STC1786-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1786-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2023-00096-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 1\u00ba de febrero de 2023, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Olga Luc\u00eda \u00c1lvarez Rivilla contra el Tribunal de Arbitramento del Centro Arbitraje y Conciliaci\u00f3n de la Superintendencia de Sociedades conformado por el \u00e1rbitro \u00fanico Guillermo Antonio Villalba Yabrudy; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados las sociedades DJC Construcciones y Servi\u00e1lvarez de la Costa S.A.S. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando en su propio nombre, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y \u00abcontradicci\u00f3n\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad arbitral convocada. <\/p>\n
2. Relat\u00f3 en s\u00edntesis que, la sociedad DJC Construcciones S.A.S., la demand\u00f3 (y a la empresa Servialvarez de la Costa S.A.S.) ante la justicia arbitral a fin de dirimir las controversias derivadas de dos contratos de obra (para construcci\u00f3n de un inmueble), fijando las pretensiones en un total de \u00ab$141\u2019571.801.36\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, en dicho asunto, se opuso a las pretensiones y present\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n con una aspiraci\u00f3n indemnizatoria de \u00ab$174\u2019117.957\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, el 24 de octubre de 2022 el tribunal de arbitramento profiri\u00f3 laudo arbitral mediante el cual accedi\u00f3 a las pretensiones de la convocante, y la conden\u00f3 al pago de \u00ab$48\u2019798.780.\u00bb por concepto de saldo final de los contratos en discusi\u00f3n y a \u00ab$6\u2019035.575.\u00bb por costas procesales. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 la accionante el referido laudo, especialmente, porque considera incurri\u00f3 en indebida valoraci\u00f3n probatoria; al respecto, adujo que, \u00aben el expediente no existe una sola cuenta de cobro o factura de la empresa que debe emitir facturas, deber legal y tributario, que se observen en el proceso para probar que se debe la suma de la pretensi\u00f3n que se concedi\u00f3\u00bb; as\u00ed mismo, aleg\u00f3 que, aunque no objet\u00f3 el juramento estimatorio de la demanda principal, \u00abello no era presupuesto suficiente para aceptar que esa suma es la que debe ser condenada a pagar\u00bb; tambi\u00e9n critic\u00f3 que, \u00aba pesar de haber desplegado actuaciones para demostrar que la inobservancia de las obligaciones era de DJC Construcciones S.A.S., fue sancionada tras considerar que la conducta solo le era endilgable\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, recrimin\u00f3 la apreciaci\u00f3n que el \u00e1rbitro accionado plasm\u00f3 respecto de los declarantes, como por ejemplo, el del arquitecto Rafael Campo Murgas, quien manifest\u00f3 que \u00abno hubo acta de inicio de la obra [\u2026] que no hubo plano el\u00e9ctrico, que hubo cambios que no fueron previamente autorizados y que solicit\u00f3 prueba de concreto (\u2026)\u00bb, testimonio que el tribunal pas\u00f3 por alto \u00abpese a las explicaciones del peligro que eso implica, adem\u00e1s de la falta de acometidas y el tema de no haber hecho un tanque elevado\u00bb; igual censura frente al m\u00e9rito que le dio al testimonio del representante de Seguros del Estado (llamado en garant\u00eda), quien sostuvo que no se pod\u00eda ignorar que los incumplimientos fueron rec\u00edprocos, lo que implicar\u00eda que no podr\u00eda condenarse \u00ab(\u2026) en perjuicios a una u otra parte\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 que \u00ab(\u2026) amparen mis derechos legales y constitucionales vulnerados por el Tribunal Arbitral y [\u2026] revoque la decisi\u00f3n objeto de reproche\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El \u00e1rbitro \u00fanico del tribunal accionado, Guillermo Antonio Villalba Yabrudy, se opuso a la prosperidad de la demanda tutelar puesto que, incumple el presupuesto de la subsidiariedad pues la actora no agot\u00f3 el recurso extraordinario de anulaci\u00f3n, cuyo t\u00e9rmino se encuentra vencido. De otra parte, inform\u00f3 que, con anterioridad, la accionante promovi\u00f3 una tutela similar (que tambi\u00e9n conoci\u00f3 el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, sala civil, rad. 2022-01485) lo que significar\u00eda que estar\u00eda incurriendo en temeridad. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda al considerar razonable la decisi\u00f3n atacada; adicionalmente, porque advirti\u00f3 que el prop\u00f3sito de la actora fue utilizar \u00abla solicitud constitucional como si se tratara de una instancia adicional a trav\u00e9s de la cual, las partes pueden a su capricho, reabrir debates jur\u00eddicos que fueron resueltos y finiquitados ante la autoridad competente (\u2026)\u00bb (descart\u00f3 el ejercicio temerario de la acci\u00f3n al verificar que, respecto de la anterior tutela, no se presentaba identidad plena en relaci\u00f3n con las pretensiones). <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la quejosa reiterando en extenso las argumentaciones expuestas en el escrito inicial. A\u00f1adi\u00f3 que, el laudo fue objeto de solicitud de aclaraci\u00f3n, correcci\u00f3n y adici\u00f3n por las partes en contienda, lo que es indicativo que \u00abno fue tan di\u00e1fano o convincente el laudo [\u2026] ya que ambas partes aducimos discrepancias en la interpretaci\u00f3n normativa y la valoraci\u00f3n probatoria\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si el Tribunal de Arbitramento de la Superintendencia de Sociedades, conformado para dirimir la controversia entre DJC Construcciones S.A.S., y la aqu\u00ed accionante, vulner\u00f3 las prerrogativas denunciadas por esta \u00faltima, al proferir el laudo arbitral \u2013 24 de octubre de 2022 \u2013 que acogi\u00f3 las pretensiones declarativas y pecuniarias formuladas en su contra. <\/p>\n
2. Sobre la acci\u00f3n de tutela contra laudos arbitrales. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la determinaci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica de los laudos arbitrales para efectos de la viabilidad del resguardo, la Corte Constitucional ha establecido que \u00ab(\u2026) [estos] se equiparan a las sentencias judiciales para efectos de la procedencia de acci\u00f3n de tutela\u00bb, en tanto \u00abeste mecanismo constitucional es procedente contra laudos arbitrales siempre que con ellos se vulneren, amenacen o afecten los derechos fundamentales de las partes o de terceros\u00bb (CC, T-055 de 2014). <\/p>\n
De igual forma, esa colegiatura ha relievado que \u00ab[e]l laudo arbitral se equipara a una sentencia judicial por cuanto pone fin al proceso y desata de manera definitiva la cuesti\u00f3n examinada. Adicionalmente, los \u00e1rbitros son investidos de manera transitoria de la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia, la cual, ha sido calificada legalmente como un servicio p\u00fablico, motivo por el cual, no cabe duda que en sus actuaciones y en las decisiones que adopten los tribunales arbitrales est\u00e1n vinculados por los derechos fundamentales, por lo que resulta procedente la acci\u00f3n de tutela cuando estos sean vulnerados o amenazados con ocasi\u00f3n de un proceso arbitral\u00bb (CC, 378 de 2008). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Sala tiene decantado que, conforme ha sostenido la jurisprudencia constitucional, la procedencia del amparo contra laudos arbitrales est\u00e1 sujeta al cumplimiento de los siguientes criterios: <\/p>\n
\u00ab[R]esulta indispensable puntualizar, que para determinar la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra un laudo arbitral, la Guardiana de la Carta Pol\u00edtica en sentencia SU-174 de 2007, fij\u00f3 una serie de reglas complementarias a las establecidas respecto a las providencias judiciales, a saber: \u00ab(1) un respeto por el margen de decisi\u00f3n aut\u00f3noma de los \u00e1rbitros, que no ha de ser invadido por el juez de tutela e impide a \u00e9ste pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido a arbitramento; (2) la procedencia excepcional de la acci\u00f3n de tutela exige que se haya configurado, en la decisi\u00f3n que se ataca, una vulneraci\u00f3n directa de derechos fundamentales; (3) si bien es posible y procedente aplicar la doctrina de las v\u00edas de hecho a los laudos arbitrales, dicha doctrina ha de aplicarse con respeto por los elementos propios de la naturaleza del arbitraje, los (sic) cual implica que su procedencia se circunscribe a hip\u00f3tesis de vulneraci\u00f3n directa de derechos fundamentales; y (4) el car\u00e1cter subsidiario de la acci\u00f3n de tutela se manifiesta con especial claridad en estos casos, ya que s\u00f3lo procede cuando se ha hecho uso de los recursos provistos por el ordenamiento jur\u00eddico para controlar los laudos, y a pesar de ello persiste la v\u00eda de [hecho] mediante la cual se configura la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental. En materia de contratos administrativos sobresale el recurso de anulaci\u00f3n contra el laudo\u00bb (reiterada en C.C. SU-500\/15 y SU-033\/18)\u00bb (CSJ STC4490-2020, 15 jul.). <\/p>\n
En l\u00ednea con lo expuesto, se ha se\u00f1alado que, al verificar los enunciados requisitos, se deben tener en cuenta las caracter\u00edsticas propias del tr\u00e1mite arbitral: <\/p>\n
\u00abI. Defecto sustantivo: Se presenta cuando (i) los \u00e1rbitros fundamentan su decisi\u00f3n en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, y en raz\u00f3n de ello desconocen de manera directa un derecho fundamental; (ii) el laudo carece de motivaci\u00f3n material o su motivaci\u00f3n es manifiestamente irrazonable; (iii) la interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n que se hace de la norma en el caso concreto, desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance; (iv) la interpretaci\u00f3n de la norma se hace sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica y (v) la norma aplicable al caso concreto es desatendida y por ende inaplicada. <\/p>\n
II. Defecto org\u00e1nico: Ocurre cuando los \u00e1rbitros carecen absolutamente de competencia para resolver el asunto puesto a su consideraci\u00f3n, ya sea porque han obrado manifiestamente por fuera del \u00e1mbito definido por las partes o en raz\u00f3n a que se han pronunciado sobre materias no arbitrables. <\/p>\n
III. Defecto procedimental: Se configura cuando los \u00e1rbitros han dictado el laudo de manera completamente contraria al procedimiento establecido contractualmente o en la ley, y con ello se ha incurrido en una vulneraci\u00f3n directa del derecho de defensa y de contradicci\u00f3n. Para que la mencionada irregularidad tenga la magnitud suficiente para constituir una v\u00eda de hecho, es necesario que aquella tenga una incidencia directa en el sentido de la decisi\u00f3n adoptada, de tal forma que si no se hubiera incurrido en ella se habr\u00eda llegado a una determinaci\u00f3n diametralmente opuesta. <\/p>\n
IV. Defecto f\u00e1ctico: Se presenta en aquellas hip\u00f3tesis en las cuales los \u00e1rbitros (i) han dejado de valorar una prueba determinante para la resoluci\u00f3n del caso; (ii) han efectuado su apreciaci\u00f3n probatoria vulnerando de manera directa derechos fundamentales, o (iii) han fundamentado su valoraci\u00f3n de las pruebas con base en una interpretaci\u00f3n jur\u00eddica manifiestamente irrazonable. Para este Tribunal, es necesario que el error en la valoraci\u00f3n probatoria haya sido determinante respecto del sentido de la decisi\u00f3n finalmente definida en el laudo\u00bb (CSJ STC4490-2020, 17 jul.). <\/p>\n
Adem\u00e1s, en cuanto a este \u00faltimo defecto, el Tribunal Constitucional ha precisado que \u00ab(\u2026) \u00abla procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias arbitrales por defecto f\u00e1ctico tambi\u00e9n requiere tener en cuenta el elemento de la voluntad del acuerdo de las partes de apartarse de la jurisdicci\u00f3n estatal y someterse a una justicia alternativa\u00bb; por lo que \u00abel an\u00e1lisis del juez de tutela sobre la actividad probatoria desplegada por el tribunal de arbitramento debe ser cuidadosa y, s\u00f3lo se activar\u00e1 la procedencia de la acci\u00f3n, ante una valoraci\u00f3n arbitraria y carente de razonabilidad del material probatorio\u00bb, de tal suerte que \u00abno cualquier omisi\u00f3n en cuanto a la valoraci\u00f3n de alguna prueba configura autom\u00e1ticamente el defecto f\u00e1ctico\u00bb (CC, SU-500 de 2015). <\/p>\n
3. Caso concreto. El laudo cuestionado. <\/p>\n
3.1. Con observancia en las premisas que anteceden, de forma preliminar se precisa que para la Sala las inconformidades de la gestora del amparo se dirigieron especialmente contra el sentido del laudo revisado y la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por el \u00e1rbitro accionado, por lo que se encuentra satisfecho el requisito de subsidiariedad del resguardo, teniendo en cuenta que el fondo del asunto no es susceptible de ser analizado en el marco de las causales previstas en los recursos de anulaci\u00f3n o revisi\u00f3n, las cuales comprenden \u00fanicamente aspectos formales, como ya se expuso. Sobre esa base, se procede al estudio de la resoluci\u00f3n confutada. <\/p>\n
3.2. Al verificar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual el Tribunal de Arbitramento, constituido para el caso de DJC Construcciones contra Olga Luc\u00eda \u00c1lvarez Rivillas \u2013 y Servialvarez de la Costa S.A.S. \u2013, estimatoria de las pretensiones (entre otras, declarar incumplidos por la demandada los contratos de obra suscritos, disponer su liquidaci\u00f3n y condena en costas), no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas que impongan la intervenci\u00f3n de esta especial justicia, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, en lo que fue objeto puntual de discusi\u00f3n, esto es, la apreciaci\u00f3n de los elementos de prueba que llevaron al tribunal a concluir que existi\u00f3 incumplimiento por parte de la ac\u00e1 accionante, tras repasar la totalidad de testimonios practicados, analizar los documentales aportados y dict\u00e1menes periciales, destac\u00f3, en primer lugar, que exist\u00eda solidaridad entre los deudores; no obstante, de acuerdo a lo constatado en la actuaci\u00f3n, tambi\u00e9n la existencia de, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) dos contratos de obra: El primero, suscrito el 19 de noviembre de 2018 entre la convocada OLGA LUCIA ALVAREZ y la convocante DJC CONSTRUCCIONES S.A.S.; y el segundo, suscrito el 28 de los mismos mes y a\u00f1o entre SERVIALVAREZ DE LA COSTA S.A.S. y DJC CONSTRUCCIONES S.A.S. La raz\u00f3n de la celebraci\u00f3n del segundo, constituir las p\u00f3lizas que le permitieran iniciar la obra al contratista com\u00fan de ambos negocios. <\/p>\n
En este escenario, seg\u00fan la declaraci\u00f3n de parte de la propia convocada OLGA LUCIA ALVAREZ, fue ella la que realiz\u00f3 los pagos al contratista, gener\u00f3 comunicaciones y, en general, estuvo atenta de la ejecuci\u00f3n del contrato, directamente y a trav\u00e9s del se\u00f1or RAFAEL CAMPO MURGAS, manifestaciones que fueron confirmadas por la propia parte Convocante. Ahora, como SERVIALVAREZ DE LA COSTA S.A.S. no contest\u00f3 la demanda, se dar\u00e1n por confesados los hechos susceptibles de confesi\u00f3n en la demanda, conforme lo previsto en el art\u00edculo 97 del C\u00f3digo General del Proceso. Como corolario, existen dos (2) contratos de construcci\u00f3n de obra civil suscrito por dos contratantes, con un mismo objeto y contratista. A la luz del art\u00edculo 825 del C\u00f3digo de Comercio, es dable inferir que los contratantes se obligaron solidariamente frente al contratista\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, en cuanto a la verificaci\u00f3n de los incumplimientos contractuales por parte de la demandada indic\u00f3 que, el valor de los contratos fue aceptado por esta, al igual que el monto del saldo pendiente, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) por cuanto lo que discuti\u00f3 esta parte convocada fue el derecho de la convocante a reclamar mayores valores, o el saldo pendiente en funci\u00f3n del valor total del contrato aceptado, con fundamento en la calidad de la obra entregada y el incumplimiento del contratista. <\/p>\n
La parte Convocante alega que la parte Convocada le adeuda la suma de $48.798.780 pesos, correspondiente al saldo del Contrato de obra civil, y la Convocada OLGA LUCIA ALVAREZ RIVILLA, quien s\u00ed contest\u00f3 la demanda, no prob\u00f3 el pago oportuno, suficiente y completo de la suma anterior, o que como encargante de la obra, hubiere tenido la iniciativa de la carga prevista en el art\u00edculo 2059 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
En l\u00ednea con el art\u00edculo 1757 del C\u00f3digo Civil, el art\u00edculo 225 del C\u00f3digo General del Proceso consagra: \u00abCu\u00e1ndo se trate de probar obligaciones originadas en contrato o convenci\u00f3n, o el correspondiente pago, la falta de documento o de un principio de prueba por escrito, se apreciar\u00e1 por el juez como un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto\u201d. (subrayas ajenas al texto original). <\/p>\n
Aunado a lo anterior, la parte Convocada y Convocante en reconvenci\u00f3n, no aport\u00f3 prueba alguna de \u00edndole documental o pericial dentro la oportunidad procesal se\u00f1alada por el Tribunal, y el C\u00f3digo General del Proceso, que justificara el impago con fundamento en el incumplimiento de las obligaciones sustanciales originadas en los Contratos de Obra. Si bien en el expediente reposan los testimonios de los se\u00f1ores DEYVER MEJIA MEJIA y RAFAEL CAMPO MURGAS, quienes manifestaron concepto t\u00e9cnico en sus intervenciones, los dos afirmaron que no hubo informes o acta de visita en documentos formales que evidenciaran los hallazgos y el estado de cumplimiento o incumplimiento por parte de DJC Construcciones S.A.S. <\/p>\n
Reiteramos, tampoco el Tribunal encontr\u00f3 probado el agotamiento de la instancia prevista en los art\u00edculos 2056, 2058 y 2059 del C\u00f3digo Civil, al tenor de los cuales la obra debe ser reconocida parcial o totalmente por quien la encarg\u00f3 y si la rechaza alegando que la obra no se ejecut\u00f3 debidamente y seg\u00fan lo acordado, se designan peritos; y de resultar cierta su objeci\u00f3n, el constructor podr\u00e1 ser obligado a hacerla de nuevo o a pagar la indemnizaci\u00f3n de perjuicios, a elecci\u00f3n del contratante. Por lo mismo, el contratante tiene la carga de aceptar o rechazar la obra, y en este \u00faltimo caso, la iniciativa de solicitar la designaci\u00f3n judicial de peritos\u00bb. <\/p>\n
Luego, sobre la pretensi\u00f3n orientada a que se condene a la all\u00ed contratante, la se\u00f1ora \u00c1lvarez Rivillas, al cumplimiento del contrato, el tribunal dijo, <\/p>\n
\u00abEsta pretensi\u00f3n ser\u00e1 despachada de manera favorable, considerando que la parte Convocada y contratante no pudo probar cabal y t\u00e9cnicamente, el incumplimiento de la parte Convocante y contratista, como tampoco los perjuicios experimentados como resultado o consecuencia de lo anterior. Se echa de menos, un dictamen pericial que hubiere ilustrado al Tribunal sobre este particular\u00bb. <\/p>\n
M\u00e1s adelante, y a partir de la anterior declaraci\u00f3n, en cuanto a la aspiraci\u00f3n que se ordene el pago de la suma de $48\u2019798.780 como saldo final del acuerdo, explic\u00f3 el \u00e1rbitro que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en l\u00ednea con las consideraciones anteriores, no se dispondr\u00e1 la liquidaci\u00f3n final de los contratos unificados, por cuanto para este Tribunal, existen dos contratos de obra. Sin perjuicio de lo anterior se condenar\u00e1 a las convocadas al cumplimiento del contrato de obra, con base a la prueba aportada en el escrito de demanda inicial, prueba No. 14, denominada \u00abResumen de los dineros recibidos\u00bb, misma prueba aportada por la parte Convocada en la contestaci\u00f3n de la demanda, as\u00ed como por conciliaci\u00f3n de la informaci\u00f3n contable aportada al expediente por la se\u00f1ora OLGA LUCIA ALVAREZ, en la que las partes coinciden en que el saldo adeudado corresponde a la suma de $48.798.780. <\/p>\n
De esta prueba documental, aportada tanto por DJC CONSTRUCCIONES S.A.S. como por la Se\u00f1ora OLGA LUCIA \u00c1LVAREZ, se puede inferir por parte de esta \u00faltima una inconsistencia en relaci\u00f3n a las fechas, referida por la parte convocante en audiencia del d\u00eda 19 de abril en pregunta d\u00e9cimo s\u00e9ptima, frente a la cual la convocada menciono no recordar la fecha de los pagos realizados despu\u00e9s del d\u00eda 8 de enero de 2020. <\/p>\n
Sin embargo, la cifra correspondiente al saldo es constante y como se puso de presente, la sociedad SERVIALVAREZ DE LA COSTA S.A.S. no contest\u00f3 la demanda dentro de la oportunidad procesal prevista para el efecto, raz\u00f3n por la cual se dar\u00e1 por confesado el valor del saldo pendiente\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, precis\u00f3 que no hab\u00eda lugar a condenar al pago de la cl\u00e1usula penal estipulada en los acuerdos por cuanto, se evidenciaron incumplimientos rec\u00edprocos y \u00ab(\u2026) el pago de la cl\u00e1usula penal solo rige cuando una incumpli\u00f3 lo pactado y solo si la otra lo cumpli\u00f3 en debida forma, cuesti\u00f3n que no se profesa en el presente escenario\u00bb. Finalmente, deneg\u00f3 por improcedente, la indexaci\u00f3n de los valores pretendidos y el pago de intereses moratorios. <\/p>\n
3.3. Bajo esta perspectiva, la rese\u00f1ada determinaci\u00f3n no luce lesiva del orden jur\u00eddico, pues se sustent\u00f3, en lo que es objeto de alegaci\u00f3n en esta demanda, en el an\u00e1lisis ponderado de las pruebas practicadas en el tr\u00e1mite, esto es, las testimoniales, documentales y periciales, que permitieron arribar a ese tribunal a la conclusi\u00f3n que, la aqu\u00ed accionante, no logr\u00f3 desvirtuar la tesis del incumplimiento respecto de sus obligaciones como contratante. <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o caprichosa, por lo que se descarta la presencia de una v\u00eda de hecho, de tal forma que el reclamo de la quejosa no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterios de la recurrente frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus pretensiones. <\/p>\n
As\u00ed, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta un veredicto discutible o poco convincente, sino que es necesario que este se encuentre afectado por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. En tal sentido, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 abr. 2016, rad. 00077-01). <\/p>\n
De suerte que, la promotora no puede aspirar a hacer prevalecer su propia interpretaci\u00f3n a la del tribunal de arbitramento requerido y atacar, por esta v\u00eda, una providencia que considera desfavorable, porque tal finalidad resulta ajena a esta salvaguarda, dada su naturaleza excepcional, y en raz\u00f3n a que no fue creada para erigirse como una instancia adicional dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n
Consecuencia de lo analizado en precedencia, se ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del auxilio. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El laudo acusado se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC1786-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC1786-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2023-00096-01 (Aprobado en Sala de primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 1\u00ba de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71514","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71514","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71514"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71514\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71514"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71514"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71514"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}