STC1785-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1785-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-00793-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se desata la tutela que Carlos Alberto Citelli Padilla le instaur\u00f3 a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto y al Juzgado Primero Civil del Circuito de T\u00faquerres, extensiva a Janeth Omaira Moran Rodr\u00edguez y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2019-00041. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El libelista reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al debido proceso, para que se ordenara anular las sentencias de ambas instancias en el juicio de la referencia y \u00abse remite el proceso a la Jurisdicci\u00f3n Contenciosa Administrativa\u00bb. <\/p>\n
En compendi\u00f3 adujo que el 17 de julio de 2017 prometi\u00f3 en venta a Janeth Omaira Moran Rodr\u00edguez los inmuebles con folios de matr\u00edcula 242-1557, 242-4125 y 242-511, acordada en $250.000.000; al no cumplirse lo pactado \u00e9sta inici\u00f3 pleito ejecutivo en su contra (rad. 2018-00047), donde se le mand\u00f3 protocolizar la escritura p\u00fablica respectiva, tr\u00e1mite que llev\u00f3 a cabo el 27 de junio de 2019 en la Notaria Cuarta de Pasto (E.P. n\u00ba 3089, aclarada el 9 de julio siguiente n\u00ba 3325). <\/p>\n
Por lo anterior, formul\u00f3 ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de T\u00faquerres demanda verbal de lesi\u00f3n enorme contra Omaira Rodr\u00edguez y aport\u00f3 peritaje de ingeniero civil \u00abel cual avalu\u00f3 los bienes En SETECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTITR\u00c9S PESOS ($791.252.123) para la \u00e9poca del negocio jur\u00eddico y en OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS ($839.792.400) para el momento de presentaci\u00f3n de la reforma de la demanda\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo, que el dictamen se sustent\u00f3 en que los predios son de naturaleza urbana conforme a la certificaci\u00f3n de sus de suelos expedida por la Secretaria de Planeaci\u00f3n Municipal de Ricaurte (11 oct. 2017) y utiliz\u00f3 el m\u00e9todo denominado residual, que se basa \u00aben la proyecci\u00f3n de urbanizaci\u00f3n de dichos bienes descontando los gastos que implicar\u00eda la adecuaci\u00f3n de los predios, teniendo en cuenta que no fue posible la aplicaci\u00f3n del m\u00e9todo de mercadeo, por cuanto no se encontr\u00f3 bienes con similares caracter\u00edsticas\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el \u00e1rea de los fundos se determin\u00f3 con el levantamiento topogr\u00e1fico de 7 de octubre de 2017 y las variables de valor del terreno urbanizado que fue calculado en $180.000 y costos de urbanismo en $95.000, de manera que al hacer las operaciones correspondientes y aplicando las tablas FITTO y CORVINI el experto determin\u00f3 en $41.000 el metro cuadrado. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que su contraparte alleg\u00f3 aval\u00fao de agosto de 2019 por \u00ab($459573000)\u00bb que, en algunos apartes se catalogaron los bienes como rurales y se emple\u00f3 el \u00abm\u00e9todo residual\u00bb para concluir que el metro cuadrado asciende a $31.000. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el a quo desestim\u00f3 su evaluaci\u00f3n \u00abaduciendo que el levantamiento topogr\u00e1fico realizado por el top\u00f3grafo \u00c1lvaro A. Erazo, el 07 de octubre de 2017, el cual sirvi\u00f3 como sustento del avalu\u00f3, no se encontraba anexo con el dictamen y no hacia parte del mismo\u00bb; adem\u00e1s, porque \u00abde acuerdo a lo informado por el perito se advierte que si bien los m\u00e9todos y f\u00f3rmulas aplicables se encuentran reguladas en la resoluci\u00f3n No. 620 del 23 de septiembre del 2008 expedida por el IGAC, lo cierto es que no resulta claro que el valor de las variables haya sido terminado con fundamento en criterios objetivos y verificables, sino m\u00e1s bien se funda en el criterio personal y profesional del perito. Lo cual se concluye en tanto no existen soportes documentales que den cuenta de los valores tenidos en cuenta para calcular las diferentes variables\u00bb (19 oct. 2021), resoluci\u00f3n que apel\u00f3 y el superior confirm\u00f3 (8 feb. 2023). <\/p>\n
Aleg\u00f3 que el ad quem no analiz\u00f3 de fondo las experticias adosadas, pues no se percat\u00f3 de las contradicciones al expresarse en algunos t\u00edtulos que se trataba de un \u00abbien ubicado en zona rural\u00bb y en otros de \u00abzona urbana\u00bb. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Pasto precis\u00f3 que \u00ablo manifestado por el actor no es m\u00e1s que la insistencia en los mismos argumentos de reproche que otrora se esgrimieran en la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, de ah\u00ed que frente a lo dicho, esta Sala se remite a lo argumentado en el fallo que resolvi\u00f3 la segunda instancia al interior del asunto No. 2019 \u2013 00041 \u2013 01 (803 \u2013 01), y a la prueba all\u00ed valorada, anotando que contrario a lo manifestado por el ahora actor, dicha providencia no tuvo como \u00fanico fundamento los dict\u00e1menes periciales aportados, sino adem\u00e1s, la restante prueba documental obrante en el plenario, cumpli\u00e9ndose con ello el deber de valoraci\u00f3n integral del material probatorio\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Primero Civil del Circuito de T\u00faquerres defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y alleg\u00f3 enlace del pleito objetado. <\/p>\n
El Cuarto Civil del Circuito de Pasto manifest\u00f3 que conoci\u00f3 el \u00abproceso ejecutivo por obligaci\u00f3n de suscribir documentos, signado con el consecutivo interno 2018-00047-00, que culmin\u00f3 con la suscripci\u00f3n de la escritura p\u00fablica 3325 de 09 de julio de 2019 de la Notar\u00eda Cuarta del C\u00edrculo de Pasto, conforme las resultas del mismo tr\u00e1mite judicial\u00bb. <\/p>\n
Janeth Omaira Moran Rodr\u00edguez se opuso al resguardo porque \u00abexisten grandes errores en el aval\u00fao presentado, el cual no logra probar el hecho indispensable para la configuraci\u00f3n de la lesi\u00f3n enorme\u00bb y, \u00abpara precaver cualquier duda en la determinaci\u00f3n del justo precio del bien, tanto el Juzgado como el Tribunal, se basaron en todas las pruebas recaudadas, por lo tanto, no es cierto que se hayan realizado suposiciones, por el contrario se realizaron inferencias razonadas del precio, ocupando todos los datos que se suministraron en el proceso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Liminarmente se advierte que, aunque Carlos Alberto Citelli Padilla reproch\u00f3 tambi\u00e9n el fallo del Juzgado Primero Civil del Circuito de T\u00faquerres (19 oct. 2021), el an\u00e1lisis de esta Corporaci\u00f3n se circunscribir\u00e1 al emitido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pasto, al cerrar el debate suscitado (8 feb. 2023). <\/p>\n
2.- De entrada, se anuncia el decaimiento del amparo, debido a que la sentencia que ratific\u00f3 la de primer grado, que neg\u00f3 las pretensiones del proceso de lesi\u00f3n enorme n.\u00b0 2019-00041, no luce antojadiza, ni caprichosa; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa aplicable al caso y la jurisprudencia depurada sobre el tema, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del plenario. <\/p>\n
Para el efecto, el iudex plural criticado, inicialmente plante\u00f3 como problema jur\u00eddico a resolver si \u00ab\u00bfconforme al material probatorio obrante en el plenario, es posible determinar si existi\u00f3 o no lesi\u00f3n enorme en la compraventa realizada por las partes de este litigio?\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3 que la prosperidad de las \u00abpretensiones de rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme en un contrato de compraventa de bien inmueble, expuestas por el demandante vendedor, dependen de asumir adecuadamente la carga de acreditar de manera fehaciente dos situaciones: la primera, el precio pactado en la negociaci\u00f3n, y la segunda, el valor real del inmueble para la fecha de suscripci\u00f3n del contrato\u00bb <\/p>\n
Tambi\u00e9n, que, en este caso, el contrato que se busca rescindir es \u00abuna compraventa de bien inmueble consignada en la escritura p\u00fablica No. 3089 del 27 de julio de 2019, misma que fue aclarada mediante escritura No. 3325 del 9 de julio de 2019, protocolizada en la Notar\u00eda Cuarta del C\u00edrculo de Pasto, la cual versa sobre los predios denominados Cartagena Guayabal, Cartagena y Cartagena, identificados con No. de matr\u00edcula inmobiliaria 242-1557, 242-4125 y 242-511 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Barbacoas, los cuales forman un solo globo o lote de terreno\u00bb y, el precio pactado aparece en la promesa de venta de 13 de julio de 2017; sin embargo, ante el incumplimiento de dicho pacto el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pasto con ocasi\u00f3n al ejecutivo ras. 2018-00047 orden\u00f3 la suscripci\u00f3n y posteriormente la protocolizaci\u00f3n de la escritura. <\/p>\n
Entonces, expuso: <\/p>\n
\u00abConforme aparece en el plenario y sin necesidad de realizar mayores precisiones al respecto, est\u00e1 demostrado que la suscripci\u00f3n del contrato de compraventa entre las partes involucradas en este litigio, se realiz\u00f3 en virtud de la orden judicial contenida en el fallo proferido al interior del proceso ejecutivo singular por obligaci\u00f3n de suscribir documentos No. 2018 \u2013 00047 \u2013 00 (\u2026). <\/p>\n
N\u00f3tese entonces que las \u00f3rdenes judiciales impartidas al interior del mencionado proceso ejecutivo, no pueden ser equiparables o asimilables en sus efectos, como si de una venta por decreto judicial se tratase, como es el caso, por ejemplo, cuando se ordena la venta en p\u00fablica subasta de bienes en diligencia de remate, pues de lo \u00fanico que se trat\u00f3 es de la suscripci\u00f3n forzada de unos documentos a efectos de adelantar las gestiones tendientes a protocolizar la correspondiente escritura p\u00fablica de compraventa conforme al mandamiento de r\u00fabrica librado al interior del pertinente proceso ejecutivo, es decir, que dentro de los mandatos jurisdiccionales, no se encontraba el precio ya que tanto este, como las dem\u00e1s estipulaciones hab\u00edan sido acordadas por las partes en el contrato de promesa\u00bb. <\/p>\n
Aunando a lo anterior, memor\u00f3 que en el mencionado ejecutivo, \u00fanicamente se propusieron las siguientes cuatro excepciones \u00abincumplimiento de las obligaciones por parte de la parte ejecutante, Cl\u00e1usula de resoluci\u00f3n pactada en el contrato suscrito entre las partes, incertidumbre sobre la circulaci\u00f3n de los dineros con que se cubrir\u00eda la obligaci\u00f3n e imposibilidad de cumplir la finalidad a que lleva la acci\u00f3n ejecutiva que se adelanta en su despacho\u00bb, ninguna de ellas se refiri\u00f3 a inconformidades con un supuesto \u00abbajo precio pactado\u00bb; por lo que, lo acontecido en el compulsivo no sirve de base para obtener el \u00e9xito de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
Expres\u00f3 que es suficiente con la lectura de la \u00abescritura de compraventa\u00bb, para determinar que el valor de la negociaci\u00f3n ascendi\u00f3 a $250.000.000 y, teniendo eso claro solo queda por \u00abverificar cu\u00e1l era el valor real del inmueble comprometido en el negocio, para la fecha de suscripci\u00f3n del contrato de promesa de compraventa, es decir, para a\u00f1o 2017, ello debido a que la fecha l\u00edmite de pago de las 3 cuotas acordadas, fue el 29 de diciembre de 2017. Frente a tal aspecto se recuerda: \u201cPor su lado, el justo precio es un elemento que se mide en relaci\u00f3n con el tiempo del respectivo contrato y para cuyo prop\u00f3sito la prueba t\u00e9cnica, como el dictamen, es acaso la m\u00e1s id\u00f3nea, seg\u00fan fue anotado en la sentencia de casaci\u00f3n que antecede a esta\u201d\u00bb <\/p>\n
Para ello acudi\u00f3 a la prueba t\u00e9cnica, encontrando que, en la primera instancia Carlos Alberto arrim\u00f3 \u00abun aval\u00fao realizado por el perito Hern\u00e1n Alb\u00e1n Hidalgo, mientras que la demandada alleg\u00f3 otro, correspondiente al informe rendido por el perito \u00c1lvaro Hidalgo Hidalgo; no obstante, en atenci\u00f3n a la reforma de la demanda presentada, el extremo pasivo revel\u00f3 al plenario un nuevo aval\u00fao elaborado por los se\u00f1ores \u00c1lvaro Hidalgo Hidalgo y Jos\u00e9 Luis Montero Montenegro\u00bb. <\/p>\n
Trajo a colaci\u00f3n una s\u00edntesis de lo esbozado en cada experticia as\u00ed: <\/p>\n
\u00abel aval\u00fao rendido por el ingeniero civil Hern\u00e1n Alb\u00e1n, inicia con la informaci\u00f3n b\u00e1sica o general del inmueble, (\u2026), en lo que interesa a esta Colegiatura, el perito dentro del ac\u00e1pite de descripci\u00f3n general del sector, destac\u00f3 que, de conformidad con la reglamentaci\u00f3n urban\u00edstica, el tipo de suelo sobre el cual recaen los bienes en vilo, es de tipo urbano, ello en atenci\u00f3n a la certificaci\u00f3n obtenida el 11 de octubre de 2017 por la secretar\u00eda de planeaci\u00f3n municipal de Ricaurte del 11 de octubre de 2017, estimando que, para ese a\u00f1o, equival\u00eda a SETECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTITR\u00c9S PESOS ($791.252.123), fecha que seg\u00fan lo anotado por la parte actora, deb\u00eda tenerse en cuenta para la estimaci\u00f3n del justo precio del predio, por cuanto, si bien la escritura p\u00fablica se protocoliz\u00f3 en el a\u00f1o 2019, se memoraba que dicho acto devino del incumplimiento de un contrato de promesa de compraventa, cuya cuota final deb\u00eda ser pagada en el a\u00f1o 2017, de all\u00ed su exigencia que dicha fecha sea tomada como punto de referencia. <\/p>\n
Ahora, el dictamen pericial detallado frente al objeto probatorio perseguido, indic\u00f3 la correcta aplicaci\u00f3n de los m\u00e9todos frente al aval\u00fao se\u00f1alando que el documento que determin\u00f3 la caracter\u00edstica urbana del bien, utiliz\u00f3 como principal eje para la clasificaci\u00f3n del suelo, la certificaci\u00f3n del 11 de octubre de 2017 expedida por la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n Municipal de Ricaurte, lo cual se corrobor\u00f3 con lo afirmado por el perito dentro de la audiencia que habla el art\u00edculo 372 y 373 del C. G. del P., llevada a cabo los d\u00edas 5 y 6 de mayo, donde, una vez la juez cuestion\u00f3 si \u00e9ste verific\u00f3 el EOT o el POT del municipio para la elaboraci\u00f3n de su dictamen, el se\u00f1or Hern\u00e1n Hidalgo asever\u00f3 que la certificaci\u00f3n aludida es suficiente para realizar el aval\u00fao, por cuanto no mir\u00f3 necesario ejecutar dicha verificaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed, como un corolario parcial de lo indicado por los dict\u00e1menes periciales analizados, y como punto com\u00fan en el cual confluyen, es en la naturaleza urbana del predio objeto del informe t\u00e9cnico. <\/p>\n
Ahora, continuando la revisi\u00f3n del dictamen pericial aportado por la parte demandada, con posterioridad se advierte una clara contradicci\u00f3n en el tipo de suelo rendido en el mismo dictamen, puesto que, dentro de la tem\u00e1tica de caracterizaci\u00f3n del terreno, refiri\u00f3 que se trata de un predio rural. Sin embargo, posteriormente y ante la presentaci\u00f3n de la reforma de la demanda, en enero de 2021 el extremo pasivo aport\u00f3 un nuevo aval\u00fao, determinando que, para el 13 de julio de 2017, en atenci\u00f3n al acuerdo 010 del 21 de septiembre de 2006, se trataba en su totalidad de un predio rural, el cual, previa aplicaci\u00f3n de los m\u00e9todos de comparaci\u00f3n o de mercado, consulta a expertos avaluadores o encuestas, y el m\u00e9todo de costo de reposici\u00f3n, determin\u00f3 que el valor del predio correspond\u00eda a $213.073.373, recalcando que, con base al acuerdo No. 013 de 2018, dicho predio sufri\u00f3 ciertas modificaciones en su uso de suelo y pas\u00f3 de ser rural a zona de expansi\u00f3n urbana, cuya fuente deviene de la certificaci\u00f3n de uso de suelos expedida por la secretar\u00eda de planeaci\u00f3n municipal de Ricaurte el 26 de enero de 2021\u00bb. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que las razones del a quo obedecieron al \u00abincumplimiento del demandante de asumir la carga probatoria de \u00abdeterminar el justo valor de los bienes objeto del contrato de compraventa, por cuanto la juez no evidenci\u00f3 la existencia de suficientes elementos probatorios que determinen la configuraci\u00f3n de lesi\u00f3n enorme, cadena argumentativa que, conforme a lo analizado hasta aqu\u00ed, resultar\u00eda irrelevante\u00bb. <\/p>\n
Adver\u00f3 que los \u00abaval\u00faos\u00bb de ambas partes coinciden en lo esencial, en que \u00abel predio es de naturaleza urbana o de expansi\u00f3n urbana. Sin embargo, m\u00e1s all\u00e1 de dicha caracterizaci\u00f3n, lo cierto es que los mencionados elementos de prueba, en comparaci\u00f3n con otros que m\u00e1s adelante se detallaran, s\u00ed permiten determinar el valor del bien inmueble para la fecha de la realizaci\u00f3n del negocio\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, de la \u00abescritura p\u00fablica de compraventa\u00bb por medio de la cual Citelli Padilla adquiri\u00f3 el inmueble (n\u00ba 5662 de 16 oct. 2014) se avizora que \u00e9l pag\u00f3 a los anteriores propietarios en ese momento $70.000.000 \u00abinstrumento en el que, adem\u00e1s, tambi\u00e9n se constituy\u00f3 una garant\u00eda hipotecaria a favor de la \u201cCooperativa de Ahorro y Cr\u00e9dito para el Bienestar Social Beneficiar Entidad Cooperativa\u201d por exactamente el mismo valor\u00bb. <\/p>\n
Dijo que, <\/p>\n
\u00absi tomamos en cuenta el proceso de expropiaci\u00f3n No. 2019 \u2013 00019 \u2013 00, promovido por la Alcald\u00eda Municipal de Ricaurte en contra de CARLOS ALBERTO CITELLY PADILLA, y conocido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de T\u00faquerres, puede evidenciarse que para el d\u00eda 10 de diciembre de 2018, dicho ente territorial realiz\u00f3 una oferta de compra al mencionado propietario a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n No. 2382 del 10 de diciembre de 2018, por el valor de $450.116.250.oo, suma que con posterioridad, es decir en el a\u00f1o 2019, se increment\u00f3 conforme a nuevo aval\u00fao realizado por la misma entidad demandante, y ascendi\u00f3 a $498.750.000.oo\u00bb. <\/p>\n
Luego, estim\u00f3 que conforme aparece en la \u00abescritura p\u00fablica No. 3624 del 10 de diciembre de 2019, suscrita ente la Alcald\u00eda Municipal de Ricaurte y la se\u00f1ora JANETH OMAIRA MOR\u00c1N RODR\u00cdGUEZ, se observa que el precio por el inmueble en discusi\u00f3n fue vendido por el \u00faltimo valor antes mencionado, es decir, $498.750.000\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abel bien fue enajenado en el a\u00f1o 2019, es decir dos a\u00f1os despu\u00e9s de la suscripci\u00f3n de la promesa de compraventa sobre la cual versa este litigio, entonces, acudiendo a la regla de la l\u00f3gica y la sana cr\u00edtica, dada la variabilidad de los precios en el tiempo, se tiene incluso que, el inmueble en vilo, para el a\u00f1o 2019 deber\u00eda equivaler a un precio superior a la fecha de suscripci\u00f3n del contrato de promesa de compraventa (2017), pero ni aun as\u00ed, al tomar los $498.750.000 de pesos como el justo precio del bien para evidenciar la existencia de lesi\u00f3n enorme, no alcanza a ser el doble del monto sobre el cual enajen\u00f3 el inmueble el se\u00f1or CARLOS CITELLI a JANETH MOR\u00c1N como compradora en el a\u00f1o 2017. <\/p>\n
N\u00f3tese entonces que los determinados valores verificados en los distintos actos de enajenaci\u00f3n de los cuales fue objeto el predio en discusi\u00f3n, los cuales datan entre el 16 de octubre de 2014 y el 10 de diciembre de 2019, que oscilan entre los $70.000.000.oo y los $498.750.000.oo, distan mucho de los ($791.252.123) determinados por el dictamen pericial aportado por la parte actora\u00bb <\/p>\n
Finalmente, concluy\u00f3 que, si en gracia de discusi\u00f3n se tomara un \u00abvalor\u00bb intermedio entre $791.252.123 determinado como justo precio por el demandante y los $213.073.373 dispuestos a trav\u00e9s del aval\u00fao del extremo pasivo, el precio de la \u00faltima enajenaci\u00f3n realizada en el a\u00f1o 2019 ($498.750.000.oo), resulta ser muy cercano al valor promedio de esos dict\u00e1menes periciales, el cual permitir\u00eda determinar un aproximado respecto de su real valor, el cual como aparece obvio, no supera el 50% del precio pactado entre los extremos litigiosos, tomando entonces como valor debidamente acreditado los $498.750.000.oo, de ah\u00ed que la consecuencia l\u00f3gica sea la negaci\u00f3n de las pretensiones y por ende, la confirmaci\u00f3n en su integridad del fallo objeto de apelaci\u00f3n, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia\u00bb. <\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como busca el querellante, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la contienda, sin que tal prop\u00f3sito acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo objetivo no es servir de tercera instancia para rebatir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; STC,9232-2018, STC2544-2021 y STC1420-2023). <\/p>\n
3.- En lo que concierna a la aspiraci\u00f3n tendiente a que \u00abse remite el proceso a la Jurisdicci\u00f3n Contenciosa Administrativa para que sea repartido entre los Juzgados administrativos, guardando validez de todo lo actuado, en consecuencia, se dicte sentencia con base a lo actuado dentro del proceso 2018\u2013308\u00bb, se observa que no guarda relaci\u00f3n con el n\u00famero del proceso ni con lo aducido en el escrito genitor; por lo tanto, esta Sala se abstiene de emitir pronunciamiento alguno en tal sentido. <\/p>\n
4.- Son estas razones que llevan al fracaso del socorro instado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela interpuesta por Carlos Alberto Citelli Padilla contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto y el Juzgado Primero Civil del Circuito de T\u00faquerres. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto y, en caso de no ser impugnado este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC1785-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC1785-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-00793-00 (Aprobado en Sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se desata la tutela que Carlos Alberto Citelli Padilla le instaur\u00f3 a la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71513","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71513","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71513"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71513\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71513"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71513"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71513"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}