STC1732-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1732-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-00644-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Mario Restrepo instaur\u00f3 contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo, extensiva a las partes e intervinientes de la acci\u00f3n popular con radicado No. 2022-00061-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El libelista pretende a trav\u00e9s de la presente salvaguarda que se ordene i) fijar agencias en derecho en a su favor y ii) al Ministerio P\u00fablico \u00abact\u00faen en derecho a [su] nombre\u00bb. <\/p>\n
En sustento manifest\u00f3 que, pese a que sus pretensiones como actor popular fueron acogidas en el juicio objeto de escrutinio, la Corporaci\u00f3n convocada se abstuvo de reconocer las memoradas erogaciones, desconociendo el precedente judicial aplicable y lo preceptuado en el art\u00edculo 365 del estatuto procesal. A su juicio, se confunde el concepto de costas con agencias en derecho. <\/p>\n
2. La Colegiatura convocada inform\u00f3 que devolvi\u00f3 el expediente digital al Juzgado de origen. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Sea lo primero se\u00f1alar que el examen constitucional recae exclusivamente en la providencia del Tribunal (3 feb. 2023), en tanto es aquella la que finiquit\u00f3 definitivamente el litigio; y estudiados los reclamos tutelares pronto se avizora el tropiezo del resguardo porque la decisi\u00f3n criticada se percibe adoptada bajo criterios de interpretaci\u00f3n que no lucen descabellados o absurdos; en ese sentido no se vislumbra una actividad caprichosa o arbitraria que amerite la intervenci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Ciertamente, la Corporaci\u00f3n aludida para confirmar la decisi\u00f3n de primer grado que neg\u00f3 el reconocimiento de costas y agencias en derecho, tem\u00e1tica objeto de la alzada, despu\u00e9s de referir las normas aplicables y la jurisprudencia de esta Corte sobre la materia precis\u00f3 que en efecto no hab\u00eda lugar a la erogaci\u00f3n pretendida porque de la conducta procesal del actor no se denotaba gesti\u00f3n o gasto alguno, en tanto que su intervenci\u00f3n se limit\u00f3 a \u00abinterponer la demanda; adem\u00e1s el actor no estuvo presto a participar activamente en vitales etapas procesales como el pacto de cumplimiento, y tampoco evidenci\u00f3 una iniciativa probatoria que aportara a la clarificaci\u00f3n de los hechos\u00bb. <\/p>\n
(\u2026) no lo hizo desde una \u00f3ptica arm\u00f3nica con el inter\u00e9s general que predic\u00f3 defender mediante el reclamado amparo de derechos colectivos, sino incluso con total desinter\u00e9s de cara a la observancia de las normas que establecen la necesidad de enterar a la comunidad de la existencia de la acci\u00f3n popular y el deber de recaudar las pruebas necesarias para la corroboraci\u00f3n de los hechos, en el af\u00e1n porque la acci\u00f3n fuera decidida apresuradamente y en ella se le reconocieran las prerrogativas econ\u00f3micas sobre las que ha insistido. <\/p>\n
En otras palabras, mientras el A quo se esmer\u00f3 por cumplir adecuadamente los preceptos de la Ley 472 de 1998 y adem\u00e1s recaudar las pruebas necesarias, el esfuerzo vislumbrado a partir de la actitud procesal del demandante se encamin\u00f3 a lograr a la mayor prontitud posible una condena pecuniaria a su favor. As\u00ed la gesti\u00f3n del actor lejos de apreciarse \u00fatil y de calidad, fue claramente desconsiderada y en todo caso poco aportante de cara al debido cumplimiento de la labor jurisdiccional, raz\u00f3n de m\u00e1s para negar la deprecada condena en costas como lo autoriza el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 365 del C.G.P. <\/p>\n
De lo anterior, puede afirmarse que el prove\u00eddo refutado est\u00e1 soportado en una interpretaci\u00f3n razonable que la autoridad convocada desarroll\u00f3 sobre la situaci\u00f3n f\u00e1ctica sometida a su consideraci\u00f3n, donde a\u00fan cuando la Corte proh\u00edje o no los motivos expuestos para negar los citados expendios, se advierte, analiz\u00f3 con suficiencia la conducta procesal desplegada por el aqu\u00ed gestor, y as\u00ed mismo dio plena observancia a la naturaleza, calidad y duraci\u00f3n de la actuaci\u00f3n realizada en el juicio, par\u00e1metros a observar por juez del conocimiento a la hora de fijar las tan memoradas agencias. <\/p>\n
De manera que, se concluye que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
Adem\u00e1s de lo anterior, t\u00e9ngase en cuenta que esta Sala, en relaci\u00f3n a la particular tem\u00e1tica, en reciente pronunciamiento se\u00f1al\u00f3 que <\/p>\n
es preciso aclarar que las costas procesales est\u00e1n integradas por las \u00abexpensas\u00bb y las \u00abagencias en derecho\u00bb, las primeras corresponden a los gastos efectuados en el proceso y las segundas se consideran \u00abuna retribuci\u00f3n por lo que la parte vencedora le cancela al abogado que la representa en el proceso\u00bb. <\/p>\n
De esta forma, el numeral 4 del art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso y el acuerdo PSAA16-10554 de 2016 determinan que el valor de las agencias en derecho es determinado por el juez de forma discrecional, quien debe tener en cuenta las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura, la naturaleza, calidad y duraci\u00f3n de la actuaci\u00f3n realizada por el apoderado o la parte que litig\u00f3 personalmente, as\u00ed como la cuant\u00eda del proceso y dem\u00e1s circunstancias que permitan valorar la labor jur\u00eddica desarrollada. <\/p>\n
Por su parte, el art\u00edculo 38 de la ley 472 de 1998, dispone que las costas en materia de acciones populares se sujetan a lo dispuesto en las normas de procedimiento civil y que en todo caso solo podr\u00e1 condenarse a sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al demandado, cuando la acci\u00f3n presentada sea temeraria o de mala fe. <\/p>\n
Emerge entonces con claridad que es el juzgador quien de manera aut\u00f3noma est\u00e1 llamado a estudiar la procedencia de las agencias en derecho, sopesando las particularidades de cada asunto (\u2026) (STC9688-2022). <\/p>\n
Por \u00faltimo, en cuanto a la pretensi\u00f3n del gestor para que la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo intervengan en el asunto, basta con se\u00f1alar que el actor no acredit\u00f3 haber elevado peticiones en ese sentido frente a las mencionadas autoridades, lo que imposibilita la utilizaci\u00f3n de esta herramienta subsidiaria para lograr tal prop\u00f3sito (STC16677). <\/p>\n
En consecuencia, se desestimar\u00e1 el resguardo reclamado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada por Mario Restrepo. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC1732-2023 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC1732-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-00644-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se resuelve la tutela que Mario Restrepo instaur\u00f3 contra la Sala Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71462","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71462","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71462"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71462\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71462"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71462"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71462"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}