SC048-2023 (2003-00891-01)<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC048-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-031-2003-00891-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C, veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se profiere sentencia de casaci\u00f3n oficiosa1 respecto del fallo que el 31 de enero de 2019 expidi\u00f3 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, en el incidente de liquidaci\u00f3n de perjuicios que Publio Armando Orjuela Santamar\u00eda promovi\u00f3 contra el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-, a continuaci\u00f3n de un proceso de expropiaci\u00f3n. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El IDU demand\u00f3 a Publio Armando Orjuela Santamar\u00eda y la Caja de Vivienda Popular con el fin de expropiar el inmueble ubicado en la carrera 95 n.\u00b0 34\u00aa-35 Sur de Bogot\u00e1 e identificado con matr\u00edcula inmobiliaria n.\u00b0 50S-354127 de la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos de esa ciudad, para construir, por motivos de utilidad p\u00fablica e inter\u00e9s social, la \u00abAvenida Ciudad de Cali\u00bb. <\/p>\n
2. El 12 de junio de 2015 el Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 accedi\u00f3 a la expropiaci\u00f3n, orden\u00f3 cancelar grav\u00e1menes, embargos e inscripciones de demanda sobre el fundo, avaluarlo, registrar el fallo e indemnizar al propietario. <\/p>\n
3. En la suya de 15 de marzo de 2016, el Tribunal revoc\u00f3 la sentencia apelada por el actor, declar\u00f3 probada la \u00abcaducidad de la acci\u00f3n\u00bb, neg\u00f3 la expropiaci\u00f3n, instruy\u00f3 cancelar la inscripci\u00f3n de la demanda y orden\u00f3 devolver al IDU el dinero consignado para la entrega anticipada del inmueble (que, de todas maneras, no se hab\u00eda efectuado por imposibilidad). <\/p>\n
4. Una vez en firme esa providencia, el magistrado ponente en el Tribunal profiri\u00f3 un auto el 28 de abril de 2016 mediante el cual orden\u00f3 remitir el expediente al Juzgado y puso de presente que \u00aben caso de no poder[se] efectuar la entrega [del inmueble a Publio Armando Orjuela]\u2026 deber\u00e1 reconocer el pago de perjuicios que se tramitar\u00e1 conforme\u2026 el art\u00edculo 307 ib\u00eddem [CPC], mediante incidente\u2026\u00bb (Se destaca). <\/p>\n
5. El 24 de agosto de 2016 Publio Armando Orjuela Santamar\u00eda promovi\u00f3 incidente de liquidaci\u00f3n perjuicios que estim\u00f3 bajo la gravedad de juramento en CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($104.420.451.936). <\/p>\n
6. El Juzgado liquid\u00f3 los perjuicios mediante sentencia de 16 de abril de 2018 en TRES MIL QUINIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($3.501.635.184,74), discriminados as\u00ed: <\/p>\n
6.1. MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CON VEINTIS\u00c9IS CENTAVOS ($1.963.514.145,26) como capital indexado; y <\/p>\n
6.2. MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTI\u00daN MIL TREINTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($1.538.121.039,48) como intereses corrientes. <\/p>\n
Tambi\u00e9n conden\u00f3 al incidentante, Publio Armando Orjuela Santamar\u00eda, a pagar al Consejo Superior de la Judicatura – Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS ($1.619.677.330), de conformidad con el art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso, es decir, por el exceso entre la suma estimada bajo la gravedad de juramento al promover el incidente de perjuicios y la demostrada en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
7. En el suyo de 31 de enero de 2019, el Tribunal modific\u00f3 parcialmente el fallo apelado por el incidentante, as\u00ed: <\/p>\n
7.1 Conden\u00f3 al IDU a pagar a su contendor DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SESISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($2.427\u2019963.686,73) por da\u00f1o emergente y MIL CIENTO SETENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CINCO CENTAVOS ($1.170\u2019152.044,5) por lucro cesante; <\/p>\n
7.2. Revoc\u00f3 la condena a favor del Consejo Superior de la Judicatura-Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial que se hab\u00eda impuesto a Publio Armando Orjuela por el exceso entre la suma estimada bajo la gravedad de juramento en el incidente de perjuicios y la demostrada en \u00e9l, la cual ascend\u00eda a MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS ($1.619.677.330), a pesar de no haber sido apelada por el impugnante. <\/p>\n
8. Mediante CSJ AC2828 26 oct. 2020 se inadmitieron los cargos de casaci\u00f3n del incidentante contra la sentencia; en todo caso, \u00e9sta fue objeto de selecci\u00f3n positiva. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. Los perjuicios del propietario expropiado son reparatorios y no compensatorios, pues deben resarcir plenamente el da\u00f1o emergente y el lucro cesante, seg\u00fan los principios de reparaci\u00f3n integral y equidad. <\/p>\n
2. Aunque el poder y la demanda de expropiaci\u00f3n omitieron identificar el \u00e1rea de terreno a expropiar, documentos como la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 8621 de 19 de septiembre de 2003 o el registro topogr\u00e1fico n.\u00b0 8369D prueban la extensi\u00f3n del terreno, porque el segundo: <\/p>\n
s\u00ed concret\u00f3 claramente el \u00e1rea que efectivamente se iba a afectar\u2026: \u00e1rea total\u2026 35.937.84 m2, de los cuales se le resta el 7% de cesi\u00f3n en un 2.515.65 m2 y, el sobrante se dividi\u00f3 en dos etapas; una primera de 3.910.00 m2 y la segunda de 4.095 m2, para un total de 10.521 m2 (folio 28 ib.), todo lo cual se acredit\u00f3 con el informe t\u00e9cnico n.\u00b0 0316 emitido por Judith Yolanda Gambia G. \u2013Direcci\u00f3n T\u00e9cnica de Predios del IDU, quien confirma lo antes concluido (fl. 75 ej.), al paso que posteriormente en el Informe T\u00e9cnico n.\u00b0 209 de enero 27 de 2005 se indic\u00f3 que el \u00e1rea efectivamente afectada y desarrollada seg\u00fan el registro topogr\u00e1fico n.\u00b0 8369 fue de 10.521 .00 m2 (fl.80, c.1). <\/p>\n
En consecuencia, <\/p>\n
el \u00e1rea total [ocupada por la obra p\u00fablica] ascendi\u00f3 a 10.521 m2, sin que sea de recibo lo manifestado por la entidad incidentada a folio 23 y ss. de esta alzada, en cuanto a que el \u00e1rea a expropiar era de 4.095 m2, en primer lugar, por raz\u00f3n que la alegaci\u00f3n en tal sentido se realiz\u00f3 fuera de la oportunidad procesal y, en todo caso pasando por alto ello, como qued\u00f3 antes puntualizado la Resoluci\u00f3n de expropiaci\u00f3n no determin\u00f3 el \u00e1rea total a expropiar pero se remiti\u00f3 al registro topogr\u00e1fico 8369D y en \u00e9l se determin\u00f3 en total 10.521 m2, que fue lo que en \u00faltimas se desarroll\u00f3 (ver fl. 80 c.1) y, si bien en dicho metraje se incluye el \u00e1rea de entrega (cesi\u00f3n) voluntaria de un 7%, ese aspecto no puede ser objeto de an\u00e1lisis en virtud a que no se puede hacer m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n del apelante \u00fanico \u2013 inciso 4\u00ba del art. 328 del CGP. <\/p>\n
3. Seg\u00fan el recurrente-incidentante, la sentencia de primera instancia carec\u00eda de fundamento legal para liquidar la indemnizaci\u00f3n con el valor que el IDU ofreci\u00f3, indexado desde el a\u00f1o 2015, junto con los r\u00e9ditos civiles; tampoco valor\u00f3 la experticia que demostraba ese concepto. <\/p>\n
Si bien el IDU consign\u00f3 el dinero respectivo y se orden\u00f3 entregarle de forma anticipada el inmueble (y se comision\u00f3), ese tr\u00e1mite no se llev\u00f3 a cabo porque la obra p\u00fablica ya se hab\u00eda construido, sin que se tenga certeza del momento exacto en que el incidentante fue privado del lote. Por ello, es razonable tasar la indemnizaci\u00f3n desde la presentaci\u00f3n de la demanda (4 de diciembre de 2003), porque desde ese evento fracas\u00f3 la negociaci\u00f3n directa y el propietario se vio compelido a entregar su predio, lo cual impone descartar la data fijada por el a quo (2005, a\u00f1o del informe del IDU), pues con anterioridad ya hab\u00eda \u00abocurrido el despojo\u00bb. <\/p>\n
4. El dictamen pericial acompa\u00f1ado con el incidente de liquidaci\u00f3n de perjuicios (fls. 1 a 13 y 19 a 29 c. 4) carece de firmeza, precisi\u00f3n y calidad porque se fund\u00f3 en el m\u00e9todo comparativo, pero solo se bas\u00f3 en un predio de referencia sin analizar su valor, estrato, ubicaci\u00f3n y mejoras para contrastarlo con el del incidentante; adem\u00e1s, avalu\u00f3 el metro cuadrado sin precisar el valor catastral y comercial anual. <\/p>\n
5. Los perjuicios deben liquidarse con el aval\u00fao aportado por el IDU (folios 42 y 43 del cuaderno 1), actualizando el valor del metro cuadrado seg\u00fan la pericia de octubre de 2001 ($107.000) a la fecha inicial de la liquidaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n demandada -diciembre de 2003-. En consecuencia, el valor actual del metro cuadrado es $122.467,18, cantidad que, al ser multiplicada por los 10.521 m2 afectados, arroja como resultado $1.288\u2019477.200,78 (precio para el a\u00f1o 2003) y que -indexada a la fecha del fallo de segunda instancia- muestra que el da\u00f1o emergente actualizado corresponde a $2.427\u2019963.686,73. <\/p>\n
6. Seg\u00fan la jurisprudencia constitucional el lucro cesante se puede cuantificar con el valor del bien y el inter\u00e9s causado entre la fecha de su entrega y la liquidaci\u00f3n. Sin embargo, reconocer intereses comerciales sobre una suma indexada implicar\u00eda doble indemnizaci\u00f3n del mismo concepto, por lo que deben calcularse intereses legales seg\u00fan el art\u00edculo 1617 del C\u00f3digo Civil, es decir, 6% efectivo anual sobre la suma no indexada del da\u00f1o emergente ($1.288\u2019477.200,78) desde el 4 de diciembre de 2003 -presentaci\u00f3n de la demanda- hasta el 23 de enero de 2019, d\u00eda de la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo: <\/p>\n
$77.308.632,04 dividido en 12 meses arroja la suma de $6.442.386 por mes. Entonces, $6.442.386 por los 181 meses, asciende a la suma de $1.166.071.866,70, m\u00e1s los 19 d\u00edas $4.080.177,8 -214.746,2 por d\u00eda-, Total lucro cesante= $1.170\u2019152.044,5 (negrillas son del texto original). <\/p>\n
7. Aunque el apelante omiti\u00f3 sustentar reparos contra la condena a cargo suyo y a favor del Consejo Superior de la Judicatura – Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial por el exceso entre lo estimado bajo la gravedad del juramento al promover el incidente y lo demostrado en el proceso, la cual ascendi\u00f3 a $1.619.677.330, \u00ab\u2026conforme a la sentencia de constitucionalidad se impone analizar su viabilidad y procedencia y, al interior del asunto brilla por su ausencia el elemento subjetivo, consistente en temeridad o negligencia, en la acreditaci\u00f3n de la cuant\u00eda de los da\u00f1os a resarcir solicitados bajo juramento, aspectos por dem\u00e1s necesarios para que la sanci\u00f3n encuentre prosperidad, seg\u00fan lo precis\u00f3 la Corte Constitucional en sentencia C-157 de 2013, lo que impone su revocatoria\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Par\u00e1metros generales de la casaci\u00f3n oficiosa <\/p>\n
1.1. El legislador de 2012, mediante el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, luego de establecer las tradicionales causales taxativas y dispositivas del mecanismo extraordinario, facult\u00f3 a \u00ab[l]a [Sala Civil de la] Corte [Suprema de Justicia]\u00bb para \u00abcasar la sentencia, a\u00fan de oficio, cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb (negrillas propias). <\/p>\n
Si bien la atribuci\u00f3n de facultades oficiosas aten\u00faa el car\u00e1cter dispositivo del mecanismo extraordinario, no convierte a los tribunales de casaci\u00f3n en \u00f3rganos de instancia ni mucho menos elimina los elementos caracter\u00edsticos de la figura, siempre que se ejerza dentro de los par\u00e1metros y l\u00edmites que le son propios, porque, en palabras de la Corte Constitucional, tales facultades oficiosas poseen: <\/p>\n
[S]ignificativa relevancia que adem\u00e1s de limitar la naturaleza marcadamente dispositiva que ha caracterizado el recurso de casaci\u00f3n -con impactos negativos importantes en la prevalencia del derecho sustancial-, contribuye en plena armon\u00eda con los nuevos fines que lo inspiran, a promover el influjo directo de contenidos constitucionales en la comprensi\u00f3n e interpretaci\u00f3n de los asuntos civiles, comerciales, agrarios y de familia. Tiene la Corte Suprema de Justicia, por expresa disposici\u00f3n del legislador procesal, el deber de transformar cualitativamente el significado del recurso. En el \u00e1mbito de sus atribuciones, la Corte Suprema debe asegurar que las normas de la Constituci\u00f3n adquieran real vigencia y efectividad en el derecho ordinario. Es a la luz de estas consideraciones que ese Tribunal deber\u00e1 interpretar esta nueva instituci\u00f3n. El legislador ya ha dado un paso, el siguiente le corresponde a la Corte (CC C n.\u00ba 213 de 5 ab. de 2017). <\/p>\n
La Sala ha venido consolidando derroteros para emplear sus facultades oficiosas de casaci\u00f3n, descartando que, en principio, ello pueda hacerse de manera autom\u00e1tica ante la presencia de cualquier error intrascendente porque, en caso contrario, pasar\u00eda a ser un juez colegiado de tercera instancia, rol extra\u00f1o a su misi\u00f3n constitucional. Para que la Corte pueda acudir a la casaci\u00f3n oficiosa resulta indispensable, entonces, que \u00abse hallen en juego valores, principios y derechos supremos, y en forma patente y paladina aparezcan comprometidos: 1. El orden p\u00fablico, 2. El patrimonio p\u00fablico, o 3. Se atente gravemente contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb (SC1131, 5 feb. 2016, rad. n.\u00ba 2009-00443). <\/p>\n
Esto quiere decir que para casar oficiosamente la sentencia impugnada es indispensable verificar conjuntamente las siguientes exigencias: <\/p>\n
(I) La equivocaci\u00f3n del ad quem debe ser ostensible, esto es, clara, patente, manifiesta o, en \u00faltimas, de muy f\u00e1cil averiguaci\u00f3n; <\/p>\n
(II) El menoscabo causado por el error debe ser grave, es decir, de bastante entidad, gran calibre, importancia o relevancia, lo que se traduce en que la casaci\u00f3n oficiosa no es el camino para remediar defectos menores, secundarios o que, dado el caso, se encuentren superados; y <\/p>\n
(III) Debe resultar afectado (a) el orden p\u00fablico, (b) el patrimonio p\u00fablico y\/o (c) los derechos y garant\u00edas constitucionales (SC5453, 16 dic. 2021, rad. n.\u00ba 2014-00058, reiterada en SC1170, 22 abr. 2022, rad. n.\u00ba 2013-00031). <\/p>\n
El cumplimiento y verificaci\u00f3n estricta de estas exigencias resultan indispensables para que la casaci\u00f3n conserve su norte constitucional, pues sigue siendo un mecanismo de procedencia restringida que no vivifica una tercera instancia donde puedan examinarse todos los errores de la sentencia del Tribunal; por el contrario, en los t\u00e9rminos y con las exigencias comentadas, solamente aquellas equivocaciones graves y evidentes que lesionen de manera contundente el orden p\u00fablico, el patrimonio p\u00fablico o los derechos y garant\u00edas constitucionales tienen vocaci\u00f3n de desvirtuar por s\u00ed solas la presunci\u00f3n de legalidad y acierto que cobija el fallo de \u00faltimo grado y abrir paso a su casaci\u00f3n oficiosa. <\/p>\n
1.2. Por su importancia, la Sala desarrollar\u00e1 los elementos que integran los requisitos necesarios para el sano ejercicio de la casaci\u00f3n oficiosa. <\/p>\n
Por el contrario, no es ostensible, evidente o protuberante la equivocaci\u00f3n \u00abdel sentenciador que [encuentra alg\u00fan respaldo en el derecho objetivo o] no se aparta de las alternativas de razonable apreciaci\u00f3n que ofrezca la prueba o que no se impone frente a \u00e9sta como afirmaci\u00f3n il\u00f3gica y arbitraria, es decir, cuando s\u00f3lo se presente apenas como una posibilidad de que se haya equivocado\u00bb (SC048, 3 jun. 2008, rad. n.\u00b0 1997-11872-01). <\/p>\n
1.2.2. La segunda exigencia de la casaci\u00f3n oficiosa est\u00e1 ligada con la gravedad del yerro, la cual se presenta cuando la equivocaci\u00f3n \u00abhaya sido determinante en el sentido de la decisi\u00f3n confutada, \u2018vale decir, en la medida que haya sido determinante de la decisi\u00f3n final, en una relaci\u00f3n necesaria de causa a efecto\u2019\u00bb (SC4232, 23 sep. 2021, rad. n.\u00b0 2013-00757-01). <\/p>\n
El cumplimiento estricto de estas dos primeras exigencias de la figura en menci\u00f3n (ostensible y grave) es fiel reflejo de que el C\u00f3digo General del Proceso haya dotado a la Sala de facultades oficiosas sin borrar sus funciones constitucionales, ni mucho menos apartarse del modelo de casaci\u00f3n, aspectos sobre los que resulta necesario hacer algunas explicaciones. <\/p>\n
Seg\u00fan la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, la Corte Suprema de Justicia tiene el doble rol de \u00abm\u00e1ximo tribunal de la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u00bb (art. 234 C.P.) y \u00abtribunal de casaci\u00f3n\u00bb (art. 235 # 1 C.P.), funciones que en la especialidad civil, cumple la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria (art. 16 LEAJ n.\u00ba 270 de 1996, modificada por la ley 1285 de 2009). <\/p>\n
La jurisprudencia pac\u00edfica y reiterada de la Corte Constitucional sustenta que tales atribuciones superiores tienen un contenido espec\u00edfico y concreto que, por tanto, orientan la manera en que la Sala debe desarrollarlas. <\/p>\n
En efecto, al avalar las disposiciones del C\u00f3digo de Procedimiento Civil que permit\u00edan declarar desierto el recurso extraordinario de casaci\u00f3n cuando la demanda incumpliera requisitos formales, la Corte Constitucional expuso acerca del rol de esta Sala: <\/p>\n
La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, recogi\u00f3 la existencia del instituto procesal de la casaci\u00f3n, otorgando al m\u00e1ximo tribunal de la justicia ordinaria, la Honorable Corte Suprema de Justicia, la competencia para tramitar el recurso extraordinario, al se\u00f1alarla expresamente como \u00abtribunal de casaci\u00f3n\u00bb (art\u00edculo 235 de la C.N.). Luego, no s\u00f3lo puede considerarse que est\u00e1 permitida la existencia de la casaci\u00f3n, dentro de una competencia legislativa general; sino que se encuentra ordenada de manera directa y clara en la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
[N]o puede entenderse que la casaci\u00f3n se haya convertido en una tercera instancia, ni que se eliminaron los requisitos de forma propios de la demanda de casaci\u00f3n. La estructura general del recurso se mantiene, y no fue convertido en la \u00faltima reforma, en una modalidad recursiva de orden procesal, tan amplia como puede serlo la apelaci\u00f3n, en raz\u00f3n de las especiales caracter\u00ed[s]ticas y finalidades de aquel recurso. (CC C 215 de 28 abr. de 1994, -se destaca-). <\/p>\n
Luego, estim\u00f3 la exequibilidad de la procedencia limitada y excepcional del recurso extraordinario de casaci\u00f3n bajo los siguientes razonamientos: <\/p>\n
[L]a regla general es la improcedencia del recurso [de casaci\u00f3n]; la excepci\u00f3n, su procedencia, en los casos previstos en la ley. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Si en trat\u00e1ndose de un recurso ordinario, como la apelaci\u00f3n, previsto en la Constituci\u00f3n contra todas las sentencias, la ley, por mandato expreso del art\u00edculo 31, puede consagrar excepciones, no se ve por qu\u00e9 no pueda se\u00f1alar o determinar contra cu\u00e1les sentencias procede el recurso de casaci\u00f3n, extraordinario como se ha dicho (C 058 de 15 feb. 1996 -se destaca-). <\/p>\n
Finalmente, justific\u00f3 que la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial tuviera que estructurarse sobre un error f\u00e1ctico trascendente y ostensible pues, de lo contrario, el recurso extraordinario y esta Sala se apartar\u00edan del \u00abmodelo de casaci\u00f3n\u00bb adoptado por el constituyente de 1991 para convertirse en un tribunal de instancia (funci\u00f3n enteramente contraria a su rol constitucional): <\/p>\n
[E]l tribunal de casaci\u00f3n no surgi\u00f3 para corregir todos los eventuales errores judiciales sino que su funci\u00f3n es, si se quiere, m\u00e1s de orden sist\u00e9mico, para proteger la coherencia del ordenamiento y la aplicaci\u00f3n del derecho objetivo, por lo cual ha sido denominada por algunos sectores de la doctrina y la jurisprudencia como \u201cnomofilaquia\u201d <\/p>\n
[P]ara la definici\u00f3n de las controversias judiciales concretas el ordenamiento prev\u00e9 las instancias, mientras que el papel de la Corte Suprema, como tribunal de casaci\u00f3n, es primariamente asegurar la coherencia del ordenamiento legal, gracias a la unificaci\u00f3n de los criterios de interpretaci\u00f3n de la ley, para de esa manera, lograr la realizaci\u00f3n del derecho objetivo y asegurar el respeto a los principios de legalidad y de igualdad. Por eso, la casaci\u00f3n no es una tercera instancia para enmendar cualquier yerro ocurrido en las instancias, sino un recurso extraordinario que pretende lograr la mayor coherencia posible del sistema legal, al lograr el respeto del derecho objetivo y una mayor uniformidad en la interpretaci\u00f3n de las leyes por los funcionarios judiciales. Esto no significa obviamente que la reparaci\u00f3n de la eventual injusticia de un caso concreto no tenga ninguna relevancia en la casaci\u00f3n <\/p>\n
[E]ste recurso extraordinario pone el inter\u00e9s que tiene el particular en que se corrija el agravio en su contra al servicio de la protecci\u00f3n de la coherencia sist\u00e9mica del ordenamiento. As\u00ed, el individuo tiene inter\u00e9s en atacar una sentencia ilegal o contraria a la jurisprudencia, a fin de evitar una decisi\u00f3n que le es desfavorable, y de esa manera, su actuaci\u00f3n permite que el tribunal de casaci\u00f3n anule la decisi\u00f3n contraria al derecho objetivo, y asegure as\u00ed el respeto al ordenamiento. <\/p>\n
El rango constitucional de la casaci\u00f3n implica igualmente que el legislador no tiene plena libertad para organizar el alcance de este recurso. La casaci\u00f3n no es un concepto vac\u00edo sino que tiene un contenido esencial, que goza de protecci\u00f3n constitucional, por lo cual el legislador no puede regular de cualquier manera las funciones de la Corte Suprema como tribunal de casaci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
[L]a casaci\u00f3n es un recurso extraordinario, con fundamento constitucional expreso, que tiene esencialmente una funci\u00f3n sist\u00e9mica, por lo cual no puede confund\u00edrsela con una tercera instancia. Por ende, es razonable concluir que en materia de casaci\u00f3n \u201cla regla general es la improcedencia del recurso; la excepci\u00f3n, su procedencia, en los casos previstos en la ley\u201d. Esto explica entonces que la ley, sin caer en formalismos innecesarios y excesivos, que sean contrarios a los prop\u00f3sitos de la casaci\u00f3n, puede establecer requisitos m\u00e1s severos para acceder a este recurso, e incluso para que pueda prosperar, sin que ello signifique que, por ese solo hecho, hay una restricci\u00f3n al acceso a la justicia, por cuanto, reitera la Corte, para dirimir los conflictos y solucionar los problemas planteados en los distintos casos concretos, el ordenamiento prev\u00e9 \u2026 las instancias\u2026 <\/p>\n
[L]a exigencia de que el error de hecho sea manifiesto, en principio se justifica por cuanto, como se ha insistido, el tribunal de casaci\u00f3n no es un juez de instancia ni un cuerpo para corregir todos los eventuales errores cometidos en los procesos. Por ende es leg\u00edtimo que, por razones de seguridad jur\u00eddica, deba presumirse que la sentencia de instancia ha acertado, pues las controversias judiciales deben tener un final. Esas sentencias llegan entonces a la casaci\u00f3n amparadas por una presunci\u00f3n de acierto y legalidad, como lo ha dicho en incontables oportunidades la Corte Suprema de Justicia, por lo cual, bien puede la ley determinar que s\u00f3lo aquellos errores f\u00e1cticos que tengan la entidad suficiente para romper esa presunci\u00f3n de acierto del juez de instancia, y que hayan implicado una violaci\u00f3n de la ley, son susceptibles de hacer prosperar este recurso extraordinario. <\/p>\n
[E]l car\u00e1cter extraordinario y sist\u00e9mico del recurso de casaci\u00f3n ha hecho que muchos doctrinantes consideran que las discusiones f\u00e1cticas y probatorias no pueden aducirse en sede de casaci\u00f3n, pues este recurso debe versar, para que preserve su funci\u00f3n sist\u00e9mica, \u00fanicamente sobre las cuestiones de derecho y no sobre los hechos. Siguiendo ese criterio, algunos ordenamientos de algunos pa\u00edses no prev\u00e9n o han suprimido la posibilidad de invocar cualquier error de hecho como causal de casaci\u00f3n. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
[S]i en principio la regulaci\u00f3n de la casaci\u00f3n podr\u00eda incluso suprimir los errores de hecho como causal para interponer este recurso, con mayor raz\u00f3n puede la ley se\u00f1alar que esos yerros f\u00e1cticos deben tener una cierta entidad para que la sentencia atacada pueda ser casada. El cargo del demandante no est\u00e1 entonces llamado a prosperar, pues en el fondo su acusaci\u00f3n pretende convertir el recurso de casaci\u00f3n en una tercera instancia, lo cual contradice su naturaleza extraordinaria y la funci\u00f3n sist\u00e9mica que la Carta le confiere a la Corte Suprema de Justicia como tribunal de casaci\u00f3n (CP art. 235) (CC C-1065 de 16 ag. 2000 -se destaca-). <\/p>\n
En suma, la casaci\u00f3n es una instituci\u00f3n jur\u00eddica con un claro contenido constitucional que, inclusive bajo su modalidad oficiosa, debe respetarse y puede resumirse as\u00ed: <\/p>\n
<\/p>\n
I. La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 orden\u00f3 que la Corte, a trav\u00e9s de sus salas especializadas determinadas por la LEAJ, actuara como tribunal de casaci\u00f3n; <\/p>\n
<\/p>\n
II. El recurso de casaci\u00f3n es, generalmente, de procedencia limitada, de ah\u00ed que resulte constitucional establecer requisitos severos para su procedencia e, inclusive, su prosperidad, sin que ello desconozca garant\u00edas fundamentales como, por ejemplo, el acceso a la administraci\u00f3n de justicia; <\/p>\n
<\/p>\n
III. La casaci\u00f3n no vivifica (ni puede convertirse en) una tercera instancia donde se examinen todos los errores de la decisi\u00f3n impugnada porque el escenario propicio para resolver el caso concreto son las instancias del proceso. Esto justifica que la casaci\u00f3n no pueda transmutarse en una simple apelaci\u00f3n, y los errores de hecho estructurantes de la violaci\u00f3n indirecta de las normas sustanciales deban ser trascendentes y ostensibles. Agr\u00e9guese, que las equivocaciones que dan paso a casar de oficio la sentencia deben ser, adem\u00e1s de ostensibles, graves; <\/p>\n
<\/p>\n
IV. La sentencia impugnada se presume acertada y legal, raz\u00f3n que justifica casarla \u00fanicamente cuando se haya desvirtuado esa presunci\u00f3n, siempre que se satisfagan los presupuestos correspondientes; y <\/p>\n
<\/p>\n
V. Las funciones de la Sala y los fines de la casaci\u00f3n son sist\u00e9micos y est\u00e1n orientados a satisfacer el inter\u00e9s general, a ra\u00edz de lo cual el recurso se sirve de la prerrogativa espec\u00edfica y subjetiva del recurrente para resguardar el derecho objetivo, logrando, principalmente, unificar la jurisprudencia o proteger el contenido y coherencia del ordenamiento jur\u00eddico, sin perjuicio de corregir los agravios causados a las partes por la sentencia. <\/p>\n
1.2.3. El tercer requisito de la casaci\u00f3n oficiosa exige la afectaci\u00f3n cualificada de intereses de indiscutible relevancia, tales como (a) el orden p\u00fablico, (b) el patrimonio p\u00fablico y\/o (c) los derechos y garant\u00edas constitucionales. <\/p>\n
1.2.3.1. Sobre el orden p\u00fablico se ha reconocido que \u00abes una noci\u00f3n eminentemente flexible, cuyas aplicaciones ser\u00e1n variables porque, si las necesidades sociales son siempre las mismas en sus principios, pueden ser esencialmente variables en su aplicaci\u00f3n\u00bb2, compuesta por principios y reglas \u00aben cuyo mantenimiento tienen un inter\u00e9s considerable tanto el Estado como la sociedad\u00bb (SC 31 may. 1938, GJ XLVI, n.\u00b0 1936). <\/p>\n
Adicionalmente, la Sala ha precisado: <\/p>\n
Las leyes de orden p\u00fablico, seg\u00fan el concepto de Beudant, son las que tienden a asegurar la organizaci\u00f3n que posee una sociedad para su normal y correcto funcionamiento, y tienen como caracter\u00edstica predominante que interesan m\u00e1s a la comunidad que a los hombres individualmente considerados y se inspira m\u00e1s en el inter\u00e9s general que en el de los individuos\u2026 <\/p>\n
Lejos de toda generalizaci\u00f3n absoluta, debe atenderse con presencia al fundamento y fin de cada norma para determinar su verdadero car\u00e1cter seg\u00fan que se dirija y destine directa e inmediatamente al beneficio de un particular o a beneficiar en primer t\u00e9rmino la comunidad. De esta manera aparece muy calificado el car\u00e1cter de orden p\u00fablico que corresponde a las leyes de derecho privado que rigen, por ejemplo, el estado y capacidad de las personas, base de la organizaci\u00f3n social; las que gobiernan la propiedad, especialmente la agraria porque conforman econ\u00f3micamente el Estado (negrilla fuera de texto, SC, 23 jun. 1940, GJ XLIX). <\/p>\n
Luego, sent\u00f3 que \u00abexige la aplicaci\u00f3n de ciertas normas de origen general que primando sobre el inter\u00e9s individual contemplan la seguridad y beneficio econ\u00f3mico de la sociedad y de las naciones\u00bb (SC, 5 ab. 1940, GJ XLIX, n.\u00b0 1955-1956), que se expresa en \u00abel conjunto de reglas que no puede ser alterado por el querer de los contratantes\u00bb (SC, 28 ag. 1945, GJ LIX, n.\u00b0 2022-2023). <\/p>\n
En suma, el orden p\u00fablico est\u00e1 conformado por los \u00abprincipios cardinales del derecho p\u00fablico colombiano [y las] normas de derecho privado promulgadas con finalidades que evidente y principalmente se encaminan a salvaguardar el orden social y jur\u00eddico del Estado\u00bb (SC, 28 jul. 1998, exp. n.\u00b0 6583). <\/p>\n
De forma reciente la Sala asegur\u00f3 que \u00abla jurisprudencia ha definido el orden p\u00fablico como \u2018los principios esenciales del Estado\u2019 o \u2018los principios fundamentales en que se inspira el ordenamiento jur\u00eddico nacional\u2019 (CSJ, 27 jul. 2011, rad. n.\u00b0 2007-01956-00), esto es, \u2018los principios y valores fundamentales del sistema u ordenamiento jur\u00eddico, su noci\u00f3n ata\u00f1e al n\u00facleo central, medular, b\u00e1sico, cardinal, primario e inmanente de intereses vitales para la persona, la existencia, preservaci\u00f3n, armon\u00eda y progreso de la sociedad\u2019 (CSJ, 8 nov. 2011, rad. n.\u00b0 2009-00219-00)\u00bb (SC2476, 9 jul. 2019, rad. n.\u00b0 2014-01635-00). <\/p>\n
1.2.3.2. Por su parte, el patrimonio p\u00fablico tambi\u00e9n puede protegerse mediante la casaci\u00f3n oficiosa, lo que sustenta que la Sala est\u00e1 facultada para corregir el menoscabo, detrimento, p\u00e9rdida o deterioro de los bienes o recursos p\u00fablicos y dem\u00e1s intereses patrimoniales del Estado3, pues su protecci\u00f3n se traduce en el resguardo de los derechos de la colectividad, y no solo de la entidad espec\u00edfica involucrada en el litigio. <\/p>\n
Seg\u00fan la Corte Constitucional por \u00abpatrimonio p\u00fablico, en sentido amplio se entiende aquello que est\u00e1 destinado, de una u otra manera a la comunidad y que est\u00e1 integrado por los bienes y servicios que a ella se le deben como sujeto de derechos\u00bb (CC C n.\u00ba 479 de 26 oct. 1995). <\/p>\n
Por la misma senda, el m\u00e1ximo tribunal de lo contencioso administrativo ha se\u00f1alado que \u00abel \u2018patrimonio p\u00fablico\u2019 versa sobre todos los bienes, derechos y obligaciones sobre los cuales el Estado es titular del dominio, titularidad que no en todos los casos se equipara con la del derecho civil -como sucede, por ejemplo, con los bienes de uso p\u00fablico en los que se manifiesta una interconexi\u00f3n con la comunidad en general antes que con el Estado como ente administrativo, legislador o judicial-\u00bb (CE, Secci\u00f3n 3\u00aa, Subsecci\u00f3n A, 3 jul. 2020, rad. n.\u00b0 2016-00290-01(AP)). <\/p>\n
Entonces, el patrimonio p\u00fablico cobija el conjunto de activos -recursos, bienes o derechos- de los cuales es titular (i) el estado (como abstracci\u00f3n), as\u00ed como (ii) las entidades que lo conforman (autoridades en sentido estricto), con independencia de la forma que revistan. Tambi\u00e9n incluye aquellos derechos materiales o inmateriales que \u00abpertenecen a la colectividad y cuya titularidad no se encuentra necesariamente en el Estado\u00bb4. <\/p>\n
La protecci\u00f3n casacional del patrimonio p\u00fablico es consecuencia imperativa de su \u00abmayor jerarqu\u00eda, pues su vulneraci\u00f3n redunda en la afectaci\u00f3n de todos los asociados\u00bb (SC5568, 18 dic. 2019, rad. n.\u00b0 2011-00101-01, se destaca), lo que se traduce en que su protecci\u00f3n es tambi\u00e9n el resguardo de los derechos de la colectividad, por supuesto, cuando el menoscabo sea evidente y notorio. <\/p>\n
Aunque el patrimonio p\u00fablico puede estar ligado a otras nociones, se trata de un concepto aut\u00f3nomo e independiente5, cuya lesi\u00f3n grave y ostensible basta para ejercer la casaci\u00f3n oficiosa, sin que sea necesario corroborar transgresi\u00f3n adicional de otros intereses como puede ser la moralidad administrativa. <\/p>\n
Por supuesto, la Sala ha sentado que la casaci\u00f3n oficiosa est\u00e1 condicionada a que en realidad se hubiere afectado en forma grave y ostensible el patrimonio p\u00fablico; as\u00ed, resultar\u00e1 insuficiente la simple relaci\u00f3n del asunto litigioso con recursos de ese linaje para casar de oficio la sentencia, siempre que se corrobore que no se menoscabaron bienes, recursos o derechos del erario (SC5568, 18 dic. 2019, rad. n.\u00ba 2011-00101). <\/p>\n
En efecto, el resguardo del patrimonio p\u00fablico por medio de la casaci\u00f3n oficiosa no es \u00f3bice para que otros recursos extraordinarios como el de revisi\u00f3n tambi\u00e9n logren ese cometido, como precis\u00f3 la Sala: <\/p>\n
\u2026vac\u00edos argumentativos de tal calado \u2013principalmente en lo que tiene que ver con la determinaci\u00f3n y alcances de los derechos reales enfrentados\u2013 que, por la especial configuraci\u00f3n de esta litis, redundan en una arbitraria lesi\u00f3n al patrimonio p\u00fablico y, eventualmente, a los derechos de un grupo de pobladores de la comunidad negra de Bar\u00fa (SC001 18 ene. 2009, rad. n.\u00ba 2009-01877). <\/p>\n
Por su parte, un cometido similar puede ser cumplido por la acci\u00f3n de tutela, punto sobre el cual la Sala razon\u00f3: <\/p>\n
[L]a tutela no constituye un remedio que permita disentir de un veredicto judicial, siempre que el mismo tenga una apoyadura que reluzca sensata, como precisamente sucede en el caso, en tanto, el Tribunal hizo una completa dilucidaci\u00f3n sobre las razones para concluir que los bienes pretendidos en pertenencia eran propiedad de entidades del Estado, aspecto que deb\u00eda ser analizado en el marco del recurso extraordinario de revisi\u00f3n de acuerdo con el entendimiento jurisprudencial vigente, raz\u00f3n para denegar la acci\u00f3n propuesta \u2026 toda vez que \u00e9sta reca\u00eda sobre un inmueble que pertenec\u00eda a una entidad p\u00fablica. <\/p>\n
[C]onsider\u00f3 el Tribunal que \u2026 estaban en juego intereses relevantes en el ordenamiento jur\u00eddico, como lo es la protecci\u00f3n del patrimonio p\u00fablico, una evaluaci\u00f3n de este tipo resulta necesaria antes de adentrarse en los motivos de revisi\u00f3n que de forma concreta se hayan planteado y al margen del t\u00e9rmino de caducidad, so pena de avalar decisiones abiertamente irregulares, como lo fue la cuestionada sentencia \u2026. <\/p>\n
[F]ueron de tal gravedad las anomal\u00edas suscitadas en el juicio que culmin\u00f3 con el anotado fallo del 28 de noviembre de 2011, que el juez que dict\u00f3 esa providencia termin\u00f3 condenado por el delito de \u00abprevaricato por acci\u00f3n\u00bb por parte de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n (CSJ SP2244-2021), mientras que el abogado que represent\u00f3 a la Terminal de Transportes de Valledupar S.A. fue suspendido del ejercicio de la profesi\u00f3n con decisi\u00f3n de la otrora Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, rem\u00e1rquese, las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050), menos aun cuando el Tribunal corrigi\u00f3 un acto delictivo, defendi\u00f3 el patrimonio p\u00fablico e invalid\u00f3 una sentencia que accedi\u00f3 a la pretensi\u00f3n de pertenencia sobre un bien imprescriptible (se resalta). <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
9. En conclusi\u00f3n, el Tribunal, en sede de revisi\u00f3n y para el caso en estudio, no pod\u00eda ser un convidado de piedra, cuando lo que vino a hacer fue corregir un acto delictivo, defendiendo el patrimonio p\u00fablico e invalidando una sentencia que accedi\u00f3 a la pretensi\u00f3n de pertenencia sobre un bien imprescriptible; por lo tanto, la Sala, como juez de tutela, no le est\u00e1 dado entrar a sanear semejante exabrupto, que detect\u00f3 la sede judicial acusada al resolver el mencionado medio extraordinario de impugnaci\u00f3n (STC 9764 de 5 ag. 2021, rad. n.\u00ba 2021-02219, las negrillas son de la sentencia). <\/p>\n
1.2.3.3. Finalmente, la casaci\u00f3n oficiosa tambi\u00e9n procede cuando la sentencia vulnere derechos y garant\u00edas constitucionales. Se trata de reconocer que \u00abla casaci\u00f3n apunta no s\u00f3lo a la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, sino tambi\u00e9n a la salvaguarda de los dem\u00e1s derechos reconocidos en el ordenamiento constitucional\u00bb, a favor de los sujetos del proceso y de aquellos que, sin haber intervenido en \u00e9l, les resulta oponible el fallo (CC C-713\/08). <\/p>\n
Las garant\u00edas constitucionales que dan pie a la casaci\u00f3n oficiosa deben poseer un contenido concreto y ser de aplicaci\u00f3n directa, pues de requerirse normas legales que las concreten ser\u00e1n estos \u00faltimos mandatos los inobservados y, por tanto, la intervenci\u00f3n oficiosa quedar\u00e1 proscrita, pues se descarta la posibilidad de acudir a este instituto extraordinario cuando se encuentre de por medio un precepto legal o reglamentario. <\/p>\n
Esta Sala ha se\u00f1alado que, por ejemplo, el ad quem que desborde los l\u00edmites de su decisi\u00f3n, fijados por el recurrente al sustentar la apelaci\u00f3n, puede incurrir en \u00ababierta vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda constitucional del \u201cderecho de toda persona para acceder a la administraci\u00f3n de justicia\u201d, prevista en el art\u00edculo 229 Superior, que comporta no solamente la posibilidad formal de adelantar ante los jueces de la Rep\u00fablica un juicio, sino la sustancial de obtener efectiva y cumplida justicia\u00bb, lo cual est\u00e1 llamado a casar de oficio la decisi\u00f3n pues ello se puede traducir en \u00abm\u00faltiples, rutilantes y graves\u2026 desaciertos\u00bb del Tribunal por desbordar \u00ablos l\u00edmites que el apelante del fallo proferido por el a quo fij\u00f3 a la alzada que interpuso\u00bb (SC1170, 22 abr. 2022, rad. n.\u00ba 2013-00031). <\/p>\n
Tambi\u00e9n ha precisado que en aquellos procesos de impugnaci\u00f3n de paternidad donde <\/p>\n
\u2026est\u00e1 decantada la voluntad del reconocedor, probada por medio de la posesi\u00f3n notoria del estado civil de hijo del accionado, fruto de una relaci\u00f3n de crianza, era procedente que los sentenciadores de instancia en el curso del litigio, ante la demostraci\u00f3n de la exceptiva planteada por la parte pasiva, rehusaran la impugnaci\u00f3n pretendida, por configurarse materialmente la causal de exclusi\u00f3n establecida en el art\u00edculo 219 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Al no haberse procedido de la manera indicada en precedencia se vulneraron no solo las normas que gobiernan el estado civil, sino las prerrogativas constitucionales del recurrente, habilitando as\u00ed la intervenci\u00f3n del sentenciador extraordinario en los t\u00e9rminos del inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. (CSJ SC1171, rad. 2012-00715-01, 8 abr. 2022). <\/p>\n
1.3. Conviene insistir, entonces, que la verificaci\u00f3n estricta de todos los requisitos de la casaci\u00f3n oficiosa por parte de la Sala desvirt\u00faa, seg\u00fan las peculiaridades del caso concreto, la presunci\u00f3n de legalidad y acierto que sigue resguardando la sentencia de \u00faltima instancia, lo que asegura que la corporaci\u00f3n conserve su rol constitucional de tribunal de casaci\u00f3n e impide que el mecanismo extraordinario degenere en una tercera instancia. <\/p>\n
Por eso la Sala ha precisado que la casaci\u00f3n oficiosa: <\/p>\n
\u2026no puede asumirse como una causal aut\u00f3noma, que pueda invocar v\u00e1lidamente el recurrente cuando sus alegaciones resultan insuficientes para quebrar la sentencia del ad quem, sino que constituye una herramienta para superar los requerimientos formales propios de todo recurso extraordinario, en orden a impedir que un fallo abiertamente contrario al ordenamiento produzca efectos. <\/p>\n
Y, justamente para no alterar la rigurosa naturaleza de la casaci\u00f3n, a la comentada facultad oficiosa solo puede acudirse de manera excepcional, y ante la inequ\u00edvoca evidencia de la lesi\u00f3n que la sentencia recurrida irroga al orden o el patrimonio p\u00fablico, los derechos o las garant\u00edas constitucionales, hip\u00f3tesis que son completamente ajenas a lo decidido en sentencia de 7 de febrero de 2018 (CSJ SC820, rad. 2015-00234-01, 12 mar. 2020). <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que las funciones oficiosas, siempre que sean ejercidas de acuerdo con los derroteros pertinentes, no se traducen en una ruptura o cambio del \u00abmodelo de casaci\u00f3n\u00bb, como lo demuestra el derecho comparado. <\/p>\n
1.3.1. En efecto, el C\u00f3digo de Procedimiento italiano (\u00abCodice di procedura civile\u00bb) permite, por un lado, al Ministerio P\u00fablico impugnar la sentencia en mero inter\u00e9s de la ley (\u00abnell’interesse della legge\u00bb) con el fin de que la Corte de Casaci\u00f3n establezca el principio de derecho que deb\u00eda seguirse en el caso concreto, y, por el otro, tambi\u00e9n faculta a la misma Corte de Casaci\u00f3n a fijar de oficio (\u00abd’ufficio\u00bb) ese principio jur\u00eddico cuando el recurso presentado por las partes resulte inadmisible. En ambos casos, se relieva que la casaci\u00f3n oficiosa est\u00e1 autorizada \u00fanicamente para aspectos jur\u00eddicos y se encuentra proscrita para revisar la plataforma f\u00e1ctica de la decisi\u00f3n, adem\u00e1s de que la sentencia de la Corte de Casaci\u00f3n carece de efectos frente a la de instancia (art\u00edculo 363). <\/p>\n
1.3.2. Otra pauta relevante se aprecia en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil franc\u00e9s (\u00abCode de Proc\u00e9dure Civil\u00bb), obra que faculta -salvo disposici\u00f3n en contrario- a la Corte de Casaci\u00f3n para anular de manera oficiosa la sentencia impugnada por razones de derecho (\u00abElle peut, sauf disposition contraire, casser la d\u00e9cision attaqu\u00e9e en relevant d’office un moyen de pur droit\u00bb), lo que se traduce -vale la pena advertirlo- en que la vertiente francesa de la casaci\u00f3n oficiosa tambi\u00e9n proscribe examinar ex novo los hechos determinados en las instancias, aunque s\u00ed permita tomar una decisi\u00f3n que afecte o beneficie a las partes del caso concreto. De todas maneras, es imperativo que la Corte de Casaci\u00f3n francesa asegure que los sujetos procesales puedan pronunciarse sobre los aspectos que den lugar a la casaci\u00f3n oficiosa (art\u00edculos 16, 620 y 1015). <\/p>\n
1.3.3. Una tendencia similar se aprecia en el \u00e1mbito latinoamericano, pues algunos de sus ordenamientos tambi\u00e9n encauzan o autorizan facultades oficiosas en cabeza de los tribunales de casaci\u00f3n, como sucede, por ejemplo, con el C\u00f3digo de Procedimiento Civil boliviano cuando se establece que \u00ab[e]l juez o tribunal de casaci\u00f3n anular\u00e1 de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesen al orden p\u00fablico\u00bb (art\u00edculo 252). <\/p>\n
1.3.4. Por su parte, el C\u00f3digo de Procedimiento Civil chileno se\u00f1ala: \u00abNo obstante lo dispuesto en los art\u00edculos 769 y 774, pueden los tribunales, conociendo por v\u00eda de apelaci\u00f3n, consulta o casaci\u00f3n o en alguna incidencia, invalidar de oficio las sentencias cuando los antecedentes del recurso manifiesten que ellas adolecen de vicios que dan lugar a la casaci\u00f3n en la forma, debiendo o\u00edr sobre este punto a los abogados que concurran a alegar en la vista de la causa e indicar a los mismos los posibles vicios sobre los cuales deber\u00e1n alegar\u00bb (art\u00edculo 775). <\/p>\n
1.3.5. La anterior orientaci\u00f3n es similar a la del C\u00f3digo de Procedimiento Civil venezolano: \u00abPodr\u00e1 tambi\u00e9n la Corte Suprema de Justicia en su sentencia hacer pronunciamiento expreso, para casar el fallo recurrido con base en las infracciones de orden p\u00fablico y constitucionales que ella encontrare, aunque no se las haya denunciado\u00bb (art\u00edculo 320). <\/p>\n
1.3.6. De igual manera, la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia ecuatoriana ha se\u00f1alado sobre las funciones oficiosas de casaci\u00f3n: <\/p>\n
[E]l recurso extraordinario debe operar de tal manera que sirva a las finalidades p\u00fablicas y privadas. Con esto de ninguna manera se quiere decir que siempre ha de servir a unas y otras, ya que en ocasiones ocurre que la sentencia casada en su parte motiva o considerativa es errada, pero la resolutiva en cuanto acepta o rechaza la pretensi\u00f3n del actor est\u00e1 conforme a derecho, caso en el cual debe casarse parcialmente el fallo impugnado y corregir los errores en la fundamentaci\u00f3n. Los partidarios de la teor\u00eda privatista del recurso ciertamente que condenar\u00e1n este tipo de casaci\u00f3n plat\u00f3nica por considerarla ajena al fin real del recurso, esto es, la reparaci\u00f3n del agravio sufrido por el recurrente\u2026 Con el siguiente ejemplo se aclara el punto: si en el proceso de instancia se rechaz\u00f3 la pretensi\u00f3n del actor aduciendo existir ilegitimidad de personer\u00eda (falta de legitimaci\u00f3n ad processum) y el acto impugna en casaci\u00f3n alegando que no existe tal vicio, el Tribunal de Casaci\u00f3n deber\u00e1 admitir su demanda y revocar el fallo de instancia, pero al examinar el proceso encuentra que ha habido falta de leg\u00edtimo contradictor (falta de legitimatio ad causam), porque, por ejemplo, siendo un caso de litis consorcio necesario no intervinieron todas las personas que deb\u00edan hacerlo, se deber\u00e1 rechazar la pretensi\u00f3n y dictar una sentencia inhibitoria. En cierta forma, se podr\u00e1 decir que se est\u00e1 ante una casaci\u00f3n plat\u00f3nica (29 ab. 2008, resol. n.\u00b0 140-2008). <\/p>\n
Habiendo precisado los requisitos generales de la casaci\u00f3n oficiosa, corresponde examinar si se encuentran reunidos en el caso concreto. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Verificaci\u00f3n de los presupuestos de casaci\u00f3n oficiosa en el caso concreto <\/p>\n
Mediante CSJ AC2828, 26 oct. 2020, la Sala seleccion\u00f3 de manera \u00abpositiva\u00bb la sentencia de 31 de enero de 2019 para: <\/p>\n
estudi[ar]\u2026 los efectos que la decisi\u00f3n puede tener sobre el patrimonio p\u00fablico, dada la imposici\u00f3n de una condena al IDU para el pago de una indemnizaci\u00f3n en un tr\u00e1mite expropiatorio que fracas\u00f3 en contra de los intereses de este organismo; asimismo,… evaluar la revocatoria de la sanci\u00f3n impuesta en primera instancia a favor del Consejo Superior de la Judicatura, am\u00e9n de que este asunto no fue materia de los reparos concretos en la apelaci\u00f3n (se destaca). <\/p>\n
La anterior motivaci\u00f3n se traduce en que las partes del proceso est\u00e1n enteradas de que la Sala estudiar\u00eda en la presente sentencia de casaci\u00f3n oficiosa las anteriores tem\u00e1ticas, lo que descarta que puedan resultar sorprendidas por la decisi\u00f3n que ahora se profiere. <\/p>\n
En cumplimiento de ese objetivo, la Sala observa que el fallo objeto de la casaci\u00f3n y a trav\u00e9s del cual fue decidido un incidente de liquidaci\u00f3n de perjuicios (I) fue proferido dentro de un proceso de expropiaci\u00f3n legalmente concluido; (II) contiene una indemnizaci\u00f3n a cargo de una entidad p\u00fablica -el IDU- que no pod\u00eda ser impuesta por la jurisdicci\u00f3n ordinaria en su especialidad civil; y (III) revoc\u00f3 la condena de primera instancia a favor de otra entidad estatal que no era parte del proceso -la DEAJ6-, a pesar de que el incidentante omiti\u00f3 impugnarla. En consecuencia, le corresponde a la Sala examinar tales defectos de la sentencia del Tribunal y determinar si cumplen los requisitos de la casaci\u00f3n oficiosa. <\/p>\n
2.1. Reviviscencia de un proceso legalmente concluido <\/p>\n
2.1.1. El proceso comenz\u00f3 el d\u00eda que el IDU demand\u00f3 la expropiaci\u00f3n del inmueble propiedad de Publio Armando Orjuela, reclamo al que, en primera instancia, accedi\u00f3 el Juzgado de primer grado el 12 de junio de 2015, pero que, en segundo grado, revoc\u00f3 el Tribunal en sentencia de 15 de marzo de 2016, donde: <\/p>\n
(I) declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n previa de \u00abcaducidad de la acci\u00f3n\u00bb; <\/p>\n
(II) neg\u00f3 la expropiaci\u00f3n; <\/p>\n
(III) orden\u00f3 la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de la demanda; e <\/p>\n
(IV) instruy\u00f3 restituir al IDU el dinero que hab\u00eda consignado para la entrega anticipada del inmueble (que, en todo caso, no se hab\u00eda materializado por imposibilidad f\u00edsica). <\/p>\n
El fallo de \u00faltima instancia culmin\u00f3 el proceso expropiatorio y cerr\u00f3 de manera definitiva el debate sobre esa pretensi\u00f3n, porque, precisamente, la sentencia es forma normal, t\u00edpica y usual de terminaci\u00f3n de los tr\u00e1mites judiciales. Adem\u00e1s, para la Sala es evidente que el fallo carece de condena alguna -abstracta o concreta- a cargo del IDU (entidad p\u00fablica) de indemnizar a la persona natural que hab\u00eda sido demandada para expropiar un bien suyo y tampoco dispuso adelantar tr\u00e1mite incidental orientado a liquidar perjuicios a su favor. <\/p>\n
2.1.2. No obstante, a pesar de que el proceso de expropiaci\u00f3n hab\u00eda concluido por la sentencia de 15 de marzo de 2016 (que, recu\u00e9rdese, carece de condena indemnizatoria a cargo del IDU y tampoco orden\u00f3 adelantar incidente con fines de liquidar perjuicios), a ra\u00edz de una solicitud de Publio Armando Orjuela, el magistrado ponente del Tribunal orden\u00f3 mediante auto de 28 de abril de 2016 remitir el expediente al inferior y dispuso que \u00aben caso de no poder efectuar la entrega\u2026 deber\u00e1 reconocer el pago de perjuicios que se tramitar\u00e1 conforme \u2026 el art\u00edculo 307 ib\u00eddem [CPC], mediante incidente\u2026\u00bb (se destaca). <\/p>\n
Tal providencia, proferida en franca desatenci\u00f3n de la regla que proh\u00edbe revivir procesos que se encuentren legalmente concluidos so pena de incurrir en un motivo de nulidad insaneable, desencaden\u00f3 que Publio Armando Orjuela Santamar\u00eda promoviera incidente de liquidaci\u00f3n de perjuicios ante el juzgado de primer grado por $104.420.451.936, el cual no s\u00f3lo fue tramitado sino tambi\u00e9n resuelto mediante \u00absentencia\u00bb de 16 de abril de 2018 que: <\/p>\n
(I) Liquid\u00f3 los perjuicios a su favor en $3.501.635.184,74, discriminados as\u00ed: $1.963.514.145,26 como capital indexado, y $1.538.121.039,48 como intereses corrientes. <\/p>\n
(II) Conden\u00f3 al incidentante a pagar al Consejo Superior de la Judicatura-Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial $1.619.677.330, equivalente al 10% de la diferencia entre la cantidad estimada como perjuicios bajo la gravedad del juramento y la condena en contra del IDU, de conformidad con el art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Debe destacarse que no se trat\u00f3 de un tr\u00e1mite menor o sin importancia que se derivara del cumplimiento del fallo de segunda instancia, como puede acontecer con la liquidaci\u00f3n de costas a que se hubiere condenado, por ejemplo, sino el adelantamiento de una actuaci\u00f3n extra\u00f1a a lo fallado en el \u00faltimo grado del proceso. <\/p>\n
2.1.3. La reviviscencia injustificada del tr\u00e1mite continu\u00f3 el 31 de enero de 2019, cuando el Tribunal, al resolver la alzada del incidentante contra la sentencia de primera instancia del tr\u00e1mite incidental, la modific\u00f3 parcialmente: <\/p>\n
(I) Conden\u00f3 al IDU a pagar a su contendor $2.427\u2019963.686,73 por concepto de da\u00f1o emergente y $1.170\u2019152.044,5 a t\u00edtulo de lucro cesante; y <\/p>\n
(II) Revoc\u00f3 la condena contra el incidentante-apelante y a favor del Consejo Superior de la Judicatura – Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, seg\u00fan el precepto 206 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.1.4. Los numerales 2\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso y 3\u00ba del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil sancionan con nulidad las actuaciones por medio de las cuales se \u00abrevive un proceso legalmente concluido\u00bb. <\/p>\n
Frente a ese motivo de invalidez la Sala ha precisado: <\/p>\n
[S]i el vicio procesal radica en que el juez \u00abrevive un proceso legalmente concluido\u00bb, ello \u00fanicamente tendr\u00e1 lugar cuando el fallador prosigue o adelanta el proceso anulable a pesar de haber terminado el mismo por sentencia o providencia en firme. <\/p>\n
[D]ejase radicado el motivo de nulidad respecto de que se reviva el mismo proceso en donde se alega la nulidad y no otro (SC 2 dic. 1999, rad. n.\u00ba 5292 \u2013 se destaca). <\/p>\n
Y en otras oportunidades ha reiterado: <\/p>\n
[L]a causal de nulidad que se comenta supone para su estructuraci\u00f3n que concluido legalmente el proceso, se adelante una actuaci\u00f3n que implique revivir el juicio, es decir, que modifique o altere la relaci\u00f3n jur\u00eddica definida con efectos de cosa juzgada, de modo que la aludida irregularidad \u00fanicamente se configura cuando se trata de un mismo proceso y no frente a otro que se suscite con posterioridad, pues para que se genere el vicio es indispensable que se trate de una actuaci\u00f3n end\u00f3gena a la actuaci\u00f3n procesal, lo que significa que debe tener origen en el mismo asunto, a pesar de que guarde estrecha relaci\u00f3n con otro tr\u00e1mite judicial ya finalizado. (SC6958-2014, rad. n.\u00ba 2012-01973, 4 jun. 2014). <\/p>\n
Por supuesto, diferencia la reviviscencia de un tr\u00e1mite concluido con la falta de competencia: <\/p>\n
[E]l plurinombrado proceso de responsabilidad civil m\u00e9dica nunca se declar\u00f3 legalmente terminado, y la declaraci\u00f3n de la falta de competencia adoptada por la Sala Laboral del Tribunal de Bogot\u00e1, ya analizada, y la subsiguiente remisi\u00f3n del expediente a la especialidad civil, vac\u00eda de contenido la premisa que sustenta la acusaci\u00f3n, por lo que refulge indiscutiblemente frustr\u00e1nea la configuraci\u00f3n del mencionado motivo de nulidad. <\/p>\n
[L]a declaraci\u00f3n de la falta de atribuci\u00f3n legal para juzgar determinado pleito no es causal jur\u00eddica de terminaci\u00f3n del proceso, como bien se advirti\u00f3 en otro aparte de esta providencia (SC5052-2019, rad. n.\u00ba 2011 00289, 26 nov, 2019). <\/p>\n
2.1.4.1. La mencionada irregularidad de la sentencia participa de la doble condici\u00f3n de transgredir, por un lado, el patrimonio p\u00fablico y, por el otro, vulnerar los derechos y garant\u00edas constitucionales del IDU como sujeto del proceso de la radicaci\u00f3n. En efecto, la nulidad procesal insaneable de revivir un proceso legalmente concluido abri\u00f3 camino a un incidente indemnizatorio e improcedente destinado a condenar ex novo a una entidad p\u00fablica, es decir, imponer al Estado la obligaci\u00f3n de pagar una suma dineraria que, de acuerdo con las disposiciones procesales, era inviable porque el asunto hab\u00eda terminado con la sentencia del Tribunal que neg\u00f3 las pretensiones expropiatorias. <\/p>\n
El desconocimiento del derecho fundamental al debido proceso del IDU, garant\u00eda fundamental plasmada en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, consisti\u00f3 en la comisi\u00f3n del defecto in procedendo de adelantar un incidente cuando el proceso ya se hab\u00eda terminado de manera normal (mediante sentencia). <\/p>\n
2.1.4.2. El anterior yerro es ostensible, o sea, de f\u00e1cil constataci\u00f3n, pues para establecerlo basta contrastar lo ocurrido (el proceso hab\u00eda concluido y, de todas maneras, fue revivido al ordenar un incidente con fines indemnizatorios que no proced\u00eda) con las normas jur\u00eddicas que consagran el referido motivo de invalidez procesal. <\/p>\n
2.1.4.3. La irregularidad es, adem\u00e1s, grave, de indiscutible calado porque, a la luz de los C\u00f3digos de Procedimiento Civil y General del Proceso, lo acontecido configura una nulidad insaneable, esto es, que a\u00fan sigue vigente (inc. final del art. 144 del CPC y par. del art. 136 del CGP). <\/p>\n
Precisamente, la comisi\u00f3n de la mencionada nulidad procesal resulta insaneable por haberse emitido auto con el cual el magistrado sustanciador de segunda instancia abri\u00f3 camino a un incidente en contra de una entidad p\u00fablica que, en todo caso, no hab\u00eda sido condenada a indemnizar, lo que descarta cualquier confianza leg\u00edtima del incidentante, pues las actuaciones inv\u00e1lidas (y m\u00e1s aquellas que lo son de manera que no es convalidable) son inid\u00f3neas para generar prerrogativas dignas de protecci\u00f3n, m\u00e1xime cuando de por medio se encuentra el patrimonio p\u00fablico que, en palabras de la Sala goza de \u00abmayor jerarqu\u00eda, pues su vulneraci\u00f3n redunda en la afectaci\u00f3n de todos los asociados\u00bb (SC5568, 18 dic. 2019, rad. n.\u00b0 2011-00101-01, se destaca). <\/p>\n
La gravedad de la transgresi\u00f3n comentada sube de punto si en cuenta se tiene que, adem\u00e1s de haberse revivido un proceso concluido mediante sentencia (en la que, por cierto, no se orden\u00f3 adelantar ning\u00fan tr\u00e1mite indemnizatorio o incidente), se transgredi\u00f3 la prohibici\u00f3n de que \u00ab[l]a sentencia no es revocable ni reformable por el juez [o tribunal] que la pronunci\u00f3\u00bb (arts. 285 del CGP y 309 del CPC). <\/p>\n
En efecto, como se ha explicado, el fallo de 15 de marzo de 2016 hab\u00eda puesto fin a la segunda instancia negando las pretensiones de expropiaci\u00f3n; sin embargo, la actuaci\u00f3n fue revivida y, adem\u00e1s, ese fallo fue alterado por el magistrado ponente de esa colegiatura mediante auto de 28 de abril de 2016 cuando, por s\u00ed y ante s\u00ed, orden\u00f3 remitir el expediente al inferior y se\u00f1al\u00f3 que \u00aben caso de no poder efectuar la entrega\u2026 deber\u00e1 reconocer el pago de perjuicios que se tramitar\u00e1 conforme \u2026 el art\u00edculo 307 ib\u00eddem [CPC], mediante incidente\u2026\u00bb. <\/p>\n
Esto se traduce en que el magistrado ponente, en abierta oposici\u00f3n a lo que decidi\u00f3 la Sala Civil del Tribunal en la sentencia de 15 de marzo de 2016 que culmin\u00f3 la \u00faltima instancia del proceso expropiatorio, abri\u00f3 camino a un incidente para liquidar perjuicios en contra de una entidad p\u00fablica que no hab\u00eda sido condenada, ni en abstracto ni en concreto, como f\u00e1cilmente se establece con la parte resolutiva de la sentencia que declar\u00f3 la caducidad de la expropiaci\u00f3n. <\/p>\n
La gravedad de tales faltas es indiscutible porque, si la propia Sala Civil del Tribunal tiene prohibido alterar su sentencia, con mayor raz\u00f3n esa proscripci\u00f3n se predica del magistrado ponente en el Tribunal quien, al ordenar el mencionado incidente, alter\u00f3 lo resuelto en la sentencia que hab\u00eda terminado el juicio de expropiaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Falta de atribuci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en su especialidad civil para indemnizar perjuicios en el caso concreto <\/p>\n
2.2.1. El respeto a la propiedad privada bien puede tildarse de un derecho humano con or\u00edgenes bastante claros y justificables. El art\u00edculo 17 de la Declaraci\u00f3n de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (de 1789) establece que es \u00abinviolable y sagrado\u00bb, am\u00e9n de que \u00abnadie puede ser privado de ella, salvo cuando la necesidad p\u00fablica, legalmente comprobada, lo exija de modo evidente, y con la condici\u00f3n de que haya una justa y previa indemnizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Se trata de un derecho humano con vocaci\u00f3n universal pues tambi\u00e9n lo reconoce el art\u00edculo 1\u00ba del Primer Protocolo Adicional al Convenio Europeo de Derechos Humanos, seg\u00fan el cual \u00ab[n]adie podr\u00e1 ser privado de su propiedad sino por causa de utilidad p\u00fablica y en las condiciones previstas por la ley y los principios generales del Derecho Internacional. Las disposiciones precedentes se entienden sin perjuicio del derecho que tienen los Estados de dictar las leyes que estimen necesarias para la reglamentaci\u00f3n del uso de los bienes de acuerdo con el inter\u00e9s general o para garantizar el pago de los impuestos, de otras contribuciones o de las multas\u00bb. <\/p>\n
Esa garant\u00eda tambi\u00e9n tiene vigencia en el \u00e1mbito americano, pues el art\u00edculo 21 de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos establece: <\/p>\n
1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al inter\u00e9s social. 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnizaci\u00f3n justa, por razones de utilidad p\u00fablica o de inter\u00e9s social y en los casos y seg\u00fan las formas establecidas por la ley. 3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotaci\u00f3n del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por ley. <\/p>\n
La Sala pone de presente la consagraci\u00f3n en ese instrumento internacional del derecho de propiedad y, por supuesto, de la justa indemnizaci\u00f3n que debe recibir su titular cuando, por motivos legales de utilidad p\u00fablica, es privado del bien respectivo, para relievar que uno de los fines del recurso extraordinario de casaci\u00f3n es \u00ablograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia en el derecho interno\u00bb (art. 333 CGP). <\/p>\n
2.2.2. Por su parte, las fuentes nacionales del derecho objetivo tambi\u00e9n protegen \u00abla propiedad privada\u00bb como \u00abuna funci\u00f3n social que implica obligaciones\u00bb, autorizando que \u00ab[p]or motivos de utilidad p\u00fablica o de inter\u00e9s social definidos por el legislador, podr\u00e1 haber expropiaci\u00f3n mediante sentencia judicial e indemnizaci\u00f3n previa. Esta se fijar\u00e1 consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiaci\u00f3n podr\u00e1 adelantarse por v\u00eda administrativa, sujeta a posterior acci\u00f3n contenciosa – administrativa, incluso respecto del precio\u00bb. <\/p>\n
Que la propiedad sea un derecho protegido nacional e internacionalmente se justifica en que las personas solamente puedan ser privadas de \u00e9l en condiciones especiales y restringidas, relacionadas, principalmente, con la prevalencia del inter\u00e9s p\u00fablico y general frente al privado y particular, raz\u00f3n por la que debe adelantarse el tr\u00e1mite propio de la expropiaci\u00f3n, donde, por supuesto, el propietario debe ser indemnizado, cuando a ello exista lugar. <\/p>\n
2.2.3. Por ese motivo, el art\u00edculo 4597 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil establec\u00eda que cuando la sentencia de primer grado haya accedido a la expropiaci\u00f3n, pero la de segunda instancia la revoque, el ad quem tambi\u00e9n debe sentenciar \u00abque el inferior ponga de nuevo al demandado en posesi\u00f3n o tenencia de los bienes, si la entrega de \u00e9stos se hubiere efectuado, y condenar\u00e1 al demandante a pagarle los perjuicios causados, incluido el valor de las obras necesarias para restituir las cosas al estado que ten\u00edan en el momento de la entrega\u00bb (se destaca). <\/p>\n
Una pauta similar sigue el C\u00f3digo General del Proceso cuando en su art\u00edculo 399 #138 se\u00f1ala que si \u00abse hubiere efectuado entrega anticipada del bien y el superior revoque la sentencia que decret\u00f3 la expropiaci\u00f3n, ordenar\u00e1 que el inferior, si fuere posible, ponga de nuevo al demandado en posesi\u00f3n o tenencia de los bienes, y condenar\u00e1 al demandante a pagarle los perjuicios causados, incluido el valor de las obras necesarias para restituir las cosas al estado que ten\u00edan en el momento de la entrega\u00bb (se destaca). <\/p>\n
El decreto 1400 de 1970 y la ley 1564 de 2012 coinciden en que el ad quem de la jurisdicci\u00f3n ordinaria condenar\u00e1 en la sentencia de segunda instancia (y no en un prove\u00eddo distinto) a la entidad p\u00fablica a indemnizar los perjuicios del demandado que por cuenta del proceso haya sido privado de la tenencia o posesi\u00f3n de los bienes, como sucede cuando se lleva a cabo la entrega anticipada del fundo, sin importar que se haya negado la expropiaci\u00f3n (arts. 457 del CPC y 399 #4 del CGP). <\/p>\n
A contrario sensu, si la expropiaci\u00f3n fue negada y no se entreg\u00f3 de forma antelada el predio por cuenta del tr\u00e1mite judicial, como pas\u00f3 en el caso de la radicaci\u00f3n, tanto el C\u00f3digo General del Proceso como el de Procedimiento Civil coinciden en que la indemnizaci\u00f3n del demandado (si a ella hubiera lugar) no compete a los jueces de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en su especialidad civil, como pasa a explicarse. <\/p>\n
2.2.3.1. El desaparecido C\u00f3digo Contencioso Administrativo (decreto 1\u00ba de 1984) establec\u00eda: <\/p>\n
Acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa. La persona interesada podr\u00e1 demandar directamente la reparaci\u00f3n del da\u00f1o cuando la causa sea un hecho, una omisi\u00f3n, una operaci\u00f3n administrativa o la ocupaci\u00f3n temporal o permanente del inmueble por causa de trabajos p\u00fablicos o por cualquiera otra causa\u2026 (se destaca – art\u00edculo 86, modif. art. 31 de la ley 446 de 1998). <\/p>\n
<\/p>\n
8. La [pretensi\u00f3n] de reparaci\u00f3n directa caducar\u00e1 al vencimiento del plazo de dos (2) a\u00f1os, contados a partir del acaecimiento del hecho, omisi\u00f3n u operaci\u00f3n administrativa o de ocurrida la ocupaci\u00f3n temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos p\u00fablicos (se destaca – art\u00edculo 136, modif. art. 44 de la ley 446 de 1998). <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Si se tratare de ocupaci\u00f3n permanente de una propiedad inmueble, y se condenare a una entidad p\u00fablica, o a una entidad privada que cumpla funciones p\u00fablicas al pago de lo que valga la parte ocupada, la sentencia protocolizada y registrada obrar\u00e1 como t\u00edtulo traslaticio de dominio (se destaca – art\u00edculo 220). <\/p>\n
Estas reglas, adem\u00e1s de ajustadas a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, establecen que \u00abuna de las causales de ejercicio de la acci\u00f3n [de reparaci\u00f3n directa es] la ocupaci\u00f3n permanente de inmuebles por causa de trabajos p\u00fablicos o por cualquiera otra causa\u00bb, la cual \u00abcaducar\u00e1 al vencimiento del plazo de dos (2) a\u00f1os, contados a partir\u2026 de ocurrida la ocupaci\u00f3n temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos p\u00fablicos o por cualquiera otra causa\u00bb pues \u00abcuando el Estado ha ocupado de hecho los inmuebles, con fundamento en lo dispuesto en el Art. 90 de la Constituci\u00f3n debe responder patrimonialmente e indemnizar en forma plena y completa al titular del derecho de propiedad privada, por el da\u00f1o antijur\u00eddico causado, es decir, por el da\u00f1o que no ten\u00eda el deber de soportar\u00bb, sin pasar por alto que es improcedente \u00abequipara[r] la ocupaci\u00f3n de hecho de [inmuebles] y la expropiaci\u00f3n\u00bb (CC. C 864 de 7 sept. 2004 -se destaca). <\/p>\n
Pautas similares sigue el C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (ley 1437 de 2011), seg\u00fan el cual: <\/p>\n
En los t\u00e9rminos del art\u00edculo 90 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la persona interesada podr\u00e1 demandar directamente la reparaci\u00f3n del da\u00f1o antijur\u00eddico producido por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de los agentes del Estado. <\/p>\n
De conformidad con el inciso anterior, el Estado responder\u00e1, entre otras, cuando la causa del da\u00f1o sea un hecho, una omisi\u00f3n, una operaci\u00f3n administrativa o la ocupaci\u00f3n temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos p\u00fablicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad p\u00fablica o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucci\u00f3n de la misma\u2026 (art. 140 \u2013 se destaca). <\/p>\n
En la sentencia que ordene reparar el da\u00f1o por ocupaci\u00f3n de inmueble ajeno se deducir\u00e1 del total de la indemnizaci\u00f3n la suma que las partes hayan calculado como valorizaci\u00f3n por el trabajo realizado, a menos que ya hubiera sido pagada la mencionada contribuci\u00f3n. <\/p>\n
En esta clase de procesos, cuando se condenare a la entidad p\u00fablica o a una privada que cumpla funciones p\u00fablicas al pago de lo que valga la parte ocupada del inmueble, la sentencia protocolizada y registrada obrar\u00e1 como t\u00edtulo traslaticio de dominio (art. 190, se destaca). <\/p>\n
Si se tratare de ocupaci\u00f3n permanente de una propiedad inmueble, y se condenare a una entidad p\u00fablica, o a una entidad privada que cumpla funciones p\u00fablicas al pago de lo que valga la parte ocupada, la sentencia protocolizada y registrada obrar\u00e1 como t\u00edtulo traslaticio de dominio (art. 191, se destaca). <\/p>\n
2.2.3.2. Como si lo anterior fuera insuficiente, a la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional se configura un \u00abdefecto org\u00e1nico\u00bb, es decir, una protuberante falta de competencia que vulnera el derecho fundamental al debido proceso, cuando la jurisdicci\u00f3n ordinaria conoce, tramita y sentencia pretensiones dirigidas a que entidades p\u00fablicas indemnicen cuando han ocupado bienes particulares por trabajos p\u00fablicos o causas similares, pues el camino adjetivo para resolver ese tipo de conflictos es la reparaci\u00f3n directa a cargo de la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa, donde se aplicar\u00e1n las reglas sustanciales y adjetivas relacionadas con los da\u00f1os antijur\u00eddicos imputables al Estado: <\/p>\n
[C]on la expedici\u00f3n del Decreto Ley 01 de 1984 hasta la fecha es claro que la compensaci\u00f3n del precio de bienes ocupados en forma permanente por el Estado, debe alcanzarse por v\u00eda de la acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa ante la Jurisdicci\u00f3n Contenciosa Administrativa, de manera que el t\u00edtulo adquisitivo de dominio de la Administraci\u00f3n sobre el inmueble ocupado definitivamente por trabajos p\u00fablicos, una vez el Estado ha sido condenado a su pago, es la correspondiente sentencia; y el modo, la tradici\u00f3n que se verifica simb\u00f3licamente por el debido registro. En este caso, de ocupaci\u00f3n permanente del bien, se insiste, ya no es posible la restituci\u00f3n de la posesi\u00f3n material al propietario, aspecto que descarta la procedibilidad de la acci\u00f3n civil reivindicatoria, como tambi\u00e9n la posibilidad de que sea \u00e9sta la que ordene la compensaci\u00f3n del precio, en raz\u00f3n a la existencia de norma expresa y especial que asigna esta competencia a la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa, aspecto que tambi\u00e9n descarta la prescripci\u00f3n de veinte a\u00f1os que la normativa civil reconoce a la acci\u00f3n reivindicatoria\u2026 <\/p>\n
[A]l acceder a la Jurisdicci\u00f3n Civil por v\u00eda de la acci\u00f3n reivindicatoria en los a\u00f1os 2005, 2006 y 2007, para lograr el reconocimiento del precio de los bienes ocupados de hecho por Caminos Vecinales \u2013hoy en liquidaci\u00f3n- para el trazado de v\u00edas en el Departamento de Sucre, se configur\u00f3, sin lugar a dudas, un defecto org\u00e1nico en cada uno de los treinta y siete procesos reivindicatorios que se censuran por v\u00eda de tutela. Comprueba la Sala que mediante esta estrategia se trat\u00f3 de burlar el t\u00e9rmino de caducidad de dos a\u00f1os previsto por el ordenamiento legal para efectos de activar la acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa como v\u00eda de indemnizaci\u00f3n por parte del Estado, aspecto que se encuentra reprochable m\u00e1s aun cuando ni las partes demandantes ni los jueces efectuaron esfuerzo alguno por determinar con exactitud la fecha en que se produjo la alegada ocupaci\u00f3n en aras de eludir adem\u00e1s, cualquier prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n civil en caso de ser procedente. Se comprueba de esta forma la vulneraci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso, por v\u00eda del cual el Estado fue condenado a unos pagos a los cuales no estaba obligado y, que en todo caso correspond\u00edan a valores exorbitantes (CC. T 696 de 6 sep. 2010 \u2013 se destaca). <\/p>\n
Ese criterio coincide con la jurisprudencia vigente de la Sala, de acuerdo con la cual los jueces civiles no pueden tomar caminos procesales distintos a la reparaci\u00f3n directa (como, por ejemplo, la \u00abreivindicaci\u00f3n ficta\u00bb) para condenar a entidades p\u00fablicas a indemnizar por la ocupaci\u00f3n permanente de inmuebles particulares, pues -si ello sucede- se comete una equivocaci\u00f3n \u00abostensible\u00bb que vulnera de forma directa normas sustanciales: <\/p>\n
La ocupaci\u00f3n permanente por parte de una entidad estatal de un bien inmueble que se destina al uso com\u00fan o a un servicio p\u00fablico y que, por lo mismo, no es susceptible de ser recuperado materialmente por su propietario, conduc\u00eda, y conduce, a un juicio de responsabilidad de la administraci\u00f3n. <\/p>\n
\u2026Dicha controversia, por su especial naturaleza, solamente pod\u00eda, y puede, adelantarse, de un lado, ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo y, de otro, por la v\u00eda del ya tantas veces mencionado proceso de reparaci\u00f3n directa. <\/p>\n
\u2026La existencia de dicho mecanismo exclu\u00eda, y excluye, toda posibilidad de utilizar una alternativa diferente, en particular, la acci\u00f3n de dominio consagrada en el art\u00edculo 955 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
\u2026Se sigue de lo expuesto, que ni antes, bajo la vigencia del Decreto 01 de 1984, consideradas las reformas que se le introdujeron, ni ahora, a la luz de las previsiones de la Ley 1437 de 2011, era, y es, factible para el propietario de un bien ocupado por la administraci\u00f3n p\u00fablica, que por resultar afecto al uso o a un servicio p\u00fablico no puede perseguir f\u00edsicamente, dilucidar la pretensi\u00f3n de que la entidad usurpadora le pague el precio del mismo, mediante el ejercicio de la acci\u00f3n reivindicatoria ficta o figurada, pues ella comporta la reclamaci\u00f3n de un perjuicio y, por ende, supone un juicio de responsabilidad del Estado, para el cual el legislador expresamente previ\u00f3, de modo exclusivo, la referida acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa, cuyo conocimiento corresponde a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo. <\/p>\n
\u2026Es ostensible, por lo tanto, el acierto de la acusaci\u00f3n examinada, pues no hay duda que el Tribunal aplic\u00f3 indebidamente las normas de la reivindicaci\u00f3n, en concreto, el art\u00edculo 955 del C\u00f3digo Civil, cuando estim\u00f3 apropiada esta v\u00eda para imponerle a la entidad demandada el pago del precio del bien que ocup\u00f3; y que, aparejadamente, no hizo actuar los preceptos disciplinantes de la responsabilidad estatal, espec\u00edficamente, los art\u00edculos 90 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 82 del Decreto 01 de 1984, modificado por el art\u00edculo 31 de la Ley 446 de 1998, toda vez que ignor\u00f3 completamente que los juicios encaminados a determinar la responsabilidad de las entidades p\u00fablicas deben ventilarse \u00fanicamente, de un lado, por el proceso de reparaci\u00f3n directa previsto en la segunda de tales disposiciones y, de otro, ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo (SC12437, 6 sep. 2016, rad n.\u00b0 2008-00485-01, se destaca). <\/p>\n
Criterio que coincide con la posici\u00f3n del Consejo de Estado, m\u00e1ximo \u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa, para quien la ocupaci\u00f3n de bienes por obras p\u00fablicas puede ser \u00abun caso de responsabilidad objetiva\u00bb del Estado, con reglas sustantivas y procesales que deben ser aplicadas por jueces especializados, en vez de aquellos que integran la jurisdicci\u00f3n ordinaria (CE, Secci\u00f3n Tercera, Subsecci\u00f3n B, 26 ene. 2022, rad. n.\u00ba 2011-01316). <\/p>\n
2.2.3.3. En suma, las normas de procedimiento civil y contencioso administrativo, as\u00ed como la jurisprudencia de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y de la Sala convergen de manera arm\u00f3nica en que los jueces civiles que conocen procesos de expropiaci\u00f3n donde fracasen las pretensiones y, adem\u00e1s, se haya omitido entregar de forma anticipada el bien con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite judicial -como aconteci\u00f3 en este decurso-, carecen de competencia para condenar a las entidades p\u00fablicas a indemnizar perjuicios, pues -en ese tipo de asuntos- esa materia ata\u00f1e \u00fanica y exclusivamente a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa al resolver los pedimentos de reparaci\u00f3n directa que se formulen dentro de los respectivos t\u00e9rminos de caducidad y bajo las reglas sustantivas sobre responsabilidad del Estado por da\u00f1o antijur\u00eddico (art. 90 C.P.). Tal sub-regla es de indiscutible relevancia, pues la responsabilidad del Estado sigue par\u00e1metros espec\u00edficos y especiales que, por tanto, deben ser aplicados por su juez natural. <\/p>\n
2.2.4. Precisamente, esos par\u00e1metros fueron desconocidos en el proceso de la radicaci\u00f3n a partir del auto de 28 de abril de 2016 que profiri\u00f3 el magistrado ponente en el Tribunal para abrir camino a un incidente indemnizatorio a continuaci\u00f3n del proceso de expropiaci\u00f3n, a pesar de que los jueces de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en su especialidad civil carec\u00edan de competencia para imponer el resarcimiento a cargo del IDU debido, se itera, a que en el proceso de expropiaci\u00f3n no hubo entrega del predio, ni anticipada menos definitiva, de parte del convocado a favor de la referida entidad territorial demandante. <\/p>\n
Tal irregularidad innegable vulner\u00f3 el patrimonio p\u00fablico al imponerse a la entidad p\u00fablica el pago de una indemnizaci\u00f3n por una jurisdicci\u00f3n distinta a la contencioso administrativa, lo que, adem\u00e1s, vulner\u00f3 su derecho fundamental al debido proceso, por haber sido enjuiciada en un incidente por un juez distinto al que compet\u00eda, sobre todo cuando las pretensiones expropiatorias fracasaron sin que en el tr\u00e1mite se hubiera efectuado la entrega anticipada del inmueble. Adem\u00e1s, se pasaron por alto las formas propias del juicio expropiatorio, que consagran la procedencia de la indemnizaci\u00f3n del mismo tr\u00e1mite, pero cuando se configuren supuestos distintos a los que se verificaron en el caso concreto. <\/p>\n
2.2.5. La transgresi\u00f3n es indiscutible, es decir, de bulto y ostensible, porque subyace sin dificultades luego de un contraste entre las fuentes jur\u00eddicas explicadas y lo ocurrido en el caso concreto, de lo que se deriva que la especialidad civil de la jurisdicci\u00f3n ordinaria no pod\u00eda condenar a la entidad p\u00fablica a pagar esa indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2.6. Tales errores tambi\u00e9n son trascendentes y graves porque se conden\u00f3 a una entidad del Estado a pagar una indemnizaci\u00f3n que compet\u00eda exclusivamente a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, m\u00e1xime porque ello ocurri\u00f3 cuando el proceso ya estaba concluido y desconociendo la prohibici\u00f3n de modificar las sentencias proferidas. Esto quiere decir que el mencionado defecto tuvo una relaci\u00f3n de causa a efecto respecto de la improcedente condena impuesta al IDU, a pesar de su inviabilidad en manos de jueces de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en su especialidad civil. <\/p>\n
2.3. Desconocimiento de los l\u00edmites de la sentencia del Tribunal por absolver al incidentante de la condena por el juramento estimatorio, a pesar de que no la combati\u00f3 al sustentar la alzada <\/p>\n
2.3.1. Durante la audiencia de 16 de abril de 2018, el Juzgado sentenci\u00f3 el incidente de liquidaci\u00f3n de perjuicios y en el numeral segundo de la parte resolutiva conden\u00f3: <\/p>\n
\u2026al demandado PUBLIO ARMANDO ORJUELA SANTAMAR\u00cdA a pagar al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA \u2013 DIRECCI\u00d3N EJECUTIVA DE ADMINISTRACI\u00d3N JUDICIAL, la suma de MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($1.619\u00b4677.330), equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia de la cantidad estimada como valor de los perjuicios y la cantidad a la que fue condenada la entidad demandante (negrillas son del texto original). <\/p>\n
Ese mismo d\u00eda fue concedido el recurso de apelaci\u00f3n del incidentante-demandado, Publio Armando Orjuela Santamar\u00eda, quien el 19 de abril del mismo a\u00f1o present\u00f3 por escrito y ante el Juzgado de primera instancia los \u00abreparos concretos\u2026 a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versa[r\u00eda] la sustentaci\u00f3n\u2026 ante el superior\u00bb (art. 322 inc. 10\u00ba CGP). Dentro de tales reparos -presentados en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso- el apelante mencion\u00f3 \u00abla vulneraci\u00f3n en el fallo apelado, del art\u00edculo 206 del CGP, por no haber sido objetada la cuant\u00eda del aval\u00fao decretado como prueba\u00bb y \u00abla improcedencia de la condena por el juramento estimatorio\u00bb; sin embargo, en ellos dej\u00f3 de arg\u00fcir ausencia de culpa o temeridad en la estimaci\u00f3n de los perjuicios al promover el incidente. <\/p>\n
En la audiencia del 23 de enero de 2019 el recurrente-incidentante sustent\u00f3 la apelaci\u00f3n sin aludir a la condena que se le impuso de acuerdo con el art\u00edculo 206 ejusdem, por el exceso entre lo estimado al promover el incidente y lo probado durante su tr\u00e1mite, omisi\u00f3n que reconoci\u00f3 expresamente el Tribunal en la sentencia de 31 de enero de 2019, sin que ello le hubiera servido para sujetarse a los l\u00edmites de su decisi\u00f3n: <\/p>\n
[E]s preciso advertir frente a la sanci\u00f3n impuesta a la parte incidentante prevista en el art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso, que si bien ello no fue sustentado en esta instancia, lo que, en principio, impedir\u00eda su estudio, lo cierto es que conforme a la sentencia de constitucionalidad se impone analizar su viabilidad y procedencia y, al interior del asunto brilla por su ausencia el elemento subjetivo, consistente en temeridad o negligencia, en la acreditaci\u00f3n de la cuant\u00eda de los da\u00f1os a resarcir solicitados bajo juramento, aspectos por dem\u00e1s necesarios para que tal sanci\u00f3n encuentre prosperidad, seg\u00fan lo precis\u00f3 la H. Corte Constitucional en sentencia C-157 de 2013, lo que impone su revocatoria (se destaca). <\/p>\n
Tales consideraciones sirvieron al ad quem para revocar la condena impuesta en primera instancia del incidente, a favor del Consejo Superior de la Judicatura \u2013 Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial (DEAJ), sin que el incidentante-condenado hubiera expuesto argumento alguno y, mucho menos, esta entidad estatal tuviera oportunidad de defender sus intereses, pues no es sujeto del proceso. <\/p>\n
2.3.2. Hoy en d\u00eda es pac\u00edfico que, por regla general, las apelaciones tramitadas bajo el C\u00f3digo General del Proceso se deciden conforme los argumentos expuestos durante la audiencia de sustentaci\u00f3n que deben desarrollar los reparos concretos, como unific\u00f3 la Corte Constitucional: <\/p>\n
[E]s evidente que, trat\u00e1ndose de la apelaci\u00f3n de sentencias, ante el juez de primera instancia se interpone el recurso y se precisan de manera breve los reparos concretos que se le hacen a la decisi\u00f3n, pero la sustentaci\u00f3n del recurso debe hacerse ante el superior y dicha sustentaci\u00f3n debe versar sobre los reparos enunciados ante el juez de primera instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
En este punto, sin embargo, conviene se\u00f1alar que, no obstante que parece ser clara la obligaci\u00f3n de sustentar ante el superior, no se expresa la oportunidad para hacerlo y que, comoquiera que al superior se le da traslado de todo lo actuado, si ante el juez de primera instancia se han presentado con suficiencia las razones que fundamentan la apelaci\u00f3n, la misma puede tenerse como sustentada ante el superior. No obstante, esa lectura queda descartada por el propio art\u00edculo 327, al regular la convocatoria a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo (CC C n.\u00ba 418 de 11 sept. 2019, se destaca). <\/p>\n
Tal precisi\u00f3n es relevante porque el art\u00edculo 328 del C\u00f3digo General del Proceso ordena que el juez de la alzada \u00abdeber\u00e1 pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante\u00bb, salvo por \u00ablas decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley\u00bb o \u00abcuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apel\u00f3 hubiere adherido al recurso\u00bb, hip\u00f3tesis en que \u00abel superior resolver\u00e1 sin limitaciones\u00bb. <\/p>\n
Comoquiera que la sentencia hab\u00eda sido apelada s\u00f3lo por el incidentante, el Tribunal deb\u00eda apegarse a la sustentaci\u00f3n de la alzada, de la que no hizo parte -hay que insistir- la revocatoria de la condena a favor de la DEAJ por el excesivo juramento estimatorio. <\/p>\n
Tambi\u00e9n debe descartarse que esa condena, impuesta a favor de una entidad p\u00fablica que, por su naturaleza, no era sujeto del proceso, fuera una decisi\u00f3n que debiera adoptarse de oficio por mandato legal o jurisprudencial. <\/p>\n
En efecto, no existe una sola disposici\u00f3n que imponga al juez de segundo grado proveer por su propia iniciativa sobre la justicia o dem\u00e1s componentes de la condena a que se refiere el art\u00edculo 206 ib\u00eddem, lo que demuestra la falta de justificaci\u00f3n para que el juez de la alzada desbordara las l\u00edneas de conf\u00edn de su sentencia y examinara la procedencia de la condena impuesta a favor de una entidad p\u00fablica que, adem\u00e1s, no hac\u00eda parte del proceso. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la naturaleza de la condena impuesta al incidentante a favor de la entidad estatal tambi\u00e9n descarta la posibilidad de que el Tribunal examinara su procedencia motu proprio a pesar de no haberse cuestionado por el apelante, pues se trataba de un aspecto econ\u00f3mico que afectaba a un particular y, por tanto, desistible de manera t\u00e1cita por dejarse de invocar durante la sustentaci\u00f3n de la alzada, como sucedi\u00f3 en el caso concreto por decisi\u00f3n libre y voluntaria del recurrente. <\/p>\n
Si en gracia de discusi\u00f3n llegara a afirmarse que el Tribunal pod\u00eda inmiscuirse ex officio en la procedencia de la condena a favor de la entidad p\u00fablica y a cargo del particular que no la apel\u00f3 (aspecto que de una vez se descarta), la jurisprudencia de la corporaci\u00f3n es clara al se\u00f1alar que, por l\u00ednea de principio, el ejercicio de las facultades judiciales oficiosas tambi\u00e9n debe respetar la renuncia de las prerrogativas econ\u00f3micas por los particulares que omiten hacerlas valer, siempre que no se advierta afectaci\u00f3n de bienes de especial protecci\u00f3n: <\/p>\n
[L]a \u00ab[r]enuncia es sin\u00f3nimo de abandono o abdicaci\u00f3n\u2026 es un acto unilateral realizado de forma expresa o impl\u00edcita (facta concludentia) por el titular de un derecho subjetivo o de una facultad\u00bb9, como precisamente sucedi\u00f3 en el caso por el comportamiento de la convocante. <\/p>\n
La oficiosidad, en este contexto, no puede servir para socavar un acto de renuncia v\u00e1lido, frente al abandono de derechos patrimoniales que s\u00f3lo interesan al renunciante; m\u00e1xime porque no se advierte una afrenta grave contra el orden o el patrimonio p\u00fablicos, ni a los derechos y garant\u00edas constitucionales. <\/p>\n
Remem\u00f3rese, \u00ab[c]ualquier clase de derechos instituidos en inter\u00e9s particular de su titular, aunque sean eventuales o condicionales, pueden ser renunciados\u00bb, lo que constituye una verdadera \u00ablibertad de renunciar a los derechos propios\u00bb10, lo que salvaguarda caros principios constitucional[es] como la libertad individual, el libre desarrollo de la personalidad y la libertad econ\u00f3mica, de all\u00ed que su restricci\u00f3n s\u00f3lo sea posible frente a situaciones excepcionales, ninguna de las cuales se advierte en el sub examine (SC5453-2021, Rad. 2014-00085-01, 16 dic. 2021, se destaca). <\/p>\n
A lo anterior debe agregarse que resultaba improcedente que el Tribunal revisara de oficio una condena impuesta a favor de una entidad estatal como el Consejo Superior de la Judicatura-Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, que no hace parte del tr\u00e1mite y carec\u00eda de la posibilidad efectiva de proteger sus derechos, m\u00e1xime cuando, luego de la modificaci\u00f3n introducida por la ley 1743 de 2014 al art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso, la condena por excesivo juramento estimatorio se hace a su favor porque: <\/p>\n
[A]unque el quebrantamiento del juramento estimatorio afecta negativamente a la contraparte, la peor vulneraci\u00f3n es la que se realiza en contra de la administraci\u00f3n de justicia, gener\u00e1ndole mayores cargas de trabajo innecesarias e infundadas, a ra\u00edz de estrategias procesales confusas. Por este motivo, el presente proyecto de ley propone que dichos recursos sean destinados a la administraci\u00f3n de justicia, que es realmente la mayor afectada (se destaca \u2013 antecedentes de la ley 1743 de 2014 citados en CSJ STC7646-2021, rad. 2021-01839, 24 jun. 2021). <\/p>\n
En tercer lugar, ni siquiera la sentencia CC C n.\u00ba 157 de 2013 autoriza al juez de la apelaci\u00f3n a sobrepasar los l\u00edmites de su decisi\u00f3n para estudiar si hab\u00eda o no razones que justificaran la imposici\u00f3n de esa condena econ\u00f3mica a un particular y a favor de una entidad del Estado; tal fallo de constitucionalidad se limit\u00f3 a declarar exequible la sanci\u00f3n respectiva de la regla 206 del C\u00f3digo General del Proceso \u00abbajo el entendido de que\u2026 no procede cuando la causa de la misma sea imputable a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de que su obrar haya sido diligente y esmerado\u00bb. <\/p>\n
Esto \u00faltimo es relevante porque, sin amparo normativo para hacerlo, el Tribunal revoc\u00f3 la condena a cargo del particular que no la cuestion\u00f3, pasando por alto elementos de juicio que, sin raz\u00f3n alguna, dejaron de apreciarse con miras a establecer si hubo o no ligereza del incidentante al reclamar la indemnizaci\u00f3n de perjuicios por $104.420.451.936, tales como: <\/p>\n
<\/p>\n
I. El incidente se promovi\u00f3 en presencia de sendas irregularidades graves y ostensibles que se han explicado a lo largo de esta providencia; <\/p>\n
<\/p>\n
II. El incidentante manifest\u00f3 en dos ocasiones que el dictamen pericial en que se bas\u00f3 para promover el incidente de liquidaci\u00f3n de perjuicios en la cuant\u00eda de $104.420.451.936, fue elaborado \u00abpor el perito designado por ese despacho por auto ejecutoriado y en firme\u00bb y \u00abpor el despacho, en noviembre 15 de 2016\u00bb, aspecto que, por ser contrario a la realidad, configura el supuesto de hecho previsto en la parte final del art\u00edculo 79, numeral 1\u00ba11 y tuvo que ser rectificado por el Juzgado mediante auto de 12 de enero de 2017: <\/p>\n
una vez m\u00e1s y a fin de evitar confusiones, \u2026 [el despacho] no ha designado al [perito que elabor\u00f3 la experticia aportada por el incidentante], como auxiliar de la justicia, para efectos de rendir peritaje sobre los perjuicios reclamados por el demandado Publio Armando Orjuela Santamar\u00eda. <\/p>\n
<\/p>\n
III. A pesar de lo anterior, el incidentante estim\u00f3 bajo la gravedad del juramento que sus perjuicios ascend\u00edan a $104.420.451.936 y en la segunda instancia le fue reconocida la cantidad total de $3.598.115.730, lo cual arroja una diferencia entre la cantidad reclamada y la concedida de $100.822.336.206, o sea aproximadamente veintiocho veces m\u00e1s; y <\/p>\n
<\/p>\n
[S]e fund\u00f3 en el m\u00e9todo comparativo, empero, solo se tom\u00f3 un predio base de referencia y no se hizo un mayor an\u00e1lisis frente al valor del mismo, el estrato en que est\u00e1 clasificado, su ubicaci\u00f3n, ni las mejoras implantadas en \u00e9ste para contrastarlo con el aqu\u00ed objeto de expropiaci\u00f3n, al paso que le asign\u00f3 un valor al metro cuadrado, sin precisar al menos el aval\u00fao catastral ni su valor comercial a\u00f1o por a\u00f1o, es decir, la pericia est\u00e1 desprovista de toda fundamentaci\u00f3n y carece de los requisitos de firmeza, precisi\u00f3n y calidad estatuidos en el art\u00edculo 232 del C\u00f3digo General del Proceso (se destaca). <\/p>\n
2.3.3. El desconocimiento de los l\u00edmites de la sentencia del Tribunal afectaron el patrimonio p\u00fablico porque, sin justificaci\u00f3n, revoc\u00f3 una condena que favorec\u00eda una entidad estatal como la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, m\u00e1xime cuando, seg\u00fan precedente de la Sala, por regla general, si el ad quem desborda los l\u00edmites de su decisi\u00f3n fijados por el recurrente al sustentar la apelaci\u00f3n, se configuran \u00abm\u00faltiples, rutilantes y graves\u2026 desaciertos\u00bb del Tribunal por desbordar \u00ablos l\u00edmites que el apelante del fallo proferido por el a quo fij\u00f3 a la alzada que interpuso\u00bb y se justificar\u00eda, seg\u00fan las peculiaridades respectivas, casar de oficio la sentencia (SC1170, 22 abr. 2022, rad. n.\u00ba 2013-00031). <\/p>\n
2.3.4. Esta falta es ostensible porque basta contrastar el contenido de la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n durante la audiencia respectiva para advertir que lo atinente al juramento estimatorio no fue si quiera mencionado por el apelante, aspecto que, como ya se dijo, reconoci\u00f3 expresamente el Tribunal en la sentencia objeto de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3.5. Esta irregularidad es, adem\u00e1s, grave porque afect\u00f3 el patrimonio p\u00fablico y el Tribunal se inmiscuy\u00f3 en prerrogativas econ\u00f3micas a cargo de un particular que, por no haberse planteado durante la sustentaci\u00f3n de la alzada, fueron renunciadas. <\/p>\n
3. Las anteriores razones justifican casar de oficio la sentencia de 31 de enero de 2019 y declarar la nulidad de las actuaciones surtidas en el Juzgado y en el Tribunal a partir del auto que el magistrado ponente de esta \u00faltima entidad profiri\u00f3 el 28 de abril de 2016, por haberse revivido un proceso que estaba legalmente concluido (art. 133 # 2 CGP), sin que haya lugar a renovar esos actos procesales que no debieron adelantarse. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, casa oficiosamente la sentencia de 31 de enero de 2019 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, y declara la nulidad de todo lo actuado en el Tribunal y en el Juzgado a partir del auto de 28 de abril de 2016 (inclusive), sin que haya lugar a renovarse la actuaci\u00f3n anulada. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
SC048-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-031-2003-00891-01 <\/p>\n
Si bien estoy completamente de acuerdo con la decisi\u00f3n tomada en el sentido de casar de oficio la sentencia de 31 de enero de 2019, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el incidente de liquidaci\u00f3n de perjuicios que Publio Armando Orjuela Santamar\u00eda promovi\u00f3 contra el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-, a continuaci\u00f3n de un proceso de expropiaci\u00f3n, por la existencia de un vicio de nulidad al revivirse un tr\u00e1mite que ya estaba concluido, estimo necesario hacer una precisi\u00f3n. <\/p>\n
Dos son los razonamientos que a criterio de la mayor\u00eda de la Sala justifican la determinaci\u00f3n al amparo del inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, por un lado la imposici\u00f3n de una condena a una entidad p\u00fablica dentro de un proceso de expropiaci\u00f3n a pesar de que el mismo se hab\u00eda dado por terminado con antelaci\u00f3n, la que por dem\u00e1s no pod\u00eda ser impuesta por la especialidad civil de la jurisdicci\u00f3n ordinaria; y del otro que se revocara la sanci\u00f3n impuesta al incidentante en favor de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial por la inadecuada estimaci\u00f3n del juramento estimatorio y de la cual aquel no discrep\u00f3. <\/p>\n
Si como lo pregona la providencia \u00absolamente aquellas equivocaciones graves y evidentes que lesionen de manera contundente el orden p\u00fablico, el patrimonio p\u00fablico o los derechos y garant\u00edas constitucionales tienen vocaci\u00f3n de desvirtuar por s\u00ed solas la presunci\u00f3n de legalidad y acierto que cobija el fallo de \u00faltimo grado y abrir paso a su casaci\u00f3n oficiosa\u00bb, lo obvio es que con la misma se logren remediar tales desprop\u00f3sitos, puesto que de lo contrario no se justificar\u00eda dicha intromisi\u00f3n excepcional. <\/p>\n
En la presente oportunidad se advierte, a mi criterio con acierto, que con un auto del Magistrado Ponente del Tribunal proferido con posterioridad al fallo que dio por terminado el tr\u00e1mite de expropiaci\u00f3n se abri\u00f3 indebidamente una compuerta para adelantar una actuaci\u00f3n posterior inviable y que culmin\u00f3 con la lesiva orden a una entidad p\u00fablica de asumir una carga econ\u00f3mica, desconociendo por dem\u00e1s que una reclamaci\u00f3n de ese orden debi\u00f3 ventilarse ante la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa. Dicho desacierto queda solucionado con la declaratoria de \u00abnulidad de todo lo actuado en el Tribunal y en el Juzgado a partir del auto de 28 de abril de 2016 (inclusive), sin que haya lugar a renovarse la actuaci\u00f3n anulada\u00bb -se resalta-. <\/p>\n
No obstante, y es donde radica mi disentimiento, se desv\u00eda la providencia en cuestionar el \u00ab[d]esconocimiento de los l\u00edmites de la sentencia del Tribunal por absolver al incidentante de la condena por el juramento estimatorio, a pesar de que no la combati\u00f3 al sustentar la alzada\u00bb, para dolerse de que esa situaci\u00f3n logr\u00f3 afectar \u00abel patrimonio p\u00fablico porque, sin justificaci\u00f3n, revoc\u00f3 una condena que favorec\u00eda una entidad estatal como la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial\u00bb, pero sin que se advierta alguna medida de reparaci\u00f3n a semejante desacierto, ya que invalidada la actuaci\u00f3n que dio lugar a imponer la penalidad y sin posibilidad de adecuarla ni renovarla, eso quiere decir que la consecuencia sobre el particular es mantener un statu quo por la imposibilidad de revivir el reconocimiento del importe sancionatorio, lo que resulta ajeno a los fines de la casaci\u00f3n de oficio. <\/p>\n
Bajo tal perspectiva, sin necesidad de profundizar en lo razonable de las conclusiones a que se lleg\u00f3 sobre ese punto conclusivo, abordarlo resultaba innecesario e inocuo en la forma como se plante\u00f3, salvo que se buscara fijar un criterio de rectificaci\u00f3n doctrinaria por el desv\u00edo del ad quem, lo que debi\u00f3 especificarse y no se hizo. <\/p>\n
Dejo en estos t\u00e9rminos sentado mi descontento parcial. <\/p>\n
Fecha ut supra. <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-031-2003-00891-01 <\/p>\n
Con el acostumbrado respeto me permito aclarar mi voto, en cuanto a los argumentos que soportaron la decisi\u00f3n de casar oficiosamente la sentencia objeto del recurso extraordinario en estudio. <\/p>\n
En el presente asunto dos fueron los fundamentos que sirvieron de sustento para casar de oficio la sentencia proferida por el ad quem: el haber revivido un proceso legalmente terminado y el afectarse el patrimonio p\u00fablico al haberse revocado la condena efectuada a Publio Armando Orjuela con fundamento en lo reglado en el art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso, tema que no fue objeto de impugnaci\u00f3n, si bien respecto del primer argumento no amerita comentario alguno, no sucede lo mismo con el segundo. <\/p>\n
En efecto, la Sala resolvi\u00f3 casar la sentencia objeto del recurso extraordinario y anul\u00f3 todo lo actuado por el Tribunal y en el juzgado desde el auto de 28 de abril de 2016, incluso, sin que haya lugar a renovar la actuaci\u00f3n, por lo que la condena a favor del Consejo Superior de la Judicatura no va a ser restituida y, por ende, el patrimonio p\u00fablico no va a ser restablecido, raz\u00f3n por la cual no debi\u00f3 ser fundamento para la casaci\u00f3n de oficio, y si bien es cierto que el Tribunal no ten\u00eda competencia para analizar tal condena en virtud de que no hab\u00eda sido objeto de reparo por el apelante, tal tem\u00e1tica debi\u00f3 ser objeto de consideraci\u00f3n a trav\u00e9s de la rectificaci\u00f3n doctrinaria, pero no de la casaci\u00f3n oficiosa puesto que, it\u00e9rese, el objeto que seria la de restablecer el patrimonio p\u00fablico en \u00faltimas no se logra en virtud de que la actuaci\u00f3n anulada no va a ser objeto de renovaci\u00f3n. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 Mediante AC2828 26 oct. 2020 la Sala inadmiti\u00f3 la totalidad de los cargos de casaci\u00f3n formulados por Publio Armando Orjuela Santamar\u00eda y seleccion\u00f3 de manera positiva el asunto en ejercicio de las facultades conferidas por el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 16 de la Ley Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia (n.\u00ba 270 de 1996), modificado por el art\u00edculo 7 de la ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2\u0002 Julliot de la Monrandi\u00e9re, La noci\u00f3n de orden p\u00fablico en derecho privado, Ed. Alberto Hern\u00e1ndez Mora y Alberto Gonz\u00e1lez Ortiz, Bogot\u00e1, 1956, p. 141. <\/p>\n
3\u0002 Cfr. CE, Secci\u00f3n 1\u00aa, 29 oct. 2020, rad. n.\u00b0 2018-00020-01A. <\/p>\n
4\u0002 CE, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, 31 may., 22, rad. n.\u00ba 2007-00042. <\/p>\n
5\u0002 Ese es el criterio unificado por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 14 Especial de Decisi\u00f3n, del Consejo de Estado: S 31 may. 2022, rad. n.\u00ba 2007-0042. <\/p>\n
6\u0002 Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial. <\/p>\n
7\u0002 En concordancia con los arts. 308 y 309 del CPC. <\/p>\n
8\u0002 En concordancia con los preceptos 283 y 284 CGP. <\/p>\n
9\u0002 Benigno Pend\u00e1s, Enciclopedia de las Ciencias Morales y Pol\u00edticas para el Siglo XXI, Real Academia de Ciencias Morales y Pol\u00edticas, Madrid, 2020, p. 737. <\/p>\n
10\u0002 Jorge Joaquin Llambias, et. al., Manual de Derecho Civil, Obligaciones, Ed. Perrot, Buenos Aires, 1997, p. 478. <\/p>\n
11\u0002 \u00abSe presume que ha existido temeridad o mala fe en los siguientes casos: 1. Cuando \u2026 a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad\u2026\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
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SC048-2023 (2003-00891-01) AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente SC048-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-031-2003-00891-01 Bogot\u00e1 D.C, veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se profiere sentencia de casaci\u00f3n oficiosa1 respecto del fallo que el 31 de enero de 2019 expidi\u00f3 el Tribunal Superior del Distrito Judicial […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71443","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71443","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71443"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71443\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71443"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71443"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71443"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}