STC1747-2023<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2023-00008-01 <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
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STC1747-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2023-00008-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
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Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
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Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo dictado el 24 de enero de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela que Muebles y Accesorios S.A.S. y Dream Rest Colombia S.A.S., ambas en reorganizaci\u00f3n, le instauraron a la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades, extensiva a los intervinientes en el proceso de reorganizaci\u00f3n de dichas sociedades (rad. 73684). <\/p>\n
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ANTECEDENTES <\/p>\n
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1.- Las compa\u00f1\u00edas accionantes protestaron porque la entidad convocada, en el marco de su de reorganizaci\u00f3n, resolvi\u00f3 desfavorablemente el incidente que promovieron con el fin de que se les autorizara terminar el contrato de arrendamiento celebrado con Apami S.A.S. respecto del inmueble \u00abLa Aurora\u00bb, ubicado en el municipio de Sop\u00f3, Cundinamarca. En consecuencia, para la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, pidieron invalidar la determinaci\u00f3n cuestionada, como el prove\u00eddo que la ratific\u00f3 y, en su lugar, se ordene a la demandada resolver nuevamente el asunto autorizando la extinci\u00f3n de ese v\u00ednculo (21 sep. 2022). <\/p>\n
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Para respaldar la queja, adujeron que, con fundamento en el art\u00edculo 21 de la Ley 1116 de 2006, el cual faculta al deudor a terminar ciertos contratos una vez iniciado el proceso reorganizaci\u00f3n, solicitaron al juez del concurso autorizaci\u00f3n para finiquitar el mencionado negocio jur\u00eddico, el cual fue suscrito por Muebles y Accesorios S.A.S., en calidad arrendadora, Dream Rest Colombia S.A.S, como deudora solidaria, y Apami S.A.S., en condici\u00f3n de arrendadora. <\/p>\n
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Precisaron que a efectos de cumplir el requisito relativo a acreditar que \u00ab[l]as prestaciones a cargo del deudor resultan excesivas, tomando en consideraci\u00f3n el precio de las operaciones equivalentes o de reemplazo que el deudor podr\u00eda obtener en el mercado al momento de la terminaci\u00f3n\u00bb, alegaron y demostraron que Muebles y Accesorios S.A.S. en reorganizaci\u00f3n trasladar\u00eda su operaci\u00f3n a un predio, situado en la localidad de Mosquera, por el que no tendr\u00eda que sufragar ning\u00fan valor, \u00abdebido a que Casa y Confort S.A.S., que hace parte del grupo empresarial al cual pertenece M&A, ofreci\u00f3 a esta sociedad la posibilidad de operar en su planta sin costo alguno por la utilizaci\u00f3n del espacio\u00bb, a diferencia del canon mensual de $185.832.396, que actualmente se paga en virtud del contrato de arrendamiento. <\/p>\n
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No obstante, la accionada neg\u00f3 la petici\u00f3n argumentando que \u00ablas concursadas no allegaron con la solicitud un estudio del mercado inmobiliario para conocer el valor de otras ofertas de contratos de arrendamientos y as\u00ed determinar si se estaba ante un contrato excesivamente oneroso\u00bb, y de ese modo, les exigi\u00f3 demostrar algo que la norma no exige -un informe con el mercado inmobiliario-, cuando les bastaba acreditar \u00abla existencia de una operaci\u00f3n equivalente y de reemplazo\u00bb, como la \u00aboferta realizada por una de las sociedades del Grupo empresarial\u00bb, la que, por tanto, no fue valorada. <\/p>\n
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2.- La Superintendencia accionada y Apami S.A.S. defendieron la actuaci\u00f3n reprochada. No hubo m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
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3.- El Tribunal desestim\u00f3 el amparo, al considerar que lo decidido por el Superintendencia obedece a un criterio razonable. <\/p>\n
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4.- Las actoras, inconformes impugnaron, insistiendo en las observaciones del escrito inicial. Apami S.A.S., por su parte, se opuso a la prosperidad de la alzada. <\/p>\n
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CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El veredicto de primera instancia se ratificar\u00e1, pues, en efecto, la negativa a autorizar la terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento celebrado entre Muebles y Accesorios S.A.S. y Apami S.A.S. est\u00e1 soportada en una hermen\u00e9utica plausible del art\u00edculo 21 de la Ley 1116 de 2006 que, por tanto, no puede ser desconocida a trav\u00e9s de este sendero, como pasa a exponerse. <\/p>\n
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1.1.- El proceso de insolvencia establecido en la Ley 1116 de 2016 busca preservar la empresa como fuente de empleo y de desarrollo, con miras a que \u00absupere dificultades transitorias de afugias econ\u00f3micas, y contin\u00fae con sus actividades1\u00bb. En ese contexto, el art\u00edculo 21 de dicho estatuto establece como principio, la continuidad de los contratos celebrados por el deudor sometido a reorganizaci\u00f3n, as\u00ed como la posibilidad de que este renegocie sus condiciones, y en caso de no tener \u00e9xito obtenga autorizaci\u00f3n del juez del concurso para terminarlos anticipadamente. <\/p>\n
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Trat\u00e1ndose de la facultad para finiquitar los convenios en ejecuci\u00f3n, sin duda, se trata de una garant\u00eda instituida para lograr la recuperaci\u00f3n de la empresa, en tanto le permite desvincularse de relaciones jur\u00eddicas que, por sus condiciones, dificulten o entorpezcan su reactivaci\u00f3n econ\u00f3mica. Por supuesto, el uso de esta herramienta no es deliberado, tiene como l\u00edmite el respeto de los derechos ajenos. <\/p>\n
<\/p>\n
Si bien para el proceso concursal es relevante el restablecimiento de la empresa, tambi\u00e9n lo son las prerrogativas de los terceros a quienes pueda afectar su situaci\u00f3n econ\u00f3mica. De all\u00ed que, en aras de ponderar ambos intereses, y hacer eficaz el anotado principio de conservaci\u00f3n de los contratos, la ley haya establecido ciertas condiciones para que el deudor pueda hacer uso de esa posibilidad. <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed, se requiere de autorizaci\u00f3n del juez del concurso, la cual opera solo para negocios jur\u00eddicos de tracto sucesivo; el interesado debe acreditar que previamente intent\u00f3 su renegociaci\u00f3n, pero no obtuvo \u00e9xito, que las prestaciones a su cargo son \u00abexcesivas\u00bb en relaci\u00f3n con operaciones equivalentes que el deudor podr\u00eda obtener en el \u00abmercado\u00bb y, adem\u00e1s, que la terminaci\u00f3n, dadas sus consecuencias patrimoniales, reportar\u00eda beneficios a la reorganizaci\u00f3n. <\/p>\n
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Al respecto, la regla comentada ense\u00f1a: <\/p>\n
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Por el hecho del inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n no podr\u00e1 decretarse al deudor la terminaci\u00f3n unilateral de ning\u00fan contrato, incluidos los contratos de fiducia mercantil y encargos fiduciarios con fines diferentes a los de garant\u00eda. Tampoco podr\u00e1 decretarse la caducidad administrativa, a no ser que el proceso de declaratoria de dicha caducidad haya sido iniciado con anterioridad a esa fecha. <\/p>\n
Los incumplimientos de obligaciones contractuales causadas con posterioridad al inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n, o las distintas al incumplimiento de obligaciones objeto de dicho tr\u00e1mite, podr\u00e1n alegarse para exigir su terminaci\u00f3n, independientemente de cuando hayan ocurrido dichas causales. <\/p>\n
<\/p>\n
El deudor admitido a un tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n podr\u00e1 buscar la renegociaci\u00f3n, de mutuo acuerdo, de los contratos de tracto sucesivo de que fuera parte. <\/p>\n
<\/p>\n
Cuando no sea posible la renegociaci\u00f3n de mutuo acuerdo, el deudor podr\u00e1 solicitar al juez del concurso, autorizaci\u00f3n para la terminaci\u00f3n del contrato respectivo, la cual se tramitar\u00e1 como incidente, observando para el efecto el procedimiento indicado en el art\u00edculo 8o de esta ley. La autorizaci\u00f3n podr\u00e1 darse cuando el empresario acredite las siguientes circunstancias: <\/p>\n
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1. El contrato es uno de tracto sucesivo que a\u00fan se encuentra en proceso de ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
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2. Las prestaciones a cargo del deudor resultan excesivas, tomando en consideraci\u00f3n el precio de las operaciones equivalentes o de reemplazo que el deudor podr\u00eda obtener en el mercado al momento de la terminaci\u00f3n. Al momento de la solicitud, el deudor deber\u00e1 presentar: <\/p>\n
<\/p>\n
a) Un an\u00e1lisis de la relaci\u00f3n costo-beneficio para el prop\u00f3sito de la reorganizaci\u00f3n de llevarse a cabo la terminaci\u00f3n, en la cual se tome en cuenta la indemnizaci\u00f3n a cuyo pago podr\u00eda verse sujeto el deudor con ocasi\u00f3n de la terminaci\u00f3n; <\/p>\n
<\/p>\n
b) En caso que el juez de concurso autorice la terminaci\u00f3n del contrato, la indemnizaci\u00f3n respectiva se tramitar\u00e1 a trav\u00e9s del procedimiento abreviado y el monto que resulte de la indemnizaci\u00f3n se incluir\u00e1 en el acuerdo de reorganizaci\u00f3n, en la clase que corresponda (se enfatiza). <\/p>\n
<\/p>\n
1.2.- Ahora, cuando la ley exige al deudor acreditar que las prestaciones que debe cumplir con ocasi\u00f3n del contrato \u00abresultan excesivas\u00bb, y a\u00f1ade que esa circunstancia se debe probar \u00abtomando en consideraci\u00f3n el precio de las operaciones equivalentes (\u2026) en el mercado\u00bb, demanda al deudor probar que las obligaciones a su cargo van m\u00e1s all\u00e1 de lo razonable, compar\u00e1ndolas con las transacciones realizadas en el sector comercial donde se ejecuta el negocio. <\/p>\n
<\/p>\n
Tesitura que se desprende del significado \u00abexcesivo\u00bb y \u00abmercado\u00bb contemplado en el Diccionario de la Lengua Espa\u00f1ola, al que se acude ante la ausencia de una definici\u00f3n sobre esos t\u00e9rminos de la propia ley, y lo dispuesto en el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo Civil, seg\u00fan el cual \u00ab[l]as palabras de la ley se entender\u00e1n en su sentido natural y obvio, seg\u00fan el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dar\u00e1 en \u00e9sta su significado legal\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
En ese contexto, f\u00edjese que la Real Academia Espa\u00f1ola define \u00abexcesivo\u00bb como un adjetivo para describir algo \u00abque excede y sale de regla\u00bb, correspondiendo el verbo exceder, a \u00abpropasarse, ir m\u00e1s all\u00e1 de lo l\u00edcito o razonable\u00bb. Y se\u00f1ala que es \u00abmercado\u00bb, el \u00absitio p\u00fablico destinado permanentemente, o en d\u00edas se\u00f1alados, para vender, comprar o permutar bienes o servicios\u00bb, \u00abconjunto de actividades realizadas libremente por los agentes econ\u00f3micos sin intervenci\u00f3n del poder p\u00fablico\u00bb, \u00abconjunto de operaciones comerciales que afectan a un determinado sector de bienes, \u00abestado y evoluci\u00f3n de la oferta y la demanda en un sector econ\u00f3mico dado\u00bb (se resalta ahora). <\/p>\n
<\/p>\n
Luego, al deudor en insolvencia, a efectos de obtener del juez del concurso la autorizaci\u00f3n para terminar un contrato de tracto sucesivo, no le basta con acreditar que existe una operaci\u00f3n m\u00e1s favorable a sus intereses y, por ende, coadyuvar\u00eda a la recuperaci\u00f3n de la empresa. No. Debe probar, por un lado, que las prestaciones del convenio que anhela extinguir lucen excesivas en relaci\u00f3n con las operaciones econ\u00f3micas equivalentes o de reemplazo del sector econ\u00f3mico en el que se desarrolla el respectivo negocio, y por otro, que la terminaci\u00f3n ser\u00eda \u00fatil para los fines de la reorganizaci\u00f3n. Por eso, el canon 21 de la Ley 1116 a rengl\u00f3n seguido de exigir acreditar que las \u00abprestaciones resultan excesivas\u00bb, dispone que \u00ab[a]l momento de la solicitud, el deudor deber\u00e1 presentar: a) Un an\u00e1lisis de la relaci\u00f3n costo-beneficio para el prop\u00f3sito de la reorganizaci\u00f3n de llevarse a cabo la terminaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
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En ese sentido, la entidad convocada tras destacar el principio de preservaci\u00f3n de los contratos que rige dicha regla, los requisitos all\u00ed previstos para que el juez del concurso, de manera excepcional, autorice al deudor la terminaci\u00f3n de contratos de ejecuci\u00f3n sucesiva, as\u00ed como el deber de protecci\u00f3n de los terceros, precis\u00f3: <\/p>\n
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Una vez analizado lo esbozado por la concursada encuentra este despacho que no se cumpli\u00f3 con el supuesto que la norma contempla, pues si bien hizo una relaci\u00f3n de las ventajas que presenta el traslado de la operaci\u00f3n a la planta de Mosquera, y una relaci\u00f3n de los gastos que se causen manteniendo vigente el contrato de arrendamiento, no se acredit\u00f3 la raz\u00f3n del por qu\u00e9 las prestaciones a cargo de Muebles y Accesorios resultan excesivas, tomando en consideraci\u00f3n el precio de operaciones equivalentes o de reemplazo que podr\u00edan en el mercado tener si se termina el contrato hoy. <\/p>\n
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Debe precisarse que la norma exige que el deudor haga un estudio del por qu\u00e9 las prestaciones resultan excesivas teniendo en cuenta operaciones o contratos de arrendamiento equivalentes o de reemplazo que permitir\u00e1n demostrar que se presenta una onerosidad sobrevenida, que el deudor podr\u00eda conseguir hoy un contrato significativamente m\u00e1s econ\u00f3mico bajo las mismas condiciones del contrato objeto de estudio <\/p>\n
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Continu\u00f3, advirtiendo que: <\/p>\n
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La concursada pretende la autorizaci\u00f3n del despacho para terminar el contrato de arrendamiento (\u2026) para trasladar su operaci\u00f3n al bien inmueble El Tr\u00e9bol, que est\u00e1 a disposici\u00f3n (\u2026) de acuerdo con los acuerdos comerciales suscritos entre Casa y Confort y la concursada Muebles y Accesorios, [en virtud de los cuales] no tendr\u00e1 que pagar ning\u00fan valor por el traslado de la operaci\u00f3n del bien \u00abLa Aurora\u00bb al bien \u00abEl Tr\u00e9bol\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
El an\u00e1lisis de la concursada sobre las prestaciones que le resultan excesivas no es de cara al precio de otras operaciones equivalentes o de reemplazo que el deudor podr\u00eda obtener al momento de terminar el contrato, sino de cara a las ventajas de terminar el contrato de arrendamiento y no tener que pagar ninguna suma de dinero por el uso de otro bien (audiencia 21 sep. 2022, 56 minutos, 44 segundos a 1 hora 18 minutos 39 segundos). <\/p>\n
<\/p>\n
De este modo, la exigencia cuyo cumplimiento ech\u00f3 de menos la Superintendencia, y que aqu\u00ed reprochan las censoras, no es descabellada, estriba en una interpretaci\u00f3n ajustada al art\u00edculo 21 de la Ley 1116. Por tanto, se descarta la existencia de los yerros denunciados y, por ende, la vulneraci\u00f3n alegada a consecuencia de ellos. <\/p>\n
<\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, se respaldar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
<\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
<\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
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HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 C. Constitucional, sentencia C-620 de 2012. <\/p>\n
3 <\/p>\n
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