STC1783-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1783-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2023-00057-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 8 de febrero de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda del Pilar Ag\u00e1mez Sarabia contra los Juzgados Sexto Civil del Circuito y Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Doce Civil Municipal de la misma localidad y los intervinientes en la ejecuci\u00f3n con garant\u00eda real n\u00b0 2016-00559. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por intermedio de apoderado judicial, la solicitante acude al presente mecanismo supralegal buscando la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, administraci\u00f3n de justicia, defensa y \u00abpropiedad privada\u00bb, que considera quebrantados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Refiere en s\u00edntesis, que agotadas las etapas pertinentes dentro del hipotecario seguido en su contra por el Banco Caja Social S.A., en prove\u00eddo del 21 de noviembre de 2016 el Juzgado Doce Civil Municipal de Cartagena orden\u00f3 seguir adelante con el cobro en la forma decretada en el mandamiento de pago librado el 5 de agosto de ese mismo a\u00f1o, as\u00ed como el aval\u00fao y remate del inmueble embargado. <\/p>\n
Refiere que subastado el bien objeto de garant\u00eda el 25 de noviembre de 2020, por auto del 21 de junio de 2021 el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de la misma urbe aprob\u00f3 la diligencia, pasando por alto que el aval\u00fao fue aprobado en el a\u00f1o 2019, \u00absiendo deber del juez de conocimiento ordenar la actualizaci\u00f3n del aval\u00fao y no proceder a efectuar el remate con uno desactualizado, lo cual [le] gener\u00f3 un perjuicio patrimonial\u00bb. <\/p>\n
Aduce que inconforme con lo resuelto, atac\u00f3 la citada determinaci\u00f3n a trav\u00e9s de los recursos ordinarios, y solicit\u00f3 la nulidad de lo actuado; sin embargo, en auto del 21 de septiembre de 2021 fueron desestimados sus pedimentos, determinaci\u00f3n que cuestion\u00f3 tambi\u00e9n sin \u00e9xito, pues el 16 de diciembre de 2022 el Juzgado Sexto Civil del Circuito de la misma ciudad confirm\u00f3 \u00edntegramente lo resuelto. <\/p>\n
3. Pretende, a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, \u00abse decrete la nulidad todo lo actuado al interior del proceso 13001400301220160055900, a partir del auto de fecha 7 de mayo de 2019, mediante el cual el JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCI\u00d3N DE SENTENCIAS DE CARTAGENA aprob\u00f3 el aval\u00fao presentado por la entidad demandante\u00bb y, en consecuencia, \u00abrequerir a la entidad demandante para que presente el aval\u00fao actualizado a la presente fecha, para efectos de seguir adelante con las actuaciones procesales a que haya lugar\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Sexta Civil del Circuito de Cartagena solicit\u00f3 denegar el resguardo, toda vez que \u00abno ha incurrido en violaci\u00f3n de derechos fundamentales, como el derecho al debido proceso del (sic) accionante, como quiera que el tr\u00e1mite surtido en esta instancia se sujet\u00f3 a las normas procedimentales establecidas para el caso\u00bb. <\/p>\n
2. La titular del Juzgado Doce Civil Municipal de la misma localidad, tras hacer un recuento de las actuaciones desplegadas al interior del recaudo revisado constitucionalmente, se\u00f1al\u00f3 que \u00abno se observa que la presunta vulneraci\u00f3n alegada en los hechos de la acci\u00f3n de tutela se encuentre relacionada con actuaci\u00f3n de este Juzgado\u00bb. <\/p>\n
3. El Juez Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Cartagena solicit\u00f3 despachar desfavorablemente lo aqu\u00ed reclamado, habida cuenta que \u00aben el tr\u00e1mite procesal del proceso ejecutivo, se le han guardado [a la gestoraI las garant\u00edas procesales para el ejercicio de una leg\u00edtima defensa\u00bb. <\/p>\n
4. Finalmente, el Banco Caja Social, luego de pronunciarse frente a cada uno de los hechos esbozados en el escrito de tutela, se opuso a lo pretendido, toda vez que las actuaciones adelantadas al interior del pleito criticado \u00abse realizaron de manera normal, por lo que consideramos que no existe ning\u00fan argumento v\u00e1lido para determinar que se haya actuado en contra de la normatividad vigente o exista violaci\u00f3n por parte de las autoridades judiciales acusadas\u00bb, m\u00e1s aun cuando \u00abLa parte demandada en el proceso ejecutivo pudo presentar la actualizaci\u00f3n del aval\u00fao, si a bien lo ten\u00eda, en el t\u00e9rmino que la norma lo estipula. Vencido este plazo y con actuaciones en firme, no puede pretender por v\u00eda de tutela revivir t\u00e9rminos judiciales y que se tenga en cuenta un aval\u00fao, el cual omiti\u00f3 presentar oportunamente\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
La colegiatura a quo neg\u00f3 la protecci\u00f3n solicitada por incumplir con el presupuesto de la inmediatez, tras advertir que si bien la gestora se duele de la providencia que aprob\u00f3 el aval\u00fao al interior del ejecutivo cuestionado, la misma data del 7 de mayo de 2019, mientras la solicitud de amparo fue presentada el 2 de febrero de 2023, \u00absuper\u00e1ndose por mucho el lapso temporal que se ha aceptado como razonable y proporcional para perseguir la garant\u00eda constitucional que se invoca\u00bb. Adem\u00e1s, analizado el prove\u00eddo que neg\u00f3 a la tutelante la invalidez de lo actuado, \u00abno se avista que lo all\u00ed decidido haya sido caprichoso o se aparte de los lineamientos legales que debieron rodear el caso, en efecto, se verificaron citas jurisprudenciales consistentes e interpretaciones l\u00f3gicas del contenido de la norma\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La gestora disinti\u00f3 de la determinaci\u00f3n, insistiendo en que \u00abse aprob\u00f3 mediante auto de fecha 7 de mayo de 2019 el aval\u00fao del inmueble embargado y secuestrado en el proceso en la suma de $336\u2019046.500 y el remate de [\u00e9]ste se realiz\u00f3 con base en dicho aval\u00fao en d\u00eda 25 de noviembre de 2020, es decir, un a\u00f1o y siete meses despu\u00e9s, momento en que el aval\u00fao estaba completamente desactualizado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas lesionaron, dentro del hipotecario adelantado por el Banco Caja Social contra la accionante (n\u00ba 2016-00559), las garant\u00edas esenciales invocadas, al rematar el inmueble materia de garant\u00eda teniendo en cuenta un aval\u00fao desactualizado, y, negar la nulidad invocada. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Examinados los argumentos de la queja constitucional y la informaci\u00f3n que se desprende de las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
3.1. Respecto de la aprobaci\u00f3n del remate <\/p>\n
El requisito de inmediatez <\/p>\n
Por cuanto la censura expresada a trav\u00e9s del presente instrumento, la querellante la enfil\u00f3 contra el auto proferido el 9 de junio de 2021 a trav\u00e9s del cual el Juzgado Tercero Civil Municipal de Cartagena resolvi\u00f3 \u00abAPROBAR en todas y cada una de sus partes la diligencia de remate llevada a cabo dentro de la presente ejecuci\u00f3n\u00bb, la Corte advierte que tal reclamo deviene extempor\u00e1neo, en raz\u00f3n a que la instauraci\u00f3n de esta salvaguarda tuvo lugar el 2 de febrero de 2023, es decir, excediendo el lapso de seis (6) meses que la decantada jurisprudencia ha se\u00f1alado como prudencial y razonable para promover la tutela de manera tempestiva. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, la jurisprudencia de esta Sala, a tono con la emanada de la Corte Constitucional, reiteradamente ha dicho que la procedencia del resguardo se condiciona al cumplimiento de todas y cada una de las causales generales de procedibilidad, entre las cuales se halla la inmediatez, esto es, que se intente en un plazo que no puede superar el semestre contado a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales, requisito que se exige con m\u00e1s rigurosidad de cara a una providencia judicial, porque: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados (\u2026). En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros\u00bb (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01, citada entre otras muchas en STC377-2023, 25 en. 2023, rad. 00431-01). Subrayado fuera del texto. <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea ha se\u00f1alado que, \u00abprecisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses [en tanto que] resulta contrario a la seguridad jur\u00eddica, postulado fundante del Estado de Derecho, reabrir debates ya decididos, por cuanto ello lejos de garantizar la vigencia de los derechos de los asociados y promover un orden justo, proh\u00edja y perpet\u00faa los conflictos y genera incertidumbre\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 00624-00, citada entre otras en STC10043-2022, 4 ago., rad. 01396-01). Se resalta. <\/p>\n
Sobre el nivel de exigencia frente al criterio temporal, recu\u00e9rdese que tal presupuesto no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable superarlo o no, condici\u00f3n esta que le impone al juez constitucional, realizar un balance de los derechos fundamentales en juego y de las razones expuestas como justificantes de la inercia para acudir al ruego tuitivo, y, finalmente, las calidades personales o profesionales de quien la promueve. <\/p>\n
A\u00fan de superarse la anotada deficiencia, el resguardo tampoco tendr\u00eda vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que, si en criterio de la reclamante se suscitaron las irregularidades denunciadas en el prove\u00eddo que acaba de verse, relacionadas con que no pod\u00eda aprobarse la almoneda en raz\u00f3n a la desactualizaci\u00f3n del aval\u00fao al momento de realizarse la diligencia, debi\u00f3 haberlas expuesto oportunamente en el curso del respectivo asunto, oportunidad que desaprovech\u00f3, pues (i) en auto del 10 de agosto de 2021 se tuvieron por extempor\u00e1neos los recursos interpuestos contra la citada decisi\u00f3n; adem\u00e1s, la gestora (ii) pudo presentar la actualizaci\u00f3n del aval\u00fao y no lo hizo, y, (iii) tampoco aleg\u00f3 irregularidad alguna antes de la adjudicaci\u00f3n del bien de conformidad con lo previsto en el canon 455 ib\u00eddem. <\/p>\n
Sobre el tema, la Sala ha sido enf\u00e1tica al expresar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada en STC17487-2016, 1\u00b0 dic. <\/p>\n
En consecuencia, las prenotadas omisiones en las oportunidades que el ordenamiento procesal prev\u00e9 para presentar sus argumentos releva a esta particular justicia de ahondar en las dem\u00e1s tem\u00e1ticas expuestas por la solicitante, teniendo en cuenta que, como se anot\u00f3, la viabilidad del amparo se encuentra supeditada a la actuaci\u00f3n diligente de la parte interesada en procura de la resoluci\u00f3n de las controversias en el escenario pertinente. <\/p>\n
3.2. Razonabilidad de la decisi\u00f3n que neg\u00f3 la invalidez <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, t\u00e9ngase en cuenta que el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena, para resolver en auto del 16 de diciembre de 2022, mantener \u00edntegramente la decisi\u00f3n tomada el 21 de septiembre de 2021 por el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil de la misma localidad de \u00abNO ACCEDER a la solicitud de ilegalidad y nulidad presentado por la parte demandada\u00bb, no incurri\u00f3 en irregularidad alguna con fuerza suficiente que imponga la necesaria injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
En efecto, para arribar a citada decisi\u00f3n, luego de precisar que \u00ab El r\u00e9gimen de nulidad procesal, desarroll\u00f3 tres principios b\u00e1sicos: los de especificidad, protecci\u00f3n y convalidaci\u00f3n. El primero consiste en la consagraci\u00f3n positiva del sistema taxativo, seg\u00fan el cual, no hay vicio suficiente para constituir la nulidad sin norma previa que la se\u00f1ale; el segundo en la necesidad de establecer la nulidad para proteger a la parte cuyo derecho fue conculcado o vulnerado; y el tercero, en hacer desaparecer la nulidad por obra del consentimiento expreso o t\u00e1cito de la parte afectada, a quien el vicio ha debido infringir agravio\u00bb, as\u00ed como las previsiones de los art\u00edculo 453 y sgtes. del C\u00f3digo General del Proceso, descendi\u00f3 al caso concreto y se\u00f1al\u00f3: \u00abtal como lo manda el art\u00edculo transcrito en l\u00edneas anteriores, las irregularidades que llegaren afectar la validez del remate deben ser alegadas antes de la adjudicaci\u00f3n del bien, es decir, que la circunstancia alegada por el recurrente debi\u00f3 ser manifestada con anterioridad a la pr\u00e1ctica de la diligencia de remate o inclusive durante su desarrollo, circunstancia que no aconteci\u00f3 en el sub lite, sino que como qued\u00f3 demostrado en lo rese\u00f1ado, la oposici\u00f3n a la misma se present\u00f3 mucho despu\u00e9s\u00bb. As\u00ed las cosas, concluy\u00f3 que \u00abhab\u00eda precluido el t\u00e9rmino para oponerse al remate\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, se reitera que mientras lo resuelto no revele arbitrariedad, capricho o desmesura, la sola divergencia conceptual lo descalifica la decisi\u00f3n para abrirle paso a la protecci\u00f3n deprecada, pues recu\u00e9rdese que esta procede cuando lo actuado se encuentre afectado por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
En ese sentido se ha dicho y reiterado que el resguardo: \u00ab(\u2026) no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, citada, entre otras, en STC2853-2021, 19 mar., rad. 00060-01 y STC448-2023, 25 ene., rad. 01250-01). <\/p>\n
4. Conclusiones. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, se impone respaldar el fallo impugnado, porque i) aunque la accionante se duele de la desactualizaci\u00f3n del aval\u00fao base del remate aprobado, tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, sin que se advirtiera una raz\u00f3n que justificara dicha demora, y, no hizo uso oportuno y adecuado de los medios judiciales legalmente previstos para rebatir la situaci\u00f3n censurada; as\u00ed mismo, ii) la desestimaci\u00f3n de la nulidad no es producto de un subjetivo criterio que configure defecto susceptible de enmendar a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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