ATC337-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC337-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-10-000-2023-00013-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso dirimir la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida el 17 de febrero \u00faltimo por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Ernesto Andrade contra la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, que se hizo extensiva al Juzgado Octavo de Familia de Cali, si no fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo rituado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente conculcado por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n puesto que no ha dado respuesta a su solicitud incoada el 31 de octubre de 2022 con la cual solicit\u00f3 informaci\u00f3n del \u00abradicado o n\u00famero SPOA\u00bb asignado al traslado por competencia que hiciere el Juzgado Octavo de Familia de Cali a su denuncia contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por haber permitido la firma de un documento por parte una menor de edad. <\/p>\n
Por lo cual, solicit\u00f3 ordenar a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n responder su petici\u00f3n de 31 de octubre \u00faltimo. <\/p>\n
2. El asunto correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali, quien despu\u00e9s de agotar el tr\u00e1mite respectivo lo remiti\u00f3 a su superior para surtir la impugnaci\u00f3n que contra su decisi\u00f3n fue incoada, correspondiendo a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, la que a su vez declar\u00f3 la nulidad de lo actuado al considerar que la queja constitucional se hac\u00eda extensiva al Juzgado Octavo de Familia de Cali, por la intervenci\u00f3n de ese estrado judicial en la remisi\u00f3n de la denuncia a la Fiscal\u00eda. <\/p>\n
3. Sometida a reparto la acci\u00f3n de tutela se asign\u00f3 a la Sala Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, quien neg\u00f3 el resguardo por hecho superado al encontrar que en el curso del ruego constitucional se dio respuesta a la petici\u00f3n del quejoso de fecha 31 de octubre de 2022, en la que se le notifica el radicado asignado a su denuncia, la cual cursa actualmente ante la Fiscal\u00eda 85 seccional de Cali, es decir, concluy\u00f3 que la queja constitucional implicaba exclusivamente las actuaciones de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. De los medios de convicci\u00f3n obrantes se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Sala de la Corte para decidir, en impugnaci\u00f3n, el presente asunto, pues la queja aqu\u00ed blandida -en cuanto se refiere a la violaci\u00f3n al derecho fundamental de petici\u00f3n por parte de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n- no se extiende a las actuaciones del Juzgado Octavo de Familia de Cali como err\u00f3neamente lo se\u00f1al\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali. <\/p>\n
Lo anteriormente esbozado impide a esta Sala de Casaci\u00f3n desatar v\u00e1lidamente la opugnaci\u00f3n de marras, dado que como en lo pertinente ense\u00f1a el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del decreto 1069 de 2015 (modificado por el canon 1\u00b0 del 333 de 2021), \u00abLas acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u00bb (Subrayas intencionales). <\/p>\n
2. En consecuencia, el veredicto dimanado en el rito se halla viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo con el precepto 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de amparo por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del decreto 306 de 1992, pues la atribuci\u00f3n para conocer del asunto, en primer grado, le ata\u00f1e a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
Al respecto, se ha se\u00f1alado en este nivel: <\/p>\n
<\/p>\n
3. Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el decreto 1983 de 2017 (asimilables al nuevo decreto 333 de 2021), se ha tenido precisado que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) respecto a que los jueces \u201cno est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u201d el cual \u201c(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u00ab[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u201cseg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u201cel cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01)\u00bb (ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01). <\/p>\n
4. Por lo consignado, se adoptar\u00e1n las medidas necesarias a fin de enderezar el decurso iusfundamental sub examine. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado por la Sala Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en el plenario de la referencia, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, remitir de inmediato el expediente a la oficina de reparto de los Juzgados Penales del Circuito de Cali, para que efect\u00fae el reparto respectivo, tendiente a que se imprima el tr\u00e1mite de rigor. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abart\u00edculo 16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicci\u00f3n y la competencia. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3] <\/p>\n
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