ATC326-2023<\/p>\n
<\/p>\n
ATC326-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-01204-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte el conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Medell\u00edn y el Juzgado Promiscuo Municipal de C\u00e1ceres (Antioquia), en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Deyanira Arteaga Ensuncho contra la Secretar\u00eda de Tr\u00e1nsito y Movilidad de Medell\u00edn. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La se\u00f1ora Arteaga Ensuncho formul\u00f3 acci\u00f3n de tutela, con el prop\u00f3sito de lograr la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y legalidad, por cuanto la Secretar\u00eda de Tr\u00e1nsito mencionada le impuso unas sanciones porque presuntamente habia incurrido en infracciones de las cuales no existe prueba, ni notificaci\u00f3n por parte de esa entidad. <\/p>\n
Explic\u00f3 que elev\u00f3 derecho de petici\u00f3n a la Secretar\u00eda de Tr\u00e1nsito accionada el 29 de noviembre de 2022 en el cual le \u00absolicitaba una serie de pruebas que demostraran que hubieran notificado personalmente e identificado plenamente al infractor\u00bb, y de la respuesta allegada, no se logr\u00f3 demostrar la identificaci\u00f3n del infractor, ni le fue remitida la notificaci\u00f3n personal de los presuntos comparendos. <\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo Municipal de C\u00e1ceres, Antioquia, al que inicialmente le correspondi\u00f3 el asunto por reparto, en auto de 17 de marzo de 2023, se abstuvo de asumir el conocimiento de la acci\u00f3n de tutela porque consider\u00f3 competente a los Juzgados Municipales de Medell\u00edn, en virtud del \u00abfactor territorial\u00bb, por ser el lugar donde ocurre la presunta vulneraci\u00f3n o amenaza que motiva el amparo constitucional. <\/p>\n
3. A su turno, el Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Medell\u00edn, tras recibir el asunto, mediante auto de 21 de marzo de 2023 manifest\u00f3 no tener competencia para definir la protecci\u00f3n reclamada por la accionante puesto que, <\/p>\n
(\u2026) En este caso, el JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE C\u00c1CERES-ANTIOQUIA no sustenta las razones por las cuales afirma no ser competente por el factor territorial, ya que no explica por qu\u00e9 fue en Medell\u00edn donde ocurri\u00f3 la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales alegados por la accionante; como tampoco, porqu\u00e9 es Medell\u00edn el lugar donde se extienden los efectos de la vulneraci\u00f3n, obviando que la accionante afirma estar domiciliada en Municipio de C\u00e1ceres y que los hechos y la causa que motiva su amparo, est\u00e1n relacionados en dicho municipio. De modo que, ante la falta de certeza sobre tal cuesti\u00f3n la competencia debe ser atendida \u201ca prevenci\u00f3n\u201d, esto es, respetando el querer de la accionante, que para el caso concreto ser\u00eda EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE C\u00c1CERES-ANTIOQUIA, que coincide con el domicilio de aquella y, por tanto, fue la entidad que decidi\u00f3 la accionante le resolviera el presente amparo constitucional, circunstanciaque debe ser acatada por el funcionario judicial a quien en principio le correspondi\u00f3 por reparto\u00bb <\/p>\n
En consecuencia, orden\u00f3 remitir la actuaci\u00f3n a esta Corte para la definici\u00f3n del conflicto planteado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Toda vez que el presente conflicto de competencia comprende despachos de distintos distritos judiciales -Medell\u00edn y Antioquia-, corresponde a esta Sala definirlo a trav\u00e9s de la Magistrada Ponente, de conformidad con el art\u00edculo 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la 1285 de 2009, en concordancia con los c\u00e1nones 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicables al tr\u00e1mite constitucional, de acuerdo con el art\u00edculo 4 del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
2. De acuerdo con el canon 37 del Decreto 2591 de 1991, \u00abson competentes para conocer de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivaren la presentaci\u00f3n de la solicitud\u00bb, precepto reiterado en el art\u00edculo 1\u00b0, art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, en el que se agreg\u00f3 \u00abo donde se produjeren sus efectos\u00bb. <\/p>\n
Sobre tal norma, esta Sala, reiteradamente, ha precisado como su finalidad, la siguiente, <\/p>\n
\u00abFacilitar al presunto afectado la elecci\u00f3n del Juez que resuelva sobre la tutela de sus garant\u00edas superiores, de manera que la competencia por el factor territorial debe establecerse, a prevenci\u00f3n, por el lugar en que, acorde con las afirmaciones del correspondiente libelo, adquiere materialidad la violaci\u00f3n o amenaza, es decir, donde se producen los efectos de la actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n cuestionadas, que regularmente coincide con el sitio donde el peticionario se desenvuelve en forma cotidiana, sin que para ello importe el domicilio o sede administrativa del accionado; lo que debe ser entendido sin perjuicio de la confluencia de fueros cuando dichos efectos pueden tener incidencia en varios lugares, e inclusive por la sede en menci\u00f3n, casos en que es facultativo para el peticionario escoger entre \u00e9stos\u00bb (CSJ. ATC158-2021 y, ATC 095-2022 entre muchos). <\/p>\n
De igual modo, ha determinado la Corte, en m\u00faltiples ocasiones, que la elecci\u00f3n libre del accionante permite establecer cu\u00e1l despacho judicial es el llamado a definir el amparo solicitado, por tanto, la sede seleccionada queda suficientemente investida para definir el asunto constitucional (CSJ. ATC 10 sep. 2002; 22 en. 2004, reiterado en ATC1117-2021 y ATC095-2022, entre otros). <\/p>\n
3. Constata la Sala que la accionante eligi\u00f3 el municipio de C\u00e1ceres \u2013 Antioquia, para radicar el amparo constitucional, por lo que, como antes se explic\u00f3, debe prevalecer su voluntad, m\u00e1xime cuando el domicilio principal de la aqu\u00ed accionante es en el mencionado municipio. <\/p>\n
Adicionalmente, advi\u00e9rtase que la autoridad judicial de C\u00e1ceres- Antioquia no argument\u00f3 de manera suficiente el motivo por el cual consideraba que el lugar donde ocurre la vulneraci\u00f3n denunciada o donde se producen sus efectos, es la ciudad de Medell\u00edn, la que si bien es donde se encuentra ubicada la Secretaria de Tr\u00e1nsito y Movilidad accionada, no corresponde a la del domicilio de la aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
4. Con apoyo en lo descrito y sin m\u00e1s reflexiones por innecesarias, se ordenar\u00e1 enviar inmediatamente la actuaci\u00f3n a la autoridad judicial que inicialmente se abstuvo de conocer la petici\u00f3n de amparo, para que le imparta el tr\u00e1mite correspondiente y la decida con fundamento en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la suscrita Magistrada de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar que el Juzgado Promiscuo Municipal de C\u00e1ceres-Antioquia, es el competente para conocer de la acci\u00f3n de tutela promovida por Deyanira Arteaga Ensuncho contra la Secretar\u00eda de Tr\u00e1nsito y Movilidad de Medell\u00edn. <\/p>\n
Segundo: Rem\u00edtase el expediente al Juzgado mencionado, previa comunicaci\u00f3n de lo as\u00ed decidido al Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Medell\u00edn. <\/p>\n
Notif\u00edquese y C\u00famplase <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
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