ATC341-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC341-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-01295-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Sexto Civil Municipal de Villavicencio y Tercero Civil Municipal de Tunja, con ocasi\u00f3n del conocimiento de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Juan David Mari\u00f1o Villamil contra la Compa\u00f1\u00eda Mundial de Seguros S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderada judicial y en representaci\u00f3n de su descendiente, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su garant\u00eda fundamental de petici\u00f3n, comoquiera que la entidad convocada no habr\u00eda dado respuesta a la solicitud que formul\u00f3 el 24 de febrero hoga\u00f1o, respecto de la aclaraci\u00f3n de un dictamen practicado a su hija con ocasi\u00f3n de un accidente de tr\u00e1nsito. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero Civil Municipal de Tunja, al que inicialmente correspondi\u00f3 el asunto por reparto, se apart\u00f3 de la causa pretextando que, de acuerdo con el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 \u00abla vulneraci\u00f3n de los derechos invocados concurren en la ciudad de Villavicencio (Meta), extray\u00e9ndose que el domicilio de la accionante es la ciudad de Villavicencio (Meta) y revisados el derecho de petici\u00f3n radicado como la relaci\u00f3n de los hechos y pretensiones, ninguno de los sucesos objeto de vulneraci\u00f3n al derecho invocado como las efectos del mismo concurre en la ciudad de Tunja\u00bb. En consecuencia, all\u00ed remiti\u00f3 las diligencias. <\/p>\n
3. El estrado judicial receptor, esto es, el Sexto Civil Municipal de Villavicencio, tambi\u00e9n rehus\u00f3 la atribuci\u00f3n, tras considerar que \u00aben contra de tal determinaci\u00f3n [el auto del juzgado de Tunja] la representante judicial del accionante, formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n, se\u00f1alando que por \u201c\u2026por error involuntario la tutela y el poder quedaron dirigidos al juez de reparto de Villavicencio, siendo lo correcto Tunja (Boyac\u00e1), esto debido a que el siniestro ocurri\u00f3 en la ciudad de Tunja (Boyac\u00e1), los afectados residen de igual manera en la misma ciudad, la atenci\u00f3n m\u00e9dica brindada en el momento del siniestro fue recibido en el Hospital San Rafael de Tunja, y as\u00ed mismo el dictamen de P\u00e9rdida de Capacidad Laboral fue emitido por la Junta de Regional de Calificaci\u00f3n de Boyac\u00e1.\u201d, escrito que no fue objeto de pronunciamiento\u00bb. <\/p>\n
Por ello, reliev\u00f3 que \u00abeste despacho no asumir\u00e1 conocimiento en Primera Instancia. Maxime cuando la misma ya fue conocida por parte del Juzgado Tercero Civil Municipal de Oralidad de la ciudad de Tunja, sin que se hubiese tenido en cuenta la aclaraci\u00f3n efectuada por quien representa judicialmente al accionante, al se\u00f1alar que los hechos vulneradores de la presente solicitud de amparo se causan en ese municipio\u00bb. <\/p>\n
Con esos argumentos, plante\u00f3 conflicto y envi\u00f3 el expediente a esta Corporaci\u00f3n para dirimirlo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Aptitud legal para la resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Compete a la Corte, mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, definir el presente conflicto de competencias, dado que involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; lo anterior al amparo de lo dispuesto en los art\u00edculos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el precepto 139 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Competencia por el factor territorial en materia de tutela. <\/p>\n
Acorde con el canon 37 del Decreto 2591 de 1991, \u00ab[s]on competentes para conocer de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivaren la presentaci\u00f3n de la solicitud\u00bb, pauta que reproduce el art\u00edculo 1 del Decreto 1983 de 2017, a cuyo tenor \u00abpara los efectos previstos en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos\u00bb. <\/p>\n
Por esa v\u00eda, la adecuada asignaci\u00f3n de peticiones de amparo formuladas para lograr la salvaguarda de bienes iusfundamentales requiere elucidar el lugar en el que se produjo la infracci\u00f3n \u2013o la amenaza\u2013 al n\u00facleo fundamental de derechos del reclamante, as\u00ed como la sede en la que el acto censurado concretar\u00eda sus consecuencias, pudiendo optar la accionante por cualquiera de ellas. <\/p>\n
As\u00ed lo ha precisado esta Colegiatura, en asuntos similares al que ahora se examina: <\/p>\n
\u00abEl art\u00edculo 37 del Decreto 2591, en concordancia con el 86 de la Carta Pol\u00edtica, dispone que el conocimiento de la tutela corresponde \u201ca prevenci\u00f3n\u201d, a los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde se produce el menoscabo o la amenaza para los derechos constitucionales fundamentales, vale decir, se deben ponderar para resolver asuntos de esta especie varios factores a saber: la sede de la autoridad demandada, el lugar donde se producen los efectos de la vulneraci\u00f3n y el lugar donde el titular del derecho instaura la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que la sede de las autoridades demandadas no es par\u00e1metro exclusivo e invariable para determinar la competencia del funcionario que ha de conocer la acci\u00f3n de tutela, porque no se puede desconocer que esta acci\u00f3n p\u00fablica tiene objetivo principal la salvaguarda de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en tales condiciones es necesaria una consideraci\u00f3n especial en cuanto al lugar donde se materializan los efectos de la violaci\u00f3n en que se basa la petici\u00f3n de amparo y tambi\u00e9n la circunscripci\u00f3n judicial escogida por el ciudadano para demandar la protecci\u00f3n de sus derechos (art\u00edculo 1\u00ba, inciso primero Decreto 1382 de 2000). (CSJ ATP, 24 jul. 2001, rad. 9848; reiterado en CJS ATC2816-2017, 4 may.). <\/p>\n
Tal determinaci\u00f3n, no desconoce el car\u00e1cter expedito, preferente y sumario de la acci\u00f3n de tutela pues, con independencia de dichos atributos, como acci\u00f3n judicial \u00abest\u00e1 sujeta al debido proceso (art\u00edculo 29 y 85 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica) del que dimana la competencia para el conocimiento de los diferentes asuntos. Este corresponde por el factor territorial al juez del lugar de ocurrencia de la vulneraci\u00f3n o amenaza del derecho fundamental (art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991) y por la naturaleza de la autoridad o del acto se distribuye entre los diferentes despachos judiciales, conforme al Decreto 1382 de 2000\u00bb (CSJ. 10 abr. 2021, rad. 42345). <\/p>\n
En otra oportunidad, se\u00f1al\u00f3 esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abEl art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establece que el debido proceso es un derecho de car\u00e1cter fundamental, aplicable a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, y la competencia, como una de sus manifestaciones, corresponde a la facultad de los jueces para ejercer jurisdicci\u00f3n en determinada parte del territorio o en ciertos asuntos y, como tal, no puede ser invadida por un hom\u00f3logo unipersonal o corporativo. El Decreto 1382 de 2000 reglament\u00f3 el reparto de las acciones de tutela, y determin\u00f3 el juez natural que debe conocer de acuerdo con el nivel al cual pertenezca la autoridad [encartada] o su jerarqu\u00eda, o si se trata de un particular\u00bb (CSJ 23 may. 2013, rad 67047). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Preliminarmente, esta Sala precisa que el sistema atributivo de competencia preventiva en materia de tutela implica que el extremo convocante \u00abbien puede escoger el Juez ante quien va a formular su solicitud de amparo, siempre que de dicho lugar resulte predicable la ocurrencia del quebranto o la de sus efectos\u00bb. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, observa la Corte que, si bien la parte actora dirigi\u00f3 su escrito inicial al \u00abjuez de Villavicencio\u00bb, con posterioridad corrigi\u00f3 ese yerro a trav\u00e9s de su apoderada judicial, quien aclar\u00f3 que, ciertamente, \u00abpor error involuntario la tutela y el poder quedaron dirigidos al juez de reparto de Villavicencio, siendo lo correcto Tunja (Boyac\u00e1), esto debido a que el siniestro ocurri\u00f3 en la ciudad de Tunja (Boyac\u00e1), los afectados residen de igual manera en la misma ciudad, la atenci\u00f3n m\u00e9dica brindada en el momento del siniestro fue recibido en el Hospital San Rafael de Tunja, y as\u00ed mismo el dictamen de P\u00e9rdida de Capacidad Laboral fue emitido por la Junta de Regional de Calificaci\u00f3n de Boyac\u00e1\u00bb. <\/p>\n
Por ello, constatada la informaci\u00f3n1, se ratific\u00f3 que el domicilio del libelista est\u00e1 en Tunja, donde inicialmente se radic\u00f3 el amparo, sin que medie ninguna relaci\u00f3n con la ciudad de Villavicencio. En esas condiciones, quien debe conocer del asunto es el estrado judicial de la primera localidad, dado que fue el lugar seleccionado por el gestor para tramitar la salvaguarda2, siendo v\u00e1lida su escogencia por las razones que anteceden. <\/p>\n
Finalmente, destaca la Corte que, en el curso de esta tramitaci\u00f3n, la autoridad judicial de Tunja remiti\u00f3 a estas diligencias la solicitud de desistimiento que formul\u00f3 la mandataria del promotor3, por lo que, al asign\u00e1rsele el conocimiento del sub-lite, deber\u00e1 resolver lo que en derecho corresponda frente a ese pedimento, pues la competencia de la Corte se encuentra circunscrita a lo se\u00f1alado en las normas precedentes4. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, es el Juzgado Tercero Civil Municipal de Tunja el llamado a asumir el estudio de la tutela presentada por Juan David Mari\u00f1o Villamil. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR competente al Juzgado Tercero Civil Municipal de Tunja, para conocer de la acci\u00f3n constitucional de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO. REMITIR la actuaci\u00f3n a la mentada autoridad, por intermedio de la oficina respectiva, para lo pertinente. <\/p>\n
TERCERO: COMUNICAR lo decidido a los estrados involucrados y a la parte accionante, anexando copia \u00edntegra de la esta providencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 En comunicaci\u00f3n telef\u00f3nica sostenida con la apoderada de la parte actora, quien refiri\u00f3 expresamente que el domicilio y la residencia de su prohijado se encuentra en Tunja. <\/p>\n
2\u0002 De acuerdo con el memorial de \u00abaclaraci\u00f3n\u00bb y el recurso de reposici\u00f3n que interpuso contra el auto a trav\u00e9s del cual el estrado de Tunja se desprendi\u00f3 de la causa. <\/p>\n
3\u0002 Al respecto, ver los archivos del cuaderno principal del juzgado de Tunja: \u00ab0013MemorialDesisteAcci\u00f3nDeTutela.pdf\u00bb, \u00ab0014AutoOrdenaRemisi\u00f3nSolicitudes.pdf\u00bb, entre otros. <\/p>\n
4\u0002 En especial, los art\u00edculos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el precepto 139 del C\u00f3digo General del Proceso <\/p>\n
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