STC1773-2023_1<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 47001-22-13-000-2022-00372-01 <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
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STC1773-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 47001-22-13-000-2022-00372-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
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Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
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ANTECEDENTES <\/p>\n
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1.- La accionante, quien funge como ejecutada en los coercitivos acusados, protest\u00f3 contra las siguientes actuaciones: i) el auto por medio del cual el Juzgado \u00danico del Circuito de Fundaci\u00f3n libr\u00f3 mandamiento de pago en el asunto 2011-00118-00 (5 abr. 2011), pues, aduce, no se discriminaron los intereses materia de cobro; ii) la sentencia que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n (27 jul. 2012), ya que fue dictada contra una persona distinta a ella; iii) el embargo de su sueldo, porque en el oficio a trav\u00e9s del cual se comunic\u00f3 la medida se indic\u00f3 que la orden fue expedida por determinado juez, cuando no era cierto (oficio n\u00b0 2723 de 2 nov. 2018); iv) la acumulaci\u00f3n de los ejecutivos controvertidos (2 mar. 2012), toda vez que esta oper\u00f3 del proceso de menor cuant\u00eda (2011-00118-00) al de m\u00ednima (2011-00072-00), cuando debi\u00f3 ser al contrario, adem\u00e1s, el litigio se sentenci\u00f3, pese a que estaba suspendido, y sin que los acreedores que tuvieran cr\u00e9ditos con t\u00edtulos de ejecuci\u00f3n en su contra fueran debidamente emplazados, como lo dispon\u00edan los art\u00edculos 540 y 541 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil; v) la aprobaci\u00f3n de la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito celebrada entre el ejecutante Armando Enrique G\u00f3mez y Jaison Bol\u00edvar Marenco, puesto que no cumpl\u00eda con los requisitos legales (5 mar. 2021), vi) la orden de entrega de dineros a la parte ejecutante (9 mar. 2022), comoquiera que era el resultado de las actuaciones objetadas, y vii) la negativa del juzgado a declarar las nulidades que propuso a efectos de conjurar los defectos denunciados (16 jul. 2021, 24 en. 2022 y 9 mar. 2022), y el prove\u00eddo que lo ratific\u00f3 (23 nov. 2022). <\/p>\n
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2.- El Juzgado \u00danico Civil del Circuito de Fundaci\u00f3n defendi\u00f3 el interlocutorio de 23 de noviembre de 2022, por medio del cual ratific\u00f3 la desestimaci\u00f3n de las nulidades planteadas por la quejosa. <\/p>\n
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Armando G\u00f3mez Zarate, inicial ejecutante del asunto 2011-00118-00, y Jaison Bol\u00edvar Marenco, cesionario de aquel, relataron que la quejosa ha propuesto m\u00faltiples nulidades, pero todas se le han resuelto de forma desfavorable. <\/p>\n
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El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Fundaci\u00f3n remiti\u00f3 el expediente digital. <\/p>\n
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3.- El Tribunal desestim\u00f3 el amparo. Frente a las actuaciones anteriores a la desestimaci\u00f3n de las nulidades, precis\u00f3 que el amparo carece de inmediatez, ya que datan de los a\u00f1os 2011 y 2012. Respecto a la resoluci\u00f3n de la invalidez, advirti\u00f3 que lo decidido obedece a un criterio razonable. <\/p>\n
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4.- La actora, inconforme, impugn\u00f3, argumentando que no pod\u00eda predicarse la ausencia de inmediatez del amparo, ya que el origen de la vulneraci\u00f3n de sus derechos reside en el auto de 9 de marzo de 2022, por medio del cual el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Fundaci\u00f3n orden\u00f3 la entrega de dineros a la parte ejecutante. Ello, porque a trav\u00e9s de esa decisi\u00f3n \u00abse pretende\u00bb que cumpla una \u00absentencia\u00bb que no lo es oponible, \u00aben cuanto fue dictada contra un tercero\u00bb, y no contra ella. Adicionalmente, no se pod\u00eda perder de vista que la \u00absentencia\u00bb est\u00e1 viciada de \u00abnulidad absoluta\u00bb al no haberse convocado a los acreedores indeterminados tras la acumulaci\u00f3n de los ejecutivos objetados. En lo dem\u00e1s, destac\u00f3 que la negativa a declarar la invalidez de la acumulaci\u00f3n de los procesos est\u00e1 soportada en su falta de legitimaci\u00f3n para alegarla, lo que, en su criterio, desconoce la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n sobre el deber del juzgador de integrar el contradictorio, cuando hay litisconsorcio necesario (SC1182-2016, SC2879-2022, entre otras). <\/p>\n
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CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1.- Confrontado el expediente objeto de queja constitucional, se advierte que las protestas de la querellante sobre la acumulaci\u00f3n de los ejecutivos, la aceptaci\u00f3n de la cesi\u00f3n de cr\u00e9ditos y la cautela de su salario fueron zanjadas por el Juzgado \u00danico Civil del Circuito de Fundaci\u00f3n, a trav\u00e9s del interlocutorio de 23 de noviembre de 2022. Ello, al resolver sobre la apelaci\u00f3n interpuesta por la actora frente al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de esa localidad que neg\u00f3 las solicitudes dirigidas a que se invalidara i) lo tramitado a partir de la providencia que decret\u00f3 la acumulaci\u00f3n de los coercitivos, incluida la sentencia que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, as\u00ed como la aceptaci\u00f3n de la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito, y el embargo de su salario. <\/p>\n
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Siendo as\u00ed, y comoquiera que la acci\u00f3n de tutela fue impulsada el 12 de diciembre de 2022, no es posible predicar ausencia de inmediatez frente a dichas quejas. Por ende, la Sala est\u00e1 llamada a analizar el fondo de ellas, lo que har\u00e1 con miras en el interlocutorio de 23 de noviembre de 2022, ya que, se repite, a trav\u00e9s de \u00e9l la judicatura defini\u00f3 el mecanismo activado por la quejosa -nulidad procesal- para enfrentar el tr\u00e1mite del que se duele. <\/p>\n
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No ocurre lo mismo frente a la censura enfilada contra el mandamiento de pago emitido en las diligencias 2011-00118-00 (5 abr. 2011), la sentencia que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, a prop\u00f3sito de las inconsistencias con el nombre de la accionante, y la entrega de dineros dispuesta por la agencia municipal convocada el 9 de marzo de 2022, ratificada el 8 de abril siguiente. Esto, porque desde esas actuaciones, hasta la formulaci\u00f3n de esta salvaguarda, ha transcurrido m\u00e1s del semestre que esta Corporaci\u00f3n ha estimado razonable para impulsarlo. Mem\u00f3rese que \u00abmuy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026)\u00bb (STC9881-2022, entre otras). <\/p>\n
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Y si bien, como se dijo en precedencia, el auto de 9 de marzo fue examinado por el Juzgado \u00danico Civil del Circuito de Fundaci\u00f3n el 23 de noviembre de 2022, el punto de la entrega de dineros fue ajeno a esa revisi\u00f3n, por no ser susceptible de alzada. Al respecto, obs\u00e9rvese que esa directriz no est\u00e1 prevista como apelable en el art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso, ni en norma especial, y en la resoluci\u00f3n de 23 de noviembre de 2022 la citada agencia judicial solo abord\u00f3 los temas relativos a la invalidez de la acumulaci\u00f3n de los procesos, de la cesi\u00f3n de cr\u00e9dito y del embargo del salario de la aqu\u00ed promotora, en su condici\u00f3n de ejecutada. <\/p>\n
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As\u00ed las cosas, y de acuerdo con el an\u00e1lisis efectuado frente al requisito de inmediatez de este auxilio, la Sala procede a determinar si el Juzgado \u00danico Civil del Circuito de Bogot\u00e1 lesion\u00f3 los derechos fundamentales de la peticionaria al proveer sobre los aludidos t\u00f3picos lesion\u00f3 los derechos fundamentales de la peticionaria. <\/p>\n
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2.- Pues bien, revisada la directriz de 23 de noviembre de 2022 se descarta la existencia de alg\u00fan desafuero que amerite ser conjurado por este sendero, como pasa a exponerse. <\/p>\n
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2.1.- Sobre la nulidad de la actuaci\u00f3n a partir de la acumulaci\u00f3n de los ejecutivos, por causa de haberse reanudado el proceso estando suspendido, no emplazarse a los acreedores indeterminados de la deudora, y la forma en que se dispuso la acumulaci\u00f3n. <\/p>\n
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2.1.1.- En torno a la invalidez de lo tramitado a partir de la acumulaci\u00f3n de los ejecutivos, el Juzgado puntualiz\u00f3 que no se estructuraba la causal relativa a adelantarse el proceso \u00abdespu\u00e9s de ocurrida cualquiera de las causales legales de (\u2026) suspensi\u00f3n (\u2026) o si en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida\u00bb, prevista en el numeral 3\u00b0 del canon 133 del C\u00f3digo General del Proceso, por cuanto hab\u00eda sido saneada en los t\u00e9rminos del numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 136 de ese estatuto. En ese sentido, tras destacar que, al tenor de dicho precepto, la nulidad se considerar\u00e1 saneada \u00ab(\u2026) cuando se origine en la interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n del proceso y no se alegue dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la fecha en que haya cesado la causa\u00bb, concluy\u00f3: <\/p>\n
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De acuerdo con lo anterior, mediante prove\u00eddo del 05 de marzo de 2013 se orden\u00f3 la reanudaci\u00f3n del proceso, es decir que la oportunidad para proponer la nulidad se encuentra vencida, como aquello fue alegado el 04 de diciembre de 2018, evidentemente resulta extempor\u00e1neo. As\u00ed pues, lo cierto es que no existe nulidad por esta causa por encontrarse saneada. <\/p>\n
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De otro lado, precis\u00f3 que la actora carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa para proponer la invalidez por falta del emplazamiento de los acreedores que tuvieran cr\u00e9ditos con t\u00edtulos de ejecuci\u00f3n a su favor, ya que a voces del inciso tercero del art\u00edculo 135 del estatuto adjetivo, \u00ab[l]a nulidad por indebida representaci\u00f3n o por falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento s\u00f3lo podr\u00e1 ser alegada por la persona afectada\u00bb. Al respecto, apunt\u00f3: <\/p>\n
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Del embate en estudio se desprende que, en el asunto en consideraci\u00f3n se profiri\u00f3 sentencia el 27 de junio de 2012, sin haberse materializado la orden impartida en el numeral segundo del auto adiado 02 de marzo de 2012, esto es el emplazamiento a los acreedores indeterminados de la ejecutada Silvana Guerra Morelly, pues, el edicto se libr\u00f3 el 22 de enero de 2013 y se public\u00f3 en el mes de febrero del mismo a\u00f1o (\u2026). <\/p>\n
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Antes de escudri\u00f1ar la causal, es dable establecer si quien propuso la nulidad se encuentra legitimado en la causa para alegarla. <\/p>\n
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(\u2026) <\/p>\n
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Habida cuenta que, el apoderado de la parte ejecutada es quien ha formulado la nulidad por indebido emplazamiento de sus posibles acreedores, emerge ostensiblemente que no se encuentra legitimado para impulsarla por no ser la afectada con la irregularidad. <\/p>\n
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Y enseguida, descart\u00f3 la tesis de la reclamante en torno a la existencia de un litisconsorcio necesario con sus acreedores y, por ende, el deber del juzgador de anular la actuaci\u00f3n con fin de integrar el contradictorio, as\u00ed: <\/p>\n
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Ahora, se debe precisar que, la condici\u00f3n de los acreedores indeterminados no los convierte en litisconsortes necesarios, pues esta figura jur\u00eddica es aplicable cuando exista una relaci\u00f3n sustancial \u00fanica e inescindible de la que son titulares varios sujetos, lo que genera que deban ser vinculados al proceso para que la sentencia sea uniforme a ellos; esencialmente, si la discusi\u00f3n se refiere a relaciones jur\u00eddicas en las cuales la decisi\u00f3n no es posible de m\u00e9rito sin la comparecencia de los sujetos que ostenten el v\u00ednculo sustancial que constituya el objeto del litigio. <\/p>\n
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Circunstancia que no es visible en este asunto, pues los emplazados no comparten esa relaci\u00f3n sustancial con los demandantes en los procesos acumulados, pues la finalidad del emplazamiento aludido, es convocar a aquellos que eventualmente contengan acreencias en contra de la demandada. <\/p>\n
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2.1.2.- Bajo ese horizonte, se advierte que el fallador querellado resolvi\u00f3 las protestas relativas a haberse reanudado el litigio pese a estar suspendido, y no emplazarse a los acreedores indeterminados de la ejecutada, aqu\u00ed accionante, con estribo en las normas que regulan la materia, esto es, las que determinan las condiciones que deben cumplirse para anular el procedimiento a causa de esas circunstancias. Luego, juzg\u00f3 el reclamo de la peticionaria con respeto a la garant\u00eda que tiene a que su solicitud se dirima con fundamento en el derecho aplicable a su causa. Cosa distinta es que no est\u00e9 de acuerdo con lo decidido, lo que no habilita la injerencia constitucional, pues, como lo ha dicho la Sala, <\/p>\n
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(\u2026) la sola divergencia conceptual no es fuente del auxilio, pues se comparta o no la hermen\u00e9utica utilizada por el juzgador, y el hecho de que el resultado de la providencia criticada no se avenga a los intereses de una de las partes, es cuesti\u00f3n que en s\u00ed misma considerada escapa al \u00e1mbito del fallador constitucional, ya que \u00e9ste \u00abno puede entrar a descalificar la gesti\u00f3n del juzgador, ni a imponerle una determinada hermen\u00e9utica (\u2026) (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, citada en STC11856-2019, 4 sep. 2019, rad. 02728-00, entre otras) (STC14190-2019, reiterada, entre otras, en STC295-2023). <\/p>\n
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Por lo dem\u00e1s, la postura criticada se ajusta a la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n sobre la materia, ya que, en efecto, la Sala ha dicho que la nulidad derivada de la indebida convocatoria de personas indeterminadas, como lo son los acreedores que tengan cr\u00e9ditos con t\u00edtulos de ejecuci\u00f3n contra el deudor, debe ser alegada por el afectado, y no por cualquier parte del proceso. <\/p>\n
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Sobre el particular, se ha dicho: <\/p>\n
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La normativa instrumental, entonces, reclama de quien alega una nulidad la prueba de su inter\u00e9s para hacerlo, traducido en \u00abla utilidad o el perjuicio jur\u00eddico, moral o econ\u00f3mico que (…) puedan representar las peticiones incoadas (…) y la consiguiente decisi\u00f3n que sobre ellas se adopte\u00bb. De ah\u00ed que, en casos similares al que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, se haya considerado que <\/p>\n
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(\u2026) <\/p>\n
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Dentro del escenario acabado de rese\u00f1ar, por averiguado se tiene que la nulidad amparada en el numeral 9\u00ba del art\u00edculo 140 ib\u00eddem \u2013\u201ccuando no se practica en legal forma la notificaci\u00f3n a personas determinadas, o el emplazamiento de las dem\u00e1s personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes\u201d\u2013, solo podr\u00e1 ser reclamada por los sujetos de derecho indebidamente notificados o emplazados, o sea, como lo dice el art\u00edculo 143 ejusdem, \u201csolo podr\u00e1 alegarse por la persona afectada\u201d, ya que, cual lo tiene sentado la doctrina de la Sala, en lo ata\u00f1adero a la mencionada causal \u201csi bien es cierto que no puede ser puesta en conocimiento para que los indebidamente citados la convaliden, lo que la convierte virtualmente en insubsanable, no lo es menos que ello no significa que cualquiera de las partes resulte habilitada para alegarla, puesto que en el punto se mantiene inquebrantable la exigencia conforme a la cual solo puede proponerla quien se encuentre legitimado para ello, es decir, aquel que no hubiere sido citado al proceso, sin perjuicio de que el juez de instancia la decrete dentro de las oportunidades que para ello le otorga la ley\u201d (sent., abr. 28\/95, reiterada, entre otras, en sent., feb. 22\/2000) (SC820-2020, el destacado es original del texto). <\/p>\n
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Y en SC 19 feb. 2002, rad. 11762, se expuso: <\/p>\n
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De otro lado, en relaci\u00f3n con el defectuoso emplazamiento de los herederos indeterminados, cabe recordar que la nulidad consagrada en el numeral 9\u00ba del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, cuando no se practica en legal forma el emplazamiento de las personas indeterminadas que deban ser citadas como parte, no puede ser alegada por las que han sido reconocidas y han actuado dentro del proceso, porque \u00e9stas carecen de inter\u00e9s para proponerla, como se dijo, entre otras, en la sentencia No. 017 de 22 de febrero de 2000; aqu\u00ed, ciertamente que tal nulidad no viene propuesta por ninguna persona que haya podido ser afectada con el vicio denunciado, sino por otros los demandados que han comparecieron debidamente al proceso, lo cual descarta de plano la casaci\u00f3n propuesta por ese motivo. <\/p>\n
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Por otro lado, si bien, como lo afirma la querellante en la impugnaci\u00f3n, esta Corte en diversas oportunidades ha explicado que cuando existe litisconsorcio necesario es deber del juzgador integrar el contradictorio a\u00fan de oficio, ese lineamiento es ajeno al caso, por cuanto, en efecto, seg\u00fan se expuso en el interlocutorio de 23 de noviembre de 2022, la convocatoria que debe hacerse a los acreedores del deudor en el evento de la acumulaci\u00f3n de procesos ejecutivos no comporta una intervenci\u00f3n de ese linaje. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese, como se desprende del art\u00edculo 61 del C\u00f3digo General del Proceso, el deber inexorable de convocar a un litisconsorte necesario, so pena de la invalidez de la actuaci\u00f3n obedece a que la controversia, por su naturaleza, o por disposici\u00f3n legal, solo puede definirse de fondo con su comparecencia. En ese sentido, la Sala ha expuesto: <\/p>\n
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En ese orden, en esta clase de litisconsorcio, se configura un supuesto de legitimaci\u00f3n forzosa respecto de los titulares de la relaci\u00f3n jur\u00eddica controvertida en el juicio, por cuanto su resoluci\u00f3n jurisdiccional recae uniformemente para todos los litisconsortes y, por lo tanto, su presencia es evidentemente necesaria, pues no es susceptible de escindirse como partes individuales.<\/p>\n
La intervenci\u00f3n procesal, por lo tanto, ser\u00e1 obligatoria cuando la cuesti\u00f3n material lo demande, forjando un frente com\u00fan e interdependiente que obligue y comprenda inexcusablemente a todos los sujetos de la misma, como \u00fanica, indivisible e inescindible. En tal hip\u00f3tesis, por consiguiente, un pronunciamiento del juez con alcances referidos a la totalidad del pleito, no puede proceder con la intervenci\u00f3n \u00fanica de alguno o algunos de los ligados por aqu\u00e9l.<\/p>\n
De ah\u00ed, s\u00f3lo estando presente en el respectivo tr\u00e1mite todos los integrantes \u2013activos y pasivos- del litigio, queda debida e \u00edntegramente constituida desde el punto de vista subjetivo, la relaci\u00f3n jur\u00eddico-procesal para que, de esa manera, el juzgador pueda hacer el pronunciamiento de fondo demandado (STC4965-2020). <\/p>\n
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Ahora, cuando la ley ordena que al acumularse un proceso ejecutivo quirografario se emplacen a todos los acreedores que tengan cr\u00e9ditos con t\u00edtulos de ejecuci\u00f3n contra el deudor1, no lo hace porque deba dictarse una sentencia en la se dirima de manera uniforme la situaci\u00f3n jur\u00eddica de aquellos, sino por econom\u00eda procesal, a fin de que simult\u00e1neamente, a trav\u00e9s de una misma cuerda, y con unas mismas medidas cautelares, los acreedores satisfagan sus obligaciones, de acuerdo con la prelaci\u00f3n establecida en la ley sustancial. <\/p>\n
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N\u00f3tese, entonces, que la expedici\u00f3n de la respectiva sentencia o auto que ordena seguir adelante la ejecuci\u00f3n no depende de la presencia de los acreedores indeterminados del deudor, quienes de hecho pueden o no comparecer al coercitivo y hacer valer sus cr\u00e9ditos en el proceso donde son llamados, sin incidencia en los resultados de las diligencias o sus acreencias. Lo primero, porque la ejecuci\u00f3n se definir\u00e1 solo respecto de los acreedores que acudieron al proceso, y lo segundo, debido a que quienes no lo hicieron podr\u00e1n recaudar su obligaci\u00f3n con posterioridad o en proceso separado, solo que habr\u00e1n perdido la oportunidad de pagarse con los bienes del deudor cautelados en los procesos acumulados2. <\/p>\n
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Por eso, el numeral 5\u00b0 del precepto 463 del C\u00f3digo General del Proceso, antes numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 540 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se\u00f1ala: <\/p>\n
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5. Cuando fuere el caso, se dictar\u00e1 una sola sentencia que ordene llevar adelante la ejecuci\u00f3n respecto de la primera demanda y las acumuladas, y en ella, o en la que decida las excepciones desfavorablemente al ejecutado, se dispondr\u00e1: <\/p>\n
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a) Que con el producto del remate de los bienes embargados se paguen los cr\u00e9ditos de acuerdo con la prelaci\u00f3n establecida en la ley sustancial; <\/p>\n
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b) Que el ejecutado pague las costas causadas y que se causen en inter\u00e9s general de los acreedores, y las que correspondan a cada demanda en particular, y <\/p>\n
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c) Que se practique conjuntamente la liquidaci\u00f3n de todos los cr\u00e9ditos y las costas. <\/p>\n
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Por supuesto, el deber ser es convocar a todos los acreedores del deudor para que sus derechos sean satisfechos de acuerdo con las reglas de prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos. Y, por ende, tanto el fallador, como las partes del proceso deben velar por el cumplimiento de ese mandato. La cuesti\u00f3n es que si se trata de anular la actuaci\u00f3n por la inejecuci\u00f3n de esa directriz, los acreedores afectados con la irregularidad son los \u00fanicos habilitados para alegarla, en tanto solo a ellos perjudica, y no a las part\u00edcipes de la controversia, mucho menos, cuando, como ocurre en el caso, el yerro fue alegado en 2018, 5 a\u00f1os despu\u00e9s de que el juzgado de conocimiento hubiese dictado sentencia que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n (27 jul. 2012). <\/p>\n
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En suma, el Juzgado \u00danico Civil del Circuito de Fundaci\u00f3n no incurri\u00f3 en desafuero cuando concluy\u00f3 que no se cumpl\u00edan con los presupuestos para anular la actuaci\u00f3n a causa de haberse dictado sentencia estando suspendido el proceso, y no emplazarse a los acreedores indeterminados de la accionante. <\/p>\n
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2.1.3.- La suerte no cambia respecto de la queja relativa a que la acumulaci\u00f3n se decret\u00f3 respecto del ejecutivo de menor cuant\u00eda al de m\u00ednima, cuando deb\u00eda ser al contrario, toda vez que frente al punto el amparo no satisface el presupuesto de subsidiariedad. Y, en todo caso, el yerro denunciado carece de trascendencia frente a las garant\u00edas de la precursora. <\/p>\n
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Frente a la ausencia de subsidiariedad, n\u00f3tese que el Juzgado \u00danico Civil del Circuito de Fundaci\u00f3n no se pronunci\u00f3 sobre ese t\u00f3pico en el prove\u00eddo de 23 de noviembre de 2022, mientras que la interesada no solicit\u00f3 su soluci\u00f3n a trav\u00e9s del mecanismo de la adici\u00f3n, que era la herramienta que ten\u00eda para el efecto, de acuerdo con el art\u00edculo 287 del C\u00f3digo General del Proceso. Mem\u00f3rese sobre el particular, que esa tem\u00e1tica, al igual que las asociadas a la reanudaci\u00f3n del proceso en medio de la suspensi\u00f3n, y la indebida citaci\u00f3n de los acreedores indeterminados, fueron objeto de los escritos de nulidad presentados por la actora (18 de diciembre de 2018 y 18 de marzo de 2021), y asimismo el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de esa localidad los desat\u00f3 a trav\u00e9s de los autos de 24 de enero y 9 de marzo de 2022, que fueron materia de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
Ahora, respecto a la trascendencia del vicio alegado, debe decirse que, si bien, como lo aduce la quejosa, en la providencia que decret\u00f3 la acumulaci\u00f3n se dispuso que la misma operaba respecto del ejecutivo 2011-00118-00 (menor cuant\u00eda), al 2011-00072-00 (m\u00ednima cuant\u00eda), lo cierto es que esa precisi\u00f3n, en la pr\u00e1ctica, no redund\u00f3 en perjuicio de sus garant\u00edas. Y as\u00ed fue porque no obstante lo anterior, el tr\u00e1mite impartido a la causa fue el del asunto de menor cuant\u00eda. Muestra de ello es que el Juzgado \u00danico Civil del Circuito de Fundaci\u00f3n revis\u00f3, en segunda instancia, la negativa a declarar las nulidades incoadas. Adicionalmente, como se observa de las diligencias criticadas, el impulso de las causas tuvo lugar en aquel ejecutivo, y no en el de m\u00ednima. <\/p>\n
<\/p>\n
2.2. – Sobre la nulidad de la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito y la ilegalidad del embargo del salario. <\/p>\n
<\/p>\n
Lo resuelto al respecto de esa tem\u00e1tica tampoco merece reproche constitucional alguno, pues la agencia del circuito consider\u00f3 que los reparos enfilados contra dichas actuaciones no daban lugar a su invalidez porque no encuadraban en los supuestos previstos en el art\u00edculo 143 del C\u00f3digo General del Proceso a efectos de su anulaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
Frente al t\u00f3pico, se esboz\u00f3 en el interlocutorio de 23 de noviembre: <\/p>\n
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Respecto del segundo motivo de invalidez aducido, esto es, la no aceptaci\u00f3n de la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito por nulidad del contrato, debe precisarse que los se\u00f1alamientos expuestos no concuerdan con ninguna de las causales enlistadas en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, de tal suerte que, su proposici\u00f3n rompe con la taxatividad normativa. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Precisado el asunto, y hall\u00e1ndose excluido de la esfera de las nulidades procesales, caen por su peso las sustentaciones esbozadas por el apoderado de la demandada. <\/p>\n
<\/p>\n
Finalmente, como tercer motivo de invalidez se alega la ilegalidad de la orden de embargo de salarios de la demandada dirigida al Banco BBVA. <\/p>\n
<\/p>\n
Frente a ello, solo basta remitirse a los autos proferidos al interior de este asunto, extray\u00e9ndose que para la \u00e9poca en que se libr\u00f3 las \u00f3rdenes de embargo, fung\u00eda como titular del Juzgado que lo conoci\u00f3 en primera instancia, el doctor Luis Alberto Salgado Gamero. <\/p>\n
<\/p>\n
De tal suerte que, no encuentra este despacho que el hecho de que, a simple vista denota, por secretar\u00eda se incurriera en un lapsus de transcripci\u00f3n, al insertar el nombre de una persona distinta al Juez de ese entonces, en el oficio No. 2723 de 02 de noviembre de 2018 por el cual se comunica la orden de embargo, sea indicio de su ilegalidad, o que se incurriera en un fraude procesal, pues, a criterio de este funcionario, no tiene la fuerza para invalidar la orden emitida en el prove\u00eddo de fecha 31 de agosto de 2011 que decret\u00f3 las medidas cautelares. En todo caso, en gracia de discusi\u00f3n, el apoderado de la ejecutada ejerci\u00f3 acciones penales, pues aflora del expediente que tal circunstancia fue denunciada ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
Por lo tanto, este embate no ser\u00e1 objeto de estudio por no configurar una irregularidad procesal de las establecida en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso (se enfatiza). <\/p>\n
<\/p>\n
Es decir, el fallador desestim\u00f3 las nulidades invocadas con estribo en el principio de taxatividad que las rige, seg\u00fan el cual solo es viable invalidar un tr\u00e1mite procesal cuando se estructuren los precisos motivos contemplados en el citado precepto y se obtenga prueba con violaci\u00f3n del debido proceso, conforme al canon 29 constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
Luego, la hermen\u00e9utica reprochada en punto a la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito y el embargo del salario de la peticionaria tampoco es descabellada y, por ende, no puede desconocerse a trav\u00e9s de este sendero, reservado como se encuentra para casos de indiscutible arbitrariedad judicial. <\/p>\n
<\/p>\n
2.4.- As\u00ed las cosas, la Corte infiere que lo decidido sobre las nulidades pretendidas por la suplicante obedece a criterios objetivos, lo que impide conceder la salvaguarda implorada. <\/p>\n
<\/p>\n
Por \u00faltimo, no sobra precisar que, ante la razonabilidad del interlocutorio de 23 de noviembre de 2022, por medio del cual el Juzgado \u00danico Civil del Circuito de San Gil zanj\u00f3 los cuestionamientos realizados por la actora hacia la acumulaci\u00f3n de los ejecutivos, la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito y el embargo de su salario es improcedente que la Sala reexamine directamente esas actuaciones. Adem\u00e1s, como arriba se analiz\u00f3, la negativa a invalidarlas est\u00e1 debidamente justificada en las normas aplicables al instituto de las nulidades procesales. <\/p>\n
<\/p>\n
3.- Entonces, el ruego es improcedente, por ausencia de inmediatez, frente al mandamiento de pago, la entrega de dineros dispuesta en auto de 9 de marzo de 2022, y la sentencia que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n. Respecto de las dem\u00e1s actuaciones, t\u00e9ngase en cuenta que lo dirimido sobre ellas por el Juzgado \u00danico Civil del Circuito de Fundaci\u00f3n es razonable. Por tanto, se ratificar\u00e1 la negativa a conceder el amparo formulado por Silvana Guerra. <\/p>\n
<\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
<\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
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MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
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HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En esa direcci\u00f3n, lo dispon\u00eda el art\u00edculo 541 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en armon\u00eda con el 540, aplicables al asunto para el momento en que se decret\u00f3 la acumulaci\u00f3n (2 mar. 2012), pautas reiteradas en el C\u00f3digo General del Proceso, en sus art\u00edculos 463 y 464. <\/p>\n
7 <\/p>\n
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