STC1772-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC1772-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-00766-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n virtual de primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Resuelve la Corte la tutela que Mario Alberto Restrepo instaur\u00f3 contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira y la Procuradora General de la Naci\u00f3n, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2022-00186. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb, para que se ordenara a la Magistratura censurada dejar sin efecto el fallo emitido el 20 de febrero de 2023 y, en su lugar, \u00abamparar lo pedido en [la] acci\u00f3n popular\u00bb y, a la Procuradora \u00abact\u00fae en [su] tutela y presente a [su] nombre acciones legales tendientes a que se [le] garantice el art\u00edculo 29 (\u2026) pues no [es] abogado (\u2026) [y] consign[ar] si el tutelado puede variar lo que ordena la Ley 982 de 2005\u00bb. <\/p>\n
Seg\u00fan el pliego introductorio y el material suasorio que reposa en el plenario, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira desestim\u00f3 las pretensiones de la acci\u00f3n popular (rad. 2022-00186) que el gestor inco\u00f3 contra el Hotel Sajonia cuya propietaria Elizabeth Guti\u00e9rrez Molina (22 nov. 2022), determinaci\u00f3n que el superior confirm\u00f3 el 20 de febrero de 2023. <\/p>\n
El actor critic\u00f3 la \u00faltima decisi\u00f3n porque se neg\u00f3 \u201cel amparo (\u2026) so pretexto personal, ama\u00f1ado y subjetivo de que [la demandada] no tiene m\u00fasculo financiero suficiente para cumplir lo que manda la Ley 982 de 2005, referente a contar con convenio de entidad id\u00f3nea que garantice la atenci\u00f3n de la poblaci\u00f3n objeto de la Ley 982 de 2005\u201d, raciocinio que tild\u00f3 de desconocer los art\u00edculos 12 y 117 del C\u00f3digo General del Proceso y los \u201cderechos de las personas con discapacidad auditiva y visual quienes no solo han estado marginados hist\u00f3ricamente por los prejuicios de la sociedad (\u2026) [sino] por posturas tan absurdas, absoletas y mezquinas\u201d. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que \u201cel tutelado (\u2026) [no] repar[\u00f3] los objetivos de la Ley 982 de 2005 (\u2026) ni los interpret\u00f3 de forma sistem\u00e1tica, es decir en conjunto con otras disposiciones (\u2026) y los restantes mandatos constitucionales y legales que integran el marco jur\u00eddico de protecci\u00f3n de este sector poblacional\u201d. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Pereira asever\u00f3 que en la providencia criticada \u201cse encuentran contenidas las razones por las cuales (\u2026) resolvi\u00f3 respaldar el fallo de primera instancia (\u2026) y descartan la existencia de arbitrariedad en lo resuelto\u201d. <\/p>\n
La Procuradora General de la Naci\u00f3n aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, ya que \u201cno tiene asignadas competencias para administrar justicia y por ende no es quien debe decidir con respecto a lo solicitado (\u2026) y tampoco tiene competencias asignadas para representar al accionante judicialmente, es por ello que las pretensiones desbordan las funciones del ente de control\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Ab initio, se anuncia que la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira en la acci\u00f3n popular n\u00b0 2022-00186. (20 feb. 2023) no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento patrio o de la realidad procesal. <\/p>\n
En efecto, liminarmente plante\u00f3 el problema jur\u00eddico a dilucidar, consistente en establecer si \u00ab\u00bfAtendiendo el tama\u00f1o de la empresa accionada es razonable exigir en la prestaci\u00f3n del servicio de atenci\u00f3n al p\u00fablico la presencia de int\u00e9rpretes o gu\u00edas int\u00e9rpretes para atender la poblaci\u00f3n sordas y sordociegas?\u00bb. <\/p>\n
A partir de all\u00ed, adver\u00f3 que los reparos del promotor frente al veredicto del a quo se sintetizaron en la inaplicabilidad de la Ley 982 de 2005, pues en lugar de ello, efectu\u00f3 el \u00abtest de razonabilidad (\u2026) fijado en la sentencia C-022\/96 de la Corte Constitucional (\u2026) que dio prevalencia a la capacidad econ\u00f3mica de la accionada frente a las personas sordas y sordociegas, lo que calific[\u00f3] como postura discriminatoria\u00bb y, adem\u00e1s, la no acreditaci\u00f3n del servicio de un gu\u00eda int\u00e9rprete. <\/p>\n
Concerniente al primero, relacionado con el \u00abprincipio de igualdad\u00bb, enfatiz\u00f3 que para la prosperidad de ese reproche era necesario que el querellante enrostrara los yerros cometidos por el iudex primigenio desarrollando los argumentos de su inconformidad, como quiera que, si bien \u00abla acci\u00f3n popular tiene rango constitucional, y se caracteriza por la aplicaci\u00f3n del principio de congruencia flexible12, el actor tiene las cargas probatorias y de sustentaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Sin perjuicio de lo anotado, anticip\u00f3 compartir la resoluci\u00f3n apelada, por cuanto, el estudio del \u00abtest\u00bb con sujeci\u00f3n a lo verificado en el sub lite, arroj\u00f3 un resultado \u00abrazonable\u00bb de cara a la \u00abcapacidad econ\u00f3mica de la empresa con base en el tama\u00f1o\u00bb. As\u00ed dijo: <\/p>\n
\u00ab\u201cexigir un convenio de interprete para personas con hipoacusia y un gu\u00eda int\u00e9rprete presencial para las disminuidas visuales, bajo el (\u2026) panorama de los comercios regulares (\u2026) sufrir\u00edan un fuerte rev\u00e9s en su presupuesto, al tener que asumir costos para dichas contrataciones que probablemente estar\u00edan en desuso, pero que a la postre, y en un escenario como el actual donde los comercios apenas se est\u00e1n recuperando de los efectos de la pandemia, podr\u00eda generar su desbalance econ\u00f3mico hasta el punto de un cierre\u201d\u00bb. <\/p>\n
Con ese derrotero, precis\u00f3 que la herramienta utilizada por el juzgado inicial -\u00abtest de razonabilidad\u00bb- para dirimir la controversia, es \u00fatil en aras de \u00abbalancear o ponderar los extremos en conflicto (\u2026) est\u00e1 encaminado a definir la aplicaci\u00f3n judicial de la norma en casos concretos, bajo par\u00e1metros sensatos y en aplicaci\u00f3n de otros principios propios de un Estado Social de Derecho que no se pueden anular de plano\u00bb. <\/p>\n
De manera que, en atenci\u00f3n que se recaudaron los elementos de convicci\u00f3n que demostraban que el Hotel Sajonia pertenece al grupo de las microempresas, seg\u00fan las regulaciones previstas en el art\u00edculo 2 de la Ley 590 de 2000 -modificado por el art\u00edculo 2 de la Ley 905 de 2004-, el art\u00edculo 43 de la Ley 1450 de 2011 y el Decreto 957 de 2019, confrontadas con el Certificado de Matr\u00edcula Mercantil \u00abse refuerza la tesis de la instancia anterior en el sentido de que resulta desproporcionado, de cara a su capacidad econ\u00f3mica, obligarla a asumir las cargas previstas en el art\u00edculo 8 de la Ley 982 de 2005\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, subray\u00f3 que deven\u00eda \u00abtotalmente in\u00fatil entrar a examinar si el demandado acredit\u00f3 o no que ofrece el servicio de gu\u00eda int\u00e9rprete pues, tal como se expuso, no le era exigible tal obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como busca el precursor, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a las solicitudes, sin que tal fin se acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo objetivo no es servir de tercera instancia para discutir los fundamentos de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; STC,9232-2018, STC2544-2021, STC360-2023). <\/p>\n
2.- Frente a la rogativa de Restrepo Zapata, tendiente a que la Procuradora General de la Naci\u00f3n \u00abact\u00fae en [su] tutela y presente a [su] nombre acciones legales tendientes a que se [le] garantice el art\u00edculo 29 (\u2026) pues no [es] abogado (\u2026) [y] consign[ar] si el tutelado puede variar lo que ordena la Ley 982 de 2005\u00bb, se observa que el memorialista no ha acudido ante dicho organismo a requerir la informaci\u00f3n o actuaciones que en esta queja superlativa busca, a fin de que se manifieste al respecto, en el marco de sus funciones; s\u00faplica que, por tanto, escapa de la \u00f3rbita constitucional, en virtud del car\u00e1cter residual y subsidiario que gobierna a la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
3.- Ergo, el ruego no puede salir avante. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada por Mario Alberto Restrepo Zapata contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira y la Procuradora General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el infolio a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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