STC1763-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1763-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2022-01379-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 16 de enero de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Diana Marcela Rojas Nieto contra el Juzgado Veintiocho de Familia y la Comisar\u00eda Dieciocho Distrital de Familia, ambos de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el proceso de medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar e incidentes de desacato adelantados ante esas dependencias. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la salvaguarda de los derechos fundamentales al debido proceso y non bis in \u00eddem, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas en el diligenciamiento del asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que \u00abcon antelaci\u00f3n hab\u00eda incorporado [contra su compa\u00f1ero permanente Alciviades Rivera Pineda], una querella [solicitando medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar], cuya competencia fue [de] la comisar\u00eda 18 [de Familia de Bogot\u00e1]\u00bb; que \u00abde igual manera, [al victimario] le decretaron medida preventiva en establecimiento carcelario (\u2026) fue condenado y en la actualidad se encuentra con suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la pena por el delito de violencia intrafamiliar\u00bb, pero luego de que fuera \u00abdetenido por 3 meses (\u2026), fui reparada y me pidi\u00f3 perd\u00f3n p\u00fablico y estamos conviviendo en buenos t\u00e9rminos en nuestro hogar\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abal mes de estar (\u2026) en suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la pena, nos citaron ante la comisar\u00eda de familia, [donde] a pesar de informar que \u00e9l estuvo privado de la libertad y que en la actualidad nos encontramos conviviendo, no le fue suficiente y decidi\u00f3 interponer medidas como de arresto y multa\u00bb, lo que tuvo lugar \u00abpor el hecho de que realic\u00e9 varias querellas por el comportamiento inadecuado de mi compa\u00f1ero y se dio el tr\u00e1mite penal\u00bb. <\/p>\n
Que \u00absolicit\u00e9 ante la comisar\u00eda, desistimiento de [la] medida, por el hecho de que mi compa\u00f1ero ya me repar\u00f3, (\u2026) estuvo en establecimiento carcelario y est\u00e1 conviviendo conmigo, laborando a beneficio de nuestro hogar (\u2026), pero la comisar\u00eda (\u2026) nunca [a]cus\u00f3 recibido [del mensaje remitido v\u00eda electr\u00f3nica] o tom\u00f3 decisi\u00f3n alguna\u00bb, en su lugar, \u00abenvi\u00f3 la carpeta al Juzgado 28 de Familia de Bogot\u00e1, cuyo radicado es 2021-0415, quien no tuvo en consideraci\u00f3n el memorial enviado a la comisar\u00eda (\u2026) y decide confirmar arresto y multa\u00bb, con lo que \u00abse me viola[n] mis derechos fundamentales como el 29 constitucional y 33 al no considerar mi voluntad y [a] que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho, ya que [por] estos hechos privaron con antelaci\u00f3n la libertad de mi compa\u00f1ero permanente\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Comisaria Dieciocho Distrital de Familia de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que, \u00aba la fecha, no se ha emitido auto de conversi\u00f3n en arresto, de multa impuesta el d\u00eda 18 de enero de 2021, equivalente a 4 SMMLV contra el se\u00f1or Alciviades Rivera Pineda, la cual, si bien fue confirmada por el Juzgado 28 de Familia de Bogot\u00e1, mediante providencia fechada del catorce (14) de abril de 2021, referida decisi\u00f3n judicial, no ha sido posible notificar en debida forma, al se\u00f1or Rivera Pineda, pues la direcci\u00f3n f\u00edsica suministrada, no codifica, imposibilitando la notificaci\u00f3n de las actuaciones que se adelantan en este Despacho\u00bb, y que \u00abla misma situaci\u00f3n se predica con relaci\u00f3n a la sanci\u00f3n impuesta el 19 de agosto de 2022, correspondiente a treinta (30) d\u00edas de arresto [y que por ello], este Despacho, respetuoso del procedimiento legal establecido, no ha realizado la remisi\u00f3n del expediente de la Medida de Protecci\u00f3n No. 048-11, al Juzgado 28 de Familia de Bogot\u00e1, para que se surta el grado de consulta\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Veintiocho de Familia de Bogot\u00e1, dijo atenerse a lo probado en el respectivo expediente, en particular, a la confirmaci\u00f3n de la \u00absanci\u00f3n econ\u00f3mica impuesta al accionado por el incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n\u00bb, contenida en providencia del 14 de abril de 2021. Pidi\u00f3 negar lo pretendido porque ese estrado \u00abno ha vulnerado ninguno de los derechos alegados por la accionante, y adem\u00e1s las inconformidades presentadas deben ser discutidas al interior del proceso\u00bb. <\/p>\n
3. Alciviades Rivera Pineda, vinculado en su calidad de querellado dentro del asunto objeto de cr\u00edtica, manifest\u00f3 que \u00ablos hechos, todos son ciertos y no me opongo a ninguno de ellos, lo \u00fanico que resalto es que efectivamente me encuentro condenado con el beneficio de suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la pena, proferido por el Juzgado 26 Penal Municipal con funciones de conocimiento de Bogot\u00e1 (rad. 20196700)\u00bb, y acot\u00f3 que \u00abes injusto que ya fui condenado por un delito y ser de nuevo condenado por los mismos hechos, teniendo en cuenta que en ning\u00fan momento despu\u00e9s de ser condenado he agredido a mi compa\u00f1era permanente\u00bb, por lo que coadyuva la pretensi\u00f3n de que \u00abse suspenda la medida de arresto por doce d\u00edas y multa\u00bb. <\/p>\n
4. El Juzgado Veintis\u00e9is Penal Municipal con funciones de conocimiento de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que dentro de la causa 2019-6700 seguida contra el se\u00f1or Rivera Pineda, siendo v\u00edctima la ac\u00e1 accionante, en audiencia del 6 de junio de 2022, \u00abpor preacuerdo\u00bb se declar\u00f3 al procesado \u00abpenalmente responsable (\u2026) como autor del delito de lesiones personales dolosas agravadas\u00bb, imponi\u00e9ndole \u00abpena principal de 34 meses de prisi\u00f3n\u00bb, pero reconoci\u00e9ndole \u00abel beneficio de la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena\u00bb, y por ello se autoriz\u00f3 su libertad previo cumplimiento de los requisitos legales. <\/p>\n
5. La agente del Ministerio P\u00fablico de la Personer\u00eda de Bogot\u00e1 que funge ante Comisar\u00edas de Familia, luego de relacionar las actuaciones surtidas en la medida de protecci\u00f3n 048 de 2011, incluyendo los incidentes de desacato, conceptu\u00f3 no se configura la violaci\u00f3n al principio de que \u00abnadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho (\u2026), toda vez que los hechos de violencia intrafamiliar cuentan con dos acciones independientes, una la medida de protecci\u00f3n que se adelante en la Comisar\u00eda de Familia y otra la acci\u00f3n penal que se lleva a cabo en la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n\u00bb. Frente al desistimiento presentado por la actora, afirm\u00f3 que \u00abeste no opera dentro del tr\u00e1mite de las medidas de protecci\u00f3n\u00bb, y que las sanciones impuestas son objeto de consulta ante el juez de familia quien ejerce \u00abcontrol de legalidad de las actuaciones de la Comisar\u00eda\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el auxilio al considerar que desconoce el principio de subsidiariedad, ya que, contrario al dicho de la quejosa, en ninguno de los dos incidentes de incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n fijada a su favor, se ha materializado arresto del querellado, pues mientras el primero s\u00f3lo refiere a multa, la determinaci\u00f3n adoptada en el segundo, \u00abno se ha surtido el grado jurisdiccional de consulta, ya que \u201cno ha sido posible notificar al [sancionado]\u201d, por lo que tampoco existe orden de arresto\u00bb, pero, \u00aben todo caso [esa resoluci\u00f3n] deber\u00e1 ser consulta ante el Juzgado Veintiocho de Familia de Bogot\u00e1\u00bb. Del mismo modo, asever\u00f3 que al pretenderse la \u00abnulidad de todo lo actuado\u00bb, ese pedimento debi\u00f3 plantearlo ante los jueces de instancia y a trav\u00e9s de este mecanismo supralegal. <\/p>\n
Del mismo modo, enfatiz\u00f3 que el \u00abdesistimiento\u00bb fue presentado con posterioridad a la ejecutoria de tales decisiones, a las que se lleg\u00f3 tras acreditarse el desacato endilgado por la actora respecto de su compa\u00f1ero sentimental, por lo que refut\u00f3 que en esta oportunidad adujera que la Comisar\u00eda de Familia decidi\u00f3 los tr\u00e1mites incidentales \u00absin tener en cuenta [su] \u201cvoluntad\u201d\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, record\u00f3 que, si bien en este caso no se configuraba vulneraci\u00f3n al principio del non bis in idem, pues la condena impuesta penalmente difiere de la sanci\u00f3n de la medida de protecci\u00f3n, al no fungir la reclamante como agente oficiosa del supuesto afectado, la s\u00faplica tambi\u00e9n es improcedente \u00abpor falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la demandante para insistir en su querella, aseverando que \u00absoy la v\u00edctima y abogo por mi esposo ya que con antelaci\u00f3n fue procesado y condenado y a los quince d\u00edas estalla esta nueva medida violatorio de derecho, [pues este] se encuentra afectado de nuevo por una medida de alejamiento, multa y arresto a pesar de que en la actualidad no es un peligro para mi hogar\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si el presente asunto cumple el requisito de subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si las autoridades convocadas vulneraron las prerrogativas invocadas por la actora, al imponer y mantener la sanci\u00f3n de \u00abarresto\u00bb por desacato a medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los presupuestos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corte, se ha dicho y reiterado que la presente acci\u00f3n no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez del resguardo no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido los requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). Se subraya. <\/p>\n
Con soporte en las anteriores premisas, del an\u00e1lisis realizado a los argumentos de la queja constitucional y a la informaci\u00f3n que se extracta de las pertinentes piezas procesales, la Sala ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo, precisando que lo ser\u00e1 porque la actuaci\u00f3n criticada no satisface el presupuesto de la subsidiariedad, como seguidamente pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. Precisiones sobre la competencia para conversi\u00f3n de multa e imposici\u00f3n de arresto por desacato de medidas de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, debe partirse de la especial naturaleza jur\u00eddica de las referidas medidas, pues n\u00f3tese que en el ordenamiento legal, fueron establecidas al margen de las consecuencias emanadas en el campo penal, al se\u00f1alar que: \u00ab[t]oda persona que dentro de su contexto familiar sea v\u00edctima de da\u00f1o f\u00edsico o s\u00edquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresi\u00f3n por parte de otro miembro del grupo familiar, podr\u00e1 pedir, sin perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar, al Comisario de familia del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de \u00e9ste al Juez Civil Municipal o promiscuo municipal, una medida de protecci\u00f3n inmediata que ponga fin a la violencia, maltrat\u00f3 o agresi\u00f3n o evite que \u00e9sta se realice cuando fuere inminente\u00bb (inciso 1\u00b0, art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 294 de 1996). <\/p>\n
Sobre el desacato de tales medidas, el precepto 7\u00b0 de la misma normativa, prev\u00e9: <\/p>\n
\u00abEl incumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n dar\u00e1 lugar a las siguientes sanciones: <\/p>\n
a) Por la primera vez, multa entre dos (2) y diez (10) salarios m\u00ednimos legales mensuales, convertibles en arresto, la cual debe consignarse dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a su imposici\u00f3n. La Conversi\u00f3n en arresto se adoptar\u00e1 de plano mediante auto que s\u00f3lo tendr\u00e1 recursos de reposici\u00f3n, a raz\u00f3n de tres (3) d\u00edas por cada salario m\u00ednimo; <\/p>\n
b) Si el incumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n se repitiere en el plazo de dos (2) a\u00f1os, la sanci\u00f3n ser\u00e1 de arresto entre treinta (30) y cuarenta y cinco (45) d\u00edas\u00bb. <\/p>\n
Ahora, luego de que la sanci\u00f3n es avalada en sede de consulta por el juez de familia, el fallador de primer grado est\u00e1 llamado a su ejecuci\u00f3n, advirti\u00e9ndose que en trat\u00e1ndose de multa, si esta no es cancelada en el t\u00e9rmino fijado para tal evento, dicho funcionario est\u00e1 habilitado para convertirla en arresto y para hacerlo efectivo, debe solicitar al juez competente que expida la correspondiente orden al tenor de lo previsto en el art\u00edculo 17 de la Ley 294 de 1996, modificado por el canon 11 de la Ley 575 de 2000, seg\u00fan el cual: <\/p>\n
\u00abEl funcionario que expidi\u00f3 la orden de protecci\u00f3n mantendr\u00e1 la competencia para la ejecuci\u00f3n y el cumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Las sanciones por incumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n se impondr\u00e1n en audiencia que deber\u00e1 celebrarse dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a su solicitud, luego de haberse practicado las pruebas pertinentes y o\u00eddos los descargos de la parte acusada. <\/p>\n
No obstante, cuando a juicio de Comisario sean necesario ordenar el arresto, luego de practicar las pruebas y o\u00eddos los descargos, le pedir\u00e1 al Juez de Familia o Promiscuo de Familia, o en su defecto, al Civil Municipal o al Promiscuo que expida la orden correspondiente, lo que decidir\u00e1 dentro de las 48 horas siguientes. <\/p>\n
La providencia que imponga las sanciones por incumplimiento de la orden de protecci\u00f3n, provisional o definitiva, ser\u00e1 motivada y notificada personalmente en la audiencia o mediante aviso\u00bb. <\/p>\n
La disposici\u00f3n anterior es concordante con el precepto 10 del Decreto 652 de 2001, en tanto que el primero contempla que \u00ab[d]e conformidad con el art\u00edculo 11 de la Ley 575 de 2000, la orden de arresto prevista se expedir\u00e1 por el juez de familia o promiscuo de familia, o en su defecto por el juez civil municipal o promiscuo, mediante auto motivado, con indicaci\u00f3n del t\u00e9rmino y lugar de reclusi\u00f3n\u00bb, y que \u00ab[p]ara su cumplimiento se remitir\u00e1 oficio al comandante de polic\u00eda municipal o distrital seg\u00fan corresponda con el fin de que se conduzca al agresor al establecimiento de reclusi\u00f3n y se comunicar\u00e1 a la autoridad encargada de su ejecuci\u00f3n as\u00ed como al comisario de familia si \u00e9ste ha solicitado la orden de arresto\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, el art\u00edculo 12 ibidem, indica: \u00ab(\u2026) el tr\u00e1mite de las sanciones por incumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n se realizar\u00e1, en lo no escrito con sujeci\u00f3n a las normas procesales contenidas en el Decreto 2591 de 1991, en sus art\u00edculos 52 y siguientes del cap\u00edtulo V de Sanciones\u00bb, esto es, remite a la disposici\u00f3n que en la acci\u00f3n tutela asigna al juez constitucional de primer grado ejercer el control al fallo, se\u00f1alando que en caso de desacato, \u00abla sanci\u00f3n ser\u00e1 impuesta por el mismo juez, mediante tr\u00e1mite incidental\u00bb, y mientras la decisi\u00f3n sea sancionatoria, esta ser\u00e1 consultable ante superior jer\u00e1rquico. <\/p>\n
A tono con lo anterior, el canon 6\u00b0 del Decreto 4799 de 2011, \u00abpor el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 294 de 1996, 575 de 2000 y 1257 de 2008\u00bb, consagra: <\/p>\n
\u00abDe conformidad con lo previsto en los art\u00edculos 7\u00b0 y 11 de la Ley 294 de 1996, modificados por los art\u00edculos 4\u00b0 y 6\u00b0 de la Ley 575 de 2000, en caso de incumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n definitivas o provisionales, se adelantar\u00e1n las siguientes acciones: <\/p>\n
a) Las multas se consignar\u00e1n en las tesorer\u00edas distritales o municipales, con destino a un fondo cuenta especial que deber\u00e1 ser creado por cada entidad territorial, de conformidad con las normas jur\u00eddicas, para cubrir costos de los centros o programas de asistencia legal o de salud para las mujeres v\u00edctimas de violencia. <\/p>\n
b) El arresto proceder\u00e1 a solicitud del Comisario de Familia y ser\u00e1 decretado por el Juez de Familia, o en su defecto, por el Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal quien deber\u00e1 ordenarlo en la forma prevista en el art\u00edculo 11 de la Ley 575 de 2000 en concordancia con el art\u00edculo 12 del Decreto 652 de 2001 y disponer su cumplimiento, comunicando a la Polic\u00eda Nacional para que proceda a la aprehensi\u00f3n de quien incumpli\u00f3, y al posterior confinamiento en establecimiento de reclusi\u00f3n, sin que sea posible sustituirlo por arresto domiciliario\u00bb. <\/p>\n
Seg\u00fan lo que acaba de verse, la imposici\u00f3n de multa y su conversi\u00f3n en arresto -cuando se trata de primer desacato-, o la sanci\u00f3n directa de arresto \u00abentre treinta (30) y cuarenta y cinco (45) d\u00edas\u00bb cuando el incumplimiento se repite \u00aben el plazo de dos (2) a\u00f1os\u00bb (art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 294 de 1996), compete decidirlo al funcionario administrativo o judicial que conoci\u00f3 en primera instancia del proceso de medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar, s\u00f3lo que para hacer efectivo el arresto, la orden correspondiente debe provenir de un \u00abJuez de Familia o Promiscuo de Familia, o en su defecto [del] Civil Municipal o del Promiscuo\u00bb (art\u00edculos 17 de la Ley 294 de 1996, modificado por el canon 11 de la Ley 575 de 2000). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, n\u00f3tese que sobre la sanci\u00f3n de arresto en casos como el que se analiza, esta Sala ha dicho que: \u00ablas normas penales tanto de orden sustancial como adjetivo [aducidas] para la \u00absustituci\u00f3n de la pena\u00bb, ciertamente resultan ajenas al tr\u00e1mite que rige para las medidas de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar y concretamente al desacato de \u00e9stas, pues la normativa especial de dicha figura no hace alusi\u00f3n, siquiera por analog\u00eda, a la concesi\u00f3n de los subrogados penales, ya que la connotaci\u00f3n jur\u00eddica del arresto por incumplimiento a las \u00f3rdenes judiciales, no es asimilable a una \u00abpena\u00bb sino a una sanci\u00f3n o medida correccional para disciplinar a la partes o intervinientes en aras al cabal desarrollo y acatamiento de sus disposiciones al interior del proceso\u00bb (CSJ STC15511-2019, 14 nov. 2019, rad. 00513-01). <\/p>\n
3.2. De la subsidiariedad en el caso sub j\u00fadice. <\/p>\n
Dilucidado lo anterior, el citado impedimento gen\u00e9rico de la tutela emerge bajo la modalidad de prematura, comoquiera que, de los informes rendidos por las autoridades encartadas, se establece que no se ha producido actuaci\u00f3n que haga inminente el arresto cuya materializaci\u00f3n se pretende evitar mediante este mecanismo. <\/p>\n
En efecto, revisado -en lo pertinente- el expediente digital remitido por la Comisar\u00eda Dieciocho Distrital de Familia de Bogot\u00e1, observa la Corte que de cara a la medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar impuesta el 14 de febrero de 2011 a favor de la se\u00f1ora Diana Marcela Rojas Nieto, esta promovi\u00f3 dos incidentes de desacato. <\/p>\n
En el primero de dichos tr\u00e1mites, la Comisar\u00eda estableci\u00f3 \u00abuna incapacidad m\u00e9dico legal de quince (15) d\u00edas, por hallazgos de lesiones en la humanidad de la hoy tutelante\u00bb, encontrando como \u00abresponsable [de esa conducta] al se\u00f1or Alciviades Rivera Pineda\u00bb, por lo que, con prove\u00eddo del 18 de enero de 2021, \u00abresolvi\u00f3 sancionarlo con una multa equivalente a cuatro (4) SMMLV\u00bb. Esa decisi\u00f3n fue examinada en grado jurisdiccional de consulta por el Juzgado Veintiocho de Familia de Bogot\u00e1, quien la confirm\u00f3 el 14 de abril de 2021. <\/p>\n
En el segundo incidente, adelantado en virtud a que \u00aben fecha 19 de abril de 2022, se recibe informe remitido por el ICBF, en el que reportan que la se\u00f1ora Diana Marcela Rojas Nieto fue nuevamente v\u00edctima de violencia en el contexto familiar por parte del se\u00f1or Alciviades Rivera Pineda, en hechos acaecidos el d\u00eda 13 de marzo de 2022\u00bb, de los distintos \u00abelementos probatorios\u00bb recopilados en el expediente, la Comisar\u00eda encontr\u00f3 que la se\u00f1ora Diana Marcela, ha sido \u00absometida a un ciclo de violencia que data desde el 2011, el cual, con el paso del tiempo, se ha determinado con una conducta sistem\u00e1tica por parte del [querellado], que contin\u00faa recrudeciendo y agravando la afectaci\u00f3n emocional y f\u00edsica de la [ac\u00e1 accionante]\u00bb, y como consecuencia, el 19 de agosto de 2022, procedi\u00f3 a \u00abimponer la sanci\u00f3n correspondiente a treinta (30) d\u00edas de arresto\u00bb. <\/p>\n
Ahora, por cuanto el 28 de noviembre de 2022 la demandante manifest\u00f3 \u00abdesistir de la medida de protecci\u00f3n\u00bb, aduciendo que hubo cesaci\u00f3n de los actos de violencia intrafamiliar que generaron la acci\u00f3n y \u00abque en la actualidad tiene convivencia con \u00e9l\u00bb, tal solicitud no ha sido resuelta de fondo, porque independientemente del soporte jur\u00eddico que habr\u00e1 de analizarse para ello, la Comisar\u00eda adujo su improcedencia debido a que esa actuaci\u00f3n \u00aba\u00fan no ha sido remitida al Juzgado Veintiocho (28) de Familia, para que se surta el correspondiente grado de consulta\u00bb, habida cuenta que todav\u00eda no se ha acreditado la notificaci\u00f3n de dicho veredicto. <\/p>\n
En las condiciones descritas, se observa que en el primigenio incidente de desacato, el fallo proferido por la Comisar\u00eda de Familia el 18 de enero de 2021, fue ratificado por el juzgado el 14 de abril del mismo a\u00f1o, sin que ahora se haya mostrado inter\u00e9s en que -conforme al tr\u00e1mite pertinente-, la sanci\u00f3n pecuniaria sea convertida en arresto; y en el segundo, si bien la resoluci\u00f3n de primer grado del 19 de agosto de 2022, reproch\u00f3 el incumplimiento con arresto, esa decisi\u00f3n a\u00fan no se encuentra en firme en raz\u00f3n a que no se ha surtido el grado de consulta, porque, se itera, el a-quo evidenci\u00f3 \u00abinasistencia injustificada de las partes\u00bb a la audiencia donde se impuso la sanci\u00f3n, y de esa determinaci\u00f3n \u00abno ha sido posible notificar en debida forma, al se\u00f1or Rivera Pineda\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, la Sala estima que los argumentos refutando esa actuaci\u00f3n, a\u00fan no pueden ser materia de discusi\u00f3n en sede constitucional, pues el m\u00e9rito para mantener, variar o ratificar la sanci\u00f3n por la que se duele la accionante, est\u00e1 pendiente de an\u00e1lisis por el juez de la causa. Es m\u00e1s, la eventual \u00abinejecuci\u00f3n\u00bb de tales sanciones, comprende puntos que deber\u00e1n ser resueltos por los jueces de instancia a petici\u00f3n del directo afectado, previa notificaci\u00f3n y ejecutoria de las resoluciones que lleguen a consagrar tales disposiciones, sin que, al menos por ahora, corresponda al de tutela entrar a pronunciarse. <\/p>\n
En suma, deviene improcedente que el fallador constitucional estudie los reparos atinentes a la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n de arresto, cuando sobre este, el juez de conocimiento no ha emitido resoluci\u00f3n de fondo al interior del correspondiente pleito ordinario. Al respecto, el precedente jurisprudencial ha sostenido: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente ni a\u00fan bajo el pretexto de que la acci\u00f3n de tutela se promueve \u201ccomo fundamento de la inmediatez para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u201d, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 2009-00312-01, citada entre otras en STC12547-2022, 21 sep., rad. 00385-01). <\/p>\n
Entonces, mientras est\u00e9 pendiente de definir el asunto por parte del funcionario a quien la ley le asign\u00f3 la facultad de dirimir la controversia, y aquel no se encuentre incurso en dilaci\u00f3n injustificada para pronunciarse, no es posible que los aspectos cardinales para tal pedimento se expongan para su resoluci\u00f3n en sede excepcional, ya que: <\/p>\n
\u00abno es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC, 18 mar. 2011, rad. 00171-00, citada en STC439-2023, 25 ene., rad. 01282-01, entre otras). <\/p>\n
De igual modo, recu\u00e9rdese que por la naturaleza jur\u00eddica prevista en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y el Decreto 2591 de 1991, el uso racional de la tutela se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus derechos, pues la acci\u00f3n no es sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de las dem\u00e1s que prev\u00e9 el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Con las precisiones desarrolladas en precedencia, se avalar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo por desatender el presupuesto general de la subsidiariedad, en tanto que la actuaci\u00f3n criticada, actualmente est\u00e1 pendiente de estudio y definici\u00f3n al interior del respectivo juicio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n, por la puntual raz\u00f3n desarrollada en esta instancia. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC1763-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC1763-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2022-01379-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71493","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71493","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71493"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71493\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71493"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71493"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71493"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}