STC1762-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1762-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2023-00739-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala del primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Gerardo Alonso Herrera Hoyos le instaur\u00f3 a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira y a la Procuradora General de la Naci\u00f3n, extensiva al Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, Risaralda y dem\u00e1s involucrados en el consecutivo 2021-00168. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb, para que se ordenara: i) A la Colegiatura censurada \u00abdecretar la nulidad de todo lo actuado y declare la falta de competencia, remitiendo [la] acci\u00f3n popular referida a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa\u00bb y, ii) A la Procuradora General de la Naci\u00f3n \u00abpresente acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa a mi nombre por aparente falla en la prestaci\u00f3n del servicio, contra la administraci\u00f3n de justicia, al negar y desconocer art[\u00edculo] 29 CN, cambiando mi pretensi\u00f3n del demandado contra el municipio de Santa Rosa de Cabal Rda\u00bb. <\/p>\n
Como soporte de sus ruegos indic\u00f3 que el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal admiti\u00f3 la demanda colectiva que formul\u00f3 contra Inversiones Merizalde Restrepo S.A. y vincul\u00f3 al Municipio de dicha localidad (4 jun. 2021); posteriormente, \u00e9ste recurri\u00f3 en reposici\u00f3n esa determinaci\u00f3n por estimar que \u00absi al municipio se le atribuyen reiteradas omisiones causantes del agravio a los derechos colectivos invocados por el accionante, quien adem\u00e1s dirige las pretensiones contra el ente territorial, entonces la jurisdicci\u00f3n ordinaria no es la competente para conocer de la acci\u00f3n popular, sino la contenciosa administrativa\u00bb, sin \u00e9xito, toda vez que el despacho dispuso no dar tr\u00e1mite al medio impugnaticio, en tanto, \u00ablo pretendido por la parte demandada con el citado recurso constituye una excepci\u00f3n previa que debe ser formulada y resolverse como lo regula de manera especial la ley 472 de 1998; esto es, debe proponerse como excepci\u00f3n previa dentro del t\u00e9rmino de traslado de la demanda y se resuelve en la sentencia\u00bb (24 jun.). <\/p>\n
En su opini\u00f3n, \u00absi en la acci\u00f3n popular referida el municipio de Santa Rosa de Cabal tiene la calidad de demandado, as\u00ed el actor popular haya dicho que se trata de un vinculado\u00bb, lo procedente ser\u00eda \u00abdeclarar falta de competencia remitiendo [la] acci\u00f3n a la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa\u00bb. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Pereira relat\u00f3 lo rituado en el litigio reprochado y destac\u00f3 que \u00abcon la emisi\u00f3n de la sentencia de segunda instancia (31 mar. 2022) agot\u00f3 la competencia que le corresponde frente al asunto\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, Risaralda alleg\u00f3 link de acceso al infolio criticado y se opuso a la guarda, porque \u00abdurante el tr\u00e1mite de los procesos, tanto en 1\u00aa como en 2\u00aa instancia, el hoy accionante nunca reclam\u00f3 la falta de jurisdicci\u00f3n, que el municipio s\u00ed propuso como excepci\u00f3n, dejando transcurrir m\u00e1s de un a\u00f1o para acudir a la acci\u00f3n de tutela por una presunta trasgresi\u00f3n al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Con fundamento en el material suasorio arrimado al paginario, pronto se anuncia el decaimiento de la salvaguarda, toda vez que se inobservaron, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, los presupuestos de la inmediatez y la subsidiariedad que caracterizan esta v\u00eda especial. <\/p>\n
1.1.- Se hace tal afirmaci\u00f3n, habida cuenta que el anhelo de Gerardo Alonso Herrera Hoyos es que el Tribunal de Pereira, en la demanda colectiva n\u00ba 2021-00168, \u00abdecrete la nulidad de todo lo actuado, declare la falta de competencia y, en consecuencia, remita el proceso a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa\u00bb; sin embargo, la revisi\u00f3n de ese infolio permite constatar que entre la fecha de expedici\u00f3n del veredicto de segundo grado (31 mar. 2022) y la radicaci\u00f3n del pliego genitor a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico (21 feb. 2023), transcurri\u00f3 un lapso de diez (10) meses y veinti\u00fan (21) d\u00edas; esto es, se super\u00f3 el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han tenido como prudente para ejercer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Sobre la exigencia temporal rese\u00f1ada, esta Corte ha predicado que: <\/p>\n
[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. Se resalta (STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC6690-2021, STC14719-2022 y STC120-2023). <\/p>\n
Lo anterior impide examinar el fondo del debate suplicado, porque si el precursor se demor\u00f3 en proponer este remedio superlativo, su descuido, per se, es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible al despacho convocado y con repercusi\u00f3n directa en los atributos esenciales implorados. <\/p>\n
1.2.- En lo concerniente con la aspiraci\u00f3n del numeral ii) del pliego incoatorio, se vislumbra que el promotor no ha acudido a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n a requerir las actuaciones que en este sendero especial busca, a fin de que se pronuncie al respecto en el marco de sus funciones, pedimento que, por tanto, escapa de la \u00f3rbita constitucional, en virtud del car\u00e1cter residual y subsidiario que gobierna la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
2.- Son estas razones las que llevan el fracaso del socorro instado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela propuesta por Gerardo Alonso Herrera Hoyos. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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