STC1765-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1765-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 05000-22-13-000-2022-00247-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Gloria Acenet Franco Coss\u00edo frente a la sentencia de 16 de enero de 2023, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en la acci\u00f3n de tutela que la recurrente le instaur\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Rionegro, extensiva a las partes e intervinientes en la acci\u00f3n ejecutiva con radicado n\u00b0 05615-31-03-001-2003-00259-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La actora solicit\u00f3 que, en el ejecutivo quirografario promovido por Angela Mar\u00eda Le\u00f3n \u00c1lvarez frente a Mar\u00eda Gilma Cossio y Mar\u00eda Elena Arroyave Cossio, se ordene suspender el remate de la \u00absupuesta posesi\u00f3n\u00bb que la demandada Mar\u00eda Elena Arroyave ejerce respecto del inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula n\u00b0 02-13786 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Rionegro. Asimismo, reclam\u00f3 el levantamiento del embargo y secuestro de la posesi\u00f3n denunciada, y la entrega de los c\u00e1nones de arrendamiento generados por el predio. <\/p>\n
Como fundamento de sus pretensiones, adujo que es la propietaria de dicho bien, y que en el ejercicio de sus derechos sobre \u00e9l lo ha dado en arrendamiento en dos oportunidades. En una primera ocasi\u00f3n, a la propia Mar\u00eda Elena Arroyave, en julio de 2018, y en una segunda oportunidad, a Odali Naranjo Reyes y Dosneiwy Jos\u00e9 Rodr\u00edguez, desde el 30 de julio de 2021 hasta la fecha. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que recientemente tuvo conocimiento de la providencia de 11 de diciembre de 2022, mediante la cual \u00abse pretende rematar una supuesta posesi\u00f3n\u00bb sobre el inmueble de su propiedad, pero su apoderado \u00abno ha tenido oportunidad de acceder\u00bb al expediente acusado. Adem\u00e1s, en la actualidad se encuentra \u00abpostrada en su lugar de residencia\u00bb, debido a la enfermedad que la aqueja hace m\u00e1s de un a\u00f1o. <\/p>\n
2.- El Juzgado remiti\u00f3 el link de acceso al proceso ejecutivo. Por su parte, el representante de la sociedad \u00abBienes & Abogados S.A.S\u00bb, quien funge como secuestre del inmueble en cuesti\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que ha actuado conforme a los mandatos legales y constitucionales, sin vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales. El representante jur\u00eddico de Dulfari Cort\u00e9s Jaramillo, cesionaria del cr\u00e9dito y actual ejecutante del coercitivo, se\u00f1al\u00f3 que la acci\u00f3n se debe negar por falta del requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
3.- El Tribunal no accedi\u00f3 a la s\u00faplica tras advertir la falta del presupuesto de subsidiariedad, toda vez que la accionante no ha elevado su inconformidad en el tr\u00e1mite controvertido. <\/p>\n
4.- La censora, impugn\u00f3, argumentando una serie de irregularidades del proceso ejecutivo como la falta de inscripci\u00f3n del embargo en el registro de tradici\u00f3n y libertad del inmueble, la verificaci\u00f3n de la calidad de poseedora de la demandada, el incumplimiento de la obligaci\u00f3n de aportar el certificado de tradici\u00f3n del inmueble con miras a determinar la existencia de terceros con derechos en el inmueble y finalmente, la imposibilidad de oponerse a las decisiones all\u00ed tomadas por no tener la calidad de parte. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La decisi\u00f3n impugnada ser\u00e1 ratificada porque, en efecto, el ruego no cumple el presupuesto de subsidiariedad, por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
1.1.- En primer lugar, como se observa de las diligencias materia de censura, la controversia planteada por la promotora respecto al mejor derecho que alega tener sobre el inmueble con folio de matr\u00edcula n\u00b0 020-13786 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Rionegro, as\u00ed como la inexistencia de la posesi\u00f3n en cabeza de la ejecutada Mar\u00eda Elena Arroyave Cossio, se encuentra en curso y, por ende, no puede ser revisada por la justicia constitucional. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que el 14 de diciembre de 2022, el fallador enjuiciado dispuso: \u00abLevantar la medida de embargo y secuestro decretada de la posesi\u00f3n que se indic\u00f3 reca\u00eda en cabeza de Mar\u00eda Elena Arroyave Cossio y sobre el bien inmueble identificado con MI 020-13786 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Rionegro, Antioquia, por cuanto dicho bien fue objeto de remate en el presente proceso\u00bb. Ello, porque, entre otros aspectos, consider\u00f3: <\/p>\n
En este caso n\u00f3tese que la parte demandada no ostentaba la posesi\u00f3n para el momento del embargo y secuestro que de la misma se orden\u00f3 al resolver la reposici\u00f3n del auto que inicialmente hab\u00eda negado esa medida, y ello se afirma porque en este proceso, se llev\u00f3 a cabo la diligencia de remate sobre el bien con matr\u00edcula 020-13786, que fue adjudicado en tal diligencia al se\u00f1or SEBASTIAN G\u00d3MEZ G\u00d3MEZ, cumplidas todas las exigencias legales para ese efecto. La adjudicaci\u00f3n qued\u00f3 debidamente inscrita en el folio de matr\u00edcula ya mencionado, siendo en aquella \u00e9poca el adjudicatario tambi\u00e9n demandante en virtud de la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito que a su favor se celebr\u00f3. <\/p>\n
Con ocasi\u00f3n del remate, por petici\u00f3n del nuevo propietario, se orden\u00f3 comisionar para la entrega del bien y para lo cual se expidi\u00f3 el exhorto 017 el 7 de mayo de 2008, que no se llev\u00f3 a efecto dada la solicitud de la apoderada de la parte actora. <\/p>\n
Sin embargo, desde la \u00e9poca en que se realiz\u00f3 la diligencia de remate, se adjudic\u00f3 el bien a SEBASTIAN G\u00d3MEZ G\u00d3MEZ, ces\u00f3 cualquier derecho de posesi\u00f3n sobre el inmueble adjudicado al demandante, quien ejerci\u00f3 sus derechos de propiedad como se puede desprender de las constancias mismas del certificado de libertad, pues al obrar como propietario del mismo, dispuso de ese bien como garant\u00eda de obligaciones por las que incluso fue ejecutado, embarg\u00e1ndose el inmueble a su nombre. Posteriormente, por medio de la apoderada que representaba sus intereses en las acciones ejecutivas adelantadas en su contra, logr\u00f3 el levantamiento de las medidas que pesaban sobre el bien de su propiedad y finalmente, enajen\u00f3 el mismo inmueble a su actual propietaria, que es la se\u00f1ora GLORIA ACENET FRANCO COSSIO en virtud de la compraventa celebrada el 9 de marzo de 2018 (se enfatiza). <\/p>\n
Asimismo, n\u00f3tese que esa determinaci\u00f3n fue impugnada por Dulfari Cort\u00e9s Jaramillo, actual ejecutante, a trav\u00e9s de los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, los cuales, hasta la fecha, no han sido definidos, como puede evidenciarse en el \u00abSistema de Consulta de Procesos\u00bb1. <\/p>\n
Entonces, si el servidor convocado levant\u00f3 el embargo y secuestro de los derechos de posesi\u00f3n denunciados en cabeza de Mar\u00eda Elena Arroyave, y esa decisi\u00f3n carece de firmeza porque los recursos enfilados en su contra a\u00fan no han sido dirimidos, es inviable que el juez supralegal determine la lesi\u00f3n que le irroga esas medidas cautelares. <\/p>\n
Mem\u00f3rese como lo ha reiterado la Sala, esta herramienta \u00ab(\u2026) no es un mecanismo que se pueda activar (\u2026) para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional (\u2026)\u00bb (CSJ STC11410-2022, entre otros), pues, si fuera de otra manera, \u00abse desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (STC16731-2022, reiterada, entre otras, en STC622-2023). <\/p>\n
1.2.- Por otro lado, lo cierto es que la peticionaria no ha exhibido la problem\u00e1tica denunciada ante el juez de conocimiento, siendo dicho funcionario el primer llamado a restaurar sus garant\u00edas, sin que el hecho de que sea ajena a la causa se lo impida. Esto, si se tiene en cuenta, que a voces del art\u00edculo 69 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00abcuando la intervenci\u00f3n se concrete a un incidente o tr\u00e1mite, el interviniente s\u00f3lo ser\u00e1 para ellos\u00bb. Y, adem\u00e1s, dicho estatuto, en los art\u00edculos 596 y 597, ha contemplado la posibilidad de que terceros afectados con las cautelas practicadas en un juicio ejecutivo intervengan en \u00e9l para pedir su cancelaci\u00f3n. <\/p>\n
Por ende, si a juicio de la actora las pluricitadas cautelas deben extinguirse y, en su criterio, tambi\u00e9n tiene derecho a percibir los c\u00e1nones que el arrendamiento del inmueble ha generado, debe acudir al procedimiento ejecutivo y hacer valer sus reclamos, a fin de que el juez de conocimiento provea sobre ellos. <\/p>\n
1.3.- Finalmente, se precisa, que nada obsta para que la libelista espere a que la controversia sea zanjada por el fallador natural o intervenga en el litigio a defender sus intereses. Lo anterior, porque en virtud del interlocutorio de 14 de diciembre de 2022, el remate de la denunciada posesi\u00f3n de la ejecutada Mar\u00eda Elena Arroyave Cossio no se llevar\u00e1 a cabo, al menos, hasta tanto se diluciden los recursos enfilados frente a esa directriz. <\/p>\n
Dicho en otras palabras, no se advierte la existencia de un perjuicio irremediable que imponga la intervenci\u00f3n constitucional como mecanismo transitorio. <\/p>\n
2.- En conclusi\u00f3n, la Sala avalar\u00e1 el fallo de primera instancia, que neg\u00f3 la protecci\u00f3n anhelada por la solicitante, por cuanto el problema planteado a trav\u00e9s de este sendero no ha sido zanjado en el proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El sistema es consultado el d\u00eda 21 de febrero de 2023. <\/p>\n
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