ATC335-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC335-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 13001-22-13-000-2023-00087-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 2 de marzo de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena, que concedi\u00f3 el amparo promovido por Gianluca Barandica Londo\u00f1o contra el Juzgado Tercero Civil Municipal de San Andr\u00e9s Islas, la Oficina de Control, Circulaci\u00f3n y Residencia de la Gobernaci\u00f3n Del Departamento de San Andr\u00e9s, Providencia y Santa Catalina OCCRE y el Consejo Seccional de la Judicatura de Bol\u00edvar, si no fuera porque se observa que en la tramitaci\u00f3n de primera instancia se incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afecta lo actuado. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales, presuntamente vulnerados en el concurso de m\u00e9ritos en el cual est\u00e1 inscrito. <\/p>\n
2. En sustento, narr\u00f3 que aprob\u00f3 todas las etapas de la convocatoria al concurso de m\u00e9ritos para la conformaci\u00f3n del Registro Seccional de Elegibles para la provisi\u00f3n de los cargos de empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios de los Distritos Judiciales de Bol\u00edvar y San Andr\u00e9s, quedando incluido en el Registro de Elegibles como el primer aspirante en la lista para el cargo de oficial mayor o sustanciador de juzgado municipal. <\/p>\n
2.1. Siendo la tarjeta de residencia para trabajo con fines de registro requisito para la posesi\u00f3n del cargo se\u00f1alado, luego de solicitarla, le fue denegada por la OCCRE, motivo por el cual promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra esa Oficina, en virtud de la cual el Juzgado Once Civil Municipal de Cartagena, el 26 de enero de 2023, accedi\u00f3 y le orden\u00f3 que procediera a su expedici\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Mediando un incidente de desacato, la OCCRE concedi\u00f3 permiso temporal para el cargo, por el t\u00e9rmino de seis meses y no permanente, como, considera, era su derecho, por haber ganado el concurso. <\/p>\n
2.3. El 14 de febrero de 2023, el Juzgado Tercero Civil Municipal de San Andr\u00e9s se abstuvo de posesionar al actor en el cargo de Oficial Mayor, exigiendo el requisito del idioma. <\/p>\n
2.4. El gestor reproch\u00f3 lo decidido por el Juzgado, pues le impone barreras administrativas al exigirle certificaci\u00f3n de hablar el ingl\u00e9s local \u00abcreole\u00bb, pues la Ley 47 de 1993 contempla el castellano o el ingl\u00e9s, \u00faltimo que acredit\u00f3 con el diploma allegado sobre el curso realizado. A\u00f1adi\u00f3 que ese Despacho se abstuvo de posesionarlo, porque el cargo a ocupar era de \u00edndole permanente y la residencia no pod\u00eda estar condicionada en el tiempo o cualquier circunstancia. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 ordenar al Juzgado accionado \u00abrehabilite a mi favor los t\u00e9rminos para tomar posesi\u00f3n\u00bb y \u00abrealice a mi favor la posesi\u00f3n del cargo (\u2026) de ese Despacho\u00bb. <\/p>\n
4. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena admiti\u00f3 el amparo y vincul\u00f3 al Consejo Seccional de la Judicatura de Bol\u00edvar, cuya presidenta rindi\u00f3 informe, resaltando que \u00abnos encontramos frente a una vinculaci\u00f3n aparente de esta Corporaci\u00f3n\u00bb, pues no se le atribuye acci\u00f3n u omisi\u00f3n que haya amenazado o vulnerado los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
4.1. Al resolver el asunto, la Sala mencionada concedi\u00f3 la salvaguarda propuesta y orden\u00f3 al Juzgado Tercero Civil Municipal convocado que \u00abvuelva a pronunciarse sobre el asunto mediante acto administrativo debidamente motivado\u00bb; asimismo, desvincul\u00f3 del tr\u00e1mite al Consejo Seccional de la Judicatura de Bol\u00edvar y a los dem\u00e1s vinculados. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el presente caso, como se anticip\u00f3, se advierte una irregularidad consistente en que la competencia para conocer el asunto en primera instancia correspond\u00eda a los Juzgados Civiles del Circuito de Cartagena1 y no a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, acorde con lo reglado en el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 \u2013modificado por el Decreto 333 de 2021-, dado que las \u00abacciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb. <\/p>\n
2. Lo anterior, por cuanto el Consejo Seccional de la Judicatura de Bol\u00edvar, si bien fue accionado, del escrito de amparo no se extracta la existencia de presupuesto f\u00e1ctico alguno que permita atribuirle actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n lesiva de derechos fundamentales, por lo que, frente a dicha entidad, en este caso, se present\u00f3 la vinculaci\u00f3n aparente, respecto de la cual esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
no puede asumirse que, por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria\u00bb (CSJ ATC, 31 mar. 2016, rad. 1687-16, reiterada en ATC, 6 abr. 2016, rad. 1930-2016). <\/p>\n
En ese sentido, ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. (CSJ ATC1396-2016, reiterado en ATC2521-2016 y en CSJ ATC1178-2022). <\/p>\n
Adem\u00e1s, en lo concerniente a la potestad para declarar \u00abnulidades\u00bb, a partir de las reglas de reparto, la Sala ha precisado que: <\/p>\n
La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones… (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01; reiterado, entre muchos otros, en ATC472-2018, 15 feb., rad. 2017-01316-01). <\/p>\n
En ese orden, esta Corte ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional sobre la improcedencia de declarar incompetencia o nulidades con base en las reglas de reparto, \u00abpues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u00bb, por tanto, aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso, el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia. (CSJ ATC298-2018, reiterado en CSJ ATC200-2023). <\/p>\n
3. Por lo referido, se invalidar\u00e1 la actuaci\u00f3n surtida y se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la presente queja constitucional a los Juzgados Civiles del Circuito de Cartagena, dado que corresponde con el lugar de residencia del tutelante y en esa ciudad radic\u00f3 la tutela, la cual, como se indic\u00f3, no conlleva la vinculaci\u00f3n del Consejo Seccional de la Judicatura. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR la nulidad de todo lo actuado en esta acci\u00f3n constitucional por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, a partir del auto admisorio de la demanda, inclusive, sin perjuicio de la validez y eficacia de las pruebas aportadas, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C.G. del P. <\/p>\n
SEGUNDO. ORDENAR que por Secretar\u00eda se remita el expediente a los Juzgados Civiles del Circuito de Cartagena (reparto), por ser los competentes para resolverlo en primera instancia. <\/p>\n
TERCERO. COMUNICAR lo resuelto a la Sala que conoci\u00f3 en primera instancia, as\u00ed como a los interesados, a trav\u00e9s de medio expedito, y librar las comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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