STC1764-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1764-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-00631-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Pasquale y Antonina Cotugno contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juez S\u00e9ptimo Civil del Circuito de esa ciudad y los intervinientes en el ejecutivo 2009-00687. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes, a trav\u00e9s de apoderado, acuden al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad y \u00abviolaci\u00f3n del precedente judicial\u00bb, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n convocada. <\/p>\n
2. Exponen en s\u00edntesis que, fungen como demandados (sucesores procesales de Michele Cotugno) en el juicio ejecutivo radicado 2009-00687 promovido por Emilio Boggioni, asunto que conoce el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena, a cuyo titular recusaron con fundamento en las causales 1\u00aa1 y 7\u00aa2 del art\u00edculo 141 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Destacan que, mediante prove\u00eddo del 6 de febrero de la presente anualidad, el Tribunal Superior de Cartagena, Sala Civil Familia (Sala unitaria) resolvi\u00f3 declarar infundada la recusaci\u00f3n planteada. <\/p>\n
Dirigen sus cuestionamientos contra la anterior determinaci\u00f3n y la se\u00f1alan de constituir v\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico, pues alegan que no fueron valoradas adecuadamente las pruebas aportadas con las cuales pretendieron demostrar la configuraci\u00f3n de las causales invocadas que impondr\u00edan que el mencionado juez del coercitivo que los involucra se separe del conocimiento del mismo al quedar en entredicho su imparcialidad. <\/p>\n
Relatan como antecedentes que, el ejecutivo en cuesti\u00f3n finaliz\u00f3 por desistimiento t\u00e1cito (10 de julio de 2015) a partir de lo cual se dispuso el levamiento de las medidas cautelares de embargo y secuestro que hab\u00edan reca\u00eddo en inmuebles de su propiedad. <\/p>\n
Con posterioridad, el 20 de octubre de 2015, el juzgado emiti\u00f3 auto ordenando al secuestre la entrega a los all\u00ed demandados de las mejoras y construcciones que componen dos de los bienes cautelados; sin embargo, no fue posible materializar la entrega de uno de ellos (el del barrio Bocagrande, avenida San Mart\u00edn n\u00ba 7-55) debido a que, quien reside en \u00e9l, \u00abse encuentra renuente a desocupar la parte que ocupa de las mejoras (sic)\u00bb, tercera interviniente que procur\u00f3 invalidar la actuaci\u00f3n judicial alegando ser poseedora, aunque no logr\u00f3 que prosperara esa aspiraci\u00f3n. <\/p>\n
No obstante, resaltan, el 18 de junio de 2019 el juez de la causa profiri\u00f3 un nuevo interlocutorio declarando la ilegalidad del auto de 20 de octubre de 2015, \u00abindicando que, en estricto sentido, no existe, es ineficaz porque no hay embargo perfeccionado [ya que] no se notific\u00f3 ni a la ejecutada ni al due\u00f1o\u00bb, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el Tribunal Superior el 13 de mayo de 2021. <\/p>\n
Se\u00f1alan que, la \u00faltima providencia en menci\u00f3n fue objeto de acci\u00f3n de tutela, resuelta a su favor por esta Corte (STC13614-2021 y STL2234-2022) que consider\u00f3, contrario a lo decidido por el juez y el tribunal, que las medidas estuvieron decretadas en legal forma y correctamente notificadas, por lo que no hab\u00eda lugar a anularlas. <\/p>\n
En virtud de la referida tutela, el asunto retorn\u00f3 al juez de conocimiento a fin de que se pronuncie nuevamente sobre la legalidad de las medidas, atendiendo las orientaciones de la Corte Suprema de Justicia dadas en el fallo constitucional. <\/p>\n
Y es a partir del contexto rese\u00f1ado que convergen las situaciones que, para los quejosos, desvirt\u00faan la imparcialidad del juez, ya que, seg\u00fan testigos, el 23 de marzo de 2022 el citado funcionario, en sitio p\u00fablico, se reuni\u00f3 con los abogados de la tercera interviniente (la ocupante del bien cuya entrega no se cumpli\u00f3), es decir, con \u00abcon los terceros que llevan 5 a\u00f1os perturbando la devoluci\u00f3n del bien, y que sus dos providencias fueron a su favor, las que se dejan sin efectos, reunido en secreto con ellos, se infiere inter\u00e9s y amistad \u00edntima entre estas personas, prueba indiciaria, m\u00e1s la testimonial y documental de los hechos anteriores es plena prueba [\u2026] de estar inmerso en causal de recusaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, piden que, \u00abse revoque la providencia de fecha 6 de febrero de 2023 y proceda a resolver nuevamente, siguiendo los par\u00e1metros que se le ordenen en la sentencia de tutela\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
Andr\u00e9s Salcedo Salazar, vinculado, quien manifest\u00f3 ser apoderado de uno de los demandantes en el proceso en discusi\u00f3n, coadyuv\u00f3 las pretensiones de la acci\u00f3n de tutela, pues afirm\u00f3 haber sido uno de los testigos que observ\u00f3 al juez recusado reunirse con los abogados de la tercera que ha intervenido en el pleito, de manera que, aduce, \u00abcon las declaraciones aportadas [\u2026] junto con la prueba documental existente dentro del expediente, las providencias del juez mendaces, arrojan sin lugar a dudas graves indicios del compromiso del juez con los terceros en perjuicios del due\u00f1o de sus bienes\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Tribunal Superior de Cartagena, Sala Civil Familia vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por los quejosos al declarar infundada la recusaci\u00f3n (auto de 6 de febrero de 2023) que plantearon respecto del Juez S\u00e9ptimo Civil del Circuito de esa ciudad, incurriendo con ello, supuestamente, en v\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico, esto es, por indebida valoraci\u00f3n de las pruebas aportadas dirigidas a demostrar las causales de recusaci\u00f3n invocadas (1\u00aa y 7\u00aa del art\u00edculo 141 del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Caso concreto \u2013 la providencia atacada. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, con el l\u00edmite propio del juez constitucional, no se observa procedente el amparo, puesto que la misma, en lo que es objeto puntual de reclamo, no constituye desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico con aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores invocadas. <\/p>\n
3.1. Al respecto, n\u00f3tese, frente a las causales invocadas por el apoderado de los ejecutados \u2013 1\u00aa y 7\u00aa del estatuto adjetivo civil \u2013, y los argumentos expuestos con el prop\u00f3sito de acreditar su configuraci\u00f3n, el magistrado accionado dilucid\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) del numeral 1\u00ba del mencionado art\u00edculo [\u2026] sustenta la recusaci\u00f3n en que el Juez S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena fue visto con los abogados H\u00e9ctor Varela, \u00c1lvaro Garz\u00f3n Saladen y Germ\u00e1n Herrera, que son los apoderados de Mar\u00eda Irene Urquijo, quien fuera tercera en el proceso. Alleg\u00f3 como pruebas de tal afirmaci\u00f3n, dos declaraciones testimoniales ante notario de los se\u00f1ores Jes\u00fas Andr\u00e9s Salcedo Salazar y Francisco Javier Montes Cota, quienes manifestaron que vieron al Juez Marmolejo conversando en un caf\u00e9 con los abogados de la tercera interesada. <\/p>\n
Sobre la causal 1\u00aa del art\u00edculo 141 del C.G.P., el Consejo de Estado ha dado unas pautas para determinar cuando la misma es aplicable, indicando sobre el particular lo siguiente: <\/p>\n
\u201cSi bien esta causal subjetiva es bastante amplia, en cuanto subsume cualquier tipo de inter\u00e9s, ya sea directo o indirecto, lo cierto es que, dicho inter\u00e9s adem\u00e1s de ser real y serio, deber tener relaci\u00f3n inmediata con el objeto mismo de la litis o cuesti\u00f3n a decidir; debe ser de tal trascendencia que, teniendo en cuenta el caso concreto, implique un verdadero trastorno en la imparcialidad del fallador y pueda afectar su capacidad de juzgamiento y el desempe\u00f1o eficaz y ajustado a derecho respecto de la labor que desempe\u00f1a. \u201cEs por esta raz\u00f3n que cualquier tipo de manifestaci\u00f3n que no est\u00e9 sustentada o en la que no se evidencie de manera clara y precisa la posibilidad de que el juzgador pueda verse perturbado al momento de pronunciarse en determinado asunto, comprometiendo por ello su imparcialidad, no ser\u00eda suficiente para declarar fundado el impedimento que pudiere ser manifestado en determinado asunto [CE Sala Plena, 19 de marzo de 2002, exp. 2002-00094-01]. <\/p>\n
(\u2026) Visto lo anterior, con las pruebas allegadas al plenario, no se logra determinar con certeza que el juez recusado se haya reunido con los abogados que el recusante indica. Sin embargo, si en gracia de discusi\u00f3n se tuviera por cierto el hecho de que el juez Marmolejo \u201cse tom\u00f3 un caf\u00e9\u201d o \u201cconvers\u00f3 con los abogados\u201d de quien funge como tercera en el proceso, esto no es raz\u00f3n suficiente para determinar que el mismo tiene inter\u00e9s en dicha actuaci\u00f3n, pues tal como lo se\u00f1al\u00f3 el Consejo de Estado, las manifestaciones que se hagan respecto de esta causal de recusaci\u00f3n, deben tener sustento y debe ser clara y precisa la posibilidad de que le juzgador pueda verse perturbado en su juicio al actuar dentro del proceso, situaci\u00f3n que en este caso no ocurri\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Con lo anterior, la magistratura accionada dio por descartada la primera de las causales planteadas por la defensa de los quejosos, al no observarla demostrada con la suficiencia exigida por la jurisprudencia precitada. <\/p>\n
Seguidamente, frente a la 7\u00aa que hace alusi\u00f3n a la existencia previa de denuncia penal o disciplinaria en contra del juez recusado (o de su c\u00f3nyuge, compa\u00f1era\/o permanente o pariente en primer grado de consanguinidad o civil) por cuenta de una de las partes del litigio, aclar\u00f3 el tribunal que, para que aquella se verifique deben confluir dos circunstancias: (i) que la denuncia se motive en hechos ajenos al proceso judicial en que se ventila el mismo; y (ii) que el funcionario se encuentre vinculado a la investigaci\u00f3n. <\/p>\n
Frente a esto \u00faltimo, indic\u00f3 que la norma y los precedentes en la materia son concretos respecto de los mencionados condicionamientos, especialmente que, contra el funcionario a cargo de la causa ya se le haya formulado imputaci\u00f3n, y, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en segundo t\u00e9rmino, que si la denuncia posterior a la iniciaci\u00f3n del proceso civil los hechos objeto de la investigaci\u00f3n penal no se originen en el proceso mismo, deben ser ajenos por entero a \u00e9l, por cuanto si la denuncia penal tiene como causa algo ocurrido dentro del proceso no se ha erigido la circunstancia como causal generadora de la recusaci\u00f3n con el fin de poner coto a la maniobra de denunciar al juez sobre la base de cualquier irregularidad observada dentro del mismo proceso para buscar su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
Cabe observar, finalmente, que para estructurar la causal es necesario que la denuncia haya sido formulada por una de las partes, o por su representante o apoderado. Nada se dice, sin embargo, del caso en que la denuncia tenga otro origen, pero alguna de estas personas que se presente al proceso a reclamar la indemnizaci\u00f3n de los perjuicios (sic); en este caso tambi\u00e9n se configura una causal que justifica la excusaci\u00f3n o la recusaci\u00f3n; pero como la disposici\u00f3n (num. 7\u00aa) nada dice, se debe trata de encuadrar tal conducta en otras de las normas, como ser\u00eda el numeral 6\u00ba que habla del pleito pendiente, o en el numeral 1\u00ba que trata del inter\u00e9s\u00bb. <\/p>\n
Con todo, concluy\u00f3 el accionado que, no se cumpl\u00edan los requisitos normativos para la prosperidad de la solicitud <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de recusaci\u00f3n formulada en contra del juez, debido a que no se alleg\u00f3 ninguna prueba que demuestre que exista en curso alg\u00fan proceso penal o disciplinario en contra del recusado (\u2026) se declarar\u00e1 infundada la recusaci\u00f3n formulada por la parte demandada contra el Juez S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Conforme con lo transcrito, no observa esta Sala configurado el desafuero jur\u00eddico a que se refiere la demanda, ya que la motivaci\u00f3n sobre la cual se fund\u00f3 la denegaci\u00f3n de la recusaci\u00f3n formulada, respondi\u00f3 justamente a la revisi\u00f3n de la causales invocadas, contempladas en los numerales 1\u00ba y 7\u00ba del art\u00edculo 141 del C\u00f3digo General del Proceso, coligiendo no solo que no fueron jur\u00eddicamente soportadas \u2013 con apoyo doctrinario y jurisprudencial \u2013 sino que tampoco se ofrecieron elementos de juicio suficientes que llevaran a deducir la presencia de esos supuestos que revelaran una postura sesgada por parte del operador judicial cuestionado en el pleito que involucra a los aqu\u00ed reclamantes. <\/p>\n
Adem\u00e1s, los fundamentos contenidos en la decisi\u00f3n recriminada hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial e inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en el asunto, sustituyendo al funcionario de conocimiento como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n
Sobre el tema se ha puntualizado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) al juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en ese an\u00e1lisis tanto f\u00e1ctico como jur\u00eddico, para entrar a reexaminar sin reatos la prueba en que se bas\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada o sopesar los razonamientos esgrimidos, pues mal podr\u00eda interponerse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica). En estas condiciones, resulta palmario que el peticionario pretende, a trav\u00e9s de este mecanismo, revivir el debate propuesto en el referido asunto, desconociendo el car\u00e1cter residual y subsidiario de esta acci\u00f3n, as\u00ed como que la misma no est\u00e1 llamada a servir de soporte para retomar o promover discusiones definidas por el juez natural, conforme a unas reglas de tr\u00e1mite preestablecidas y de acuerdo con la asignaci\u00f3n legal de competencias (\u2026)\u00bb (CSJ STC9556-2014, 22 jul. 2014, rad. 01097-01, reiterada STC2067, 27 de feb. 2015 rad. 2014-02055-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha dicho, que las meras divergencias conceptuales resultan insuficientes para demandar el amparo constitucional, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido. En tal sentido se aclar\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia (\u2026)\u00bb (CSJ STC 18 mar. 2010, rad. 00367-00, reiterado, STC6924-2017, 18 may. 2017, rad. 2017-00443-01). <\/p>\n
Por lo discurrido, se impone la negativa de la salvaguarda. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Las consideraciones expuestas por el magistrado convocado del Tribunal Superior de Cartagena, Sala Civil Familia \u2013 6 de febrero de 2023 que declar\u00f3 infundada la recusaci\u00f3n contra el Juez S\u00e9ptimo Civil del Circuito de esa ciudad \u2013 resultan ajustadas al ordenamiento jur\u00eddico, sin que devenga propio, como ya se indic\u00f3, que por esta senda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 ART\u00cdCULO 141. CAUSALES DE RECUSACI\u00d3N. Son causales de recusaci\u00f3n las siguientes: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Tener el juez, su c\u00f3nyuge, compa\u00f1ero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, inter\u00e9s directo o indirecto en el proceso. <\/p>\n
2\u0002 (\u2026) 7. Haber formulado alguna de las partes, su representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez, su c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero permanente, o pariente en primer grado de consanguinidad o civil, antes de iniciarse el proceso o despu\u00e9s, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecuci\u00f3n de la sentencia, y que el denunciado se halle vinculado a la investigaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
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