STC1778-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1778-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2023-00012-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 el 1\u00b0 de febrero de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Miguel Arturo Fl\u00f3rez Loaiza contra el Juzgado Civil del Circuito de Purificaci\u00f3n, Tolima, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Promiscuo Municipal de Prado y los intervinientes en el litigio n\u00ba 2019-00066. <\/p>\n
1. Por intermedio de apoderado judicial, el accionante invoc\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada, al revocar en sede de apelaci\u00f3n, la decisi\u00f3n que hab\u00eda resultado favorable a sus intereses. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que aunque adquiri\u00f3 la posesi\u00f3n de la franja de terreno denominada \u00abEL CASUNO No. 2\u00bb, por cesi\u00f3n que le hiciera Jaime Hernando Rodr\u00edguez, el 15 de enero de 2019 Jos\u00e9 Agust\u00edn y Rafael Rodr\u00edguez Lozano ingresaron \u00abclandestinamente\u00bb al predio despojando de la tenencia a su arrendatario, situaci\u00f3n que fue infructuosamente puesta en conocimiento de la inspecci\u00f3n de polic\u00eda de Prado, Tolima, lo que conllev\u00f3 a que adelantara acci\u00f3n posesoria por despojo en contra de aqu\u00e9llos ante el Juzgado Promiscuo Municipal de esa localidad (n\u00b0 2019-00066). <\/p>\n
Refiere que agotado el tr\u00e1mite procesal de rigor, en audiencia realizada el 8 de junio de 2022 se emiti\u00f3 sentencia estimatoria de las pretensiones, determinaci\u00f3n que fue atacada con \u00e9xito en apelaci\u00f3n por el extremo demandado, pues en fallo del 30 de noviembre siguiente el Juzgado Civil del Circuito de Purificaci\u00f3n revoc\u00f3 lo resuelto para declarar probada la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, y en consecuencia, negar lo reclamado, incurriendo en v\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico, pues se \u00abomiti\u00f3 valorar medios probatorios que tienen incidencia directa con la decisi\u00f3n y, adem\u00e1s, le dio mayor valor probatorio a las pruebas indirectas omitiendo valorar las que directamente conten\u00edan la constancia de los hechos\u00bb. <\/p>\n
3. En ese orden, pretende a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional \u00abDECRETAR LA NULIDAD de la sentencia adiada 30 de noviembre de 2022 emitida por el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE PURIFICACI\u00d3N dentro del proceso declarativo verbal posesorio con radicaci\u00f3n 735634089001-2019-00066\u00bb, para que se \u00abemita nueva sentencia de segunda instancia, teniendo en cuenta los argumentos presentados en el escrito que descorri\u00f3 el traslado de la apelaci\u00f3n, en el escrito que descorri\u00f3 el traslado de las excepciones de m\u00e9rito y en los alegatos de conclusi\u00f3n, as\u00ed como valorando cada uno de los medios probatorios incorporados y practicados dentro del proceso\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El titular del Juzgado Cuarto Civil Municipal del Girardot solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la acci\u00f3n, toda vez que \u00abDentro del escrito de tutela no se endilga ninguna actuaci\u00f3n vulneratoria por parte del despacho que represento\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Civil del Circuito de Purificaci\u00f3n pidi\u00f3 desestimar el amparo, y se\u00f1al\u00f3 que se \u00abat[iene] al an\u00e1lisis efectuado en la parte considerativa de la sentencia de segunda instancia calendada el treinta (30) de Noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022) que obra en el expediente, la cual solicito se tenga como prueba al momento de desatar la tutela\u00bb. <\/p>\n
3. Por su parte, la Juez Promiscuo Municipal de Prado precis\u00f3, que \u00abcontra este Despacho no se orienta ning\u00fan reproche de menoscabo de los derechos invocados por el accionante, por lo cual consideramos que debemos ser desvinculados o exonerados de cualquier tipo de responsabilidad dentro de la presente acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4. Finalmente, Agust\u00edn y Rafael Rodr\u00edguez Lozano, en calidad de demandados dentro del litigio revisado, a trav\u00e9s de apoderado judicial se opusieron a lo pretendido a trav\u00e9s del presente mecanismo de protecci\u00f3n, comoquiera que \u00abEn el asunto que nos ocupa, el demandante abogado MIGUEL ARTURO FLOREZ LOAIZA ha venido litigando desde hace m\u00e1s de diez (10) a\u00f1os y ha sido vencido en juicio en el cual se le neg\u00f3 por este Honorable Tribunal al se\u00f1or JAIME HERNANDO RODRIGUEZ QUINCHE calidad alguna de poseedor del predio el CASUNO 2 al ser causahabiente de la se\u00f1ora ZOILA ROSA RODRIGUEZ a quien se le neg\u00f3 su calidad de poseedora\u00bb; adem\u00e1s, si lo que se alega el inconforme es que se le desconocieron pruebas, \u00abha debido aportarlas en la forma que estable el C\u00f3digo General del Proceso, lo cual no aparece por ning\u00fan lado\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el resguardo, arguyendo que la decisi\u00f3n censurada no constituye v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, pues, aunque el gestor considera que el fallador de segunda instancia incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, \u00abRevisada la documentaci\u00f3n aportada en el plenario digital, avizora la Colegiatura que en la determinaci\u00f3n proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Purificaci\u00f3n, el 30 de noviembre de 2022, no se identifica un actuar arbitrario o contrario a los preceptos legales que rigen el litigio cuestionado, motiv\u00e1ndose el fallo en consideraci\u00f3n con la normatividad que rige el asunto controvertido, los supuestos f\u00e1cticos del caso, el material probatorio recaudado y el precedente jurisprudencial decantado sobre la materia\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el accionante reiterando las censuras a la decisi\u00f3n recriminada conforme las plasm\u00f3 en el escrito inicial, a lo que agreg\u00f3 que \u00ab(\u2026) al Tribunal le bast\u00f3 con citar apartes de la cuestionada sentencia para concluir que no evidenci\u00f3 un obrar caprichoso, arbitrario o evidentemente contrario a derecho por parte del fallador, resultando razonable la interpretaci\u00f3n y valoraci\u00f3n probatoria efectuada por el ad quem tras concluir que no confluyen los presupuestos para la prosperidad de la acci\u00f3n, sin explicar, reitero, por qu\u00e9 las pruebas desechadas por el Juzgado no eran relevantes para la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si la autoridad judicial convocada vulner\u00f3 las garant\u00edas denunciadas al revocar la sentencia de primera instancia proferida el 8 de junio de 2022 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Prado, Tolima, para denegar las pretensiones de la demanda posesoria presentada por Miguel Arturo Fl\u00f3rez Loaiza (aqu\u00ed interesado), contra Jos\u00e9 Agust\u00edn Rodr\u00edguez Lozano y otros, con radicado n\u00b0 2019-00066, por incurrir supuestamente en v\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico, al no valorar la totalidad de los medios de convicci\u00f3n aportados y apreciar erradamente otros. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El caso concreto <\/p>\n
De la revisi\u00f3n efectuada a la queja constitucional y con observancia en las piezas procesales arrimadas al expediente, establece la Sala que habr\u00e1 de mantenerse el fallo denegatorio de primera instancia, por las razones que a continuaci\u00f3n se compendian. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Razonabilidad de la providencia cuestionada <\/p>\n
Al examinar la decisi\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual el Juzgado Civil del Circuito de Purificaci\u00f3n decidi\u00f3 \u00abREVOCAR la sentencia\u00bb dictada en audiencia el 8 de junio de 2022 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Prado, tras declarar probada la excepci\u00f3n de fondo denominada \u00abFALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR ACTIVA\u00bb, y en consecuencia, negar las pretensiones de la demanda, dentro del proceso posesorio por despojo promovido por el tutelante, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n denunciada por \u00e9ste, en raz\u00f3n a que el referido pronunciamiento se ajust\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable. <\/p>\n
En efecto, aunque el aqu\u00ed interesado acude al presente mecanismo excepcional alegando que la autoridad accionada dej\u00f3 de valorar la sentencia proferida por el juez cognoscente y la totalidad de las declaraciones rendidas al interior del decurso, y estim\u00f3 parcialmente otros medios de prueba allegados con la demanda, al revisar el contenido de la determinaci\u00f3n criticada observa la Corte, que el juez querellado, luego de precisar los requisitos de la acci\u00f3n posesoria prevista en el art\u00edculo 972 del C\u00f3digo Civil, descendi\u00f3 al estudio del caso y precis\u00f3, que \u00abnos encontramos frente a un caso particular, donde la posesi\u00f3n material sobre el predio controvertido ha sido discutida desde hace m\u00e1s de 20 a\u00f1os por personas que se han reputado poseedores y los demandados que de igual manera han reclamado dicho derecho durante todo ese lapso\u00bb. <\/p>\n
Y continu\u00f3 se\u00f1alando: \u00abLos demandados al descorrer el traslado de la demanda formularon la excepci\u00f3n de fondo que denominaron FALTA DE LEGITIMACI\u00d3N EN LA CAUSA POR ACTIVA, aduciendo que el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Girardot, ya le ha dicho al togado que su cedente JAIME HERNANDO RODRIGUEZ QUINCHE no tiene legitimaci\u00f3n para actuar ya que a dicho se\u00f1or se le neg\u00f3 la calidad de poseedor en el proceso de pertenencia de ZOLIA ROSA RODRIGUEZ DE LOZANO contra de los excepcionantes; que para el caso que nos ocupa, en el libelo introductorio de la demanda no se acredita que el se\u00f1or JAIME HERNANDO RODRIGUEZ QUINCHE tenga vocaci\u00f3n de poseedor. <\/p>\n
El demandante aporta como prueba para fundamentar sus pretensiones, el llamado contrato de \u201cCESI\u00d3N Y TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y ACCIONES DERIVADAS DE LA POSESI\u00d3N\u201d (fls. 87 a 94 Cuaderno de primera corregido – Archivo 001), en cual en sus cl\u00e1usulas primera y segunda se dice lo siguiente:\u00bb. <\/p>\n
\u201cPRIMERA.- Por medio del presente documento EL CEDENTE cede y transfiere AL CESIONARIO, su posesi\u00f3n plena que ejerce sobre el predio denominado el CASUNO No. 2, desde hace m\u00e1s de diez (10) a\u00f1os, ubicado en la vereda Pe\u00f1\u00f3n Alto del municipio de Prado Tolima, identificado con matr\u00edcula inmobiliaria 368-4747, ficha catastral 000200020200000, el cual tiene un \u00e1rea de ciento once mil trescientos veintitr\u00e9s punto cuarenta y ocho metros cuadrados (111.323.48 M2),\u2026\u201d. <\/p>\n
\u201cSEGUNDA. Garantiza EL CEDENTE que la posesi\u00f3n del inmueble, materia de e CESION, es de su \u00fanica y exclusiva propiedad y la ha pose\u00eddo forma regular, quieta, tranquila, pac\u00edfica, p\u00fablica y amprada judicialmente, hall\u00e1ndose libre de servidumbres, usufructo, habitaci\u00f3n, censos, anticresis, etc., por m\u00e1s de diez (10) a\u00f1os\u201d, inmueble cuya \u00e1rea e identificaci\u00f3n aparecen insertos en el mencionado documento\u00bb. <\/p>\n
De lo anterior consider\u00f3, que \u00abDel tenor literal de dicha cesi\u00f3n, se evidencian contundentes omisiones que lo dejan sin valor probatorio alguno, si se tiene en cuenta que contiene una serie de afirmaciones que no corresponden a la realidad y contrar\u00edan lo probado documentalmente en el proceso. <\/p>\n
Lo anterior, teniendo en cuenta que el cedente JAIME HERNANDO RODRIGUEZ QUINCHE, dice ceder al profesional del derecho MIGUEL ARTURO FLOREZ LOAIZA la posesi\u00f3n plena que ejerce sobre el predio denominado el CASUNO No. 2, desde hace m\u00e1s de diez (10) a\u00f1os, afirmaci\u00f3n que queda sin piso teniendo en cuenta las distintas decisiones que se han adoptado en los distintos procesos que se han tramitado frente a los hechos que motivan el proceso\u00bb. <\/p>\n
Luego, estudi\u00f3 otro medio de prueba aportado por el ahora inconforme, precisando lo siguiente: <\/p>\n
\u00abObran en el cartulario la sentencia de segunda instancia de fecha 7 de Septiembre de 2010 (fls. 199 a 207 C3 Archivo 020), proferida dentro del proceso ORDINARIO de PERTENENCIA Agraria promovido por ZOILA ROSA RODRIGUEZ DE LOZA NO contra los HEREDEROS DE JUAN LOZANO Y OTROS, en la que comparecieron al proceso los se\u00f1ores RAFAEL RODRIGUEZ LOZANO, JOSE AGUSTIN RODRIGUEZ LOZANO, JOSE ALVARO RODRIGUEZ LOZANO y MIRYAM RODRIGUEZ DE GUERRERO, oponi\u00e9ndose a las pretensiones, en la cual el Honorable Tribunal Superior – Sala Civil Familia – de Decisi\u00f3n, decidi\u00f3 revocar la sentencia de primera instancia proferida por este Juzgado el 16 de Julio de 2009 (fls. 177 a 194 Ib.) y, en su defecto, neg\u00f3 las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
Vale la pena destacar que en dicho asunto los se\u00f1ores JAIME HERNANDO RODR\u00cdGUEZ QUINCHE, CARLOS RAMON RODR\u00cdGUEZ QUINCHE, solicitaron y fueron reconocidos como sucesores procesales en calidad de hermanos de la se\u00f1ora ZOILA ROSA RODR\u00cdGUEZ DE LOZANO, quien hab\u00eda iniciado el proceso mencionado, raz\u00f3n por la cual la decisi\u00f3n surte efectos frente a ellos y, mal pueden seguir alegando ser poseedores del bien. <\/p>\n
3.2.2.- Sumado a lo anterior, obra la providencia de segunda instancia, emitida por la misma Corporaci\u00f3n el 26 de Agosto de 2015 (fls. 44 a 53 – Archivo 001), dentro del proceso POSESORIO adelantado por JOSE AGUSTIN RODRIGUEZ LOZANO contra JAIME HERNANDO RODRIGUEZ QUINCHE, mediante la cual la Superioridad decidi\u00f3 confirmar la sentencia de primera instancia de fecha 20 de Febrero de 2014, proferida por este Despacho, mediante la cual se le negaron las pretensiones al demandante. <\/p>\n
Ocurre sin embargo, que en dicha providencia, la Corporaci\u00f3n fue contundente en considerar lo siguiente: <\/p>\n
\u201cDe tal suerte, si la raz\u00f3n que tuvo en su momento esta Corporaci\u00f3n a trav\u00e9s de sentencia calendada el 7 de septiembre de 2.010, para negar la usucapi\u00f3n solicitada por la extinta Zoila Rosa Rodr\u00edguez de Lozano sobre \u00abEL CASUNO DOS\u201d, fue el hecho que la misma \u00abal denunciar y participar activamente en el proceso de sucesi\u00f3n del se\u00f1or JUAN LOZANO SANCHEZ en calidad de c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite est\u00e1 reconociendo sobre dicho bien dominio ajeno por hacer parte de una universalidad de bienes dejados por una persona…\u00bb (Fls. 46-72 C.4); la disertaci\u00f3n plasmada en dicha providencia debe trasladarse \u00edntegramente a este asunto, ante la manifestaci\u00f3n realizada por el propio demandante, la cual descarta de plano la posesi\u00f3n invocada\u201d. <\/p>\n
\u201c8.- Finalmente, cumple se\u00f1alar que al margen de si al actor el se\u00f1or Jos\u00e9 Agust\u00edn Rodr\u00edguez Lozano, le asiste o no alg\u00fan derecho en la sucesi\u00f3n rese\u00f1ada, la presente acci\u00f3n posesoria no se encamin\u00f3 a favor de la comunidad herencial, sino a nombre exclusivo del demandante\u201d (Subrayado del Juzgado)\u201d\u00bb. <\/p>\n
Explicando a continuaci\u00f3n que, en ese orden, \u00able est\u00e1 vedado al se\u00f1or JAIME HERNANDO RODR\u00cdGUEZ QUINCHE, ceder unos derechos de posesi\u00f3n que jam\u00e1s ha ostentado, pues n\u00f3tese que seg\u00fan lo afirma el Honorable Tribunal Superior, al denunciar y participar activamente en el proceso de sucesi\u00f3n del se\u00f1or JUAN LOZANO SANCHEZ en calidad de c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite, la extinta ZOILA ROSA RODR\u00cdGUEZ DE LOZANO est\u00e1 reconociendo sobre el predio El Casuno Dos, dominio ajeno por hacer parte de una universalidad de bienes dejados por una persona, raz\u00f3n por la cual de igual manera estaba inhabilitado para ceder esos derechos, pues qued\u00f3 claro que dicho pedio formaba parte del acervo hereditario de la aludida sucesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En l\u00ednea de lo expuesto concluy\u00f3, que contrario a lo considerado por el juez cognoscente, \u00ablas falacias contenidas en el documento llamado \u201cCESI\u00d3N Y TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y ACCIONES DERIVADAS DE LA POSESI\u00d3N\u201d, son exorbitantes, pues no puede una persona ceder una posesi\u00f3n que ostenta supuestamente \u201cdesde hace m\u00e1s de diez (10) a\u00f1os\u201d, cuando en Agosto de 2015 el Honorable Tribunal Superior -Sala Civil Familia- de Ibagu\u00e9, es contundente en afirmar que el bien est\u00e1 reconocido como de la Sucesi\u00f3n del extinto JUAN LOZANO SANCHEZ, es decir, hac\u00eda tan solo 4 a\u00f1os atr\u00e1s se le estaba indicando claramente que no se pod\u00eda alegar posesi\u00f3n por estar el bien radicado en cabeza de aquella sucesi\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, desemboca sin duda alguna en una falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, como bien lo alega la parte demandada, la cual ha debido ser declarada por la se\u00f1ora Juez de instancia y, al no hacerlo, la sentencia debe ser revocada como al efecto se har\u00e1\u00bb. <\/p>\n
Y para ahondar en argumentos, procedi\u00f3 a exponer otras razones que conducen al fracaso de lo pretendido, relacionadas con el ingreso en posesi\u00f3n del demandante al inmueble, con base en la \u00abResoluci\u00f3n 010 del 2 de noviembre de 2021 emitida por la Directora Administrativa de Justicia y Seguridad Ciudadana de Prado -Tolima\u00bb; \u00abResoluci\u00f3n No. 265 del 28 de junio de 2012\u00bb; \u00abResoluci\u00f3n No. 404 del 10 de Octubre de 2019, emanada de la Alcald\u00eda Municipal de Prado\u00bb, as\u00ed como en las documentales allegadas del proceso de sucesi\u00f3n de Juan Carlos Lozano Cardozo. <\/p>\n
Como puede observarse de lo rese\u00f1ado, el Juzgado del Circuito accionado valor\u00f3 cada uno de los elementos centrales objeto de discusi\u00f3n del recurso y los medios de prueba aportados, para darles el alcance demostrativo que seg\u00fan su criterio era menester conferirles, hermen\u00e9utica que, desde luego, no puede ser alterada por esta v\u00eda, m\u00e1xime si no se aprecia inconsulta, desfasada o irracional, en todo caso, distante de edificar la v\u00eda de hecho denunciada. <\/p>\n
Es que sobre la pretensi\u00f3n de exigir al juzgador una determinada valoraci\u00f3n de los medios probatorios y de la interpretaci\u00f3n normativa, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes, la Sala en precedencia ha indicado: <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC098-2023, 18 en. 2023, rad. 00207-01). <\/p>\n
De manera que esta particular justicia s\u00f3lo intervendr\u00eda en la esfera probatoria, cuando eventualmente el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea notorio, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la disposici\u00f3n, lo cual ciertamente no ocurri\u00f3 en este supuesto. <\/p>\n
Ahora bien, el solo hecho de no compartir los argumentos anteriores, no convierte esa determinaci\u00f3n en una v\u00eda de hecho apta de ser revisada por el juez de tutela, pues, la sola divergencia conceptual no puede ser fuente para demandar el amparo constitucional, porque esta v\u00eda excepcional no fue concebida como instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las deducciones valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta. Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia (\u2026)\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterado, STC619-2023, 1\u00b0 feb. 2023, rad. 00709-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
La providencia atacada no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda; adem\u00e1s, lo pretendido por el ac\u00e1 querellante es anteponer su propio criterio al del juzgado accionado, sustituyendo la hermen\u00e9utica del funcionario de instancia, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela, pues no puede ser utilizada a modo de instancia adicional a las consagradas en el estatuto procedimental. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC1778-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC1778-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2023-00012-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71507","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71507","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71507"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71507\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71507"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71507"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71507"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}