ATC338-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
ATC338-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2022-01573-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 31 de enero de 2023, en la acci\u00f3n de tutela que Carlos Alberto Noguera Castillejo formul\u00f3 contra el Juzgado Veinte de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Barranquilla, la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Atl\u00e1ntico, la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial de dicha ciudad y la Unidad Administrativa de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, si no fuera porque se advierte una irregularidad que configura la nulidad que pasa a explicarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
Inform\u00f3, que pese a haber participado en la convocatoria No. 4, adelantada por el Consejo Seccional de la Judicatura del Atl\u00e1ntico mediante Acuerdo CSJATA17-647 del 6 de octubre de 2017, y haber sido nombrado por el juzgado accionado en el cargo de escribiente, solicit\u00f3 pr\u00f3rroga para posesionarse, debido a que se encontraba ejerciendo labores en otro despacho de la Rama Judicial \u00abEscribiente Municipal Grado Nominado, en el Juzgado Doce Civil Municipal de Barranquilla\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que fue notificado de la Resoluci\u00f3n 161222 de 16 de diciembre de 2022, a trav\u00e9s de la cual, se le indic\u00f3 que la se\u00f1ora Ana Alcira Armenta Rangel quien ocupaba el cargo en provisionalidad se encontraba estado de gravidez y, que, por lo tanto, para garantizarle una estabilidad laboral reforzada, se hab\u00eda suspendido su posesi\u00f3n, durante el embarazo de la nombrada m\u00e1s el periodo de 6 meses de lactancia. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Penal concedi\u00f3 el amparo solicitado, tras considerar que, si bien el actor contaba con medios para controvertir la resoluci\u00f3n objeto de su inconformidad, prevalec\u00edan sus derechos fundamentales, por haber obtenido el primer lugar en la lista de personas a ser nombradas en el cargo, y encontrarse cercana su desvinculaci\u00f3n en el que ven\u00eda ocupando en otro despacho. <\/p>\n
Por otra parte, orden\u00f3 el pago de las prestaciones sociales de la mujer embarazada que se encontraba nombrada en provisionalidad, para que pudiera disfrutar de su futura licencia de maternidad. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Inconforme, Ana Alcira Armenta Rangel, tercera interesada en el asunto impugn\u00f3, para que se mantuviera la referida suspensi\u00f3n, en favor de los derechos de su hijo que est\u00e1 por nacer. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala Penal carec\u00eda de competencia para adelantar esta acci\u00f3n, en tanto que fue interpuesta por un empleado de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, en el cargo de \u00abEscribiente Municipal Grado Nominado, en el Juzgado Doce Civil Municipal de Barranquilla\u00bb, como expresamente lo manifest\u00f3 en su escrito de 25 de enero de 2023. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En tal virtud, la especialidad de lo contencioso administrativo es la competente para dirimir la controversia suscitada, de conformidad con lo establecido en el inciso 2\u00ba del numeral 8\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, que se\u00f1ala, <\/p>\n
\u00abCuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo.\u00bb. [\u00c9nfasis no original] <\/p>\n
<\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, resulta necesario dejar sin valor y efecto lo actuado en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en cuanto a los efectos de la \u00abdeclaratoria de falta de competencia\u00bb, y ordenar la remisi\u00f3n inmediata del expediente digital a la autoridad competente, la que para el presente caso, por dirigirse -adem\u00e1s- contra el Consejo Seccional de la Judicatura del Atl\u00e1ntico (la de mayor jerarqu\u00eda de los accionados) al tenor de lo dispuesto en los numerales 8\u00b0 y 11\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 333 supra referido1, es el Tribunal Administrativo de dicho departamento. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Debe tenerse presente, que la Sala, en auto de 13 de mayo de 2009 (rad. 2009-00083-01), reiterado entre otros en ATC1486-2022 y ATC138-2023 se\u00f1al\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. <\/p>\n
Empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto.\u201d \u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes. <\/p>\n
Pero tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018[l]o accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o legales privativas por otras autoridades. <\/p>\n
Por otra parte, aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente [ligada] con el derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u2019 (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional). <\/p>\n
An\u00e1logamente, el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia asigna el legislador y los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n.\u201d \u201cEn id\u00e9ntico sentido, razones de transcendental significaci\u00f3n inherentes a la autonom\u00eda e independencia de los jueces (art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional) y su sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, estar\u00edan seriamente comprometidas de limitarse las facultades y deberes de los jueces, sean ordinarios, sean constitucionales. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar la nulidad de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 31 de enero de 2023, en el asunto de la referencia. <\/p>\n
Segundo: Ordenar la remisi\u00f3n de las diligencias a la oficina encargada del reparto ante el Tribunal Administrativo del Atl\u00e1ntico, para que asuma el conocimiento en primera instancia. <\/p>\n
Tercero: Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los intervinientes y al a quo por el medio m\u00e1s expedito. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Que se\u00f1alan: \u00abLas acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada.\u00bb [5\u00b0] y \u00abCuando la acci\u00f3n de tutela se promueva contra m\u00e1s de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se har\u00e1 al juez de mayor jerarqu\u00eda, de conformidad con las reglas establecidas en el presente art\u00edculo.\u00bb. <\/p>\n
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