STC1766-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1766-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01255-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 5 de julio de 20221, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Hugo Armando Acosta Ruiz contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el Juzgado Veinte Penal del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2015-22487. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, reclama el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y doble instancia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Se extrae del escrito inicial y los anexos que el actor fue condenado en ambas instancias a la pena de 406 meses de prisi\u00f3n por los delitos de \u00abhomicidio agravado y fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de arma de fuego o municiones\u00bb (sentencias de 24 de septiembre de 2020, del Juzgado Veinte Penal del Circuito de Cali; y, del 27 de abril de 2022 de la Sala Penal del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial, en primera y segunda instancia, respectivamente). <\/p>\n
Dirigi\u00f3 el accionante sus cuestionamientos contra los referidos fallos condenatorios, principalmente, por indebida valoraci\u00f3n probatoria respecto de la ocurrencia de los hechos y de su participaci\u00f3n en los mismos, acaecidos en la ciudad de Cali el 27 de junio de 2015, fecha para la cual, afirm\u00f3, se encontraba en Monter\u00eda. Adujo en tal sentido que, la fiscal\u00eda en el juicio no logr\u00f3 desvirtuar su presunci\u00f3n de inocencia y que, adem\u00e1s, los jueces no valoraron la totalidad de las pruebas \u00abde acuerdo a las reglas de la sana cr\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
Aleg\u00f3 que, no fueron advertidas varias de las incoherencias en que incurrieron algunos de los testigos presenciales, sobre todo en relaci\u00f3n con la descripci\u00f3n de la persona que ultim\u00f3 a la v\u00edctima, adem\u00e1s, que no hubo evidencia contundente en ese aspecto pues no se realiz\u00f3 \u00abbarrido del lugar [\u2026] [para recolectar] elementos materiales probatorios [\u2026] tales como el arma, las vainillas de los cartuchos, la prueba de absorci\u00f3n at\u00f3mica [\u2026] grabaci\u00f3n, filmaci\u00f3n, fotograf\u00edas, videos [\u2026] c\u00e1maras de vigilancia [\u2026] ya que [\u2026] esos establecimientos abiertos al p\u00fablico tienen c\u00e1maras para estos casos (\u2026)\u00bb. Tambi\u00e9n critic\u00f3 que no se le haya dado m\u00e9rito a los declarantes que atestiguaron en su favor. <\/p>\n
Agreg\u00f3 finalmente que, no se tuvo en cuenta su condici\u00f3n de discapacidad, pues desde el a\u00f1o 2010 tiene \u00ab(\u2026) problemas en ambas piernas que le dificultan caminar y solo lo hago con bast\u00f3n y una f\u00e9cula (sic) [lo] que desmiente a los testigos cuando dicen que sal\u00ed corriendo, esto es inveros\u00edmil\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que se ordene \u00abdejar sin efectos las decisiones tomadas por las entidades antes mencionadas y en su lugar se me absuelva de toda acci\u00f3n penal, teniendo en cuenta que el hecho investigado yo no lo comet\u00ed y que est\u00e1 demostrado con los tr\u00e1mites de indemnizaci\u00f3n realizado por la esposa y hermano de la presunta v\u00edctima, que se trat\u00f3 de un grupo subversivo denominado ELN\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
2. El Juzgado Veinte Penal del Circuito de Cali relacion\u00f3 lo acontecido en el juicio penal que se le adelant\u00f3 a Acosta Ruiz que termin\u00f3 con condena de 406 meses de prisi\u00f3n tras hallarlo responsable de los delitos endilgados, decisi\u00f3n que posteriormente fue confirmada por el superior. En cuanto a la presente acci\u00f3n de tutela solicit\u00f3 su desestimaci\u00f3n porque incumple los requisitos de subsidiariedad e inmediatez. <\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda 23 Seccional de Cali se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n pues, \u00ab(\u2026) tutela no es el escenario adecuado para que se presente una nueva estrategia defensiva, soslayando el uso de los medios judiciales ordinarios, dispuestos por el ordenamiento para controvertir las providencias judiciales dictadas al interior de un proceso penal\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente la salvaguarda al verificar que el accionante no recurri\u00f3 la sentencia condenatoria de segunda instancia a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, incumpliendo el requisito de la subsidiariedad de la acci\u00f3n. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el quejoso reiterando la argumentaci\u00f3n del escrito introductorio. De otro lado, refut\u00f3 la decisi\u00f3n de la Sala a quo y el criterio aplicado para desestimar el auxilio al exigir la interposici\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n, ya que, no consider\u00f3 que \u00abeste recurso debe ser interpuesto por un profesional del derecho y es costoso de acuerdo con la tarifa de honorarios profesionales tasada por Conalbos, es de 10 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, dinero que una persona invalida, casado y con hijos, que solo cuenta con una pensi\u00f3n de invalidez otorgada por el Ej\u00e9rcito Nacional, no alcanza para contratar un abogado casacionista, por tal raz\u00f3n s\u00ed existe un perjuicio irremediable\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface el requisito de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las prerrogativas del actor al condenarlo a la pena de 406 meses de prisi\u00f3n por los delitos de \u00abhomicidio agravado y fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de arma de fuego o municiones\u00bb (fallos de 24 de septiembre de 2020 y 27 de abril de 2022, de primera y segunda instancia, respectivamente), incurriendo con ello, supuestamente, en v\u00eda de hecho por indebida valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
2. La subsidiariedad. <\/p>\n
El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado presupuesto y su inobservancia ocurre no solo cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios y extraordinarios, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otras v\u00edas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos. <\/p>\n
En el caso que se revisa se configura la primera modalidad dado que, se pudo verificar que el actor no impugn\u00f3 a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n la sentencia de segundo grado proferida por el Tribunal Superior de Cali, Sala Penal, el 27 de abril de 2022, que confirm\u00f3 la condena de 406 meses de prisi\u00f3n por los delitos de \u00abhomicidio agravado y fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de arma de fuego o municiones\u00bb impuesta por el Juzgado Veinte Penal del Circuito de esa misma ciudad. <\/p>\n
De esta manera, al prescindir de esa oportunidad renunci\u00f3 al mecanismo id\u00f3neo con que contaba para alegar ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, las irregularidades aqu\u00ed planteadas en torno al ejercicio valorativo de los hechos efectuado por los falladores de instancia. <\/p>\n
Por lo tanto, no puede ahora por v\u00eda de la acci\u00f3n de tutela pretender enmendar esa falta de gesti\u00f3n, siendo entonces el propio interesado quien no respald\u00f3 su posici\u00f3n en el instante procesal oportuno, permitiendo que la decisi\u00f3n del ad quem adquiriera firmeza sin agotar el debate que ahora propone en torno a la valoraci\u00f3n probatoria que considera errada. <\/p>\n
En contextos como este, es decir, frente al desaprovechamiento de los medios de refutaci\u00f3n procedentes, la Corte ha dicho que, <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 en. 2003, rad. 23023; reiterada entre muchas otras en STC7200-2016, 1\u00ba jun. 2016, rad. 00126-01). <\/p>\n
As\u00ed mismo ha referido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la omisi\u00f3n detectada, independientemente de las razones aducidas, impide la prosperidad de esta acci\u00f3n constitucional, la cual no se erigi\u00f3 para suplir, como si de una alternativa procesal se tratara, los medios previstos por el ordenamiento jur\u00eddico para la protecci\u00f3n de los derechos de las partes al interior del juicio. <\/p>\n
Es decir, la inviabilidad de la presente salvaguarda se entiende en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991, ya que es deber de los interesados agotar todos los mecanismos de defensa antes de ejercer la tutela. <\/p>\n
3. Posibilidad de acudir a la Defensor\u00eda del pueblo. <\/p>\n
La justificaci\u00f3n del promotor del amparo al traer a colaci\u00f3n la falta de medios econ\u00f3micos para sufragar los costos de un abogado especializado que interpusiera y sustentara el recurso extraordinario no puede servir de excusa, pues debi\u00f3 exponer oportunamente tal circunstancia ante la Defensor\u00eda del Pueblo, a fin de que le designara un profesional que asumiera su representaci\u00f3n en esa fase, sin que las autoridades acusadas sean responsables de dicha omisi\u00f3n. Frente a una manifestaci\u00f3n similar, la Sala se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) respecto a la alegada carencia de recursos econ\u00f3micos para contratar un abogado que interpusiera el recurso de casaci\u00f3n, la Corte pone de presente que el ordenamiento procesal penal establece mecanismos id\u00f3neos para superar dichos inconvenientes, verbi gratia, el acceso a los servicios de la Defensor\u00eda del Pueblo, para que all\u00ed le sea asignado un profesional del derecho de oficio que promueva las acciones legales pertinentes, pues si carec\u00eda de recursos econ\u00f3micos pudo haber solicitado la designaci\u00f3n de un defensor de oficio\u00bb (STC 16 jun. 2008, rad. 2008-01241-01; reiterado en STC2672-2014, 5 mar. 2014, rad. 2014-00149-01). <\/p>\n
En definitiva, y por lo decantado hasta aqu\u00ed, se impone ratificar la improcedencia del resguardo por incumplimiento del presupuesto que viene destac\u00e1ndose, lo cual es motivo suficiente para no ahondar en otras tem\u00e1ticas espec\u00edficas, que sin duda est\u00e1n condicionadas a la superaci\u00f3n del criterio expuesto. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El tutelante actu\u00f3 con incuria al no recurrir por v\u00eda de casaci\u00f3n la providencia que en segunda instancia confirm\u00f3 la condena que le fue impuesta, desperdiciando la posibilidad de plantear las alegaciones que por este sendero constitucional expone ante el \u00f3rgano de cierre de la justicia penal. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Remitido a esta Sala para el conocimiento de la impugnaci\u00f3n el 15 de febrero de 2023 \u2013 Ingres\u00f3 al despacho del ponente, 17 de febrero de 2023. <\/p>\n
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