STC1724-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1724-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-00588-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Gerardo Herrera interpuso contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular con radicado n\u00b0 2022-00038-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante pidi\u00f3, en esencia, que se le ordene al tribunal accionado declarar su p\u00e9rdida de competencia para rituar el proceso cuestionado y expedir \u00abuna constancia secretarial de todas las etapas procesales realizadas\u00bb en la acci\u00f3n popular. Subsidiariamente, solicit\u00f3 que se ordene resolver su asunto de inmediato. <\/p>\n
En sustento, adujo ser accionante en el tr\u00e1mite objeto de revisi\u00f3n en el que se dict\u00f3 sentencia de primer grado (8 jul. 2022) que fue apelada. Cuestion\u00f3 que el tribunal de segundo grado no hubiese desatado la alzada para la \u00e9poca de interposici\u00f3n de esta salvaguarda (13 feb. 2023). De esa situaci\u00f3n deriva la lesi\u00f3n a sus derechos fundamentales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En lo que respecta a las pretensiones consistentes en que se ordene a la magistratura accionada declarar su p\u00e9rdida de competencia y expedir \u00abuna constancia secretarial de todas las etapas procesales realizadas\u00bb, se impone el fracaso de la salvaguarda, debido a que pudo constatarse -del expediente reprochado- que el tutelante no ha acudido ante el juez de su causa a solicitar lo que por esta senda persigui\u00f3. De all\u00ed que quede en evidencia el desconocimiento subsidiario de este mecanismo constitucional y el consecuente fracaso del auxilio. <\/p>\n
2. Ahora, en lo que respecta a la mora judicial denunciada, tambi\u00e9n tropieza el resguardo en la medida que no hay razones que justifiquen que por esta v\u00eda se imponga su resoluci\u00f3n inmediata. <\/p>\n
2.1. Si bien el incumplimiento de los t\u00e9rminos establecidos para impulsar las controversias lesiona los derechos de sus part\u00edcipes, no cualquier infracci\u00f3n puede ser remediada a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela. Como lo ha decantado la Sala, el amparo es viable cuando la desatenci\u00f3n de los plazos es injustificada, y la tardanza es trascendente frente a las garant\u00edas del accionante (STC13282-2022, entre otras). Al respecto, se ha indicado: <\/p>\n
(\u2026) cuando se infringe el deber de tramitar oportunamente las controversias, se estructura la mora judicial, en desmedro de la tutela jurisdiccional de los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Claro, que exista mora no significa que haya un desempe\u00f1o negligente de las funciones jurisdiccionales. Hay m\u00faltiples circunstancias que la pueden provocar, y que pueden ser ajenas a la diligencia que se demanda de sus servidores. En ese sentido, el \u00abComentario relativo a los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial\u00bb se\u00f1ala: <\/p>\n
La capacidad de actuar con diligencia en el desempe\u00f1o de las obligaciones judiciales puede depender de la carga de trabajo, la suficiencia de los recursos (incluida la disponibilidad de personal de apoyo y de asistencia t\u00e9cnica) y el tiempo para la investigaci\u00f3n, deliberaci\u00f3n, redacci\u00f3n y otras obligaciones judiciales que no sean la participaci\u00f3n en las audiencias del tribunal. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Desde esta perspectiva, la viabilidad de una acci\u00f3n de tutela por mora judicial depende de que, en principio, se advierta la desatenci\u00f3n de los t\u00e9rminos previstos para tramitar la actuaci\u00f3n, y la falta de justificaci\u00f3n del incumplimiento. <\/p>\n
3.1.- Para establecer lo primero, deber\u00e1 definirse cu\u00e1l es la norma que fija los plazos para atender la solicitud, y verificar que, en efecto, hayan sido superados al momento de la presentaci\u00f3n del resguardo. <\/p>\n
3.2.- Para lo segundo, importa indagar por las circunstancias que originaron la mora y c\u00f3mo ellas la provocaron. Con ese fin, deber\u00e1 confrontarse el expediente y analizarse las razones esgrimidas por el servidor judicial en aras de exculpar la desatenci\u00f3n reprochada. <\/p>\n
Ahora, no cualquier motivo tiene la virtualidad de escudar la mora judicial, solo aquella que la justifique, esto es, que pruebe, con \u00abrazones convincentes\u00bb, que la omisi\u00f3n no es atribuible a la dependencia judicial. As\u00ed se infiere al acudir al Diccionario de la lengua espa\u00f1ola que define el verbo \u00abjustificar\u00bb como la acci\u00f3n de \u00abprobar algo con razones convincentes, testigos o documentos\u00bb, \u00abprobar la inocencia de alguien en lo que se le imputa o se presume de \u00e9l\u00bb. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Una de esas razones convincentes que pueden justificar la mora es la congesti\u00f3n judicial. Pero, como hacerlo equivale a probar que la inobservancia de los plazos es ajena al aludido deber de diligencia, cuando dicha circunstancia se alegue, no ser\u00e1 suficiente que el servidor la invoque. Deber\u00e1, adem\u00e1s, traer a este escenario prueba i) de su congesti\u00f3n, de suerte que el juez constitucional pueda constatar la carga laboral invocada; ii) de c\u00f3mo ella impacta en la atenci\u00f3n oportuna del caso concreto; iii) al igual que de las medidas razonables y concretas que ha enfilado para superar el represamiento. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
3.3.- Al lado de los anteriores criterios, a fin de determinar si es viable o no este sendero para que cese la mora judicial, se encuentra el de trascendencia la vulneraci\u00f3n (\u2026), se traduce en determinar la afectaci\u00f3n que el incumplimiento de los plazos procesales genera en los derechos del tutelante (se enfatiza). <\/p>\n
Y sobre la trascendencia de la vulneraci\u00f3n, ha puntualizado: <\/p>\n
Es que, bien puede ocurrir, que pese a la inobservancia un t\u00e9rmino para resolver determinado asunto, y la ausencia de motivos razonables para su incumplimiento, la intromisi\u00f3n no se justifique porque, por ejemplo, la intensidad de la afectaci\u00f3n del debido proceso es m\u00ednima, al ser pocos d\u00edas de mora, o bien porque la situaci\u00f3n del interesado no amerita la intervenci\u00f3n. Claro, no ser\u00e1 lo mismo cinco (5) d\u00edas que cinco (5) a\u00f1os de tardanza. Tampoco ser\u00e1 igual cuando la omisi\u00f3n compromete intereses de un sujeto de especial protecci\u00f3n, como un ni\u00f1o a una persona en condiciones de discapacidad. A su vez, la discusi\u00f3n ser\u00e1 diferente en la hip\u00f3tesis en que la infracci\u00f3n solo lesione el debido proceso, a que involucre otras garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
Y es que, si la injerencia supralegal en los asuntos de mora judicial se traduce en indicarle al fallador que atienda determinado caso por encima de otros que tambi\u00e9n debe tramitar oportunamente, es claro que debe justificarse suficientemente la necesidad de la intromisi\u00f3n. De lo contrario, la acci\u00f3n de tutela terminar\u00eda convertida en una herramienta para alterar el orden de los turnos para fallar las causas, y no para proteger derechos fundamentales. <\/p>\n
De manera que cuando se denuncia a una autoridad judicial por el incumplimiento de los t\u00e9rminos para realizar determinada actuaci\u00f3n, no solo importa verificar, a efectos de determinar su procedencia, la existencia de la infracci\u00f3n y si la misma est\u00e1 debidamente justificada, tambi\u00e9n es relevante evaluar la trascendencia de la mora frente a los derechos del convocante (se enfatiza). <\/p>\n
2.2. En el caso, como lo denuncia el querellante, \u00ablos veinte (20) d\u00edas siguientes contados a partir de la radicaci\u00f3n del expediente en la Secretar\u00eda del Tribunal competente\u00bb, que conforme al art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998 ten\u00eda el juez plural para desatar el remedio vertical, se cumplieron sin que se hubiese emitido la providencia correspondiente. N\u00f3tese, como se evidencia de las diligencias reprochadas, la alzada fue recibida por la Secretar\u00eda el 8 de agosto de 2022 y, para la \u00e9poca de radicaci\u00f3n de este resguardo (13 de febrero de 2023), aun no se hab\u00eda definido la segunda instancia. <\/p>\n
Sin embargo, dicha omisi\u00f3n es insuficiente para conjurar por esta v\u00eda la mora denunciada, ya que, el Magistrado encargado de tramitar la alzada alleg\u00f3 soporte de la carga laboral que, aduce, le ha impedido sustanciarla oportunamente. <\/p>\n
En efecto, de acuerdo con el citado informe, el funcionario Eder Jimmy S\u00e1nchez ha tramitado \u00aben promedio, para el a\u00f1o 2022 y lo que avanza de este, (…) 5 habeas corpus, 113 tutelas de primera instancia, 154 de segunda instancia, 79 acciones populares\u00bb. Tambi\u00e9n inform\u00f3 que \u00aben los \u00faltimos meses se han atendido un promedio de 300 memoriales, exclusivamente en acciones elevados en acciones populares, profiriendo la providencia que corresponda y los recursos que su vez interponen a la misma. Se suma, las respuestas que se brindan a las acciones de tutela ante la misma Corte Suprema de Justicia, a las decisiones ya referidas\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, como tambi\u00e9n lo indic\u00f3 en el documento, ha gestionado el estudio de los proyectos de los magistrados con los que conforma Sala de decisi\u00f3n, as\u00ed como los compromisos propios de las salas ordinarias y extraordinarias del tribunal, entre otras actividades all\u00ed descritas. Luego, la desatenci\u00f3n del tiempo previsto en el art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998 no es el resultado de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada (STC11379-2022, entre otras). <\/p>\n
Adicionalmente, no se acreditaron, ni se infieren del expediente, razones que impongan impulsar la acci\u00f3n popular a trav\u00e9s de esta herramienta por sobre otros procesos, que tambi\u00e9n se encuentran en turno para ser zanjados. <\/p>\n
2.3. Por otro lado, si bien, como lo advirti\u00f3 el quejoso, la Sala ha concedido salvaguardas por mora en resolver las apelaciones de las sentencias dictadas en acciones populares, no lo ha hecho por el simple vencimiento del tiempo contemplado en el art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998, sino porque ha evidenciado, en los respectivos casos, negligencia en el impulso de las causas, al igual que compromiso de las garant\u00edas colectivas objeto de ellas. As\u00ed, en STC15116-2019 se concedi\u00f3 la protecci\u00f3n porque se trataba de una apelaci\u00f3n que llevaba m\u00e1s de un a\u00f1o al despacho, en tanto se dijo: \u00ab[n]\u00f3tese que el asunto se encuentra \u00abal despacho\u00bb del Magistrado S\u00e1nchez Calambas desde el 25 de julio de 2018, es decir, ha transcurrido m\u00e1s de 15 meses desde la radicaci\u00f3n del expediente, sin que se hubiere resuelto lo pertinente\u00bb. <\/p>\n
3. En definitiva, dada la insatisfacci\u00f3n del requisito de subsidiariedad y toda vez que la tardanza del Tribunal en resolver la apelaci\u00f3n del veredicto emitido en la acci\u00f3n popular est\u00e1 debidamente justificada, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n invocada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve NEGAR la tutela instaurada por Gerardo Herrera. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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