, 16 sep., rad. 2004-00457-01; y SC2221-2020, 13 jul., rad. 2016-00192), que el Tribunal cuestionado: <\/p>\n
\u2026incurri\u00f3 en el defecto probatorio enrostrado, comoquiera que, al margen de las otras alegaciones del accionante y las consideraciones de esa Corporaci\u00f3n frente al particular, lo cierto es que al primero le asiste raz\u00f3n en punto al errado alcance que el \u00faltimo dio a las versiones de las partes y a las facturas emitidas por la Notar\u00eda el 9 de marzo de 2018, para dar por sentado que ellos convinieron que la transferencia del parqueadero se diera con posterioridad a la fecha pactada en la promesa de compraventa, misma que no perdi\u00f3 vigencia en tanto que el otorgamiento de la escritura p\u00fablica respecto del apartamento y el dep\u00f3sito no implic\u00f3 la satisfacci\u00f3n plena del contrato prometido. <\/p>\n
En otras palabras, en el caso concreto lo pactado en la promesa de compraventa subsisti\u00f3 a pesar del otorgamiento del referido instrumento p\u00fablico, al no existir \u00abperfecta coincidencia entre ambos negocios jur\u00eddicos\u00bb, porque mientras que en la primera se acord\u00f3 la futura transferencia de tres (3) inmuebles, en el segundo, al celebrar el contrato prometido, s\u00f3lo se materializ\u00f3 el traspaso de dos (2); lo que facult\u00f3 al actor para demandar su resoluci\u00f3n, m\u00e1xime cuando fue tema pac\u00edfico la satisfacci\u00f3n de sus obligaciones contractuales, en cuanto al pago del precio total fijado en el convenio preparatorio y la comparecencia a la Notar\u00eda en la fecha y hora acordadas. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, lo cierto es que, acorde con lo sostenido jurisprudencialmente, cualquier modificaci\u00f3n al contrato de promesa debi\u00f3 satisfacer los presupuestos establecidos en el art\u00edculo 1611 del C\u00f3digo Civil, especialmente, el referente a constar por escrito, y como en el caso de marras no se efectu\u00f3 estipulaci\u00f3n de tal tipo respecto al supuesto acuerdo en torno a la variaci\u00f3n de la fecha para el traspaso del parqueadero, lo cierto es que el incumplimiento de la parte vendedora no fue desvirtuado, al contrario, qued\u00f3 claramente evidenciado que tal acto no se produjo en la data pactada para la escrituraci\u00f3n, de donde result\u00f3 desacertado concluir que el accionante fue quien deshonr\u00f3 el contrato preparatorio. <\/p>\n
De esta manera, es claro que, ante la falta de acreditaci\u00f3n de modificaci\u00f3n o adici\u00f3n v\u00e1lida -por escrito- del contrato de promesa, el an\u00e1lisis del cumplimiento de las obligaciones de las partes debi\u00f3 restringirse a las estipulaciones contenidas en \u00e9sta, mismas que, por dem\u00e1s, ambos juzgadores hallaron satisfechas por parte del promitente comprador. <\/p>\n
3.5. En ese orden, atendiendo a tales circunstancias, es incuestionable que el ad-quem accionado, al dictar su decisi\u00f3n, incurri\u00f3 en patente defecto f\u00e1ctico, con alcance sustancial, al erradamente dar por acreditada la modificaci\u00f3n de los t\u00e9rminos de la promesa sin prueba alguna de su estipulaci\u00f3n por escrito, como lo impon\u00eda el art\u00edculo 1611 del C\u00f3digo Civil, en concordancia con los pronunciamientos jurisprudenciales examinados, \u00faltimos que de manera categ\u00f3rica descartan la validez de su pacto verbal, al margen de la supuesta anuencia de los contratantes al respecto (se destac\u00f3 – CSJ STC15803-2022, 23 nov.). <\/p>\n
Fallo constitucional que, como se anunci\u00f3, ratific\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n al concluir, en concreto, que: <\/p>\n
\u2026los argumentos vertidos por el Tribunal fueron insuficientes frente al errado alcance que dio a las versiones de las partes y a las facturas emitidas por la Notar\u00eda 44 de c\u00edrculo de Bogot\u00e1 el 9 de marzo de 2018, al dar por sentado que las partes convinieron que la transferencia del parqueadero se diera con posterioridad a la fecha pactada en la promesa de compraventa, misma que no perdi\u00f3 vigencia porque el otorgamiento de la escritura p\u00fablica respecto del apartamento y el dep\u00f3sito no implic\u00f3 la satisfacci\u00f3n plena del contrato prometido. <\/p>\n
Ello es as\u00ed, toda vez que como bien lo explic\u00f3 Sala Civil de la Corte, cualquier modificaci\u00f3n al contrato de promesa debi\u00f3 satisfacer los presupuestos del art\u00edculo 1611 del C\u00f3digo Civil, esto es, \u00abel referente a constar por escrito\u00bb, y como quiera que respecto al acuerdo a la variaci\u00f3n de la fecha para el traspaso del parqueadero no se pact\u00f3, se tiene que el incumplimiento de la parte vendedora no fue desvirtuado, lo cual evidenci\u00f3 que tal acto no se produjo en la data pactada para la escrituraci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual, no era acertado atribuirle al tutelista el incumplimiento contractual. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, bastar\u00e1 con afirmar que los reproches formulados por el impugnante no son de recibo, en la medida que el Tribunal erradamente tuvo por acreditada la modificaci\u00f3n de los t\u00e9rminos de la promesa sin prueba alguna de su estipulaci\u00f3n por escrito, como lo impone el art\u00edculo 1611 del C\u00f3digo Civil (se destac\u00f3 – CSJ STL127-2023, 18 en.). <\/p>\n
4. A partir de lo dispuesto en el mencionado fallo tutelar es que esta Corte debe cotejar si el proceder del Tribunal encartado se sujet\u00f3 a sus lineamientos, pues de encontrar una respuesta positiva, como es apenas natural, decaer\u00eda la aspiraci\u00f3n del promotor del presente incidente. <\/p>\n
De tal labor, prontamente se observa que a pesar de que dicha c\u00e9lula judicial dej\u00f3 sin valor ni efecto su sentencia de 28 de octubre de 2022 y, en su lugar, dict\u00f3 una nueva el 12 de diciembre siguiente, en \u00e9sta no acat\u00f3 de forma cabal lo determinado por la jurisdicci\u00f3n constitucional en el caso concreto, esto es, lo referente a que result\u00f3 desacertado concluir que el ac\u00e1 incidentante deshonr\u00f3 el contrato de promesa de compraventa, en tanto que aunque es cierto que en la nueva providencia ados\u00f3 algunas consideraciones al veredicto primigenio para anotar que, contrario a lo definido inicialmente, no se present\u00f3 modificaci\u00f3n v\u00e1lida alguna a tal convenio, volvi\u00f3 a confirmar la decisi\u00f3n del Juzgado a-quo pero, en esta ocasi\u00f3n, concentrando su argumentaci\u00f3n en que la \u00abentidad y trascendencia\u00bb de la desatenci\u00f3n del promitente vendedor -falta de transferencia del parqueadero- se mostraba insuficiente para la viabilidad de la acci\u00f3n resolutoria propuesta por el ac\u00e1 incidentante -promitente comprador-, manteniendo el fallo adverso a \u00e9ste, en el que se le conden\u00f3 a pagar la cl\u00e1usula penal; con lo cual rest\u00f3 cualquier efecto pr\u00e1ctico a la primera conclusi\u00f3n, pues, t\u00e1citamente, termin\u00f3 aprobando la condena impuesta al actor como supuesto contratante incumplido, careciendo de congruencia tal proceder, desatendi\u00e9ndose el principio general de no contradicci\u00f3n, referente a que \u00abnada puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido\u00bb. <\/p>\n
Y es que al margen de que se presentara reparo concreto alguno frente al pago de la cl\u00e1usula penal a la que se conden\u00f3 al demandante inicial por parte del sentenciador a-quo, lo cierto es que ello eman\u00f3 de la prosperidad de la demanda de reconvenci\u00f3n por el supuesto incumplimiento del promitente comprador -que, como qued\u00f3 visto, fue inexistente-, de donde, el ataque expreso frente a su supuesta desatenci\u00f3n de cara a las obligaciones derivadas del convenio, muy a pesar de las consideraciones del Tribunal recriminado, l\u00f3gicamente impon\u00eda que su decisi\u00f3n se extendiera sobre tal aspecto -l\u00e9ase, condena por la cl\u00e1usula penal-, dada su correlaci\u00f3n \u00edntima; por ende, el veredicto no pod\u00eda ser el mismo que se le orden\u00f3 dejar sin efecto, so pena de incurrir en incongruencia, como finalmente ocurri\u00f3. <\/p>\n
A ello debe agregarse que las situaciones f\u00e1cticas analizadas por esta Corte en los pronunciamientos con los que el Tribunal atacado dijo amparar su motivaci\u00f3n de cara al novedoso argumento de la \u00abentidad y trascendencia\u00bb del incumplimiento para el buen suceso de la acci\u00f3n resolutoria (SC, 11 sep. 1984; SC, 18 dic. 2009, rad. 1996-09616; SC4902-2019; SC5569-2019; SC5312-2021 y SC1690-2022, 2 jun., rad. 2017-00111-02), no guardan simetr\u00eda con los hechos auscultados en esta oportunidad, resultando discutible su aplicabilidad al caso concreto si en cuenta se tiene que ninguno de ellos recay\u00f3, espec\u00edficamente, sobre un \u00abcontrato de promesa de compraventa\u00bb, supuesto cardinal que denota las particularidades del asunto ahora auscultado y, precisamente, impuso concluir que ninguna modificaci\u00f3n v\u00e1lida se efectu\u00f3 a tal pacto preparatorio, con todas las consecuencias jur\u00eddicas que de all\u00ed se derivan. <\/p>\n
5. Como atr\u00e1s se dijera, se presenta una separaci\u00f3n entre lo ordenado en la providencia que concedi\u00f3 el resguardo supralegal y el actuar del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, pues si bien, en esta ocasi\u00f3n, ese cuerpo colegiado reconoci\u00f3 que no se acredit\u00f3 la realizaci\u00f3n de modificaci\u00f3n v\u00e1lida alguna a la promesa y, por ende, el actor la honr\u00f3 al haber pagado el precio a tiempo y comparecido a la Notar\u00eda en la data establecida para el otorgamiento del instrumento p\u00fablico respectivo; lo cierto es que, contradictoriamente y sin justificaci\u00f3n leg\u00edtima, termin\u00f3 ratificando \u00edntegramente el veredicto del Juzgado a-quo, en el que aqu\u00e9l fue condenado al pago de la cl\u00e1usula penal, como contratante incumplido, al acogerse la demanda de reconvenci\u00f3n. <\/p>\n
6. No obstante, para esta Corte es claro que no est\u00e1 acreditado en este tr\u00e1mite un proceder consciente y voluntario del incidentado con miras a desatender la orden constitucional en comento, lo que se advierte es, m\u00e1s bien, una interpretaci\u00f3n errada de lo consignado en el fallo de tutela, y como de anta\u00f1o lo ha sostenido la Sala, la sanci\u00f3n por desacato es de orden subjetivo y para su procedencia se debe advertir la intencionalidad de desconocer lo dispuesto por el juez de tutela, lo que, al margen del cumplimiento de lo dispuesto por la jurisdicci\u00f3n constitucional, hace inviable que se d\u00e9 la imposici\u00f3n de sanciones. <\/p>\n
Frente a una situaci\u00f3n con alguna simetr\u00eda a la que aqu\u00ed se presenta, dej\u00f3 dicho la Sala que: <\/p>\n
…Analizada dicha providencia advierte la Corte que esta no refleja lo que hab\u00eda previsto la Corporaci\u00f3n en el fallo de tutela, sin embargo, tal diferencia no traduce ese prop\u00f3sito de apartarse del mismo, sino al parecer es el resultado de una percepci\u00f3n equivocada del sentido del amparo concedido y subsecuentemente de la orden emitida. No encuentra la Sala manifestaciones dirigidas, de manera clara y contundente, a desviar la protecci\u00f3n concedida, o sea, no hay esa actitud subjetiva de desconocer la determinaci\u00f3n procedente de esta Corporaci\u00f3n, y en esas circunstancias, sin duda alguna, es palpable que no hay lugar a sanci\u00f3n por desacato (CSJ ATC, 14 sep. 2009, rad. 2009-01417-00). <\/p>\n
7. Finalmente, resta se\u00f1alar, de una parte, que el llamado de la Magistrada Gonz\u00e1lez Fl\u00f3rez a este tr\u00e1mite deriv\u00f3 de su participaci\u00f3n en la emisi\u00f3n de la sentencia de remplazo, de donde la desvinculaci\u00f3n que rog\u00f3 se tornaba inviable; y de otro lado, en cuanto a las manifestaciones de Jorge Milc\u00edades Lizarazo Ram\u00edrez en punto a que la orden constitucional cuyo cumplimiento se exigi\u00f3 no debe acatarse por el Tribunal porque es \u00abmanifiestamente equivocada y desconoce la realidad de los hechos\u00bb, se le hace saber que ning\u00fan pronunciamiento de fondo ha de efectuarse al respecto, comoquiera que, sumado a que sus argumentos fueron debidamente descartados por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte al desatar la impugnaci\u00f3n que propuso frente al fallo de tutela de primer grado, lo cierto es que, se itera, \u00abal juez que conoce del desacato no le es permitido analizar nuevamente los t\u00f3picos que fueron objeto de debate en el tr\u00e1mite constitucional\u00bb, como improcedentemente lo reclama. <\/p>\n
8. Ante las anteriores circunstancias, la Corte se ve precisada a hacer uso de las facultades previstas en el art\u00edculo 27 del Decreto 2591 de 1991 y, en consecuencia, dejar\u00e1 sin efecto la sentencia acusada de incumplimiento y conminar\u00e1 al Tribunal criticado a que emita otra en la que acate, de forma cabal, la orden de tutela impartida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
Primero. Dejar sin efecto la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2022, en segunda instancia, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el juicio declarativo incoado por el incidentante contra Jorge Milc\u00edades Lizarazo Ram\u00edrez (radicado 11001-31-03-019-2019-00195). <\/p>\n
Segundo. Ordenar a la colegiatura mencionada a espacio que, en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, dicte una nueva sentencia por medio de la cual d\u00e9 cabal cumplimiento al fallo de tutela emitido por esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el 23 de noviembre de 2022 (STC15803-2022), confirmado por su hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral el 18 de enero \u00faltimo (STL127-2023), teniendo en consideraci\u00f3n, en todo caso, lo se\u00f1alado en esta providencia. <\/p>\n
Tercero. Notificar lo aqu\u00ed resuelto a las partes y dem\u00e1s intervinientes, por el medio m\u00e1s expedito y eficaz. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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ATC302-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente ATC302-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-03939-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide el incidente de desacato formulado por Ricardo Antonio Garv\u00edn […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71423","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71423","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71423"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71423\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71423"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71423"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71423"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}