STC1750-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1750-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 19001-22-13-000-2023-00004-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 31 de enero de 2023, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Fundaci\u00f3n Amalaka, Maya Alejandra S\u00e1nchez Fankhauser y Anna Marie Fankhauser, contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Silvia, la Agencia Nacional de Infraestructura \u2013 ANI, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales \u2013 ANLA, los Ministerios de Transporte y de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Municipio de Totor\u00f3 y su inspecci\u00f3n de polic\u00eda, as\u00ed como Nuevo Cauca S.A.S. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las accionantes, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclamaron la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de \u00abeducaci\u00f3n, medio ambiente sano, protecci\u00f3n al medio ambiente y derecho a la defensa\u00bb, supuestamente vulneradas por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. La ANLA, mediante resoluci\u00f3n n.\u00ba 2282 de 2021, otorg\u00f3 una licencia ambiental a la sociedad Nuevo Cauca S.A.S., para la construcci\u00f3n de una segunda calzada en la v\u00eda que conduce de Popay\u00e1n a Santander de Quilichao (\u00abUnidad Funcional 1: Popay\u00e1n \u2013 Piendam\u00f3\u00bb), proyecto que abarca los municipios de Popay\u00e1n, Totor\u00f3 y Cajib\u00edo (Cauca), con una longitud aproximada de 19,23 km. <\/p>\n
2.2. Sin embargo, en el citado predio tiene lugar una reserva natural de la sociedad civil (RNSC), la cual fue reconocida, con antelaci\u00f3n, a trav\u00e9s de resoluci\u00f3n n.\u00ba 108 de 2018, \u00aben virtud a la protecci\u00f3n especial a que est\u00e1n sometidas las especies que habitan el predio, as\u00ed como las que hacen tr\u00e1nsito por el lugar\u00bb, \u00e1rea sobre la cual se han encontrado varias especies end\u00e9micas1 y en la que tambi\u00e9n funciona la Instituci\u00f3n Educativa T\u00e9cnica Agroambiental \u2013 Granja Escuela Amalaka, en la que se trabaja sobre un proyecto de protecci\u00f3n y conservaci\u00f3n de la biodiversidad, as\u00ed como en favor de la mitigaci\u00f3n del cambio clim\u00e1tico. <\/p>\n
2.3. Por lo anterior, las aqu\u00ed gestoras, en su calidad de propietarias y comodataria parcial de ese terreno2, solicitaron ante las autoridades competentes la realizaci\u00f3n de los estudios respectivos para la iniciaci\u00f3n de las obras en otra parte del mismo, ya que no se ha elaborado el informe de impacto ambiental en lo que ata\u00f1e al costado oriental dentro del \u00e1rea que se intenta intervenir. <\/p>\n
2.4. As\u00ed mismo, advirtiendo las eventuales secuelas, radicaron un \u00abdise\u00f1o alternativo\u00bb ante la ANI, \u00abque demuestra la viabilidad t\u00e9cnica de poder construir el tramo previsto por el sector de la RNSC e instituci\u00f3n educativa Amalaka al lado oriental de la v\u00eda actual, donde se exponen los motivos y viabilidad de realizar el trazado por otro lado como dise\u00f1o alternativo e incluso con costos inferiores a los planteados inicialmente por la ANI\u00bb, del cual, hasta el momento, no tienen respuesta. <\/p>\n
2.5. Y, pese a lo anterior, paralelamente, en el curso del declarativo de expropiaci\u00f3n que la ANI inici\u00f3 en contra de las aqu\u00ed libelistas (rad. n.\u00ba 2022-00060), en el que se pretenden 8.843,24 M2 del referido predio, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Silvia, con prove\u00eddo de 3 de noviembre de 2022, orden\u00f3 la entrega anticipada de ese fundo, pese a las alegadas irregularidades que se denunciaron a trav\u00e9s de este mecanismo. <\/p>\n
2.6. Al respecto, tambi\u00e9n se\u00f1alaron que la comunidad aleda\u00f1a al proyecto impidi\u00f3 la realizaci\u00f3n de la diligencia, por lo cual se posterg\u00f3, pero aquellas temen por el eventual \u00abuso de la fuerza\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidieron, en compendio, (i) \u00abque se ordene a la ANI REALIZAR LAS GESTION (sic) PERTINENTE y responder de fondo mediante acto administrativo al dise\u00f1o radicado el 5 de diciembre de 2022\u00bb; (ii) \u00abordenar la suspensi\u00f3n del proceso que se encuentra en marcha, declarativo de expropiaci\u00f3n que cursa en el Juzgado Promiscuo del Circuito de Silvia, Cauca; bajo el radicado 2022-00060-00 hasta que la ANI se pronuncie de fondo a lo referente a la primer (sic) pretensi\u00f3n\u00bb; y (iii) \u00absuspender la diligencia de entrega provisional del bien inmueble ordenada por el juzgado y programada por el inspector de polic\u00eda municipal de Totor[\u00f3]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Nuevo Cauca S.A.S. compareci\u00f3 al proceso oponi\u00e9ndose a la prosperidad del petitum, comoquiera que, \u00abtanto la ANI como nosotros en nuestra calidad de Concesionarios hemos llevado a cabo todo el proceso de socializaci\u00f3n de las obras a ejecutar, garantizando a cabalidad la participaci\u00f3n ciudadana\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Silvia relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite de expropiaci\u00f3n, aclarando que \u00abpor solicitud del gestor judicial de la ANI, orden\u00f3 ampliar el t\u00e9rmino en 20 d\u00edas m\u00e1s, para la entrega del aval\u00fao del predio actualizado, emitiendo el auto No. 027 de 18 de noviembre de 20225 y se tuvo por contestada la demanda por el abogado de los demandados doctor Sergio Andr\u00e9s Orozco Mora, a quien igualmente se le reconoci\u00f3 personer\u00eda y se abstuvo el despacho de darle tramite a la excepciones de m\u00e9rito propuestas de acuerdo con el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
De igual forma, a\u00f1adi\u00f3 que \u00abpara este caso en concreto, solamente se puede oponer a la entrega un tercero que alegue el derecho de posesi\u00f3n material o derecho de retenci\u00f3n sobre la cosa expropiada y para ello se le deber\u00e1 dar cumplimiento al numeral 11 del art. 399 del C.P.C. es decir que dentro de los 10 d\u00edas siguientes a la diligencia puede presentar incidente para que se le reconozca su derecho. Se resalta, adem\u00e1s, que la parte actora tuvo la oportunidad de solicitar y llegar a [a]cuerdos con la ANI en el tr[\u00e1]mite del proceso administrativo, lo cual no se hizo y por ellos el proceso se est[\u00e1] tramitando por esta v\u00eda judicial\u00bb. <\/p>\n
3. El Inspector de Polic\u00eda de Totor\u00f3 precis\u00f3 que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, en tanto que las \u00f3rdenes han sido expedidas por el estrado judicial. <\/p>\n
4. El rector de la Instituci\u00f3n Educativa T\u00e9cnica Agroambiental \u2013 Granja Escuela Amalaka anot\u00f3 que \u00aburge realizar una caracterizaci\u00f3n integral completa que permita conocer el estado hist\u00f3rico y actual de la poblaci\u00f3n afectada con dicha construcci\u00f3n, entendiendo con ello que La Instituci\u00f3n Educativa Granja-Escuela Amalaka atiende estudiantes v\u00edctimas del conflicto armado, estudiantes en extraedad, comunidad \u00e9tnica y estudiantes con necesidades de atenci\u00f3n diferencial, espec\u00edficamente en situaci\u00f3n de limitaciones que requieren de adaptaciones curriculares especiales, y que se vinculan a la instituci\u00f3n por aquello que el espacio y el medio ambiente de la Granja le ofrece y le garantiza para el desarrollo integral y la atenci\u00f3n adecuada\u00bb. <\/p>\n
5. La ANLA expuso que \u00abno hay prueba que demuestre que esta Autoridad Nacional haya amenazado o vulnerado los derechos invocados por la parte actora, por el contrario de la respuesta a los hechos y las pruebas aportadas con la contestaci\u00f3n, se demuestra que esta Autoridad Nacional ha actuado dentro del marco de sus competencias respetando los derechos de la parte actora y no le corresponde adelantar la ejecuci\u00f3n de acciones tendientes a la adquisici\u00f3n de predios y\/o de expropiaciones de car\u00e1cter administrativo o judicial que se deba efectuar por la construcci\u00f3n de un proyecto de infraestructura vial, ni tiene injerencia alguna en ello. Asimismo, es preciso resaltar que la licencia ambiental otorgada no confiere derechos reales sobre los bienes inmuebles susceptibles de intervenci\u00f3n por la ejecuci\u00f3n del proyecto, por lo cual, los acuerdos contractuales entre el titular del instrumento ambiental y los propietarios de los inmuebles corresponden a negociaciones privadas\u00bb. <\/p>\n
6. La ANI indic\u00f3 que \u00abno se satisface el presupuesto de subsidiaridad de la tutela porque la parte accionante cuenta con otros mecanismos procesales para hacer valer sus derechos como lo son el proceso de expropiaci\u00f3n, la acci\u00f3n popular o de grupo, escenarios id\u00f3neos para ventilar los derechos particulares y de la comunidad que alega\u00bb. <\/p>\n
Sobre la petici\u00f3n que formul\u00f3 el extremo convocante, manifest\u00f3 que \u00aben relaci\u00f3n con el dise\u00f1o se advierte que en atenci\u00f3n a las solicitudes realizadas por la propietaria del predio se han evaluado diferentes alternativas incluyendo la presentada por ella, en donde se ha determinado por parte del Concesionario y la ANLA la inviabilidad de estas, por factores como el incremento de impactos t\u00e9cnicos, econ\u00f3micos, ambientales, sociales y contractuales, todas ellas en detrimento de los recursos p\u00fablicos, raz\u00f3n por la cual resulta improcedente la modificaci\u00f3n del trazado. Lo anterior fue comunicado a la accionante mediante oficio con radicado ANI 20233060016491 del 19 de enero de 2023\u00bb. <\/p>\n
7. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible arguy\u00f3 que carece de legitimaci\u00f3n en esta causa. <\/p>\n
8. El Procurador 22 Judicial II de Familia de Popay\u00e1n sostuvo que \u00abprevio al proceso judicial, se surti\u00f3 el tr\u00e1mite administrativo respectivo y en tal sede, es en donde se debi\u00f3 indicar cualquier inconformidad, amen que sobre este \u00faltimo derecho, se ha dicho que en tal proceso, no se va intervenir infraestructura educativa alguna que coloque en riesgo tal derecho fundamental y en este sentido, tampoco bajo en principio de residualidad, la tutela tampoco revive tales t\u00e9rminos en dichas instancia administrativa\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, a\u00f1adi\u00f3 que \u00abse informa que desde el 05\/12\/2022, se radic\u00f3 una solicitud por parte de la parte accionante, que se\u00f1ala contiene unos dise\u00f1os que de una parte, implicar\u00edan un menor costo econ\u00f3mico y que adem\u00e1s, de otra, su impacto ambiental ser\u00eda menor frente al actual presentado, llamando la atenci\u00f3n que si bien es cierto, la entidad ANI, pudo haber contestado, se debe advertir que tal respuesta debe ser de fondo, esto es, en forma t\u00e9cnica a fin de garantizar bajo el principio de publicidad, que aquella pueda ser motivo de recurso alguno ante eventual inconformidad\u00bb. <\/p>\n
9. El Ministerio de Transporte dijo que \u00abno es competente para pronunciarse sobre los hechos de la presente acci\u00f3n de tutela. As\u00ed las cosas, se considera que actualmente no existe amenaza o da\u00f1o a los derechos fundamentales de los accionantes\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo deneg\u00f3 el resguardo, porque \u00ablo expuesto en la solicitud de amparo fue ampliamente debatido en el proceso administrativo, donde la ANLA hizo un an\u00e1lisis t\u00e9cnico de la situaci\u00f3n del inmueble y no le es dable al juez constitucional usurpar la competencia de la entidad realizando una nueva valoraci\u00f3n probatoria de los requisitos para acceder al licenciamiento ambiental, m\u00e1xime cuando en el tr\u00e1mite se garantiz\u00f3 el derecho al debido proceso de la parte accionante y el an\u00e1lisis de la alternativa propuesta requiere un conocimiento t\u00e9cnico que la autoridad judicial no tiene\u00bb. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, agreg\u00f3 que \u00abla Resoluci\u00f3n que decidi\u00f3 el licenciamiento, pudo ser controvertida por medio de la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho (art. 138 de la Ley 1437 de 2011), pero la interesada no hizo uso de este mecanismo ordinario, siendo id\u00f3neo para solicitar la protecci\u00f3n de sus derechos, por lo cual, no puede valerse del escenario constitucional para resarcir su inoperancia, debido a su car\u00e1cter subsidiario y residual\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n expuso que \u00abmismas consideraciones aplican para la situaci\u00f3n de quienes conforman la Instituci\u00f3n Educativa T\u00e9cnica Agroambiental Granja Escuela AMALAKA, dado que conforme lo refiri\u00f3 el rector de la instituci\u00f3n, ten\u00edan pleno conocimiento del proceso de licenciamiento adelantado, sin embargo, no hicieron uso de los mecanismos ordinarios para la defensa de sus intereses, por lo cual, no pueden pretender que sus inconformidades sean debatidas en sede constitucional, a\u00fan m\u00e1s, si se tiene en cuenta que, de acuerdo al material probatorio recaudado, la infraestructura del establecimiento no se ubica en el tramo que ser\u00e1 intervenido, sumado a que el predio AMALAKA cuenta con una extensi\u00f3n de 125.100 m\u00b2 y la orden de expropiaci\u00f3n recae sobre un \u00e1rea de 8.843 m\u00b2, restando una superficie de 116.257 m\u00b2, donde pueden seguirse adelantando los objetivos de la instituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, arguy\u00f3 que \u00abla solicitud presentada por la actora el d\u00eda 5-12- 2022 fue respondida de forma clara, completa y de fondo por la ANI, quien adjunt\u00f3 a su contestaci\u00f3n el concepto otorgado por la SOCIEDAD NUEVO CAUCA S.A.S., donde se le explica que la alternativa al proyecto vial ya fue estudiada por la ANLA, dentro del tr\u00e1mite de licenciamiento, y determin\u00f3 su inviabilidad, debido a lo cual, no se estima vulnerado el derecho de petici\u00f3n de la citada gestora. Aunado a lo anterior, vale la pena resaltar que, en el proceso de expropiaci\u00f3n adelantado por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Silvia, no se observa mancha alguna de ilegalidad\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El apoderado de las censoras recurri\u00f3 la precitada providencia, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial. De igual forma, resalt\u00f3 que \u00abel despacho dio por cierto que el Consorcio nuevo cauca contest\u00f3 la petici\u00f3n la cual fue remitida por competencia por la ANI, lo cual quedo demostrado dentro de la acci\u00f3n constitucional, respuesta emitida mediante oficio. En donde claramente el consorcio se\u00f1ala que ya ha realizado el estudio de factibilidad de construcci\u00f3n de la obra por el lado oriental, donde deja por sentado la imposibilidad de realizarse por tratarse de una zona de inundaci\u00f3n (\u2026) [pero] la respuesta al estudio debe ser de fondo, bajo principio de publicidad y a fin de que pueda ser objeto de recurso, situaci\u00f3n que no se evidencia en la respuesta brindada\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas vulneraron las garant\u00edas fundamentales de las reclamantes, por (i) no suspender el proceso de expropiaci\u00f3n que la ANI inici\u00f3 contra las aqu\u00ed gestoras, en especial, la entrega anticipada del predio (rad. n.\u00ba 2022-00060); y (ii) porque, supuestamente, dicha entidad no ha dado respuesta frente a las solicitudes que han formulado, en el marco de la ejecuci\u00f3n del proyecto vial, en funci\u00f3n del cual se adelanta el tr\u00e1mite judicial. <\/p>\n
2. De la acci\u00f3n de tutela y su naturaleza jur\u00eddica. <\/p>\n
El art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagr\u00f3 este instrumento como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual para la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales fundamentales, ante el menoscabo o la amenaza derivados de acci\u00f3n u omisi\u00f3n atribuible a las autoridades o a los particulares, en las situaciones espec\u00edficamente precisadas en la ley. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto: <\/p>\n
3.1. Improcedencia del resguardo para suspender diligencias judiciales. <\/p>\n
Con soporte en las piezas procesales adosadas a este tr\u00e1mite, la Sala estima oportuno precisar, inicialmente, que se ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo constitucional, toda vez que no est\u00e1 previsto para suspender diligencias \u2013como la entrega anticipada del predio objeto de expropiaci\u00f3n (rad. n.\u00ba 2022-00060)\u2013, pues, adem\u00e1s de que esta viene precedida de una orden adoptada en el marco de un litigio en el que se est\u00e1 garantizando a las partes el debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, y el mismo se encuentra en curso, las consecuencias que se derivan de ella no constituyen, por s\u00ed mismas, un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Colegiatura ha relievado que \u00abla tutela no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb (CSJ 28 oct. 2009, rad. 2009-1496-01, citada en CSJ 29 ago. 2012, rad. 2012-01295-01, reiterada en STC16630-2015, 4 dic. y STC12183-2022, 14 sep., entre otras). <\/p>\n
Y, cuando la salvaguarda se interpone so pretexto del acaecimiento de un da\u00f1o irreparable, se ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) tampoco es posible acceder al resguardo solicitado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, comoquiera que seg\u00fan ha advertido esta Corte, \u2018en principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia de entrega no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales y, adem\u00e1s, tampoco impide al afectado procurarse otra vivienda para s\u00ed y su familia. De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u00bb (CSJ STC1049-2021, 10 feb.). <\/p>\n
De modo que, en esas condiciones, no es posible acudir a la tutela para suspender o impedir el adelantamiento de diligencias judiciales, raz\u00f3n por la cual esta pretensi\u00f3n no puede abrirse paso; m\u00e1xime si se tiene en cuenta que esta no se finc\u00f3 en alguna irregularidad en el tr\u00e1mite, pues, tal como se\u00f1al\u00f3 el a quo constitucional, contra el prove\u00eddo de 3 de noviembre de 2022 que dispuso lo pertinente3 no se formul\u00f3 ning\u00fan reproche puntual en esta causa, susceptible de ser estimado. <\/p>\n
3.2. Sobre la petici\u00f3n formulada ante la ANI: carencia actual de objeto por hecho superado. <\/p>\n
La Corte ha se\u00f1alado sobre el tema que la decisi\u00f3n del juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que la situaci\u00f3n expuesta en la demanda, que hab\u00eda dado lugar a que las supuestas afectadas intentaran la acci\u00f3n, se ha modificado sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o da\u00f1o a los derechos fundamentales; ello, por cuanto, <\/p>\n
\u00ab(…) ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que pudieran configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existe o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas totalmente diferentes a las iniciales (\u2026) El \u2018hecho superado o la carencia de objeto\u2019 (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ 13 mar. 2009, exp. T-00147-01, reiterada entre otras en STC9365-2016 de 11 jul.). <\/p>\n
En ese sentido, en lo que respecta al cuestionamiento derivado de la falta de pronunciamiento frente a la petici\u00f3n que las libelistas formularon ante la ANI, en la que allegaron una propuesta alternativa para la ejecuci\u00f3n del proyecto vial \u2013en virtud del cual se inici\u00f3 el proceso de expropiaci\u00f3n sobre el predio \u2018Amalaka\u2019\u2013, tambi\u00e9n se avalar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del auxilio, pero por acreditarse la configuraci\u00f3n del fen\u00f3meno procesal de carencia actual de objeto por hecho superado, en la medida en que, en el curso del amparo, la ANI acredit\u00f3 haber dado respuesta clara y de fondo, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, con oficio n.\u00ba 2023-3060016491 de 19 de enero de 20234, la entidad contest\u00f3 las solicitudes radicadas los d\u00edas 10 de octubre, 15 y 16 de diciembre de 2022, frente al proyecto de concesi\u00f3n APP n.\u00ba 11 de 2015 (\u00abPopay\u00e1n \u2013 Santander de Quilichao\u00bb), indicando, en lo pertinente, que: <\/p>\n
\u00abEn respuesta a las comunicaciones del asunto, por medio de las cuales env\u00edo usted la propuesta de dise\u00f1o \u201cde la doble calzada del tramo por el municipio de Totor\u00f3, comprendido entre el Rio Cofre y Rio Palac\u00e9\u201d, es importante precisar que el 11 de agosto de 2015 se celebr\u00f3 el Contrato de Concesi\u00f3n bajo el esquema de APP No. 011 de 2015 entre la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI y el Concesionario NUEVO CAUCA S.A.S; donde se plantearon los objetivos del proyecto identificados en el Ap\u00e9ndice I \u2013 Alcance del Proyecto. De tal planeamiento, el Concesionario a partir de sus obligaciones, asume a su cuenta y riesgo elaborar los Estudios de Trazado y Dise\u00f1o Geom\u00e9trico y los Estudios de Detalle para la construcci\u00f3n del proyecto, teniendo disponible la posibilidad de acoger o no los planeamientos desarrollados en los dise\u00f1os del proyecto de concesi\u00f3n presentados en el proceso de estructuraci\u00f3n; de tal forma que, con base en sus obligaciones debi\u00f3 desarrollar los dise\u00f1os teniendo que cumplir lo establecido en la Parte General del Contrato de Concesi\u00f3n (\u2026). <\/p>\n
Raz\u00f3n por la cual, mediante radicado ANI No. 20223060429671 de 28 de diciembre de 2022 la Agencia remiti\u00f3 a la Concesionaria Nuevo Cauca S.A. los dise\u00f1os por usted propuestos, con el fin de que procediera con su revisi\u00f3n y an\u00e1lisis. <\/p>\n
En concordancia con la comunicaci\u00f3n con radicado ANI No. 20236050003471 del 5 de enero de 2023, la Agencia precisa que el proyecto de Concesi\u00f3n vial Popay\u00e1n \u2013 Santander de Quilichao ya cuenta con la No Objeci\u00f3n de los Estudios de Trazado y Dise\u00f1o Geom\u00e9trico y de Detalle de todas las Unidades Funcionales por parte de la Interventor\u00eda mediante comunicaci\u00f3n UT4G-0422-0P del 14 de julio de 2016, como tambi\u00e9n con la Licencia Ambiental expedida por ANLA. <\/p>\n
Como tambi\u00e9n, que el concesionario Nuevo Cauca S.A.S., es el \u00fanico responsable de hacer la valoraci\u00f3n de la propuesta de ajuste del dise\u00f1o en la zona del Cofre presentada por AMALAKA, teniendo en cuenta que cualquier modificaci\u00f3n ser\u00e1 a su costo y riesgo y bajo su responsabilidad. <\/p>\n
Raz\u00f3n por la cual, mediante radicado ANI No. 20234090065542 del 19 de enero de 2023 que se adjunta a la presente, la Concesionaria da respuesta a la Agencia, indicando entre otras lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) 1.- El dise\u00f1o presentado, corresponde a la implantaci\u00f3n de la calzada nueva sobre el costado oriental de la v\u00eda existente, en espec\u00edfico en el sector ubicado entre las abscisas K07+500 y K10+100. <\/p>\n
2.- Frente a la solicitud realizada, informamos que la posibilidad de ejecutar un dise\u00f1o de la nueva calzada sobre el costado oriental de la v\u00eda existente en el sector aleda\u00f1o a la reserva natural de la sociedad civil AMALAKA, ya fue ampliamente analizado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), mediante Concepto T\u00e9cnico n\u00b0 169 del 25 de enero de 2022, con el prop\u00f3sito de dar tr\u00e1mite al recurso de reposici\u00f3n interpuesto por la se\u00f1ora ANNAMARIE FANKHAUSER en contra de la Resoluci\u00f3n n\u00b0 02282 del 14 de diciembre de 2022, mediante la cual se nos otorg\u00f3 Licencia Ambiental para la construcci\u00f3n de la doble calzada en la Unidad Funcional 1 \u2013 UF1, del corredor Popay\u00e1n \u2013 Santander de Quilichao. En efecto, dicho recurso de reposici\u00f3n fue resuelto mediante la Resoluci\u00f3n n\u00b0 0320 del 08 de febrero de 2022, (\u2026) <\/p>\n
3.- En consecuencia, conforme lo precitado, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales \u2013 ANLA mediante Resoluci\u00f3n n\u00b0 00320 del 08 de febrero de 2022, determin\u00f3 lo siguiente (que es inherente a la solicitud de implementaci\u00f3n de un nuevo dise\u00f1o para la construcci\u00f3n de la segunda calzada y que nuevamente se pretende proponer, realizado por la se\u00f1ora ANNAMARIE FANKHAUSER): \u201cART\u00cdCULO PRIMERO. No revocar la Resoluci\u00f3n 2282 del 14 de diciembre de 2021, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. ART\u00cdCULO SEGUNDO. Confirmar los art\u00edculos primero, segundo, s\u00e9ptimo, noveno, d\u00e9cimo cuarto y d\u00e9cimo quinto de la Resoluci\u00f3n 2282 del 14 de diciembre de 2021, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.\u201d <\/p>\n
4.- Adicionalmente y realizando la revisi\u00f3n del dise\u00f1o propuesto para el costado oriental de la v\u00eda existente en el sector de la RNSC AMALAKA, se evidencia que se intervendr\u00edan de manera directa las \u00e1reas que se encuentran determinadas como \u201cZONAS DE EXCLUSI\u00d3N\u201d dentro de la Licencia Ambiental otorgada, las cuales, est\u00e1n catalogadas de esta manera, debido a la presencia de corrientes h\u00eddricas y bosques riparios asociados a estas; los cuales, haciendo un comparativo con el dise\u00f1o licenciado este mismo sector, (\u2026)\u201d (\u2026) Debido a las evidentes falencias respecto a los par\u00e1metros de dise\u00f1o de la propuesta presentada, se hace imposible adelantar la evaluaci\u00f3n econ\u00f3mica de los cambios planteados\u201d\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, deviene di\u00e1fano para la Corte que la garant\u00eda fundamental consagrada en el art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica no se encuentra comprometida en el sub-lite, pues, con independencia del sentido de la resoluci\u00f3n, esta se muestra completa de cara al objeto de la petici\u00f3n. <\/p>\n
3.3. Precisi\u00f3n final. <\/p>\n
Por \u00faltimo, en lo que ata\u00f1e a los dem\u00e1s motivos de inconformidad aducidos por la parte convocante y por algunos de los intervinientes en el sub-ex\u00e1mine \u2013los cuales no se relacionan directamente con la causa rese\u00f1ada, sino que, de forma un tanto m\u00e1s gen\u00e9rica, apuntan a evidenciar la eventual afectaci\u00f3n al medio ambiente\u20135, relieva la Corte que lo concerniente a su protecci\u00f3n y los dem\u00e1s derechos colectivos puede ser expuesto a trav\u00e9s del cauce legal pertinente \u2013bien sean las acciones populares o de grupo, siempre y cuando se cumplan los presupuestos para el efecto\u2013; instrumentos que, a voces del canon 88 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y de la Ley 472 de 19986, est\u00e1n dise\u00f1ados \u00abpara la protecci\u00f3n de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad p\u00fablica, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia econ\u00f3mica y otros de similar naturaleza que se definen en ella (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. Conclusiones. <\/p>\n
4.1. Se ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n de primer grado, ya que el amparo no est\u00e1 previsto para suspender diligencias judiciales. <\/p>\n
4.2. Aunado a lo anterior, en lo que concierne a la solicitud presentada por la parte actora ante la ANI, en el curso de esta causa constitucional la autoridad dio respuesta clara y de fondo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Entre las cuales se encuentran: \u00ab(\u2026) entre tres especies de ranas end\u00e9micas la rana de cristal (Centrolene quindianum) clasificada en la categor\u00eda de amenaza VU a nivel global y Dendropsophus columbianus; especies de aves casi end\u00e9micas como el colibr\u00ed coliazul (Amazilia saucerottei); el loro alibroceado (Pionus chalcopterus); el periquito de anteojos (Forpus conspicillatus); la t\u00e1ngara rastrojera (Stilpnia vitriolina); la t\u00e1ngara verdinegra (Tangara labradorides) y la especie Trogon collaris (Trog\u00f3n acollarado) cuya subespecie Trogon collaris subtropicalis es end\u00e9mica para Colombia, as\u00ed como las subespecies end\u00e9micas Forpus conspicillatus caucae y Amazilia saucerottei. (\u2026). A esto se suman una gran diversidad de retiles y mam\u00edferos que habitan en la RNSC\u00bb, hecho 7, escrito inicial. <\/p>\n
2\u0002 Compareci\u00f3 como comodataria la Fundaci\u00f3n Amalaka, que a su vez es representada legalmente por Anna Marie Fankhauser. <\/p>\n
3\u0002 En la rese\u00f1ada determinaci\u00f3n tambi\u00e9n se orden\u00f3 que \u00ab se libre despacho comisorio con destino al se\u00f1or Inspector de Polic\u00eda del municipio de Totor\u00f3 – Cauca, a efectos que se lleve a cabo esta diligencia, con las facultades consagradas en los arts. 37 al 40 del C.G.P.\u00bb y \u00abrequerir al apoderado de la entidad demandante a fin de que allegue un aval\u00fao Comercial actualizado del predio objeto de expropiaci\u00f3n, para tal efecto se le concede un t\u00e9rmino de quince (15) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, con la advertencia que si se llegare a requerir de m\u00e1s tiempo se deber\u00e1 solicitar por la parte interesada. Lo anterior de conformidad con lo indicado en la parte motiva de esta providencia\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Notificado al correo electr\u00f3nico suministrado con ese prop\u00f3sito. <\/p>\n
5\u0002 Como es el caso del rector de la instituci\u00f3n educativa que opera en la zona en la que se encuentra el predio objeto de expropiaci\u00f3n para el proyecto vial. <\/p>\n
6\u0002 Esta ley tiene por objeto \u00abLa presente ley tiene por objeto regular las acciones populares y las acciones de grupo de que trata el art\u00edculo 88 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia. Estas acciones est\u00e1n orientadas a garantizar la defensa y protecci\u00f3n de los derechos e intereses colectivos, as\u00ed como los de grupo o de un n\u00famero plural de persona\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC1750-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC1750-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 19001-22-13-000-2023-00004-01 (Aprobado en Sala de primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., primero (1) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 31 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71480","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71480","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71480"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71480\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71480"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71480"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71480"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}