SC3971-2022 (2015-00745-01)_1<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-004-2015-00745-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de 2022 y diecis\u00e9is de <\/p>\n
febrero de 2023) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la sociedad Inversi\u00f3n y Desarrollo Barranco S.A., frente a la sentencia del 12 de agosto de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso declarativo que \u00e9sta promovi\u00f3 contra El Retiro Centro Comercial S.A. en Liquidaci\u00f3n, Aldea Proyectos Inmobiliarios S.A., Mauricio Rachid Garc\u00e9s, Nelson Juli\u00e1n Bonilla Nieto y Alianza Fiduciaria S.A. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Se reclam\u00f3 de la jurisdicci\u00f3n se hicieran las siguientes declaraciones y condenas: <\/p>\n
1.1.- Pretensiones primeras principales <\/p>\n
1.1.1.- Que El Retiro Centro Comercial S.A. y Aldea Proyectos Inmobiliarios S.A. (Antes Ltda.) incumplieron las promesas de compraventa suscritas con la doctora Irma Sus Pastrana y la sociedad Gestiones Comerciales Ltda. (hoy S.A.) cedidas a Inversi\u00f3n y Desarrollo Barranco S.A. <\/p>\n
1.1.2.- Como consecuencia del incumplimiento se ordene la resoluci\u00f3n de dichos convenios y \u00abse les condene en forma solidaria a la restituci\u00f3n de la suma de $1.070.462.940. que recibieron como pago del precio de ventas prometidas, con los intereses comerciales moratorios que habr\u00edan devengado durante todo el tiempo que tuvieron el dinero, en favor de la sociedad INVERSI\u00d3N Y DESARROLLO BARRANCO S.A. [\u2026] cesionaria de los derechos derivados de las referidas promesas\u00bb. Suma que debe ser actualizada. <\/p>\n
1.2.- Pretensiones segundas principales <\/p>\n
1.2.1.- Se declare que los se\u00f1ores Yamal Rachid Jaimes y Nelson Juli\u00e1n Bonilla Nieto, como personas naturales, son civil y solidariamente responsables de los perjuicios causados al demandante, por haber actuado \u00abdolosamente y de mala fe en todo el tr\u00e1mite de la negociaci\u00f3n con la DRA. IRMA SUS PASTRANA y la sociedad Gestiones Comerciales Ltda., hoy S.A., cedidas a INVERSI\u00d3N Y DESARROLLO BARRANCO S.A., de que tratan los hechos de la presente demanda hasta su frustraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
1.2.2.- \u00ab[S]e declare que la SOCIEDAD FIDUCIARIA ALIANZA S.A. desatendi\u00f3 sus deberes como fiduciaria y en consecuencia es solidaria y civilmente responsable, por su negligente\u00ad manejo del patrimonio aut\u00f3nomo, frente a mi representada INVERSIONES Y DESARROLLO BARRANCO S.A.\u00bb. <\/p>\n
1.2.3.- Consecuencialmente, se condene a \u00abMAURICIO RACHID GARC\u00c9S Y NELSON JULI\u00c1N BONILLA NIETO y a la SOCIEDAD FIDUCIARIA ALIANZA S.A., al pago de los perjuicios sufridos por la \u00b7 parte demandante INVERSIONES Y DESARROLLO BARRANCO S.A., consistentes en la suma pagada y antelada como precio por la promesa de venta de los locales y los intereses comerciales moratorias, desde que dicha suma se pag\u00f3, hasta que se restituya\u00bb. <\/p>\n
1.2.4.- Se imponga a las accionadas el \u00abpago de los perjuicios adicionales ocasionados a mi poderdante INVERSI\u00d3N Y DESARROLLO BARRANCO S.A., tanto por da\u00f1o emergente como por lucro cesante, que resultan claramente de observar el valor que hoy tienen locales prometidos en venta y los rendimientos y frutos que hubiesen producido hasta la fecha de la sentencia\u00bb. As\u00ed mismo la cancelaci\u00f3n de los perjuicios adicionales causados \u00abtanto por da\u00f1o emergente como por lucro cesante, que resultan claramente de observar el valor que hoy tienen locales prometidos en venta y los rendimientos y frutos que hubiesen producido hasta la fecha de la sentencia\u00bb. <\/p>\n
1.3. Primeras pretensiones subsidiarias <\/p>\n
1.3.1. Que, en los negocios cuestionados El Retiro Centro Comercial S.A., Aldea Proyectos Inmobiliarios S.A. Yamal Rachid Jaime y Nelson Juli\u00e1n Bonilla Nieto actuaron de mala fe \u00abdesde la etapa precontractual, hasta su frustraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
1.3.2. Que los mencionados interpelados abusaron de su posici\u00f3n dominante. <\/p>\n
1.3.3. La Fiduciaria es civilmente responsable de los perjuicios causados \u00abpor su negligente manejo del patrimonio aut\u00f3nomo\u00bb. <\/p>\n
1.3.4. A modo de pretensi\u00f3n consecuencial de las anteriores o alguna de ellas, pidi\u00f3 se promulgue la responsabilidad civil de los citados por todos \u00ablos perjuicios ocasionados con ocasi\u00f3n de tr\u00e1mite precontractual, frustraci\u00f3n y postcontrato de la negociaci\u00f3n de que tratan los hechos de la presente demanda\u00bb y sean condenados al pago de estos. <\/p>\n
1.4.- Segundas pretensiones subsidiarias <\/p>\n
1.4.1. Inst\u00f3 la declaraci\u00f3n de nulidad absoluta de las promesas de compraventa confutadas \u00abpuesto que los OTRO SI que las modificaron, no fueron suscritos por las Promitentes Vendedoras\u00bb. <\/p>\n
1.4.2. Producto de dicha declaraci\u00f3n se ordene volver las cosas a su estado anterior imponiendo a las demandadas \u00abEL RETIRO CENTRO COMERCIAL S.A. Y ALDEA PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A. (Antes Ltda.) en forma solidaria a la restituci\u00f3n de la suma de $1.070.462.940. que recibieron como pago del precio de las ventas prometidas, con los intereses comerciales moratorias que habr\u00edan devengado durante todo el tiempo que tuvieron el dinero\u00bb, actualizando dicha suma al valor actual, junto con el pago de los perjuicios adicionales ocasionados, \u00abtanto por da\u00f1o emergente como por lucro cesante, que resultan claramente de observar el valor que hoy tienen locales prometidos en venta y los rendimientos y frutos que hubiesen producido hasta la fecha de la sentencia\u00bb. (fls 527 a 531, Cd 1, archivo 02, Exp. digital): <\/p>\n
2. En respaldo narr\u00f3 los hechos relevantes que admiten el siguiente compendio. <\/p>\n
2.1. El grupo familiar Rachid decidi\u00f3 impulsar y acometer la construcci\u00f3n del proyecto inmobiliario Centro Comercial \u201cEl Retiro\u201d, para lo cual suscribi\u00f3 12 promesas de compraventa sobre la misma cantidad de lotes ubicados en el lugar donde se llevar\u00eda a cabo la obra. <\/p>\n
2.2. Para cumplir con los compromisos adquiridos, el grupo familiar Rachid deb\u00eda tener un flujo de caja desembolsado de $9.583.102.000, por lo que, ante el af\u00e1n de conseguir dichos recursos, buscaron compradores atray\u00e9ndolos con la expectativa de que al centro comercial estar\u00eda vinculado un Home Sentry, como \u00abalmac\u00e9n ancla\u00bb, lo que realmente \u00abresult\u00f3 ser una estrategia para atraer clientes, pero sin voluntad de cumplir los compromisos\u00bb, induciendo en error a los interesados. <\/p>\n
2.3. En los primeros meses del a\u00f1o 2003 se inici\u00f3 el proyecto de construcci\u00f3n por la sociedad comercial El Retiro Centro Comercial S.A., que era controlada por el Grupo Familiar Rachid. \u00ab[E]ste Proyecto fue liderado, entre otros, por el se\u00f1or Mauricio Rachid Garc\u00e9s, quien aparec\u00eda adem\u00e1s como representante legal de la sociedad El Retiro Centro Comercial S.A., y el se\u00f1or Juli\u00e1n Bonilla Nieto, en su calidad de representante legal de la sociedad Aldea Proyectos Inmobiliarios Ltda. (hoy S.A.), sociedad a su vez Gerente del Proyecto. Las sociedades no eran cosa distinta, que la mampara para realizar los negocios\u00bb. <\/p>\n
2.4. Para la seriedad del proyecto se celebr\u00f3 contrato de encargo fiduciario de inversi\u00f3n con la Fiduciaria Helm Trust S.A. \u00aben el que se depositaron los dineros que se ofrec\u00eda pagar en la oferta mencionada, y de otra parte y para brindar confianza a los eventuales compradores, se utiliz\u00f3 la figura de la FIDUCIA INMOBILIARIA, para lo cual se constituy\u00f3 un PATRIMONIO AUT\u00d3NOMO, denominado inicialmente FIDEICOMISO PREDIOS DEL RETIRO, por escrito privado del 14 de mayo de 2003, por encargo de los FIDEICOMITENTES iniciales EL RETIRO CENTRO COMERCIAL S.A. Y ALDEA PROYECTOS INMOBILIARIOS LTDA. (Hoy S.A.) Posteriormente, este fideicomiso se denomina como FIDEICOMISO DE ADMINISTRACI\u00d3N CENTRO COMERCIAL EL RETIRO\u00bb. Contratos con distinta finalidad, puesto que \u00ab[E]l fideicomiso administrado por Helm Trust S.A., quien recibir\u00eda los dineros y para garantizar la seriedad de la propuesta y mientras se suscrib\u00eda el contrato de promesa de compraventa respectivo los canalizar\u00eda a la construcci\u00f3n del centro comercial, luego de alcanzado el punto de equilibrio. Fiduciaria Alianza en el fideicomiso PREDIOS EL RETIRO, que manejaba los inmuebles donde se construir\u00eda el proyecto, se encargaba de la administraci\u00f3n de las unidades inmobiliarias resultantes, y de escriturarlas y transferirlas a sus adquirentes\u00bb. <\/p>\n
2.5. La expectativa de que en el centro comercial funcionar\u00eda un Home Sentry motiv\u00f3 que los d\u00edas 12 y 13 de abril de 2003 la se\u00f1ora Irma Sus Pastrana ofertara en nombre propio y como representante legal de la sociedad Gestiones Comerciales Ltda. (hoy S.A.) la compra de los locales 205 y 214, \u00abdado que los mismos se dedicar\u00edan al expendio de comidas y aquel almac\u00e9n congrega una numerosa clientela\u00bb, la cual se instrumentaliz\u00f3 en los formatos dispuesto para ello \u00abde manera determinante, porque de acuerdo a sus especificaciones los mismos tendr\u00edan acceso directo a las terrazas anexas a ellos, lo cual se traducir\u00eda en una situaci\u00f3n ventajosa para los mismos y una mayor valorizaci\u00f3n futura. Fue entonces la ventaja que le reportar\u00eda el hecho de que dichos locales tuviesen acceso directo a las terrazas anexas a los mismos lo que, en principio, llev\u00f3 a la doctora Sus Pastrana a realizar la transacci\u00f3n comercial\u00bb. <\/p>\n
2.6. Asegur\u00f3 que \u00ab[E]n la oferta presentada el 12 de abril de 2003, con el fin de adquirir el Local 205 con un \u00e1rea aproximada de 38.68 metros cuadrados, la doctora Irma Sus Pastrana manifest\u00f3 que el precio de la misma era de $484.190.000, que cancelar\u00eda de la siguiente forma: la suma de $96.838.000 el mismo 12 de abril de 2003 y el saldo ser\u00eda dividido en 18 cuotas mensuales de $21.519.555, las cuales se cancelar\u00edan a partir del d\u00eda 12 de mayo de 2003. Los pagos se har\u00edan a trav\u00e9s del fideicomiso de Administraci\u00f3n El Retiro\u00bb. Y en la del 13 de abril por el local 214 \u00abcon un \u00e1rea aproximada de 71,57 metros cuadrados, la doctora Sus Pastrana manifest\u00f3 que el precio de la misma era de $930.000.000, el que cancelar\u00eda de la siguiente forma: la suma de $22.922.000 el mismo 13 de abril de 2003, la suma de $163.138.000 el 13 de mayo de 2003, 18 cuotas mensuales de $24.808.000, las cuales se pagar\u00edan a partir del 13 de junio de 2003, y el saldo, o sea la suma de $237.696.000, el d\u00eda 15 de noviembre de 2004\u00bb. <\/p>\n
2.7. Aceptadas las ofertas, el 3 de junio de 2003 se suscribieron las promesas de compraventa correspondientes, replicando en estas las condiciones antes dichas \u00abcon la diferencia de que en relaci\u00f3n con el local 205 las 18 cuotas se empezar\u00edan a cancelar el 13 de junio de 2003 y no el 13 de mayo de 2003, seg\u00fan consta en otros\u00ed a la oferta mercantil firmado por la doctora Sus Pastrana el 24 de abril de 2003\u00bb, pag\u00e1ndose por las compradoras el precio acordado \u00aben la forma pactada y para el saldo final, se allanaron a pagarlo al momento de concurrir a otorgar las respectivas escrituras de compraventa, tal como qued\u00f3 consignado en la respectiva declaraci\u00f3n ante el notario\u00bb. <\/p>\n
2.8. Relat\u00f3 que \u00ab[C]on fecha abierta la doctora Irma Sus Pastrana suscribi\u00f3 cesi\u00f3n de promesa de compraventa con relaci\u00f3n al Local 214 de El Retiro Centro Comercial, dado que en nombre y representaci\u00f3n de Gestiones Comerciales Ltda. (Hoy S.A..), cedi\u00f3 a su nombre, en su condici\u00f3n de persona natural, la posici\u00f3n contractual que ocupaba como prometiente compradora en la inicial promesa de compraventa del Local mencionado; a dicho documento le fue colocada la fecha de 10 de octubre de 2003. Es importante destacar que la prometiente vendedora le exig\u00eda a la doctora Irma Sus Pastrana los documentos con fechas abiertas y aqu\u00e9lla los calendaba luego\u00bb, procediendo igual con el negocio relativo al local 205, \u00aba ra\u00edz de estas cesiones en su condici\u00f3n de persona natural, la doctora Sus Pastrana qued\u00f3 en la posici\u00f3n de prometiente compradora del Local 214 y la empresa Gestiones Comerciales Ltda. (Hoy S.A.), qued\u00f3 en la misma posici\u00f3n con relaci\u00f3n al Local 205\u00bb. <\/p>\n
2.9. El 13 de noviembre de 2003, ante el conocimiento de la intenci\u00f3n de variar las caracter\u00edsticas de los locales, se comunic\u00f3 con Mauricio Rachid, poniendo de presente su inconformidad y pidiendo aclaraci\u00f3n, \u00abdado que tal modificaci\u00f3n afectaba sus intereses y los de la mencionada sociedad que representa, pues de lo contrario ella suspender\u00eda los pagos de las cuotas se\u00f1aladas en las promesas de compraventa\u00bb, y despu\u00e9s de m\u00e1s de un mes los se\u00f1ores Serna y Vanegas la convencieron \u00abde que los planos quedar\u00edan de acuerdo a lo convenido\u00bb, para posteriormente modificar dichas promesas de com\u00fan acuerdo \u00ablos cuales aparecen como suscritos el d\u00eda 10 de septiembre de 2004 y se comunic\u00f3 a trav\u00e9s del intercambio de comunicaciones de fechas 16 de septiembre de 2004 y 5 de octubre del mismo a\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
2.10. Asegur\u00f3 que \u00ab[D]urante todo el proceso de negociaci\u00f3n, desde la etapa preliminar o precontractual, luego con la celebraci\u00f3n de los contratos respectivos de promesa y posteriormente en sus modificaciones, los demandados y sus empresas representadas por ellos, ejercieron posici\u00f3n dominante, la cual consisti\u00f3 en imponer unilateralmente todos los contenidos y clausulados de la negociaci\u00f3n, sin que estos pudieran ser controvertidos por la entonces Promitente Compradora y adem\u00e1s, la de haber administrado a su antojo y ama\u00f1o la ejecuci\u00f3n e implementaci\u00f3n de los acuerdo[s] de promesa\u00bb, d\u00e1ndose dicho abuso igualmente \u00abal utilizar la negociaci\u00f3n inicial para atraer a la Promitente Compradora, financiarse con sus anticipos a los negocios y una vez, logrado su prop\u00f3sito, cambiar las condiciones para que ella se arrepintiera y al no lograrlo, incumplir las negociaciones y apropiarse de los dineros recibidos\u00bb. <\/p>\n
2.11. El 27 de abril 2005, el gerente del proyecto le inform\u00f3 a Irma Sus Pastrana que la fecha y lugar para suscribir las escrituras de compraventa respecto de \u00ablos locales 205 y 214 (hoy 231 y 241, pues fue variada su nomenclatura) ser\u00eda el 3 de agosto de 2005 en la notar\u00eda 45 del c\u00edrculo de Bogot\u00e1 y le trascribi\u00f3 el art\u00edculo correspondiente al supuesto reglamento de propiedad horizontal de dicho centro comercial\u00bb, cuando para tal data a\u00fan este no se hab\u00eda elevado a Escritura P\u00fablica, lo cual se hizo el 25 de noviembre de 2005, mediante el instrumento 3013 de la Notar\u00eda 39 de Bogot\u00e1, lo que tambi\u00e9n constituye no solo abuso de posici\u00f3n dominante, sino un acto de mala fe. <\/p>\n
2.12. El 16 de septiembre siguiente, Juli\u00e1n Bonilla Nieto, como representante de la sociedad Aldea proyectos Inmobiliarios S.A., remiti\u00f3 los que titul\u00f3 \u201cotros\u00ed N\u00b0 2\u201d de cada una de las promesas, modificando la forma de pago del saldo pendiente, como tambi\u00e9n las fechas de entrega y para la firma de la escritura que perfeccionar\u00eda la venta (7 de diciembre de 2005), los que fueron devueltos por la doctora Sus Pastrana el 22 de septiembre de 2005 debidamente firmados a los convocados, sin que estos a su vez le fueran retornados, incumpliendo tambi\u00e9n la obligaci\u00f3n de entregar los locales conforme lo acordado, pues el 30 de septiembre de 2005 acudi\u00f3 al centro comercial a recibirlos sin que los accionados asistieran, de lo cual se dej\u00f3 constancia de su asistencia, mediante comunicaci\u00f3n que entreg\u00f3 a la administradora, actitud con la cual dejaron en claro que no honrar\u00edan lo pactado, \u00aby de que desde el mismo momento de la celebraci\u00f3n de las promesas de compraventa no ten\u00edan el m\u00e1s m\u00ednimo prop\u00f3sito de entregar los inmuebles objeto de los contratos, pues s\u00f3lo buscaban, al parecer, obtener el provecho patrimonial al recibir\u00b7los dineros pagados cumplidamente por los prometientes compradores con perjuicio para la doctora Sus Pastrana y la sociedad Gestiones Comerciales Ltda. (Hoy S.A.). Al d\u00eda de hoy se quedaron con el dinero y no cumplieron las promesas\u00bb. <\/p>\n
2.13. Llegadas las fechas estipuladas para los fines rese\u00f1ados, las \u201cpromitentes vendedoras\u201d no comparecieron, ausencia que, seg\u00fan afirm\u00f3 la activante, configur\u00f3 un hecho il\u00edcito por recibir parte del precio y no cumplir la carga de entregar los inmuebles y transferir su dominio, m\u00e1s a\u00fan cuando los certificados de tradici\u00f3n revelaron la existencia de dos hipotecas, lo que constituye otro incumplimiento de los demandados. <\/p>\n
2.14. Que obtuvo copia de la escritura p\u00fablica N\u00b03013 del 25 de noviembre de 2005, de la Notar\u00eda 39 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, contentiva del reglamento de propiedad horizontal, en la cual constat\u00f3, que \u00abla falta de acceso directo a los locales comerciales prometidos en venta a las terrazas colindantes a ellos, la sujeci\u00f3n a lo que se denomina \u00abreglamento de vitrinismo\u00bb y a un reglamento de operaci\u00f3n, al cual quedar\u00eda sometido uno de los inmuebles (ver escritura p\u00fablica N\u00ba 3013 de 25 de noviembre de 2005 anexa a la demanda), la fijaci\u00f3n de coeficientes de propiedad respecto de los locales prometidos en venta que no obedecen a las \u00e1reas ni circunstancias econ\u00f3micas de ellos (ver art\u00edculos 34 y ss. del reglamento de propiedad horizontal), la fijaci\u00f3n de coeficientes de contribuci\u00f3n a las expensas comunes de car\u00e1cter general y particular del Centro Comercial, especialmente fijadas para los locales comerciales que la doctora Sus Pastrana en nombre propio y en representaci\u00f3n de la sociedad Gestiones Comerciales Ltda. prometi\u00f3 comprar, y lo que se denomina reglamento de operaci\u00f3n de la plazoleta de comidas. Todos estos aspectos no corresponden a lo acordado y manifestado en las condiciones de la negociaci\u00f3n, adem\u00e1s la desnaturalizan dado que, conforme a dicho reglamento de ser aceptado, la doctora Sus Pastrana entregar\u00eda uno de los locales adquiridos para ser administrado por la sociedad promotora o a quien ella indicare\u00bb. Tambi\u00e9n modific\u00f3 otras disposiciones que limitaban el uso y goce para el cual estaba destinado el local y en general el derecho de propiedad. <\/p>\n
2.15. Mencion\u00f3 que \u00ab[L]a sociedad fiduciaria ALIANZA S.A., no cumpli\u00f3 con sus deberes de fiduciaria, desprotegi\u00f3 a las promitentes compradoras, escritur\u00f3 a personas diferentes, y no cuid\u00f3 de los dineros que hab\u00edan entregado a la fiducia como parte del precio de las prometidas ventas. Fue claramente negligente en el cumplimiento de sus deberes como fiduciaria. La presencia de una fiduciaria en este tipo de operaciones despierta confianza en los inversionistas. Esa confianza fue traicionada por la fiduciaria que se limit\u00f3 simplemente a una actividad de parqueo de los inmuebles con la constructora, sin importarle la situaci\u00f3n, riesgo o fraude a los inversionistas. La Fiduciaria Alianza acompa\u00f1\u00f3 a la familia Rachid en su proyecto desde la gestaci\u00f3n del mismo, no fue un mero convidado de piedra y su deber como fiduciaria, participante en un proyecto inmobiliario, debi\u00f3 ser m\u00e1s proactivo en la defensa de los intereses de los promitentes compradores\u00bb. <\/p>\n
2.16. Afirm\u00f3 que, con ocasi\u00f3n a los hechos enunciados, se promovi\u00f3 acci\u00f3n penal por los delitos de estafa y falsedad documental, contra Mauricio Rachid Garc\u00e9s y Nelson Juli\u00e1n Bonilla Nieto, quienes enterados procedieron a \u00abtransferir el dominio de los susodichos locales 231 y 241 del Centro Comercial El Retiro a terceros\u00bb, agravando los perjuicios causados a los prometientes compradores. Acci\u00f3n que culmin\u00f3 con sentencia absolutoria, pero que en la indagatoria rendida por el primero de los mencionados indic\u00f3, que los dineros que la promitente compradora cancel\u00f3 estaban consignados en el Banco Agrario de Colombia a \u00f3rdenes de la fiscal\u00eda, adjuntando consignaciones por valores de $1.070.462.940 y $163.741.119, que \u00abcorresponden a los dineros consignados en la forma advertida\u00bb. Sin embargo, \u00abel Juzgado 22 Penal del Circuito, ante la reclamaci\u00f3n que el consignante le efectu\u00f3, en forma sorprendente, mal interpretando lo decidi\u00f3 por el Tribunal, ordena regresar los dineros al consignante MAURICIO RACHID GARC\u00c9S, con grave perjuicio para los intereses econ\u00f3micos de mi representada\u00bb. <\/p>\n
2.17. Por escritura p\u00fablica No. 7954 de 14 de diciembre de 2007, Irma Sus y Gestiones Comerciales cedieron a Inversiones y Desarrollo Barranco S.A., demandante en el juicio, los derechos de que eran titulares derivados de las promesas de compraventa. <\/p>\n
2.18. Agreg\u00f3 que, [E]l incumplimiento de las promitentes vendedoras de las Promesas de Compraventa, adem\u00e1s del incumplimiento de la FIDUCIARIA ALIANZA S.A. y de sus obligaciones como titular del patrimonio aut\u00f3nomo y de la actividad fraudulenta de los demandados como personas naturales; ocasionaron graves perjuicios materiales y morales a mi representada; por lo pronto la p\u00e9rdida del capital que se hab\u00eda entregado como parte del precio de los locales prometidos en venta, la valoraci\u00f3n que dichos locales han tenido al d\u00eda de hoy, el rendimiento financiero de tales dineros, su actualizaci\u00f3n al real poder adquisitivo, los rendimientos que dichos locales hubieran proporcionado a su propietario por arrendamientos, adem\u00e1s de los perjuicios que ha ocasionado el tiempo transcurrido\u00bb. Responsabilidad que, seg\u00fan insisti\u00f3 la activante, es solidaria, por derivar de operaciones mercantiles y existir comunidad en la culpa y el dolo (fls. 454-476 02CuadernoNo.1de2.). <\/p>\n
3. La causa as\u00ed planteada fue admitida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 el 12 de julio de 20081 (fl. 44 03CuadernoNo.1de3 Exp. digital), ordenando el enteramiento de los enjuiciados. <\/p>\n
4.1. El Retiro Centro Comercial S.A. en liquidaci\u00f3n: \u201cINEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL DEMANDADO\u201d, \u201cPRESCRIPCI\u00d3N\u201d y \u201cLA INNOMINADA\u201d, (fls 140-152 03CuadernoNo.1de3 Arch. digital). <\/p>\n
4.2. Alianza Fiduciaria S.A. formul\u00f3 las exceptivas que titul\u00f3: \u201cFALTA DE LEGITIMACI\u00d3N EN LA CAUSA: ALIANZA NO FUE PARTE DE LOS CONTRATOS SUPUESTAMENTE INCUMPLIDOS\u201d, \u201cFALTA DE LEGITIMACI\u00d3N EN LA CAUSA: LA SOCIEDAD DEMANDADA NO FUE PARTE DEL CONTRATO DE FIDUCIA\u201d, \u201cRELATIVIDAD DE LOS CONTRATOS. IMPOSIBILIDAD DE EXTENDER SUS EFECTOS A ALIANZA FIDUCIARIA\u201d, \u201cLA SOCIEDAD HELM TRUST S.A., ERA QUIEN DEB\u00cdA RECIBIR EL PRECIO DE LAS PROMESAS NO ALIANZA\u201d, \u201cAUSENCIA DE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD DE ALIANZA\u201d, \u201cINEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD\u201d, \u201cINEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DE ALIANZA\u201d, \u201cINEXISTENCIA DE CULPA DE ALIANZA\u201d, \u201cINEXISTENCIA DE INSTRUCCI\u00d3N DE LOS FIDEICOMITENTES PARA ESCRITURAR LOCALES A FAVOR DE IRMA SUS, GESTIONES COMERCIALES LTDA. Y\/O BARRANCO\u201d, \u201cAUSENCIA DE INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES FIDUCIARIOS DE ALIANZA\u201d, \u201cINEXISTENCIA DE PERJUICIOS ATRIBUIBLES A ALIANZA\u201d, \u201cINEXISTENCIA DE MORA. LA CESI\u00d3N DE DERECHOS A LA DEMANDANTE SOLO PRODUJO EFECTOS FRENTE A ALIANZA CON LA NOTIFICACI\u00d3N DE LA DEMANDA\u201d y \u201cPRESCRIPCI\u00d3N\u201d (fls 308-329 03CuadernoNo.1de3 Arch. Digital). <\/p>\n
4.3. Mauricio Rachid: aleg\u00f3 la \u201cINEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL DEMANDADO\u201d, \u201cPRESCRIPCI\u00d3N EXTINTIVA DE LA OBLIGACI\u00d3N\u201d, \u201cFALTA DE LEGITIMACI\u00d3N EN LA CAUSA POR PASIVA\u201d, \u201cFALTA DE LEGITIMACI\u00d3N EN LA CAUSA POR ACTIVA\u201d y \u201cLA INNOMINADA\u201d (fls 352-369 03CuadernoNo1de3). <\/p>\n
4.4. Nelson Juli\u00e1n Bonilla Nieto: adujo las de \u201cFALTA DE LEGITIMACI\u00d3N EN LA CAUSA POR PASIVA. INEXISTENCIA TOTAL DE V\u00cdNCULOS OBLIGACIONES ENTRE NELSON JULI\u00c1N BONILLA NIETO Y LAS PROMETIENTES COMPRADORAS\u201d, \u201cFALTA DE PERFECCIONAMIENTO DE LA OTROS\u00cdES NO. 2 POR AUSENCIA DE CONSENTIMIENTO DE PARTE DEL RETIRO C.C.\u201d, \u201cINEXISTENCIA DE REPRESENTACI\u00d3N LEGAL O DE POSICI\u00d3N DE ADMINISTRADOR O DE DELEGACI\u00d3N DE NELSON JULI\u00c1N BONILLA NIETO FRENTE A LA SOCIEDAD EL RETIRO C.C.\u201d, \u201cAUSENCIA DE MALA FE O DOLO\u2026\u201d, \u201cAUSENCIA DE SOLIDARIDAD Y\/O COMUNIDAD EN EL SUPUESTO ACTUAR DOLOSO O DE MALA FE\u2026\u201d, \u201cINEXISTENCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE LA CONDUCTA DE NELSON JULI\u00c1N BONILLA NIETO Y LOS SUPUESTOS DA\u00d1OS IRROGADOS A LAS PROMETIENTES COMPRADORAS\u201d, \u201cEXCEPCI\u00d3N DE COSA JUZGADA PENAL ABSOLUTORIA: RESPECTO DE LOS SUPUESTOS ENGA\u00d1OS O MALA FE\u201d, \u201cFALTA DE LEGITIMACI\u00d3N EN LA CAUSA POR ACTIVA- ALCANCE DE LOS DERECHOS Y ACCIONES CEDIDOS A INVERSI\u00d3N Y DESARROLLO BARRANCO S.A.\u201d, \u201cPRESCRIPCI\u00d3N EXTINTIVA DE LA ACCI\u00d3N DE RESPONSABILIDAD CIVIL\u201d, \u201cINEXISTENCIA DEL LUCRO CESANTE RECLAMADO: VALORACIONES Y FRUTOS\u201d, \u201cIMPROCEDENCIA PARA UN COBRO SIMULT\u00c1NEO DE INTERESES MORATORIOS E INDEXACI\u00d3N SOBRE LAS SUMAS DE DINERO RECLAMADAS\u201d y la \u201cEXCEPCI\u00d3N GEN\u00c9RICA\u201d, (fls 204-280 04CuadernoNo.1de4 Arch.. digital). <\/p>\n
4.5. Aldea Proyectos S.A.S.: arguy\u00f3 la \u201cFALTA DE LEGITIMACI\u00d3N EN LA CAUSA POR PASIVA\u2026\u201d \u201cINEXISTENCIA TOTAL DE V\u00cdNCULOS OBLIGACIONALES ENTRE ALDEA PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A. Y LAS PROMETIENTES COMPRADORAS\u201d, \u201cFALTA DE PERFECCIONAMIENTO DE LOS OTROS\u00cdES NO. 2 AL NO HABER SIDO FIRMADO POR REPRESENTANTE LEGAL DE LA PROMINENTE VENDEDORA, EL RETIRO CENTRO COMERCIAL S.A.\u201d, \u201cINEXISTENCIA DE REPRESENTACI\u00d3N LEGAL O DE POSICI\u00d3N DE ADMINISTRADOR DE LA SOCIEDAD ALDEA PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A. FRENTE A LA SOCIEDAD EL RETIRO CENTRO COMERCIAL S.A.\u201d, \u201cAUSENCIA DE MALA FE DE PARTE DE ALDEA PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.\u201d, \u201cINEXISTENCIA DE ACTUACIONES ABUSIVAS O DE ABUSO DE POSICI\u00d3N DOMINANTE\u201d, \u201cAUSENCIA DE SOLIDARIDAD EN EL SUPUESTO ACTUAR DE MALA FE\u201d, \u201cINEXISTENCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE LA CONDUCTA DE ALDEA PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A. (ANTES LTDA.) Y LOS SUPUESTOS DA\u00d1OS IRROGADOS A LAS PROMETIENTES COMPRADORAS\u201d, \u201cEXCEPCI\u00d3N DE COSA JUZGADA PENAL ABSOLUTORIA; RESPECTO DE LOS SUPUESTOS ENGA\u00d1OS, DOLO O MAL FE\u201d, \u201cFALTA DE LEGITIMACI\u00d3N EN LA CAUSA POR ACTIVA- ALCANCE DE LOS DERECHOS Y ACCIONES CEDIDOS A INVERSI\u00d3N Y DESARROLLO BARRANCO S.A.\u201d, \u201cPRESCRIPCI\u00d3N EXTINTIVA\u201d, \u201cINEXISTENCIA DEL LUCRO CESANTE RECLAMADO: VALORIZACIONES Y FRUTOS\u201d, \u201cIMPROCEDENCIA PARA UN COBRO SIMULT\u00c1NEO DE INTERESES MORATORIOS E INDEXACI\u00d3N SOBRE LAS SUMAS DE DINERO RECLAMADAS\u201d, \u201cIMPOSIBILIDAD DE ALEGAR LA NULIDAD DE LA PROMESA DE COMPRA VENTA Y SUS EFECTOS\u201d y la \u201cEXCEPCI\u00d3N GEN\u00c9RICA\u201d (fls 89-170 05CuadernoNo.1de5 Arch. digital). <\/p>\n
4.6. Nelson Juli\u00e1n Bonilla Nieto y Aldea Proyectos S.A.S. interpusieron recurso de reposici\u00f3n contra el auto admisorio de la demanda [fl. 257-267 03CuadernoNo.1de3], que fue desatado adverso a sus intereses el 23 de junio de 2017 [fl. 10-13 04CuadernoNo.1de4]. <\/p>\n
4.7 Alianza Fiduciaria S.A. plante\u00f3 como excepci\u00f3n previa la existencia de cl\u00e1usula compromisoria [fl. 20-22 Cd 4 Arch. Digital], que se desestim\u00f3 por auto del 23 de junio de 2017 [fls. 30-34 Cd 4]. <\/p>\n
4.8. La fiduciaria, adem\u00e1s, llam\u00f3 en garant\u00eda a Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. [fls 110-112 Cd 5 Arch. Digital], quien formul\u00f3 la excepci\u00f3n previa de \u201cINEPTITUD DE LA DEMANDA POR FALTA DE REQUISITOS FORMALES (NUMERAL 5\u00b0 ART. 100 C.G.P.)\u201d [fl. 2- Cd.3 Arch. Digital], despachada desfavorablemente el 8 de noviembre de 2017 [fl. 127-129 Cd 3 Arch. Digital]. <\/p>\n
La llamada se pronunci\u00f3 frente a la demanda principal, oponi\u00e9ndose a los reclamos invocados contra Alianza Fiduciaria S.A., plante\u00f3 la excepci\u00f3n \u201cGEN\u00c9RICA\u201d, coadyuv\u00f3 \u201cla totalidad de los medios de defensa y excepciones de fondo propuestos por ALIANZA FIDUCIARIA S.A.\u201d y las de \u201cINEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL A CARGO DE ALIANZA FIDUCIARIA\u201d; de igual modo, se opuso a los reclamos del llamante, contra el cual aleg\u00f3 la excepci\u00f3n \u201cGEN\u00c9RICA\u201d, \u201cINEXISTENCIA DE SINIESTRO Y CONSECUENTE INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD A CARGO DE LA LLAMADA EN GARANT\u00cdA\u201d, \u201cINEXISTENCIA DE SINIESTRO Y DE CUALQUIER OBLIGACI\u00d3N INDEMNIZATORIA DERIVADA DEL CONTRATO DE SEGUROS POR EXCLUSI\u00d3N DE COBERTURA\u201d, y \u201cPRESCRIPCI\u00d3N DE LA ACCI\u00d3N DERIVADA DEL CONTRATO DE SEGUROS\u201d [fls. 184-206 Cd 5]. <\/p>\n
5. Agotado el tr\u00e1mite que le es propio, el Juzgado de primer grado defini\u00f3 la instancia con sentencia de 8 de octubre de 2020, en la cual resolvi\u00f3: i.) declarar probada de oficio la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa \u00abcon relaci\u00f3n al RETIRO CENTRO COMERCIAL S.A. (\u2026) y LA FALTA DE LEGITIMACI\u00d3N EN LA CAUSA POR PASIVA esgrimida por la sociedad ALDEA PROYECTOS S.A.\u00bb; ii) neg\u00f3 las pretensiones \u00abprimeras principales\u00bb; iii) acogi\u00f3 la exceptiva de ausencia de mala fe formulada por Juli\u00e1n Bonilla Nieto y oficiosamente la de \u00abausencia de dolo\u00bb, haciendo extensivas estas respecto de Mauricio Rachid Garc\u00e9s y dio cabida a la defensa de \u00abinexistencia de responsabilidad de Alianza Fiduciaria\u00bb; iii) consecuentemente, neg\u00f3 las \u00abpretensiones segundas principales\u00bb; hall\u00f3 probada la ausencia de mala fe e inexistencia de actuaciones abusivas o abuso de la posici\u00f3n dominante propuesta por Aldea Proyectos Inmobiliarios S.A. y Nelson Bonilla, extendida de oficio a la Sociedad El Retiro y Mauricio Rachid; iv) igualmente, dio por probada la falta de legitimaci\u00f3n por pasiva, planteada por Aldea Proyectos S.A. y el se\u00f1or Bonilla, producto de ello neg\u00f3 \u00ablas pretensiones contenidas en primeras subsidiarias\u00bb; v) de oficio abri\u00f3 paso a la de inexistencia de nulidad de las promesas de compraventa; vi) absolvi\u00f3 a Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. de las pretensiones formuladas en el llamamiento en garant\u00eda y; vii) conden\u00f3 en costas a la convocante (fls 445-474 06CuadernoNo.1de6,Arch. digital). <\/p>\n
6. El 12 de agosto de 2021, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 desat\u00f3 la alzada interpuesta por el demandante. Revoc\u00f3 la determinaci\u00f3n y, en su lugar, dispuso: <\/p>\n
1.1.- DECLARAR probada la excepci\u00f3n de FALTA DE LEGITIMACI\u00d3N EN LA CAUSA POR PASIVA en la acci\u00f3n contractual, interpuesta por Alianza Fiduciaria S.A., Aldea Proyectos S.A.S., Mauricio Rachid Garc\u00e9s y Nelson Juli\u00e1n Bonilla Nieto, por lo aqu\u00ed plasmado. <\/p>\n
1.2.- DECLARAR no probadas las excepciones de m\u00e9rito denominadas: INEXISTENCIA DE CUMPLIMIENTO DE PARTE DEL DEMANDADO\u201d y \u201cPRESCRIPCI\u00d3N\u201d, propuestas por la demandada El Retiro Centro Comercial. <\/p>\n
1.3.- DECLARAR resueltos los contratos de promesas de compraventa celebrado entre IRMA SUS PASTRANA y GESTIONES COMERCIALES LTDA. -posici\u00f3n contractual cedida al demandante INVERSI\u00d3N Y DESARROLLO BARRANCO S.A., en calidad de prometiente comprador y EL RETIRO CENTRO COMERCIAL S.A. EN LIQUIDACI\u00d3N como prometiente vendedor respecto de los locales comerciales distinguidos con los n\u00fameros 231 antes 205 y 241 antes 214, celebradas el 3 de junio de 2003. <\/p>\n
1.4.- CONDENAR al demandado EL RETIRO CENTRO COMERCIAL S.A. EN LIQUIDACI\u00d3N a restituir a la cesionaria INVERSI\u00d3N Y DESARROLLO BARRANCO S.A. las sumas de $435\u2019464.538,23 y $895\u2019704.716,97, por concepto de valores pagados a t\u00edtulo de parte del precio para los locales 231 antes 205 y 241 antes 214 que hacen parte de la edificaci\u00f3n de ese mismo nombre, valores que deber\u00e1n ser canceladas dentro de los 5 d\u00edas siguientes a la ejecutoria de esta sentencia. <\/p>\n
1.5.- CONDENAR EL RETIRO CENTRO COMERCIAL S.A. EN LIQUIDACI\u00d3N a reintegrar a la cesionaria INVERSI\u00d3N Y DESARROLLO BARRANCO S.A., las sumas de $242\u2019095.000,oo y $465.150.000,oo, correspondientes a las arras de retracto pactadas en el contrato y que se asimilan a indemnizaci\u00f3n de perjuicios, las cuales deber\u00e1n ser canceladas dentro de los 5 d\u00edas siguientes a la ejecutoria de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
1.6.- NEGAR las pretensiones segundas principales por las razones aqu\u00ed plasmadas. [fls. 1-55 Cd Tribunal Arch. Digital]. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. Plante\u00f3 como problemas jur\u00eddicos a resolver los siguientes: \u00abdeterminar en la pretensi\u00f3n principal y segunda principal: (i) si existe legitimaci\u00f3n en la causa por activa y por pasiva, (ii) si est\u00e1n demostrados los elementos esenciales para la prosperidad de la pretensi\u00f3n de nulidad, (iii) si se encuentran acreditados los requisitos indispensables para acceder a la pretensi\u00f3n de resoluci\u00f3n de los contratos de promesa de compraventa, (iv) si para este caso en concreto, en verdad \u00e9sta documentada la responsabilidad civil contractual en cabeza de los demandados, (v) si de las probanzas arrimadas al plenario se logra establecer con el rigor que se requiere la presunta mala fe con la que actuaron los convocados y el abuso de su posici\u00f3n dominante durante la etapa precontractual y postcontractual del negocio jur\u00eddico suscrito entre los contratantes y, finalmente, (vi) si se logr\u00f3 establecer con el lleno de las exigencias los perjuicios sufridos por la parte demandante; pues en tales aspectos gravita la inconformidad de la parte apelante\u00bb. <\/p>\n
2. Para acometer la soluci\u00f3n examin\u00f3 el presupuesto de la legitimaci\u00f3n en la causa, que hall\u00f3 satisfecho en Inversiones Barranco S.A. como cesionaria de Irma Sus Pastrana y Gestiones Comerciales S.A. en calidad de promitentes compradores y El Retiro Centro Comercial S.A. en condici\u00f3n de promitente vendedor, no as\u00ed en los restantes convocados Aldea Proyectos S.A.S., Alianza Fiduciaria S.A. y los se\u00f1ores Mauricio Rachid Garc\u00e9s y Nelson Juli\u00e1n Bonilla Nieto. <\/p>\n
2.1. Para sustentar la falta de legitimaci\u00f3n en causa por pasiva de estos sujetos arguy\u00f3, que \u00abla sociedad Aldea Proyectos S.A.S. no hizo parte del negocio jur\u00eddico acordado entre las partes, es m\u00e1s su actuaci\u00f3n se limit\u00f3 a la de ser el gerente del proyecto inmobiliario en comento, en tanto que sus obligaciones contractuales fueron asumidas respecto de la persona jur\u00eddica El Retiro Centro Comercial y no con Irma Sus Pastrana y Gestiones Comerciales S.A., sumado a la circunstancia que dentro de ellas no se encontraba la de comparecer el d\u00eda y hora establecido para la firma de la escritura, ya que frente a este puntual aspecto no representaba al promitente vendedor, de modo que no tiene ninguna injerencia en el incumplimiento endilgado a \u00e9ste \u00faltimo\u00bb. Agreg\u00f3 que, \u00abAlianza Fiduciaria S.A. tampoco hizo parte de los precitados convenios, comoquiera que su relaci\u00f3n contractual lo fue con El Retiro Centro Comercial S.A. a trav\u00e9s del negocio jur\u00eddico de fiducia que tuvo como objeto que la primera mantuviera la titularidad jur\u00eddica de los bienes inmuebles que le fueran fideicomitidos, permitiendo que el fideicomitente por cuenta y riesgo adelantara en dichos predios los proyectos, en tanto que dentro de sus obligaciones se encontraba la de transferir lo bienes a la persona a quien corresponda conforme el contrato o de acuerdo a lo previsto en la ley, una vez concluido el negocio fiduciario (fls, 789 a 807 c, 1b), sumado al hecho de no hab\u00e9rsele demandado como vocera del patrimonio aut\u00f3nomo denominado \u201cpredios el retiro\u201d, en este sentido, surge evidente que la entidad primeramente citada no se encuentra llamada a soportar las pretensiones de la demanda\u00bb. <\/p>\n
Remarc\u00f3 que \u00abpertinente resulta advertir que dicha fiduciaria nunca recibi\u00f3 los dineros que las contratantes primigenias solucionaron como parte del precio, ya que el encargo fiduciario que para ese prop\u00f3sito se constituy\u00f3 lo fue con Helm Trust S.A., la cual no fue convocada a este pleito, de tal modo que no existe ninguna raz\u00f3n jur\u00eddicamente v\u00e1lida que permita colegir que en Alianza Fiduciaria S.A. concurre la legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb. <\/p>\n
2.2. Igual falta de participaci\u00f3n en los negocios coligi\u00f3 de las personas naturales demandadas, porque \u00abtampoco hicieron parte de ese convenio y es que con independencia que se trate de los administradores de las sociedades demandadas, la verdad es que su vinculaci\u00f3n en este asunto ninguna utilidad representa en la medida que la controversia que se suscita gira en torno de unos contratos en los cuales Mauricio Rachid Garc\u00e9s obr\u00f3 en calidad de representante legal de El Retiro Centro Comercial y no en causa propia, ocurriendo similar situaci\u00f3n con Nelson Juli\u00e1n Bonilla Nieto, puesto que este ni siquiera hizo parte del mismo, ya que \u00e9ste ostentaba la condici\u00f3n de gerente o administrador de Aldea Proyectos Inmobiliarios, de quien como ya se advirti\u00f3 tampoco hizo parte de esa convenci\u00f3n. Ahora si en gracia de discusi\u00f3n se asumiera que se les demand\u00f3 en raz\u00f3n a que por lo menos el primero ostenta la calidad de socio de una sociedad que en la actualidad se encuentra en liquidaci\u00f3n, dicho argumento tampoco es suficiente para encontrar acreditado el elemento sustancial analizado, en la medida que para ello es necesario realizar un proceso de levantamiento del velo corporativo, el cual brilla por su ausencia dentro esta litis\u00bb. <\/p>\n
3. Prosigui\u00f3 el ad quem escrutando los negocios b\u00e1culo de las reclamaciones, junto a sus anexos No.1 y No. 2, dando por establecida su existencia y validez, desechando la petici\u00f3n de nulidad <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3, frente a Alianza Fiduciaria S.A., que como su relaci\u00f3n contractual fue con El Retiro Centro Comercial S.A., a trav\u00e9s del negocio jur\u00eddico de fiducia, que tuvo como objeto mantener a su nombre la titularidad de los inmuebles para que el fideicomitente \u00abpor cuenta y riesgo adelantara en dichos predios los proyectos, en tanto que dentro de sus obligaciones se encontraba la de transferir los bienes a la persona a quien corresponda\u00bb conforme a lo estipulado en el contrato o en la ley y, como tampoco fue demandada como vocera del patrimonio aut\u00f3nomo denominado Predios El Retiro, no se encuentra llamada a soportar las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3, que en la indagatoria rendida por el se\u00f1or Rachid, ante la Fiscal\u00eda 153 Delegada ante los Jueces del Circuito de Bogot\u00e1, afirm\u00f3: \u00abnosotros decidimos no asistir, en ese caso la promesa hasta donde yo entiendo quedaba resuelta o era mutuo disenso, sin embargo, ante nuestra buena fe seguimos las conversaciones y hab\u00edamos llegado a un acuerdo de que nosotros le arrendar\u00edamos directamente los locales por esta raz\u00f3n elaboramos el otro s\u00ed (sic) postergando la fecha de la escritura para el 7 de Diciembre de 2005\u2026que lleg\u00e1ramos a alg\u00fan acuerdo por [cuanto] en el contrato hab\u00eda unas arras de retracto de deshacer el negocio, ante la negativa de ella a cualquiera de esta soluciones no nos presentamos en la notar\u00eda a la firma de la escritura y con esa no presentaci\u00f3n hicimos uso del retracto que aparece en la promesa de compraventa\u00bb, lo que quiere decir que, fue el centro comercial quien autoriz\u00f3 el env\u00edo del otros\u00ed a las promitentes compradoras, que era conocedor de las condiciones all\u00ed plasmadas y que reconoci\u00f3 la intenci\u00f3n de no comparecer a la Notar\u00eda a la firma de la escritura. <\/p>\n
4. Estableci\u00f3 la colegiatura que las promitentes compradoras honraron sus obligaciones, en tanto que El Retiro Centro Comercial S.A. falt\u00f3 a sus compromisos. Pero adem\u00e1s, que \u00abel alegato de El Retiro Centro Comercial en punto que en el caso estudiado aconteci\u00f3 un mutuo disenso t\u00e1cito en raz\u00f3n a que ninguno de los contratantes asisti\u00f3 al otorgamiento de la escritura p\u00fablica para el d\u00eda 3 de agosto de 2005, en la Notar\u00eda 45 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, no puede tener acogida porque para esa \u00e9poca no se hab\u00eda constituido el reglamento de propiedad horizontal, dado que el mismo tan solo naci\u00f3 a la vida jur\u00eddica a trav\u00e9s del acto protocolario No. 3013 de la Notar\u00eda 39 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, adiada 25 de noviembre de 2005, de ah\u00ed que para la data primeramente se\u00f1alada resulta imposible que se efectuar\u00e1 la transferencia de dominio, lo que reafirma, a\u00fan m\u00e1s que fueron las razones antes expuestas las que obligaron a que se acordar\u00e1 ese otros\u00ed No. 2. Con todo, n\u00f3tese que finalmente dicho reparo -la falta de acceso a las terrazas- fue superado o aceptado por la actora a tal punto que en se\u00f1al de ello suscribi\u00f3 los otros\u00edes, de ah\u00ed que las argumentaciones efectuadas con referencia a este t\u00f3pico por los demandados no pueden ser avaladas en esta oportunidad. Concomitante con lo que viene de anotarse, se hace notar que, sin haberse resuelto las promesas suscritas entre las partes, los bienes prometidos en venta fueron transferidos a terceros otorg\u00e1ndoles no s\u00f3lo acceso a la terraza, sino que adem\u00e1s ese uso fue de manera exclusiva, tan solo un par de meses despu\u00e9s de ocurrida la inasistencia a la notar\u00eda, lo que pone de manifiesto el incumplimiento enrostrado al promitente vendedor\u00bb. <\/p>\n
5. Desech\u00f3 la exceptiva de prescripci\u00f3n, al estimar que la presentaci\u00f3n de la demanda interrumpi\u00f3 el t\u00e9rmino extintivo y el enteramiento del auto admisorio se realiz\u00f3 en la oportunidad prevista en el art\u00edculo 90 del CPC, hoy 94 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
6. Seguidamente, se ocup\u00f3 de las restituciones mutuas que como consecuencia de la resoluci\u00f3n contractual se imponen, trayendo a cuento los valores cancelados y las estipulaciones por arras y tras realizar las operaciones aritm\u00e9ticas correspondientes para su actualizaci\u00f3n concluy\u00f3, que los valores a restituir \u00abpara el local 205 o 231 el monto a reintegrar por parte de El Retiro Centro Comercial asciende a la suma de $435\u2019464.538,23, mientras que para el local 214 0 241, ser\u00e1 la suma de $895\u2019704.716,97\u00bb, sin que los promitentes compradores tuvieran correlativamente obligaci\u00f3n alguna [frutos o mejoras), ya que nunca recibieron los locales <\/p>\n
7. En punto de los perjuicios, conforme a las previsiones del art\u00edculo 1600 del C\u00f3digo Civil, que proh\u00edbe la concurrencia en el cobro de estos y de la cl\u00e1usula penal, salvo pacto expreso de las partes, dictamin\u00f3 que en este espec\u00edfico caso \u00abse infiere que la penalidad prevista fue ese monto del 25% del precio de los contratos, eso y nada m\u00e1s. En ese valor se cuantific\u00f3 el incumplimiento, sin que quepa en opini\u00f3n de la Sala la posibilidad atendiendo la literalidad del clausulado transcrito de ampliarlo al ahora solicitado, m\u00e1s a\u00fan cuando en el sub-examine, como se anota m\u00e1s adelante, si bien es cierto la parte actora atribuy\u00f3 actuar doloso y de mala fe, circunscribi\u00f3 la primera de las conductas en cabeza de las personas naturales convocadas: Mauricio Rachid Garc\u00e9s y Nelson Juli\u00e1n Bonilla Nieto, se\u00f1alamiento del que excluy\u00f3 a las personas jur\u00eddicas que ubic\u00f3 como prometientes vendedores, ahora convocadas, lo que neutraliza la opci\u00f3n, con \u00e9xito, de incrementar o a\u00f1adirle un perjuicio calificado de adicional atendiendo la directriz del referido art\u00edculo 1616\u00bb, apoy\u00e1ndose en un concepto doctrinal y precedentes de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Definido as\u00ed que los perjuicios corresponden a las arras pactadas anot\u00f3, que \u00abcomo quiera que fue el vendedor quien se retract\u00f3 del acuerdo negocial celebrado, este deber\u00e1 devolver las arras dobladas, de ah\u00ed que si las promitentes compradoras entregaron por dicho concepto las sumas de $121\u2019047.500,oo y $232\u2019575.000,oo, por los locales 205 y 214, respectivamente, en tanto que el valor doblado equivale a las sumas de $242\u2019095.000,oo y $465.150.000,oo para cada uno de las promesas de compraventas ordenadas resolver\u00bb, sin que hubiera lugar a indexar dichos valores. <\/p>\n
8. Al ocuparse de las tituladas \u00abpretensiones segundas principales\u00bb, descalific\u00f3 que el juzgador de primer nivel pasara por alto que en las principales se invocara una acci\u00f3n contractual, en tanto que en estas una extracontractual, desatendiendo las previsiones del art\u00edculo 82 del entonces C\u00f3digo de Procedimiento Civil -vigente para cuando se present\u00f3 la demanda-. Pese a ello abord\u00f3 su estudio para desestimarlas, en raz\u00f3n a que Mauricio Rachid Garc\u00e9s y Nelson Juli\u00e1n Bonilla Nieto, intervinieron en los negocios atacados \u00aben calidad de representantes legales, uno del El Retiro Centro Comercial S.A. y, el otro, de Aldeas Proyectos S.A.S., este \u00faltimo en desarrollo de un contrato de gerencia de proyecto, empero, de las vicisitudes que rodearon esos pactos negociales no aflora con identidad propia ni la conducta dolosa ni la actuaci\u00f3n de mala fe de esos convocados a la litis. Ese aspecto acusa deficiencia probatoria por ausencia de la misma, no debi\u00e9ndose confundir con el incumplimiento de esas promesas, que se le dedujo al centro comercial referido\u00bb. <\/p>\n
9. Igual fracaso se coligi\u00f3 respecto de Alianza Fiduciaria S.A., por cuanto la obligaci\u00f3n que \u00e9sta adquiri\u00f3 en el contrato fiduciario fue de medio, sin que se hallara demostrado que la entidad hubiera \u00abincumplido sus obligaciones de orden contractual y legal, en raz\u00f3n a que por las caracter\u00edsticas propias de la fiducia inmobiliaria de administraci\u00f3n era El Retiro Centro Comercial S.A. el encargado de informarle a quien deb\u00edan transferirse las unidades privadas resultantes de ese proyecto constructivo, sumado a la circunstancia que ni siquiera se logr\u00f3 demostrar con el rigor que se requiere que dicha entidad era conocedora de las personas con las cuales se hab\u00edan firmado promesas de compraventa, pues iterase, que entre la promitente compradora y la fiduciaria no existi\u00f3 ning\u00fan v\u00ednculo contractual. De ah\u00ed que resulta desacertado afirmar que dicha sociedad incumpli\u00f3 sus deberes profesionales y actu\u00f3 con negligencia al transferir los bienes prometidos en venta objeto de este litigio a terceras personas, puesto que una vez ejercido el derecho de retracto por parte de El Retiro Centro Comercial, \u00e9ste estaba en plena libertad de disponer de los bienes a su antojo y darlos en venta a un tercero, como en efecto ocurri\u00f3 en el caso aqu\u00ed estudiado, porque una de las consecuencias jur\u00eddicas del retracto es que el contratante cumplido solamente puede solicitar la resoluci\u00f3n m\u00e1s no su cumplimiento\u00bb. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
En la demanda que soporta el recurso extraordinario el censor formul\u00f3 seis (6) cargos de los cuales mediante auto AC2412-2022 de 30 de junio se inadmitieron el segundo y tercero e impulsaron a tr\u00e1mite el primero, cuarto, quinto y sexto, de estos, los dos \u00faltimos se despacharan de manera conjunta, puesto que el uno arropa el otro, adem\u00e1s de ser similares las normas que se aducen vulneradas y merecer argumentos comunes. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
1. Se acus\u00f3 la sentencia impugnada de violar de manera indirecta el \u00abart\u00edculo 335 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; los art\u00edculos 1544, 1546, 1600, 1602, 1603, 1615, 1617, 1859 y 1861 del C\u00f3digo Civil; los art\u00edculos 825, 861, 866, 867, 870, 871, 884, 1226, 1234 y 1243 del C\u00f3digo de Comercio; y el art\u00edculo 89 de la Ley 153 de 1887, como consecuencia de error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda\u00bb. <\/p>\n
Emprendi\u00f3 la alegaci\u00f3n afirmando que, se equivoc\u00f3 el Tribunal al considerar que las \u201csegundas pretensiones principales\u201d eran incompatibles y se acumularon indebidamente a las \u201cprimeras principales\u201d, por haber sido aquellas de \u00edndole contractual y las segundas de naturaleza extracontractual pues, a su juicio, tal afirmaci\u00f3n es consecuencia de varios errores, a saber: <\/p>\n
i) Indebida interpretaci\u00f3n de las pretensiones, en la medida en que, el precedente jurisprudencial habilita la acumulaci\u00f3n en la demanda de pedimentos contractuales contra un demandado y extracontractuales frente a otro, como es el caso de la SC780-2020, mar. 10, Exp. 18001-31-03- 001-2010-00053-01, de la cual trascribe algunos apartes. <\/p>\n
Insisti\u00f3 en que, \u00abni desde el punto de vista procesal (acumulaci\u00f3n de pretensiones) ni desde el punto de vista sustancial (compatibilidad de acciones sustanciales) hab\u00eda impedimento alguno para que la actora encaminara sus reclamos por la v\u00eda contractual contra el due\u00f1o y constructor del proyecto inmobiliario, y por la v\u00eda extracontractual contra la fiduciaria, a nombre propio, por la infracci\u00f3n culpable de sus deberes legales y profesionales\u00bb. <\/p>\n
ii) Omisi\u00f3n en la apreciaci\u00f3n de los pedimentos contenidos en las \u201cpretensiones subsidiarias\u201d encaminados a que se declarara la responsabilidad civil que se endilg\u00f3 a Alianza Fiduciaria S.A., apoyado en que la misma deb\u00eda formularse de manera subsidiaria por ser de \u00edndole extracontractual, aun cuando el libelo revela que as\u00ed tambi\u00e9n se plante\u00f3. <\/p>\n
iii) Equivocada atribuci\u00f3n del car\u00e1cter de extracontractual a las \u201csegundas pretensiones principales\u201d, sin que as\u00ed se hubiese dispuesto en la demanda, lo que implica que, la falencia predicada por el fallador fue creada por \u00e9l mismo. <\/p>\n
iv) Yerro en la valoraci\u00f3n de las pretensiones enfiladas frente a la fiduciaria puesto que, contrario a lo advertido por el sentenciador, la responsabilidad que se le endilg\u00f3 a Alianza fue por infringir los deberes profesionales, lo cual trasciende la distinci\u00f3n entre contractual y extracontractual, asunto que ha sido objeto de pronunciamiento de esta Corporaci\u00f3n, citando apartes de la sentencia SC5430-2021, de 7 de diciembre. Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001310301020140106801. <\/p>\n
2. Para enrostrar la trascendencia del error explic\u00f3, que si el ad quem hubiese interpretado la demanda en la forma que realmente estaba redactada frente a Alianza Fiduciaria S.A., valga decir, como una responsabilidad profesional especial, seg\u00fan el postulado de buena fe (art. 1603 CC y 871 del C.Co.), la cl\u00e1usula general de responsabilidad ata\u00f1edera a no causar da\u00f1o a los bienes intereses o derechos ajenos (art. 2341 CC), y de la cl\u00e1usula especial de responsabilidad legal de las fiduciarias (art. 1234 C.Co), habr\u00eda tenido que concluir que aquella es solidariamente responsable de los da\u00f1os ocasionados a la activante por la negligencia \u00aben el ejercicio de su labor como profesional del negocio fiduciario\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, pese a mencionar el fallo que se estudiar\u00eda la responsabilidad de la fiduciaria desde la panor\u00e1mica extracontractual, otro fue su proceder, porque concret\u00f3 sus consideraciones a exponer que la sociedad mencionada no obr\u00f3 en contra de las estipulaciones del contrato, sin referirse \u00aba los contornos de la responsabilidad que emana del contrato con efectos exclusivos para las partes toda vez que desestim\u00f3 la pretensi\u00f3n deducida en contra de esta demandada con base en una estipulaci\u00f3n contractual que (\u2026) no guarda ninguna correspondencia con el reproche de la conducta profesional de la administradora del fideicomiso, como lo es el Par\u00e1grafo q de la cl\u00e1usula 8.1 del contrato de fiducia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Para el cumplimiento adecuado de la funci\u00f3n judicial, el ordenamiento ha impuesto a los juzgadores el cabal respeto del principio de consonancia, en virtud del cual \u00abla sentencia deber\u00e1 estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las dem\u00e1s oportunidades que este c\u00f3digo contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si as\u00ed lo exige la ley\u00bb (art. 281 C.G.P.). Labor que en no pocas ocasiones se torna dif\u00edcil, en raz\u00f3n a la falta de claridad del escrito inaugural, evento en el cual deber\u00e1 el fallador interpretar la misma, sin que en ese labor\u00edo pueda sustituir la voluntad de la parte. <\/p>\n
Dada la importancia que tiene la apreciaci\u00f3n de la demanda, como elemento de convicci\u00f3n dentro del juicio, el legislador ha contemplado la posibilidad de cuestionar su ejercicio a trav\u00e9s de la causal segunda de casaci\u00f3n, evento en el cual el casacionista estar\u00e1 compelido a demostrar que el entendimiento dado tergivers\u00f3, de modo evidente, su texto haci\u00e9ndolo decir lo que no expresa o cercenando su real contenido \u00aba ra\u00edz de lo cual fija los hechos y peticiones de la misma que en su sentir estructuran la disputa judicial de que conoce, y como consecuencia de ese ejercicio cae en la equivocaci\u00f3n consistente en considerar uno o varios hechos ajenos a la causa o en definir una petici\u00f3n que no le ha sido formulada\u00bb (CSJ SC de 8 de abr. de 2003 Exp. 7844, reiterada SC de 6 de mayo. de 2009, Exp. 2002-00083). <\/p>\n
2. Respecto de la demostraci\u00f3n del error de hecho por indebida interpretaci\u00f3n de la demanda esta Corporaci\u00f3n, de vieja data, ha sostenido que <\/p>\n
para que \u00e9sta clase de yerro f\u00e1ctico en la interpretaci\u00f3n de la demanda pueda alegarse con \u00e9xito como punto de partida de un cargo en casaci\u00f3n, tiene que ser ostensible o manifiesto, es decir que a primera vista se presente como una disconformidad con lo que el contenido objetivo de la demanda indica; que \u00abLas dudas o vacilaciones sobre la inteligencia de una demanda est\u00e1n indicando de suyo que la prevalencia de una cualquiera de sus aceptables interpretaciones no puede l\u00f3gicamente estimarse como algo manifiestamente err\u00f3neo\u00bb, porque si ninguna de ellas desborda el objetivo de dicho libelo, la elecci\u00f3n que haga el sentenciador en nada contradice la evidencia que dicho escrito ostenta (G.J. Tomo LXVII, p\u00e1g. 434). De ah\u00ed que, como lo dijo la Corte en su fallo d\u00e9 18 de mayo de 1972 y lo reiter\u00f3 en el pronunciado el 1\u00ba de abril de 1975, ambos citados anteriormente, que \u00abcuando uno de los hechos afirmados en la demanda incoativa del proceso, ya sea que se le considere aisladamente o ya en conjunto con otro u otros para su definici\u00f3n jur\u00eddica, ofrece dos o m\u00e1s interpretaciones l\u00f3gicas, ninguna de las cuales desborda el objetivo de dicho libelo, puede el sentenciador elegir una u otra, sin que su conducta implique error de hecho manifiesto porque tal proceder no entra\u00f1a arbitrariedad, ni contradice la evidencia que ese escrito ostenta. (CSJ SC de 14 de oct. de 1993, Exp. 3794, reiterado SC1905-2019 de 4 de jun. Rad. 2011-00271-01). <\/p>\n
3. La acusaci\u00f3n cr\u00edtica, en lo medular, dos aspectos (i) que el tribunal hubiera considerado la existencia de una indebida acumulaci\u00f3n de pretensiones y (ii.) que de la interpretaci\u00f3n realizada se hubiera inferido la no responsabilidad de la fiduciaria, al restringir el an\u00e1lisis de la responsabilidad contractual, cuando lo pretendido es una especial derivada de la actividad profesional que \u00e9sta desarrolla. <\/p>\n
3.1. En punto de lo primero, es palmario que el tribunal, al adentrarse al estudio de las tituladas \u00abpretensiones segundas principales\u00bb sostuvo, que \u00abcon arreglo art\u00edculo 82 del entonces C\u00f3digo Procedimiento Civil vigente para cuando se produjo la presentaci\u00f3n de esta demanda -12 de noviembre de 2015-, pas\u00f3 inadvertido para el Juez de primer grado la existencia de una indebida acumulaci\u00f3n de pretensiones al contrastarla con las denominadas: \u201cPrimeras principales\u201d, pues en tanto que en esta \u00faltima se invoca una acci\u00f3n contractual, en la primeramente mencionada se reclama una de orden extracontractual, postulaci\u00f3n que ri\u00f1e con las directrices que emanan del precitado art\u00edculo 82, en la medida que entiende esta Sala que las segundas principales deb\u00edan acomodarse como pedimento subsidiario, inferencia que dimana del contraste que se hace del contenido del numeral 2\u00ba con el inciso final del numeral 3\u00ba, es decir, no aplica en este caso la subsanaci\u00f3n del defecto avistado\u00bb. <\/p>\n
Al respecto hay que apuntar que, ciertamente, el art\u00edculo 82 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil2 -hoy 88 del C.G.P.- regulaba el fen\u00f3meno de la acumulaci\u00f3n de pretensiones, en desarrollo del principio de econom\u00eda procesal, en virtud del cual es v\u00e1lido que el demandante, haga todas aquellas reclamaciones que considere pertinentes derivadas de una misma causa, para que sean tramitados en un mismo proceso y resueltas en un solo fallo, siempre que se satisfagan a plenitud los requerimientos que para su procedencia ha previsto el legislador. <\/p>\n
Dicho fen\u00f3meno, como se sabe, puede tener diversas modalidades desde el aspecto objetivo o subjetivo, sea que se acumulen diversas pretensiones contra un mismo demandado, -aunque no sean conexas entre s\u00ed- o se formulen por varios demandantes o contra varios demandados. <\/p>\n
Ha sido constante la doctrina y jurisprudencia sobre la acumulaci\u00f3n de pretensiones en s\u00ed misma consideradas, indicando que est\u00e1 podr\u00eda ser \u201csimple\u201d, \u201calternativa\u201d o \u201ceventual o subsidiaria\u201d, en donde la forma del planteamiento demarcar\u00e1 la obligatoriedad del funcionario para pronunciarse o no respecto de cada una de ellas. <\/p>\n
En la primera tipolog\u00eda todas las pretensiones se formulan de manera concurrente, conservando plena autonom\u00eda; mientras que las alternativas el actor reclama dos o m\u00e1s actuaciones distintas, sin privilegiar una u otra, pero que al abrirse paso cualquiera de ellas basta para definir el juicio; en tanto que en las \u00faltimas mencionadas \u00abel actor pide al \u00f3rgano jurisdiccional, en primer t\u00e9rmino, una sola actuaci\u00f3n; pero en segundo lugar, subordinadamente, para el caso de que la primera pretensi\u00f3n sea denegada, formula otra pretensi\u00f3n\u00bb3. <\/p>\n
Referente a la acumulaci\u00f3n de pretensiones en acciones responsabilidad civil, esta Corte ha destacado la inviabilidad de que por v\u00eda de pretensiones principales se pueda reclamar por la misma persona o frente a un sujeto espec\u00edfico de forma simult\u00e1nea ambos tipos de responsabilidad -contractual y extracontractual- dadas las caracter\u00edsticas propias de cada una. <\/p>\n
Empero, igualmente ha admitido que, en virtud del principio de econom\u00eda procesal, frente a la ocurrencia de un hecho da\u00f1oso sea pasible que en una misma demanda se puedan acumular reclamaciones por varias personas o contra m\u00e1s de un demandado, tanto por el desacato a un deber contractual, como la reparaci\u00f3n de los da\u00f1os ocurridos ex\u00f3geno a este. <\/p>\n
Tal ocurre por ejemplo, cuando por la deficiente prestaci\u00f3n de los servicios de salud que generan un da\u00f1o al paciente y este, ante su vinculaci\u00f3n con la Entidad Prestadora de Salud, invoca en su favor la responsabilidad contractual, mientras que sus parientes o terceros directamente afectados por dicha causa pueden en una misma demanda pedir para s\u00ed la declaraci\u00f3n de responsabilidad extracontractual, con el fin de que el juzgador se pronuncie de manera simult\u00e1nea, pero independiente, respecto de todas esas reclamaciones, a condici\u00f3n de que su formulaci\u00f3n se verifique con la absoluta claridad, que no deje rastros de ambig\u00fcedad o entremezclamientos por irrespetar las directrices propias de esta tipolog\u00eda de acumulaci\u00f3n. <\/p>\n
3.1.1. En la cr\u00edtica examinada, el recurrente refut\u00f3 la inferencia argumentativa del juzgador ad quem, referida a la inviabilidad de acumular una reclamaci\u00f3n de responsabilidad contractual a una extracontractual, aspecto que, aun cuando desacertado, en modo alguno configura error en la interpretaci\u00f3n de la demanda, toda vez que no es consecuencia de la desfiguraci\u00f3n del contenido material del libelo como medio demostrativo, sino un criterio jur\u00eddico del juzgador frente a las pautas legales y jurisprudenciales atinentes a la acumulaci\u00f3n de las pretensiones, determinante para la resoluci\u00f3n de las diversas pretensiones planteadas por el actor, aspecto que no se enmarca dentro del error de hecho, pues como ya se advirti\u00f3 este se da en raz\u00f3n de la apreciaci\u00f3n material del elemento demostrativo ora de la demanda o su contestaci\u00f3n que conducen a la transgresi\u00f3n de normas sustanciales (violaci\u00f3n medio) y no por causa directa de los razonamientos jur\u00eddicos del funcionario. <\/p>\n
A lo anotado se agrega que, si como lo enrostra el recurrente, a consecuencia de aquel planteamiento jur\u00eddico del fallador ad quem se dej\u00f3 de resolver alguna de las reclamaciones invocadas por el demandante, es asunto que conllevar\u00eda afectaci\u00f3n al principio de consonancia y, por tanto, su cuestionamiento ser\u00eda propio de la causal tercera, lo que lleva al traste el reparo as\u00ed planteado en esta acusaci\u00f3n. <\/p>\n
3.1.2. Atinente al disgusto referido a que, debido a la pretensa indebida apreciaci\u00f3n de la demanda por parte del iudex plural, se desecharon los reclamos contra la Fiduciaria, pasando por alto que la s\u00faplica frente a \u00e9sta se enfil\u00f3 por no cumplir con los deberes profesionales que su actividad le imponen, tampoco se abre paso. <\/p>\n
Esto es as\u00ed, porque seg\u00fan se indic\u00f3 en precedencia, el error de hecho por indebida interpretaci\u00f3n de la demanda lleva inmerso un ejercicio desquiciante por parte del juzgador de dicha pieza procesal como medio de demostrativo, que lo lleva a suponer o alterar su real contenido, haci\u00e9ndolo decir lo que no expresa o lo cercena, conducta que no es predicable en el sub-lite, como pasa a verse. <\/p>\n
En el libelo introductor, tras hacer remembranza de los antecedentes del desarrollo del proyecto, entre ellos la celebraci\u00f3n de los contratos fiduciarios que para el efecto se celebraron, como fue el de fiducia inmobiliaria con Fiduciaria Alianza, encargada \u00abde la administraci\u00f3n de las unidades inmobiliarias resultantes, y de escriturarlas y transferirlas a sus adquirentes\u00bb, se le restreg\u00f3, que <\/p>\n
\u00abno cumpli\u00f3 con sus deberes de fiduciaria, desprotegi\u00f3 a las promitentes compradoras, escritur\u00f3 a personas diferentes, y no cuid\u00f3 de los dineros que hab\u00edan entregado a la fiducia como parte del precio de las prometidas en ventas. Fue claramente negligente en el cumplimiento de sus deberes como fiduciaria. La presencia de una fiduciaria en este tipo de operaciones despierta confianza en los inversionistas. Esa confianza fue traicionada por la fiduciaria que se limit\u00f3 simplemente a una actividad de parqueo de los inmuebles con la constructora, sin importarle la situaci\u00f3n, riesgo o fraude a los inversionistas. <\/p>\n
La Fiduciaria Alianza acompa\u00f1\u00f3 a la familia Rachid en su proyecto desde la gestaci\u00f3n del mismo, no fue un mero convidado de piedra y su deber como fiduciaria, participante en un proyecto inmobiliario, debi\u00f3 ser m\u00e1s proactivo en la defensa de los intereses de los promitentes compradores\u00bb. <\/p>\n
Acorde con estos supuestos f\u00e1cticos, se inst\u00f3 de la jurisdicci\u00f3n declarar que la referida entidad \u00abdesatendi\u00f3 sus deberes como fiduciaria y en consecuencia es solidaria y civilmente responsable por su negligente manejo del patrimonio aut\u00f3nomo\u2026\u00bb (segundas principales); o bien que \u00abes civilmente responsable, por su negligente manejo del patrimonio aut\u00f3nomo, de todos los perjuicios ocasionados a la demandante\u00bb (primeras subsidiarias). Y, consecuentemente, se le condene al pago de los perjuicios detallados en la demanda. <\/p>\n
Planteada as\u00ed la causa, el tribunal, al examinar lo concernientes al desacato de los deberes contractuales de los extremos en litigio, coligi\u00f3 la existencia de falta de legitimaci\u00f3n en la causa de la fiduciaria, porque \u00e9sta \u00abno hizo parte de los precitados convenios, como quiera que su relaci\u00f3n contractual lo fue con El Retiro Centro Comercial S.A. a trav\u00e9s del negocio jur\u00eddico de fiduciaria que tuvo como objeto que la primera mantuviera la titularidad jur\u00eddica de los bienes inmuebles que le fueron fideicomitidos, permitiendo que el fideicomitente por cuenta y riesgo adelantara en dichos predios los proyectos en tanto que dentro de sus obligaciones se encontraba la de transferir los bienes a la persona a quien corresponda conforme el contrato o de acuerdo a lo previsto en la ley, una vez concluido el negocio fiduciario (fls. 789 a 807 C. ib), sumado al hecho de no hab\u00e9rsele demandado como vocera del patrimonio aut\u00f3nomo denominado \u201cpredios el retiro\u201d, en este sentido surge evidente que la entidad primeramente citada no se encuentra llamada a soportar las pretensiones de la demanda\u00bb. <\/p>\n
Basado en este an\u00e1lisis resolvi\u00f3 \u00abDeclarar probada la excepci\u00f3n de FALTA DE LEGITIMACI\u00d3N EN LA CAUSA POR PASIVA en la acci\u00f3n contractual interpuesta por Alianza Fiduciaria S.A. (resalta la Sala). <\/p>\n
Pero el tribunal no se detuvo all\u00ed, puesto que, si bien hizo la acotaci\u00f3n sobre la presunta indebida acumulaci\u00f3n de pretensiones, examin\u00f3 la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la Fiduciaria de cara a los reclamos invocados, para establecer si le era imputable \u201calg\u00fan tipo de responsabilidad\u201d. <\/p>\n
En esta direcci\u00f3n evalu\u00f3 el alcance de las estipulaciones del contrato de fiducia, las caracter\u00edsticas propias de este negocio jur\u00eddico, las directrices que lo gobiernan, entre ellas la Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica de la Superintendencia Financiera, los deberes que de \u00e9l emanan, as\u00ed como precedente de esta Corporaci\u00f3n en relaci\u00f3n con el tema, para colegir, que: <\/p>\n
De ah\u00ed que resulta desacertado afirmar que dicha sociedad incumpli\u00f3 sus deberes profesionales y actu\u00f3 con negligencia al transferir los bienes prometidos en venta objeto de este litigio a terceras personas, puesto que una vez ejercido el derecho de retracto por parte de El Retiro Centro Comercial, \u00e9ste estaba en plena libertad de disponer de los bienes a su antojo y darlos en venta a un tercero, como en efecto ocurri\u00f3 en el caso aqu\u00ed estudiado, porque una de las consecuencias jur\u00eddicas del retracto es que el contratante cumplido solamente puede solicitar la resoluci\u00f3n m\u00e1s no su cumplimiento.(se resalta). <\/p>\n
Es claro entonces, que el enjuiciador de segunda instancia no limit\u00f3 el an\u00e1lisis de la responsabilidad de la fiduciaria a un tipo espec\u00edfico, puesto que, aun cuando abri\u00f3 campo a la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n en causa desde el aspecto contractual, evalu\u00f3 su desempe\u00f1o profesional hasta inferir la ausencia de \u201cnegligencia\u201d en su proceder, que justificara acceder a la imputaci\u00f3n de \u201calg\u00fan tipo de responsabilidad\u201d. Y, siendo esa pretensa negligencia el soporte esencial de los reclamos izados, es plausible la comprensi\u00f3n que se hiciera por el enjuiciador del libelo demandatorio, lo que torna inf\u00e9rtil el cargo. <\/p>\n
CARGO CUARTO <\/p>\n
1. Endilg\u00f3 al pronunciamiento violaci\u00f3n indirecta de los \u00abart\u00edculos 1546, 1600, 1602, 1603, 1615, 1618, 1621, 1859 y 1861 del C\u00f3digo Civil; as\u00ed como de los art\u00edculos 825, 861, 866, 867, 870, 871, 884, 1226, 1234 y 1243 del C\u00f3digo de Comercio, por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb. <\/p>\n
2. Para la demostraci\u00f3n memor\u00f3 las razones por las cuales el tribunal declar\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa de Alianza Fiduciaria S.A., entre estas, el contenido del par\u00e1grafo 1 de la Cl\u00e1usula 8.1. del contrato de fiducia sosteniendo, que \u00aben el intrincado y oscuro razonamiento del Tribunal, la fiduciaria no incumpli\u00f3 sus deberes legales porque no asumi\u00f3 la obligaci\u00f3n contractual de conocer las escrituras de promesa de compraventa; pasando por alto que eran sus obligaciones legales, precisamente, las que le impon\u00edan el deber de conducta de ejercer un estricto control sobre los aludidos documentos. El juzgador de segunda instancia, en suma, eximi\u00f3 de responsabilidad a la fiduciaria debido a la falta de una cl\u00e1usula contractual que le impusiera las obligaciones consagradas en la ley, lo que evidentemente envuelve una contradicci\u00f3n l\u00f3gica y jur\u00eddica de enormes dimensiones\u00bb y, en la existencia de otra que la liberaba de la responsabilidad surgida con ocasi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la obra, la estabilidad y calidad de la misma, los plazos de entrega, el precio y dem\u00e1s obligaciones relacionadas con el proyecto. <\/p>\n
2.1. Acus\u00f3 al sentenciador de valorar inadecuadamente el par\u00e1grafo II de la cl\u00e1usula cuarta, al atribuirle facultad de retracto \u00abcuando a lo largo de toda la sentencia sostuvo que no pod\u00eda interpretarse de ese modo sino como una \u201ccl\u00e1usula penal\u201d o estimaci\u00f3n convencional de los perjuicios ocasionados a las promitentes compradoras con el incumplimiento de las obligaciones a cargo de El Retiro Centro Comercial S.A.; lo que evidentemente envuelve un error material de apreciaci\u00f3n del referido medio de prueba, pues no es posible valorarlo de una manera para unos fines y de otra para otros prop\u00f3sitos\u00bb. <\/p>\n
2.2. Manifest\u00f3 que el Tribunal se equivoc\u00f3 en la evaluaci\u00f3n de la cl\u00e1usula 1.2. del contrato de fiducia, de la cual deduce que \u00abcontrario al an\u00e1lisis que el Tribunal hizo del referido contrato de fiducia, a partir del cual no hall\u00f3 ninguna obligaci\u00f3n de la fiduciaria frente a los adquirentes de \u00e1rea, la anterior estipulaci\u00f3n contractual no deja dudas de que la fiduciaria s\u00ed supo desde un comienzo que la finalidad del fideicomiso que administraba era transferir \u201cel derecho real de dominio sobre las unidades resultantes del proyecto en el mismo documento mediante el cual EL FIDEICOMITENTE efect\u00fae la venta de las respectivas unidades\u201d\u00bb y \u00abno le era dable justificar su negligencia bajo el pretexto de que no conoc\u00eda el contenido de las promesas de compraventa\u00bb. <\/p>\n
2.3. Descalific\u00f3 tambi\u00e9n la comprensi\u00f3n que diera a la cl\u00e1usula 5.1. que consagra las instrucciones que deb\u00eda seguir Alianza para el desarrollo del objeto del contrato, entre ellas, la de realizar la transferencia del derecho de dominio a los adquirentes de \u00e1rea, pues era claro que la fiduciaria no solo ten\u00eda conocimiento de la finalidad del fideicomiso (cumplimiento de las promesas de compraventa), sino que recibi\u00f3 la instrucci\u00f3n de suscribir las escrituras p\u00fablicas de compraventa para perfeccionar las promesas, por lo que, al no hacerlo, deb\u00eda el juzgador \u00abendilgarle responsabilidad por su incumplimiento (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.4. Encontr\u00f3 fallas en el examen de la cl\u00e1usula 7.1. del contrato de fiducia que contiene las obligaciones de Alianza, pues si hubiese sido acertada su valoraci\u00f3n, habr\u00eda advertido el incumplimiento de \u00e9sta, especialmente, del deber de transferir los bienes a la persona a quien correspond\u00eda y, consecuencialmente, la legitimaci\u00f3n de los promitentes compradores para solicitar la indemnizaci\u00f3n de perjuicios causados con la desatenci\u00f3n de sus compromisos. <\/p>\n
2.5. Expres\u00f3 falencia en la apreciaci\u00f3n de la cl\u00e1usula 7.4., que evidencia la obligaci\u00f3n del \u201cfideicomitente\u201d frente a Alianza de indicar las personas a quienes el fideicomiso ratificar\u00eda la venta de las unidades, \u00abello no exim\u00eda de responsabilidad a la fiduciaria, toda vez que \u00e9sta ten\u00eda el deber legal, contractual y profesional de exigir a la fideicomitente el cumplimiento de la anterior obligaci\u00f3n con el fin de cumplir el objeto del contrato de fiducia; pues en la cl\u00e1usula 7.4-1 del mismo asumi\u00f3 la obligaci\u00f3n de \u201crealizar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato\u201d, obligaci\u00f3n que, adem\u00e1s es de origen legal (art\u00edculo 1234 del C\u00f3digo de Comercio)\u00bb. <\/p>\n
2.6. Advirti\u00f3 desacierto en la apreciaci\u00f3n del par\u00e1grafo 1 de la cl\u00e1usula 8.1., que deriv\u00f3 en la atribuci\u00f3n de un alcance distinto al que se deduce de su contenido, por cuanto el tribunal consider\u00f3 que dicha estipulaci\u00f3n exoner\u00f3 de cualquier responsabilidad a Alianza, siendo que en \u00e9sta \u00abno se dispuso nada acerca de su responsabilidad por incumplir su obligaci\u00f3n de transferir el dominio de los bienes fideicomitidos a los respectivos adquirentes de \u00e1rea o promitentes compradores\u00bb. <\/p>\n
Ello, porque dicha estipulaci\u00f3n s\u00f3lo establece eximentes por cuestiones ajenas al objeto mismo de la fiducia, como fue la ejecuci\u00f3n de la obra, estabilidad y calidad de la misma, plazos de entrega, precio y dem\u00e1s obligaciones relacionadas con el proyecto, as\u00ed como tampoco, por el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el \u201cfideicomitente\u201d frente a los aportantes, al ser responsabilidad \u00fanica de aquel; cl\u00e1usula que, seg\u00fan aleg\u00f3, desde ning\u00fan punto de vista revela la liberaci\u00f3n de su carga de transferir el dominio de los bienes a los promitentes compradores, \u00ab[P]ero no fue por ninguno de esos incumplimientos que se endilg\u00f3 responsabilidad a la fiduciaria, sino \u2013como se ha explicado con insistencia\u2013 por su actuaci\u00f3n negligente en el ejercicio de su labor de administradora del fideicomiso, en aras de lograr el objeto del negocio fiduciario y, concretamente, por no ejercer ning\u00fan tipo de control sobre los contratos de promesa e incumplir los deberes de conducta que le impon\u00edan la obligaci\u00f3n de suscribir las escrituras p\u00fablicas de transferencia de dominio a los promitentes compradores de los locales comerciales\u00bb. <\/p>\n
3. Tambi\u00e9n detect\u00f3 error en la valoraci\u00f3n de los contratos de promesa de compraventa celebrados el 3 de junio de 2003 entre El Retiro Centro Comercial S.A. y Gestiones Comerciales Ltda. e Irma Sus Pastrana, puntualmente, de la cl\u00e1usula quinta, relativa a la tradici\u00f3n de los bienes, en la que se \u00abpuso en conocimiento de las promitentes compradoras que Alianza Fiduciaria S.A. era la titular de los inmuebles sobre los que se construir\u00eda el centro comercial del que formar\u00edan parte los locales comerciales prometidos en venta, toda vez que era la vocera y administradora del fideicomiso o patrimonio aut\u00f3nomo al que se transfiri\u00f3 la propiedad de dichos predios para el cumplimiento del fin encomendado a la fiduciaria\u00bb, con lo cual les cre\u00f3 la confianza y la creencia de que el proyecto contaba con el respaldo y seriedad de la fiduciaria. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que \u00aben estricto sentido jur\u00eddico, la fideicomitente prometi\u00f3 en venta una cosa ajena, pues admiti\u00f3 expresamente en el contenido de la cl\u00e1usula citada que la fiduciaria era la propietaria de los locales comerciales prometidos en venta, pues los inmuebles le fueron transferidos en calidad de administradora del fideicomiso que se conform\u00f3 con ellos\u00bb, motivo por el cual, justamente, era la llamada \u00aba ratificar los contratos de compraventa mediante la suscripci\u00f3n de las respectivas escrituras p\u00fablicas, tal como se estipul\u00f3 en el contrato de fiducia\u00bb. <\/p>\n
Anot\u00f3 que \u00abal admitir la fiduciaria que el objeto de la fiducia era la transferencia del dominio de los locales comerciales seg\u00fan los contratos de promesa celebrados o por celebrar por el fideicomitente, y al haber recibido expresamente la instrucci\u00f3n irrevocable de suscribir las respectivas escrituras p\u00fablicas a favor de los promitentes compradores o adquirentes de \u00e1rea, aval\u00f3 de antemano el contenido de dichas promesas, por lo que no ten\u00eda ninguna justificaci\u00f3n legal o contractual para incumplirlas\u00bb. <\/p>\n
Cerr\u00f3 este aparte se\u00f1alando, que \u00absi la fiduciaria no realiz\u00f3 la labor de diligencia a la que se comprometi\u00f3 para lograr el objeto de la fiducia y nada le import\u00f3 la suerte que corrieran las promesas de compraventa que estaba legal y contractualmente obligada a avalar o ratificar, al punto de no saber siquiera qui\u00e9nes eran los promitentes compradores, o si ambas partes estaban cumpliendo o no las obligaciones contra\u00eddas en las promesas, tales omisiones son demostrativas de su culpa, mas no de su ausencia de responsabilidad como erradamente supuso el Tribunal\u00bb. <\/p>\n
4. Por la misma l\u00ednea, reproch\u00f3 la falta de valoraci\u00f3n de la confesi\u00f3n del representante legal de la fiduciaria, quien respondi\u00f3, al ser interrogado sobre las gestiones realizadas por dicha sociedad, que s\u00f3lo segu\u00eda instrucciones y no ejerc\u00eda ning\u00fan control sobre la escrituraci\u00f3n y el cumplimiento de promesas, es decir, reconoci\u00f3 que falt\u00f3 a los deberes legales, contractuales y profesionales que le imped\u00edan \u00absentarse a esperar \u2018las instrucciones\u2019 de la fideicomitente\u00bb, las que, en todo caso, ya hab\u00edan sido impartidas en el contrato de fiducia en el que se oblig\u00f3 a cumplir los contratos de promesa de compraventa suscritos por El Retiro Centro Comercial S.A. <\/p>\n
5. Remat\u00f3 la exposici\u00f3n del cargo indicando, que \u00absi el Tribunal hubiera apreciado las anteriores pruebas de conformidad con el verdadero significado que se deduce de su contenido, habr\u00eda concluido necesariamente que tanto el Centro Comercial El Retiro S.A. como Alianza Fiduciaria S.A. incumplieron los contratos de fiducia y de promesa de compraventa mediante los cuales la fiduciaria adquiri\u00f3 la obligaci\u00f3n irrevocable e indelegable de transferir a los promitentes compradores la propiedad de los centros comerciales prometidos en venta por la fideicomitente\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Los negocios jur\u00eddicos como fuentes de las obligaciones, constituyen una manifestaci\u00f3n de la autonom\u00eda de la voluntad privada, en cuya concertaci\u00f3n los individuos pueden crear, modificar o extinguir derechos, por lo que el legislador ha dispuesto que estos, v\u00e1lidamente celebrados, constituyen ley para las partes, sin que puedan ser invalidados o modificados, sino por causas legales o el mutuo consentimiento (art. 1602 C.C.); de tal manera, que todas y cada una de las obligaciones que en \u00e9l se plasman ser\u00e1n de obligatorio cumplimiento para los contratantes, quienes adicionalmente estar\u00e1n compelidos al acatamiento de las leyes vigentes al momento de su celebraci\u00f3n, al entenderse \u00e9stas incorporadas al contrato (art. 38 ley 153 de 1887). <\/p>\n
2. Dada la evoluci\u00f3n constante de las relaciones econ\u00f3micas, y el fen\u00f3meno de la globalizaci\u00f3n, actualmente es pr\u00e1ctica com\u00fan que para alcanzar un determinado objetivo sea necesario celebrar varios actos o negocios jur\u00eddicos, que sin perder su autonom\u00eda y caracter\u00edsticas, en no pocas ocasiones, necesitan coordinarse o interrelacionarse entre s\u00ed para alcanzar el prop\u00f3sito fijado, dando as\u00ed surgimiento a lo que se conoce como \u201ccontratos coligados\u201d, ora \u201crec\u00edprocos\u201d o \u201cvinculados\u201d, seg\u00fan el grado de sujeci\u00f3n o ligamen que los ate. Modalidad negocial sobre la cual esta Corte recientemente, en fallo SC1416-2022 de 23 de junio, expuso con amplitud las distintas modalidades de conexi\u00f3n o coligamientos que pueden presentarse, seg\u00fan la influencia o dependencia que puedan tener unos contratos respecto de otros, resaltando en el prove\u00eddo en cita que: <\/p>\n
En las redes contractuales, a los contratos que las integran no se les mira de forma aislada, sino que debe auscult\u00e1rseles en funci\u00f3n de la conexidad con los otros o del engranaje complejo que conforman, pues s\u00f3lo con su ejecuci\u00f3n conjunta se alcanza la consecuci\u00f3n del objetivo perseguido por los contratantes, de ah\u00ed que el t\u00e9rmino \u201coperaci\u00f3n econ\u00f3mica\u201d resulte ser m\u00e1s adecuado en tanto es comprensivo del fen\u00f3meno de pluralidad negocial al que acuden los negociantes cada vez con mayor frecuencia, sin que sea necesario que los pactos coligados se celebren por las mismas personas, pues suele suceder que una de ellas interviene en los varios negocios conectados.[1] <\/p>\n
1.4. Igualmente se ha destacado por esta Corporaci\u00f3n que, si el v\u00ednculo de dependencia se dirige en un solo sentido, esto es, de un contrato hacia los dem\u00e1s, la vinculaci\u00f3n o subordinaci\u00f3n es \u00abunilateral\u00bb; en cambio, \u00abcuando es bifronte, es decir, va y viene por igual entre los distintos contratos, el lazo es mutuo o rec\u00edproco, de interdependencia\u00bb (CSJ SC SC116-2007, rad. 2000-00528-01). <\/p>\n
En suma, la caracter\u00edstica esencial de la coligaci\u00f3n contractual es, como lo adoctrin\u00f3 esta Corte \u00abla pluralidad negocial, la relaci\u00f3n o coligaci\u00f3n teleol\u00f3gica, la unilateriedad y unicidad funcional proyectada en una finalidad com\u00fan, \u00fanica, convergente u homog\u00e9nea orientada a un prop\u00f3sito pr\u00e1ctico \u00fanico no susceptible de realizaci\u00f3n singular por cada uno de los contratos sino en virtud del conjunto y de todos, sin originar un negocio nuevo, aut\u00f3nomo o \u00fanico (\u2026) permaneciendo en todo instante la uni\u00f3n de todos\u00bb (CSJ SC 1\u00b0 jun. 2009, rad. 2002-00099-01), los cuales, como lo precis\u00f3 la Sala en tiempos m\u00e1s recientes, \u00abest\u00e1n llamados a actuar como un todo, y no aisladamente\u00bb (CSJ SC18476-2017, 15 nov., rad. 1998-00181-02; en el mismo sentido CSJ SC5690-2018, 19 dic., rad. 2008-00635-01). <\/p>\n
1.5. En cuanto respecta a la causa, la de cada convenio no puede confundirse con la de la operaci\u00f3n jur\u00eddica, la cual \u00abopera como el faro que, a la distancia, gu\u00eda la ejecuci\u00f3n de todos los actos necesarios para la obtenci\u00f3n de la meta, de suerte tal que la finalidad o prop\u00f3sito general podr\u00e1 ser otro al de los acuerdos o tipos negociales, en concreto, vale decir a los que se agrupan, articulan o se comunican, sin perder por ello su autonom\u00eda tipol\u00f3gica o sustantiva\u00bb (CSJ SC SC116-2007, rad. 2000-00528-01), de ah\u00ed que concurran dos causas, la propia de cada contrato y la comprensiva de toda la operaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Ahora bien, cuando en relaci\u00f3n con un contrato se presentan diferencias entre los convencionistas sobre el alcance que se le debe dar a una o varias estipulaciones, a efecto de zanjar dichas diferencias el legislador ha establecido un r\u00e9gimen interpretativo para que el juzgador, sin suplantar el querer de estos, extracte el verdadero sentido de aquellas. <\/p>\n
As\u00ed, los art\u00edculos 1618 a 1624 del C\u00f3digo Civil establecen diversas pautas para alcanzar dicho cometido, desde la literalidad del clausulado, su eficacia, naturaleza, integraci\u00f3n, hasta efectos por la ambig\u00fcedad, frente a las cuales esta Corte ha adoctrinado que: <\/p>\n
La intenci\u00f3n de las partes al celebrar los contratos puede desentra\u00f1arse tomando en consideraci\u00f3n la naturaleza del contrato y las cl\u00e1usulas claras y admitidas del mismo que sirvan para explicar las dudosas; las circunstancias que influyeron en su celebraci\u00f3n determinando la voluntad de las partes para consentir en \u00e9l; los hechos posteriores de las mismas, que tienen relaci\u00f3n con lo que se disputa; las costumbres de los contratantes y los usos del lugar en que han pactado; la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica que del contrato hayan hecho ambas partes o una de ellas con aprobaci\u00f3n de la otra, y otras convenciones o escritos emanados de los contratantes. En una palabra, el juez tiene amplia libertad para buscar la intenci\u00f3n de las partes y no est\u00e1 obligado a encerrarse en el examen exclusivo del texto del contrato para apreciar su sentido. (CSJ. SC de 3 de jun. de 1946. G.J., LX, p\u00e1g. 656). <\/p>\n
3.1. En cuanto al error de hecho derivado de la indebida interpretaci\u00f3n de los contratos ha sido prolija la jurisprudencia de la Corporaci\u00f3n al se\u00f1alar que, en l\u00ednea de principio, dicha labor anal\u00edtica se conf\u00eda a la discreta autonom\u00eda de los jueces, pero ser\u00e1 susceptible de cuestionar en casaci\u00f3n en la medida en que brille al ojo que el alcance que le otorg\u00f3 es absolutamente diferente del que ciertamente surge de su propio contenido\u00bb4. Acorde con esto ha sostenido con claridad que: <\/p>\n
en lo que hace a la interpretaci\u00f3n de los contratos, los juzgadores de instancia gozan de discreta autonom\u00eda, de suerte que la conclusi\u00f3n a la que arriben no es susceptible de modificarse en casaci\u00f3n, salvo cuando de modo evidente quede demostrado que el sentenciador ad qu\u00e9 incurri\u00f3 en un error de hecho, \u201ccomo cuando supone estipulaciones que no existen, o niega o ignora las que existen o sacrifica su sentido con deducciones absurdas por opuestas a la l\u00f3gica elemental o al sentido com\u00fan\u201d (G.J. CXXXII CSJ SC del 21 de nov. de 1989, reproducida en sentencias del 7 de oct. de 1976, del 28 de ago. de 1928, y en G.J. SC del 22 de abr. de 1987 (G.J. CLIII, p\u00e1g. 154\u00bb (SC6823-2015 de 1\u00b0 de jun. Rad. 2008-00353-01; reiterado en SC4139-2021, 27 oct. Rad. 2015-00164-01, AC756-2022 de 17 de marzo Rad. 2014-00352-01)- <\/p>\n
En otras palabras, el yerro interpretativo de los contratos, para que tenga la virtualidad de quebrar la sentencia impugnada, ha de ser de tal magnitud que pugne de forma evidentemente y manifiesta con el contenido mismo del acuerdo negocial. <\/p>\n
4.- Desde el p\u00f3rtico se advierte que lo arg\u00fcido por el recurrente carece de entidad para derruir la sentencia de segunda instancia, comoquiera que lo que propone es un examen paralelo a la interpretaci\u00f3n que el Tribunal atribuy\u00f3, a los pactos que sirvieron de soporte a las reclamaciones. <\/p>\n
4.1. Lo anotado, porque de acuerdo con los antecedentes del caso, con ocasi\u00f3n a la construcci\u00f3n del Centro Comercial El Retiro, se procedi\u00f3 a una campa\u00f1a de promoci\u00f3n y comercializaci\u00f3n en la modalidad conocida como \u201cventa en planos\u201d y para ello los promotores acudieron a la formalizaci\u00f3n de sendos contratos que no revelan con contundencia un entendimiento absurdo o antojadizo del funcionario carente de sind\u00e9resis que imponga la intervenci\u00f3n de la Corte como se detalla a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
4.1.1. Para la materializaci\u00f3n de aquel proyecto constructivo se celebr\u00f3, de un lado, un contrato de \u201cFiducia Inmobiliaria de Administraci\u00f3n\u201d, entre El Retiro Centro Comercial S.A. y Aldea Proyectos Inmobiliarios Ltda. (hoy S.A.) como fideicomitentes y Alianza Fiduciaria S.A. como fiduciario, constituyendo un patrimonio aut\u00f3nomo, denominado, en un principio, Fideicomiso Predios El Retiro y, posteriormente, cambi\u00f3 su nombre a Fideicomiso de Administraci\u00f3n Centro Comercial El Retiro. <\/p>\n
En este convenio se incluy\u00f3 la definici\u00f3n de algunos conceptos que, en raz\u00f3n de la tipolog\u00eda negocial, era indispensable precisar, como fue las de los intervinientes, entre los que se mencionaron los \u201cadquirentes de \u00e1rea\u201d, o sea las \u00abpersonas con las cuales EL FIDEICOMITENTE suscriba promesa de compraventa respecto de las unidades inmobiliarias\u00bb y la de proyecto como \u00abla construcci\u00f3n de un Centro Comercial en los inmueble que habr\u00e1n de conformar el FIDEICOMISO, el cual ser\u00e1 desarrollado por EL FIDEICOMITENTE por su cuenta y riesgo, oblig\u00e1ndose con LOS ADQUIRENTES DE \u00c1REA en los t\u00e9rminos que para el efecto acuerden las partes en la promesa de compraventa que suscriban\u00bb, agregando all\u00ed que \u00abUna vez cumplida la condici\u00f3n a que se hace referencia en el numeral 6.15., y teniendo como \u00fanico beneficiario al FIDEICOMITENTE, este impartir\u00e1 las instrucciones\u00bb (cl\u00e1usula 1.2.-6 y 7 definiciones). <\/p>\n
Expresamente se estableci\u00f3 como objeto de dicha fiducia, \u00abque ALIANZA mantenga la titularidad jur\u00eddica de los bienes inmuebles que le sean fideicomitidos, permita que EL FIDEICOMITENTE por su cuenta y riesgo adelante en los predios un proyecto inmobiliario, con el fin de que EL FIDEICOMISO transfiera el derecho real de dominio sobre las unidades resultantes del proyecto en el mismo documento mediante el cual EL FIDEICOMITENTE efect\u00fae la venta de las respectivas unidades. En caso de que llegadas las fechas previstas en la cl\u00e1usula 6.1. posterior no se hayan dado los eventos en ella establecidos reintegrar los inmuebles a los FIDEICOMITENTES\u00bb (cl\u00e1usula 2.1.), acordando la exoneraci\u00f3n absoluta de la fiduciaria de la obligaci\u00f3n de \u00absaneamiento por evicci\u00f3n al proceder a la transferencia de los bienes del FIDEICOMISO\u00bb. (par\u00e1grafo uno de la cl\u00e1usula 3.3.) <\/p>\n
Para tales efectos, se le impartieron como instrucciones principales, entre otras, que \u00abUna vez terminada la construcci\u00f3n, ratificar la transferencia del derecho de dominio a LOS ADQUIRENTES DE \u00c1REA en las escrituras de compraventa por medio de las cuales se perfeccionen las promesas de compraventa suscritas con EL FIDEICOMITENTE o transferir \u00e1rea construida a las personas que EL FIDEICOMITENTES designe como beneficiarios de \u00e1rea construida\u00bb (cl\u00e1usula 5.1.-7). <\/p>\n
Como obligaciones a cargo de la fiduciaria, previstas en la cl\u00e1usula 7.1., se destacan las de \u00abrealizar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato de conformidad con las instrucciones aqu\u00ed impartidas, con total independencia de la ejecuci\u00f3n del PROYECTO por no ser este parte del objeto del contrato de fiducia\u00bb (1); \u00abEn su condici\u00f3n de propietario de los inmuebles, firmar los documentos que le solicite el FIDEICOMITENTE para lograr el desarrollo del proyecto, esto dentro de los diez d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la fecha en que reciba la solicitud, sin contraer por ese hecho responsabilidad alguna con el desarrollo del proyecto el cual es entera responsabilidad de EL FIDEICOMITENTE\u00bb (9). Puntualiz\u00e1ndose, que \u00absu responsabilidad se extiende hasta la culpa leve conforme a la definici\u00f3n que de esta trae el inciso segundo del Art\u00edculo 63 del C\u00f3digo Civil. En todo caso ALIANZA como propietaria fiduciaria de los predios sobre los cuales se desarrollar\u00e1 el proyecto suscribir\u00e1 los documentos que en su oportunidad le sean presentados por EL FIDEICOMITENTE y que dada su condici\u00f3n de propietario inscrito se requieran, sin contraer responsabilidad alguna sobre los mismos\u00bb (7.3.). <\/p>\n
Correlativamente los fideicomitentes se obligaron a prestar \u00absu colaboraci\u00f3n a ALIANZA para que ella pueda cumplir con las instrucciones y obligaciones determinadas en este contrato\u00bb (7.4.-1), as\u00ed como a \u00abindicar a ALIANZA las personas a quienes EL FIDEICOMISO ratificar\u00e1 la venta de las unidades resultantes del proyecto, en virtud del presente contrato\u00bb. <\/p>\n
La cl\u00e1usula 8.1. contiene una declaraci\u00f3n del fideicomitente (o sus cesionarios) en el sentido de que \u00abhacen expresa su intenci\u00f3n de desarrollar sobre los predios del FIDEICOMISO, por su cuenta y riesgo y con su exclusiva autonom\u00eda administrativa y financiera, el proyecto inmobiliario denominado EL RETIRO CENTRO COMERCIAL\u00bb. En tanto que, en el par\u00e1grafo de dicha estipulaci\u00f3n, se remarca que \u00abALIANZA en todo caso no es responsable por la ejecuci\u00f3n de la obra, estabilidad y calidad de la misma, plazos de entrega, precio y dem\u00e1s obligaciones relacionadas con el proyecto, obligaciones estas que ser\u00e1n de cargo exclusivo de EL FIDEICOMITENTE\u2026\u00bb. Tampoco ser\u00e1 responsabilidad de ALIANZA ni de EL FIDEICOMISO, el cumplimiento de las condiciones o compromisos contra\u00eddos por el FIDEICOMITENTE, con los FIDEICOMITENTES APORTANTES, en virtud del aporte realizado por estos al patrimonio aut\u00f3nomo, los cuales ser\u00e1n responsabilidad \u00fanica del FIDEICOMITENTE\u00bb (fls. 280-304 Cd 1 03CuadernoNo.1de3). <\/p>\n
Se observa, adem\u00e1s, que los Fideicomitentes se obligaron a pagarle Alianza Fiduciaria una remuneraci\u00f3n por diversos conceptos, como fue, \u00abel equivalente a un salario m\u00ednimo mensual legal vigente por cada una de las escrituras de transferencia de las unidades resultantes del proyecto o de devoluci\u00f3n de los inmuebles aportados en caso de que no se lleve a cabo el proyecto por parte de EL FIDEICOMITENTE\u00bb. <\/p>\n
4.1.2. Simult\u00e1neamente, El Retiro Centro Comercial S.A. ajust\u00f3 otro contrato fiduciario con la fiduciaria Helm Trust S.A., \u00abque dio origen al FIDEICOMISO DE ADMINISTRACI\u00d3N EL RETIRO CENTRO COMERCIAL, cuyo objeto es recibir los recursos de los interesados en la adquisici\u00f3n de los locales y oficinas\u00bb6, los cuales ser\u00edan trasladados al fideicomitente como parte del precio acordado por las unidades resultantes de la ejecuci\u00f3n del proyecto inmobiliario. <\/p>\n
4.1.3. A su vez, Irma Sus Pastrana y la sociedad Gestiones Comerciales Ltda., interesadas en adquirir los locales 205 y 2147 del Centro Comercial El Retiro, celebraron contrato de encargo fiduciario de inversi\u00f3n con Helm Trust S.A.8 como fideicomitentes y \u00e9sta como fiduciaria, cuyo objeto era que \u00ab(LOS) FIDEICOMITENTE (S) se obliga[n[ a efectuar la inversi\u00f3n de sumas de dinero en las fechas y cuant\u00edas se\u00f1aladas en la cl\u00e1usula segunda de este contrato, con el fin que sean administradas por EL FIDUCIARIO e invertidas por este en un Fondo Com\u00fan Ordinario CREDIFONDO, para que cumplidas a cabalidad las condiciones indicadas en la cl\u00e1usula cuarta de este documento sean entregadas junto con sus rendimientos netos al FIDEICOMISO DE ADMINISTRACI\u00d3N EL RETIRO CENTRO COMERCIAL, que en adelante podr\u00e1 designarse EL BENEFICIARIO, o en caso contrario le sean devueltas a EL (LOS) FIDEICOMITENTES al t\u00e9rmino del presente encargo\u00bb. <\/p>\n
En la cl\u00e1usula segunda, atinente a los recursos, se acord\u00f3, que \u00abEL (LOS) FIDEICOMITENTES entregar\u00e1 a EL FIDUCIARIO las sumas de dinero que a continuaci\u00f3n se se\u00f1alan en las cuant\u00edas y fechas que se mencionan, de acuerdo con lo estipulado en la Oferta Mercantil, recursos que se entregar\u00e1n seg\u00fan las instrucciones que se detallan en el par\u00e1grafo de esta misma cl\u00e1usula, hasta la fecha que se alcance el punto de equilibrio y se firmen las respectivas promesas de compraventa. A partir de este momento los recursos ser\u00e1n entregados por EL (LOS) FIDEICOMITENTE (S) directamente al beneficiario\u00bb. <\/p>\n
Helms Trust S.A. asumi\u00f3 entre varias obligaciones la de \u00abcomunicar a EL (LOS) FIDEICOMITENTES Y\/O EL RETIRO CENTRO COMERCIAL S.A. (seg\u00fan sea el caso) en forma inmediata cualquier circunstancia que a su juicio sea causal de terminaci\u00f3n anticipada del presente contrato\u00bb. <\/p>\n
4.1.4. Avanzando en dicha labor de transferencia se suscribieron las correspondientes promesas de compraventa,9 en las que se destac\u00f3, que \u00abpara los fines del desarrollo y viabilidad del proyecto la sociedad EL RETIRO CENTRO COMERCIAL S.A. celebr\u00f3 con la sociedad HELM TRUST S.A. el contrato de fiducia mercantil que dio origen al FIDEICOMISO DE ADMINISTRACI\u00d3N EL RETIRO CENTRO COMERCIAL, cuyo objeto es recibir los recursos de los interesados en la adquisici\u00f3n de los locales y oficinas\u00bb. Tambi\u00e9n, que \u00abcon el fin de garantizar la seriedad de la propiedad de adquisici\u00f3n referida en el Antecedente tercero (3\u00b0) y, hasta tanto se alcance el punto de equilibrio para desarrollar el Proyecto y se suscrib\u00eda por las partes el presente contrato de promesa de compraventa EL PROMITENTE COMPRADOR decidi\u00f3 invertir algunos recursos a trav\u00e9s de la sociedad fiduciaria HELM TRUST S.A., de conformidad con el contrato de encargo fiduciario de inversi\u00f3n que forma parte de este contrato\u00bb. <\/p>\n
En los mentados convenios preparatorios se establecieron las condiciones generales del negocio prometido, conforme corresponde a la naturaleza de este tipo de pactos. Es as\u00ed, como el promitente vendedor asumi\u00f3 la obligaci\u00f3n de transferir el dominio de los bienes prometidos libre de todo gravamen o afectaci\u00f3n (cl\u00e1usula s\u00e9ptima), as\u00ed como de hacer la entrega material del mismo (cl\u00e1usula novena). Aspectos que no fueron alterados en los otros\u00edes que respecto a dichos convenios se suscribieron10, dej\u00e1ndose constancia en el titulado \u00abOTROS\u00cd N\u00b0 2 A CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA\u00bb de la parte del precio recibido por la promitente vendedora \u00aba entera satisfacci\u00f3n\u00bb y el compromiso de cancelar el saldo a la firma de la escritura que protocolice la venta. <\/p>\n
5. Acorde con lo rese\u00f1ado, es claro que para la ejecuci\u00f3n del proyecto inmobiliario El Retiro Centro Comercial se acometi\u00f3 la celebraci\u00f3n de varios contratos, con caracter\u00edsticas y finalidades aut\u00f3nomas, pero directamente vinculados, de los cuales es predicable el car\u00e1cter de coligados, siendo el ajustado con Alianza Fiduciaria S.A. el que ejerce influjo sobre la formaci\u00f3n de los restantes, cuyas vicisitudes repercuten sobre las relaciones inmersas en estos, pero sin condicionar la validez o ejecuci\u00f3n de estos. <\/p>\n
Esto, por cuanto, si bien en raz\u00f3n del contrato de fiducia inmobiliaria con Alianza Fiduciaria S.A. se conform\u00f3 un patrimonio aut\u00f3nomo, a partir de los predios que fueron aportados por los \u201cFIDEICOMITENTES APORTANTES\u201d, la finalidad esencial de este convenio fue la integraci\u00f3n debida del terreno, donde deber\u00eda construirse el centro comercial, para lo cual Alianza deb\u00eda, como administradora de este, mantener la propiedad de los bienes fideicomitidos y con ocasi\u00f3n de esa condici\u00f3n de propietario fiduciario facilitar todas las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto, como la firma de los documentos indispensables para ello o la entrega a t\u00edtulo de comodato precario al fideicomitente de los inmuebles que le fueran transferidos para el adelantamiento de las obras e, incluso, debido a las caracter\u00edsticas propias del dominio respecto de los bienes fideicomitidos11 ratificar la transferencia que, en cumplimiento de los contratos de promesa, celebraran LOS FIDEICOMITENTES; mientras que los otros convenios se ajustaron para el manejo directo de los recursos indispensables para la ejecuci\u00f3n material de la obra y como pactos preparatorios individuales encaminados a la adquisici\u00f3n de las unidades inmobiliarias resultantes. <\/p>\n
6. Si bien es cierto esta Corte ha venido insistiendo en la responsabilidad que le cabe a las sociedades fiduciarias en este tipo de actividades, debido a la confianza que su participaci\u00f3n genera en los interesados, en el sub lite tal responsabilidad no se advierte demostrada como asegura el recurrente frente a Alianza Fiduciaria S.A., habida cuenta que no puede soslayarse que esa vinculaci\u00f3n o subordinaci\u00f3n negocial que ha respaldado aquella postura aqu\u00ed no concurre, puesto que ese coligamiento ostenta un car\u00e1cter unilateral. <\/p>\n
Ello, debido a que Alianza Fiduciaria era la encargada de la conformaci\u00f3n del patrimonio aut\u00f3nomo al que deb\u00edan transferirse los inmuebles en los que se construir\u00eda el centro comercial, al paso que aquella conformaci\u00f3n no determina la validez y cumplimiento de los pactos subordinados de recepci\u00f3n de recursos provenientes de los ofertantes y promitentes compradores, cuyo manejo qued\u00f3 a cargo de Helm Trust S.A., a quien se los entregaban con ocasi\u00f3n a los contratos de encargo fiduciarios de inversi\u00f3n que con \u00e9sta se ajustaban, ni los de adquisici\u00f3n individuales que suscrib\u00eda de forma totalmente aut\u00f3noma el fideicomitente, bien directamente, ora previa concertaci\u00f3n de un contrato preparatorio (oferta- promesa). <\/p>\n
7. En efecto, los antecedentes del caso ponen de manifiesto que, de un lado, la fiduciaria demandada adquiri\u00f3 en debida forma de los FIDEICOMITENTES APORTANTES los predios, que con ocasi\u00f3n de la fiducia debieron entrar a conformar aquel patrimonio aut\u00f3nomo por ella administrado, permitiendo y facilitando la construcci\u00f3n de El Retiro Centro Comercial, como se hab\u00eda proyectado y, a posteriori, en su calidad de propietario fiduciario, ratific\u00f3 las ventas que hicieran los fideicomitentes a los ADQUIRENTES DE \u00c1REA. <\/p>\n
En cuanto al control que se deb\u00eda ejercer sobre el cumplimiento de las promesas de compraventa que se suscribieran para la adquisici\u00f3n de las unidades resultantes es del caso resaltar que, como antes se vio, en este particular caso el coligamiento existente entre los diversos contratos que para la construcci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de El Retiro Centro Comercial se suscribieron no tienen una subordinaci\u00f3n o dependencia bilateral, que revelaran con contundencia la obligaci\u00f3n a cargo de la Fiduciaria de controlar que los \u201cpromitentes vendedores\u201d honraran sus compromisos, ya que tanto la celebraci\u00f3n de las promesas de compraventa como el cumplimiento debido de estas eran del resorte exclusivo del fideicomitente, al margen que por la naturaleza de la propiedad fiduciaria la administradora hubiera adquirido la obligaci\u00f3n de ratificar esas ventas, en el entendido de que esa ratificaci\u00f3n deb\u00eda hacerse s\u00f3lo sobre aquellas que oportunamente le \u201cindicara\u201d aqu\u00e9l; luego no resulta contraevidente inferir, como lo hizo el tribunal, que el pretenso control sobre el manejo o satisfacci\u00f3n de las promesas no le era directamente exigible. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese, que fue la fiduciaria Helm Trust la encargada de recepcionar los recursos que deb\u00edan entregar los \u201cadquirentes de \u00e1reas\u201d, con ocasi\u00f3n de las ofertas mercantiles que estos hicieran al promotor, a trav\u00e9s del contrato de encargo fiduciario, en una modalidad de inversi\u00f3n \u00abhasta la fecha que se alcance el punto de equilibrio y se firmen las respectivas promesas de compraventa. A partir de este momento los recursos ser\u00e1n entregados por EL (LOS) FIDEICOMITENTE (S) directamente al beneficiario\u00bb. <\/p>\n
Ese punto de equilibrio, justamente, se da cuando se obtiene la colocaci\u00f3n de un determinado porcentaje de unidades por haberse aceptado las ofertas equivalentes, que ser\u00e1n concretadas, en l\u00ednea de principio, con las correspondientes promesas de compraventa, de tal manera que al no participar Alianza Fiduciaria en la verificaci\u00f3n de dicho punto de equilibrio no deven\u00eda inexorable colegir que su responsabilidad se extend\u00eda a controlar el n\u00famero de promesas que aut\u00f3nomamente fuera ajustando el fideicomitente sobre las unidades proyectadas. <\/p>\n
En cuanto a estas \u00faltimas, en s\u00ed mismas consideradas, al ser una manifestaci\u00f3n de la autonom\u00eda de la voluntad pueden o no honrarse por los promitentes compradores o vendedores o, incluso, hacerse uso del derecho de retracto, evento este que implicar\u00eda el decaimiento del negocio, ora estipular cl\u00e1usula penal para sancionar un eventual incumplimiento, sin que le sea dado a un tercero imponer a los convencionistas de este negocio preparatorio acudir al cumplimiento, celebrando el contrato prometido. <\/p>\n
Y, es que, en lo que hace al proyecto inmobiliario de El Retiro Centro Comercial, para materializar los contratos de venta prometidos deven\u00eda indispensable la concurrencia de dos supuestos (i) la voluntad del promitente vendedor de cumplir el pacto preparatorio (ii) la instrucci\u00f3n particular e individual a la administradora del patrimonio aut\u00f3nomo de que en el mismo acto acudiera a \u00abratificar la transferencia del derecho de dominio a LOS ADQUIRENTES DE \u00c1REA en las escrituras de compraventa por medio de las cuales se perfeccionen las promesas de compraventa suscritas con EL FIDEICOMITENTE\u00bb, participaci\u00f3n que tendr\u00eda lugar, igualmente, cuando por directriz expresa debiera la fiduciaria \u00abtransferir \u00e1rea construida a las personas que EL FIDEICOMITENTE designe como beneficiarios de \u00e1rea construida\u00bb. <\/p>\n
8. Consecuente con esto, siendo que Alianza Fiduciaria S.A., como administradora del patrimonio aut\u00f3nomo predios El Retiro, ten\u00eda a su cargo el deber de asegurar el dominio de los bienes que lo conforman y por esa especial condici\u00f3n, la obligaci\u00f3n fundamental de \u201cratificar\u201d las ventas que de las unidades individuales resultantes hiciera el Fideicomitente, a favor de aquellos sujetos que \u00e9ste, expresamente, le indicara o restituir los predios aportados en el evento de que no se concretara la construcci\u00f3n del proyecto, en tanto que el manejo directo de los aportes hechos por los interesados y el cumplimiento debido de las obligaciones derivadas de las promesas de compraventa no eran del resorte directo de aquella, es pasible afirmar que la inferencia obtenida por el tribunal, atinente a la ausencia de negligencia en el proceder de aquella, es consecuencia de una interpretaci\u00f3n razonable de los acuerdos rese\u00f1ados, acorde con las diversas pautas establecidas por el legislador, derivado de las estipulaciones en ellos contenidas. <\/p>\n
Resulta de lo expresado que no es predicable la existencia de un error evidente y trascendente en la interpretaci\u00f3n que el tribunal hiciera de los diversos contratos que sirvieron de soporte a las reclamaciones del demandante. <\/p>\n
9. Lo dicho no se altera por las manifestaciones que hiciera el representante legal de la fiduciaria, como se pregona en la censura, amen que la eventual aceptaci\u00f3n por parte suya de ausencia de gestiones de control sobre las promesas de compraventa que en el desarrollo del proyecto pudo suscribir el Fideicomitente per se no desdice de la inferencia del tribunal, atinente a que desde la arista de la responsabilidad contractual carece de legitimaci\u00f3n en la causa para responder por el desacato al contrato preparatorio ajustado con El Retiro Centro Comercial S.A., al no haber sido participe en su celebraci\u00f3n; o, en el supuesto de \u00abenrostrar alg\u00fan tipo de responsabilidad\u00bb, que era \u00abdesacertado afirmar que dicha sociedad incumpli\u00f3 sus deberes profesionales y actu\u00f3 con negligencia al transferir los bienes prometidos en venta objeto de este litigio a terceras personas\u00bb, en raz\u00f3n al ejercicio del derecho de retracto por parte de la promitente vendedora, dada la absoluta autonom\u00eda que \u00e9sta ten\u00eda para ejercer dicha potestad, sumado a que no se oblig\u00f3 a cumplir las promesas de compraventa, suscritas por El Retiro Centro Comercial S.A., sino a ratificar en el mismo acto escritural la venta que diera cumplimiento a aquellas, en virtud de su condici\u00f3n de propietario fiduciario de las unidades resultantes. <\/p>\n
10. Se tiene entonces, que lo realmente existente es una disparidad de criterios, en cuanto a la forma que debieron ser valoradas las distintas probanzas frente a la eventual responsabilidad que pudiera tener Alianza Fiduciaria S.A. en el incumplimiento de las promesas de compraventa suscritas por Irma Sus Pastrana y Gestiones Comerciales S.A. con El Retiro Centro Comercial S.A., lo que impide la intromisi\u00f3n de la Corte, puesto que el recurso de casaci\u00f3n no se aviene como una oportunidad para imponer a los juzgadores la forma como deben valorar el material demostrativo arrimado al juicio. En ese sentido se ha adoctrinado que <\/p>\n
[\u2026) <\/p>\n
[\u2026] <\/p>\n
Es m\u00e1s, si al amparo del error de hecho la Corte hiciera una nueva valoraci\u00f3n de las pruebas para encontrar el que pudiera ser su m\u00e1s genuino sentido, la casaci\u00f3n, extraordinaria por antonomasia, pasar\u00eda a convertirse en una tercera instancia, lo cual, desde luego, se opone a las formas y finalidades propias del recurso y, de paso, desconocer\u00eda el principio de la doble instancia, as\u00ed como la independencia y autonom\u00eda judicial, que la misma Constituci\u00f3n consagra de manera expresa en los art\u00edculos 29 y 228 (CSJ SC, 15 abr. 2011, Rad. 2006-00030-01, reiterado SC17654-2017 de 30 de oct. Rad. 2010-00068-01). <\/p>\n
Coherente con tal directriz, en cuanto a los presupuestos indispensable para acceder a los reproches frente la valoraci\u00f3n probatoria de los juzgadores en el tr\u00e1mite de la s\u00faplica extraordinaria ha sido enf\u00e1tica la Corporaci\u00f3n al se\u00f1alar, que <\/p>\n
\u00fanicamente los errores paladinos y graves son admisibles para derruir las bases del fallo confutado. Que salten a la vista, sean rutilantes o pueda detect\u00e1rseles sin mayores esfuerzos ni complejas elucubraciones, es requisito sine qua non de esta clase de infracci\u00f3n por la senda indirecta, como tambi\u00e9n lo es que su configuraci\u00f3n repercuta directa y definitivamente en el resultado de la disputa tra\u00edda al escenario judicial, con franca transgresi\u00f3n de los preceptos materiales que soportan la imputaci\u00f3n, siempre que fueran o debieran ser fundamento esencial de lo resuelto. <\/p>\n
En adici\u00f3n a lo expuesto y en plena consonancia con tales par\u00e1metros, se exige que la apreciaci\u00f3n probatoria aducida en la impugnaci\u00f3n sea la \u00fanica posible, rodando por el suelo la efectuada por el decisor de instancia debido a su contraevidencia; contrario sensu, si la determinaci\u00f3n adoptada en la sede judicial \u00abno se aparta de las alternativas de razonable apreciaci\u00f3n que ofrezca la prueba\u00bb, no podr\u00e1 ser infirmada en virtud del principio de autonom\u00eda valorativa que en el terreno probatorio se reconoce al fallador (CSJ AC3623-2020, 18 dic., rad. 2018-00097-01) (CSJ SC505-20200 de 17 de marzo. Rad. 2016-00074-01). <\/p>\n
11. Como quiera que de lo rese\u00f1ado en precedencia se otea que la apreciaci\u00f3n que hiciera el tribunal de los medios probatorios que se critican no resulta grosera o contraevidente, ni es predicable que el entendimiento dado por el casacionista sea el \u00fanico admisible, debe privilegiarse aquella, ante la presunci\u00f3n de legalidad y acierto con que arriba la decisi\u00f3n a la Corte y, consecuentemente, el reproche que en este cargo se realiz\u00f3 deviene inf\u00e9rtil. <\/p>\n
CARGO QUINTO <\/p>\n
1. Enjuici\u00f3 la labor del juez plural por \u00abviolaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 1544, 1546, 1602, 2341 y 2344 del C\u00f3digo Civil; as\u00ed como de los art\u00edculos 825, 870 y 871 C\u00f3digo de Comercio y el art\u00edculo 16 de la Ley 446 de 1998\u00bb. <\/p>\n
2. Expuso la impugnante, que el art\u00edculo 1544 contempla el primero de los efectos de la resoluci\u00f3n del contrato, es decir, la restituci\u00f3n de las cosas a su estado anterior, por lo que, ante la resoluci\u00f3n de la promesa de compraventa por incumplimiento del promitente vendedor, \u00e9ste se encuentra compelido a restituir al promitente comprador el precio o parte de \u00e9l, de forma completa y actualizada para la fecha de emisi\u00f3n de la sentencia \u00absin deducciones disminuciones o descuentos de ninguna \u00edndole; pues de lo contrario se estar\u00eda restituyendo al promitente comprador una cantidad muy inferior a la que entreg\u00f3 en realidad\u00bb; restituci\u00f3n que de suyo no tiene un car\u00e1cter indemnizatorio, ya que es simple consecuencia de la desaparici\u00f3n del contrato, \u00abEn cambio, frente al tercero que particip\u00f3 con su comportamiento culpable a la realizaci\u00f3n del da\u00f1o sufrido por la v\u00edctima, la condena a la devoluci\u00f3n del dinero que perdi\u00f3 la promitente compradora no tiene el car\u00e1cter de restituciones rec\u00edprocas sino de indemnizaci\u00f3n; y, por consiguiente, el coautor o copart\u00edcipe de tales perjuicios est\u00e1 obligado a indemnizarlos de manera solidaria\u00bb. <\/p>\n
Conforme a dicho razonamiento expres\u00f3, que \u00abla referida cantidad de dinero [el valor pagado como parte el precio] no es solo una obligaci\u00f3n de El Retiro Centro Comercial S.A. en Liquidaci\u00f3n sino, adem\u00e1s y solidariamente, de Alianza Fiduciaria S.A. En tal sentido, la orden de pago de dicho rubro ha de extenderse tambi\u00e9n a esta \u00faltima\u00bb. <\/p>\n
3. En ese sentido coligi\u00f3, que una de las fallas del juzgador de la alzada radic\u00f3 en confundir \u00abel rubro por concepto de restituci\u00f3n del precio pagado por el promitente comprador (cuya fuente es la equidad y la obligaci\u00f3n legal de restituir las cosas a su estado originario), con las prestaciones correspondientes a las \u2018arras de retracto\u2019, a las cuales otorg\u00f3, adem\u00e1s, una connotaci\u00f3n de cl\u00e1usula penal\u00bb, ya que, si bien accedi\u00f3 a la restituci\u00f3n del precio pagado, a \u00e9l le descont\u00f3, indebidamente el 25% por concepto de arras de retracto. <\/p>\n
4. A dicho yerro agreg\u00f3, el de haber indexado las sumas a entregar conforme al IPC, cuando lo correcto era hacerlo con base en los intereses bancarios corrientes, seg\u00fan lo dispone el canon 884 del C\u00f3digo de Comercio, \u00abpor tratarse indiscutiblemente de un asunto de naturaleza mercantil\u00bb. <\/p>\n
1. Critic\u00f3 la sentencia del Tribunal de violar directamente \u00ablos art\u00edculos 1546, 1600, 1602, 1603, 1615, 1859 y 1861 del C\u00f3digo Civil; as\u00ed como de los art\u00edculos 825, 866, 867, 870, 871 y 884 del C\u00f3digo de Comercio y el art\u00edculo 16 de la Ley 446 de 1998\u00bb, Al punto se refiere al deber de reparaci\u00f3n que surge del incumplimiento de un contrato bilateral de car\u00e1cter mercantil, seg\u00fan lo previsto en art. 870 del C\u00f3digo de Comercio y 2341 del C\u00f3digo Civil, insistiendo en que dicha reparaci\u00f3n \u00abdebe ser integral y equitativa, es decir que no puede ser superior ni inferior al monto real del perjuicio sufrido por la v\u00edctima del da\u00f1o o por el acreedor contractual, tal como lo ordena el art\u00edculo 16cde la ley 446 de 1998\u00bb. <\/p>\n
2. Puso de presente la potestad que tienen los part\u00edcipes en un contrato, en el ejercicio de la autonom\u00eda de la voluntad, de acordar \u00abel monto de la reparaci\u00f3n que el contratante incumplido ha de pagar al contratante cumplido por el retardo o inejecuci\u00f3n de la obligaci\u00f3n principal\u00bb (cl\u00e1usula penal) reconociendo la inviabilidad de acumular la pena y la indemnizaci\u00f3n ordinaria de perjuicios, sin que ello obste \u00abpara que a la pena o a la indemnizaci\u00f3n, seg\u00fan fuere el caso, se le sumen los intereses de mora desde el momento en que se produjo el incumplimiento y hasta cuando se realice el pago efectivo, junto con la respectiva indexaci\u00f3n para contrarrestar el efecto de la depreciaci\u00f3n de la moneda si se trata de obligaciones civiles; o, en caso de relaciones mercantiles, hasta una y media veces el inter\u00e9s bancario corriente, seg\u00fan lo permitido por el art\u00edculo 884 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb <\/p>\n
Tras narrar lo atinente al alcance y los efectos jur\u00eddicos de las arras, sostuvo que \u00ab\u2026 no hab\u00eda lugar \u2013por sustracci\u00f3n de materia\u2013 al pago de intereses e indexaci\u00f3n sobre una suma de dinero que hab\u00eda que entregar de manera concomitante al ejercicio del derecho que ella apareja. En cambio, cuando quien haya recibido las arras no las devuelve dobladas dentro del t\u00e9rmino para retractarse, de suerte que el acreedor debe acudir a la instancia judicial para reclamarlas, no hay ninguna duda de que se deben indexar por el simple paso del tiempo y p\u00e9rdida del poder adquisitivo de la moneda; pues de lo contrario no se estar\u00eda devolviendo el doble de la misma suma de dinero entregada por el acreedor sino una cantidad inferior o envilecida, contrariando de ese modo el mandato legal\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que \u00ab[L]o anterior es as\u00ed porque la actualizaci\u00f3n del poder adquisitivo de la moneda no tiene un matiz indemnizatorio, ni punitivo, ni depende del estado subjetivo del deudor seg\u00fan haya actuado de buena o mala fe, con culpa o sin ella, con \u00e1nimo de fraude o sin dolo; y simplemente cumple la funci\u00f3n de traer a un valor presente la suma de dinero adeudada\u00bb. <\/p>\n
3. Continu\u00f3 diciendo, que el tribunal interpret\u00f3 la cl\u00e1usula titulada \u201carras\u201d como un \u201ccl\u00e1usula penal\u201d -entendimiento que no disputa- dirigiendo el reproche \u00abexclusivamente, a no haber reconocido y ordenado el pago de los intereses moratorios comerciales sobre los referidos montos, infringiendo directamente el art\u00edculo 884 del C\u00f3digo de Comercio por inaplicaci\u00f3n y, de paso, las dem\u00e1s normas sustanciales citadas en este cargo, seg\u00fan las cuales la resoluci\u00f3n del contrato de promesa por incumplimiento del promitente vendedor apareja la obligaci\u00f3n de indemnizar los perjuicios ocasionados junto con el correspondiente pago de intereses e indexaci\u00f3n en materia civil, o con intereses moratorios comerciales en materia mercantil; rubros que son igualmente aplicables a la cl\u00e1usula penal, como de manera acertada fuera advertido por la Magistrada que salv\u00f3 parcialmente su voto en este preciso tema\u00bb. (subraya la Sala). <\/p>\n
4. Finaliz\u00f3 la sustentaci\u00f3n del embate acotando, que de haber atendido los preceptos en que aquel se resguarda, la conclusi\u00f3n de la decisi\u00f3n censurada habr\u00eda sido diferente, toda vez que, aquellas le impon\u00edan declarar que la resoluci\u00f3n del contrato derivada del incumplimiento por parte de la promitente vendedora y de la culpa de la fiduciaria, al no acatar sus deberes profesionales, les obligaba a indemnizar los perjuicios ocasionados a la activante, junto con los intereses moratorios comerciales por tratarse de un asunto mercantil. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El contrato de promesa es un contrato bilateral, conmutativo, mediante el cual los contratantes conciertan la celebraci\u00f3n futura de un determinado negocio jur\u00eddico, \u00abasegurando el compromiso definitivo futuro y evitando la libertad de sustraerse a la celebraci\u00f3n del pacto definitivo al constituir fuente de la \u2018obligaci\u00f3n de contratar\u2019, cuya observancia es susceptible de ejecuci\u00f3n coactiva in natura o subrogada con indemnizaci\u00f3n del da\u00f1o, incluso sustituyendo el juez al deudor\u201d12(SC14018-2014 de 18 de nov. Rad. 2000-00784-01). Si de promesa de compraventa se trata, en estos una de las partes se obliga a vender y la otra a comprar un bien determinado, en un plazo igualmente preestablecido. <\/p>\n
Por la caracter\u00edstica fundamental de contrato preparatorio, de este acuerdo voluntades surge la obligaci\u00f3n de hacer, referida a concurrir a la celebraci\u00f3n del contrato prometido, sin que ello sea impedimento para que se pueda acordar el atendimiento anticipado de algunas de las prestaciones propias de este \u00faltimo, ora pactar arras de retracto, en este caso fijando la oportunidad hasta la cual podr\u00e1 ejercerse dicha facultad, que si el negocio recae sobre inmuebles, dado el car\u00e1cter solemne de este, lo ser\u00e1 m\u00e1ximo hasta la fecha de suscripci\u00f3n de la escritura p\u00fablica que formalice el acto, puesto que una vez instrumentalizado dicho convenio decaer\u00e1 la eficacia jur\u00eddica del primero. <\/p>\n
2. En relaci\u00f3n con el contrato de compraventa desde los romanos se ha previsto el derecho al pacto de \u201carras\u201d, siendo estas usualmente sumas de dineros que se entregan o reciben como se\u00f1al de seriedad del negocio o prueba de su celebraci\u00f3n, sin que su estipulaci\u00f3n afecte el derecho que les asiste a los negociantes para retractarse del negocio, pudiendo entonces tener la calidad de arras confirmatorias o penitenciales. <\/p>\n
2.1. En la promesa de compraventa, las arras generalmente se entregan por el promitente comprador como parte del precio de la venta, las cuales -acorde con el ordenamiento interno- en el evento de que este se retracte las perder\u00e1, mientras que si la retractaci\u00f3n proviene del promitente vendedor deber\u00e1 restituirlas dobladas. <\/p>\n
Como se vio, las arras est\u00e1n \u00edntimamente ligadas a la voluntad unilateral de los convencionistas de ejercer el derecho de retracto, esto es, de arrepentirse de la celebraci\u00f3n del contrato prometido, del cual podr\u00e1 hacer uso en un plazo determinado en la ley o el que estos expresamente fijen, sin que pueda exceder el m\u00e1ximo autorizado, cuyo ejercicio no comporta, en s\u00ed mismo, un incumplimiento contractual, sin perjuicio del alcance indemnizatorio que su reconocimiento conlleva. <\/p>\n
\u00absi las partes han estipulado otra indemnizaci\u00f3n a m\u00e1s o en cambio de las arras, esa nueva indemnizaci\u00f3n se deber\u00e1 tambi\u00e9n y ser\u00e1 exigible ya que su voluntad es ley y adem\u00e1s la disposici\u00f3n del art\u00edculo 1803 no es de orden p\u00fablico ni afecta a terceros, de modo que pueden derogarla o modificarla. Solo sienta una regla general que se aplicar\u00e1 siempre que no se estipule nada al respecto. Pero si nada han dicho las partes, el otro contratante no podr\u00eda exigir al que se retract\u00f3 otra pena que la p\u00e9rdida de las arras, porque es el efecto propio de ellas, de modo que al estipularse estas queda subentendido que, si uno de los contratantes se retracta, solo perder\u00e1 dichas arras, renunci\u00e1ndose al mismo tiempo a toda otra acci\u00f3n de perjuicios. Esto es l\u00f3gico, porque como dice Pothier \u201chabiendo fijado la ley los da\u00f1os y perjuicios que resultan de la inejecuci\u00f3n de la obligaci\u00f3n del comprador s\u00f3lo a la perdida de las arras de parte de \u00e9ste y a la restituci\u00f3n de las mismas dobladas de parte del vendedor, los contratantes no pueden pretender otra indemnizaci\u00f3n al dar o al recibir las arras; deben contentarse con esta especie de indemnizaci\u00f3n y entienden renunciar a toda otra\u00bb13 <\/p>\n
3. Otra estipulaci\u00f3n accidental en este contrato preparatorio, de uso generalizado, es la de la cl\u00e1usula penal, que el art\u00edculo 1592 del C\u00f3digo Civil define, como \u00abaquella en que una persona para asegurar el cumplimiento de una obligaci\u00f3n se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligaci\u00f3n principal\u00bb. <\/p>\n
La cl\u00e1usula penal ha sido considerada como el arquetipo sancionatorio, dado que constituye la fijaci\u00f3n anticipada de los perjuicios derivados del incumplimiento contractual o el cumplimiento retardado, por lo que podr\u00eda ser compensatoria o moratoria, indicando esta Sala frente a su exigibilidad, que \u00abpara evitar un doble pago de la obligaci\u00f3n, en principio no puede exigir el acreedor, a la vez, la obligaci\u00f3n principal y la pena (\u2026), tampoco solicitar el c\u00famulo de la pena y la indemnizaci\u00f3n ordinaria de perjuicios, porque ello entra\u00f1ar\u00eda una doble satisfacci\u00f3n de los mismos, salvo que as\u00ed se haya estipulado, o que la pena convenida sea moratoria, pues en uno y otro evento s\u00ed pueden pedirse acumuladamente tales reclamaciones\u00bb (SC 029 de 23 de may. de 1996). <\/p>\n
En punto de estas figuras el ordenamiento mercantil establece en sus art\u00edculos 866 y 867 lo siguiente: <\/p>\n
Art\u00edculo 866. ARRAS. Cuando los contratos se celebren con arras, esto es, dando una cosa en prenda de su celebraci\u00f3n o de su ejecuci\u00f3n, se entender\u00e1 que cada uno de los contratantes podr\u00e1 retractarse, perdiendo las arras el que las haya dado, o restituy\u00e9ndolas dobladas el que las haya recibido. <\/p>\n
<\/p>\n
Celebrado el contrato prometido o ejecutada la prestaci\u00f3n objeto del mismo, no ser\u00e1 posible la retractaci\u00f3n y las arras deber\u00e1n imputarse a la prestaci\u00f3n debida o restituirse, si fuere el caso. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 867.CL\u00c1USULA PENAL. Cuando se estipule el pago de una prestaci\u00f3n determinada para el caso de incumplimiento, o de mora, se entender\u00e1 que las partes no pueden retractarse. <\/p>\n
<\/p>\n
Cuando la prestaci\u00f3n principal est\u00e9 determinada o sea determinable en una suma cierta de dinero la pena no podr\u00e1 ser superior al monto de aquella. <\/p>\n
<\/p>\n
Cuando la prestaci\u00f3n principal no est\u00e9 determinada ni sea determinable en una suma cierta de dinero, podr\u00e1 el juez reducir equitativamente la pena, si la considera manifiestamente excesiva habida cuenta del inter\u00e9s que tenga el acreedor en que se cumpla la obligaci\u00f3n. Lo mismo har\u00e1 cuando la obligaci\u00f3n principal se haya cumplido en parte. <\/p>\n
En ese orden, es claro que las partes podr\u00e1n acordar el pago de arras con ocasi\u00f3n del ejercicio al derecho de retracto -que no es sin\u00f3nimo de incumplimiento- o clausula penal, que excluye la posibilidad de retracto y permite al acreedor apremiar por el cumplimiento del contrato, o bien su resoluci\u00f3n, haciendo efectiva dicha disposici\u00f3n, seg\u00fan sea compensatoria o moratoria, quedando relevado de la carga de probar la ocurrencia del perjuicio. <\/p>\n
El derecho de retracto no puede confundirse con el incumplimiento contractual, que habilita al contratante que satisfizo sus obligaciones o que procur\u00f3 la realizaci\u00f3n de las mismas, para exigir al otro de manera alternativa la resoluci\u00f3n o cumplimiento forzado de la prestaci\u00f3n debida, en ambos supuestos con indemnizaci\u00f3n de perjuicios, sea los ordinarios o los que convencionalmente hubieran podido acordar, mediante la estipulaci\u00f3n de cl\u00e1usula penal, dado que \u00e9sta constituye una prefijaci\u00f3n del monto de los perjuicios por parte de los contratantes, ante el eventual incumplimiento injustificado de los deberes contractuales, la cual por dem\u00e1s seg\u00fan se ha indicado por esta Corte \u00abpermite eximir al reclamante de la carga de demostrar los perjuicios que se le causaron con ocasi\u00f3n de la infracci\u00f3n de la obligaci\u00f3n principal y cu\u00e1l la naturaleza de \u00e9stos, pues mediando la cl\u00e1usula penal, dichos perjuicios se presumen juris et de jure, en forma tal que el deudor no es admitido a probar en contrario, extendi\u00e9ndose este beneficio probatorio a la acreditaci\u00f3n de la cuant\u00eda de los perjuicios, porque en virtud de ella este monto queda fijado de antemano. (SC170-2018 de 15 de feb. Rad. 2007-00299-01). <\/p>\n
4. En el caso sub examine, en punto de que la obligaci\u00f3n resarcitoria se extendiera a Alianza Fiduciaria baste se\u00f1alar, que al no haberse desvirtuado la presunci\u00f3n de legalidad y acierto que ampara la determinaci\u00f3n del tribunal, atinente a que dicha sociedad carece de legitimaci\u00f3n en causa desde la arista de la responsabilidad contractual, o que no le es imputable un actuar negligente que la hiciera responsable civilmente frente a la demandante, ning\u00fan dislate puede endilgarse por el hecho de que, a consecuencia de aquella inferencia, no se impusiera en su contra condena alguna. <\/p>\n
5. Por otra parte, el casacionista, en lo medular, critica al tribunal de confundir el deber de restituir \u00edntegramente el valor que como parte del precio entregaron las promitentes compradoras con la obligaci\u00f3n de pagar las \u201carras\u201d pactadas, debido a que descont\u00f3 del primero el 25% que por el \u00faltimo concepto fue acordado, as\u00ed como el hecho de que el valor hubiera sido indexado a partir del IPC y no de los intereses bancarios corrientes, por tratarse de un asunto mercantil. <\/p>\n
Dej\u00f3 sentado, expresamente, que en la sexta acusaci\u00f3n \u00abno se reprochan las consideraciones jur\u00eddicas que condujeron al Tribunal a interpretar la cl\u00e1usula cuarta de sendos contratos de promesa de compraventa como \u201ccl\u00e1usula penal\u201d, como tampoco se discute la apreciaci\u00f3n material que el sentenciador de segunda instancia hizo de los aludidos contratos al darle esa interpretaci\u00f3n a la referida cl\u00e1usula, por lo que esos puntos han de permanecer inc\u00f3lumes o inalterados por no ser materia del presente cargo\u00bb, limitando la censura al no reconocimiento de los intereses moratorios comerciales sobre los referidos montos. <\/p>\n
Tal manifestaci\u00f3n permite a la Corte restringir el escrutinio a establecer si -como indica el recurrente- err\u00f3 el tribunal en cuanto a la restituci\u00f3n integral del valor recibido por el promitente vendedor y al no reconocer intereses moratorios bancarios corrientes sobre aquellas sumas, transgrediendo las normas denunciadas en la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
Como se rese\u00f1\u00f3 con antelaci\u00f3n, en las promesas ajustadas entre Irma Sus Pastrana y Centro Comercial El Retiro S.A. se fijaron las condiciones generales de las compraventas prometidas, siendo del caso destacar que en el par\u00e1grafo II de la cl\u00e1usula cuarta que se titul\u00f3 \u201cARRAS\u201d se fijaron tres directrices fundamentales: (i) Las partes acuerdan una suma equivalente al 25% del precio de este contrato, se entregan a EL PROMITENTE VENDEDOR a t\u00edtulo de arras de retractaci\u00f3n, para las cuales regir\u00e1 lo establecido en los art\u00edculos 1859 y 1860 del C\u00f3digo Civil, suma que se abonar\u00eda al precio al momento de celebrar el negocio prometido; (ii) Las partes acuerdan que tendr\u00e1n derecho al retracto hasta la fecha se\u00f1alada para suscribir la escritura p\u00fablica por la cual se d\u00e9 cumplimiento a la presente promesa de compraventa, esto es, como fecha l\u00edmite para ejercer el derecho de retracto se acord\u00f3 el mismo d\u00eda de suscripci\u00f3n del instrumento que perfeccionara la venta; y, (iii). que \u00abEl incumplimiento de cualquiera de las partes a sus obligaciones seg\u00fan lo pactado en la presente promesa se tendr\u00e1 como retracto de la misma\u00bb (resalta la Sala). Valga decir, el desacato de los deberes contractuales, por cualquiera de las partes, lo asimilaron al ejercicio del retracto. <\/p>\n
Las partes, como se ve, determinaron que en el evento de hacer uso de ese derecho de arrepentimiento negocial deber\u00edan cancelarse \u201carras\u201d en los t\u00e9rminos que indican los art\u00edculos 1859 y 1860 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
6. El Tribunal al examinar la alzada, estableci\u00f3, que al no haberse presentado la promitente vendedora a la Notar\u00eda el d\u00eda pactado para suscribir la escritura p\u00fablica que formalizar\u00eda la venta de los bienes prometidos \u00e9sta incumpli\u00f3 aquellos contratos, destacando conductas antecedentes que revelaban su intencionalidad de no honrar dichos compromisos, entre otras, la alteraciones de las \u00e1reas de los predios, el acceso a la terraza, las manifestaciones que hiciera ante la justicia penal de haber ejercido el derecho de retracto y la venta que hiciera a terceros a pocos meses de su inasistencia a la notar\u00eda, d\u00e1ndoles el acceso que a la se\u00f1ora Pastrana retir\u00f3. <\/p>\n
A partir del incumplimiento inferido a cargo de la convocada, estim\u00f3 viable declarar la resoluci\u00f3n de los contratos y, debido a esta determinaci\u00f3n, proceder a la consecuencia natural de ello, cual es, disponer las correspondientes restituciones mutuas, precisando \u00abque las restituciones a cargo del vendedor se contraen a devolver las sumas que recibi\u00f3 como parte del pago del precio pactado en los contratos seg\u00fan se acredit\u00f3 en la demanda, debidamente indexados, a los cuales se les debe descontar las arras del negocio por lo que viene de se\u00f1alarse [\u2026] narrando el procedimiento que adoptar\u00eda para ello as\u00ed: \u00abse tomar\u00e1 como punto de partida la fecha en que se suscribi\u00f3 el otros\u00ed No. 2, en tanto que como fecha final se tendr\u00e1 en cuenta la variaci\u00f3n del IPC reportada para junio de 2021, ya que a la data de la emisi\u00f3n de este fallo es el \u00faltimo reportado por el DANE. Las sumas de dinero resultantes de dicha operaci\u00f3n deber\u00e1n ser devueltos a los contratantes cumplidos, ya que ha sido el demandado el responsable del rompimiento del negocio jur\u00eddico, pues resultar\u00eda injusto e inequitativo despojar al promitente comprador de la correcci\u00f3n monetaria del monto que entreg\u00f3\u00bb (subraya la Sala). <\/p>\n
Como se ve, para este ejercicio dio por acreditados los precios acordados por los locales, la cuant\u00eda de las \u201carras\u201d pactadas y los pagos anticipados realizados por los promitentes compradores as\u00ed: <\/p>\n
<\/p>\n
PREDIO <\/p>\n
PRECIO PACTADO <\/p>\n
VRS PAGADOS <\/p>\n
ARRAS PACTADAS <\/p>\n
LOCAL 205\/231 <\/p>\n
484.190.000,00 <\/p>\n
355.072.660,00 <\/p>\n
121.047.500,00 <\/p>\n
LOCAL 214\/241 <\/p>\n
930.300.000,00 <\/p>\n
715.390.280,00 <\/p>\n
232. 575.000,00 <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, del valor pagado por los promitentes compradores como parte del precio descont\u00f3 las \u201carras\u201d y el resultado obtenido procedi\u00f3 a indexarlo, tomando para ello la variaci\u00f3n del \u00edndice de precios al consumidor, para obtener el valor a restituir a la fecha de la sentencia de segundo grado as\u00ed: <\/p>\n
<\/p>\n
PREDIO <\/p>\n
VRS PAGADOS <\/p>\n
ARRAS <\/p>\n
DIFERENCIA <\/p>\n
LOCAL 205\/231 <\/p>\n
355.072.660,00 <\/p>\n
121.047.500,00 <\/p>\n
234.025.160,00 – <\/p>\n
LOCAL 214\/241 <\/p>\n
715.390.280,00 <\/p>\n
482.815.280,00* <\/p>\n
*El saldo que indica la sentencia es de $481.365.120,00 <\/p>\n
Con dicho procedimiento obtuvo como valor presente a devolver a t\u00edtulo de restituciones mutuas el siguiente: <\/p>\n
<\/p>\n
PREDIO <\/p>\n
DIFERENCIA <\/p>\n
VR HIST\u00d3RICO <\/p>\n
DIFERENCIA <\/p>\n
VR INDEXADO <\/p>\n
LOCAL 205\/231 <\/p>\n
234.025.160,00 <\/p>\n
$435.464.538,23 <\/p>\n
LOCAL 214\/241 <\/p>\n
482.815.280,00 <\/p>\n
$895.704.716,97 <\/p>\n
Superado esto, el iudex plural se ocup\u00f3 de los perjuicios reclamados, oportunidad en la cual sostuvo que la pena pactada por las partes en caso de incumplimiento fue ese 25% del precio de venta acordado \u00abeso y nada m\u00e1s\u00bb y, acogiendo precedente de esta Sala, les dio a dichas \u201carras\u201d el alcance de \u201ccl\u00e1usula penal\u201d \u00abque cumplen en el sub examine la funci\u00f3n de tasar de manera anticipada los perjuicios, raz\u00f3n por la cual frente a este especial t\u00f3pico debe estarse a lo expresamente pactado en el convenio suscrito entre las partes\u00bb, con soporte en lo cual, al ser el promitente vendedor quien desacat\u00f3 el acuerdo deb\u00eda devolverlas dobladas as\u00ed: <\/p>\n
<\/p>\n
PREDIO <\/p>\n
ARRAS PACTADAS <\/p>\n
VALOR A PAGAR POR PERJUICIOS <\/p>\n
LOCAL 205\/231 <\/p>\n
1201.047.500,00 <\/p>\n
242.095.000,00 <\/p>\n
LOCAL 214\/241 <\/p>\n
232.575.000,00 <\/p>\n
7. Para resolver las censuras, estima la Sala necesario pronunciarse inicialmente respecto del \u00faltimo reclamo que prontamente se advierte infructuoso, por las razones que enseguida se exponen. <\/p>\n
Es indiscutible, que al haberse colegido por el juzgador -y aceptarse por el recurrente- que al valor fijado por \u201carras\u201d se le diera el alcance de cl\u00e1usula penal, no resultaba procedente acceder al reclamo de intereses moratorios sobre dichas sumas, pues por sabido se tiene que estos llevan inmerso el car\u00e1cter sancionatorio, contra el deudor de la obligaci\u00f3n que, en palabras de la Corte, representan la indemnizaci\u00f3n de perjuicios por la mora\u201d14 y, dado que las partes en la referida estipulaci\u00f3n punitiva no extendieron la posibilidad de habilitar dicho reconocimiento, por la naturaleza misma de este tipo de convenios ning\u00fan pago adicional con tales caracter\u00edsticas le era exigible a la convocada. <\/p>\n
Ciertamente, esta Corte ha adoctrinado que <\/p>\n
Los intereses representan los perjuicios causados al acreedor por la mora del deudor en el pago de una cantidad de dinero (Art. 1617 del c\u00f3digo civil). La cl\u00e1usula penal tambi\u00e9n constituye una fijaci\u00f3n anticipada entre las partes del valor de los perjuicios por el incumplimiento del obligado. Por eso es por lo que el art\u00edculo 1600 del c\u00f3digo civil proh\u00edbe demandar a la vez la pena y la indemnizaci\u00f3n de perjuicios, a menos de estipulaci\u00f3n expresa en contrario. Porque en este \u00faltimo caso la ley considera que la pena corresponde a los perjuicios por el simple retardo de la ejecuci\u00f3n del contrato, da\u00f1os moratorios, quedando por fuera de la estipulaci\u00f3n los da\u00f1os compensatorios, cuyo valor en dinero reemplaza e indemniza la plena inejecuci\u00f3n del contrato, la cual es entonces dable perseguir de manera espec\u00edfica contra el deudor. Mas cuando por el convenio de las partes aparece que la pena tiende a reemplazar la ejecuci\u00f3n de la prestaci\u00f3n pactada en forma principal, y se debe en el evento de la inejecuci\u00f3n, entonces quien esto estipula provee a conseguir una indemnizaci\u00f3n que lo habr\u00e1 de compensar totalmente. No es posible en tales circunstancias cobrar perjuicios por el simple retardo, porque esos perjuicios est\u00e1n ya incluidos como sumando en la fijaci\u00f3n antelada que del total han hecho las partes. (CSJ SC de 3 de marzo de 1938 Gaceta Judicial 1933). <\/p>\n
Quiere decir lo anotado, que el monto estipulado y calificado por el Tribunal como \u201ccl\u00e1usula penal\u201d15 resarcir\u00eda los perjuicios moratorios, derivados del incumplimiento de la promesa, de suerte que el cobro de rubros distintos por el mismo concepto, no ser\u00eda viable, amen que si las partes, en ejercicio de la autonom\u00eda de la voluntad privada justipreciaron convencionalmente de antemano esa especie de indemnizaci\u00f3n, se entiende que ella lleva inmersa cualquier otro concepto, luego reconocerlos implicar\u00eda habilitar un doble pago. <\/p>\n
Esto, debido a que, es inocultable que la voluntad de las partes fue acordar una suma especifica como contraprestaci\u00f3n punitiva por el incumplimiento, sin aditamento alguno, esto es, sin intereses, por lo que desde esta perspectiva no resulta reprochable la decisi\u00f3n del tribunal que hall\u00f3 improcedente ese reconocimiento de intereses bancarios moratorios. <\/p>\n
Y no se diga que por el hecho de que desde la fecha en que se dio el incumplimiento hasta el momento en que debe ser satisfecha la \u201ccl\u00e1usula penal\u201d hubiere pasado alg\u00fan tiempo considerable se torna viable el reconocimiento de intereses moratorios sobre el monto pactado, habida cuenta que tanto la ley como la jurisprudencia permiten el apartamiento de lo literalmente establecido por tal concepto, bien por disposici\u00f3n de las partes o por determinaci\u00f3n judicial, cuando a juicio del funcionario pareciera enorme. <\/p>\n
En efecto, tanto el art\u00edculo 1601 del C\u00f3digo Civil como el 867 del C\u00f3digo de Comercio contemplan l\u00edmites a la cuantificaci\u00f3n de la cl\u00e1usula penal, habilitando a los jueces a su regulaci\u00f3n cuando lo estime pertinente, al igual que a las partes para acudir o no a su reclamaci\u00f3n. Es as\u00ed como el art\u00edculo 1600 del C\u00f3digo Civil es claro al se\u00f1alar, que \u00abNo podr\u00e1 pedirse a la vez la pena y la indemnizaci\u00f3n de perjuicios, a menos de haberse estipulado as\u00ed expresamente; pero siempre estar\u00e1 al arbitrio del acreedor pedir la indemnizaci\u00f3n o la pena\u00bb. <\/p>\n
Significa esto \u00faltimo, que el acreedor siempre tendr\u00e1 en su haber la posibilidad reclamar el valor de la pena pactada como cuantificaci\u00f3n anticipada de los perjuicios, cuando considere que este constituye una reparaci\u00f3n adecuada al detrimento sufrido, sin exceder el l\u00edmite autorizado. Tambi\u00e9n puede desligarse de \u00e9sta y optar por el reclamo de los perjuicios ordinarios que considere efectivamente padecidos con ocasi\u00f3n del retardo o el incumplimiento de la obligaci\u00f3n, evento en el que asume la carga de probar la ocurrencia del perjuicio y su cuant\u00eda, que en trat\u00e1ndose de obligaciones dinerarias de car\u00e1cter mercantil se entienden los comprende los intereses. <\/p>\n
Es imperativo el art\u00edculo 65 de la Ley 45 de 1990, al se\u00f1alar, que \u00ab[E]n las obligaciones mercantiles de car\u00e1cter dinerario el deudor estar\u00e1 obligado a pagar intereses en caso de mora y a partir de ella. Toda suma que se cobre al deudor como sanci\u00f3n por el simple retardo o incumplimiento del plazo de una obligaci\u00f3n dineraria se tendr\u00e1 como inter\u00e9s de mora, cualquiera sea su denominaci\u00f3n\u00bb. Luego si la obligaci\u00f3n es dineraria y se dispuso como sanci\u00f3n el incumplimiento el pago de una cl\u00e1usula penal y \u00e9sta por el devenir del tiempo se torn\u00f3 irrisoria, el acreedor puede optar por abandonar \u00e9sta y reclamar los intereses bancarios moratorios causados desde el momento en que la obligaci\u00f3n se hizo exigible hasta cuando se verifique el pago, a t\u00edtulo de perjuicios ordinarios. <\/p>\n
En ese orden, siendo que en este cargo la parte no disputa que el tribunal hubiere reconocido en su favor el valor correspondiente a lo que calific\u00f3 de \u201ccl\u00e1usula penal\u201d, como perjuicios por el incumplimiento de los contratos de promesa ajustados con la demandada, no se apart\u00f3 el juzgador del orden jur\u00eddico vigente al no adicionar a dicho valor los intereses bancarios moratorios, puesto que su reconocimiento, a no dudar constituir\u00eda un doble pago como de forma reiterada se ha pregonado por esta Corte. <\/p>\n
Lo anotado lleva al fracaso la cr\u00edtica que en esa direcci\u00f3n se invoc\u00f3. <\/p>\n
8. El otro aspecto en discusi\u00f3n, es lo concerniente a las restituciones mutuas impuestas al promitente vendedor en favor de la promitente compradora, consistente en la devoluci\u00f3n integral del dinero recibido como parte de pago del precio fijado a los inmuebles objeto de las promesas de compraventa, por cuanto para el casacionista resultaba improcedente deducir como -lo hizo el tribunal- las sumas fijadas como \u201carras\u201d y que la actualizaci\u00f3n se realizara a partir del IPC y no teniendo en consideraci\u00f3n \u00ablos intereses bancarios corrientes seg\u00fan los dictados del art\u00edculo 884 del C\u00f3digo de Comercio, por tratarse indiscutiblemente de un asunto de naturaleza mercantil\u00bb. <\/p>\n
Sea lo primero recordar, que en trat\u00e1ndose de restituciones mutuas en raz\u00f3n del aniquilamiento de los acuerdos contractuales ha planteado esta Corte la necesidad de que las cosas se retrotraigan al estado en que se encontraban al momento en que se ajust\u00f3 el convenio, reconociendo el derecho a que las sumas de dinero se restituyan conservando el poder adquisitivo que ten\u00edan al tiempo de su entrega, en atenci\u00f3n a la incidencia que tiene el fen\u00f3meno inflacionario que afecta las econom\u00edas emergentes como la colombiana y que lleva inmerso una permanente p\u00e9rdida del poder adquisitivo de la moneda, en aplicaci\u00f3n a claros principios de equidad para restablecer el equilibrio perdido. <\/p>\n
Esta Colegiatura, de tiempo atr\u00e1s ha prohijado esa necesidad de mantener ese equilibrio econ\u00f3mico, precisando que <\/p>\n
El valor del dinero en el tiempo, pues, es un concepto indubitable; sin reconocer alguna remuneraci\u00f3n, desaparecer\u00eda cualquier incentivo para optar por invertir una suma de dinero esperando retornos futuros, en lugar de mantener a buen resguardo el capital, minimizando el riesgo de p\u00e9rdida. En ese sentido, resultan justificadas las tendencias actuales del derecho privado, en tanto reconocen la necesidad de correlacionar la recompensa por una transferencia dineraria intersubjetiva, con el lapso durante el cual el sujeto pasivo de la relaci\u00f3n obligacional dispuso del activo l\u00edquido de propiedad de su contraparte. <\/p>\n
En trat\u00e1ndose de las restituciones mutuas en el contrato de promesa de compraventa, la situaci\u00f3n no es id\u00e9ntica, pero s\u00ed asimilable. Es claro que el promitente comprador no entrega el dinero con el fin de obtener un ulterior retorno remunerado, sino que lo hace para cubrir, total o parcialmente, el precio del negocio prometido. Pero una vez el acuerdo preliminar se invalida, la transferencia pierde su causa, y emerge una verdad incontrovertible: que el promitente vendedor tuvo a su disposici\u00f3n los dineros de la otra parte del convenio, durante cierto tiempo. <\/p>\n
Dicho cometido se logra a trav\u00e9s del mecanismo de la indexaci\u00f3n, cuya funci\u00f3n no es otra reconocer ese impacto de la inflaci\u00f3n sobre el dinero, para lo cual se trae a valor presente un monto espec\u00edfico, mediante la aplicaci\u00f3n de algunas pautas fijadas por la ley o la jurisprudencia <\/p>\n
Empero, para satisfacer tal cometido se ha indicado que este proceso, al margen de la modalidad que eventualmente puedan convenir las partes, en todos los eventos no puede quedar al arbitrio del juzgador, sino que es necesaria la atenci\u00f3n de algunas pautas que legal y jurisprudencialmente se han establecido, entre los que se pueden mencionar los mecanismos de actualizaci\u00f3n directos, como son los basados en la variaci\u00f3n de la UVR, del salario m\u00ednimo, la tasa de inter\u00e9s pura, o un factor temporal como el IPC, etc. -\u00e9ste \u00faltimo de ampl\u00eda utilizaci\u00f3n por esta Corte- y otros llamados de indexaci\u00f3n indirecta como son los intereses bancarios que certifica la Superintendencia Financiera con base en las ponderaciones de los promedios de las tasas cobradas, efectivamente, por las entidades financieras, atendiendo las condiciones de oferta y demanda de pr\u00e9stamo de los recursos; el riesgo inherente a la actividad; el fen\u00f3meno inflacionario de la econom\u00eda y la devaluaci\u00f3n que experimenta la moneda nacional en el mercado, involucrando as\u00ed dicho inter\u00e9s un componente de correcci\u00f3n monetaria y otro de tasa pura. <\/p>\n
Ahora bien, justamente por esa diversidad de factores que intervienen en el c\u00e1lculo de los intereses bancarios, esta Colegiatura ha sido reiterativa al sostener la improcedencia de acumular en la restituci\u00f3n de sumas dinerarias este tipo de intereses y la correcci\u00f3n monetaria, por cuanto ello podr\u00eda conllevar aceptar un doble pago en detrimento injustificado de quien deber\u00e1 hacer dicho reembolso. Es as\u00ed que la Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00abcomo en la sentencia en que se reclama un pronunciamiento sobre intereses respecto de la suma que debe restituir una de las partes del contrato anulado, ya se reconoci\u00f3 correcci\u00f3n monetaria, resulta inadmisible agregar a \u00e9sta dichos intereses, puesto que ambos conceptos en tanto que son excluyentes entre s\u00ed, son incompatibles; a ese respecto esta corporaci\u00f3n, en fallo de casaci\u00f3n civil de 19 de noviembre de 2001, expediente 6094, dej\u00f3 sentado que en el rubro de intereses comerciales, como son los que aqu\u00ed se solicitan, sean de plazo o moratorios, va \u00ednsito, entre otros factores, el reconocimiento del ajuste del respectivo capital que proviene de la depreciaci\u00f3n de la moneda, la cual de por si excluye sumar a aquellos la correcci\u00f3n monetaria; y si \u00e9sta, como aqu\u00ed, ya fue dispuesta, tampoco puede agregarse condena por intereses, pues se estar\u00eda patrocinando, cuando menos parcialmente, un doble pago por el mismo concepto, con lo cual se romper\u00eda el equilibrio que debe guardarse en materia de restituciones derivadas de la nulidad de un contrato. Y bajo esos supuestos, se debe adicionar la sentencia en el sentido de denegar el reconocimiento de intereses deprecado (CSJ AC de 13 de dic. 2001 Exp. 6849). <\/p>\n
Contrario sensu, ha sido pacifica la l\u00ednea jurisprudencial en cuanto a la validez de hacer, dicha acumulaci\u00f3n cuando de tasa de inter\u00e9s pura se trata (legal del 6% anual), esto es, ha sido constante la Corporaci\u00f3n al se\u00f1alar la procedencia de acumular a la correcci\u00f3n monetaria los intereses previstos en el ordenamiento. Es as\u00ed como el prove\u00eddo antes citado -dictado en juicio de nulidad contractual- se indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abla jurisprudencia ha acudido a un par\u00e1metro supletivo, que permite reconocer un margen de beneficio prudente y equitativo, sin acudir a proyecciones altamente especulativas: la tasa de inter\u00e9s legal prevista en el art\u00edculo 1617 del C\u00f3digo Civil, esto es, un 6% efectivo anual. Primero, por su razonabilidad econ\u00f3mica (se trata de un porcentaje de utilidad neta similar al ofertado por fondos de inversi\u00f3n, CDT y CDAT, inversiones en TES, etc.), y segundo, porque es viable su acumulaci\u00f3n con la variaci\u00f3n del costo de vida. <\/p>\n
Esta compatibilidad, en cambio, no es procedente en trat\u00e1ndose del inter\u00e9s bancario corriente, pues se tiene decantado que <\/p>\n
\u00ab(…) en materia mercantil, seg\u00fan lo precis\u00f3 la Corte en su sentencia del 19 de noviembre de 2001, el legislador adopt\u00f3 un mecanismo de indexaci\u00f3n indirecta de las obligaciones pecuniarias de tal naturaleza, engastado en los intereses previstos en dicha normatividad. En la modalidad indicada, se\u00f1al\u00f3 la Corporaci\u00f3n, \u201cla deuda dineraria \u2013por regla\u2013 sigue aferrada al principio nominal\u00edstico, y los \u00edndices de correcci\u00f3n se aplican por v\u00eda refleja, en situaciones particulares, una de cuyas principales expresiones es la tasa de inter\u00e9s que incluye la inflaci\u00f3n (componente inflacionario) y que, por ende, conlleva el reajuste indirecto de la prestaci\u00f3n dineraria, evento en el cual resulta innegable que ella, adem\u00e1s de retribuir \u2013y, en el caso de la moratoria, resarcir\u2013 al acreedor, cumple con la funci\u00f3n de compensarlo por la erosi\u00f3n que, ex ante, haya experimentado la moneda (funci\u00f3n t\u00edpicamente dual)’. <\/p>\n
Por la circunstancia anotada consider\u00f3 que si \u201c\u2026el pago, a manera de segmento cuantitativo, involucra el reconocimiento de intereses legales comerciales, no pueden los jueces, con prescindencia de toda consideraci\u00f3n especial, ordenar igualmente el ajuste monetario de la suma adeudada, espec\u00edficamente cuando los r\u00e9ditos que el deudor debe reconocer son de naturaleza comercial, puesto que, sean ellos remuneratorios o moratorios, el inter\u00e9s bancario corriente que sirve de base para su cuantificaci\u00f3n (art. 884 C. de Co.), ya comprende, per se, la aludida correcci\u00f3n\u201d <\/p>\n
(…) La compatibilidad originaria de la correcci\u00f3n monetaria y de los intereses, depende, fundamentalmente, de la naturaleza y tipolog\u00eda de \u00e9stos, puesto que, si ellos son los civiles, nada impide que, in casu, se ordene el reajuste monetario de la suma debida. Pero si el inter\u00e9s ya comprende este concepto (indexaci\u00f3n indirecta), se resalta de nuevo, imponer la correcci\u00f3n monetaria, per se, equivaldr\u00eda a decretar una doble -e inconsulta- condena por un mismo \u00edtem, lo que implicar\u00eda un grave quebranto de la ley misma, ya que \u00e9sta ha establecido, en forma imperativa, que la manera de hacer el ajuste monetario de las obligaciones dinerarias de abolengo mercantil, es por la v\u00eda de los intereses, por la pot\u00edsima raz\u00f3n de que est\u00e1 entronizado en uno de los factores constitutivos o determinantes de la tasa reditual de mercado\u201d. <\/p>\n
(…) Si como queda visto, en la composici\u00f3n del inter\u00e9s legal comercial, identificado con el inter\u00e9s bancario corriente, se fusionan los factores preanotados, uno de los cuales procura recomponer el capital, es decir, compensar la depreciaci\u00f3n que pueda experimentar, ning\u00fan error cometi\u00f3 el Tribunal cuando dej\u00f3 de aplicar, para los efectos que se comentan, el art\u00edculo 884 del C\u00f3digo de Comercio, por considerar que al condenar simult\u00e1neamente al pago de una suma de dinero indexada, e intereses legales comerciales sobre el mismo valor, se privilegiar\u00eda injustamente al acreedor, quien doblemente ver\u00eda retribuida la desvalorizaci\u00f3n del capital, en perjuicio del deudor, y con evidente desconocimiento de la finalidad buscada por el art\u00edculo 1746 del C\u00f3digo Civil, al romper la simetr\u00eda que debe presidir el reconocimiento de las prestaciones tendientes a restablecer a las partes a la situaci\u00f3n que ten\u00edan al momento de contratar, pues tales intereses, contrario a lo que predica el impugnador, no son simplemente representativos de una tasa de inter\u00e9s lucrativo o puro (…). De manera que, si esos intereses involucran un coeficiente destinado a revalorizar el capital, no pueden acumularse con la condena al pago del capital sobre el cual deben calcularse, reajustado monetariamente, so pena de tornar la declaraci\u00f3n judicial de nulidad en fuente indebida de provecho para el acreedor\u00bb (CSJ SC, 25 abr. 2003, rad. 7140)\u00bb16. <\/p>\n
Por otra parte, en relaci\u00f3n con los asuntos en los que se encuentren involucrados asuntos mercantiles, si bien se mantiene indemne la imposibilidad de acumular la correcci\u00f3n monetaria y los intereses bancarios, debido a que, como se indic\u00f3 en precedencia, estos \u00faltimos ya incluyen, el componente de correcci\u00f3n monetaria, entre otros factores que lo integran, se ha aceptado que esa actualizaci\u00f3n pueda realizarse a partir de estos \u00faltimos. <\/p>\n
El camino en esa direcci\u00f3n qued\u00f3 apuntalado con la sentencia del 19 de noviembre de 2001, en la que se indic\u00f3: <\/p>\n
En este orden de ideas, puede afirmarse que si el deudor de una obligaci\u00f3n mercantil de naturaleza dineraria, est\u00e1 obligado \u2013ope legis- a pagar intereses en caso de mora (art. 65, Ley 45 de 1990); si ese deudor, por mandato de la ley, debe reconocerle a su acreedor una tasa de inter\u00e9s, la cual, como se anot\u00f3, cubre la desvalorizaci\u00f3n de la moneda, debe concluirse que, trat\u00e1ndose de dichas obligaciones, el legislador, por v\u00eda de los intereses, consagr\u00f3 un mecanismo de indexaci\u00f3n indirecta \u2013o refleja- que excluye la posibilidad de reclamar un reajuste complementario o de prohijar un camino diferente para el reconocimiento de la correcci\u00f3n monetaria, como ser\u00eda, por v\u00eda de ejemplo, la actualizaci\u00f3n del valor originario, para aplicar sobre el resultado una tasa de inter\u00e9s pura, toda vez que las v\u00edas indirectas de indexaci\u00f3n \u201cno operan para producir la \u2018repotenciaci\u00f3n\u2019 de una \u2018suma determinada\u2019 hist\u00f3rica, sino que concretan cierta expresi\u00f3n en moneda actual\u201d. Y como la modalidad adoptada por el legislador comercial para ajustar las obligaciones dinerarias en caso de mora del deudor, privativamente fue la de los intereses, no es posible, ad libitum, acudir a otra metodolog\u00eda, a pretexto de ser m\u00e1s decantada o diferente el resultado aritm\u00e9tico, de suerte que el juzgador, por su espec\u00edfica naturaleza imperativa, no puede soslayar la preceptiva legal para transitar, en el punto, por un sendero trazado a su talante, como quiera que \u201cla revalorizaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u2026no debe hacerse matem\u00e1tica e indiscriminadamente, pues se corre el peligro de caer en graves injusticias sociales\u201d , a fortiori, cuando se tiene establecido, a modo de inquebrantable criterio rector, que cuando se reconocen intereses se est\u00e1 igualmente actualizando la suma primigeniamente adeudada (cas. civ. de 24 de enero de 1990, CC, p\u00e1g. 22; cas. civ. de 18 de septiembre de 1995, CCXXXVII, p\u00e1g. 911, entre otros). <\/p>\n
Esta ha sido, cumple memorarlo, la doctrina prevalente de la Corte, con arreglo a la cual se ha precisado que, cuando se trata de intereses legales de car\u00e1cter mercantil, la tasa certificada por la Superintendencia Bancaria \u201cincluye por principio el resarcimiento inherente a la p\u00e9rdida del poder adquisitivo del dinero\u201d (cas. civ. de 30 de mayo de 1996, CCXL, p\u00e1g. 707), pues aquella refleja el promedio de las tasas que en un determinado per\u00edodo cobran los bancos a sus clientes en las operaciones activas de cr\u00e9dito, las que comprenden, \u201cpor sobre el denominado costo financiero estricto, un precio justo que al segundo \u2013el banco- le permita cubrir sus expensas operativas, crear reservas para hacerle frente a los riesgos en los que la depreciaci\u00f3n monetaria juega sin duda un papel preponderante y obtener, en fin, un razonable aprovechamiento empresarial\u201d (se subraya; cas. civ. de 18 de septiembre de 1995, CCXXXVII, p\u00e1g. 910). De ah\u00ed, entonces, que no ser\u00eda \u201cjusto ni equitativo, esta vez con el deudor, hacer gravitar nuevamente y de manera arbitraria el deterioro del signo monetario, imponi\u00e9ndole una condena adicional que vendr\u00eda a hacerlo soportar un doble pago del mismo concepto por la v\u00eda de la revaluaci\u00f3n de la suma l\u00edquida adeudada\u201d (cas. civ. de 24 de enero de 1990; CC, p\u00e1g. 22. Vid: CCVIII, p\u00e1g. 418; cas. civ. de mayo 3 de 2000; exp: 5360). <\/p>\n
Es importante resaltar que a la tesis que se viene predicando, esto es, que en materia mercantil el legislador \u2013por v\u00eda de intereses- estableci\u00f3 un mecanismo de indexaci\u00f3n indirecta, no se opone el car\u00e1cter supletivo de las normas que en dicho ordenamiento regulan este t\u00f3pico, como quiera que esa fisonom\u00eda suced\u00e1nea s\u00f3lo se predica respecto de las tasas que habr\u00e1n de aplicarse cuando no \u201cse especifique por convenio el inter\u00e9s\u201d (art. 884 C. de Co.), pero no en lo atinente a los l\u00edmites impuestos por el legislador a los r\u00e9ditos que puede cobrar el acreedor, aspecto \u00e9ste de tales disposiciones de naturaleza eminentemente imperativa, como quiera que obedecen a claras y definidas reglas de orden p\u00fablico econ\u00f3mico, las cuales, como se sabe, buscan \u201cmantener el orden y garantizar la equidad en las relaciones econ\u00f3micas, evitando los abusos y arbitrariedades que se puedan presentar en perjuicio de la comunidad\u201d (C. Const. Sent. C-083 de 17 de febrero de 1999). Por tanto, si el legislador comercial, como se explic\u00f3, instituy\u00f3 un mecanismo de indexaci\u00f3n indirecta a trav\u00e9s de los intereses, no puede el int\u00e9rprete abogar por una metodolog\u00eda divergente para obtener el ajuste de la obligaci\u00f3n dineraria, toda vez que ello traducir\u00eda, en \u00faltimas, el desconocimiento de normas que, en lo pertinente, son de obligatorio cumplimiento y observancia. <\/p>\n
No escapa a la Sala que, en algunas oportunidades \u2013ciertamente escasas-, la Corte en el pasado entendi\u00f3 que era posible acumular la correcci\u00f3n monetaria a los intereses bancarios corrientes (cas. civ. de marzo 7 y 14 de 1994, exps: 4163 y 3061; CCXXVIII, p\u00e1gs. 520 y 684). Sin embargo, con prontitud, abandon\u00f3 esa postura, para se\u00f1alar, con base en la orientaci\u00f3n atr\u00e1s esbozada, que el deudor moroso \u201cest\u00e1 obligado al resarcimiento de los da\u00f1os que pueden tener expresi\u00f3n, ya sea en los intereses moratorios\u2026, o bien en la ulterior reparaci\u00f3n de perjuicios de mayor entidad si el acreedor reclamante demuestra haberlos experimentado, siendo entendido desde luego que al ser objeto de reconocimiento los primeros\u2026, ello impide que al mismo tiempo, a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n suplementaria, se imponga condena alguna con el fin de compensar en t\u00e9rminos econ\u00f3micos, por ejemplo, la depreciaci\u00f3n monetaria\u201d (se subraya; cas. civ. de agosto 12 de 1998; CCLV, p\u00e1g. 355. Vid: Sent. de 18 de septiembre de 1995; CCXXXVII, p\u00e1g. 910), criterio \u00e9ste que tambi\u00e9n ha sido expuesto \u2013una y otra vez- por la doctrina especializada, al se\u00f1alar que \u201cla tasa de inter\u00e9s corriente para deudas no actualizables contiene una serie de \u2018escorias\u2019 que se agregan a la renta del capital, una de las cuales, de significativa incidencia, es la tasa inflacionaria incorporada\u201d (se subraya). <\/p>\n
M\u00e1s adelante agreg\u00f3: <\/p>\n
No obstante lo anterior, conviene agregar que so pretexto de esa posibilidad de resarcimiento del da\u00f1o complementario, no puede el acreedor de una obligaci\u00f3n mercantil favorecido con el reconocimiento de intereses moratorios, obtener, al amparo del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 1617, o de los art\u00edculos 884 del C\u00f3digo de Comercio, 65 de la Ley 45 de 1990 y 111 de la Ley 510 de 1999, un reajuste monetario adicional al ya inserto en esos r\u00e9ditos, so capa de ser insuficiente el que incorpora la tasa de mora a que tales preceptos se refieren, no s\u00f3lo porque la p\u00e9rdida del poder adquisitivo del dinero no constituye \u2013en s\u00ed- un da\u00f1o propiamente dicho, como qued\u00f3 explicado precedentemente \u2013a ra\u00edz de la rectificaci\u00f3n doctrinal realizada hace m\u00e1s de un bienio por esta Sala-, sino tambi\u00e9n porque, de una parte, esa clase de tasas, seg\u00fan se acot\u00f3, absorbe la totalidad de la depreciaci\u00f3n monetaria, stricto sensu y, de la otra, porque trat\u00e1ndose de obligaciones dinerarias, el legislador mercantil adopt\u00f3 un mecanismo indirecto (o reflejo) para la revalorizaci\u00f3n de la moneda, como igualmente se explicit\u00f3 a espacio, en la inteligencia, es obvio, que la inflaci\u00f3n campee \u2013o haya campeado- en la econom\u00eda patria, el que debe ser acatado. <\/p>\n
Con el correr del tiempo ha persistido esta Corporaci\u00f3n en esa inviabilidad de acumular los intereses bancarios y la correcci\u00f3n monetaria, pero paralelamente ha insistido en que el r\u00e9gimen aplicable para la actualizaci\u00f3n de obligaciones dinerarias de estirpe mercantil es a trav\u00e9s de las pautas dispuestas en el ordenamiento de dicha especialidad. Es as\u00ed que, en un asunto referido a la nulidad de un contrato de promesa mercantil, en el que el actor reclamaba dicha acumulaci\u00f3n se mantuvo indemne la improcedencia, pero se hace menci\u00f3n de que el mecanismo a utilizar era el dispuesto en las normas comerciales, esto es, a trav\u00e9s de los intereses bancarios (S-25-04-2003 Exp. 7140). <\/p>\n
En esa oportunidad se plante\u00f3 como problema jur\u00eddico a resolver por la Corte \u00abdefinir si con ocasi\u00f3n de las restituciones mutuas dispuestas como consecuencia de la nulidad de un contrato mercantil, la condena a pagar una suma de dinero, reajustada monetariamente para compensar la p\u00e9rdida del valor adquisitivo de la moneda, resulta compatible con una simult\u00e1nea condena a pagar por esa misma suma de dinero, \u00abel inter\u00e9s legal comercial\u00bb, o \u00abinter\u00e9s corriente\u00bb. Y en punto de la soluci\u00f3n dej\u00f3 sentado, que \u00abEn materia mercantil, seg\u00fan lo precis\u00f3 la Corte en su sentencia del 19 de noviembre de 2001, el legislador adopt\u00f3 un mecanismo de indexaci\u00f3n indirecta de las obligaciones pecuniarias de tal naturaleza, engastado en los intereses previstos en dicha normatividad\u00bb. <\/p>\n
Empero, ante el alcance restringido de la censura que entonces examinaba, se expuso: <\/p>\n
Ahora, no escapa a la Corte que el Tribunal no acudi\u00f3 al m\u00e9todo establecido por el legislador comercial para actualizar obligaciones dinerarias de tal linaje (intereses), sino que acept\u00f3 la indexaci\u00f3n calculada por el a-quo con base en las cifras del \u00edndice de precios al consumidor, durante el per\u00edodo al cual se extendi\u00f3 el c\u00f3mputo. Sin embargo, tal procedimiento no fue confrontado por la censura, ya que no obstante solicitar la casaci\u00f3n del fallo para obtener, en sede de instancia, la ratificaci\u00f3n de la decisi\u00f3n de primer grado, o en subsidio, \u00ab…la revocatoria de la condena por indexaci\u00f3n y la confirmaci\u00f3n de la condena por intereses corrientes bancarios\u00bb, el cargo no contiene ning\u00fan planteamiento encaminado a controvertir la postura del fallador, y por el contrario toda la gesti\u00f3n impugnaticia se centr\u00f3 en su negativa a imponer una condena que conjunte indexaci\u00f3n e intereses legales comerciales sobre la suma de dinero objeto de la obligaci\u00f3n restitutoria impuesta al promitente vendedor, raz\u00f3n por la cual no puede la Corte abordar motu proprio tal situaci\u00f3n con miras a introducir las enmiendas pertinentes, pues de obrar estar\u00eda desbordando sus propias atribuciones como Tribunal de casaci\u00f3n, para irrumpir indebidamente, por la dispositividad que permea el recurso, en terreno librado al designio del impugnador, y que al ser abandonado por \u00e9ste, veda su consideraci\u00f3n oficiosa por la Corporaci\u00f3n, porque dada la naturaleza jur\u00eddica del recurso, lo que el casacionista no involucre en su ataque, se considera sustra\u00eddo al escrutinio de la Corte por entenderse que lo admite y acepta. (subraya la Sala). <\/p>\n
En tiempos m\u00e1s recientes no se advierte apartamiento de la Corporaci\u00f3n a la procedencia de la indexaci\u00f3n indirecta a las obligaciones mercantiles, como m\u00e9todo legalmente admisible para la actualizaci\u00f3n de sumas dinerarias. Es as\u00ed como, memorando sus propios antecedentes, ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abEn consideraci\u00f3n al fen\u00f3meno inflacionario que ordinariamente se presenta durante el tiempo transcurrido entre la fecha de la recepci\u00f3n del dinero y la devoluci\u00f3n, el cual trae como efecto la p\u00e9rdida o disminuci\u00f3n de su valor adquisitivo, desde hace varios lustros la jurisprudencia ha sido constante en disponer el correspondiente reajuste monetario con el fin de corregir la depreciaci\u00f3n experimentada por la moneda, pues no de otra manera se logra el efecto retroactivo de la sentencia, porque si ella ten\u00eda al tiempo de celebrarse el contrato un determinado poder de compra, la parte que hizo entrega del dinero s\u00f3lo puede considerarse restablecida a la situaci\u00f3n preexistente al acuerdo contractual, recibiendo una cantidad de dinero con un poder adquisitivo equivalente. <\/p>\n
3. En materia mercantil, seg\u00fan lo precis\u00f3 la Corte en su sentencia del 19 de noviembre de 2001, el legislador adopt\u00f3 un mecanismo de indexaci\u00f3n indirecta de las obligaciones pecuniarias de tal naturaleza, engastado en los intereses previstos en dicha normatividad. En la modalidad indicada, se\u00f1al\u00f3 la Corporaci\u00f3n, ‘\u00bb…la deuda dineraria -por regla- sigue aferrada al principio nominal\u00edstico, y los \u00edndices de correcci\u00f3n se aplican por v\u00eda refleja, en situaciones particulares\u00bb, una de cuyas principales expresiones es la tasa de inter\u00e9s que incluye la inflaci\u00f3n (componente inflacionario) y que, por ende, \u00abconlleva el reajuste indirecto de la prestaci\u00f3n dineraria\u00bb, evento en el cual resulta innegable que ella, adem\u00e1s de retribuir -y, en el caso de la moratoria, resarcir- al acreedor, cumple con la funci\u00f3n de compensarlo por la erosi\u00f3n que, ex ante, haya experimentado la moneda (funci\u00f3n t\u00edpicamente dual)’. <\/p>\n
Por la circunstancia anotada consider\u00f3 que si \u00ab… el pago, a manera de segmento cuantitativo, involucra el reconocimiento de intereses legales comerciales, no pueden los jueces, con prescindencia de toda consideraci\u00f3n especial, ordenar igualmente el ajuste monetario de la suma adeudada, espec\u00edficamente cuando los r\u00e9ditos que el deudor debe reconocer son de naturaleza comercial, puesto que, sean ellos remuneratorios o moratorios, el inter\u00e9s bancario corriente que sirve de base para su cuantificaci\u00f3n (art. 884 C. de Co.), ya comprende, per se, la aludida correcci\u00f3n\u00bb, explicando que \u00ab… la tasa de inter\u00e9s monetaria -distinta de la pura, esto es, la concerniente al reconocimiento privativo del uso del capital-, se desdobla en diversos factores, v.gr: el r\u00e9dito propiamente dicho; una tasa de seguridad por el riesgo asumido por el prestamista (tasa de riesgo); gastos de operaci\u00f3n; monto compensatorio derivado del proceso inflacionario (tasa de inflaci\u00f3n), entre otros conceptos admitidos por la jurisprudencia, por la doctrina y por la autoridad encargada -en Colombia- de la inspecci\u00f3n y vigilancia de las instituciones financieras, de modo que, en trat\u00e1ndose de esta clase de tasas, espec\u00edficamente de la bancaria corriente (art. 884 C. de Co.), puede afirmarse sin hesitaci\u00f3n alguna que su funci\u00f3n, en la hora de ahora, no se reduce tan solo a determinar el precio por el uso del dinero, sino que tambi\u00e9n tiene el prop\u00f3sito, as\u00ed sea indirecto, de compensar al acreedor por el deterioro cualitativo que \u00e9ste sufra, en el entendido, claro est\u00e1, de la irrupci\u00f3n y preservaci\u00f3n del fen\u00f3meno inflacionario en la econom\u00eda (CSJ SC, 25 Abr 2003, Rad. 7140; las subrayas no son del texto) (CSJ SC, 15 Ene 2009, Rad. 2001-00433-01; CSJ SC, 13 may 2010, Rad. 2001-00161-01). <\/p>\n
Y es que dicha procedibilidad tiene sustento en el hecho de que el efecto de las restituciones mutuas es, en \u00faltimas, colocar a las partes en la misma situaci\u00f3n patrimonial que ten\u00edan al momento de contratar, por el alcance retroactivo que se ha reconocido al fen\u00f3meno resolutorio y la esencia de los asuntos mercantiles es su onerosidad o lucro, por lo que el C\u00f3digo de Comercio, regulador de aquellas actividades, prev\u00e9 directrices especificas en cuanto al manejo de obligaciones dinerarias, respecto de las cuales autoriza -aun sin pacto expreso de las partes- el reconocimiento de intereses bancarios. <\/p>\n
Por otra parte, resulta necesario precisar, que en materia de intereses estos son concebidos como la utilidad o ganancia peri\u00f3dica que produce un capital exigible (frutos civiles17), por lo que se deben distinguir con claridad las diversas tipolog\u00edas existentes. <\/p>\n
En ese orden tenemos, que los intereses podr\u00e1n ser legales o convencionales, siendo los primeros los que ha fijado el legislador y los \u00faltimos aquellos que los sujetos involucrados en determinado acto jur\u00eddico acuerdan mancomunadamente en ejercicio de la autonom\u00eda de la voluntad. <\/p>\n
Ahora bien, los intereses legales no son \u00fanicamente los contemplados en el art\u00edculo 1617 del C\u00f3digo, cuyo monto est\u00e1 fijado expresamente por la ley en un 6% anual, sin sujeci\u00f3n a ning\u00fan par\u00e1metro econ\u00f3mico, sino que igualmente tienen dicho car\u00e1cter los referidos en el art\u00edculo 884 del C\u00f3digo de Comercio, cuyo c\u00e1lculo s\u00ed involucra un componente inflacionario, y otros factores financieros que incluyen la retribuci\u00f3n por el uso del dinero, lo cual conlleva a su permanente variaci\u00f3n y que corresponde al inter\u00e9s bancario corriente. M\u00e1s all\u00e1 de que unos se hubieren previsto, en l\u00ednea de principio, para negocios civiles y los \u00faltimos para los mercantiles, de cualquier modo, ambos son supletivos, en la medida que vendr\u00e1n a operar \u00fanicamente en los eventos en que est\u00e9 ausente el convenio de las partes. <\/p>\n
Pero, adem\u00e1s, hay que distinguir entre los intereses remuneratorios y los moratorios, en especial en asuntos mercantiles por el car\u00e1cter oneroso de esta actividad, siendo entonces que el remuneratorio opera como retribuci\u00f3n por el mero uso del dinero, mientras que los moratorios, vienen a actuar como sanci\u00f3n por la no entrega de sumas dinerarias en los plazos previamente convenidos con el acreedor. <\/p>\n
Es claro entonces que este tipo de intereses no pueden confundirse, ni asimilarse, habida cuenta que con los primeros \u00fanicamente se reconoce el costo mismo del dinero por no haberlo tenido su due\u00f1o y que con el pasar del tiempo ver\u00eda envilecido su patrimonio; en tanto, los moratorios, no solo involucran dicho reconocimiento a la p\u00e9rdida adquisitiva, sino que, en estrictez, s\u00ed emergen con car\u00e1cter sancionatorio como consecuencia de la estructuraci\u00f3n de la mora del deudor, los cuales son llamados a actuar a modo de indemnizaci\u00f3n de perjuicios desde el momento en que el deudor se constituye en mora. <\/p>\n
Valga decir, el inter\u00e9s bancario corriente refleja la realidad del mercado respecto del precio pagado por el uso del dinero, en tanto el moratorio tiene un prop\u00f3sito indemnizatorio por la demora en la restituci\u00f3n. <\/p>\n
Dicha diferencia no es simplemente ret\u00f3rica, puesto que vemos que en asuntos de comercio alcanza niveles trascendentales, ya que, en estos, a diferencia de lo que ocurre con negocios civiles, las partes pueden no solo tener derecho al pago de intereses sin que medie pacto entre ellos, sino que tambi\u00e9n pueden acordar la capitalizaci\u00f3n de estos en obligaciones a largo plazo18 (art. 64 ley 45 de 1990 EOSF decreto 663 de 1993, e incluso, que los intereses causados y no pagados puedan generar nuevos intereses, sin que dichos mandatos tengan necesariamente un alcance sancionatorio. <\/p>\n
En armon\u00eda con lo anotado, esta Sala ha dicho que: <\/p>\n
Lo que sucede es que el inter\u00e9s legal comercial, el cual corresponde al inter\u00e9s bancario corriente al que alude el art\u00edculo 884 del estatuto mercantil, se certifica por la Superintendencia Financiera con base en las ponderaciones de los promedios de las tasas efectivamente cobradas por los establecimientos de cr\u00e9dito, operaci\u00f3n \u00e9sta que atiende las condiciones de oferta y demanda de pr\u00e9stamo de los recursos; el riesgo inherente a la actividad; el fen\u00f3meno inflacionario de la econom\u00eda y la devaluaci\u00f3n que experimenta la moneda nacional en el mercado, de ah\u00ed que ese tipo de inter\u00e9s involucra un componente de correcci\u00f3n monetaria y otro de tasa pura. <\/p>\n
Criterio que ha sido ratificado por la Sala en otras ocasiones, precisando que en la indexaci\u00f3n efectuada a trav\u00e9s de la tasa de inter\u00e9s comercial, el \u00edndice de correcci\u00f3n monetaria se aplica por v\u00eda refleja, pues \u00abincluye la inflaci\u00f3n (componente inflacionario) y que, por ende, \u2018conlleva al reajuste indirecto de la prestaci\u00f3n dineraria\u2019, evento en el cual resulta innegable que ella, adem\u00e1s de retribuir -y, en el caso de la moratoria, resarcir- al acreedor, cumple con la funci\u00f3n de compensarlo por la erosi\u00f3n que, ex ante, haya experimentado la moneda (funci\u00f3n t\u00edpicamente dual)\u201d (CSJ SC, 15 Ene 2009, Rad. 2001-00433-01; CSJ SC, 13 May 2010, Rad. 2001-00161-01). <\/p>\n
Obs\u00e9rvese, que de anta\u00f1o esta Corte ha considerado necesario, en materia de restituciones mutuas cuando se deja sin eficacia un contrato bilateral, por ejemplo al declarar su nulidad absoluta, que para considerar una restituci\u00f3n integral y equitativa, la devoluci\u00f3n de sumas dinerarias se debe hacer, en principio, realizando la actualizaci\u00f3n correspondiente, utilizando la m\u00e1s de las veces la variaci\u00f3n del IPC, pero, adem\u00e1s, reconoce el derecho a una retribuci\u00f3n \u201crazonable\u201d por el uso del dinero, que se ve reflejada, justamente, en el reconocimiento de intereses legales, del 6% anual, permitiendo como atr\u00e1s se vio que se acumulen dichos conceptos. <\/p>\n
9. En ese orden de ideas, trat\u00e1ndose de un negocio jur\u00eddico mercantil, que al tenor del art\u00edculo 22 del C\u00f3digo de Comercio, para su soluci\u00f3n deben aplicarse las disposiciones de dicho ordenamiento, concretar la actualizaci\u00f3n con los intereses bancarios, adem\u00e1s de ajustarse a la normatividad que gobierna dichas relaciones, tambi\u00e9n cumple ese fin restaurativo de la equidad, permitiendo que el comerciante afectado sea restituido en forma completa, m\u00e1xime cuando el acreedor de la obligaci\u00f3n reclame, expresamente, en su demanda que se reconozca a su favor el pago de intereses comerciales. <\/p>\n
Si esto es as\u00ed, no advierte la Sala objeci\u00f3n alguna en que, al definirse lo concerniente a las restituciones mutuas derivadas de la resoluci\u00f3n de un contrato de promesa de compraventa de connotaci\u00f3n mercantil, por causa del incumplimiento del pretenso vendedor, se pueda realizar la actualizaci\u00f3n de las sumas que \u00e9ste debe devolver al promitente comprador acudiendo a la indexaci\u00f3n indirecta, a trav\u00e9s de los intereses bancarios, obviamente, sin aditamentos adicionales, sin perjuicio de lo que pudiera disponerse o haberse acordado convencionalmente en relaci\u00f3n con los perjuicios que hubieran podido causarse, bien sea por el incumplimiento o el retardo. <\/p>\n
10. En el sub examine, el actor reclam\u00f3 en su demanda que se declarara el incumplimiento de sendas promesas de compraventa ajustadas con El Retiro Centro Comercial S.A., disponiendo su resoluci\u00f3n y como s\u00faplicas consecuenciales inst\u00f3: (i) se les condene en forma solidaria a la restituci\u00f3n de la suma de $1.070.462.940. que recibieron como pago del precio de ventas prometidas, con los intereses comerciales moratorios que habr\u00edan devengado durante todo el tiempo que tuvieron el dinero\u2026\u00bb; (ii) \u00abQue se actualice a su valor actual, las sumas que recibieron como parte del precio de las prometidas y frustradas compraventas\u00bb; (iii) \u00abse condene a las demandadas [\u2026] al pago de los perjuicios adicionales ocasionados a mi poderdante INVERSI\u00d3N Y DESARROLLO BARRANCO S.A., tanto por da\u00f1o emergente como por lucro cesante, que resultan claramente de observar el valor que hoy tienen locales prometidos en venta y los rendimientos y frutos que hubiesen producido hasta la fecha de la sentencia\u00bb. <\/p>\n
Esto es, el demandante procur\u00f3 de la jurisdicci\u00f3n como pretensiones de condena se le restituyera la parte del precio que entreg\u00f3 actualizada \u00aba su valor actual\u00bb, junto con los intereses comerciales moratorios, m\u00e1s los perjuicios por da\u00f1o emergente y lucro cesante sufridos con ocasi\u00f3n del incumplimiento. <\/p>\n
En la sentencia impugnada el tribunal accedi\u00f3 al pedimento declarativo, pero en lo que hace a las pretensiones de condena dispuso: <\/p>\n
1.- Como restituciones mutuas por causa de la resoluci\u00f3n orden\u00f3 a la convocada el pago de \u00ab\u2026$435\u2019464.538,23 y $895\u2019704.716,97, por concepto de valores pagados a t\u00edtulo de parte del precio para los locales 231 antes 205 y 241 antes 214\u00bb. <\/p>\n
2.- Adicionalmente, le impuso la obligaci\u00f3n de \u00abreintegrar a la cesionaria INVERSI\u00d3N Y DESARROLLO BARRANCO S.A., las sumas de $242\u2019095.000,oo y $465.150.000,oo, correspondientes a las arras de retracto pactadas en el contrato y que se asimilan a indemnizaci\u00f3n de perjuicios\u00bb. <\/p>\n
Deviene de lo expuesto que, ciertamente, la restituci\u00f3n del precio pagado como parte del precio de las promesas de compraventa no fue completa e integra, por cuanto inopinadamente se descont\u00f3 a este el valor correspondiente a la sanci\u00f3n que deb\u00eda asumir la incumplida, amen que de los $1.070.462.940 pagados por dicho concepto se dispuso restituir s\u00f3lo $716.840.440, pues se descontaron los $353.622.50019 que destinaron al pago de \u201carras\u201d del negocio -aunque el destino final era cubrir el importe de la venta- para incluirlos dentro del rubro que por condena de perjuicios se dispuso ($707.245.000,00), correspondientes a las \u201carras\u201d o \u201ccl\u00e1usula penal\u201d el ad quem estim\u00f3 eran las llamadas a resarcir los perjuicios sufridos por la reclamante. <\/p>\n
Aunado a ello, si bien como se dej\u00f3 explicitado l\u00edneas atr\u00e1s resultaba improcedente acumular la indexaci\u00f3n y los intereses comerciales moratorios, siendo el negocio ajustado entre las partes de naturaleza mercantil, es evidente que el tribunal incurri\u00f3 en el error de estricta hermen\u00e9utica jur\u00eddica que le endilg\u00f3 el impugnante al despachar la pretensi\u00f3n segunda (actualizar las sumas entregadas), puesto que, en obedecimiento a claras y definidas reglas de orden econ\u00f3mico, cuyo norte es la preservaci\u00f3n de la equidad entre los contratantes, la actualizaci\u00f3n de las sumas dinerarias que se entregaron como parte del precio acordado, deben ser restituidas de forma \u00edntegra -la totalidad de la suma entregada por dicho concepto- manteniendo el mismo poder adquisitivo que en antes ten\u00edan, para lo cual resultaban aplicables las pautas que para el efecto consagra el ordenamiento comercial. <\/p>\n
En suma, los dineros entregados debieron restituirse en su totalidad, sin deducci\u00f3n alguna y si bien era imperativa la actualizaci\u00f3n de estas a valor presente por la naturaleza mercantil del negocio rebatido, era de rigor aplicar las pautas de la indexaci\u00f3n indirecta autorizada para esos negocios, utilizando el intereses bancario corriente, obviamente, sin reconocer de manera adicional los intereses moratorios reclamados, de suerte que por esa v\u00eda se dejaron de aplicar las normas que regulan estas especificas materias. <\/p>\n
S\u00edguese entonces, que el cargo quinto prospera, lo que impone el quiebre de la sentencia, limitado a este espec\u00edfico aspecto. <\/p>\n
11. Corolario de lo expuesto es que alcanza \u00e9xito parcialmente la impugnaci\u00f3n extraordinaria para quebrar la decisi\u00f3n en el preciso aspecto de la restituci\u00f3n y actualizaci\u00f3n de las sumas dinerarias entregadas por la promitente compradora como parte del precio de los inmuebles objeto de las promesas de compraventa que se declararon resueltas por el tribunal y que, como consecuencia natural y obvia de la resoluci\u00f3n dispuesta se imponen para restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes de la celebraci\u00f3n del pacto. <\/p>\n
IV. SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
1. Debido al restringido alcance de la acusaci\u00f3n que result\u00f3 pr\u00f3spera en casaci\u00f3n, la Corte limitar\u00e1 su actividad en sede de segunda instancia a concretar el valor que la enjuiciada debe restituir a la actora por concepto de la parte del precio que fue pagado y que se acus\u00f3 recibido a satisfacci\u00f3n en los otros\u00edes suscritos en septiembre de 2005, ante la ausencia de otro referente temporal de su entrega efectiva. <\/p>\n
Para tal prop\u00f3sito, se har\u00e1 abstracci\u00f3n de la interpretaci\u00f3n dada a la estipulaci\u00f3n convenida por \u201carras\u201d y centrar\u00e1 el c\u00e1lculo al efecto restitutorio dimanante de la resoluci\u00f3n contractual declarada por el incumplimiento del promitente vendedor, y sin que sea necesario reproducir las motivaciones expuestas al estudiar la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Atendiendo que, al tenor de las previsiones del art\u00edculo 180 del C\u00f3digo General del Proceso, los indicadores econ\u00f3micos se consideran hechos notorios, a efecto de la actualizaci\u00f3n de las sumas que aqu\u00e9l deber\u00e1 devolver se tomar\u00e1 el inter\u00e9s bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera, lo cual arroja los siguientes resultados: <\/p>\n
LOCAL 205 \/231 <\/p>\n
<\/p>\n
CAPITAL ENTREGADO <\/p>\n
<\/p>\n
355.072.660,00 <\/p>\n
INTERESES CAUSADOS <\/p>\n
<\/p>\n
CAPITAL ACTUALIZADO <\/p>\n
<\/p>\n
$815.185.446,00 <\/p>\n
LOCAL 214\/241 <\/p>\n
<\/p>\n
CAPITAL ENTREGADO <\/p>\n
715.390.280,00 <\/p>\n
INTERESES CAUSADOS <\/p>\n
<\/p>\n
927.022.133,47 <\/p>\n
CAPITAL ACTUALIZADO <\/p>\n
<\/p>\n
$1.642.412.413,47 <\/p>\n
3. Consecuente con las resultas de la operaci\u00f3n aritm\u00e9tica correspondiente y que respalda la liquidaci\u00f3n que se anexa la presente decisi\u00f3n para que forme parte integral \u00e9sta se deber\u00e1 modificar el fallo de segundo grado, en su numeral 1.4 ., en lo atinente a las sumas que deber\u00e1 restituir la interpelada a la demandante y en lo que resulta a salvo de la prosperidad de la casaci\u00f3n, la sentencia del Tribunal no sufrir\u00e1 ninguna alteraci\u00f3n, esto es, en lo concerniente a las determinaciones declarativas contenidas en los numerales 1., 1.1., 1.2, 1.3., 1.5, 1,6, y, dem\u00e1s disposiciones propias del recurso vertical. <\/p>\n
Para efectos de concretar la decisi\u00f3n, se reproducir\u00e1 el numeral objeto de modificaci\u00f3n de la parte resolutiva del fallo del Tribunal en el preciso aspecto que result\u00f3 de recibo ante la prosperidad parcial del recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Al tenor del \u00faltimo inciso del precepto 349 ejusdem, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 365 \u00eddem, no se condenar\u00e1 en costas a la parte recurrente, dado el resultado de la impugnaci\u00f3n extraordinaria. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia de 12 de agosto de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso identificado en el encabezamiento de esta providencia. <\/p>\n
Sin condena en costas en la impugnaci\u00f3n extraordinaria por la prosperidad parcial de la misma. <\/p>\n
Actuando la Corte en sede de segunda instancia, <\/p>\n
PRIMERO. MODIFICAR la sentencia proferida el 12 de agosto de 2021, por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en su numeral 1.4., en cuanto a los valores que deber\u00e1 restituir la llamada a juicio, que para su integridad se reproducen as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab1.4.- CONDENAR al demandado EL RETIRO CENTRO COMERCIAL S.A. EN LIQUIDACI\u00d3N a restituir a la cesionaria INVERSI\u00d3N Y DESARROLLO BARRANCO S.A. las sumas de $815.185.446,00 y $1.642.412.413,47, por concepto de valores pagados a t\u00edtulo de parte del precio para los locales 231 antes 205 y 241 antes 214 que hacen parte de la edificaci\u00f3n de ese mismo nombre, valores que deber\u00e1n ser canceladas dentro de los 5 d\u00edas siguientes a la ejecutoria de esta sentencia. <\/p>\n
SEGUNDO.- En lo dem\u00e1s, la referida sentencia no sufre alteraci\u00f3n alguna, debiendo estarse las partes para todos los efectos a lo all\u00ed dispuesto. <\/p>\n
TERCERO.- Devu\u00e9lvase la actuaci\u00f3n a la oficina de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(CON SALVAMENTO DE VOTO) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(CON SALVAMENTO DE VOTO) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-004-2015-00745-01 <\/p>\n
Con el respeto acostumbrado me permito explicar las razones que me llevan a separarme de la determinaci\u00f3n aprobada mayoritariamente, ante la convicci\u00f3n de que no era procedente acceder a la casaci\u00f3n parcial del fallo de segunda instancia. <\/p>\n
1. Defectos t\u00e9cnicos del embiste casacional <\/p>\n
1.1. El recurso de casaci\u00f3n, conforme al art\u00edculo 333 del C\u00f3digo General del Proceso, tiene la condici\u00f3n de \u00abextraordinario\u00bb, de all\u00ed que su procedencia se encuentre limitada a ciertas determinaciones judiciales (art\u00edculo 334), por unos motivos taxativamente se\u00f1alados (art\u00edculo 336), y previa satisfacci\u00f3n de m\u00faltiples requisitos para su concesi\u00f3n (art\u00edculos 337 a 339), admisi\u00f3n (art\u00edculo 342) y adecuada sustentaci\u00f3n (art\u00edculo 344). <\/p>\n
La Sala tiene dicho: \u00abes caracter\u00edstica esencial de este mecanismo de defensa su condici\u00f3n extraordinaria, por lo cual no todo desacuerdo con lo dictaminado permite adentrarse en su examen de fondo, sino que debe asentarse en las causales taxativamente previstas y atender los par\u00e1metros que para su concesi\u00f3n y tr\u00e1mite se imponen, como es acreditar el descontento \u201cmediante la introducci\u00f3n adecuada del correspondiente escrito, respecto del cual, la parte afectada con el fallo que se aspira aniquilar, no tiene plena libertad de configuraci\u00f3n\u201d\u00bb (AC204, 3 ab. 2023, rad. n.\u00ba 2019-00163-01). <\/p>\n
1.2. En concreto, frente al escrito de sustentaci\u00f3n, el precepto 344 del citado estatuto adjetivo ordena que la demanda contenga \u00ab[l]a formulaci\u00f3n, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa\u00bb; adem\u00e1s, trat\u00e1ndose de violaci\u00f3n directa, \u00abel cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb; para la violaci\u00f3n indirecta, \u00abse singularizar\u00e1 [el yerro] con precisi\u00f3n y claridad, indic\u00e1ndose en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son en concreto las pruebas sobre las que recae\u00bb; y, frente a las acusaciones por incongruencia y reforma peyorativa, \u00abno podr\u00e1n recaer sobre apreciaciones probatorias\u00bb. <\/p>\n
En todos los casos, adem\u00e1s, deber\u00e1 evitarse la inclusi\u00f3n de \u00abcuestiones de hecho o de derecho que no fueron invocadas en las instancias\u00bb (numeral 2\u00ba del art\u00edculo 346 C.G.P.) y mostrarse la \u00abevidente\u2026 trasgresi\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico en detrimento del recurrente\u00bb (numeral 3\u00ba del art\u00edculo 347 del C.G.P.). <\/p>\n
Desde anta\u00f1o se tiene decantado que, \u00abatendido el car\u00e1cter aut\u00f3nomo y dispositivo del recurso extraordinario, cuyo principal objetivo es el restablecimiento de la ley quebrantada por el juzgador de instancia\u2026, solo se impone el estudio y despacho de fondo de la acusaci\u00f3n cuando la demanda se propone con la debida sujeci\u00f3n a las pautas formales que la t\u00e9cnica impone, por modo que si \u00e9sta no satisface las exigencias requeridas, como la actividad jurisdiccional queda circunscrita a los estrictos l\u00edmites que en este escrito le trace el impugnante, con ello se est\u00e1 quitando a la Corporaci\u00f3n la posibilidad de ocuparse de definirlo\u00bb (SC016, 29 en. 1990). <\/p>\n
Recientemente se reiter\u00f3: <\/p>\n
La admisi\u00f3n de la s\u00faplica casacional depende del acatamiento cabal de los requisitos del art\u00edculo 344 C\u00f3digo General del Proceso, entre otros, la formulaci\u00f3n de los cargos con la exposici\u00f3n de sus fundamentos, en forma separada, clara, precisa y completa, y no basados en meras generalidades, o limitada a un escueto discurso ret\u00f3rico, especulativo o de confrontaci\u00f3n de criterios con los expuestos en el \u201cfallo\u201d, como si de un alegato de instancia se tratara, por cuanto el opugnante asume el duro labor\u00edo de enervar la presunci\u00f3n de legalidad y acierto con que viene precedida la \u201cprovidencia\u201d. <\/p>\n
Adicionalmente, la exposici\u00f3n de la demanda que se presente para sustentar el recurso de casaci\u00f3n deber\u00e1 atender la perentoriedad y taxatividad de las causales que lo habilitan, y las acusaciones deber\u00e1n plantearse a trav\u00e9s de una exposici\u00f3n concatenada, separando cada uno de los cargos, esbozando los argumentos que los soportan de tal forma que, sin hesitaci\u00f3n alguna, quede plenamente identificada la causal alegada y los hechos que la edifican, demarcando as\u00ed los hitos dentro de los cuales ha de discurrir la Corte, al estarle vedado a \u00e9sta moverse de manera oficiosa dentro del cargo, con miras a enmendar las inconsistencias en las que incurra el censor (negrilla fuera de texto, AC202, 3 ab. 2023, rad. n.\u00ba 2017-00231-01). <\/p>\n
1.3. En el presente caso se tiene que la demanda casacional no cumple los requerimientos se\u00f1alados por el legislador, como se mostrar\u00e1 en lo sucesivo. <\/p>\n
1.3.1. La sentencia de segundo grado, en punto a la negativa al reconocimiento de indexaci\u00f3n, hizo suyas las palabras de esta Sala en veredicto del 18 de diciembre de 2009, a saber: <\/p>\n
Como los contratantes al acordarla [se refiere a la cl\u00e1usula penal] pueden efectuar la valoraci\u00f3n de una pena que debe impon\u00e9rsele al infractor de lo pactado, o la eventual estimaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n de un perjuicio futuro e incierto, es apenas l\u00f3gico que busquen que ella cubra fielmente los prop\u00f3sitos que aguardan, y en esa medida suelen consultar las circunstancias previsibles que puedan afectarla; por supuesto que dentro de esos factores se encuentra el \u00edndice inflacionario, el que, adem\u00e1s de ser un hecho notorio, suele preverse perfectamente en la econom\u00eda de un pa\u00eds, en cuanto que el alza generalizada y sostenida de los precios de los bienes y servicios no pasa desapercibida, y mucho menos la p\u00e9rdida del poder adquisitivo de la moneda que ella apareja… <\/p>\n
[S]iendo la cl\u00e1usula penal una especie de autotutela privada, que como remanente hist\u00f3rico reconoce la ley, por cuanto ella de alguna manera suple la funci\u00f3n judicial, puesto que en el rol liquidatorio de perjuicios la tutela del Estado queda como suced\u00e1nea, su tratamiento debe ser restrictivo y si quiere excepcional, si es que se procura dejar a salvo el sistema general e imparcial de la tutela judicial y al mismo tiempo el principio de la autonom\u00eda privada que prima en la configuraci\u00f3n de la cl\u00e1usula penal, dentro de los propios l\u00edmites legales, que en algunas latitudes dan lugar a la llamada \u201cmoderaci\u00f3n\u201d, raz\u00f3n por la que se insiste en que s\u00ed las partes no disponen con ocasi\u00f3n del pacto penal de un mecanismo de reajuste o valuaci\u00f3n, \u00e9ste no se puede determinar judicialmente, as\u00ed medie la petici\u00f3n del acreedor y mucho menos de oficio\u2026 <\/p>\n
1.3.2. El cargo que busca derruir esta argumentaci\u00f3n, y que finalmente sirvi\u00f3 a la Sala para acceder a la rescisi\u00f3n pretendida, sostuvo: <\/p>\n
Con fundamento en la causal prevista en el numeral primero del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, acuso la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 por violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 1546, 1600, 1602, 1603, 1615, 1859 y 1861 del C\u00f3digo Civil; as\u00ed como de los art\u00edculos 825, 866, 867, 870, 871 y 884 del C\u00f3digo de Comercio y el art\u00edculo 16 de la Ley 446 de 1998\u2026 <\/p>\n
La declaraci\u00f3n de resoluci\u00f3n de un contrato bilateral de car\u00e1cter mercantil por incumplimiento de las obligaciones a cargo de una de las partes genera la consecuencia o acci\u00f3n accesoria prevista en el art\u00edculo 870 del C\u00f3digo de Comercio, esto es la indemnizaci\u00f3n de perjuicios compensatorios\u2026 <\/p>\n
Lo anterior no obsta para que a la pena o a la indemnizaci\u00f3n, seg\u00fan fuere el caso, se le sumen los intereses de mora desde el momento en que se produjo el incumplimiento y hasta cuando se realice el pago efectivo, junto con la respectiva indexaci\u00f3n para contrarrestar el efecto de la depreciaci\u00f3n de la moneda si se trata de obligaciones civiles; o, en caso de relaciones mercantiles, hasta una y media veces el inter\u00e9s bancario corriente, seg\u00fan lo permitido por el art\u00edculo 884 del C\u00f3digo de Comercio\u2026 <\/p>\n
[C]uando quien haya recibido las arras no las devuelve dobladas dentro del t\u00e9rmino para retractarse, de suerte que el acreedor debe acudir a la instancia judicial para reclamarlas, no hay ninguna duda de que se deben indexar por el simple paso del tiempo y p\u00e9rdida del poder adquisitivo de la moneda; pues de lo contrario no se estar\u00eda devolviendo el doble de la misma suma de dinero entregada por el acreedor sino una cantidad inferior o envilecida, contrariando de ese modo el mandato legal\u2026 <\/p>\n
Ahora bien, el pago de la indemnizaci\u00f3n -se reitera- es perfectamente compatible y acumulable con los frutos civiles o intereses que hubiera producido dicha suma de dinero de haber permanecido en manos del acreedor. Tales rubros, de igual modo, son acumulables con la actualizaci\u00f3n del valor de la moneda o indexaci\u00f3n. <\/p>\n
Mas, en materia mercantil, los intereses corrientes y la actualizaci\u00f3n del poder adquisitivo de la moneda se concentran en el inter\u00e9s moratorio equivalente a una y media veces el inter\u00e9s bancario corriente, seg\u00fan los dictados del art\u00edculo 884 del C\u00f3digo de Comercio\u2026 <\/p>\n
Esta \u00faltima norma fue completamente inaplicada por el sentenciador ad quem al abstenerse de ordenar el pago del inter\u00e9s moratorio comercial sobre la suma adeudada por concepto de pena o indemnizaci\u00f3n del perjuicio ocasionado con el incumplimiento de los contratos mercantiles de promesa de compraventa\u2026 <\/p>\n
Lo anterior se estima suficiente para que la Corte Suprema de Justicia case la sentencia del Tribunal y, en su remplazo, condene a El Retiro Centro Comercial S.A. En Liquidaci\u00f3n y a Alianza Sociedad Fiduciaria S.A., de manera solidaria, a pagar los perjuicios que ocasionaron a la demandante, tasados de antemano en la cl\u00e1usula penal de cada uno de los contratos de promesa en $242.095.000 y $465.150.000, respectivamente; m\u00e1s los respectivos intereses moratorios comerciales correspondientes a una y media veces el inter\u00e9s bancario corriente por tratarse de un asunto mercantil, desde el 7 de diciembre de 2005 hasta la fecha de su pago efectivo. <\/p>\n
1.3.3. Basta la comparaci\u00f3n entre las distintas razones para desvelar que el ataque casacional falta al requisito de precisi\u00f3n, por padecer de desenfoque, al dejar de lado el argumento basilar que sirvi\u00f3 al Tribunal para soportar su fallo. <\/p>\n
Y es que, a pesar de que el ad quem acudi\u00f3 al principio de la autonom\u00eda de la voluntad y a la prevalencia de la autocomposici\u00f3n, para impedir la modificaci\u00f3n del monto de la cl\u00e1usula penal v\u00eda indizaci\u00f3n, en la acusaci\u00f3n no se hizo menci\u00f3n de ninguno de estos razonamientos, menos a\u00fan para desvirtuar su alcance o aplicaci\u00f3n a la materia en discusi\u00f3n. <\/p>\n
En verdad, el casacionista se limit\u00f3 a insistir en la procedencia de la indexaci\u00f3n en garant\u00eda de la integridad del \u00abpago\u00bb integral, sin cuestionar de forma directa los fundamentos jur\u00eddicos que sirvieron al sentenciador de alzada para desechar su aplicaci\u00f3n, it\u00e9rese, la libertad de los contratantes para determinar el contenido y alcance de la cl\u00e1usula penal. <\/p>\n
Refulge de este modo el desatino de la acusaci\u00f3n, por dejar sin cuestionamiento el centro de la sentencia confutada, haci\u00e9ndose anodino adentrarse en aqu\u00e9lla, ante la inviabilidad de derruirla. <\/p>\n
La Corporaci\u00f3n de forma invariable ha dicho que el desatino \u00abconduce al fracaso del cargo correspondiente\u00bb, por cuanto \u00abes indispensable que esa cr\u00edtica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no los que objetivamente constituyen fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico\u00bb (AC5331, 19 dic. 2022, rad. n.\u00ba 2015-00575-01). <\/p>\n
1.3.4. Se suma a lo expuesto la falta de claridad del embate, por no explicar c\u00f3mo se violaron cada una de las normas citadas como conculcadas y pretender una condena solidaria sin soporte alguno. <\/p>\n
1.3.4.1. En efecto, la recurrente cit\u00f3 como desatendidas, por parte del juzgador de segunda instancia, los art\u00edculos 1546, 1600, 1602, 1603, 1615, 1859, 1861 del C\u00f3digo Civil, 825, 866, 867, 870, 871 y 884 del C\u00f3digo de Comercio y 16 de la Ley 446 de 1998, labor\u00edo en el falt\u00f3 explicar la forma en que ocurri\u00f3 el dislate y c\u00f3mo el precepto es relevante para el caso. <\/p>\n
Basta repasar la transcripci\u00f3n antes efectuada para observar que, los art\u00edculos 1546, 1600, 1602, 1603, 1615 del C\u00f3digo Civil, 825, 870 y 871 del C\u00f3digo de Comercio, fueron simplemente listados en el encabezado de la acusaci\u00f3n, sin que posteriormente se hiciera despliegue argumental para mostrar c\u00f3mo se configur\u00f3 el error iuris injudicando. <\/p>\n
De esta forma la acusaci\u00f3n deviene gen\u00e9rica, en violaci\u00f3n de la claridad exigida por el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, raz\u00f3n para desechar su estudio de fondo. Recu\u00e9rdese, \u00ab[n]o se trata, pues, simplemente de citar siquiera una norma de naturaleza sustancial, o de elegir un elenco de ellas, sino tambi\u00e9n de apuntar el quebranto de las que verdaderamente importan para el caso, pues esa es la \u00fanica manera como se puede en verdad verificar la legalidad del fallo impugnado, en el sentido lato que a tal concepto cabe darle\u00bb (SC, 26 jul. 2005, exp. n.\u00b0 00106, reiterada en providencia SC2068, 22 feb. 2016, rad. n.\u00b0 2007-00682-01). <\/p>\n
De all\u00ed que devenga inadmisible el recurso extraordinario que se limite a enumerar preceptos, pues el deber del recurrente es enunciarlos de forma concreta y con exactitud, explicando por qu\u00e9 el ad quem los contravino (cfr. AC8674-2016; AC2435-2018; AC847-2020; AC2818-2020). <\/p>\n
1.3.4.2. Se agrega a lo dicho que en la acusaci\u00f3n se deprec\u00f3 que se condenara a \u00abEl Retiro Centro Comercial S.A. En Liquidaci\u00f3n y a Alianza Sociedad Fiduciaria S.A., de manera solidaria, a pagar los perjuicios que ocasionaron a la demandante\u00bb, sin explicar las razones por las cuales era procedente casar la sentencia para arribar a este colof\u00f3n, ante la decisi\u00f3n de instancia de negar la responsabilidad de la entidad financiera por \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb. <\/p>\n
Tal forma de presentar las censuras, esto es, hacer peticiones sin enunciar el error que sirve para derruir el veredicto confutado, desvela una completa obscuridad que impide a la Sala cumplir sus funciones como \u00f3rgano de cierre, motivo que debi\u00f3 servir para rechazar el estudio del embate. <\/p>\n
1.4. Las deficiencias t\u00e9cnicas dilucidadas en precedencia debieron conducir al rechazo del cargo, sin adentrarse en su estudio de fondo, haciendo improcedente casar un veredicto al abrigo del mismo, so pena de socavar el car\u00e1cter extraordinario del recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Y no se diga que debi\u00f3 acudirse a la rescisi\u00f3n de oficio, pues se est\u00e1 frente a una controversia entre particulares que compromete \u00fanicamente sus intereses patrimoniales, materia distante de los motivos se\u00f1alados en el inciso final del art\u00edculo 336 del C.G.P. <\/p>\n
2. Indebida aplicaci\u00f3n de los intereses bancarios comerciales como \u00edndice de actualizaci\u00f3n. <\/p>\n
En la sentencia aprobada por la Sala, se afirm\u00f3: \u00abtrat\u00e1ndose de un negocio jur\u00eddico mercantil, que al tenor del art\u00edculo 22 del C\u00f3digo de Comercio, para su soluci\u00f3n deben aplicarse las disposiciones de dicho ordenamiento, concretar la actualizaci\u00f3n con los intereses bancarios, adem\u00e1s de ajustarse a la normatividad que gobierna dichas relaciones, tambi\u00e9n cumple ese fin restaurativo de la equidad, permitiendo que el comerciante afectado sea restituido en forma completa, m\u00e1xime cuando el acreedor de la obligaci\u00f3n reclame, expresamente, en su demanda que se reconozca a su favor el pago de intereses comerciales\u00bb. <\/p>\n
Con toda consideraci\u00f3n estimo que este colof\u00f3n incurre en un grave error conceptual, por cuanto so pretexto de indizar, se acude a un mecanismo en el que adem\u00e1s se est\u00e1n reconociendo otras prestaciones, luego, no s\u00f3lo se est\u00e1 restableciendo el valor del dinero por la p\u00e9rdida de su poder adquisitivo, sino que se est\u00e1 condenando al pago de valores adicionales, por completo ajenos a dicha finalidad. <\/p>\n
2.1. El dinero y la retribuci\u00f3n por su uso. <\/p>\n
2.1.1. El dinero es una cosa mueble fungible, caracterizada porque socialmente es aceptada como instrumento de intercambio de bienes y servicios, cumpliendo las funciones de medio de cambio, unidad de cuenta y dep\u00f3sito de valores. Lo primero, porque permite la f\u00e1cil realizaci\u00f3n de transacciones sobre productos; lo segundo, pues habilita que los precios tengan un denominador com\u00fan; y lo tercero, en tanto mantiene su representaci\u00f3n en el tiempo. <\/p>\n
Su reconocimiento y progresiva expansi\u00f3n, dio lugar a una nueva categor\u00eda obligacional, conocida como las obligaciones dinerarias o en dinero: se trata de v\u00ednculos jur\u00eddicos en los que la prestaci\u00f3n esencial a cargo del deudor consiste en dar una cantidad de moneda determinada o determinable. <\/p>\n
Esta categor\u00eda cobr\u00f3 inusitada importancia \u00abpor dos aspectos esenciales: por el de las especies monetarias que deben emplearse para el pago y por el r\u00e9gimen de los intereses que el deudor debe pagarle al acreedor\u00bb20. El primero, est\u00e1 relacionado con cuestiones sobre las monedas de curso liberatorio en un pa\u00eds, la interacci\u00f3n entre las divisas, las tasas de cambio, los equivalentes funcionales del dinero, entre otros aspectos. <\/p>\n
El segundo ata\u00f1e al tipo y cuant\u00eda de los frutos que puede producir el dinero, pues por su vocaci\u00f3n de circulaci\u00f3n se espera que sirvan f\u00e1cilmente a la adquisici\u00f3n de bienes y servicios, de all\u00ed que su privaci\u00f3n -voluntaria o arbitraria- deba generar alg\u00fan tipo de r\u00e9dito para su titular. <\/p>\n
En no en vano en el derecho romano se reconoci\u00f3 que \u00aben las obligaciones que tienen por objeto una cantidad de dinero, ya no hay cuesti\u00f3n de frutos, pero s\u00ed de intereses\u00bb, por ende, \u00ab[e]l juez de la acci\u00f3n de buena fe debe condenar al demandado a pagar los intereses a contar desde su demora\u00bb21. <\/p>\n
Sin embargo, trat\u00e1ndose del pr\u00e9stamo de dinero, \u00abel prestatario no estaba obligado a pagar intereses m\u00e1s que cuando se hab\u00eda comprometido a ello por un contrato\u2026 Pero el prestatario estaba obligado naturalmente; de manera que, si pagaba por error los intereses convenidos, no podr\u00eda reclamar esta cantidad\u00bb22. No sucedi\u00f3 lo mismo frente al incumplimiento, pues \u00absi la deuda es una cantidad de dinero, el deudor debe, desde la puesta en demora, los intereses al tipo legal. Se supone, en efecto, que el acreedor sufre un perjuicio igual al inter\u00e9s que hubiera ganado colocando el dinero, si hubiera sido pagado cuando deb\u00eda serlo\u00bb23. <\/p>\n
Se estableci\u00f3 entonces una diferencia entre los rendimientos del dinero y las consecuencias del incumplimiento en su restituci\u00f3n; aqu\u00e9llos, tasados en intereses, conocidos como de plazo o remuneratorios, requieren pacto expreso entre las partes para su causaci\u00f3n, aunque sometidos a los l\u00edmites de la usura. Otra es la situaci\u00f3n de la mora, por cuanto en este evento se genera una indemnizaci\u00f3n -conocida como intereses moratorios-, como reparaci\u00f3n de los perjuicios ocasionados al acreedor, quien de haber tenido los recursos a su disposici\u00f3n seguramente los hubiera aprovechado. <\/p>\n
Significa que los intereses, en su concepci\u00f3n pr\u00edstina, sirvieron para dos (2) prop\u00f3sitos o finalidades: \u00abLucrativos, cuando persigan un rendimiento por la aplicaci\u00f3n de un capital en una relaci\u00f3n jur\u00eddica determinada, a lo que com\u00fanmente se ha llamado \u2018la contraprestaci\u00f3n por el uso del capital\u2019. Moratorios, cuando persigan indemnizar la privaci\u00f3n en el uso de un capital\u00bb24. <\/p>\n
2.1.2. Nuestro C\u00f3digo Civil sigui\u00f3 la orientaci\u00f3n sentada por el derecho romano. As\u00ed, al regular el contrato de mutuo, dispuso que pueden pactarse intereses de plazo en dinero o cosas fungibles (art\u00edculo 2230) y que, salvo estipulaci\u00f3n en contrario, ser\u00e1n del seis por ciento anual (art\u00edculo 2232). Con todo, \u00ab[s]i se han pagado intereses, aunque no estipulados, no podr\u00e1n repetirse ni imputarse al capital\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, en el canon 1617 regul\u00f3 la reparaci\u00f3n de los da\u00f1os por la mora en el pago de una \u00abcantidad de dinero\u00bb, tas\u00e1ndola de la siguiente forma: \u00abSe siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un inter\u00e9s superior al legal, o empiezan a deberse los intereses legales, en el caso contrario; quedando, sin embargo, en su fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes en ciertos casos\u00bb. En este caso, no ser\u00e1 necesario que el acreedor justifique su causaci\u00f3n. <\/p>\n
2.1.3. Estas reglas se conservaron en el C\u00f3digo de Comercio, aunque con la precisi\u00f3n de que los intereses remuneratorios se entienden incorporados en las operaciones mercantiles y que el inter\u00e9s legal corresponde al bancario corriente. <\/p>\n
Se\u00f1ala el original art\u00edculo 884: \u00abCuando en los negocios mercantiles hayan de pagarse r\u00e9ditos de un capital, sin que se especifique por convenio el inter\u00e9s, \u00e9ste ser\u00e1 el bancario corriente; si las partes no han estipulado el inter\u00e9s moratorio, ser\u00e1 del doble y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el acreedor perder\u00e1 todos los intereses\u00bb. <\/p>\n
Norma modificada por el canon 111 de la ley 510 de 1999, para reducir el moratorio a la \u00abuna y media veces del bancario corriente\u00bb y establecer las consecuencias de su desatenci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. La indexaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2.1. La comprobaci\u00f3n de que el dinero, con el paso del tiempo, pierde valor a consecuencia de la inflaci\u00f3n, expresada en su menor capacidad adquisitiva, dio lugar a la necesidad de su actualizaci\u00f3n, t\u00e9cnicamente conocida como indexaci\u00f3n o indizaci\u00f3n, esto es, \u00abla revaluaci\u00f3n de la deuda de dinero en funci\u00f3n de los \u00edndices oficiales. Estos \u00edndices al medir las oscilaciones del costo de la vida o de precios al consumidor, de los precios mayoristas, del valor de la construcci\u00f3n, etc\u00e9tera, dan una pauta indirecta acerca de las variaciones experimentadas por la moneda en su poder adquisitivo\u00bb25. <\/p>\n
Y es que la inflaci\u00f3n, huelga decirlo, el alza constante y acelerada de precios, provoca que con el paso del tiempo deban emplearse m\u00e1s recursos para adquirir los mismos productos, haciendo que el dinero valga menos. <\/p>\n
El dinero entonces tiene tres (3) valores diferentes: \u00ab(1) valor intr\u00ednseco, (2) valor en curso y (3) valor nominal. (1) Valor intr\u00ednseco, en su significado estricto y literal, es el que corresponde al metal fino con el que se encuentra acu\u00f1ada la moneda. No lo tiene el papel moneda. (2) Valor en curso es el que refleja el poder adquisitivo del dinero; ser\u00e1 mayor cuanto menor sea la cantidad necesaria para canjearla por los bienes o servicios que pretende adquirir; y viceversa\u2026 (3) Valor nominal del dinero es el que el Estado emisor le atribuye, con prescindencia del valor intr\u00ednseco del metal en el que est\u00e9 acu\u00f1ado, o del papel en el que se halle impreso\u2026 Los dos primeros valores responden a una concepci\u00f3n realista o valorista del dinero, y la \u00faltima a un criterio estatal estrictamente nominalista\u00bb26. <\/p>\n
Con la inflaci\u00f3n la moneda en curso pierde valor, lo que perturba el proceso econ\u00f3mico y reduce el patrimonio de su titular, quien ve envilecido su peculio por el simple paso del tiempo, sin que pueda tomar medidas para impedir la situaci\u00f3n por ser resultado de situaciones que le son ex\u00f3genas. <\/p>\n
2.2.2. En Colombia fue la jurisprudencia la encargada de reconocer la indexaci\u00f3n de las obligaciones dinerarias civiles y comerciales, que desde hace treinta (30) a\u00f1os admiti\u00f3: <\/p>\n
[E]l pago de obligaciones dinerarias, en \u00e9poca de depreciaci\u00f3n monetaria, debe hacerlo el deudor de acuerdo con el correspondiente ajuste o correcci\u00f3n monetaria a fin de que no se produzca el rompimiento del equilibrio de las relaciones contractuales, no se enriquezca de manera injusta una de las partes de la relaci\u00f3n sustancial a costa de la otra, ni tampoco se solucione la deuda de manera incompleta so pretexto de atender postulados nominalistas de la moneda con desconocimiento de fen\u00f3menos que tienen alcance mundial sobre todo a partir de las dos grandes conflagraciones del presente siglo. <\/p>\n
No cabe la menor duda, por ser un hecho permanente, p\u00fablico y evidente, acerca de la continua depreciaci\u00f3n de la moneda o p\u00e9rdida de su poder adquisitivo, pues cada vez se requiere una mayor cantidad de \u00e9sta para la consecuci\u00f3n de los bienes que a diario se negocian a fin de satisfacer las distintas necesidades. Por lo tanto, si un sujeto devuelve a otro la misma suma de dinero que recibi\u00f3 cierto tiempo atr\u00e1s, tal valor nominal, es verdad, lo estar\u00eda recibiendo el acreedor disminuido en alg\u00fan porcentaje seg\u00fan la mayor o menor fluctuaci\u00f3n del medio circulante (SC, 21 feb. 1984). <\/p>\n
Postura en la insisti\u00f3: <\/p>\n
La doctrina de la Corte\u2026 se ha visto precisada a enfrentar el problema que suscita cambiante mundo econ\u00f3mico y sus repercusiones en el \u00e1mbito jur\u00eddico, especialmente en lo que ata\u00f1e al fen\u00f3meno inflacionario que sacude a los pa\u00edses de econom\u00edas d\u00e9biles\u2026 Por averiguado que dicho fen\u00f3meno entra\u00f1a una permanente p\u00e9rdida del poder adquisitivo de la moneda. <\/p>\n
Es as\u00ed como se ha visto en enorme desequilibrio patrimonial entre quienes por cualquier motivo deben restituir lo que en tiempo anterior hab\u00edanse entregado mutuamente, si es que lo que uno devuelve es dinero y el otro algo distinto al dinero. Como casi que sobra decirlo, es obvio que la depreciaci\u00f3n del dinero hace que este ya no tenga la misma capacidad de compra que tuvo cuando fue entregado por quien ahora ha de recibirlo, al tiempo que el bien distinto de \u00e9l, por causa del mismo fen\u00f3meno, vale mucho m\u00e1s; ello lleva \u00ednsito el enriquecimiento de uno a expensas del empobrecimiento del otro\u2026 <\/p>\n
De ese modo, a nadie le puede quedar la menor duda de que la equidad debe irrumpir en el escenario negocial apuntado, para restablecer el equilibrio perdido\u2026 la Corte ha de disponer un reajuste monetario, con fundamento en la doctrina de la investigaci\u00f3n del derecho (SC, 25 ag. 1988). <\/p>\n
Claro est\u00e1, ante la ausencia de un respaldo normativo, tuvo que acudir a principios generales del derecho, tales como la equidad, reciprocidad, completitud del pago o prohibici\u00f3n de enriquecimiento injustificado, para imponer la indizaci\u00f3n, de suerte que el deudor deba restituir, no el valor nominal, sino el valor de curso. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Civil doctrin\u00f3: <\/p>\n
\u2026no puede ubicarse en la urgencia de reparar un da\u00f1o emergente, sino en obedecimiento, ins\u00edstase, a principios m\u00e1s elevados como el de la equidad, el de la plenitud del pago, o el de la preservaci\u00f3n de la reciprocidad en los contratos bilaterales. De ninguna manera, en fin, es dable inferir que en asuntos como el de esta especie, el reajuste de la condena en proporci\u00f3n a la depreciaci\u00f3n del signo monetario constituya un perjuicio m\u00e1s que deba ser reparado, puesto que, reiterase a\u00fan a riesgo de fatigar, la p\u00e9rdida del poder adquisitivo del dinero no afecta la estructura intr\u00ednseca del da\u00f1o, sino su cuant\u00eda, de modo que la correcci\u00f3n tiene por finalidad la reparaci\u00f3n integral, no la de indemnizar un perjuicio m\u00e1s; am\u00e9n que, en ese mismo orden de ideas, tampoco puede verse en ello una sanci\u00f3n por un acto contrario al ordenamiento legal.\u201d (Sentencia de 9 de septiembre de 1999, abril 10 de 2000, 19 de noviembre de 2001, 18 de marzo de 2003, entre otras)\u2026 (SC, 18 dic. 2009, rad. n.\u00b0 2001-00389-01). <\/p>\n
2.2.3. Para indizar la jurisprudencia ha acudido a un \u00edndice que refleje la p\u00e9rdida de capacidad adquisitiva de la moneda que, en ausencia de estipulaci\u00f3n, corresponder\u00e1 \u00aba la variaci\u00f3n del IPC que certifique el Departamento Administrativo Nacional de Estad\u00edstica (DANE)\u00bb (SC002, 18 ene. 2021, rad. n.\u00b0 2011-00068-02). <\/p>\n
En consecuencia, \u00abla suma actualizada (Sa) es igual a la suma hist\u00f3rica (Sh) multiplicada por el \u00edndice de precios al consumidor del mes hasta el que se va a realizar la actualizaci\u00f3n (\u00edndice final) dividido por el \u00edndice de precios al consumidor del mes del que se parte (\u00edndice inicial)\u00bb (CJS SC, 16 Sep. 2011, Rad. 2005-00058-01). <\/p>\n
\u00abPara tal actualizaci\u00f3n monetaria, en consecuencia, se utilizar\u00e1 el \u00cdndice de precios al consumidor, aplicando la f\u00f3rmula seg\u00fan la cual el valor hist\u00f3rico multiplicado por el IPC actual y el resultado de \u00e9sta operaci\u00f3n dividido por el IPC hist\u00f3rico arroja el valor presente de la misma suma de dinero\u2026 (SC2307, 25 jun. 2018, rad. n.\u00b0 2003-00690-01). <\/p>\n
F\u00f3rmula que se representa gr\u00e1ficamente as\u00ed (cfr. SC002, 18 ene. 2021, rad. n.\u00b0 2011-00068-02): <\/p>\n
2.2.4. En el \u00e1mbito mercantil la indexaci\u00f3n tom\u00f3 una senda distinta, pues ante la obligatoriedad que tiene el deudor de pagar intereses bancarios, m\u00e1s onerosos que los civiles, se vislumbr\u00f3 excesivo acceder adicionalmente a la indexaci\u00f3n con base en el IPC. <\/p>\n
Por esta raz\u00f3n se acu\u00f1\u00f3 el concepto de \u00abindexaci\u00f3n indirecta\u00bb o por \u00abv\u00eda refleja\u00bb, en el sentido de se\u00f1alar que, cuando deban pagarse intereses remuneratorios o moratorios comerciales, se entiende comprendido el componente inflacionario. <\/p>\n
En la sentencia del 19 de noviembre de 2001 se dogmatiz\u00f3: <\/p>\n
[A]l lado de esas formas o mecanismos de ajuste de las obligaciones pecuniarias -conocidos como directos, se itera-, tambi\u00e9n corre pareja la apellidada indexaci\u00f3n indirecta, modalidad que presupone que \u2018la deuda dineraria -por regla- sigue aferrada al principio nominal\u00edstico, y los \u00edndices de correcci\u00f3n se aplican por v\u00eda refleja, en situaciones particulares\u2019, una de cuyas principales expresiones es la tasa de inter\u00e9s que incluye la inflaci\u00f3n (componente inflacionario) y que, por ende, \u2018conlleva al reajuste indirecto de la prestaci\u00f3n dineraria\u2019, evento en el cual resulta innegable que ella, adem\u00e1s de retribuir -y, en el caso de la moratoria, resarcir- al acreedor, cumple con la funci\u00f3n de compensarlo por la erosi\u00f3n que, ex ante, haya experimentado la moneda (funci\u00f3n t\u00edpicamente dual)\u2026 <\/p>\n
Efectivamente, es sabido que la tasa de inter\u00e9s monetaria -distinta de la pura, esto es, la concerniente al reconocimiento privativo del uso de capital-, se desdobla en diversos factores, v.gr: el r\u00e9dito propiamente dicho; una tasa de seguridad por el riesgo asumido por el prestamista (tasa de riesgo); gastos de operaci\u00f3n; monto compensatorio derivado del proceso inflacionario (tasa de inflaci\u00f3n), entre otros conceptos admitidos por la jurisprudencia, por la doctrina y por la autoridad encargada -en Colombia- de la inspecci\u00f3n y vigilancia de las instituciones financieras, de modo que, en trat\u00e1ndose de esta clase de tasas, espec\u00edficamente de la bancaria corriente (art. 884 C. de Co.), puede afirmarse sin hesitaci\u00f3n alguna que su funci\u00f3n, en la hora de ahora, no se reduce tan solo a determinar el precio por el uso del dinero, sino que tambi\u00e9n tiene el prop\u00f3sito, as\u00ed sea indirecto, de compensar al acreedor por el deterioro cualitativo que \u00e9ste sufra, en el entendido, claro est\u00e1, de la irrupci\u00f3n y preservaci\u00f3n del fen\u00f3meno inflacionario en la econom\u00eda (SC, 19 nov. 2001, exp. n.\u00b0 6094). <\/p>\n
Al poco tiempo se repiti\u00f3: <\/p>\n
\u00abDe igual forma, en pronunciamientos recientes se ha resaltado la existencia de los llamados mecanismos de indexaci\u00f3n indirecta, con particular alusi\u00f3n a la tasa de inter\u00e9s aplicable a las obligaciones mercantiles \u201cque incluye la inflaci\u00f3n (componente inflacionario) y que, por ende, \u2018conlleva al reajuste indirecto de la prestaci\u00f3n dineraria\u2019 , evento en el cual resulta innegable que ella, adem\u00e1s de retribuir – y, en el caso de la moratoria, resarcir – al acreedor, cumple con la funci\u00f3n de compensarlo por la erosi\u00f3n que, ex ante, haya experimentado la moneda (SC, 18 nov. 2004, exp. n.\u00b0 7287). <\/p>\n
Ins\u00edstase, cuando deban pagarse intereses comerciales se entiende que, a la par de reconocer los frutos del dinero, se est\u00e1 indizaci\u00f3n por la p\u00e9rdida de poder adquisitivo; a la inversa, cuando no procede la soluci\u00f3n de intereses comerciales, podr\u00e1 acudirse al IPC para actualizar el dinero adeudado. <\/p>\n
Huelga enfatizarlo, cuando se ordena la indizaci\u00f3n, siempre se ha acudido al \u00edndice de precios al consumidor, salvo que sea procedente ordenar el pago de intereses -en tanto se est\u00e1 remunerando al acreedor o se est\u00e1 indemnizando por la mora-, caso en el cual s\u00f3lo se ordena \u00fanicamente este \u00faltimo. <\/p>\n
As\u00ed ha procedido la Sala en m\u00faltiples casos. Por ejemplo, al reconocer los efectos de la resoluci\u00f3n de una compraventa comercial, acept\u00f3 indexar con base en el IPC, relegando los intereses para el momento posterior a la ejecutoria de la sentencia (SC3972, 15 dic. 2022, rad. n.\u00b0 2019-00014-01); tambi\u00e9n se indiz\u00f3 con el IPC las consecuencias de la resoluci\u00f3n de un negocio preparatorio para fines inmobiliarios (SC5430, 7 dic. 2021, rad. n.\u00b0 2014-01068-01); y en la nulidad de una compraventa sobre acciones (SC002, 18 en. 2021, rad. n.\u00b0 2011-00068-02). <\/p>\n
2.2.5. La anterior conclusi\u00f3n tiene como fundamento el contenido del inter\u00e9s bancario. Y es que, las entidades financieras, para fijar el inter\u00e9s al que prestar\u00e1n los recursos captados del p\u00fablico, conocida como tasa de inter\u00e9s de colocaci\u00f3n, tienen en consideraci\u00f3n, no s\u00f3lo la p\u00e9rdida del poder adquisitivo del dinero por el paso del tiempo, sino, adem\u00e1s, (I) la remuneraci\u00f3n por su actividad, (II) los costos operativos de funcionamiento, (III) la compensaci\u00f3n por los riesgos de la operaci\u00f3n, y (IV) el inter\u00e9s que est\u00e1n pagando como tasa de captaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed lo ha admitido insistentemente la jurisprudencia de la Sala. A t\u00edtulo de ilustraci\u00f3n, en sentencia del 25 de abril de 2003 se asegur\u00f3: \u00aben la composici\u00f3n del inter\u00e9s legal comercial, identificado con el inter\u00e9s bancario corriente, se fusionan los factores preanotados – factores de tiempo, riesgo, inflaci\u00f3n y devaluaci\u00f3n propios de las condiciones financieras y monetarias del mercado-, uno de los cuales procura recomponer el capital, es decir, compensar la depreciaci\u00f3n que pueda experimentar\u00bb (negrilla fuera de texto, SC, exp. n.\u00b0 7140). <\/p>\n
Tesis renovada insistentemente: <\/p>\n
Lo que sucede es que el inter\u00e9s legal comercial, el cual corresponde al inter\u00e9s bancario corriente al que alude el art\u00edculo 884 del estatuto mercantil, se certifica por la Superintendencia Financiera con base en las ponderaciones de los promedios de las tasas efectivamente cobradas por los establecimientos de cr\u00e9dito, operaci\u00f3n \u00e9sta que atiende las condiciones de oferta y demanda de pr\u00e9stamo de los recursos; el riesgo inherente a la actividad; el fen\u00f3meno inflacionario de la econom\u00eda y la devaluaci\u00f3n que experimenta la moneda nacional en el mercado, de ah\u00ed que ese tipo de inter\u00e9s involucra un componente de correcci\u00f3n monetaria y otro de tasa pura\u2026 (negrilla fuera de texto, SC11331, 11 ag. 2015, rad. n.\u00b0 2006-00119-01) <\/p>\n
En \u00e9poca cercana se repiti\u00f3: <\/p>\n
Mem\u00f3rese que el inter\u00e9s comercial -sea remuneratorio o de mora- atiende las ponderaciones de los promedios de las tasas redituales cobradas por los establecimientos de cr\u00e9dito de acuerdo con condiciones como la oferta y la demanda imperantes en el mercado financiero, concretamente en las operaciones de pr\u00e9stamo, el riesgo inherente a la actividad de tales entidades; los impactos de la inflaci\u00f3n en la econom\u00eda y el fen\u00f3meno devaluatorio de la moneda colombiana, y esta conjunci\u00f3n de criterios implica que la definici\u00f3n de los r\u00e9ditos involucre un componente de correcci\u00f3n monetaria y otro de tasa pura (negrilla fuera de texto, SC3972, 15 dic. 2022, rad. n.\u00b0 2019-00014-00). <\/p>\n
2.3. \u00bfPueden asimilarse los intereses comerciales -bancarios corrientes- y la indexaci\u00f3n? <\/p>\n
2.3.1. Es cierto que existe una relaci\u00f3n intr\u00ednseca entre el inter\u00e9s bancario corriente y los mecanismos de revalorizaci\u00f3n del dinero, en tanto aqu\u00e9l sirve para indexar, aunque de forma indirecta. <\/p>\n
Sin embargo, estos conceptos no son asimilables, pues, como se puso de presente, el inter\u00e9s bancario, adem\u00e1s de la indexaci\u00f3n, tiene en cuenta otras variables para su determinaci\u00f3n; huelga enfatizarlo, uno de los elementos para fijar el inter\u00e9s corriente por las entidades financieras es la desvalorizaci\u00f3n de la moneda, pero no el \u00fanico, pues adem\u00e1s contiene (I) el valor por el uso del dinero, (II) los costos y gastos de la actividad de intermediaci\u00f3n, (III) la remuneraci\u00f3n del agente intermediario y (IV) la ponderaci\u00f3n de los riesgos de la colocaci\u00f3n. Se trata, entonces, de un v\u00ednculo entre el todo y una de sus partes. <\/p>\n
As\u00ed lo tiene doctrin\u00f3 el supervisor del sistema financiero, en concepto del 9 de marzo de 1993: \u00abEl inter\u00e9s bancario corriente involucra un porcentaje de correcci\u00f3n monetaria y otro de tasa pura\u00bb (Superintendencia Bancaria, Oficio 93003771-2) <\/p>\n
2.3.2. Este \u00f3rgano de cierre, en veredicto del 17 de agosto de 2016, hizo suya la anterior doctrina: \u00abla indexaci\u00f3n de una suma de dinero no comporta un beneficio ni puede confundirse con los frutos civiles que ella produce, porque simplemente constituye el ajuste de su valor para contrarrestar la p\u00e9rdida de poder adquisitivo de la moneda, pues de lo contrario se estar\u00eda devolviendo al comprador una cantidad muy inferior a la que entreg\u00f3 en realidad\u00bb (SC11287, rad. n.\u00b0 2007-00606-01). <\/p>\n
Significa que la indexaci\u00f3n, con base en el IPC o cualquier otro indicador, s\u00f3lo corrige la depreciaci\u00f3n, mientras que el inter\u00e9s comercial, adem\u00e1s, remunera al acreedor por permitir el uso del dinero y comprende un emolumento por los costos y riesgos de su operaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. Caso concreto. <\/p>\n
2.4.1. Aplicadas las consideraciones precedentes al sub lite, refulge que la Corte debi\u00f3 denegar el \u00faltimo de los cargos analizados en el fallo del cual me aparto, pues el Tribunal acert\u00f3 al indexar con base en el \u00edndice de precios al consumidor, sin que fuera dable acudir a los intereses comerciales para estos fines, pues con este \u00faltimo proceder adem\u00e1s de indizar se estar\u00edan reconociendo conceptos que son extra\u00f1os. <\/p>\n
2.4.2. Por ende, la asimilaci\u00f3n que hizo la Sala entre los intereses comerciales y los \u00edndices inflacionarios, contraviene la finalidad y contenido de ellos, as\u00ed como un desconocimiento de la s\u00f3lida jurisprudencia sobre la materia. <\/p>\n
3. \u00bfDecisi\u00f3n incongruente? <\/p>\n
Por \u00faltimo, no puedo dejar pasar de largo que, a pesar de que en la demanda inicial y en casaci\u00f3n se pretendi\u00f3 el reconocimiento de intereses bancarios moratorios, la Sala termin\u00f3 reconociendo un concepto diferente, v\u00eda \u00abindexaci\u00f3n\u00bb, como son intereses bancarios corrientes. <\/p>\n
Basta revisar el escrito inaugural para mostrar que, junto a las pretensiones principales y subsidiarias, se deprec\u00f3 ordenar \u00abla restituci\u00f3n de la suma de $1.070.462.940. que recibieron como pago del precio de las ventas prometidas, con los intereses comerciales moratorios que habr\u00edan devengado durante todo el tiempo que tuvieron el dinero, en favor de Inversi\u00f3n y Desarrollo Barranco S.A.\u00bb, as\u00ed como \u00abque se actualice a su valor actual, las sumas que recibieron como parte del precio de las prometidas y frustradas compraventas\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Adem\u00e1s, en casaci\u00f3n se insisti\u00f3 a \u00abla Corte Suprema de Justicia [para que] case la sentencia del Tribunal y, en su remplazo, condene a\u2026 los respectivos intereses moratorios comerciales correspondientes a una y media veces el inter\u00e9s bancario corriente por tratarse de un asunto mercantil\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Empero de lo comentado, en el fallo del cual me aparto, se calcul\u00f3 la \u00abindexaci\u00f3n\u00bb con base en \u00abel inter\u00e9s bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Esto me permito preguntarme, \u00bfc\u00f3mo se garantiza el principio de congruencia en el fallo sustitutivo cuando se acude a una forma de indizaci\u00f3n no invocado? \u00bfc\u00f3mo se garantiz\u00f3 el derecho de defensa de la demandada en la aplicaci\u00f3n de un \u00edndice no invocado por la demandante? <\/p>\n
4. En los t\u00e9rminos precedentes dejo sentado mi salvamento de voto. <\/p>\n
Fecha ut supra. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-004-2015-00745-01 <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Con pleno respeto por los integrantes de la Sala, que conformaron mayor\u00eda para proferir la sentencia objeto de estas l\u00edneas, manifiesto mi disenso con la decisi\u00f3n de considerar a la tasa de inter\u00e9s bancario corriente como un mecanismo de indexaci\u00f3n o actualizaci\u00f3n del dinero, a efectos de calcular las restituciones mutuas en eventos de resoluci\u00f3n o anulaci\u00f3n de contratos <\/p>\n
Es cierto que, en distintas providencias, reproducidas in extenso en el presente fallo, la Corte ha sostenido que los intereses bancarios corrientes incluyen un componente de indexaci\u00f3n del dinero. Sin embargo, ello no significa que solamente contengan ese factor, ni que sirvan al \u00fanico prop\u00f3sito de compensar la depreciaci\u00f3n del dinero, como habr\u00eda sido pertinente para calcular las restituciones mutuas actualizadas en el juicio de la referencia. <\/p>\n
En efecto, en los precedentes que se citaron se buscaba reafirmar una verdad incuestionable: que no pueden acumularse la indexaci\u00f3n y la causaci\u00f3n de intereses bancarios corrientes, porque estos \u00faltimos ya incluyen la variaci\u00f3n del IPC en su determinaci\u00f3n. Pero de esa premisa no parece pertinente deducir que \u00abla actualizaci\u00f3n se pueda realizar a partir de estos \u00faltimos\u00bb \u2013como se dijo supra\u2013; por el contrario, como el inter\u00e9s bancario corriente cumple el cometido de actualizar, pero, como es obvio, tambi\u00e9n de remunerar, acudir a ellos como criterio de indexaci\u00f3n implicar\u00eda igualmente reconocer la causaci\u00f3n de frutos civiles o rendimientos del dinero a restituir. <\/p>\n
En punto de lo anterior, comedidamente estimo que no existe norma alguna que sirva de sustento a tal soluci\u00f3n, m\u00e1xime en un caso como este, en el que se discuti\u00f3 la resoluci\u00f3n de un contrato en el que estaba estipulada una f\u00f3rmula para cubrir todos los perjuicios derivados de cualquier incumplimiento de contrato, entre los que se incluyen los derivados de la indisponibilidad del dinero entregado por los promitentes compradores. <\/p>\n
A ello cabe a\u00f1adir que ecuaciones como el IPC + 6%, que se aplic\u00f3 en CSJ SC002-2021, no buscan calcular el monto actualizado de una restituci\u00f3n, sino el valor a restituir sumado a sus frutos civiles, tal como lo prescribe el art\u00edculo 1746 del C\u00f3digo Civil27, alusivo a la nulidad sustancial del negocio jur\u00eddico \u2013supuesto que, adem\u00e1s, es ajeno al presente conflicto\u2013. <\/p>\n
Por esa v\u00eda, estimo que, en los eventos de resoluci\u00f3n de contrato, basta con restituir lo entregado, debidamente actualizado a trav\u00e9s de la variaci\u00f3n del IPC, que es una forma est\u00e1ndar de mantener el valor del dinero con el paso del tiempo. La adici\u00f3n al IPC de cualquier suma (como el 6% al que se hizo menci\u00f3n en fallo CSJ SC002-2021, u otro guarismo cualquiera), tendr\u00e1 fines remuneratorios, pero no compensatorios del efecto de la devaluaci\u00f3n. <\/p>\n
Ello, insisto, desaconsejaba adoptar la soluci\u00f3n que eligi\u00f3 la Sala mayoritaria, dado que, por otra v\u00eda, se est\u00e1n reparando todas las p\u00e9rdidas que sufri\u00f3 la parte afectada por el incumplimiento. Recu\u00e9rdese que se orden\u00f3 a la convocada restituir el duplo de las arras entregadas, importe que, seg\u00fan lo estableci\u00f3 el tribunal, sin reproche de la Corte, correspond\u00eda a una especie de cl\u00e1usula penal, o estimaci\u00f3n anticipada de perjuicios. <\/p>\n
De ah\u00ed que no tuviera cabida adicionar a la indexaci\u00f3n, calculada \u00fanica y exclusivamente a trav\u00e9s de la variaci\u00f3n del IPC \u2013en este y en todos los casos\u2013, componentes accesorios, orientados a remunerar o compensar, por segunda vez, al promitente comprador por el tiempo en el que no pudo hacer uso del dinero del anticipo del precio, dada la inobservancia negocial de su contraparte. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos, dejo fundamentado el salvamento de voto, con reiteraci\u00f3n de mi irrestricto respeto por los dem\u00e1s integrantes de la Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
Fecha ut supra, <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002Luego de que el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, mediante prove\u00eddo de 24 de junio de 2016, (fl. 5 01CuadernoNo.2) revocara el auto de 8 de abril de 2016, que rechaz\u00f3 la demanda (fl. 27 03CuadernoNo.1de 3 exp. digital). <\/p>\n
2\u0002 Llamado a actuar para la calificaci\u00f3n de la demanda, dada la data de su presentaci\u00f3n, ya que era el ordenamiento procesal entonces vigente. <\/p>\n
3\u0002 Guasp Jaime. Derecho Procesal Civil Tomo I Introducci\u00f3n y parte general. S\u00e9ptima Edici\u00f3n Editorial Thomson Civitas, p\u00e1g. 290. <\/p>\n
4\u0002 v\u00e9anse entre otras las sentencias CSJ SC 162 de 11 de jul. de 2005, Exp. 7725, reiterada el 21 de feb. de 2012, Exp. 2004-00649-01 y el 23 de oct. de 2013, Ref. 2007-00215-01; y recientemente en CSJ SC4139-2021, 27 oct. Rad. 2015-00164-01. <\/p>\n
5\u0002 En esta cl\u00e1usula 6.1. se se\u00f1ala como beneficiario al FIDEICOMITENTE, tambi\u00e9n se designan como tales a los FIDEICOMITENTES APORTANTES en el evento de que cumplido el plazo no se hubieran vinculado todos los predios llamados a conformar el FIDEICOMISO o si esto se cumpli\u00f3 a esa fecha no se hubiera concedido la licencia de construcci\u00f3n para el desarrollo del proyecto en un plazo que vencer\u00eda el 30 de enero de 2004, eventos estos que obligar\u00edan a la Fiduciaria a restituir los predios a los FIDEICOMITENTES APORTANTES o a quienes estos designen. <\/p>\n
6\u0002 Seg\u00fan se indica expresamente en los antecedentes de los contratos de promesa de compraventa fls 55-65 Cd 01 CuadernoNo.1de 1. <\/p>\n
7\u0002 Inter\u00e9s manifestado en las ofertas mercantiles que obran a folios 50- 54 del Cuaderno 1 archivo 1 de 1., y que en un principio se hicieron por la se\u00f1ora Sus Pastrana en nombre propio y posteriormente, \u00e9sta cedi\u00f3 su posici\u00f3n respecto del local 214 en favor de la sociedad Gestiones Comerciales Ltda, seg\u00fan documento que obra a folios 28 del Archivo Cuaderno 1 02CuadernoNo1 de 2. <\/p>\n
8\u0002 visibles a folios 38-49 archivo 01 CuadernoNo.1 de 1. <\/p>\n
9\u0002 Visibles a folio 55- 65 del archivo 01cuadernoNo. 1 de 1 <\/p>\n
10\u0002 folios 68-73 y 76-81 archivo 01CuadernoNo.1de 1 <\/p>\n
11\u0002 A voces del art\u00edculo 1226 del C\u00f3digo de Comercio \u00abLa fiducia mercantil es un negocio jur\u00eddico en virtud del cual una persona, llamada fiduciante o fideicomitente, transfiere uno o m\u00e1s bienes especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de \u00e9ste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario\u00bb. <\/p>\n
Por su parte el art\u00edculo 1233 del mismo ordenamiento es perentorio al se\u00f1alar que \u00abPara todos los efectos legales, los bienes fideicomitidos deber\u00e1n mantenerse separados del resto del activo del fiduciario y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios, y forman un patrimonio aut\u00f3nomo afecto a la finalidad contemplada en el acto constitutivo\u00bb. <\/p>\n
Dichas disposiciones revelan inequ\u00edvocamente que los bienes que entran a conformar el fideicomiso tienen una tradici\u00f3n directamente condicionada a la finalidad de la fiducia sin que puedan considerarse de propiedad de la fiduciaria, al punto que deber\u00e1 mantenerlos separados de los propios y de otras fiducias, de suerte que si identidad no se pierda. <\/p>\n
12\u0002 Sentencia 007 de 7 de febrero de 2008, expediente 06915. <\/p>\n
13\u0002 Alessandri Rodr\u00edguez Arturo. De la compraventa y de la promesa de compraventa Tomo I Volumen I. Editorial Jur\u00eddica de Chile. 2013. P\u00e1g. 94. <\/p>\n
14\u0002 sentencia de 27 de agosto de 2008, expediente 14171. <\/p>\n
15\u0002 Inferencia que el casacionista expresamente indica no controvertir en casaci\u00f3n <\/p>\n
17\u0002 Art\u00edculo 717 Se llaman frutos civiles los precios, pensiones o c\u00e1nones de arrendamiento o censo, y los intereses de capitales exigibles, o impuestos a fondo perdido. <\/p>\n
Los frutos civiles se llaman pendientes mientras se deben; y percibidos desde que se cobran. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 718 Los frutos civiles pertenecen tambi\u00e9n al due\u00f1o de la cosa de que provienen, de la misma manera y con la misma limitaci\u00f3n que los naturales. <\/p>\n
18\u0002 Dicha capitalizaci\u00f3n est\u00e1 proscrita en los cr\u00e9ditos de vivienda a largo plazo <\/p>\n
19\u0002 Por el local 205\/231: $121.047.500,00 y por el 214\/241: $232575000,00 <\/p>\n
20\u0002 Guillermo Ospina Fern\u00e1ndez, R\u00e9gimen General de las Obligaciones, Temis, Bogot\u00e1, 2008, p. 279. <\/p>\n
21\u0002 Eug\u00e9ne Petit, Tratado Elemental de Derecho Romano, Editorial Porr\u00faa, M\u00e9xico, 2007, p. 678. <\/p>\n
22\u0002 Ibidem, p. 380. <\/p>\n
23\u0002 Ibidem, p. 472. <\/p>\n
24\u0002 Gast\u00f3n Fern\u00e1ndez Cruz, La naturaleza jur\u00eddica de los intereses: punto de conexi\u00f3n entre derecho y econom\u00eda. En Derecho n.\u00b0 45, Pontificia Universidad Cat\u00f3lica del Per\u00fa, diciembre 1991, p. 186. <\/p>\n
25\u0002 Jorge Joaqu\u00edn Llambias, Patricio Raffo Benegas y Rafael A. Sassot, Manual de Derecho Civil. Obligaciones, Editorial Perrot, Buenos Aires, 1997, p. 260. <\/p>\n
26\u0002 Atilio An\u00edbal Alterini, Oscar Jos\u00e9 Ameal y Roberto M. L\u00f3pez Cabana, Derecho de Obligaciones, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1996, pp. 452 y 453. <\/p>\n
27\u0002 A cuyo tenor: \u00abEn las restituciones mutuas que hayan de hacerse los contratantes en virtud de este pronunciamiento, ser\u00e1 cada cual responsable de la p\u00e9rdida de las especies o de su deterioro, de los intereses y frutos\u00bb. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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SC3971-2022 (2015-00745-01)_1 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-004-2015-00745-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de 2022 y diecis\u00e9is de febrero de 2023) Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023) Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71446","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71446","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71446"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71446\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71446"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71446"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71446"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}