SC040-2023 (2016-00025-01)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
SC040-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-31-03-001-2016-00025-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos febreros de dos de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mi veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la sociedad demandante respecto de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 3 de septiembre de 2021, en el proceso ordinario que aquella promovi\u00f3 contra el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metalmec\u00e1nica, Met\u00e1lica, Metal\u00fargica, Sider\u00fargica, Electromet\u00e1lica, Ferroviaria, Comercializadoras, Transportadoras, afines y similares del sector \u2013 SINTRAIME y las siguientes personas naturales: Alfredo Mart\u00ednez Donado, Rafael Ojeda Castro, Jos\u00e9 Luis Rodr\u00edguez P\u00e9rez, Boanerge Donado Cervantes, Jos\u00e9 Manuel Guevara Arg\u00fcello, Pablo Emilio Sandoval Jurado, Deymer Enrique \u00c1lvarez Obreg\u00f3n, Vicente Carlos Bejarano Jim\u00e9nez, Alfonso Rafael Boh\u00f3rquez Pert\u00faz, Janer David Brito Maestre, Rafael Antonio de la Hoz Foltalvo, Jan Carlos Field Castellar, Luis Alberto Julio Pert\u00faz, William Eduardo Kerguelen Gonz\u00e1lez, Javier El\u00edas Mart\u00ednez Cabello, Alfonso Eduardo Yepez Toloza, Jeison Alexander Caro Santana, Jos\u00e9 Javier D\u00edaz Quiroz, Carlos Fernando Guar\u00edn Rivera, Germ\u00e1n Alfredo Manzano Fuentes, Abraham Zamur V\u00e1squez, Jorge Luis Ramos Castilla, Jaime Eduardo Arias Brochero, Pedro Manuel Sierra Solipaz, Alfredo Rafael Garc\u00eda P\u00e9rez, Jhonatan Toncel Vel\u00e1squez, Arnoldo Becerra Rodr\u00edguez, Edgar Joel Galvis Carrascal, Luis Hernando Medina L\u00e1zaro, Alfonso Romero L\u00f3pez, Alfredo Antonio Altamar Granados, Milton Bonilla J\u00e1come, Jhon G\u00f3mez Mart\u00ednez, Jos\u00e9 Jaraba Anaya, Hugo Verbel Gamboa, Juan Carlos Ujueta Cabeza, Yuri Alberto Cel\u00edn Gonz\u00e1lez, Hern\u00e1n Alberto Centeno Bola\u00f1o, Jos\u00e9 Enrique del Portillo Senior, Nelson Enrique Jim\u00e9nez Camacho, Marcos Tulio Santodomingo Barrios, Miguel Antonio Su\u00e1rez Pacheco, Jairo David Viloria Berdugo y Javier Alonso Loaiza Galvis. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La convocante pidi\u00f3 de la jurisdicci\u00f3n declarar a los demandados responsables civilmente por los da\u00f1os y perjuicios causados como consecuencia \u00abdel abuso del derecho de huelga y por los bloqueos en las v\u00edas de acceso a las instalaciones de Gecolsa en el Municipio de Soledad y a las Minas del Municipio de Chiriguan\u00e1, al Proyecto minero El Descanso del Municipio de Becerril, al proyecto minero La Jagua de la empresa C.I. PRODECO en el municipio de La Jagua de Ibirico (Cesar), al proyecto minero Pribbenow de la empresa DRUMMOND LTDA en el Corregimiento de La Loma de Calenturas del Municipio del Paso y al Proyecto minero en La Loma de Calenturas del Municipio del Paso, ocurridos entre el d\u00eda 14 de marzo y el 3 de abril de 2014 (sic)\u00bb.1 <\/p>\n
En consecuencia, recab\u00f3 se les condenara a pagar solidariamente, a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n de perjuicios y debidamente indexadas al momento de la sentencia, las cantidades de: $1.937\u2019402.000 en la modalidad de da\u00f1o emergente, correspondiente a los costos y gastos de personal directos, gastos varios por servicios generales y otros del \u00e1rea de compras y $10.155\u2019001.000 en la categor\u00eda de lucro cesante que obedece al valor de las ventas externas dejadas de percibir en el mes de marzo de 2013 por el cese forzoso de actividades causado por los llamados al pleito. <\/p>\n
2. En respaldo, narraron, en s\u00edntesis, los hechos relevantes que admiten el siguiente compendio: <\/p>\n
2.1. La demandante se dedica a la prestaci\u00f3n de servicios de venta y reparaci\u00f3n de maquinarias a diversas empresas del sector minero, dentro de las cuales se encuentran Drummond Ltda. y C.I. Prodeco S.A., entre otras. <\/p>\n
2.2. En desarrollo de sus actividades, en sus instalaciones propias, localizadas en el municipio de Soledad (Atl\u00e1ntico) y en los proyectos mineros pertenecientes a las compa\u00f1\u00edas mencionadas, subcontrat\u00f3 los servicios de los entes morales Trateccol Ltda. y Dimantec Ltda. <\/p>\n
2.3. A trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n 001 de marzo de 2013, el sindicato demandado, vot\u00f3 la realizaci\u00f3n de una huelga al interior de las empresas subcontratistas y en el interregno del 14 de marzo al 3 de abril de 2013, distintos miembros de la organizaci\u00f3n sindical, entre ellos las personas naturales convocadas, bloquearon las puertas de acceso de los proyectos mineros ubicados en Chiriguan\u00e1 (Cesar), \u00abEl Descanso\u00bb en Becerril (Cesar), \u00abLa Jagua\u00bb de la empresa C.I. Prodeco en La Jagua de Ibirico (Cesar) y \u00abPribbenow\u00bb de la empresa Drummond Ltda. en el corregimiento de La Loma de Calenturas de El Paso (Cesar). <\/p>\n
2.4. Entre los d\u00edas 21 y 31 de marzo de 2013, distintos miembros del Sindicato, entre ellos los demandados, bloquearon el acceso a las instalaciones de la reclamante localizadas en la calle 30 autopista al aeropuerto con carrera 19 esquina, del municipio de Soledad (Atl\u00e1ntico). <\/p>\n
2.5. Los bloqueos ocasionaron el cese forzoso, casi total, de las actividades de Gecolsa en los proyectos mineros y en sus propias instalaciones, pues no fue posible para sus trabajadores y los de las sociedades subcontratistas, ingresar o salir a sus puestos de trabajo. Adem\u00e1s, no se permiti\u00f3 el ingreso de correspondencia, v\u00edveres o transporte, necesarios para el normal funcionamiento de la promotora de la acci\u00f3n. <\/p>\n
2.6. Los bloqueos en las instalaciones de la demandante culminaron el 31 de marzo de 2013, luego de ejecutarse un amparo policivo que ella solicit\u00f3 a la Inspecci\u00f3n Segunda de Polic\u00eda Urbana de Soledad, otorgado en Resoluci\u00f3n 0001 de 26 de marzo de 2013, que orden\u00f3 cesar todo acto de perturbaci\u00f3n y ocupaci\u00f3n de la v\u00eda p\u00fablica y de las puertas de acceso de la empresa. Los bloqueos en los proyectos mineros terminaron debido al acuerdo suscrito el 3 de abril del mismo a\u00f1o, entre el sindicato y las empresas subcontratistas Trateccol Ltda. y Dimantec Ltda., seg\u00fan acta aprobada por el Ministerio del Trabajo. <\/p>\n
2.7. El cese de actividades promovido por el sindicato y los trabajadores afiliados a aqu\u00e9l, le ocasion\u00f3 graves perjuicios, sin tener relaci\u00f3n alguna con los conflictos laborales de sus subcontratistas, quienes presentaron ante la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte, demandas tendientes a que se declarara la ilegalidad de las huelgas. <\/p>\n
2.8. Mediante sentencia de 14 de febrero de 2014, la referida autoridad judicial declar\u00f3 la ilegalidad de la huelga en la compa\u00f1\u00eda Dimantec Ltda., y en fallo de 9 de abril de 2014, hizo lo propio respecto del cese de actividades materializado en Trateccol Ltda. y en los proyectos mineros. <\/p>\n
3. El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Barranquilla, quien lo admiti\u00f3 a tr\u00e1mite por auto del 12 de diciembre de 2019, ordenando el enteramiento de las entidades convocadas, acto que se surti\u00f3 a cabalidad. <\/p>\n
4. Puestos a juicio, los citados se pronunciaron en diversa forma respecto de los hechos alegados en la demanda y, en ejercicio del derecho de contradicci\u00f3n, el sindicato y la mayor\u00eda de personas naturales convocadas, formularon las excepciones de m\u00e9rito que denominaron \u201cfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa de GECOLSA S.A.\u201d, \u201cfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva de SINTRAIME y las personas naturales demandadas\u201d e \u201cinexistencia de los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, cobro de lo no debido y buena fe\u201d.2 <\/p>\n
El convocado Jonathan Smith Toncel Vel\u00e1squez, al contestar el libelo, adicion\u00f3 a las ya planteadas, las defensas de \u00abfalta de legitimidad en la causa por pasiva\u00bb y \u201cno haber participado dentro del movimiento huelgu\u00edstico que se le atribuye\u201d. <\/p>\n
5. El Juzgador a quo dirimi\u00f3 la primera instancia con sentencia de 9 de marzo de 2021, en la cual accedi\u00f3 al petitum de la demanda, conden\u00f3 a los demandados al pago de $6.040\u2019047.250 a t\u00edtulo de da\u00f1o emergente y $31.659\u2019190.048 por concepto de lucro cesante, adem\u00e1s le impuso el pago de las costas de la instancia. <\/p>\n
6. El ad quem, al desatar la alzada formulada por los convocados al litigio, dispuso revocar la decisi\u00f3n para, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda y condenar a los reclamantes al pago de las costas procesales de ambos grados de conocimiento. <\/p>\n
7. Inconforme con lo as\u00ed dispuesto, el extremo activo interpuso recurso de casaci\u00f3n, que al satisfacer las exigencias formales para su concesi\u00f3n fue admitido a tr\u00e1mite por esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Despu\u00e9s de memorar los elementos de la responsabilidad civil extracontractual y destacar los aspectos m\u00e1s relevantes de los derechos de asociaci\u00f3n sindical y de huelga, discurri\u00f3 sobre el tema de la responsabilidad civil de las asociaciones sindicales y sus miembros por actuaciones colectivas en el ejercicio de una huelga. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que el cese de actividades laborales fuera del marco de la ley o el ejercicio abusivo de ese derecho, am\u00e9n de las consecuencias relacionadas con la p\u00e9rdida de la personer\u00eda jur\u00eddica de la asociaci\u00f3n sindical, puede acarrear efectos patrimoniales si se demuestra que se produjeron da\u00f1os injustificados al empleador o a terceras personas y concurren los restantes elementos estructurales de la responsabilidad civil. Sin embargo, la mera declaratoria de ilegalidad de la huelga y la pertenencia al sindicato de un trabajador o la condici\u00f3n de l\u00edder sindical no conducen necesariamente a la prosperidad de la acci\u00f3n de resarcimiento. <\/p>\n
Al detenerse en el estudio de la configuraci\u00f3n, en el caso, de cada uno de los presupuestos de la responsabilidad aquiliana, esto es, da\u00f1o, t\u00edtulo de imputaci\u00f3n y relaci\u00f3n de causalidad, consider\u00f3 que el da\u00f1o deb\u00eda ser el punto de inicio, dado que su ausencia torna inocua cualquier referencia a los otros elementos axiales. <\/p>\n
De cara al ejercicio de la huelga, resalt\u00f3 que el cese de las operaciones productivas conlleva per se una afectaci\u00f3n para el empleador, pero esta no tiene car\u00e1cter antijur\u00eddico, pues el patrono est\u00e1 obligado a soportarla cuando se ejerce dentro del marco jur\u00eddico regulatorio. No obstante, si los trabajadores sindicalizados y la organizaci\u00f3n sindical exceden el \u00e1mbito de la reglamentaci\u00f3n constitucional y legal, como ocurre cuando se ejercen acciones violentas, est\u00e1n llamados a responder por los perjuicios derivados de su injustificada conducta. <\/p>\n
Precis\u00f3 que, en el sub examine, donde se alega la generaci\u00f3n de perjuicios a la demandante con el cese colectivo de labores impulsado por SINTRAIME y los demandados, ocurrido entre el 14 de marzo y el 3 de abril de 2013, realiz\u00e1ndose bloqueos en los lugares de acceso a cuatro proyectos mineros y la obstaculizaci\u00f3n del 14 al 31 de marzo de 2013 de la sede de la demandante, si bien se acredit\u00f3 la par\u00e1lisis laboral que se acompa\u00f1\u00f3 de actos para impedir el ingreso y salida de las instalaciones de la empresa y en los proyectos de miner\u00eda, esto por s\u00ed solo no permite concluir que se ocasionaron da\u00f1os injustificados a la promotora de la acci\u00f3n, pues para ello resultaba necesario no s\u00f3lo acreditar el hecho generador -conductas da\u00f1inas de los miembros del sindicato individuales o sistem\u00e1ticas-, sino adem\u00e1s, el agravio sufrido con ocasi\u00f3n de tales actuaciones, representado en da\u00f1os materiales, presupuesto que no encontr\u00f3 demostrado. <\/p>\n
La declaratoria de ilegalidad de la huelga -aclar\u00f3- no origina responsabilidad patrimonial por los perjuicios econ\u00f3micos dimanados del cese colectivo de actividades de parte de los trabajadores de la empresa, pues no corresponde a un da\u00f1o antijur\u00eddico, es decir, a uno causado de manera injustificada que la convocante no estaba obligada a soportar. <\/p>\n
Consider\u00f3 que a la sociedad Gecolsa S.A. no le bastaba probar la detenci\u00f3n de las actividades y los bloqueos en su sede y en los proyectos mineros donde realizaba su labor, sino que deb\u00eda acreditar la existencia de \u00abconductas agresivas o violentas por parte de los activistas sindicales, as\u00ed como la afecci\u00f3n patrimonial sufrida a partir de dichas actuaciones. Debe tratarse (\u2026) de perjuicios diferentes a los producidos por cese de actividades o por la merma en la actividad de producci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda por cuenta de los bloqueos, toda vez que estos no representan da\u00f1os antijur\u00eddicos y por lo tanto no pueden ser objeto de indemnizaci\u00f3n\u00bb.3 <\/p>\n
Destac\u00f3 que imputar la producci\u00f3n de da\u00f1os a la cesaci\u00f3n de las operaciones laborales en el marco de una huelga, a\u00fan si fue declarada ilegal, ser\u00eda atribuirle una consecuencia dis\u00edmil de las establecidas expresamente en la ley y desconocer aquel derecho, habida cuenta que adscribirle consecuencias como la descrita, dificultar\u00eda su ejercicio e impedir\u00eda el goce pac\u00edfico de esta prerrogativa y la de asociaci\u00f3n, por cuanto entra\u00f1ar\u00eda una conducta discriminatoria. <\/p>\n
La pretensi\u00f3n indemnizatoria, en ese orden de cosas, indic\u00f3, representa una consecuencia desproporcionada que atenta contra el derecho fundamental de los trabajadores a la huelga, aun pese a la ilegalidad declarada judicialmente, decisi\u00f3n respecto de la cual refiri\u00f3 que obedeci\u00f3 a la aprobaci\u00f3n del cese de actividades al interior de la asociaci\u00f3n sindical sin contar con el n\u00famero de votos requeridos y no a la naturaleza de las acciones desplegadas por los trabajadores en el marco de la interrupci\u00f3n de sus actividades y por ello, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema, al pronunciarse sobre este t\u00f3pico, determin\u00f3 que la declaraci\u00f3n de ilegalidad no afectaba ni desconoc\u00eda la obligaci\u00f3n del patrono de cumplir lo acordado con el sindicato en el acta de 3 de abril de 2013. <\/p>\n
Los medios probatorios recaudados permiten establecer la actividad productiva que realiza la sociedad demandante, el cese de actividades de los trabajadores de sus contratistas y los bloqueos que hicieron en instalaciones propias y de lugares de explotaci\u00f3n minera, pero no demuestran la ejecuci\u00f3n de conductas violentas por parte de los trabajadores que participaron en la huelga, las cuales condujeran a afectaciones patrimoniales a la demandante, diferentes de las que normalmente produce el ejercicio de ese derecho, aspecto que llevaba a fracasar la acci\u00f3n, siendo innecesario el estudio de los dem\u00e1s elementos estructurales de la responsabilidad. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Se formularon dos (2) cargos, planteados el inicial por la senda de la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, y el siguiente izado con fundamento en ambos motivos de violaci\u00f3n de la ley sustancial. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
(segmento inicial) <\/p>\n
En un primer apartado, el censor acus\u00f3 la decisi\u00f3n de transgredir de manera indirecta el numeral 4 del art\u00edculo 450 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, los preceptos 2341, 2343, 2344, 1613, y 1614 del C\u00f3digo Civil y el canon 333 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, como consecuencia de haber incurrido en errores de hecho manifiestos y trascendentes en relaci\u00f3n con algunas de las pruebas obrantes en el expediente, y tambi\u00e9n yerros de derecho debido al desconocimiento de las normas 97, 42 numeral 4, 169, 170 y 372 numeral 4 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
El quebranto se habr\u00eda producido, indic\u00f3, al entender el ad quem, de forma descaminada, que la demandante estaba obligada a soportar los da\u00f1os ocasionados con la cesaci\u00f3n de actividades de los trabajadores por tener la calidad de empleador suyo, desacierto que devino de la preterici\u00f3n de las pruebas demostrativas de su condici\u00f3n de tercero ajeno a los conflictos de naturaleza laboral que dieron origen a la huelga promovida por la organizaci\u00f3n SINTRAIME y sus afiliados contra las empresas Dimantec Ltda. y Trateccol Ltda., ambos subcontratistas de la convocante. <\/p>\n
Bajo la idea err\u00f3nea sobre la calidad en que actu\u00f3 la reclamante, el Tribunal \u00abintrodujo en el fallo consideraciones que, fuera de estar totalmente desenfocadas, lo llevaron a conclusiones equivocadas en las que en todo momento se dej\u00f3 completamente de lado cualquier an\u00e1lisis sobre el car\u00e1cter resarcible de los da\u00f1os reclamados por GECOLSA, en su calidad de TERCERO\u00bb.4 <\/p>\n
Explic\u00f3 que a pesar de que el sentenciador hizo alusi\u00f3n a la responsabilidad civil frente a terceras personas, luego retom\u00f3 el razonamiento seg\u00fan el cual el patrono no est\u00e1 llamado a soportar los da\u00f1os materiales que produzcan los huelguistas con la realizaci\u00f3n de conductas violentas, aludiendo en varios apartes de la providencia al empleador y no a los terceros extra\u00f1os al conflicto laboral. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que la sociedad Gecolsa no acudi\u00f3 ante la justicia para demandar el resarcimiento de los perjuicios ocasionados a consecuencia del escalamiento violento de las protestas que adelantaron los trabajadores afiliados a SINTRAIME, sino que en su condici\u00f3n de tercero, reclam\u00f3 la indemnizaci\u00f3n de los da\u00f1os provocados por los bloqueos promovidos por el sindicato y sus afiliados, en su sede y en las minas de sus clientes, huelga que se realiz\u00f3 infringiendo las normas legales que regulan su votaci\u00f3n, declaratoria e iniciaci\u00f3n, lo que determin\u00f3, a la postre, la declaraci\u00f3n de ilegalidad de que fue objeto, de donde se infiere que su ejercicio, desde el comienzo, fue ileg\u00edtimo. <\/p>\n
Todos los medios probatorios de los cuales se sirvi\u00f3 el colegiado para tener por acreditada la existencia del cese de actividades acompa\u00f1ado de la obstaculizaci\u00f3n del ingreso y egreso de las sedes de la gestora del litigio y de los proyectos mineros de sus clientes, tambi\u00e9n demostraban que Gecolsa no ostentaba la calidad de empleadora de los trabajadores que participaron en la huelga, pero de ellas el sentenciador cercen\u00f3 su contenido dejando de ver este \u00faltimo hecho. En ese orden, las probanzas desconocidas en lo que tiene que ver con la constataci\u00f3n de ese t\u00f3pico, seg\u00fan rese\u00f1\u00f3 el casacionista, son: <\/p>\n
1) La Resoluci\u00f3n 001 de la \u201cJunta Directiva Sintraime Nacional\u201d adiada el 16 de marzo de 2013, mediante la cual se resolvi\u00f3 votar y declarar el inicio de la huelga, pues expresa que la cesaci\u00f3n colectiva de labores fue votada por los empleados de las empresas Trateccol y Dimantec. <\/p>\n
2) Las actas de constataci\u00f3n del cese de actividades levantadas por el Ministerio del Trabajo (durante los d\u00edas 15, 20, 21 y 23 de marzo de 2013), en las cuales se rese\u00f1\u00f3 que los empleados que adelantaron la huelga estaban vinculados laboralmente con alguna de las dos sociedades mencionadas, mas no con la demandante. <\/p>\n
3) Solicitud de amparo policivo elevada por Trateccol Ltda. en favor de Gecolsa el 22 de marzo de 2014 ante la Seccional Atl\u00e1ntico de la Polic\u00eda Nacional, con ocasi\u00f3n de la perturbaci\u00f3n del orden p\u00fablico y la propiedad privada, debido a los bloqueos que se realizaron en las minas de los clientes de la segunda y en su propia sede, dejando claro que Gecolsa era su contratante. <\/p>\n
4) La resoluci\u00f3n de 28 de marzo de 2013 expedida por el Inspector Segundo de Polic\u00eda Urbana de Soledad (Atl\u00e1ntico), que resolvi\u00f3 favorablemente la mencionada petici\u00f3n de amparo policivo, pues all\u00ed se indic\u00f3 que los huelguistas no eran empleados de aquella, sino de sus subcontratistas Trateccol y Dimantec. <\/p>\n
5) El \u201cActa de Acuerdo\u201d suscrita el 3 de abril de 2013, mediante la cual, ante el Ministerio del Trabajo, se acord\u00f3 el levantamiento del cese colectivo de actividades laborales, el cual se firm\u00f3 por los representantes de las empresas se\u00f1aladas y los 34 representantes de la organizaci\u00f3n sindical SINTRAIME, al especificar que los trabajadores que participaron en aqu\u00e9l estaban vinculados laboralmente a las contratistas. <\/p>\n
6) El testimonio de Nelson Alexander G\u00f3mez B\u00e1ez, quien afirm\u00f3 que Gecolsa no era la empleadora de los trabajadores afiliados a SINTRAIME. <\/p>\n
7) La sentencia SL2953 de 26 de febrero de 2014, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que estableci\u00f3 la ilegalidad de la huelga llevada a cabo por la organizaci\u00f3n sindical y sus afiliados, expresando que aquella fue promovida por los empleados de la persona jur\u00eddica Dimantec y no de Gecolsa S.A. <\/p>\n
8) El fallo de 9 de abril de 2014, dictado por la autoridad citada, donde se declar\u00f3 ilegal la huelga realizada por los trabajadores de la compa\u00f1\u00eda Trateccol afiliados a SINTRAIME, respecto de la cual se omiti\u00f3 valorar no s\u00f3lo lo relativo a la condici\u00f3n en que la convocante acudi\u00f3 a la jurisdicci\u00f3n, sino tambi\u00e9n que la decisi\u00f3n se fund\u00f3 en que el cese de actividades de los trabajadores no inici\u00f3 dejando transcurrir al menos dos (2) d\u00edas h\u00e1biles desde la declaratoria, esto es, a partir del 20 de marzo de 2013. <\/p>\n
En el se\u00f1alado pronunciamiento, la Corte asever\u00f3 adicionalmente que no se encontraba acreditado \u00abel incumplimiento del Empleador en sus obligaciones contractuales y legales, aducido por el sindicato para proceder a votar la huelga y no se siguieron los cauces legales previstos para ello, por cuanto, como se dej\u00f3 visto el cese fue comenzado antes de ser votado por la mayor\u00eda absoluta de los trabajadores y por fuera del t\u00e9rmino legal\u00bb.5 <\/p>\n
9) Tambi\u00e9n se pretiri\u00f3 la apreciaci\u00f3n del hecho 13 de la demanda, incorporado en el escrito de adici\u00f3n de dicho libelo6, que el juez a quo admiti\u00f3 en prove\u00eddo de 28 de noviembre de 2014, donde se aludi\u00f3 a la existencia de la providencia mencionada en el numeral precedente. Como consecuencia de ello, el sentenciador de segundo grado cometi\u00f3, adem\u00e1s, un dislate de iure al hacer inoperante la presunci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 97 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, la certeza de los hechos susceptibles de confesi\u00f3n contenidos en el libelo genitor que no fueron objeto de pronunciamiento expreso por los enjuiciados, habida cuenta que el supuesto f\u00e1ctico a\u00f1adido no mereci\u00f3 contestaci\u00f3n por parte de ninguno de ellos. <\/p>\n
10) El testimonio de \u00c1lvaro Ropero Prada, quien para la fecha de los hechos era el representante legal de la sociedad Dimantec, pues afirm\u00f3 que la huelga la adelant\u00f3 personal de esa empresa y de Trateccol. <\/p>\n
Id\u00e9ntica consecuencia debi\u00f3 reconocerse ante la falta de contestaci\u00f3n del hecho No. 13 de la demanda, adicionado posteriormente, en el cual se mencion\u00f3 la existencia del fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral el 9 de abril de 2014, donde se declar\u00f3 la ilegalidad de la actividad huelgu\u00edstica adelantada por los trabajadores de Trateccol, afiliados a la organizaci\u00f3n sindical SINTRAIME. <\/p>\n
Concluy\u00f3 que \u00absi el Tribunal no hubiera incurrido en esos errores y, en consecuencia, hubiera advertido la verdadera calidad de GECOLSA, es absolutamente claro que tendr\u00eda que haber concluido que esta empresa, en tanto TERCERO ajeno a la huelga, no estaba llamada a soportar los efectos adversos en sus actividades econ\u00f3micas que fueron ocasionados por el mero cese colectivo de trabajo que adelantaron la Organizaci\u00f3n SINTRAIME y sus afiliados\u00bb7. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En la valoraci\u00f3n de los medios suasorios recaudados se reconoce a los juzgadores de las instancias cierta autonom\u00eda -prudente y reflexiva- que, en principio, impide en sede del recurso extraordinario de casaci\u00f3n inmiscuirse en ese an\u00e1lisis y, por lo tanto, las conclusiones a que se llegue en cuanto a la plataforma f\u00e1ctica del litigio, en principio, devienen intangibles, salvedad hecha de la cabal demostraci\u00f3n de la existencia de yerros en la percepci\u00f3n de las probanzas, siempre que tengan la magnitud y relevancia requeridas para derruir los cimientos de la sentencia enfrentada y con ello, demoler las presunciones de legalidad y acierto que las resguardan. <\/p>\n
Luego, al enfilar la reprensi\u00f3n por la v\u00eda indirecta, al censor no le es suficiente con exponer un razonamiento contrario al esgrimido por el juzgador en lo que respecta al m\u00e9rito de los instrumentos de convicci\u00f3n o al contenido objetivo de estos, ambos ataques insuficientes de suyo para generar el quiebre de la decisi\u00f3n impugnada, pues la Corte en el remedio excepcional que se estudia no est\u00e1 llamada a juzgar nuevamente el litigio en todas sus aristas, sino a verificar la estructuraci\u00f3n o la ausencia de infracciones a las normas sustanciales que el sedicente invoca como asidero de su reclamo. <\/p>\n
Desde luego que la falta de comprobaci\u00f3n de la ocurrencia de desatinos f\u00e1cticos o de iure en la apreciaci\u00f3n probatoria, acarrea que al veredicto cuestionado no se le pueda tildar de notoriamente irrazonable, arbitrario o contradictorio con el acervo demostrativo, debiendo permanecer, en tal caso, enhiesto. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que el yerro f\u00e1ctico se asocia a la deficiente contemplaci\u00f3n objetiva de los medios de convicci\u00f3n ya en cuanto a su existencia o frente a su contenido. Seg\u00fan recientemente lo acot\u00f3 esta Sala, dirige una cr\u00edtica a \u00abla percepci\u00f3n material de las probanzas con indisoluble incidencia en la decisi\u00f3n por parte del sentenciador, a contragolpe de la transgresi\u00f3n de las normas sustanciales que han debido disciplinar el asunto sometido a la jurisdicci\u00f3n. Entonces, en el error de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, error facti in judicando, el juzgador parte de premisas f\u00e1cticas equivocadas\u00bb (CSJ SC3772-2022, 24 nov., rad. 2014-01067-01). <\/p>\n
Tal dislate se verifica cuando el juzgador \u00absupone o pretermite la prueba, entendi\u00e9ndose que incurrir\u00e1 en la primera hip\u00f3tesis el juzgador que halla un medio en verdad inexistente o distorsiona el que s\u00ed obra para darle un significado que no contiene, y en la segunda situaci\u00f3n cuando ignora del todo su presencia o lo cercena en parte, para, en esta \u00faltima eventualidad, asignarle una significaci\u00f3n contraria o diversa. El error \u201cata\u00f1e a la prueba como elemento material del proceso, por creer el sentenciador que existe cuando falta, o que falta cuando existe, y debido a ella da por probado o no probado el hecho\u201d (G. J., t. LXXVIII, p\u00e1g. 313)\u00bb (CSJ SC5039-2021, 10 dic., rad. 2018-00170-01). <\/p>\n
Por otro lado, el error de derecho presupone que: <\/p>\n
(\u2026) el sentenciador no se equivoc\u00f3 en la constataci\u00f3n material de la existencia de la prueba y fijar su contenido, pero las aprecia \u00absin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para su producci\u00f3n; o cuando, vi\u00e9ndolas en la realidad que ellas demuestran, no las eval\u00faa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente proh\u00edbe para el caso; o cuando, requiri\u00e9ndose por la ley una prueba espec\u00edfica para demostrar determinado hecho o acto jur\u00eddico, no le atribuye a dicho medio el m\u00e9rito probatorio por ella se\u00f1alado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificaci\u00f3n de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere. (CXLVII, p\u00e1g. 61, citada en CSJ SC 13 abr. 2005, rad. n\u00b0 1998-0056-02, reiterada en CSJ SC1929-2021, 26 may., rad. 2007-00128-01; reiterado en CSJ AC756-2022, 17 mar.)\u00bb (CSJ AC3323-2022, 17 ag., rad. 2018-00320-01, CSJ SC3771-2022, 9 dic., rad. 2008-00634-01). <\/p>\n
En suma, esta segunda clase de pifia involucra las normas que regulan la aducci\u00f3n, pr\u00e1ctica o incorporaci\u00f3n y valoraci\u00f3n jur\u00eddica de los medios de convicci\u00f3n, de modo que, aunque el juzgador reconoce la existencia de la prueba y su contenido material, termina no otorg\u00e1ndole el valor demostrativo que la ley le asigna o le adscribe uno que esta le niega. <\/p>\n
2. Con las precisiones que anteceden, debe acometer la Corte el labor\u00edo de resolver el reproche inicial del cargo de apertura, en el cual se recrimin\u00f3 la comisi\u00f3n de errores de hecho y de derecho en la valoraci\u00f3n de algunos instrumentos de cognici\u00f3n; los primeros derivados, seg\u00fan explic\u00f3 el censor, de cercenar su materialidad y dejar de ver en ellos lo que realmente brota de su contenido objetivo, y los otros por omitir la aplicaci\u00f3n de normas procesales que consagran la presunci\u00f3n de certeza de los hechos susceptibles de confesi\u00f3n contenidos en la demanda, en raz\u00f3n del incumplimiento de una carga procesal asignada en los juicios a la parte convocada. <\/p>\n
En efecto, cuestion\u00f3 el inconforme el quebranto indirecto de los mandatos enunciados en el cargo, porque en los medios de prueba all\u00ed individualizados, el ad quem no vio, a pesar de descubrir en ellos otros aspectos, que la entidad Gecolsa S.A. no era la empleadora de los trabajadores que votaron a favor de realizar la huelga y participaron en la parada colectiva de labores, dentro de la cual los manifestantes impidieron durante varios d\u00edas el ingreso a cinco proyectos mineros en que ten\u00eda operaci\u00f3n y tambi\u00e9n en sus instalaciones localizadas en el municipio de Soledad (Atl\u00e1ntico). Dej\u00f3 de apreciar que, tal como lo demostraban esas probanzas, su condici\u00f3n era la de tercero ajeno a esa protesta, dado que contrat\u00f3 los servicios ofrecidos por las compa\u00f1\u00edas Dimantec y Trateccol, para las cuales trabajan los empleados que intervinieron en las actividades mencionadas. <\/p>\n
Afirm\u00f3 el casacionista que todas las elucubraciones del juzgador de segundo grado al respecto fueron producto del indebido entendimiento de los elementos suasorios, dando por supuesto que ella era la empleadora de los trabajadores que participaron en la huelga y al ostentar dicha posici\u00f3n, estaba llamada a soportar los da\u00f1os materiales que, adujo, le fueron inferidos con el paro de trabajadores. <\/p>\n
Empero, adicional a esa censura, arguy\u00f3 que el Tribunal cometi\u00f3 error de derecho al no dar aplicaci\u00f3n al numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, consecuencia que provoc\u00f3 la pasiva con su inasistencia no justificada a la audiencia inicial del juicio; no obstante, el ad quem no impuso la sanci\u00f3n procesal correspondiente, esto es, la presunci\u00f3n de certeza de los hechos susceptibles de confesi\u00f3n contenidos en el libelo iniciador del pleito relacionados con la calidad de la demandante, uno de los cuales no fue, incluso, objeto de contestaci\u00f3n por los llamados a la contienda, generando aunadamente, igual presunci\u00f3n de certeza, pero derivada de la consagraci\u00f3n del art\u00edculo 97 ejusdem. <\/p>\n
2.1. Podr\u00eda pensarse que la enunciada manera de plantear la cr\u00edtica casacional la torna inid\u00f3nea, pues en bastantes ocasiones esta colegiatura ha llamado la atenci\u00f3n sobre la imposibilidad de mixturar las dos variedades de desaciertos comprendidos en la v\u00eda indirecta como modalidades de transgresi\u00f3n. <\/p>\n
Sobre esta particular falencia en que suele incurrirse desbordando los l\u00edmites de la t\u00e9cnica del remedio extraordinario, ha sido un axioma invariado \u00abla imposibilidad de entremezclar, al interior de un mismo cargo y en relaci\u00f3n con unas mismas pruebas, el error de hecho y el de derecho\u00bb, porque \u00abmientras el primero se refiere a la ponderaci\u00f3n objetiva de los medios de convicci\u00f3n, el segundo concierne a su valoraci\u00f3n jur\u00eddica a la luz de las normas de disciplina probatoria, que supone, por ende, su adecuada contemplaci\u00f3n material, por lo que son excluyentes entre s\u00ed\u00bb. <\/p>\n
Luego, pugna con las exigencias de claridad y precisi\u00f3n atribuidas a la sustentaci\u00f3n del recurso a m\u00e1s de re\u00f1ir con el principio l\u00f3gico de no contradicci\u00f3n, que en un mismo reproche se amalgamen cuestionamientos por errores de hecho y de derecho respecto de unos mismos medios probatorios, y tampoco \u00abresulta id\u00f3neo invocar el uno sustentado en elementos propios del otro, pues si se denuncia como de hecho y se fundamenta como de derecho, o viceversa, am\u00e9n de que el cargo se torna oscuro e impreciso, implica que en el fondo el vicio que se quiso delatar carece de fundamentaci\u00f3n\u00bb (CSJ SC3142-2021, 28 jul., rad. 2014-00193-01, CSJ SC3959-2022, 16 dic., rad. 2019-00116-01). <\/p>\n
Como se ha acotado, las dos especies de error, son de naturaleza diferente. El de derecho, por su propia esencia, presupone que el fallador advirti\u00f3 la presencia f\u00edsica de la prueba dentro del proceso sin obviar nada de su contenido material, de ah\u00ed que no es l\u00f3gico afirmar que el sentenciador pretiri\u00f3, cercen\u00f3 o tergivers\u00f3 un medio probatorio y a la vez aseverar que efectu\u00f3 una correcta contemplaci\u00f3n objetiva de aquel, pero se equivoc\u00f3 en aspectos relacionados con su aducci\u00f3n, pr\u00e1ctica o estimaci\u00f3n de su m\u00e9rito demostrativo. <\/p>\n
2.2. En la acusaci\u00f3n que se ausculta, la anotada mixtura es apenas parcial, comoquiera que la simultaneidad de los yerros invocados s\u00f3lo afecta al hecho No. 13 de la demanda, respecto del cual el casacionista adujo que adicional a ser susceptible de confesi\u00f3n, evidenciaba la condici\u00f3n de tercero que ostenta la convocante respecto del conflicto entre patronos y trabajadores que habr\u00eda motivado la huelga de algunos de los \u00faltimos. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que los errores f\u00e1cticos se predicaron ocurridos en relaci\u00f3n con el enunciado supuesto f\u00e1ctico contenido en el libelo inicial del proceso y, adem\u00e1s, respecto de la Resoluci\u00f3n 001 de la \u201cJunta Directiva Sintraime Nacional\u201d fechada 16 de marzo de 2013, mediante la cual se resolvi\u00f3 votar y declarar el inicio de la huelga, las actas de constataci\u00f3n de cese de actividades levantadas por el Ministerio del Trabajo, la petici\u00f3n de amparo policivo elevada por Trateccol Ltda. en favor de Gecolsa ante la Seccional Atl\u00e1ntico de la Polic\u00eda Nacional, la resoluci\u00f3n de 28 de marzo de 2013 expedida por el Inspector Segundo de Polic\u00eda Urbana de Soledad (Atl\u00e1ntico) que resolvi\u00f3 dicha solicitud, el \u201cActa de Acuerdo\u201d de 3 de abril de 2013, en la cual se acord\u00f3 el levantamiento del cese colectivo de actividades laborales, el testimonio de Nelson Alexander G\u00f3mez B\u00e1ez, la sentencia SL2953 de 26 de febrero de 2014, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que estableci\u00f3 la ilegalidad de la huelga adelantada por algunos empleados de Dimantec afiliados a SINTRAIME, el fallo de 9 de abril de 2014, dictado por la autoridad citada, donde se declar\u00f3 ilegal la huelga llevada a cabo por los trabajadores de Trateccol adscritos a la misma organizaci\u00f3n sindical y el testimonio de \u00c1lvaro Ropero Prada. <\/p>\n
Los errores de derecho, a su turno, se hicieron derivar de: i) el desconocimiento de la regla consignada en el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 372 del estatuto procedimental, esto es, no tener por ciertos los hechos de la demanda alusivos a la relaci\u00f3n existente entre el sindicato, los trabajadores huelguistas y la sociedad actora (n\u00b0. 2 a 5 y 8 a 9), de los cuales se desprend\u00eda que Gecolsa S.A. era, por completo, extra\u00f1a a la manifestaci\u00f3n sindical, toda vez que quienes participaron en ella no eran trabajadores suyos y, ii) la falta de contestaci\u00f3n al hecho n\u00b0. 13 del escrito mencionado, en el cual se aludi\u00f3 a la existencia del fallo de 9 de abril de 2014, proferido por la Sala especializada laboral de esta Corte. <\/p>\n
Puestas en orden las cosas, sobre la apreciaci\u00f3n de los hechos 2 a 5 y 8 a 9 del libelo incoativo el censor no acus\u00f3 la comisi\u00f3n de yerros f\u00e1cticos, sino \u00fanicamente de derecho; respecto de los medios de prueba singularizados en el reproche denunci\u00f3 error de hecho por preterici\u00f3n y, por \u00faltimo, respecto del hecho n\u00b0. 13 del escrito inaugural se invocaron ambas especies de dislate, \u00fanico punto de convergencia en el cual es antit\u00e9cnico el ataque, circunstancia que es suficiente para conducir al fracaso esta \u00faltima cr\u00edtica. <\/p>\n
2.3. Superado el an\u00e1lisis precedente, se pasa a constatar si el sentenciador incurri\u00f3 en los desaciertos de orden f\u00e1ctico que se le imputaron en el primer cargo, en esencia, debido a la falta de comprensi\u00f3n total del marco contextual a partir de los medios probatorios a los que habr\u00eda mutilado una porci\u00f3n de su contenido. <\/p>\n
En este tipo de recriminaci\u00f3n y con miras a la prosperidad de la misma, el impugnador tiene sobre sus hombros la carga de acreditar que el error f\u00e1ctico es manifiesto o evidente y, adem\u00e1s, trascendente. <\/p>\n
La notoriedad o evidencia del desatino radica en que su presencia debe hacer aflorar el apartamiento del juez del buen juicio, lo que ocurre cuando las inferencias que realiza con base en el material probatorio son contraevidentes y ello genera que el fallo desatienda la realidad emanada del proceso. Al recurrente no le basta contraponer su punto de vista con el del iudex sobre el alcance o contenido de los elementos de convicci\u00f3n que considere no apreciados o err\u00f3neamente valorados; le es preciso confrontar lo expuesto en la decisi\u00f3n combatida con lo representado por el medio de prueba, para que de esa contrastaci\u00f3n refulja la pifia. <\/p>\n
Por su parte, la trascendencia se halla demarcada por el influjo que pueda tener el error en la resoluci\u00f3n adoptada para la litis, de modo que esta ha de ser determinante, es decir que, de no haber incurrido en el yerro, el sentido de lo decidido habr\u00eda sido opuesto al que se consigna en la providencia impugnada. <\/p>\n
2.4. Dado que el impugnante en esta sede apunta su querella hacia el cercenamiento de los medios de prueba, unos documentales y otros testimoniales, que identific\u00f3 al sustentar el recurso, debe partirse de que la mutilaci\u00f3n del contenido material de un elemento persuasivo con lo cual se restringe el alcance real de dicho medio, supone su preterici\u00f3n parcial, esto es, la omisi\u00f3n de la apreciaci\u00f3n de la prueba del hecho que aquella demuestra en la parte o segmento cortado. Siendo esa la cr\u00edtica, al casacionista le corresponde se\u00f1alar lo que acredita el elemento suasorio genuinamente y confrontarlo con lo que el juzgador vio en \u00e9l para hacer notoria la disparidad entre el tenor del medio de convicci\u00f3n y la estimaci\u00f3n f\u00e1ctica realizada en torno suyo, divergencia respecto de la cual, se advierte, no son necesarios complejos razonamientos del objetor, sino que debe emanar n\u00edtidamente del simple ejercicio de contraste. <\/p>\n
No encuentra la Sala que el juez colegiado cometiera los errores de hecho achacados por el opugnador en este primer segmento del embate inaugural, pues en ninguna de las apreciaciones que aqu\u00e9l efectu\u00f3 en relaci\u00f3n con los medios de prueba se\u00f1alados en la censura, brota protuberante la denunciada preterici\u00f3n acerca de la condici\u00f3n que revest\u00eda a la demandante frente a los trabajadores intervinientes en el cese colectivo de labores y ciertamente de sus alusiones a la tolerancia que, a su juicio, debe tener cualquier empleador frente a la huelga de sus empleados, no se colige su desconocimiento de la calidad de la sociedad Gecolsa S.A., en virtud de la cual ella acudi\u00f3 ante la jurisdicci\u00f3n con el objetivo de reclamar la indemnizaci\u00f3n de perjuicios en la acci\u00f3n impetrada. <\/p>\n
Es m\u00e1s, la raz\u00f3n cardinal por la cual el ad quem revoc\u00f3 la sentencia proferida en la primera instancia dista de haber soslayado el car\u00e1cter de tercero frente a la controversia laboral marco de los diferendos manifestados en la huelga, as\u00ed como su inexistente v\u00ednculo con los protagonistas del aludido paro, pues el motivo principal que adujo el juzgador residi\u00f3 en la falta de demostraci\u00f3n de un da\u00f1o antijur\u00eddico susceptible de reparaci\u00f3n, siendo este uno de los tres elementos indispensables o axiol\u00f3gicos de la responsabilidad civil extracontractual recabada. <\/p>\n
En efecto, sobre el t\u00f3pico mencionado, el Tribunal se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
En el sub examine, considera esta Sala que la demandante no cumpli\u00f3 con la carga de acreditar suficientemente el da\u00f1o en s\u00ed mismo \u2013con los elementos o requisitos que lo integran-. Resultaba imperativo en este caso demostrar, no solamente el cese de actividades y los bloqueos registrados en la sede de GECOLSA en el municipio de Soledad y en las diferentes minas en las cuales aquella desplegaba su actividad, sino adem\u00e1s, las conductas agresivas o violentas por parte de los activistas sindicales, as\u00ed como la afecci\u00f3n patrimonial sufrida a partir de dichas actuaciones. Debe tratarse, reitera esta Sala, de perjuicios diferentes a los producidos por cese de actividades o por la merma en la actividad de producci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda por cuenta de los bloqueos, toda vez que estos no representan da\u00f1os antijur\u00eddicos y por lo tanto no pueden ser objeto de indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n
Imputar los da\u00f1os patrimoniales que se derivan propiamente de un cese de actividades en el marco de una huelga -aunque haya sido declarada ilegal-, ser\u00eda atribuirle a \u00e9sta una consecuencia jur\u00eddica distinta a las expresamente establecidas por ley y ser\u00eda desconocer el derecho mismo, habida cuenta de que la atribuci\u00f3n de tales efectos dificultar\u00eda su ejercicio y en \u00faltimas impedir\u00eda el goce pac\u00edfico no solo de \u00e9ste, sino tambi\u00e9n del derecho de asociaci\u00f3n, toda vez que podr\u00eda representar una conducta discriminatoria. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Bajo este postulado, el pretender la indemnizaci\u00f3n de perjuicios derivados de un cese de actividades por cuenta del ejercicio del derecho a huelga, representa una consecuencia desproporcionada que atenta contra este derecho fundamental de los trabajadores, aun cuando aquella ha sido declarada ilegal. No se puede perder de vista adem\u00e1s que la declaratoria de ilegalidad en el caso bajo estudio se debi\u00f3 a un procedimiento administrativo previo -no contar con el n\u00famero de votos requeridos para su aprobaci\u00f3n-, pero no por las conductas desplegadas por los trabajadores en el marco del cese de actividades. La misma Corte Suprema de Justicia en la sentencia que declar\u00f3 la ilegalidad de la huelga, aclar\u00f3 que se adoptaba tal decisi\u00f3n \u201csin perjuicio del cumplimiento de lo acordado entre las partes en el acta del 3 de abril de 2013, visible en folios 100 a 102\u201d. <\/p>\n
Cabe precisar que las pruebas documentales aducidas con la demanda, tales como las actas de constataci\u00f3n de ceses de actividades, la solicitud de amparo policivo efectuada por la sociedad TRACTECCOL LTDA., la Resoluci\u00f3n de amparo policivo concedido a favor de GECOLSA por parte de la Inspecci\u00f3n Segunda de Polic\u00eda de Soledad, el Acta de acuerdo de cese de bloqueos suscrito entre las sociedades DIMANTEC y TRACTECCOL LTDA y el Sindicato SINTRAIME, as\u00ed como la declaraci\u00f3n del se\u00f1or Nelson Alexander G\u00f3mez B\u00e1ez se concretan solamente a acreditar el cese de actividades y los bloqueos, pero no un da\u00f1o diferente al que usualmente se deriva de la par\u00e1lisis o disminuci\u00f3n de la actividad productiva por cuenta de una huelga, que como ya se ha manifestado no tiene el car\u00e1cter de antijur\u00eddico. <\/p>\n
La declaraci\u00f3n del se\u00f1or Nelson Alexander G\u00f3mez B\u00e1ez se concentr\u00f3 en establecer la actividad productiva desplegada por la demandante, as\u00ed como el cese de actividades y los bloqueos, empero realmente no contribuye a demostrar conductas violentas por parte de los trabajadores sindicalizados que condujeran a afecciones patrimoniales de la sociedad demandante distintas a las que normalmente produce el ejercicio del derecho de huelga. <\/p>\n
Ante la imposibilidad de determinar la antijuricidad del da\u00f1o alegado por la demandante, la pretensi\u00f3n indemnizatoria no est\u00e1 llamada a prosperar, por lo cual resulta vano e innecesario adentrarse en el estudio de los dem\u00e1s elementos estructurales de la responsabilidad.8 <\/p>\n
2.5. La anterior cita deja en evidencia que la argumentaci\u00f3n expuesta por el censor para edificar este t\u00f3pico del reproche es desenfocada y asim\u00e9trica, pues no se enfil\u00f3 a cuestionar las consideraciones centrales que motivaron el sentido de la decisi\u00f3n impugnada, sino que desvi\u00f3 la atenci\u00f3n hacia inferencias no consignadas en el fallo, comoquiera que una de las motivaciones del ad quem que lo condujo a decidir de manera desfavorable a las aspiraciones de la demandante en el proceso, corresponde a un razonamiento estrictamente jur\u00eddico cuyo estudio se abordar\u00e1 al resolver el siguiente cargo conjuntado con los segmentos del embiste primero que la Sala escinde por las razones indicadas previamente, y el otro fundamento esgrimido por el enjuiciador, este s\u00ed de naturaleza f\u00e1ctica, refiere a la falta de demostraci\u00f3n de la existencia de da\u00f1os diferentes a los que usualmente se derivan de la par\u00e1lisis o disminuci\u00f3n de la actividad productiva por cuenta de una huelga, como los producidos a trav\u00e9s de actos violentos o de agresiones perpetradas por los part\u00edcipes de la misma. <\/p>\n
2.6. Resta examinar lo atinente al error de derecho derivado de la falta de reconocimiento por el Tribunal de la repercusi\u00f3n a nivel probatorio, atribuida por la ley a la inasistencia de los convocados a la audiencia inicial, huelga anotar, la presunci\u00f3n de ser ciertos los hechos susceptibles de confesi\u00f3n contenidos en la demanda, en este caso, puntualmente de acuerdo con la censura, los enunciados f\u00e1cticos 2 a 5 y 8 a 9. <\/p>\n
Sin embargo, el enunciado ataque tambi\u00e9n luce desenfocado, toda vez que no combate de manera concreta y razonada los verdaderos fundamentos de la sentencia de segunda instancia, que como se indic\u00f3 l\u00edneas atr\u00e1s, radic\u00f3 en la inexistencia de un da\u00f1o antijur\u00eddico a resarcir y la falta de acreditaci\u00f3n de da\u00f1os dis\u00edmiles a los esperables de toda actividad huelgu\u00edstica, los cuales se generan por el solo hecho de detenerse por los trabajadores las labores de una empresa, como lo ser\u00edan aquellos producidos por el uso de la violencia en el marco de las protestas. <\/p>\n
3. Corolario de lo discurrido hasta ahora, es el fracaso de la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
(segundo y tercer segmentos) <\/p>\n
En un siguiente apartado de la inicial imputaci\u00f3n, el censor cuestion\u00f3 al ad quem que haya considerado como un principio absoluto que el cese de actividades por s\u00ed solo, nunca configura un da\u00f1o antijur\u00eddico o, incluso, est\u00e1 prevista la \u00abimpunidad de las asociaciones sindicales y de sus miembros frente a este tipo de afectaciones\u00bb9, de lo cual deriv\u00f3, equivocadamente, que \u00abni siquiera cuando se ha declarado la ilegalidad de la huelga por el motivo hallado por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia -en la sentencia que se refer\u00eda a la huelga de DIMANTEC- es posible derivar responsabilidad por los da\u00f1os que ocasiona el mero cese de actividades; ya que, seg\u00fan sus conclusiones, esos da\u00f1os simplemente no son resarcibles por no ser antijur\u00eddicos\u00bb.10 <\/p>\n
Y por ello, a\u00f1adi\u00f3, el sentenciador \u00abno contempl\u00f3 que existen casos -como en el que nos ocupa- en los que no se producen da\u00f1os materiales a consecuencia de hechos de violencia, pero en los que, no obstante, s\u00ed se concreta un ejercicio ileg\u00edtimo de la huelga que, por sus contornos particulares, implica que los efectos de la misma no deban ser soportados, en la m\u00e1s m\u00ednima medida, por el empleador, ni mucho menos por terceras personas; y en donde es viable entender que la par\u00e1lisis econ\u00f3mica generada por el cese de labores (y bloqueos) corresponde en todo sentido con el concepto de da\u00f1o antijur\u00eddico\u00bb.11 <\/p>\n
En esa l\u00ednea, no podr\u00eda aceptarse, recalc\u00f3, que \u00abcuando la huelga se declara ilegal por razones distintas a la ocurrencia de actos violentos, no existir\u00eda posibilidad alguna para los afectados de reclamar da\u00f1os diferentes a los que materialmente hubieran generado los huelguistas con sus conductas agresivas, aun cuando concurran otros motivos de ilegalidad\u00bb12. Por esa v\u00eda, termin\u00f3 el ad quem restando importancia al numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 450 del C\u00f3digo de Sustantivo del Trabajo, al calificar de simple omisi\u00f3n de un procedimiento administrativo previo, al incumplimiento de un requisito de legalidad de la huelga, cual es el de haberse declarado en los t\u00e9rminos previstos en esa normatividad. <\/p>\n
En una tercera parte del cargo inicial, el recurrente recrimin\u00f3 al enjuiciador que, como resultado de los desaciertos que vienen de describirse, dej\u00f3 de apreciar \u00ablas pruebas afirmativas del da\u00f1o que GECOLSA aport\u00f3, y con arreglo a las cuales se pod\u00eda confirmar que el da\u00f1o que se reconoci\u00f3 en un plano meramente te\u00f3rico efectivamente se hab\u00eda producido en una cuant\u00eda determinada\u00bb13, entre ellas el dictamen pericial con el cual se demostr\u00f3 tanto los perjuicios padecidos por la demandante como su valor, estableci\u00e9ndose la cifra de $6.040\u2019047.250 por concepto de da\u00f1o emergente y $31.659\u2019190.048 a t\u00edtulo de lucro cesante, para un total de perjuicios materiales de $37.700.031.241. <\/p>\n
Y si el ad quem, a\u00f1adi\u00f3 el censor, no estaba conforme con el resultado de la experticia, ante la existencia y acreditaci\u00f3n de los da\u00f1os, estaba en la obligaci\u00f3n de imponer condena a los demandados, teniendo por ciertos los hechos de la demanda que fueran susceptibles de confesi\u00f3n debido a la inasistencia de los convocados a la audiencia inicial, omisi\u00f3n que lo llev\u00f3 a incurrir en error de derecho. De haber procedido de la manera se\u00f1alada, como m\u00ednimo, debi\u00f3 condenarlos a pagar, indexadas, las cantidades discriminadas en el hecho 9\u00ba de ese libelo, las cuales ascienden a $1.937.402.000 por da\u00f1o emergente y $10.155.001.000 correspondiente al lucro cesante, o acudir, de estimarlo necesario, al decreto de una nueva probanza pericial con arreglo a los art\u00edculos 42, 169 y 170 del estatuto procedimental. <\/p>\n
Recab\u00f3, casar la sentencia impugnada y, en su lugar, confirmar el fallo de primer grado, o que la Corte, puesta en sede de instancia, profiera la sentencia que en derecho corresponda, accediendo a las s\u00faplicas de la demanda y condenando, cuando menos, a las personas naturales enjuiciadas y al sindicato a pagar las sumas de dinero procedentes por los aludidos rubros de perjuicios materiales a favor de la reclamante. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Con fundamento en las causales primera y segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso que, adujo, pod\u00edan ser excepcionalmente conjuntadas, recrimin\u00f3 la violaci\u00f3n directa de las mismas normas citadas en el primer embate y de las \u00faltimas mencionadas en esa censura como consecuencia de errores de hecho manifiestos y trascendentes en relaci\u00f3n con algunas de las pruebas que militan en el expediente. <\/p>\n
Inici\u00f3 aclarando el opugnador que, consciente de la prohibici\u00f3n de mixturar acusaciones originadas en la v\u00eda directa con aquellas pasibles de invocarse por la senda mediata, proced\u00eda aquella en esta excepcional situaci\u00f3n, porque el Tribunal \u00abambiguamente hizo una oscura menci\u00f3n a la responsabilidad civil extracontractual de los sindicatos y los huelguistas frente al EMPLEADOR y los TERCEROS -que en el Cargo Primero se consider\u00f3 formulada apenas \u201cde paso\u201d-\u00bb14, ante lo cual era necesario contemplar la posibilidad de que, con ello, pudiera interpretarse que no incurri\u00f3 en el error de creer que Gecolsa era el empleador de los trabajadores en huelga; y que, por lo tanto, las alusiones a dicha empresa en la anotada condici\u00f3n fueron simples lapsus, pero quiso hacer referencia a la responsabilidad civil extracontractual de los sindicatos y sus afiliados frente a cualquier tipo de personas (empleadores o terceros). <\/p>\n
Bajo ese razonamiento, le endilg\u00f3 al fallo haber incurrido en dislate sobre un aspecto de car\u00e1cter eminentemente jur\u00eddico, como lo fue considerar que la huelga \u00abnunca produce da\u00f1os antijur\u00eddicos distintos a los materiales ocasionados por la comisi\u00f3n de hechos de violencia\u00bb15, pero tambi\u00e9n cometi\u00f3 pifias en el campo f\u00e1ctico, pues asever\u00f3 el ad quem que en el plenario no obraba prueba de da\u00f1os cuantificados a pesar de su existencia en el proceso, y de all\u00ed la conjunci\u00f3n en un mismo embiste de ambas censuras, para cumplir el requisito de completitud del cargo. <\/p>\n
En cuanto a lo primero, adver\u00f3 el impugnante, campea en el raciocinio del enjuiciador la transgresi\u00f3n recta de las normas invocadas, pues no es cierto que, trat\u00e1ndose del ejercicio del derecho de huelga, s\u00f3lo sean indemnizables los da\u00f1os materiales producidos por actos agresivos o violentos de parte de los involucrados; ni mucho menos que las afectaciones econ\u00f3micas derivadas de la par\u00e1lisis de las actividades laborales se deban considerar, en todos los casos, da\u00f1os justificados, y tampoco es cierto que la indemnizaci\u00f3n de aquellos detrimentos patrimoniales generados por el cese de las actividades laborales, est\u00e9 excluido de las consecuencias que acarrea la declaratoria de ilegalidad emanada de las autoridades judiciales, consagradas en la normatividad del ramo, ni que la imputaci\u00f3n de esos menoscabos que dimanan de la cesaci\u00f3n de las operaciones por parte de los trabajadores en el marco de una huelga declarada ilegal, sea un efecto desproporcionado y discriminatorio que desestimula el goce de esa garant\u00eda constitucional. <\/p>\n
Reiter\u00f3 su argumentaci\u00f3n en cuanto al ejercicio ileg\u00edtimo de la citada prerrogativa al aprobarse sin el n\u00famero de votos requeridos para ello e iniciarse antes de la oportunidad establecida en la ley, esto es, antes de los dos (2) d\u00edas h\u00e1biles posteriores a la declaratoria de huelga. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el Tribunal, pese a considerar erradamente la inviabilidad de la generaci\u00f3n de un da\u00f1o injustificado, porque en toda huelga, sea legal o ilegal, siempre se debe soportar el efecto paralizante que produce el puro ejercicio de ese derecho, salvo que se produzcan da\u00f1os materiales por hechos violentos atribuibles a los part\u00edcipes de esa manifestaci\u00f3n sindical, entendi\u00f3 lo que la demandante estaba reclamando y tuvo por acreditada la ocurrencia del cese de actividades laborales que posteriormente se declar\u00f3 ilegal, en desarrollo del cual se presentaron bloqueos en la sede de la empresa demandante y en el ingreso a los proyectos mineros donde despliega su actividad comercial. <\/p>\n
Luego, enfatiz\u00f3 el censor en que la apreciaci\u00f3n jur\u00eddica del juzgador en torno a la imposibilidad de causarse perjuicios por el ejercicio del cese ilegal de actividades fue incoherente con su consideraci\u00f3n anterior tambi\u00e9n expuesta en la providencia, relativa a que la par\u00e1lisis generada por la huelga solo debe soportarla el empleador si aquella se desarrolla dentro del marco normativo que la regula, inconsecuencia en el discurso l\u00f3gico que es dable atribuir, seg\u00fan expuso, a la incorporaci\u00f3n del ejemplo de las conductas violentas o agresivas, a la cual el fallador le dio el car\u00e1cter de regla impeditiva de la responsabilidad civil cuando, claramente, ni siquiera ven\u00eda al caso. <\/p>\n
Resalt\u00f3 el opugnador que el hecho de \u00abparticipar y promover una huelga que se vot\u00f3 y ejecut\u00f3 sin haber contado con el n\u00famero de votos exigidos por la ley; y en donde, como se dijo, se generaron bloqueos en las sedes de TERCERAS PERSONAS, es ab initio un ejercicio ileg\u00edtimo del derecho: un cese de actividades laborales realizado al margen de lo establecido por el legislador, en donde el exceso, si as\u00ed se pudiera denominar, es propiamente la interrupci\u00f3n de actividades y por contera, los bloqueos fueron realizados para radicalizar esa interrupci\u00f3n, ya que ni el empleador, ni mucho menos un TERCERO, est\u00e1n obligados a soportar los efectos de una HUELGA que no se vota ni se declara conforme lo establece la norma\u00bb (negrilla original).16 <\/p>\n
Significa lo preanotado que el ad quem no apreci\u00f3 que el ordenamiento jur\u00eddico contempla la existencia de casos donde no se producen dem\u00e9ritos materiales a consecuencia de actos de violencia, pero la interrupci\u00f3n de las labores como mecanismo de protesta y de impulso a una negociaci\u00f3n colectiva con el empleador, es ejercida de manera ileg\u00edtima, lo cual conlleva que sus repercusiones no deban ser soportadas ni por \u00e9ste ni por terceras personas, eventos en donde la par\u00e1lisis de las actividades econ\u00f3micas por causa del cese del trabajo realizado por los participantes en las protestas, genera un da\u00f1o que ostenta el car\u00e1cter de antijur\u00eddico. <\/p>\n
En un supuesto de tal entidad como el que se constat\u00f3 en el caso bajo estudio, indic\u00f3 el impugnante, se est\u00e1 ante un paro ilegal y no frente al ejercicio leg\u00edtimo del derecho de huelga; el art\u00edculo 450 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, que consigna las consecuencias mencionadas por el Tribunal como aparejadas a la declaraci\u00f3n de ilegalidad del cese de actividades, no distingue cu\u00e1les son los da\u00f1os que se consideran antijur\u00eddicos, ni prescribe que la responsabilidad se derive \u00fanicamente de las afectaciones materiales causadas por los actos de agresividad de los trabajadores manifestantes. <\/p>\n
Incluso, en su numeral 4\u00b0, el legislador dej\u00f3 a salvo la acci\u00f3n del empleador contra los responsables por la indemnizaci\u00f3n de los perjuicios que se le hubieren causado, precepto que no excluye la acci\u00f3n que terceras personas promuevan con id\u00e9ntica finalidad luego de verse damnificadas a causa de una huelga declarada ilegal por la judicatura, responsabilidad cuyo fundamento se encuentra en la cl\u00e1usula general contenida en el art\u00edculo 2341 de la codificaci\u00f3n civil. <\/p>\n
Concluy\u00f3 el casacionista que aceptar la inteligencia del Tribunal consignada en el argumento cuestionado ser\u00eda suponer que, si la huelga se declara ilegal por razones distintas a la ocurrencia de comportamientos violentos de los part\u00edcipes, quienes resulten agraviados no podr\u00edan pretender el reconocimiento y pago de la reparaci\u00f3n de los perjuicios irrogados, aun si concurren otros motivos de ilegalidad. <\/p>\n
Respecto de lo anterior, puntualiz\u00f3 que el da\u00f1o antijur\u00eddico es aquel que, adem\u00e1s de haberse producido, es relevante para el derecho por afectar un bien o un inter\u00e9s jur\u00eddicamente protegido por la normatividad constitucional o legal, el cual, en el caso, corresponde a la libertad de empresa consagrada en el art\u00edculo 333 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, que fue menoscabada con la restricci\u00f3n sufrida por la actora frente a la posibilidad de explotar su objeto comercial, en raz\u00f3n del cese de actividades laborales de los empleados de sus contratistas y de los bloqueos realizados en su sede y en el ingreso a los proyectos mineros de sus clientes, entre ellos las sociedades Prodeco y Drummond. <\/p>\n
El menoscabo objeto de reclamaci\u00f3n, reiter\u00f3, es antijur\u00eddico por cuanto: <\/p>\n
(\u2026) v). Se manifest\u00f3 f\u00edsicamente en afectaciones sobre la \u00f3rbita patrimonial de GECOLSA (da\u00f1o emergente y lucro cesante); vi). Recay\u00f3 sobre un bien o inter\u00e9s jur\u00eddicamente protegido por el ordenamiento, como lo es su actividad empresarial y su derecho a permanecer indemne; vii). El bien jur\u00eddico protegido result\u00f3 afectado de forma il\u00edcita e injustificada puesto que la suspensi\u00f3n colectiva del trabajo, en la que se generaron bloqueos en la sede de GECOLSA y en las minas de sus clientes -impidiendo con ello la realizaci\u00f3n de sus actividades productivas, seg\u00fan fuera constatado por el ad quem-, se realiz\u00f3 de forma ILEGAL ab initio; pues: la interrupci\u00f3n de labores que implic\u00f3 los bloqueos fue votada, declarada y luego ejecutada en abierta violaci\u00f3n de los preceptos legales que regulan la materia; y finalmente, porque viii). Dicha afectaci\u00f3n fue causada por personas totalmente ajenas a GECOLSA, quien sufri\u00f3 el menoscabo en sus derechos subjetivos (esto es, por SINTRAIME y las personas naturales demandadas que laboraban para DIMANTEC y TRATECCOL.)\u00bb (negrilla original).17 <\/p>\n
La comisi\u00f3n de la pifia descrita determin\u00f3, seg\u00fan el inconforme, que el sentenciador hubiera incurrido tambi\u00e9n en \u00abel inexcusable error de restarle relevancia al requisito contenido en el literal d) del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 450 del CST, seg\u00fan el cual, la huelga es ilegal \u201c[c]uando no se (sic) haya sido declarada por la asamblea general de los trabajadores en los t\u00e9rminos previstos en la presente ley\u201d; disposici\u00f3n que fue el fundamento con el cual, seg\u00fan lo constat\u00f3 el ad quem, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia concluy\u00f3 que la huelga adelantada por los trabajadores de DIMANTEC afiliados a SINTRAIME deb\u00eda ser declarada ILEGAL\u00bb18, pues la falta de aprobaci\u00f3n con ausencia de la mayor\u00eda exigida por la ley para tomar este tipo de decisiones, no constituye un simple \u00abprocedimiento administrativo previo\u00bb como as\u00ed lo consider\u00f3 el juzgador de segundo grado, sino una exigencia que debe satisfacerse para que la interrupci\u00f3n intencionada y coordinada de las labores se estime acorde al ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Como secuela de los yerros que vienen de describirse, el ad quem dej\u00f3 de valorar el dictamen pericial con el cual se demostraron el perjuicio padecido por la demandante y su cuant\u00eda, estableci\u00e9ndose un valor de $6.040\u2019047.250 por concepto de da\u00f1o emergente y $31.659\u2019190.048 a t\u00edtulo de lucro cesante, para un total de perjuicios materiales de $37.700.031.241. <\/p>\n
Si el ad quem no estaba de acuerdo con el resultado de la experticia, ante la existencia y acreditaci\u00f3n de los da\u00f1os, estaba en la obligaci\u00f3n de imponer condena a los demandados, teniendo por ciertos los hechos de la demanda susceptibles de confesi\u00f3n (1 a 5 y 8 a 9), debido a la inasistencia de los convocados a la audiencia inicial, omisi\u00f3n que no fue justificada. En ese orden, como m\u00ednimo, debi\u00f3 condenarlos a pagar, indexadas, las cantidades discriminadas en el hecho 9\u00ba de ese libelo, que, en total, suman $1.937\u2019402.000 por da\u00f1o emergente y $10.155\u2019001.000 correspondiente a lucro cesante, o acudir, de estimarlo necesario, al decreto de una nueva experticia. <\/p>\n
Para finalizar, exor\u00f3 casar la sentencia impugnada y, en su lugar, confirmar el fallo de primer grado, o que la Corte, puesta en sede de instancia, profiera la determinaci\u00f3n que en derecho corresponda, accediendo a las s\u00faplicas de la demanda y condenando, cuando menos, a las personas naturales enjuiciadas y al sindicato, a pagar las cantidades dinerarias procedentes por los aludidos rubros de perjuicios materiales a favor de la reclamante. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Corresponde en este ac\u00e1pite, como atr\u00e1s se indic\u00f3, resolver conjuntamente el embate contenido en el segundo segmento del embiste inicial aclarando que, aunque no lo calific\u00f3 as\u00ed el impugnante, atendido su contenido, corresponde a un ataque por transgresi\u00f3n directa de normas sustanciales, circunstancia que lo hace coincidente con el embate inicial contenido en el primer apartado del cargo segundo. Tambi\u00e9n se definir\u00e1 la suerte de la acusaci\u00f3n siguiente de aquella censura y de la tercera fracci\u00f3n de la imputaci\u00f3n inaugural. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Se ha admitido en el orden jur\u00eddico contempor\u00e1neo que los derechos subjetivos, por regla general, no ostentan la naturaleza de absolutos, de ah\u00ed que su ejercicio deba realizarse por el titular supedit\u00e1ndose de manera estricta al marco normativo dentro del cual han sido consagrados, es decir, ci\u00f1\u00e9ndose a la finalidad para la cual se instituyeron, atendiendo los principios y valores que inspiraron su reconocimiento. El disfrute de la prerrogativa, sea de origen convencional, constitucional o legal, con exceso de los linderos de ese encuadre, engendra lo que se conoce como abuso del derecho. <\/p>\n
Como lo ense\u00f1\u00f3 el maestro Josserand: <\/p>\n
En vano se objetar\u00e1 que el titular ha ejercido un derecho, ya que ha cometido una falta en el ejercicio de ese derecho y es precisamente esa culpa lo que se llama abuso del derecho; un acto cumplido de conformidad con determinado derecho subjetivo puede estar en conflicto con el derecho en general, con el derecho objetivo, con la juridicidad, y este conflicto es el que los romanos hab\u00edan ya entrevisto y que traduc\u00edan por la m\u00e1xima famosa: Summum justicia, suma injuria. (\u2026) GAYO dec\u00eda ya que no debemos abusar de nuestros derechos; male enim nostro jure uti nom debemus.19 <\/p>\n
Aunque para los romanos el acto abusivo correspond\u00eda a aquel que se cumpl\u00eda con intenci\u00f3n de hacer da\u00f1o, el derecho moderno tiene una idea m\u00e1s amplia del abuso, siendo aquel el que por sus m\u00f3viles y fines va contra la funci\u00f3n del que se ejerce. Quien ejerza una facultad o potestad legal aisl\u00e1ndola de su misi\u00f3n o cometido social, incurre en \u00abun abuso del derecho susceptible de comprometer, dado el caso, su responsabilidad\u00bb20. <\/p>\n
La idea anterior parte del ejercicio innecesario, excesivo o inoportuno del derecho o a\u00fan del desv\u00edo de su prop\u00f3sito. Contrario sensu, el ejercicio leg\u00edtimo no comporta ninguna responsabilidad para su titular, aunque infiera da\u00f1o a otro, seg\u00fan la m\u00e1xima nemo dammum facit qui suo jure utitur. <\/p>\n
La ilicitud desencadenada por el abuso, se manifiesta bien de forma subjetiva, como cuando el agente act\u00faa con el prop\u00f3sito de inferir da\u00f1o o \u00abno le asiste un fin serio y leg\u00edtimo en su proceder\u00bb, pero tambi\u00e9n de manera objetiva, lo que ocurre cuando la antijuridicidad se origina en el \u00abexceso o anormalidad en el ejercicio de determinada facultad, vista la finalidad para la cual fue esta \u00faltima incorporada y reconocida en el ordenamiento positivo\u00bb (CSJ SC 16 sep. 2010, rad. 2005-00590-01, reiterada en CSJ SC 15 nov. 2013, rad. 2003-00919-01). <\/p>\n
Todos los derechos, cualquiera sea su fuente o su clase, y tambi\u00e9n las garant\u00edas constitucionales, son susceptibles de ejercerse cometiendo abuso, recriminado por la Ley Fundamental colombiana en su art\u00edculo 95 (numeral 1\u00b0), disposici\u00f3n que elev\u00f3 a la categor\u00eda supralegal el deber de las personas de \u00ab[r]espetar los derechos ajenos y no abusar de los propios\u00bb. <\/p>\n
Record\u00f3 esta Sala en relaci\u00f3n con el indicado mandato que: <\/p>\n
Teniendo como fundamento claras directrices del derecho antiguo, en particular, del Romano, la doctrina y la jurisprudencia dieron forma a la teor\u00eda del \u201cabuso del derecho\u201d, que, en esencia, asigna a aquel que ejerce sus propios derechos en forma desbordada o desviada respecto de la finalidad que el ordenamiento jur\u00eddico reconoce para ellos teniendo presentes los principios y valores que los inspiran, el deber de reparar los da\u00f1os que con su comportamiento hubiese causado, tesis que en Colombia, luego de haber sido expuesta y aplicada durante muchos a\u00f1os por esta Corporaci\u00f3n, fue recogida en el art\u00edculo 830 del C\u00f3digo de Comercio, que a la letra reza: \u201cEl que abuse de sus derechos estar\u00e1 obligado a indemnizar los perjuicios que cause\u201d, y tuvo posterior consagraci\u00f3n constitucional, como quiera que la Carta Pol\u00edtica de 1991, en su art\u00edculo 95, establece que \u201c[s]on deberes de la persona y del ciudadano: (\u2026). 1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. (\u2026)\u201d. (CSJ SC 1 nov. 2013, rad. 1994-26630-01). <\/p>\n
3. El art\u00edculo 56 de la Carta Pol\u00edtica reconoce el derecho a la huelga, cuya efectividad se garantiza \u00absalvo en los servicios p\u00fablicos esenciales definidos por el legislador\u00bb, defiriendo a la ley su reglamentaci\u00f3n. A su vez esta prerrogativa la consagran los Convenios 87 y 98 de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo -OIT, aprobados a trav\u00e9s de las Leyes 26 y 27 de 1976, el art\u00edculo 8.1 del Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos Sociales y Culturales y el canon 8.1. del Protocolo Adicional a la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales conocido como Protocolo de San Salvador, instrumentos internacionales que son vinculantes en el orden interno colombiano en virtud del bloque de constitucionalidad que consigna el canon 93 del ordenamiento superior. <\/p>\n
3.1. En la exposici\u00f3n de motivos de la ponencia presentada para el estudio de la tem\u00e1tica en la Asamblea Nacional Constituyente, se acot\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) En las propuestas que surgieron de las mesas de trabajo sobre los temas laborales y en los proyectos de reforma constitucional que hacen referencia al derecho de huelga, es interesante observar que todos ellos defienden este derecho de los trabajadores en defensa de sus intereses, aunque\u2026 plantean excepciones en los casos de la prestaci\u00f3n de los servicios esenciales, en otros piden se\u00f1alar constitucionalmente los sectores en que debe prohibirse o se deja a que la ley, o sea el legislador, sea quien reglamente su ejercicio, duraci\u00f3n y limitaciones. Se mantiene as\u00ed, el criterio universal adoptado por la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo (OIT), de que la reglamentaci\u00f3n, apenas natural, del derecho de huelga por parte del legislador no puede llevar a la negaci\u00f3n de este derecho y menos a dejar de estimular mecanismos de concertaci\u00f3n y autocontrol sindical para el desarrollo de la misma, con el fin de garantizar la prestaci\u00f3n de servicios esenciales a la comunidad, de encontrar la solidaridad ciudadana en casos de urgencia, cat\u00e1strofes o calamidades y para evitar que se convierta en factor de desestabilizaci\u00f3n pol\u00edtica de la vida democr\u00e1tica de un pa\u00eds. <\/p>\n
Hemos considerado, entonces, en el articulado propuesto, mantener el derecho, pero dejar a la ley la reglamentaci\u00f3n de su ejercicio, duraci\u00f3n y limitaciones, lo mismo que los procedimientos para asegurar la prestaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos esenciales a la comunidad (\u2026).21 <\/p>\n
<\/p>\n
3.2. El precepto 429 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo define la huelga como \u00abla suspensi\u00f3n colectiva temporal y pac\u00edfica del trabajo, efectuada por los trabajadores de un establecimiento o empresa con fines econ\u00f3micos y profesionales propuestos a sus empleadores y previos los tr\u00e1mites establecidos en el presente t\u00edtulo\u00bb.22 <\/p>\n
En torno de esta prerrogativa, la sala de casaci\u00f3n especializada en lo laboral de esta Colegiatura ha decantado que la legislaci\u00f3n del ramo contempla \u00abdos modalidades, la derivada de un conflicto colectivo de trabajo prevista en el art. 444 ib\u00eddem y la imputable al empleador por incumplimiento de sus obligaciones laborales consagrada en el art. 379-e \u00eddem\u00bb, y a ellas se adicionan otras dos reconocidas por la jurisprudencia: \u00abla denominada huelga por solidaridad y la que se realiza para expresar posiciones sobre pol\u00edticas sociales, econ\u00f3micas o sectoriales que inciden en forma directa en el ejercicio de la correspondiente actividad, ocupaci\u00f3n o profesi\u00f3n de actividades\u00bb (CSJ SL1447-2018, 7 mar., rad. 68561). <\/p>\n
Memor\u00f3, adicionalmente, que \u00fanicamente pueden calificarse de leg\u00edtimos \u00ablos ceses de actividades que observen la legalidad y se realicen en forma pac\u00edfica\u00bb, exigencia respaldada por el art\u00edculo 8-1 del Convenio 87 de la OIT23, como est\u00e1ndar de conducta de \u00ablos trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas\u00bb. <\/p>\n
La legitimidad aludida radica en el \u00abcumplimiento de los requisitos formales se\u00f1alados\u00bb y en que el cese de labores \u00abno busque como objetivos los se\u00f1alados y prohibidos por el art\u00edculo CST 450, modificado por la Ley 50 de 1990 art. 65\u00bb. Adem\u00e1s, \u00abel ejercicio tranquilo o sereno de la huelga es indispensable para la legalidad de la misma\u00bb (ibidem), pues no se le concibe como un derecho fundamental ni absoluto, en raz\u00f3n de hallarse restringido \u00aben funci\u00f3n de otros bienes jur\u00eddicos de significativa importancia, como el inter\u00e9s general, los derechos fundamentales de los dem\u00e1s, el orden p\u00fablico y la paz social, de manera tal que constituye un ejercicio regulado, no librado a la arbitrariedad de los trabajadores y que solamente cuenta con la protecci\u00f3n del Estado, en la medida en que se desarrolle de manera pac\u00edfica y por los cauces y con los presupuestos establecidos legalmente\u00bb (CSJ SL17414-2014, 5 nov. 2014, rad. 64820). <\/p>\n
4. La doctrina especializada en materia civil ha reconocido que la huelga es un derecho susceptible de ejercerse de manera abusiva. As\u00ed, Alessandri refiere que se trata de un acto l\u00edcito, pero si obedece \u00aba m\u00f3viles dolosos o pol\u00edticos y, en general, a cualquier otro que no sea la defensa de los intereses profesionales o econ\u00f3micos de los obreros o patrones\u00bb, debe concluirse que se ha abusado de la prerrogativa.24 <\/p>\n
Por su parte, Trigo Represas y Caseaux, destacan que, en raz\u00f3n de su reconocimiento y amparo constitucional, la parada colectiva de actividades laborales que sea leg\u00edtima, \u00abaunque cause da\u00f1os, en principio no habr\u00e1 de generar responsabilidad, en la medida que resulte justificada por alg\u00fan motivo, al cual el derecho le reconozca esa virtualidad; es decir, puede constituirse en una causal de justificaci\u00f3n de la conducta da\u00f1osa, teniendo en cuenta que el legislador as\u00ed lo ha considerado al priorizar el bien p\u00fablico de la \u201cautodefensa colectiva de los trabajadores\u201d, por sobre el cumplimiento de los contratos\u00bb.25 <\/p>\n
4.1. Luego, aunque el axioma heredado del derecho romano imperante es el de \u00abalterum non laedere\u00bb, esto es, el de que no se debe da\u00f1ar o agraviar a los dem\u00e1s, algunos da\u00f1os encuentran una justificaci\u00f3n que el ordenamiento jur\u00eddico no repele e incluso tolera, tornando jur\u00eddico el comportamiento que, sin esa aceptaci\u00f3n social, ser\u00eda antijur\u00eddico o, en otras palabras, \u00abvuelven l\u00edcito lo il\u00edcito\u00bb.26 <\/p>\n
En ese orden, la huelga es un derecho de los trabajadores, empleado como medio para la soluci\u00f3n pac\u00edfica de los conflictos colectivos laborales y su regulaci\u00f3n corresponde al legislador, en funci\u00f3n de las finalidades y l\u00edmites impuestos constitucionalmente. Adem\u00e1s, guarda conexi\u00f3n directa con otras garant\u00edas reconocidas por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica como la libertad de asociaci\u00f3n, el trabajo, la conformaci\u00f3n de sindicatos, la negociaci\u00f3n colectiva y el fuero sindical. <\/p>\n
Ha se\u00f1alado la Corte Constitucional que a pesar de ser un mecanismo coercitivo destinado a ejercer una presi\u00f3n que impulse el cambio en las condiciones de los trabajadores, \u00ab(\u2026) no puede consistir en manifestaciones de violencia f\u00edsica y material contra el empleador, ni en actos que puedan alterar la estabilidad institucional, debiendo reiterarse que \u201cel ejercicio de la huelga s\u00f3lo es leg\u00edtimo como una etapa dentro del proceso de negociaci\u00f3n y soluci\u00f3n pac\u00edfica de los conflictos colectivos de trabajo; esa fase es, entonces, previsible para las partes que intervienen en dicha negociaci\u00f3n\u00bb (CC, C-858-08, 3 sep., rad. D-7098). <\/p>\n
4.2. Si a la huelga no se le ha reconocido la connotaci\u00f3n de garant\u00eda absoluta, ello obedece a que, con su ejercicio, pueden alterarse los derechos de otras personas que no hacen parte del conflicto laboral que la origina, e incluso puede repercutir de manera negativa en el inter\u00e9s com\u00fan del conglomerado social en general, como as\u00ed lo consider\u00f3 el constituyente respecto de la alteraci\u00f3n del normal funcionamiento de los servicios p\u00fablicos considerados esenciales, donde se proscribe el ejercicio de esta facultad reconocida a la colectividad trabajadora. <\/p>\n
Luego, su desarrollo ha de ser compatible con el de otras potestades particulares y colectivas tambi\u00e9n amparadas por la Carta Magna, siendo competencia de las autoridades judiciales la calificaci\u00f3n acerca de su juridicidad o antijuridicidad, pues aquella contraria al derecho, es decir, la declarada ilegal en nuestro sistema jur\u00eddico, tiene efectos particulares sancionatorios reglados por la legislaci\u00f3n en el art\u00edculo 450 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo. <\/p>\n
Al tenor de la norma en cita, la suspensi\u00f3n colectiva del trabajo es ilegal en cualquiera de los siguientes casos: <\/p>\n
a) Cuando se trate de un servicio p\u00fablico; <\/p>\n
b) Cuando persiga fines distintos de los profesionales o econ\u00f3micos; <\/p>\n
d) Cuando no haya sido declarada por la asamblea general de los trabajadores en los t\u00e9rminos previstos en la presente ley; <\/p>\n
e) Cuando se efectuare antes de los dos (2) d\u00edas o despu\u00e9s de diez (10) d\u00edas h\u00e1biles a la declaratoria de huelga; <\/p>\n
f) Cuando no se limite a la suspensi\u00f3n pac\u00edfica del trabajo, y <\/p>\n
g) Cuando se promueva con el prop\u00f3sito de exigir a las autoridades la ejecuci\u00f3n de alg\u00fan acto reservado a la determinaci\u00f3n de ellas. <\/p>\n
De otra parte, la declaraci\u00f3n de ilegalidad de una interrupci\u00f3n orquestada de labores o paro de trabajadores, puede tener las siguientes repercusiones: <\/p>\n
i) El empleador queda en libertad de \u00abdespedir por tal motivo a quienes hubieren intervenido o participado en \u00e9l, y respecto a los trabajadores amparados por el fuero el despido no requerir\u00e1 calificaci\u00f3n judicial\u00bb (numeral 2). <\/p>\n
ii) El Ministerio de Trabajo, el agente del Ministerio P\u00fablico o el patrono afectado \u00abpodr\u00e1n solicitar a la justicia laboral la suspensi\u00f3n o cancelaci\u00f3n de la personer\u00eda jur\u00eddica del sindicato, conforme al procedimiento se\u00f1alado en el art\u00edculo 52 de esta ley\u00bb (numeral 3). <\/p>\n
iii) Las anteriores medidas no descartan la procedencia de la acci\u00f3n del empleador contra los responsables para reclamar \u00abla indemnizaci\u00f3n de los perjuicios que se le hayan causado\u00bb. <\/p>\n
N\u00f3tese que la misma disposici\u00f3n legal establece la posibilidad de reclamar a los responsables del cese de actividades, la reparaci\u00f3n de los perjuicios irrogados, y aunque en ella se alude \u00fanicamente al patrono como titular de ese mecanismo ante la jurisdicci\u00f3n, ninguna raz\u00f3n existe para impedir su ejercicio a los terceros que nada tengan que ver con el conflicto entre las partes de la relaci\u00f3n de trabajo, a quienes se les hayan inferido da\u00f1os. <\/p>\n
4.3. Los citados autores Trigo Represas y Caseaux, citando a Kemelmajer de Carlucci27, han se\u00f1alado que, en esta eventualidad, es decir, en el caso de las huelgas antijur\u00eddicas o declaradas ilegales, \u00abninguna duda puede caber sobre la existencia del deber de reparar los da\u00f1os causados, a cargo de el o los responsables, en raz\u00f3n de que \u201csi la conducta contrar\u00eda el orden normativo, hay deber de responder, porque no existen da\u00f1adores \u2018privilegiados\u2019\u00bb.28 <\/p>\n
Incluso, trat\u00e1ndose de terceros contratantes con la parte patronal, de resultar estos perjudicados por el incumplimiento contractual de aquella como consecuencia de la huelga o al experimentar perjuicios directos, en opini\u00f3n de los citados tratadistas, la responsabilidad del sindicato podr\u00eda generarse \u00aba\u00fan trat\u00e1ndose de una huelga leg\u00edtima; ya que los principios de la justicia conmutativa imponen que, quien ha defendido su inter\u00e9s con perjuicio para el derecho de otros, deba indemnizar al perjudicado que hubo de soportar la perturbaci\u00f3n de su derecho\u00bb.29 <\/p>\n
En otras latitudes se ha referido que uno de los l\u00edmites externos del derecho de huelga es, precisamente, la existencia de otros derechos constitucionalmente protegidos en igual o inferior grado, como lo es la \u00ablibertad de los empresarios y de los trabajadores no huelguistas, en atenci\u00f3n a que el ejercicio del derecho de huelga debe realizarse sin ocupaci\u00f3n del centro de trabajo o de cualquiera de sus dependencias (art\u00edculo 7.1 RDLRT). Si bien es cierto que el derecho de huelga limita la libertad de empresa reconocida y garantizada en el art\u00edculo 38 CE, no puede conducir a su completa anulaci\u00f3n por una absoluta reducci\u00f3n de la capacidad organizativa empresarial\u00bb.30 <\/p>\n
Luego, los autores citados son del criterio de que, en ciertos casos, es posible que se genere una eventual responsabilidad por los da\u00f1os ocasionados con la realizaci\u00f3n de una huelga, y podr\u00edan ser llamados a responder patrimonialmente tanto los sindicatos como los trabajadores que hayan participado de esa actividad, pero siempre que concurran los elementos estructurales o definitorios de esta fuente de la obligaci\u00f3n de resarcimiento y que la producci\u00f3n del da\u00f1o reclamado por quien lo haya padecido, pueda imputarse o atribuirse directamente a sus actos. <\/p>\n
5. Con el precedente marco dogm\u00e1tico, debe memorarse en este punto que el casacionista critic\u00f3 al sentenciador de segundo grado haber incurrido en varios desaciertos, unos constitutivos de quebranto mediato de la ley y otros de transgresi\u00f3n recta v\u00eda. <\/p>\n
En primer lugar, refut\u00f3 el censor la comisi\u00f3n de un yerro iuris in iudicando al considerar que la huelga no produce da\u00f1os antijur\u00eddicos sino \u00fanicamente cuando ha estado mediada por actos violentos o agresiones de parte de los trabajadores en cese de actividades, dislate que, anot\u00f3, entra\u00f1a transgresi\u00f3n directa del numeral 4 del art\u00edculo 450 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, de los preceptos 2341, 2343, 2344, 1613, y 1614 del C\u00f3digo Civil y del canon 333 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y, a consecuencia de ello, revoc\u00f3 lo resuelto en la primera instancia para, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
5.1. Ha sido constante esta Corporaci\u00f3n al se\u00f1alar que la violaci\u00f3n directa \u00fanicamente se produce cuando el funcionario deja de emplear en el caso controvertido la norma a que deb\u00eda sujetarse y, consecuencialmente, hace actuar disposiciones extra\u00f1as al litigio, o cuando habiendo acertado en la selecci\u00f3n normativa yerra en la interpretaci\u00f3n que de ellas hace, d\u00e1ndoles un alcance no previsto por el legislador o desconociendo el que si tienen, por lo que cuando se impulsa la acusaci\u00f3n por este sendero, el censor, en la sustentaci\u00f3n, tiene la carga argumentativa de demostrar los falsos juicios que de ellas hizo el sentenciador. <\/p>\n
Tambi\u00e9n ha sido criterio reiterado de la Sala que \u00abcuando la denuncia se orienta por esta v\u00eda, presupone que el acusador viene aceptando plenamente las conclusiones f\u00e1cticas deducidas por el Tribunal\u00bb (CSJ AC4048-2017, 27 jun., rad. 2014-00173-01), am\u00e9n que la esencia de esta senda es la de ser una cuesti\u00f3n de estricto derecho, lo que implica la total prescindencia de la cuesti\u00f3n probatoria. <\/p>\n
Quiere decir lo anotado, que en los eventos en que la censura descansa en la transgresi\u00f3n de preceptos materiales recta v\u00eda se requiere, adem\u00e1s de la aceptaci\u00f3n de todos los hechos que en ella se tuvieron por probados, indicar cu\u00e1les textos legales de cariz sustancial resultaron inaplicados, aplicados indebidamente, o err\u00f3neamente interpretados, sin que para ello baste se\u00f1alar los preceptos que se dicen vulnerados en alguna de las modalidades referidas, sino que es perentorio acreditar que el juzgador realiz\u00f3 un juicio normativo completamente equivocado y alejado de lo que las disposiciones reconocen, mandan o proh\u00edben, en la medida que esta causal versa sobre una pifia que \u00abse configura en la determinaci\u00f3n de la premisa mayor del silogismo jur\u00eddico, esto es, en la proposici\u00f3n normativa que ha de servir para efectuar el proceso de subsunci\u00f3n de la plataforma material\u00bb (CSJ SC2930-2021, 14 jul., rad. 2012-00542-01). <\/p>\n
5.2. El fallo recurrido, aleg\u00f3 el censor, quebrant\u00f3 por la senda directa los preceptos invocados que pertenecen a la categor\u00eda de sustanciales, esto es, las disposiciones 450 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo (numeral 4); 2341 y 2343 de la compilaci\u00f3n civil, al dejar de aplicarlas a la controversia, pese a que gobernaban la soluci\u00f3n del caso, equivocaci\u00f3n que devino de recortar el alcance de la responsabilidad por los perjuicios ocasionados con el ejercicio de una huelga declarada ilegal, lo que le impidi\u00f3 ver que aquella se enmarcaba bajo las reglas generales de la culpa aquiliana. <\/p>\n
Para entender la ra\u00edz del error juris in judicando que le enrostr\u00f3 el cargo, son necesarias las precisiones conceptuales siguientes: <\/p>\n
5.2.1. La huelga, en principio, es un derecho de raigambre constitucional, reconocido tambi\u00e9n en instrumentos internacionales incorporados al sistema jur\u00eddico en Colombia, raz\u00f3n por la cual su ejercicio no es de car\u00e1cter il\u00edcito ni per se quebranta el ordenamiento positivo, de ah\u00ed que inicialmente no reciba la calificaci\u00f3n de conducta antijur\u00eddica. En eso asiste raz\u00f3n al Tribunal. <\/p>\n
5.2.2. De otra parte, debe comprenderse que, atendida su naturaleza y los fines generales que persigue, su ejercicio puede acarrear la causaci\u00f3n de menoscabos patrimoniales, en especial al empleador de los trabajadores que participan en la misma, quien puede sufrir merma o par\u00e1lisis de su actividad productiva o mercantil, materializados, por ejemplo, en p\u00e9rdidas econ\u00f3micas, incidencia en la posici\u00f3n que se ocupa en el mercado, disminuci\u00f3n de beneficios y utilidades regularmente esperadas, detrimentos que tambi\u00e9n puede experimentar un tercero que llegue a verse damnificado con la realizaci\u00f3n de la huelga. <\/p>\n
Esto es lo esperado del curso \u00abnormal\u00bb de un cese de actividades laborales y, como se ha dicho, en ello el ordenamiento no encuentra una actividad que no deba tolerarse socialmente, pero dado que propende por el logro de reivindicaciones de tipo laboral no tiene la entidad de ser irrestricta e ilimitada. De contera, los contornos de la huelga y de la misma par\u00e1lisis de las actividades regulares de los empleados deben seguir el cauce que le demarcan las normas imperativas que las regulan. <\/p>\n
5.2.3. En ese orden, los sindicatos y los mismos empleados que aquellas organizaciones gremiales congregan no son ajenos al respeto del principio de \u00abalterum non laedere\u00bb y podr\u00edan ser llamados a responder patrimonialmente por los perjuicios que ocasionen, no s\u00f3lo cuando la huelga se sirve de la violencia o de agresiones al empleador, a la empresa o a terceros, pues \u00e9sta es tan solo una de las hip\u00f3tesis en que el ejercicio de este mecanismo percutor de una negociaci\u00f3n colectiva entra\u00f1ar\u00eda abuso del derecho. <\/p>\n
5.2.4. La estructuraci\u00f3n de la responsabilidad extracontractual en estos eventos se sujeta, ante el vac\u00edo de las normas laborales, a las disposiciones de la legislaci\u00f3n civil, bajo la comprensi\u00f3n de que la obligaci\u00f3n de responder por los da\u00f1os producidos emana de la ilegitimidad del acto de los trabajadores y no de la existencia de una afectaci\u00f3n que, como se dijo, am\u00e9n de cong\u00e9nita al ejercicio huelgu\u00edstico, es, en principio, socialmente tolerada. <\/p>\n
Ha decantado la Sala que esos presupuestos son los reglados por el art\u00edculo 2341 del C\u00f3digo Civil, tambi\u00e9n desconocido en su genuino alcance, por el juzgador ad quem. Al tenor de la indicada norma: \u00abEl que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido da\u00f1o a otro, es obligado a la indemnizaci\u00f3n, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido\u00bb, debi\u00e9ndose acreditar en el proceso lo siguiente: <\/p>\n
(\u2026) [U]na conducta humana, positiva o negativa, por regla general antijur\u00eddica; un da\u00f1o o perjuicio, esto es, un detrimento, menoscabo o deterioro, que afecte bienes o intereses l\u00edcitos de la v\u00edctima, vinculados con su patrimonio, con los bienes de su personalidad, o con su esfera espiritual o afectiva; una relaci\u00f3n de causalidad entre el da\u00f1o sufrido por la v\u00edctima y la conducta de aquel a quien se imputa su producci\u00f3n o generaci\u00f3n; y, finalmente, un factor o criterio de atribuci\u00f3n de la responsabilidad, por regla general de car\u00e1cter subjetivo (dolo o culpa) y excepcionalmente de naturaleza objetiva (v.gr. riesgo)\u2019 \u2026\u201d (Sent. Cas. Civ. 30 de octubre de 2012, exp. 2006 00372 01)\u00bb (CSJ SC 21 en. 2013, rad. 2002-00358-01). <\/p>\n
5.2.5. Respecto de los anotados elementos, debe juzgarse para el caso de la huelga, si esta reviste la condici\u00f3n de comportamiento da\u00f1oso atendidas las circunstancias particulares en que tiene lugar. <\/p>\n
En cuanto concierne al da\u00f1o, entendido como \u00abtodo detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia que sufre un individuo en su persona, bienes, libertad, honor, cr\u00e9dito, afectos, creencias, etc. El da\u00f1o supone la destrucci\u00f3n o disminuci\u00f3n, por insignificante que sea de las ventajas o beneficios patrimoniales o extrapatrimoniales de que goza un individuo31, esta Corporaci\u00f3n ha considerado que radica en \u00abla vulneraci\u00f3n de un inter\u00e9s tutelado por el ordenamiento legal, a consecuencia de una acci\u00f3n u omisi\u00f3n humana, que repercute en una lesi\u00f3n a bienes como el patrimonio o la integridad personal, y frente al cual se impone una reacci\u00f3n a manera de reparaci\u00f3n o, al menos, de satisfacci\u00f3n o consuelo cuando no es posible conseguir la desaparici\u00f3n del agravio\u00bb (CSJ SC4703-2021, 22 oct., rad. 2001-01048-01). <\/p>\n
Tal habr\u00e1 de ser cierto, susceptible de estimarse econ\u00f3micamente y antijur\u00eddico, memorando que la antijuridicidad podr\u00eda devenir, en el caso de la huelga, de su ejercicio abusivo, como claramente ocurre en aquellas desarrolladas haciendo uso de la violencia contra el empleador o terceros, aunque no es esta la \u00fanica hip\u00f3tesis. <\/p>\n
La relaci\u00f3n de causalidad entre la conducta reprochada y el da\u00f1o implica una conexi\u00f3n jur\u00eddicamente relevante entre estos extremos, de modo que pueda predicarse con acierto que los perjuicios cuya indemnizaci\u00f3n se reclama fueron producidos por el ejercicio de las actividades u omisiones a trav\u00e9s de las cuales se materializ\u00f3 la protesta sindical. <\/p>\n
Por \u00faltimo, se requiere un factor de imputaci\u00f3n que permita atribuir la responsabilidad, siendo aplicable a la materia analizada, la de entidad subjetiva -fundada en la culpa o el dolo-. <\/p>\n
5.3. Como aspectos f\u00e1cticos que se encuentran aceptados en el proceso y son indiscutibles ante esta sede extraordinaria, se encuentran: i) la existencia de los ceses colectivos de labores que adelantaron los trabajadores de las empresas Trateccol y Dimantec, contratistas de la demandante, empleados que ten\u00edan vinculaci\u00f3n con el sindicato SINTRAIME en virtud de su afiliaci\u00f3n a la misma, ii) en la indicada organizaci\u00f3n sindical se vot\u00f3 a favor de la huelga, dentro la cual fue impedido el libre acceso y egreso de las instalaciones de la sede de la convocante y a los proyectos mineros descritos en la demanda, algunos de propiedad de clientes de Gecolsa S.A., y iii) esas manifestaciones colectivas fueron objeto de declaraci\u00f3n de ilegalidad en pronunciamientos judicial que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n confirm\u00f3 en segunda instancia. <\/p>\n
En donde err\u00f3 el sentenciador y en ello asiste raz\u00f3n a la censura, fue en el an\u00e1lisis puramente jur\u00eddico de la instituci\u00f3n de la responsabilidad civil en su tensi\u00f3n con el derecho constitucional a la huelga, comoquiera que restringi\u00f3 el alcance de la primera a un solo tipo de ceses colectivos de labores, siendo estos los descritos en la causal de ilegalidad consagrada en el literal f) del art\u00edculo 450 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, esto es, cuando los trabajadores participantes en ella incurren en conductas de agresi\u00f3n o violencia32, desatendiendo que la responsabilidad civil de la organizaci\u00f3n sindical y de dichos empleados, puede generarse en eventos diferentes, en los cuales, de acuerdo con las condiciones particulares del caso, el ejercicio de ese derecho sindical merezca la calificaci\u00f3n de abusivo. <\/p>\n
6. El error iuris in iudicando cuya existencia viene de constatarse es de car\u00e1cter envolvente, raz\u00f3n por la cual la bienandanza de la censura tiene entidad para acarrear el quiebre de la sentencia impugnada; sin embargo, la incursi\u00f3n del sentenciador de segundo grado en este dislate, no produce el se\u00f1alado efecto en el asunto que se analiza, porque a pesar del posible derribamiento de la decisi\u00f3n, la de reemplazo que deber\u00eda proferir la Corte, puesta en calidad de juez de segunda instancia dentro del litigio, tendr\u00eda el mismo sentido de la recurrida ante la sede excepcional, pues las pretensiones del ente moral demandante estaban llamadas al naufragio, circunstancia que convierte en intrascendente el yerro, y de contera, determina la improsperidad del recurso. <\/p>\n
6.1. La raz\u00f3n de lo anterior estriba en que la reclamaci\u00f3n de perjuicios en el juicio se funda en lesiones que carecen del atributo de certeza, las cuales no pueden ser objeto de indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n
6.1.1. Recientemente esta Corporaci\u00f3n, sobre la noci\u00f3n de da\u00f1o precis\u00f3 que \u00e9ste se encuentra vinculado a la \u00abvulneraci\u00f3n de un inter\u00e9s tutelado por el ordenamiento legal, a consecuencia de una acci\u00f3n u omisi\u00f3n humana, que repercute en una lesi\u00f3n a bienes como el patrimonio o la integridad personal, y frente al cual se impone una reacci\u00f3n a manera de reparaci\u00f3n o, al menos, de satisfacci\u00f3n o consuelo cuando no es posible conseguir la desaparici\u00f3n del agravio\u00bb33 (CSJ SC10297-2014, 5 ag., rad. 2003-00660-01) (CSJ SC5193-2020, 18 dic., rad. 2012-00057-01). <\/p>\n
A efectos de su reparaci\u00f3n, requiere que sea inequ\u00edvoco, real y directo, no eventual o hipot\u00e9tico, \u00abporque la culpa, por censurable que sea, no los produce de suyo\u00bb34. En otras palabras, debe ser \u00abcierto y no puramente conjetural (\u2026), no basta afirmarlo, puesto que es absolutamente imperativo que se acredite procesalmente con los medios de convicci\u00f3n regular y oportunamente decretados y arrimados al plenario\u00bb (ibidem). <\/p>\n
6.1.2. Luego, el da\u00f1o indemnizable es aquel que, adem\u00e1s de antijur\u00eddico, tiene las caracter\u00edsticas de ser cierto y evidente ante los ojos del juzgador, por denotar ostensible el menoscabo generado o que se producir\u00e1 a la v\u00edctima, es decir, que aparezca real y efectivamente causado; contrario sensu, la lesi\u00f3n edificada sobre bases irreales, conjeturas o hip\u00f3tesis no es susceptible de resarcimiento. <\/p>\n
La certeza ata\u00f1e a la materialidad del dem\u00e9rito, porque s\u00f3lo la real y efectiva conculcaci\u00f3n del derecho, inter\u00e9s o valor protegido jur\u00eddicamente, sea esta actual o futura, pero no eventual, es merecedora de reparaci\u00f3n. Su respaldo requiere pruebas concluyentes que acrediten la verdadera entidad del da\u00f1o y su extensi\u00f3n cuantitativa. <\/p>\n
Sobre el particular, ha precisado la Corte: <\/p>\n
No en balde se exige, a t\u00edtulo de requisito sine qua non para el surgimiento de la prenotada obligaci\u00f3n resarcitoria, la certeza del eslab\u00f3n en comento, calidad que deber\u00e1 establecerse, inexorablemente, con sujeci\u00f3n al tamiz de la jurisdicci\u00f3n. De all\u00ed que si no se comprueba o determina su existencia -como hecho jur\u00eddico que es-, a la vez que su extensi\u00f3n y medida, el Juez no poseer\u00e1 argumento v\u00e1lido para fundar, en l\u00ednea de principio, una condena cualquiera enderezada a obtener su resarcimiento, debiendo, en tal virtud, exonerar de responsabilidad al demandado, por m\u00e1s que el demandante, a lo largo de la litis, haya afirmado lo contrario, salvo las restrictas excepciones admitidas por la ley o por la jurisprudencia (v. gr.: intereses moratorios). (\u2026). <\/p>\n
Sobre este particular ha se\u00f1alado la jurisprudencia de la Sala, \u2018repitiendo un principio fundamental de derecho, que el perjuicio que condiciona la responsabilidad civil no es materia de presunci\u00f3n legal y que como derecho patrimonial que es, debe ser demandado y probado en su existencia y en su extensi\u00f3n por quien alega haberlo sufrido, que es quien mejor debe saber en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1nto lo ha afectado. Quien afirma que su demandado le ha inferido un da\u00f1o por su dolo o su culpa, est\u00e1 obligado, si quiere que se le repare por decisi\u00f3n judicial, a producir la prueba de la realidad del perjuicio demostrando los hechos que lo constituyan y su cuant\u00eda, o se\u00f1alando a este respecto, cuando menos, bases para su valoraci\u00f3n\u2019 (LVIII, p\u00e1g. 113) (CSJ SC 25 feb. 2002, rad. 6623; negrillas fuera del texto, reiterado en CSJ SC16690-2016, 17 nov., rad. 2000-00196-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante ratific\u00f3 esa posici\u00f3n al acotar que \u00ab[l]a certeza alude \u00aba la necesidad de que obre la prueba, tanto de [la] existencia [del da\u00f1o] como de la intensidad\u00bb (SC, 25 nov. 1992, rad. n.\u00b0 3382); \u00ablo cual ocurre cuando no haya duda de su concreta realizaci\u00f3n. Adem\u00e1s, es el requisito \u2018m\u00e1s importante (\u2026), al punto que, sin su ocurrencia y demostraci\u00f3n, no hay lugar a reparaci\u00f3n alguna\u2019\u00bb (SC20448, 7 dic. 2017, rad. n.\u00b0 2002-00068-01, que reitera SC, 1\u00ba nov. 2013, rad. n.\u00b0 1994-26630-01).\u00bb (CSJ SC5025-2020, 14 dic., rad. 2009-00004-01). <\/p>\n
<\/p>\n
* Da\u00f1o emergente: <\/p>\n
<\/p>\n
* Lucro cesante: <\/p>\n
Posteriormente, al presentar el juramento estimatorio omitido en el escrito primigenio, ratific\u00f3 las indicadas sumas de dinero35, acto que no relevaba a la demandante de acreditar la existencia del da\u00f1o, como as\u00ed se infiere de la disposici\u00f3n que lo consagra (art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso), pues establece una sanci\u00f3n para los eventos en que \u00abse nieguen las pretensiones por falta de demostraci\u00f3n de los perjuicios\u00bb, atendiendo, para tal efecto, la declaraci\u00f3n de exequibilidad condicionada de dicha norma.36 <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que la capacidad suasoria de aquel juramento est\u00e1 supeditada al cumplimiento de ciertos requisitos: i) debe ser razonado, lo que implica que debe fundarse en razones, documentos o medios de prueba y, ii) ha de discriminar cada uno de los rubros o conceptos que son objeto del reclamo. Con todo, su eficacia probatoria puede ser derruida por el convocado al juicio a trav\u00e9s de una \u00abobjeci\u00f3n que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimaci\u00f3n\u00bb, que deber\u00e1 formular dentro del traslado del escrito incoativo (inc. 1\u00b0 art. 206 citado), oportunidad que eficazmente aprovecharon los convocados para aducir las razones, en su criterio, impeditivas de los perjuicios alegados. <\/p>\n
6.1.4. Ata\u00f1edero a la carga de demostraci\u00f3n de la existencia de los menoscabos sufridos con independencia de la comentada estimaci\u00f3n de la parte, esta Sala, en un caso donde se discut\u00eda sobre tal t\u00f3pico, adoctrin\u00f3: \u00abaunque en la demanda se hizo el juramento estimatorio, tal acto no relevaba a los actores de acreditar la existencia del perjuicio. La prueba del incumplimiento y del menoscabo derivado del mismo era necesaria para la estimaci\u00f3n de las pretensiones (\u2026)\u00bb (CSJ SC876-2018, 23 mar. 2018, rad. 2012-00624-01). <\/p>\n
6.1.5. Id\u00e9ntica suerte corre la presunci\u00f3n de certeza exorada por el casacionista en el cargo segundo del remedio excepcional, respecto del anotado hecho del escrito inaugural donde se especificaron los perjuicios que presuntamente le fueron irrogados (n\u00b0. 9), comoquiera que la regla adjetiva invocada para ese efecto -num. 4 art. 372 C.G.P.- que la instituye como sanci\u00f3n a la inasistencia no justificada a la audiencia inicial, consagra como presupuesto de su aplicaci\u00f3n que los hechos pasibles de tal medida, am\u00e9n de hallarse contenidos en la demanda, sean \u00absusceptibles de confesi\u00f3n\u00bb, y mem\u00f3rese que al tenor del precepto 191 ejusdem, para que se estructure el mencionado medio persuasivo se requiere, entre otras cosas, que \u00abverse sobre hechos personales del confesante o de los que tenga o deba tener conocimiento\u00bb, presupuesto que no se cumple en este caso, por cuanto los eventuales perjuicios que se hayan causado a la demandante no son hechos personales de los demandados, ni de los que tengan o deban tener conocimiento, es m\u00e1s, quien si no la demandante puede saber en qu\u00e9 medida y extensi\u00f3n fue agraviada con los hechos que estima generadores de responsabilidad. <\/p>\n
6.2. Si los perjuicios que la sociedad actora manifest\u00f3 se le produjeron, no se acreditaron con el juramento estimatorio ni con la presunci\u00f3n de certeza que pidi\u00f3 atender dicha parte, era la prueba pericial la llamada a despejar las dudas, pues los invocados rubros de da\u00f1o emergente y lucro cesante guardan relaci\u00f3n con costos y gastos de la empresa, as\u00ed como con los ingresos esperados de sus operaciones comerciales. <\/p>\n
6.2.1. Los perjuicios patrimoniales, que son los concernidos en este asunto, se hallan vinculados a la afectaci\u00f3n, lesi\u00f3n o agravio contra el patrimonio de una persona natural o de un ente moral, entendido este como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones, econ\u00f3micamente avaluables, que aunados constituyen una universalidad jur\u00eddica, de tal manera que el menoscabo o detrimento es susceptible de tasaci\u00f3n pecuniaria, como los gastos realizados con ocasi\u00f3n del hecho lesivo, o lo que por causa de \u00e9ste se dej\u00f3 de percibir. <\/p>\n
El art\u00edculo 1613 del C\u00f3digo Civil los clasifica en da\u00f1o emergente y lucro cesante, cuya definici\u00f3n proporciona el mandato siguiente en estos t\u00e9rminos: \u00abEnti\u00e9ndase por da\u00f1o emergente el perjuicio o la p\u00e9rdida que proviene de no haberse cumplido la obligaci\u00f3n o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligaci\u00f3n. o cumpli\u00e9ndola imperfectamente, o retardar su cumplimiento\u00bb. <\/p>\n
De lo antedicho deriva que \u00abel da\u00f1o patrimonial puede manifestarse de dos formas: a) como la p\u00e9rdida o disminuci\u00f3n de valores econ\u00f3micos ya existentes, es decir, un empobrecimiento del patrimonio (da\u00f1o emergente); o b) como la frustraci\u00f3n de ventajas econ\u00f3micas esperadas, es decir, la p\u00e9rdida de un enriquecimiento patrimonial previsto (lucro cesante). Ambos pueden configurarse en forma conjunta ante la ocurrencia del il\u00edcito (contractual o extracontractual), o bien separada e individualmente (vgr. da\u00f1o emergente sin lucro cesante)\u00bb.37 <\/p>\n
6.2.3. El da\u00f1o emergente aducido por la reclamante se hizo consistir en los costos y gastos de personal directo tales como n\u00f3mina, prestaciones sociales legales y extralegales, liquidaci\u00f3n, seguridad social; gastos miscel\u00e1neos por servicios generales y gastos varios del \u00e1rea de compras, pues seg\u00fan afirm\u00f3 la convocante, debi\u00f3 pagar los salarios y dem\u00e1s conceptos derivados de la relaci\u00f3n laboral con sus trabajadores a pesar de que los huelguistas les impidieron ingresar a las minas y a la sede administrativa donde deb\u00edan realizar sus labores, adem\u00e1s de lo cual a los pocos operarios que se hab\u00edan quedado al interior de los proyectos mineros, los participantes en las protestas les impidieron salir, raz\u00f3n por la cual quedaron encerrados del 14 al 31 de marzo de 2013, debi\u00e9ndose contratar servicios como alimentos y dotar las minas con insumos como colchones, s\u00e1banas, toallas, ventiladores y elementos de aseo personal, entre otros, a fin de hacer m\u00e1s soportables las condiciones de vida de quienes no lograron egresar antes de los bloqueos inesperados adelantados por los trabajadores de Dimantec y Trateccol que intervinieron en las protestas. Tambi\u00e9n suministraron gasolina a los veh\u00edculos del ESMAD que arribaron para cesar la presencia de los huelguistas en la v\u00eda p\u00fablica afuera de la sede de la convocante y fortalecieron su esquema de seguridad. <\/p>\n
Al respecto, la experticia refiri\u00f3 que \u00abel valor de la n\u00f3mina del mes de marzo de 2013 es por la suma de $3.589.704.000\u00bb, pero \u00abno se labor\u00f3 por el bloqueo ilegal por parte de los afiliados de SINTRAIME\u00bb, gener\u00e1ndose gastos de personal \u00abdurante el bloqueo ilegal por parte de los afiliados de SINTRAIME (\u2026) por la suma de $1.818.185.000, el cual equivale al 50,64% del total de la n\u00f3mina cancelada en el mes de marzo, convirti\u00e9ndose en un gasto improductivo para GECOLSA S.A. y por ende en un decremento para GECOLSA S.A.\u00bb.38 <\/p>\n
Incluy\u00f3 el experto lo que denomin\u00f3 \u00abcosto inherente asociados al bloqueo ilegal\u00bb y \u00abgastos relacionados en el \u00e1rea de compras\u00bb. Dentro del primer concepto, indic\u00f3, se hallan comprendidos \u00ablos pagos o erogaciones realizadas por parte de GECOLSA SA para incrementar el cuerpo de seguridad de sus instalaciones, los cuales fueron efectuados a la empresa de seguridad SOS Su Oportuno Servicio, al igual que la alimentaci\u00f3n entregada a los miembros del SMAT a trav\u00e9s de Sodexo y otros proveedores, del mismo modo se evidencia un rubro por combustible suministrado al SMAT para el desplazamiento de los veh\u00edculos de esta instituci\u00f3n. El monto total se soporta con facturas aportadas y registros contables certificados por el \u00e1rea financiera de la empresa por un costo total de $113.989.000, que equivalen a US$62.847\u00bb.39 <\/p>\n
Y en el segundo, los \u00abpagos o erogaciones realizadas por parte de GECOLSA SA para facilitar el hospedaje de sus empleados al interior de las minas bloqueadas ilegalmente por SINTRAIME, ah\u00ed se evidencia compra de ventiladores, colchonetas, sabanas, toallas y elementos de uso personal suministrados a los empleados que por el hecho del bloqueo indebido no les permit\u00edan movilizarse para cumplir sus funciones y debieron pernoctar al interior de las minas durante el bloqueo ilegal. El monto total se soporta con facturas aportadas y registros contables certificados por el \u00e1rea financiera de la empresa por un costo total de $5.228.000, que equivalen a US$2.889\u00bb.40 <\/p>\n
6.2.4. En cuanto al lucro cesante, sobre la base de an\u00e1lisis contables que realiz\u00f3 a los Estados de Resultados de la demandante en las anualidades 2012 y 2013 proporcionados por el revisor fiscal, el perito determin\u00f3 que esa persona jur\u00eddica \u00abpresent\u00f3 una disminuci\u00f3n en VENTAS NETAS en las vigencias del 2013 con respecto al 2012 en la suma de $130.640.169.000\u00bb, y afirm\u00f3: \u00abuno de los motivos que pudo incidir en la disminuci\u00f3n de las VENTAS NETAS puede ser el cierre injustificado de las v\u00edas de acceso de las instalaciones de GECOLSA S.A y de las minas donde prestaba los servicios de los miembros del SINTRAIME\u00bb (se subray\u00f3).41 <\/p>\n
Para el c\u00e1lculo que realiz\u00f3 tuvo en cuenta \u00ablas ventas generadas por GECOLSA S.A desde el mes de julio de 2012 hasta junio de 2013, dicha informaci\u00f3n se genera teniendo en cuenta cada uno de los centros de costo de ventas utilizados por GECOLSA S.A. para el desarrollo de su actividad comercial, totalizando dicha informaci\u00f3n en la suma de $612.757.415.568 (\u2026)\u00bb y con esa informaci\u00f3n, efectu\u00f3 \u00abun promedio de ventas teniendo en cuenta los datos de cada centro de costo de ventas en cada mes, mostrando que el mes de marzo de 2013, presenta una disminuci\u00f3n con referencia de los meses de febrero a junio del mismo a\u00f1o\u00bb42. El promedio de ventas en el periodo de 12 meses \u00abse confronto (sic) con las ventas realizada (sic) por GECOLSA S.A en el mes de marzo de 2013, presentando una diferencia en la suma de $10.155.001.000, valor que se establece como las Ventas Frustradas sufrida por GECOLSA S.A en el mes de marzo de 2013\u00bb.43 <\/p>\n
6.2.5. La tasaci\u00f3n pericial de los perjuicios invocados en la demanda, por m\u00e1s que se funde en complejas operaciones y an\u00e1lisis contables, no puede esconder una deficiencia de ra\u00edz que aqueja a este crucial elemento de la responsabilidad civil, sin el cual, como se dijo, no hay lugar a reparaci\u00f3n. <\/p>\n
Y es lo atinente a la comprobaci\u00f3n de su existencia, porque tanto las atestaciones de la demandante sobre el particular como los medios probatorios aducidos para acreditar las lesiones que se aseguran irrogadas, se sustentan en bases que carecen de solidez, pues los hechos que le sirven de soporte a los gastos, costos y p\u00e9rdidas econ\u00f3micas supuestamente asumidos por la demandante no fueron demostrados dentro del proceso. <\/p>\n
6.2.6. En efecto, no se acredit\u00f3 cu\u00e1ntas personas no pudieron ingresar a trabajar en los proyectos mineros pertenecientes a los clientes de Gecolsa o a su sede en el municipio de Soledad (Atl\u00e1ntico), ni cu\u00e1l era el salario devengado por cada uno de esos trabajadores, tampoco se sabe cu\u00e1ntas personas estaban en las minas laborando, ni se prob\u00f3 de manera concreta cu\u00e1l era el monto de la facturaci\u00f3n de los convenios que manifest\u00f3 en el juicio haber incumplido por causa de los bloqueos a las minas (contratos Marx), adem\u00e1s, aunque el peritaje alude a ventas frustradas y detrimentos pecuniarios, para el mes de abril de 2013, es decir con la facturaci\u00f3n correspondiente al periodo de mes vencido, esto es, la mensualidad de marzo, en la cual tuvo ocurrencia el cese de actividades durante menos de un mes, se report\u00f3 uno de los m\u00e1s altos valores en ventas, adicionalmente no pudo establecerse si a la empresa le fue posible desarrollar sus actividades econ\u00f3micas en algunos de los centros de distribuci\u00f3n, atendiendo que su objeto social no se limitaba a las operaciones realizadas dentro de las minas ni a las desplegadas en su sede del municipio de Soledad (Atl\u00e1ntico), como tampoco que la reducci\u00f3n en esas operaciones activas haya obedecido al desarrollo de la huelga de los empleados de Dimantec y Trateccol o al bloqueo por estos de los proyectos mineros, teniendo en cuenta su corta duraci\u00f3n. Aun as\u00ed, la experticia dio por supuesta la relaci\u00f3n de causalidad, afirmando que \u00abuno de los motivos que pudo incidir en la disminuci\u00f3n de las VENTAS NETAS puede ser el cierre injustificado de las v\u00edas de acceso de las instalaciones de GECOLSA S.A y de las minas donde prestaba los servicios de los miembros del SINTRAIME\u00bb44. <\/p>\n
Adicionalmente, dado que las ventas son variables, como lo atest\u00f3 el perito, no era admisible promediar las realizadas en dos a\u00f1os para determinar la incidencia del cese de actividades de los empleados de las subcontratistas en el valor de las correspondientes al mes de marzo de 2013. <\/p>\n
6.2.7. De otra parte, el representante legal de la sociedad Dimantec Ltda. reconoci\u00f3 que algunos trabajadores de la demandante realizaron sus labores durante los d\u00edas de bloqueo en las minas, as\u00ed que no ocurri\u00f3 la par\u00e1lisis de sus operaciones en la forma que lo menciona. Indic\u00f3, adem\u00e1s, que el ingreso a \u00e9stas se hizo por v\u00eda a\u00e9rea, medio a trav\u00e9s del cual llevaron v\u00edveres y elementos para los trabajadores que se encontraban en su interior45, informaci\u00f3n que ratific\u00f3 el testigo Nelson Alexander G\u00f3mez B\u00e1ez, quien sostuvo que la empresa Gecolsa utiliza aeronaves con capacidad para 7 u 8 pasajeros, en las cuales transporta personal directivo y cosas a los proyectos mineros46. A trav\u00e9s de ese mismo medio pudieron sacar a los trabajadores que permanec\u00edan en esas instalaciones durante los bloqueos, pero no lo hicieron porque con ellos mantuvieron unos equipos en operaci\u00f3n y realizaron algunas actividades de mantenimiento, seg\u00fan lo inform\u00f3 el mismo declarante47, generando, por su propia voluntad, los costos de insumos y elementos para que pernoctaran, se alimentaran y siguieran trabajando los operarios, los cuales pudieron evitar a fin de garantizarles condiciones dignas y de bienestar durante los bloqueos. Aunque las erogaciones relativas al suministro de alimentos y gasolina a miembros del ESMAD durante las protestas tendr\u00edan nexo con las mismas, se trata de rubros que le correspond\u00eda asumir al ente territorial como encargado de velar por el mantenimiento del orden p\u00fablico en el municipio. <\/p>\n
6.2.8. T\u00f3picos como los relacionados con el pago de la n\u00f3mina de la empresa, prestaciones sociales legales y extralegales, liquidaci\u00f3n, seguridad social y otros conceptos propios de la relaci\u00f3n empleador \u2013 trabajadores, corresponden a compromisos de su resorte que la demandante est\u00e1 compelida a cumplir y no cesan por la huelga de terceros, de modo que no puede pretender la actora trasladar a los demandados los guarismos vinculados a estos conceptos, pues bajo el entendido de que no se present\u00f3 una suspensi\u00f3n de los contratos laborales, la empresa ten\u00eda la obligaci\u00f3n de pagar el valor de la n\u00f3mina del mes de marzo de 2013, a lo que se a\u00fana que no est\u00e1 acreditado s\u00ed, de acuerdo con los convenios de trabajo de los operarios, todos ellos deb\u00edan prestar sus servicios en las minas y en la sede de Gecolsa, para establecer si les fue imposible realizar sus funciones o pudieron continuar con las mismas. <\/p>\n
6.3. En las anotadas condiciones, las conclusiones del dictamen pericial carecen de solidez y los perjuicios demandados no tienen el car\u00e1cter de ser ciertos, lo que repercute en la falta de demostraci\u00f3n de su existencia, elemento esencial dentro de la responsabilidad civil extracontractual, pues reit\u00e9rese, \u00absi no se comprueba o determina su existencia -como hecho jur\u00eddico que es-, a la vez que su extensi\u00f3n y medida, el Juez no poseer\u00e1 argumento v\u00e1lido para fundar, en l\u00ednea de principio, una condena cualquiera enderezada a obtener su resarcimiento, debiendo, en tal virtud, exonerar de responsabilidad al demandado\u00bb (CSJ SC 25 feb. 2002, rad. 6623; reiterada en CSJ SC16690-2016, 17 nov., rad. 2000-00196-01). <\/p>\n
7. Desde esta perspectiva, pese a abrirse paso la censura por el error iuris in iudicando cometido por el Tribunal, este no tiene la virtualidad de ocasionar el derrumbamiento de la decisi\u00f3n impugnada, pues la Corte, en sede de segunda instancia, habr\u00eda tenido que tomar la misma determinaci\u00f3n respecto del fallo proferido por la jueza a quo, esto es, la de revocarla para, en su lugar negar el petitum de la demanda, lo que redunda en el fracaso del cargo segundo aunado en su estudio con los segmentos hom\u00f3logo y final del embate inaugural. <\/p>\n
8. Ante el fracaso de la s\u00faplica extraordinaria, al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso, se condenar\u00e1 en costas a la recurrente. Se fijar\u00e1n en esta misma providencia las agencias en derecho correspondientes, y para su cuantificaci\u00f3n se tendr\u00e1 en cuenta que la impugnaci\u00f3n extraordinaria fue replicada por la parte contraria. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, actuando en nombre de la Rep\u00fablica, NO CASA la sentencia proferida el 3 de septiembre de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso referenciado en el encabezamiento de esta providencia. <\/p>\n
Se condena en costas al extremo recurrente en casaci\u00f3n. Incl\u00fayase en la liquidaci\u00f3n la suma de $10.000.000, por concepto de agencias en derecho, que fija la magistrada ponente. <\/p>\n
Ejecutoriada esta providencia, devu\u00e9lvase la actuaci\u00f3n surtida al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 8, cno. 1, expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Folios 93 a 104 del PDF denominado \u201c004Demanda.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Folio 58, archivo 43.212 expediente.pdf, expediente digital. <\/p>\n
5\u0002 Folio 38, ibidem. <\/p>\n
6\u0002 El hecho hace referencia a la emisi\u00f3n de la sentencia de 9 de abril de 2014, donde la Corte Suprema de Justicia, en segunda instancia, declar\u00f3 ilegal la cesaci\u00f3n colectiva de labores adelantada por SINTRAIME a partir del 14 de marzo de 2013, folio 162, Archivo001Demanda.pdf. <\/p>\n
7\u0002 Folio 43, ib. <\/p>\n
8\u0002 Folios 58 y 59, archivo 43.312.pdf, subcarpeta CUADERNO SEGUNDA INSTANCIA \u2013 EXPEDIENTE REMITIDO. <\/p>\n
9\u0002 Folio 46, ib. <\/p>\n
10\u0002 Ibidem. <\/p>\n
11\u0002 Folio 47, ib. <\/p>\n
12\u0002 Folio 50, ib. <\/p>\n
13\u0002 Folio 67, ib. <\/p>\n
14\u0002 Folio 85, ib. <\/p>\n
15\u0002 Folio 86, ib. <\/p>\n
16\u0002 Folio 98, ib. <\/p>\n
17\u0002 Folio 110, ib. <\/p>\n
18\u0002 Folio 103, ib. <\/p>\n
19\u0002 JOSSERAND, Louis. Del abuso de los derechos y otros ensayos. Bogot\u00e1: Edit. Temis, 1999, p\u00e1gs. 4-5. <\/p>\n
20\u0002 p\u00e1g. 5, op. cit. <\/p>\n
21\u0002 Gaceta Constitucional N\u00b0 45, p\u00e1g. 3. Tomado de \u201cConstituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, Origen, Evoluci\u00f3n y Vigencia\u201d, Carlos Lleras de la Fuente y Marcel Tangarife Torres. Editorial Dik\u00e9, 1996, tomo I, p\u00e1g. 252. <\/p>\n
22\u0002 El aparte normativo subrayado se declar\u00f3 condicionalmente exequible en sentencia C-858-2008 para incluir la huelga como expresi\u00f3n de posiciones sobre pol\u00edticas sociales, econ\u00f3micas o sectoriales con incidencia directa en el ejercicio de la actividad, ocupaci\u00f3n, oficio o profesi\u00f3n de que se trate. <\/p>\n
23\u0002 Ratificado por Colombia el 16 de noviembre de 1976 y promulgado el 20 de junio de 1997 (Diario Oficial 39.069). <\/p>\n
24\u0002 ALESSANDRI RODR\u00cdGUEZ, Arturo. De la responsabilidad civil extracontractual en el derecho civil. Santiago: Ediar Editores, 1983, p. 288. <\/p>\n
25\u0002 CASEAUX, Pedro N. et TRIGO REPRESAS, F\u00e9lix A. Derecho de las Obligaciones. Tomo VI, Responsabilidades especiales. Buenos Aires: La Ley, 2010, p\u00e1g. 80. <\/p>\n
26\u0002 MOSSET ITURRASPE. Responsabilidad por da\u00f1os, Tomo III, p. 73. <\/p>\n
27\u0002 KEMELMAJER DE CARLUCCI, A\u00edda. Da\u00f1os y perjuicios por las huelgas, Anales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, a\u00f1o XXXV, segunda \u00e9poca, nro, 28, p. 156 y ss, nro. III. <\/p>\n
28\u0002 CASEAUX, Pedro N. et TRIGO REPRESAS, F\u00e9lix A, ob. cit, p. 82. <\/p>\n
29\u0002 Ob. cit., p. 82. <\/p>\n
30\u0002 Garc\u00eda-Perrote Escart\u00edn, I. (2006). \u00abEl alcance constitucional del derecho de huelga\u00bb. En Casas, M.E., Cruz, J. y Dur\u00e1n, F. (coordinadores). Las transformaciones del derecho del trabajo en el marco de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola. Estudios en homenaje al profesor Miguel Rodr\u00edguez-Pi\u00f1ero y Bravo-Ferrer. La Ley 5431\/2007. Disponible en www.laleydigital.es (visita 2 de noviembre de 2009), p\u00e1g. 7. <\/p>\n
31\u0002 Rodr\u00edguez Arturo Alessandri De la responsabilidad extracontractual en el derecho civil chileno. Editorial Jur\u00eddica de Chile. Reimpresi\u00f3n Primera Edici\u00f3n. p\u00e1g. 153. <\/p>\n
33\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 6 de abril de 2001, radicado 05502. <\/p>\n
34\u0002 CSJ SC G.J. T. LX, p\u00e1g. 61. <\/p>\n
35\u0002 Folio 153, Archivo 001Demanda.pdf, carpeta Archivo remitido, expediente digital. <\/p>\n
36\u0002 En la providencia C-157-2013 se resolvi\u00f3 que el canon es exequible \u00abbajo el entendido de que tal sanci\u00f3n -por falta de demostraci\u00f3n de los perjuicios-, no procede cuando la causa de la misma sea imputable a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de que su obrar haya sido diligente y esmerado\u00bb. <\/p>\n
37\u0002 Trigo Represas, F\u00e9lix A. et al. Reparaci\u00f3n de da\u00f1os a la persona. Tomo I, Parte General Da\u00f1o Emergente Lucro Cesante, P\u00e9rdida de Chance, Da\u00f1o Moral. Buenos Aires, Editorial Thomson Reuters La Ley, primera edici\u00f3n 2014, p. 230. <\/p>\n
38\u0002 Folio 65, archivo 001DemandaEjecutivaDeHonorariosDePeritoCONTADOR.pdf, subcarpeta DEMANDA EJECUTIVO \u2013 PERITO, carpeta EXPEDIENTE REMITIDO, expediente digital. <\/p>\n
39\u0002 Folio 66, ibidem. <\/p>\n
40\u0002 Ibidem. <\/p>\n
41\u0002 Folio 67, ib. <\/p>\n
42\u0002 Folios 68 y 69, ib. <\/p>\n
43\u0002 Folio 73, ib. <\/p>\n
44\u0002 Folio 67, ib. <\/p>\n
45\u0002 Folio 37, Archivo002Demanda.pdf, carpeta EXPEDIENTE REMITIDO, exp, digital. <\/p>\n
46\u0002 Folio 42, ib. <\/p>\n
47\u0002 Folios 44 y 65, ib. <\/p>\n
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SC040-2023 (2016-00025-01) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada Ponente SC040-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-31-03-001-2016-00025-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dos febreros de dos de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mi veintitr\u00e9s (2023) Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71441","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71441","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71441"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71441\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71441"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71441"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71441"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}