STC1748-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1748-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-00009-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 24 de enero de 2023, dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social -UGPP contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, extensiva a la Sala Laboral del Tribunal Superior y el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito, ambos de Medell\u00edn, Diana Patricia D\u00edaz Gaviria, la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones, Sintraseguridad Social, partes autoridades e intervinientes en el juicio n\u00b0 05001-31-05-021-2016-00401-00 (rad. Interno Corte 85984). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La convocante solicit\u00f3 de manera principal que se deje sin efectos las sentencias SL688-2022 de 21 de febrero y SL3164-2022 de 16 de agosto de 2022 y, en consecuencia, se dicte una nueva \u00abno casando la decisi\u00f3n emitida por el Tribunal (\u2026)\u00bb, o, en subsidio se \u00absuspenda de manera transitoria la ejecuci\u00f3n de las sentencias (\u2026)\u00bb, hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de revisi\u00f3n. <\/p>\n
En sustento, adujo que Diana Patricia D\u00edaz Gaviria instaur\u00f3 demanda en su contra con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n a partir del 12 de agosto de 2012, pactada en el art\u00edculo 98 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo celebrada entre el entonces ISS y Sintaseguridadsocial vigente entre 2001 y 2004, el pago de los intereses moratorios e indexaci\u00f3n. El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medell\u00edn quien neg\u00f3 las pretensiones (21 nov. 2017), apel\u00f3 la peticionaria y el Tribunal confirm\u00f3 lo resuelto en primera instancia (23 may. 2019), postul\u00f3 casaci\u00f3n y la Corte cas\u00f3 la sentencia del Tribunal (CSJ SL688-2022, 21 feb.) y, en sede de instancia (CSJ SL3164-2022, 16 ag.), revoc\u00f3 el veredicto del juzgado y conden\u00f3 a la UGPP, <\/p>\n
(\u2026) a pagar a la demandante la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional, a partir del 1\u00b0 de diciembre de 2012, en cuant\u00eda inicial de $3.548.664 que deber\u00e1 incrementarse anualmente conforme a lo ordenado por la ley y se cancelar\u00e1 por 13 mensualidades al a\u00f1o. As\u00ed mismo, se ORDENA la indexaci\u00f3n de las mesadas causadas, desde la generaci\u00f3n de cada una hasta la fecha de su pago. <\/p>\n
Dicha prestaci\u00f3n tiene car\u00e1cter de compartible con la de vejez a cargo de Colpensiones, siendo que la demandada debe pagar el mayor valor, si lo hubiere, entre una y otra. Se absuelve en lo dem\u00e1s. <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que la magistratura de casaci\u00f3n otorg\u00f3 un derecho pensional a quien \u00abno cumpli\u00f3 los requisitos para acceder a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n (\u2026), lo que hace que se impacte el patrimonio p\u00fablico y se afecte la sostenibilidad financiera del sistema. <\/p>\n
2. La magistratura acusada defendi\u00f3 sus determinaciones. Colpensiones dijo que lo alegado le resultaba ajeno. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n. Diana Patricia D\u00edaz Gaviria se opuso a las pretensiones. El juez de conocimiento remiti\u00f3 el expediente. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia no accedi\u00f3 a la s\u00faplica al concluir que no se cumpli\u00f3 con el principio de residualidad ante la existencia de otro mecanismo de defensa. <\/p>\n
4. Recurri\u00f3 la entidad convocante e insisti\u00f3 en los argumentos del libelo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
De entrada, advierte la Sala la inviabilidad del resguardo y, por ende, la convalidaci\u00f3n del veredicto opugnado por irrespetarse en este caso el presupuesto de subsidiariedad, si en cuenta se tiene que, para combatir los alcances de las sentencias emitidas por el \u00f3rgano l\u00edmite de la jurisdicci\u00f3n del trabajo, la inconforme cuenta con la opci\u00f3n de acudir al recurso de revisi\u00f3n establecido en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003, para discutir circunstancias como las que pretende zanjar por este sendero excepcional y residual. <\/p>\n
En efecto, el mencionado precepto establece la posibilidad de utilizar ese mecanismo para refutar eficazmente, entre otras, aquellas providencias en las que se comprometan \u00absumas peri\u00f3dicas a cargo del tesoro p\u00fablico o de fondos de naturaleza p\u00fablica\u00bb. Sobre el punto, dicho canon establece que <\/p>\n
(\u2026) [l]as providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro p\u00fablico o a fondos de naturaleza p\u00fablica la obligaci\u00f3n de cubrir sumas peri\u00f3dicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podr\u00e1n ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, del Contralor General de la Rep\u00fablica o del Procurador General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
En ese mismo sentido, agrega que \u00ab[l]a revisi\u00f3n se tramitar\u00e1 por el procedimiento se\u00f1alado para el recurso extraordinario de revisi\u00f3n por el respectivo c\u00f3digo y podr\u00e1 solicitarse por las causales consagradas para este en el mismo c\u00f3digo\u00bb y ser\u00e1 viable en cualquiera de los siguientes supuestos: \u00aba) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violaci\u00f3n al debido proceso\u00bb, y \u00abb) Cuando la cuant\u00eda del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convenci\u00f3n colectiva que le eran legalmente aplicables\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, importa recordar que excepcionalmente los denominados \u00abactos de ejecuci\u00f3n o cumplimiento de sentencias judiciales\u00bb, incluidas las de la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Laboral, pueden ser objeto de discusi\u00f3n a trav\u00e9s del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, que, en todo caso, deber\u00e1 ser impulsado dentro de los plazos que para tal efecto previ\u00f3 el legislador en la Ley 712 de 2001, por virtud de las causales establecidas en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003. Cuyo criterio viene siendo reiterado por esta Colegiatura en un caso de contornos muy similares (CSJ STC574-2020, STC4595-2022, STC7508-2022 entre muchos). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la intromisi\u00f3n exhortada se hace inviable, si en cuenta se tiene que los efectos de las decisiones cuestionadas pueden ser debatidos por la senda establecida en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003 si lo que con ello se busca es defender el tesoro p\u00fablico, lo anterior conforme lo refiri\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia C-835 de 2003, en la que se destac\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) [e]l art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003 consagra una acci\u00f3n especial o sui g\u00e9nesis de revisi\u00f3n y ordena que se tramite por el procedimiento se\u00f1alado para el recurso extraordinario de revisi\u00f3n por el respectivo c\u00f3digo, esto es el procedimiento contencioso administrativo o laboral, o normas que los modifiquen y como quiera que se declar\u00f3 inexequible la expresi\u00f3n en cualquier tiempo, mientras el legislador establece un nuevo plazo, se tendr\u00e1 como tal el que el legislador contempla actualmente para el recurso extraordinario de revisi\u00f3n ante el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, seg\u00fan sea el \u00f3rgano competente en cada caso. <\/p>\n
Entonces, como dicho medio de control es id\u00f3neo y eficaz para confrontar los puntos que fueron aducidos por la quejosa a trav\u00e9s de esta queja residual, no se puede perder de vista que, conforme lo reliev\u00f3 el \u00f3rgano l\u00edmite constitucional tal mecanismo debe ser ejercitado dentro del t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 32 de la Ley 712 de 2001. <\/p>\n
Precisamente, en un caso que guarda simetr\u00eda con el aqu\u00ed ventilado, esta Sala sent\u00f3 que <\/p>\n
[n]o obstante, y en caso de aceptarse el reparo frente a la decisi\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, la regla 20 de la Ley 797 de 2003, consigna la posibilidad de intentarse la acci\u00f3n de revisi\u00f3n para controvertir providencias judiciales en las cuales se comprometan \u201csumas peri\u00f3dicas a cargo del tesoro p\u00fablico o de fondos de naturaleza p\u00fablica. (CSJ. STC16105-2015, memorada en STC5016-2022). <\/p>\n
De igual manera, importa recordar que la UGPP est\u00e1 habilitada para instaurar el multicitado recurso de revisi\u00f3n, porque dicha atribuci\u00f3n se la asign\u00f3 el art\u00edculo 6 del Decreto 575 del 22 de marzo de 2013, seg\u00fan el cual, corresponde a esa entidad \u00abadelantar o asumir cuando haya lugar, las acciones previstas en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003 o normas que la adicionen o modifiquen\u00bb. <\/p>\n
Ahora, debe precisarse que aunque la gestora promovi\u00f3 el amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, tales presupuestos no se encuentran estructurados en este asunto, pues, aunque para la UGPP tal situaci\u00f3n es de ese talante porque el acatamiento de la orden judicial de la que discrepa no da espera, y con ello, el pago de sumas de dinero que, seg\u00fan afirma, comprometen el patrimonio p\u00fablico, tal afirmaci\u00f3n se fundamenta en el desconocimiento de las decisiones que, en principio, les asiste la doble presunci\u00f3n de acierto y legalidad, de manera que, mientras subsistan generan efectos en contra de la parte vencida en el juicio objeto de escrutinio. <\/p>\n
Finalmente, en lo atinente a la aseveraci\u00f3n, seg\u00fan la cual, las condenas impuestas comprometen la sostenibilidad financiera, no es de recibo, pues se trata de una trabajadora que result\u00f3 favorecida con la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, en virtud de las cotizaciones que realiz\u00f3 durante su vida laboral, por lo que dif\u00edcilmente podr\u00e1n verse afectados los recursos de la entidad por el hecho de acceder al pago de la mesada. <\/p>\n
Puestas en este modo las cosas, como se anunci\u00f3, la resoluci\u00f3n objeto de reproche ser\u00e1 convalidada por ser evidente que no se satisfizo la subsidiariedad como requisito general de procedibilidad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC1748-2023 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC1748-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-00009-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 24 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71478","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71478","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71478"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71478\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71478"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71478"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71478"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}