STC1775-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC1775-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-00772-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00b0) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Mario Alberto Restrepo Zapata le instaur\u00f3 a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2022-00116. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio, exigi\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb, para que se ordenara a la Magistratura censurada, \u00abaplicar art 37 ley especial y aut\u00f3noma 472 de 1998 y se le ordene fallar en un t\u00e9rmino no superior a 48 horas tal como lo ha ordenado la H CSJ SCC en tutelas H CSJ STC 110010203 00020200272200 MP SR LUIS A TOLOSA H CSJ SCC (\u2026) STC11309-2020 (\u2026) STL11465 DE 2020 [y] SE DE APLICACI\u00d3N SENTENCIA C-367 DE 2014\u00bb; al igual que, \u00abse ordene al secretario del Tribunal a fin que aporte constancia de todas las etapas procesales realizadas en el tribunal, consignando, d\u00eda mes y a\u00f1o de ellas a fin de pedir aplicaci\u00f3n art 84 ley 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n
Del dossier se extrae que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, en la acci\u00f3n popular que Mario Alberto inco\u00f3 contra Juliana Mar\u00eda Rodr\u00edguez S\u00e1nchez – propietaria del establecimiento de comercio \u201cCentro \u00d3ptico MJ\u201d- (n\u00ba 2022-00116), dict\u00f3 sentencia en la que \u00abAmpar\u00f3 el derecho colectivo al acceso a los servicios prodigados por el accionante y a que su prestaci\u00f3n sea eficiente y oportuna\u00bb y mand\u00f3 a la vencida \u00abque de conformidad con lo previsto por el art\u00edculo 42 de la Ley 472 de 1998, en el t\u00e9rmino de dos (2) meses preste garant\u00eda bancaria o p\u00f3liza de seguros, por la suma de $5.000.000 para garantizar el cumplimiento de la sentencia\u00bb (4 oct. 2022). <\/p>\n
Impugnada esa decisi\u00f3n por ambas partes, el superior admiti\u00f3 la alzada (17 feb. 2023); sin embargo, sostuvo el gestor que \u00abincumple los t\u00e9rminos perentorios de tiempo que ordena art 37 ley 472 de 1998, ley ESPECIAL Y AUT\u00d3NOMA al no existir veredicto final en los t\u00e9rminos perentorios de tiempo que le ordena la ley 472 de 1998 al tutelado\u00bb; de ah\u00ed que ha desconocido el \u00abART 120, 117 CODIGO GENERAL DEL PROCESO (\u2026) No tiene sentido que la ley especial 472 de 1998 , art 37 ordene t\u00e9rminos perentorios de tiempo para tener un veredicto final, si estos se incumplen por el tutelado, y sin embargo se exige su cumplimiento inexorable y estricto por parte de los actores populares\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que, debido al \u00abinjustificado escenario de indefinici\u00f3n que aqu\u00ed se registra, sin consideraciones adicionales, tutel[a], solicitando en amparo Tutelar por el juez Constitucional, pues justicia tard\u00eda, no es otra cosa que injusticia\u00bb; adem\u00e1s, invoc\u00f3 la \u00absentencia SU333-2020, SU048-2021, donde se lee que el actor \u201c(\u2026) no tiene la obligaci\u00f3n de agotar ning\u00fan mecanismo judicial (\u2026) porque (\u2026) solo entrar\u00eda a aumentar la mora judicial y agudizar la tardanza\u00bb. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Pereira, dijo que \u00ab[e]l 13-02-2023 la Oficina Judicial reparti\u00f3 la acci\u00f3n popular para desatar la impugnaci\u00f3n contra el fallo de primera instancia y el 17-02-2023 la Sala Unitaria admiti\u00f3 el recurso (Arts.37, Ley 472, 321 y 322, CGP y 12, Ley 2213). El expediente est\u00e1 en [su] Secretar\u00eda, pendiente de que corran los plazos de sustentaci\u00f3n y r\u00e9plica\u00bb, por lo que, es \u00ab[i]mposible enrostrar inobservancia deliberada de los t\u00e9rminos procesales, pues, se trata de actuaciones previas y necesarias para desatar el recurso; a\u00fan no ingresa el proceso a despacho\u00bb. <\/p>\n
El Municipio de Pereira aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, dado que \u00abla administraci\u00f3n municipal no cuenta con la facultad de exigir de las personas privadas la adecuaci\u00f3n de los espacios privados o locales comerciales, ello teniendo en cuenta que la norma que ordena la adecuaci\u00f3n se refiere a entidades gubernamentales o que presten servicios p\u00fablicos, en tanto que con las empresas que como en el caso sometido a estudio, prestan un servicio al p\u00fablico, no le es dable acceder al interior del establecimiento y su competencia se debe limitar a verificar que cumpla con las normas legales en su acceso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Ab initio, se anuncia que la salvaguarda no puede abrirse paso porque, aunque se reprocha la \u00abmora judicial\u00bb de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira para dirimir la impugnaci\u00f3n de la directriz de 4 de octubre de 2022, emitida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira en la demanda colectiva n\u00ba 2022-00116, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998, lo cierto es que la misma no fluye de los medios suasorios arrimados al infolio. <\/p>\n
Se hace tal aseveraci\u00f3n, en raz\u00f3n a que, de las evidencias allegadas al plenario y de la revisi\u00f3n en la p\u00e1gina web de la Rama Judicial, se avizora que el 13 de febrero de 2023, \u00abadmiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb formulado por los extremos de la Litis y \u00ab[corri\u00f3] traslado cinco (5) d\u00edas a los apelantes para que sustenten; cumplida la carga, se dar\u00e1 traslado a la contraparte por el mismo t\u00e9rmino para la r\u00e9plica (Art.12, Ley 2213)\u00bb (17 feb.), providencia notificada por estado electr\u00f3nico n\u00ba 27 de 20 de febrero \u00faltimo. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que la \u00abmora judicial\u00bb tiene lugar cuando es producto de una actuaci\u00f3n arbitraria, subjetiva o caprichosa del funcionario que desconoce los plazos legales y carece de un motivo probado y razonable para excusarla (STC13162-2021), situaci\u00f3n que no se advierte en el sub examine, ya que el iudex plural reprochado est\u00e1 adelantando las gestiones que le competen \u00abprevias y necesarias para desatar el recurso\u00bb y, se encuentra dentro de lo t\u00e9rminos de ley para dirimir la alzada (Art. 37, Ley 472 de 1998). <\/p>\n
2.- La aspiraci\u00f3n del quejoso, encaminada a que se \u00abapliquen\u00bb los precedentes por \u00e9l relacionados, en los que se dispuso tramitar la apelaci\u00f3n\u00bb con \u00abestricta observancia de los t\u00e9rminos procesales\u00bb, no resulta viable, en tanto (i) no se observa la \u00abmora judicial\u00bb endilgada a la autoridad acusada y, (ii) cada caso tiene particularidades que lo diferencia de los dem\u00e1s y de \u00e9ste, luego no conducen a resolver de manera id\u00e9ntica, m\u00e1s, cuando las resoluciones adoptadas en sede constitucional son \u00abinter partes [y] (\u2026) no [tienen] la virtualidad de extender sus efectos a la situaci\u00f3n que [se] plantea en relaci\u00f3n con [el interesado] en este tr\u00e1mite\u00bb (CSJ STC, 22 may. 2009, rad. 00124-01, reiterada en STC15739-2022), de conformidad con lo reglado en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 48 de la Ley 270 de 1996. <\/p>\n
3.- En lo que corresponde con el anhelo tendiente a que se ordene al Secretario del Tribunal Superior de Pereira \u00abaporte constancia de todas las etapas procesales realizadas en el tribunal, consignando, d\u00eda mes y a\u00f1o de ellas a fi n de pedir aplicaci\u00f3n art 84 ley 472 de 1998\u00bb, se aprecia que el memorialista no ha acudido a esa dependencia a requerir lo que por este sendero busca, a fin de que se pronuncie al respecto, en el marco de sus funciones; pedimento que, por tanto, escapa de la \u00f3rbita constitucional, en virtud del car\u00e1cter residual y subsidiario que gobierna a la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
4.- Como colof\u00f3n, el ruego supralegal es inviable. <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instada por Mario Alberto Restrepo Zapata. <\/p>\n
<\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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