STC1749-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1749-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2023-00175-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Dagoberto Estupi\u00f1\u00e1n Rueda contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y la Seccional de Bogot\u00e1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, invoca el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, vida digna, buen nombre y m\u00ednimo vital, presuntamente vulnerados por las corporaciones convocadas. <\/p>\n
2. Relata en s\u00edntesis que, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1 mediante fallo del 29 de abril de 2020, lo sancion\u00f3 con suspensi\u00f3n en el ejercicio de su profesi\u00f3n de abogado por cuatro (4) meses, tras hallarlo responsable por la comisi\u00f3n de la falta prevista en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 371 de la ley 1123 de 2007 \u2013 c\u00f3digo disciplinario del abogado \u2013 y la infracci\u00f3n al deber establecido en el numeral 10 del art\u00edculo 282 de la misma codificaci\u00f3n, en la modalidad culposa, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial en sentencia del 26 de octubre de 2022 \u2013 con un salvamento de voto \u2013 (expediente n\u00ba 2018-02116). <\/p>\n
Cuenta que el proceso en cuesti\u00f3n tuvo su origen en la queja formulada por Fabio Enrique Acevedo L\u00f3pez, quien le hab\u00eda otorgado poder especial para instaurar demanda ejecutiva contra Blanca Cecilia Benavidez Forero, a fin de procurar el pago de una letra de cambio por valor de \u00ab$35\u2019000.000.\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, en ese compulsivo \u2013 radicado n\u00ba 2013-00030 \u2013 que curs\u00f3 primero en el Juzgado Cuarenta y Cinco Civil Municipal de Bogot\u00e1 y luego en el Cincuenta y Tres de la misma categor\u00eda y ciudad, esta \u00faltima agencia judicial, mediante prove\u00eddo del 14 de diciembre de 2017 declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del litigio por desistimiento t\u00e1cito, lo que provoc\u00f3 la denuncia por parte de su mandante ante las autoridades disciplinarias, acus\u00e1ndolo de negligente frente al tr\u00e1mite encomendado. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 los referidos fallos sancionatorios pues afirma, no efectuaron una debida valoraci\u00f3n probatoria ya que, los juzgadores pasaron por alto las justificaciones expuestas por su defensa, adem\u00e1s, aduce, \u00abdos de los magistrados solo valoraron la versi\u00f3n de la persona que present\u00f3 la queja y no tuvieron en cuenta que el impulso del proceso [\u2026] le correspond\u00eda al Juzgado de Ejecuci\u00f3n 53 Civil Municipal de Bogot\u00e1 y no a m\u00ed, y que s\u00ed cumpl\u00ed con diligencia el mandato, a\u00fan sin recibir pago de honorarios\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, alega que la acci\u00f3n disciplinaria prescribi\u00f3, pues la \u00faltima actuaci\u00f3n presentada en el pleito data del 7 de diciembre de 2015, por lo tanto, \u00abal a\u00f1o siguiente, esto es, el 7 de diciembre de 2016, se configur\u00f3 la causal de desistimiento [\u2026] por lo tanto, el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de 5 a\u00f1os se debe contar desde esta fecha\u00bb; arguye entonces que, la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n acaeci\u00f3 el \u00ab7 de diciembre de 2021\u00bb. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, sostiene que el proceso qued\u00f3 viciado de nulidad al desconocerse, por cuenta de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina, el art\u00edculo 107 del C\u00f3digo Disciplinario del Abogado, esto es, los t\u00e9rminos que fija dicha norma para tramitar la apelaci\u00f3n, dado que \u00abpasaron m\u00e1s de 800 d\u00edas\u00bb sin proferir la sentencia definitoria de esa instancia, providencia que, adem\u00e1s, no le fue notificada en debida forma. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, por la superaci\u00f3n de los t\u00e9rminos legales para dictar el fallo de segundo grado y la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, promovi\u00f3 incidente de nulidad ante esa corporaci\u00f3n, la cual se abstuvo de darle tr\u00e1mite en consideraci\u00f3n a que fue presentado de forma extempor\u00e1nea, es decir, despu\u00e9s de ejecutoriada la sentencia de segunda instancia (auto de 7 de diciembre de 2022). <\/p>\n
3. Por lo anterior, pide que, \u00abse ordene a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial revocar el auto (sic) de fecha 26 de octubre de 2022 que confirm\u00f3 la sentencia proferida el 29 de abril de 2020 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1, mediante la cual decidi\u00f3 una sanci\u00f3n con suspensi\u00f3n de cuatro (4) meses (\u2026) se decrete por la corporaci\u00f3n competente, la causal de extinci\u00f3n de la acci\u00f3n disciplinaria del proceso [2018-02116] por la prescripci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual no se debi\u00f3 confirmar la sentencia de primer grado (\u2026) se ordene que se corrija y se elimine la sanci\u00f3n al abogado [\u2026] oficiando a la oficina encargada del registro\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial ponente de la decisi\u00f3n recriminada, defendi\u00f3 lo all\u00ed resuelto por dicha corporaci\u00f3n por cuanto con \u00ablas pruebas recaudadas al interior del plenario se legr\u00f3 demostrar la responsabilidad disciplinaria del abogado [y] no se encontr\u00f3 un factor externo que permitiera tomar una decisi\u00f3n diferente, aunado al hecho de que el fallo se motiv\u00f3 debidamente, acatando tanto los precedentes como las normas constitucionales\u00bb. <\/p>\n
En la atinente a la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n disciplinaria explic\u00f3 que, la conducta sancionable se configur\u00f3 el \u00ab17 de diciembre de 2017 (sic)\u00bb y la providencia que decidi\u00f3 en segunda instancia la situaci\u00f3n disciplinaria del abogado se dict\u00f3 el 26 de octubre de 2022 \u00ablo que indica que para el momento en que qued\u00f3 en firme [\u2026] la conducta reprochable a\u00fan se encontraba vigente\u00bb. <\/p>\n
2. El director de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, inform\u00f3 que la sanci\u00f3n disciplinaria impuesta al abogado Estupi\u00f1\u00e1n Rueda fue registrada y comunicada a dicho profesional el 29 de noviembre de 2022 y comenz\u00f3 a regir a partir del 1\u00ba de diciembre de 2022 hasta el 31 de marzo de 2023. <\/p>\n
3. El Juzgado Cuarenta y Cinco Civil Municipal de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que el ejecutivo con radicado n\u00ba 2013-00030 promovido por Favio Enrique Acevedo L\u00f3pez contra Blanca Cecilia Benavidez Forero (en el que actu\u00f3 Dagoberto Estupi\u00f1\u00e1n Rueda como mandatario del ejecutante) fue remitido a su hom\u00f3logo Cincuenta y Tres Civil Municipal de esta capital desde el 28 de noviembre de 2013, por disposici\u00f3n del Consejo Seccional de la Judicatura. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo, se ha indicado que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en ese ejercicio. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra los fallos de primera y segunda instancia, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al proferido el 26 de octubre de 2022 por la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may. 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
4. La sentencia disciplinaria cuestionada. <\/p>\n
Efectuado el examen pertinente a los argumentos de la queja constitucional y a las piezas procesales allegadas, desde ya la Sala indica que no observa la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, tras advertir que el fallo atacado fue suficientemente motivado. <\/p>\n
Para dirimir la controversia, la colegiatura acusada abord\u00f3 cada uno de los reparos formulados en la apelaci\u00f3n, los cuales, la defensa del disciplinado concret\u00f3 en: \u00aberror en la valoraci\u00f3n probatoria y, err\u00f3nea construcci\u00f3n del tipo disciplinario\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, frente al primer argumento, relativo al an\u00e1lisis efectuado por el a quo de la gesti\u00f3n adelantada en concordancia con el mandato que le fue conferido, que, para el caso, correspondi\u00f3 a un poder especial en el que se consign\u00f3 puntualmente que se confiaba \u00abpara que instaure un proceso ejecutivo singular contra la se\u00f1ora Blanca Cecilia Benavidez Forero [\u2026] y reclame el pago del valor incorporado en el t\u00edtulo valor que relaciono a continuaci\u00f3n (\u2026)\u00bb, tras rese\u00f1ar cada una de las actuaciones cumplidas por el togado en el pleito indic\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no hay prueba que demuestre que el v\u00ednculo profesional del disciplinable y su cliente termin\u00f3, al momento en que el juzgado dict\u00f3 el auto de mandamiento de pago, pues es claro que, el abogado no renunci\u00f3 al poder, no lo sustituy\u00f3 y mucho menos le fue revocado por su cliente. <\/p>\n
Por lo anterior, no es dable alegar al disciplinable, y a su defensor de oficio, que el abogado, solo ten\u00eda poder para lo que realiz\u00f3, y que, la \u00abinstancia trat\u00f3 de extender los alcances del poder\u00bb. Adem\u00e1s, esta Comisi\u00f3n no comparte los argumentos del defensor de oficio, en cuanto a que el abogado ESTUPI\u00d1\u00c1N RUEDA, si cumpli\u00f3, con la debida diligencia, el mandato que recibi\u00f3 de ACEVEDO L\u00d3PEZ, para iniciar el proceso ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
Frente al segundo reproche, esto es, la \u00aberr\u00f3nea construcci\u00f3n del tipo disciplinario\u00bb, consistente en que la actuaci\u00f3n que supuestamente no fue desplegada por el profesional y que deriv\u00f3 en la declaratoria de desistimiento t\u00e1cito, deb\u00eda adelantarla el juez, la corporaci\u00f3n accionada explic\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el punto central de la teor\u00eda argumentativa del recurrente es que, era obligaci\u00f3n del juzgado remitir de manera oficiosa el expediente al juzgado de ejecuci\u00f3n, por lo tanto, no es una indiligencia del disciplinable. <\/p>\n
En referencia a esa postura, esta Comisi\u00f3n observa que, el 26 de mayo de 2017, el Consejo Superior de la Judicatura, profiri\u00f3 el Acuerdo No. PCSJA17-10678, que fij\u00f3 el protocolo para el traslado de procesos a los Juzgados Civiles y de Familia de Ejecuci\u00f3n. As\u00ed mismo, est\u00e1 demostrado que el 7 de diciembre de 2015, se registr\u00f3 la \u00faltima actuaci\u00f3n dentro del proceso la cual fue realizada por el apoderado de la parte demandada, es decir, hab\u00eda transcurrido un a\u00f1o y cinco meses de inactividad del proceso. <\/p>\n
Tal como lo inform\u00f3 la se\u00f1ora Juez Civil, el proceso no fue enviado a los Juzgados de Ejecuci\u00f3n Civil, por cuanto la recepci\u00f3n de los procesos estuvo condicionada a un protocolo establecido por el Consejo Superior de la Judicatura, el cual inicialmente dispuso que no deben trasladarse los siguientes procesos <\/p>\n
(\u2026) b. Los que sean susceptibles de terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito por haberse configurado algunos de los supuestos que permiten proferir esa providencia, o que a la fecha de la remisi\u00f3n falten menos de dos meses para su ocurrencia (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Por todo, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina concluy\u00f3 que, el argumento de que la carga procesal de impulso del proceso reca\u00eda en el juzgado no era de recibo, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) ya que qued\u00f3 claro que no se pod\u00eda remitir el expediente a la oficina de Ejecuci\u00f3n Civil, pues le concern\u00eda al apoderado del se\u00f1or Acevedo L\u00f3pez estar pendiente e impulsar el tr\u00e1mite, lo que considerara pertinente dentro del proceso ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
Conforme lo visto, no se revela prima facie la disonancia argumental que el gestor pregona de la Corporaci\u00f3n accionada, ya que las consideraciones expuestas por aqu\u00e9lla no se advierten arbitrarias, ni se hallan desprovistas de soporte legal o f\u00e1ctico, pues, como puede observarse de lo rese\u00f1ado, tom\u00f3 los elementos centrales objeto de discusi\u00f3n en el recurso de apelaci\u00f3n y las pruebas practicadas en el juicio disciplinario para otorgarles el alcance demostrativo que, seg\u00fan su criterio, era menester conferirles, hermen\u00e9utica que, desde luego, no puede ser alterada por esta v\u00eda, m\u00e1xime si no se aprecia inconsulta, desfasada o irracional, en todo caso, distante de edificar la v\u00eda de hecho denunciada. <\/p>\n
Es que sobre la pretensi\u00f3n de hacer prevalecer una determinada valoraci\u00f3n de las pruebas por sobre la del juzgador, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes, la Sala en precedencia ha indicado: <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC4546-2016, 13 ab. rad, 00770-00). <\/p>\n
De manera que esta particular justicia s\u00f3lo intervendr\u00eda en la esfera probatoria, cuando, eventualmente, el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea notorio, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la disposici\u00f3n, lo cual ciertamente no ocurri\u00f3 en este supuesto. <\/p>\n
De igual forma, valga destacar que al juez constitucional le est\u00e1 vedado interferir, por mera diferencia de opiniones o discrepancia de criterios en asuntos que el legislador asign\u00f3 a un funcionario espec\u00edfico, en este caso a la autoridad jurisdiccional encargada de adelantar las investigaciones correctivas contra los titulados en derecho, funcionarios judiciales o particulares que de manera transitoria ejercen funciones p\u00fablicas, salvo que se presenten desviaciones jur\u00eddicas o f\u00e1cticas protuberantes y relevantes en la decisi\u00f3n, las cuales no se observan en el caso de an\u00e1lisis. En ese particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
En todo caso, frente a ruegos de similar tenor, con suficiencia ha precisado la Corte que \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC de 18 mar. 2010, rad. 00367-00, reiterada el 3 jun. 2011, rad. 00974-01 y el 18 ene. 2012) Se resalta. <\/p>\n
5. Consideraciones adicionales \u2013 de la nulidad planteada. <\/p>\n
5.1. El accionante, sostiene que el proceso se encuentra viciado de nulidad en virtud del advenimiento del fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n disciplinaria, as\u00ed mismo, deprec\u00f3 la invalidez de la sentencia de segundo grado por el desconocimiento de los plazos legales para proferirla, alegatos que expuso a trav\u00e9s de incidente de nulidad. <\/p>\n
Sin embargo, como lo explicit\u00f3 la tutelada en prove\u00eddo del 7 de diciembre de 2022, tales s\u00faplicas fueron desestimadas por extempor\u00e1neas, al haber sido formuladas con posterioridad a la ejecutoria del fallo de segunda instancia. En la referida providencia, precis\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el art\u00edculo 146 de la ley 734 de 2002, aplicable por integraci\u00f3n normativa, establece: <\/p>\n
\u201cARTICULO 146. Requisitos de la solicitud de nulidad. La solicitud de nulidad podr\u00e1 formularse antes de proferirse el fallo definitivo, y deber\u00e1 indicar en forma concreta la causal o causales respectivas y expresar los fundamentos de hecho y de derecho que la sustenten\u201d <\/p>\n
A su turno, el art\u00edculo 106 de la ley 1123 de 2007, C\u00f3digo Disciplinario del Abogado, indica: <\/p>\n
ARTICULO 106. Audiencia de juzgamiento. En la audiencia p\u00fablica de juzgamiento se practicar\u00e1n las pruebas decretadas, evacuadas las cuales se conceder\u00e1 el uso de la palabra por un breve lapso y evitando las prolongaciones indebidas, en el siguiente orden: al representante del Ministerio P\u00fablico, si concurriere, al disciplinable y a su defensor, si lo hubiere, al cabo de lo cual se dar\u00e1 por finalizada la audiencia. <\/p>\n
(\u2026) las nulidades generadas y planteadas con posterioridad a la audiencia de pruebas y calificaci\u00f3n ser\u00e1n resueltas en la sentencia\u201d. <\/p>\n
Igualmente, el art\u00edculo 134 del C\u00f3digo General del Proceso, que refiere a la oportunidad y tr\u00e1mite para la presentaci\u00f3n de nulidades, es del siguiente tenor: <\/p>\n
\u201cART\u00cdCULO 134. (\u2026) las nulidades podr\u00e1n alegarse en cualquiera de las instancias antes de que se dicte sentencia o posterioridad a esta, si ocurriere en ella. <\/p>\n
En el asunto, objeto de estudio, el d\u00eda 26 de octubre de 2022 se profiri\u00f3 sentencia de segunda instancia dentro del proceso de la referencia, en la cual se orden\u00f3 confirmar la sentencia proferida el 29 de abril de 2020, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1 (\u2026). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no es procedente darle tr\u00e1mite a la solicitud de nulidad impetrada por el peticionario toda vez que, la sentencia de segunda instancia se encuentra debidamente ejecutoriada y fue proferida antes de la solicitud de nulidad presentada por el abogado Dagoberto Estupi\u00f1\u00e1n Rueda\u00bb. <\/p>\n
Lo transcrito da cuenta de las razones que tuvo la magistratura tutelada para desestimar la pretensi\u00f3n de nulidad de la sentencia por la mora para dictarla, sin que aquellas se adviertan subjetivas o arbitrarias como para deslegitimar la determinaci\u00f3n adoptada; es decir, se descarta la posibilidad de predicar una causal de procedibilidad en la actuaci\u00f3n rese\u00f1ada porque, m\u00e1s all\u00e1 del criterio que la Corte pudiera tener, no hay lugar a la intervenci\u00f3n de esta particular justicia reservada para casos en los que se advierta indiscutible la configuraci\u00f3n de verdaderas v\u00edas de hecho. Esta Sala ha sostenido que el amparo s\u00f3lo proceder\u00eda, si <\/p>\n
\u00abse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado\u00bb (CSJ STC2276-2016; reiterada en STC16705, 18 nov. 2016, rad. 2016-01773-01, entre otras). <\/p>\n
5.2. Adicionalmente, frente a la declaraci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n disciplinaria que insistentemente invoca el aqu\u00ed tutelante y que debi\u00f3 tenerse en cuenta por los funcionarios convocados, como lo destac\u00f3 la corporaci\u00f3n accionada en el rese\u00f1ado pronunciamiento del 7 de diciembre de 2022, dicha alegaci\u00f3n no fue planteada de manera oportuna en el escenario procesal. <\/p>\n
Y es que, al margen de que uno de los magistrados de la corporaci\u00f3n acusada se apart\u00f3 de la postura mayoritaria en la sentencia en cuesti\u00f3n con fundamento en que, seg\u00fan su criterio, habr\u00eda operado el referido fen\u00f3meno extintivo de la acci\u00f3n, se reitera, aquel aspecto concern\u00eda ponerlo de presente el interesado ante el ad quem previo al proferimiento de dicho fallo, m\u00e1xime, considerando la relevancia procesal de esa postulaci\u00f3n. En lo atinente, la Sala ha resaltado que, <\/p>\n
\u00abPretender que por esta v\u00eda se acojan motivos ajenos a la discusi\u00f3n procesal que se resuelve en las instancias, implica la desnaturalizaci\u00f3n de esta importante herramienta constitucional, en tanto el juez de tutela no puede inmiscuirse en las decisiones que fueron proferidas bajo los supuestos f\u00e1cticos y de derecho debatidos al interior del proceso de conocimiento\u00bb (CSJ STC4511-2017, 29 mar. 2017, rad. 00097-01). <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, el resguardo examinado no est\u00e1 llamado a abrirse paso y ser\u00e1 desestimado. <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1. Demorar la iniciaci\u00f3n o prosecuci\u00f3n de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuaci\u00f3n profesional, descuidarlas o abandonarlas. <\/p>\n
2\u0002 ART\u00cdCULO 28. DEBERES PROFESIONALES DEL ABOGADO. Son deberes del abogado: (\u2026) 10. Atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, lo cual se extiende al control de los abogados suplentes y dependientes, as\u00ed como a los miembros de la firma o asociaci\u00f3n de abogados que represente al suscribir contrato de prestaci\u00f3n de servicios, y a aquellos que contrate para el cumplimiento del mismo. <\/p>\n
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STC1749-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC1749-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2023-00175-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Dagoberto Estupi\u00f1\u00e1n Rueda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71479","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71479","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71479"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71479\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71479"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71479"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71479"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}