STC1758-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1758-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-02014-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 13 de octubre de 20221, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Arley Esteban Zapata Osorio contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, el Establecimiento Carcelario y Penitenciario San Isidro, ambos de la capital del departamento del Cauca y la Direcci\u00f3n General del INPEC, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medell\u00edn, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios \u2013 USPEC \u2013 el Fideicomiso Fondo Nacional de Atenci\u00f3n en Salud PPL y la Fiduciaria Central S.A., as\u00ed como las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2012-00048. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, obrando en su propio nombre, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, libertad, dignidad humana y de \u00abresocializaci\u00f3n progresiva\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Expuso en s\u00edntesis que, cumple una pena de 336 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00absecuestro extorsivo agravado\u00bb, recluido actualmente en el establecimiento penitenciario y carcelario de San Isidro en Popay\u00e1n, en donde, en el a\u00f1o 2022, el consejo de evaluaci\u00f3n y tratamiento lo clasific\u00f3 en fase de \u00abmediana seguridad\u00bb, lo que significa que, su \u00abproceso de resocializaci\u00f3n ha sido progresivo durante los a\u00f1os que he permanecido privado de la libertad\u00bb; pese a ello, cuestion\u00f3 que el INPEC no haya emitido un concepto favorable para acceder al permiso de 72 horas por fuera del penal. <\/p>\n
No obstante, se\u00f1al\u00f3 que, present\u00f3 al Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Popay\u00e1n solicitud de concesi\u00f3n del referido beneficio administrativo, la cual fue negada mediante auto del 29 de marzo de 2022 por esa autoridad judicial, decisi\u00f3n posteriormente ratificada por el Tribunal Superior de ese Distrito Judicial el 29 de agosto. <\/p>\n
Dirigi\u00f3 su queja contra las mencionadas determinaciones respecto de las cuales asever\u00f3 que, desconocieron pronunciamientos de la Sala de Casaci\u00f3n Penal (AP2977, rad. 6147 de 12 de julio de 2022), y de la Corte Constitucional, en relaci\u00f3n con la valoraci\u00f3n de la conducta punible al momento del estudio de las solicitudes de \u00ablibertad condicional\u00bb. <\/p>\n
Desde otra perspectiva, argument\u00f3 que, en virtud del principio de favorabilidad deb\u00eda conced\u00e9rsele el beneficio, para lo cual cit\u00f3 un auto de 7 de junio de 2012 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, seg\u00fan el cual, \u00ablos autores y part\u00edcipes de delitos de secuestro extorsivo, entre otros, cometidos antes del 1\u00ba de febrero de 2022 -cuando entr\u00f3 en vigencia la Ley 733 de ese a\u00f1o-, tienen derecho al permiso administrativo de hasta 72 horas, cumpliendo, entre otros requisitos, con haber cumplido el 70% de la pena de prisi\u00f3n, ello, en aplicaci\u00f3n ultractiva del art. 29 de la Ley 504 de 1999\u00bb <\/p>\n
Asimismo, insisti\u00f3 en que actualmente, sin importar la fecha de ejecuci\u00f3n del delito, es dable acceder al referido beneficio cumpliendo los requisitos del art\u00edculo 147 del C\u00f3digo Penitenciario y Carcelario, en particular, \u00abhaber purgado una tercera parte de la pena y, para las condenas superiores a 10 a\u00f1os, los requisitos del Decreto 22 de 1998\u00bb. <\/p>\n
En torno al principio de favorabilidad, tambi\u00e9n sostuvo que, luego de que perdiera vigencia la Ley 504 de 1999, \u00abel permiso de hasta 72 horas [tiene] una regulaci\u00f3n m\u00e1s benigna en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 147 de la Ley 65\/1993, despojado del numeral 5\u00b0, que la que prodigaba aquella ley en el numeral derogado (sic), despu\u00e9s, ahora se puede acceder al beneficio con \u00a1solo! Una tercera parte de la pena impuesta en lugar del 70% que se les exig\u00eda a los condenados por la justicia especializada\u00bb <\/p>\n
Aun\u00f3 a sus argumentos, que las condiciones en que se encuentra el centro penitenciario en el que se halla recluido vulneran la dignidad humana lo cual fue objeto de una anterior acci\u00f3n de tutela que le fue concedida, pero que no se cumpli\u00f3. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pidi\u00f3 que se revoque el auto de 29 de agosto de 2022 de la Sala Penal del Tribunal de Popay\u00e1n, y que se \u00abimparta orden perentoria para que se conceda el permiso de salida hasta por 72 horas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Medell\u00edn, indic\u00f3 que ese despacho adelant\u00f3 proceso radicado n\u00ba 2012-00048 contra el tutelante, el cual culmin\u00f3 con sentencia condenatoria de 30 de noviembre de 2012. Agreg\u00f3 que el expediente se remiti\u00f3 a los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad el 2 de julio de 2013. <\/p>\n
2. El Director del Establecimiento Carcelario y Penitenciario San Isidro de Alta y Mediana Seguridad de Popay\u00e1n, se\u00f1al\u00f3 que el actor \u00abno es destinatario del beneficio deprecado, debido a la prohibici\u00f3n establecida en el art. 26 de la Ley 1121 de 2006\u00bb, asimismo, asegur\u00f3 que ha comunicado al actor oportunamente todas las decisiones emitidas por los jueces de ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
3. El coordinador Grupo Tutelas de la Direcci\u00f3n General del INPEC, la USPEC y el Fideicomiso Fondo Nacional de Atenci\u00f3n en Salud PPL manifestaron que carecen de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, que no han vulnerado derecho alguno del actor, raz\u00f3n por la cual solicitaron su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda al considerar los pronunciamientos reprochados razonables, en la medida en que se apoyaron adecuadamente en la normativa y jurisprudencia aplicable al asunto. De otro lado, respecto del derecho a la igualdad reclamado, destac\u00f3 que \u00ab(\u2026) ya se ha dicho que [\u2026] el precedente judicial horizontal no es vinculante para los administradores de justicia, sino \u00fanicamente lo es el de naturaleza vertical cuando se profiere por una autoridad superior\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor manifest\u00f3 impugnar la decisi\u00f3n de primer grado, sin argumentaci\u00f3n adicional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde establecer si las autoridades accionadas vulneraron las prerrogativas invocadas por el promotor del amparo (quien cumple una pena de prisi\u00f3n de 336 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00absecuestro extorsivo agravado\u00bb), al negarle el permiso administrativo de 72 horas por fuera del centro de reclusi\u00f3n previsto en el art\u00edculo 147 de la ley 65 de 1993. De otra parte, por desconocer el precedente judicial al desatender lo resuelto por el Tribunal Superior de Tunja, Sala Penal, que otorg\u00f3 el beneficio a sentenciados por el delito de \u00absecuestro extorsivo\u00bb. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las sentencias de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra los autos de primera y segunda instancia, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al proferido el 29 de agosto de 2022 por el Tribunal Superior de Popay\u00e1n, Sala penal, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto. Sobre la determinaci\u00f3n que habr\u00e1 de abordar la Sala se ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
Atendidos los argumentos que fundan la determinaci\u00f3n de la magistratura censurada, no se advierte procedente el amparo, puesto que la misma no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve notoria desviaci\u00f3n del ordenamiento y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores invocadas. <\/p>\n
4.1. En efecto, para refrendar el auto de primer grado que neg\u00f3 el beneficio pretendido, el ad quem, preliminarmente, realiz\u00f3 un recuento de las normas que correspond\u00eda observar en el examen de procedencia del permiso de las 72 horas por fuera del penal, esto es, la ley 504 de 1999 y la 1121 de 2006, esta \u00faltima que estableci\u00f3 la prohibici\u00f3n de beneficios y subrogados para diversos delitos, entre ellos, el secuestro extorsivo; en ese sentido aclar\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abv\u00e9ase [\u2026] dicho permiso administrativo, por la ley, no se concibe aislado de la \u201cexclusi\u00f3n de los beneficios y subrogados penales\u201d tornando inane otro an\u00e1lisis o la buena conducta y proceso de resocializaci\u00f3n del recurrente, en tanto, para el \u201cpermiso de hasta 72 horas\u201d necesariamente el delito no debe estar incluido en el art\u00edculo 26 de la ley 1121 de 2006, el cual entr\u00f3 en vigencia desde el 30 de noviembre de 2006, esto es, con anterioridad a la ocurrencia de los hechos (8 de junio de 2011) por los cuales result\u00f3 condenado el se\u00f1or Arley Esteban Zapata Osorio, normativa que a\u00fan contin\u00faa vigente, puesto que no ha sido derogada t\u00e1cita ni expresamente por ninguna otra disposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la vigencia de la referida regulaci\u00f3n, el tribunal resalt\u00f3 que, en varios pronunciamientos (en sede de tutela, STP8287-2014; STP12911-2018 y STP7375-2021) la Sala de Casaci\u00f3n Penal puntualiz\u00f3 que, no es posible hablar de una derogatoria t\u00e1cita de dicha norma porque, <\/p>\n
\u00abel art\u00edculo 32 de la ley 1709 de 2014 regula en qu\u00e9 casos no proceden los beneficios judiciales o administrativos, entre otros, el permiso de hasta 72 horas para salir del penal sin vigilancia, dejando inc\u00f3lumes restricciones expresamente impuestas por el legislador en otras disposiciones pasadas, como, por ejemplo, el art\u00edculo 26 de la ley 1121 de 2006. <\/p>\n
(\u2026) al ser manifiesto que ambas normas regulan aspectos dis\u00edmiles, no procede la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad, pues, mientras el art\u00edculo 32 de la ley 1709 de 2014 regula gen\u00e9ricamente la exclusi\u00f3n de beneficios para algunos delitos, el art\u00edculo 26 de la ley 1121 de 2006 consagra su exclusi\u00f3n para unos casos espec\u00edficos: cuando la condena se haya producido entre otros por el delito de secuestro extorsivo. <\/p>\n
En tales condiciones, acudiendo al criterio sobre aplicaci\u00f3n preferente de la norma especial sobre la general, es claro que la \u00faltima de tales disposiciones es la llamada a regular la solicitud elevada por el demandante ante el funcionario de ejecuci\u00f3n de penas, quien encontr\u00f3 que concurr\u00edan los presupuestos que proh\u00edben la concesi\u00f3n del permiso administrativo pretendido\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, explic\u00f3 que el legislador cuenta con libertad de configuraci\u00f3n normativa, y, leyes como la aplicada tuvieron fundamento en pol\u00edticas gubernamentales para enfrentar con mayor rigor comportamientos delictivos de impacto social, como lo resalt\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia C-073 de 2010, que se\u00f1al\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abel legislador goza de un amplio margen de configuraci\u00f3n normativa al momento de dise\u00f1ar el proceso penal y, por ende, de conceder o negar determinados beneficios o subrogados penales. Lo anterior, por cuanto, no existen criterios objetivos que le permitan al juez constitucional determinar qu\u00e9 comportamiento delictual merece tratamiento punitivo, o incluso penitenciario mas severo que otro, decisi\u00f3n que, en un Estado Social y Democr\u00e1tico, pertenece al legislador quien, atendiendo a consideraciones \u00e9tico-pol\u00edticas y de oportunidad, determinar\u00e1 las penas a imponer y la manera de ejecutarlas. En efecto, el legislador puede establecer, merced a un amplio margen de configuraci\u00f3n sobre cu\u00e1les delitos permite qu\u00e9 tipo de beneficios penales y sobre cu\u00e1les no. Dentro de esos criterios, los m\u00e1s importantes son: (i) el an\u00e1lisis de la gravedad del delito y (ii) la naturaleza propia del dise\u00f1o de las pol\u00edticas criminales, cuyo sentido incluye razones pol\u00edticas de las cuales no puede apropiarse el juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
4.2. Visto lo anterior, lo adoptado por el tribunal acusado estuvo acorde con el contexto procesal analizado y las normativas espec\u00edficas que rigen la materia, esto es, el art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 1993, cotejado con la proscripci\u00f3n consagrada en el canon 26 de la ley 1121 de 2006, que en el marco de la pol\u00edtica criminal contra el terrorismo, suprimi\u00f3 todo tipo de concesiones punitivas, incluyendo las administrativas, respecto de delitos como el secuestro, la extorsi\u00f3n y conexos, (entre otros); y, adem\u00e1s, contrario a lo alegado por el sentenciado, sobre la \u00faltima normativa en menci\u00f3n, se trata de un precepto con plena vigencia, luego, su aplicaci\u00f3n se aprecia razonable, y en todo caso, lejos de constituir el desafuero jur\u00eddico que se denuncia. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, no se halla incursi\u00f3n en una v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n extraordinaria implorada, porque la negativa reprochada estuvo sustentada en una hermen\u00e9utica respetable, labor en la que no es viable interferir y, adem\u00e1s, porque la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento no es suficiente para habilitar el amparo, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, 5 ab. de 2010, rad. 00006-01, reiterada en STC2713-2015). <\/p>\n
5. De la presunta vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad. <\/p>\n
Frente a ese planteamiento, es oportuno advertir que no podr\u00eda admitirse tal afectaci\u00f3n bajo la premisa de existir decisiones judiciales en las cuales se han admitido pretensiones como las que aqu\u00ed se exponen, pues, resulta leg\u00edtimo que la interpretaci\u00f3n de una norma o de un espec\u00edfico problema jur\u00eddico lleve a diferentes conclusiones, todas las cuales podr\u00edan ser acertadas, mientras sean cotejadas estrictamente con la ley aplicable. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el an\u00e1lisis que efect\u00faa otro juez en un escenario distinto, corresponde a la hermen\u00e9utica que de manera aut\u00f3noma le otorga a la situaci\u00f3n escrutada y no constituye en estricto sentido un precedente que sirva de derrotero para todos los asuntos similares, pues recu\u00e9rdese, los criterios adoptados por funcionarios hom\u00f3logos no son necesariamente vinculantes. <\/p>\n
Sobre este particular, la Corte ha expresado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) para establecer si se incurre en discriminaci\u00f3n, no sirve de par\u00e1metro lo decidido por otros jueces, por parecidos que sean los casos, como quiera que la labor de administrar justicia est\u00e1 sometida a la independencia y autonom\u00eda que le son inherentes (CSJ, STC, 16. Ab. 2015, 00512-01). <\/p>\n
Y, es menester indicar que, los principios de independencia y autonom\u00eda que le confiere a los operadores jur\u00eddicos el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, permite un amplio margen de apreciaci\u00f3n en sus determinaciones, de modo que el caso que trajo a colaci\u00f3n el quejoso a estas diligencias, no tiene, obligatoriamente, la fuerza vinculante del precedente judicial como para hacer extensivos sus efectos al proceso en cuesti\u00f3n, por lo que, se reitera, no se observa un trato diferencial con incidencia en la prerrogativa suplicada. <\/p>\n
Por lo discurrido se impone la convalidaci\u00f3n de la sentencia impugnada. <\/p>\n
6. Conclusiones. <\/p>\n
6.1. La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, por cuanto la misma no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve una manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas, por el contrario, se ajust\u00f3 de manera concreta a la normativa espec\u00edfica aplicable. <\/p>\n
6.2. No se advierte afectado el derecho a la igualdad dado que, el caso cuyo parang\u00f3n se apremia, proviene de un hom\u00f3logo del ac\u00e1 tutelado, luego, no constituye en estricto sentido un precedente vinculante que imponga la definici\u00f3n del caso recriminado en ese el mismo sentido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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