STC1787-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1787-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01182-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 4 de mayo de 20211 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Victorino Rivera \u00d1uscue le instaur\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial y el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, ambos de Popay\u00e1n, los Ministerios del Interior y el de Justicia y del Derecho, extensiva al Juzgado Promiscuo del Circuito de Silvia, la C\u00e1rcel y Penitenciar\u00eda con Alta y Mediana Seguridad de Popay\u00e1n, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario \u2013 Inpec y el Resguardo Ind\u00edgena de Torib\u00edo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor exigi\u00f3 \u00abse le reconozca la calidad de comunero ind\u00edgena (\u2026)\u00bb y, en consecuencia, se ordene su traslado a un centro de armonizaci\u00f3n certificado por el INPEC. <\/p>\n
En respaldo afirm\u00f3, en s\u00edntesis, que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Silvia lo conden\u00f3 a 7 a\u00f1os y 2 meses de prisi\u00f3n como responsable del delito de \u00abtr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes\u00bb (5 mar. 2019), raz\u00f3n por la cual se encuentra privado de la libertad en la C\u00e1rcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad de Popay\u00e1n. Cont\u00f3 que el Resguardo Ind\u00edgena de Torib\u00edo, del que es miembro, pidi\u00f3 su traslado al Centro de Armonizaci\u00f3n Finca Las Veraneras, pero el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Popay\u00e1n no accedi\u00f3 (15 jul. 2020). Con posterioridad insisti\u00f3 con el mismo resultado (28 oct. 2020), determinaci\u00f3n que confirm\u00f3 el Tribunal (16 dic. 2020). <\/p>\n
Expuso que con las comentadas resoluciones se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por defecto \u00absustantivo, org\u00e1nico y procedimental\u00bb, ya que tales autoridades no tuvieron en cuenta que acredit\u00f3 los aspectos medulares expuesto en las sentencias T-921 de 2013, T-208 de 2015 y T-685 de 2015 para que se accediera a su traslado al referido Centro, puesto que es ind\u00edgena, no se tuvo en cuenta el enfoque diferencial en el t\u00e9rmino que concedi\u00f3 la Ley 1709 de 2014, y en ese escenario al hallarse en un establecimiento carcelario ordinario estar\u00eda supeditado a la p\u00e9rdida masiva de su idiosincrasia. <\/p>\n
2. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y el Ministerio de Justicia y del Derecho dijeron que lo alegado les resultaba ajeno en cuanto a los traslados de los ind\u00edgenas privados de la libertad. El juez de conocimiento defendi\u00f3 su actuaci\u00f3n. La Autoridad Neehnwe\u2019sx del territorio ancestral de Torib\u00edo \u2015 Vxuu Beh Kiwe inform\u00f3 que desconoce los motivos de inconformidad del accionante. El Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Popay\u00e1n se opuso a las pretensiones. <\/p>\n
3. La primera instancia neg\u00f3 el auxilio tras estimar que el Tribunal \u00abfundament\u00f3 su determinaci\u00f3n conforme a la normativa aplicable al caso concreto \u2015Art\u00edculos 246 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 25 de la Ley 65 de 1993 y 3A de la Ley 1709 de 2014\u2015 y a la jurisprudencia constitucional vinculante (\u2026)\u00bb, y as\u00ed mismo, analiz\u00f3 las pruebas obrantes en la actuaci\u00f3n, concluyendo que no era viable el traslado por \u00abincumplimiento del elemento personal del fuero ind\u00edgena\u00bb, pues se estableci\u00f3 que no ten\u00eda v\u00ednculo estable y permanente con los usos y costumbres de esa comunidad, aunado a que tampoco obraba prueba de que la comunidad contara con instalaciones id\u00f3neas para garantizar la privaci\u00f3n de la libertad de Rivera \u00d1uscue. <\/p>\n
4. Recurri\u00f3 el convocante y enfatiz\u00f3 en que las decisiones objeto de escrutinio se adoptaron sin tener en cuenta los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia T-921 de 2013. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
La revisi\u00f3n del plenario permite afirmar que el auto del Tribunal objetado no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico, de la realidad procesal, o de la jurisprudencia aplicable al caso, como lo aduce el impulsor. <\/p>\n
En efecto, el Tribunal de Popay\u00e1n para ratificar la negativa del \u00abtraslado\u00bb requerido por el precursor al Centro de Armonizaci\u00f3n Ind\u00edgena para cumplir all\u00ed la pena que le impuso la justicia ordinaria, cavil\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) si bien la Autoridad Ind\u00edgena de dicha comunidad certific\u00f3 como comunero al condenado (no indic\u00f3 desde cu\u00e1ndo) diciendo que residida en la vereda San Juli\u00e1n perteneciente a esa territorialidad, y respaldo aquella certificaci\u00f3n con la emitida por la Direcci\u00f3n de asuntos ind\u00edgenas, ROM y minor\u00edas del Ministerio del Interior, que certific\u00f3 que el condenado se encuentra censado en los a\u00f1os 2015, 2017, 2018 y 2019, lo cierto es que tales certificaciones est\u00e1n en entre dicho, teniendo en cuenta la solicitud de prisi\u00f3n domiciliaria que elevo el penado el 1 de agosto de 2019, donde anex\u00f3 un certificado laboral (fl. 98 del expediente digital) que se\u00f1alaba que hab\u00eda trabajado de manera ininterrumpida en labores de adecuaci\u00f3n dentro de una urbanizaci\u00f3n ubicada en un de Timb\u00edo, Cauca desde el a\u00f1o 2016 hasta el 12 de abril de 2019, sumando, que tambi\u00e9n reside en el municipio de Timb\u00edo, Cauca, seg\u00fan la individualizaci\u00f3n de la ficha t\u00e9cnica y sentencia condenatoria. <\/p>\n
En ese sentido, tambi\u00e9n evidenciamos que la calidad e identidad cultural como ind\u00edgena del resguardo del penado, est\u00e1 en duda, porque qued\u00f3 demostrado que el sentenciado tiene m\u00e1s contacto con la cultura occidental comprobando as\u00ed, que no tiene un v\u00ednculo estable y permanente con los \u00abusos y costumbres\u00bb de la comunidad ind\u00edgena, siendo este un elemento determinante para establecer el fuero y la aplicaci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n ind\u00edgena (Corte Constitucional, Sentencia T -001 de 2012). <\/p>\n
(\u2026) pese a que allego concepto del Director de la C\u00e1rcel de Caloto, Cauca -ya extinta- que se\u00f1al\u00f3 que el resguardo cuenta con los elementos necesarios para el ejercicio de la funci\u00f3n de custodia y vigilancia, dej\u00f3 en duda si las instalaciones y criterios cumpl\u00edan con la finalidad de la prisi\u00f3n (restringir la libertad de locomoci\u00f3n y estar aislados de la sociedad), pues los internos pod\u00edan tener comunicaci\u00f3n a trav\u00e9s de medios electr\u00f3nicos, entrevistas y visitas de manera regular. <\/p>\n
(\u2026) no existe informe o pronunciamiento del Director del EPCAMS \u00abSan Isidro\u00bb de Popay\u00e1n (donde est\u00e1 recluido el condenado) que haga referencia al caso particular del se\u00f1or Victorino Rivera \u00d1uscue, en caso de autorizarse su traslado al centro de armonizaci\u00f3n \u00abLas Veraneras\u00bb (ubicado el resguardo ind\u00edgena de Toribio, Cauca), respeto a cada cuanto -tiempo- la instituci\u00f3n que representa pasar\u00eda revista para evidenciar la permanencia del sentenciado en el sitio de reclusi\u00f3n, situaci\u00f3n que permite comprobar que no existe compromiso expreso por parte del INPEC respecto al deber de \u00abrealizar visitas a la comunidad para verificar que el ind\u00edgena se encuentre efectivamente privado de la libertad’, por lo que no se cumple con uno de los presupuestos jurisprudenciales para acceder al fuero especial. <\/p>\n
(\u2026) en el expediente obran elementos de juicio que al citado lo patentizan, por la cantidad de estupefaciente que portaba, pudi\u00e9ndosele inferir su tenencia con fines de comercializaci\u00f3n y tr\u00e1fico, dado el accionar y resultado peligrosos para la salud de la comunidad, muestran ser por ello contrarios a las tradiciones de las colectividades ancestrales, habida cuenta que ese acto delictuoso lo despoja de su \u00abidentidad socio cultural\u00bb por estar al servicio de bandas que comercializan sustancias estupefacientes, demostrando as\u00ed su personalidad irrespetuosa frente al orden jur\u00eddico ordinario y a los usos y costumbres de su comunidad, en consecuencia no se evidencia perdida de su identidad cultural al purgar la pena en un centro de reclusi\u00f3n ordinario. <\/p>\n
(\u2026) dificulta sostener entonces que el tratamiento penitenciario en el centro de reclusi\u00f3n ordinario resulte lesivo para la \u00abcosmovisi\u00f3n\u00bb del sentenciado, puesto que, la misma ha sido contaminada por e modo de vida en occidente, de tal forma que, no es factible su traslado a un centro de reclusi\u00f3n \u00e9tnico por no existir necesidad de proteger los \u00abusos y costumbres\u00bb; en otras palabras, se descarta que et citado comparte la visi\u00f3n sociocultural del grupo ind\u00edgena al que dice pertenecer, puesto que su forma de vida en la cultura mayoritaria, permiten entrever, que ha permanecido, por su actuaci\u00f3n delictiva, apartado de forma considerable de sus tradiciones. <\/p>\n
Para en esa l\u00ednea de pensamiento concluir que, <\/p>\n
(\u2026) la conducta por la cual el Juzgado Promiscuo del Circuito de Silvia, Cauca, conden\u00f3 al se\u00f1or Rivera \u00d1uscue, fue desplegada fuera del Cabildo del Resguardo Ind\u00edgena de Toribio, Cauca (Calle 2 con carrera 3 esquina, Barrio Olaya Herrera de J\u00e1mbalo, v\u00eda a Silvia), lo que implica que el condenado tiene bastante contacto con la cultura mayoritaria, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que reside con su familia en Timb\u00edo, Cauca, comunidad diferente y distante a la que se empe\u00f1an en decir que pertenece, por lo que it\u00e9rese, queda comprobado que el penado no tiene un v\u00ednculo estable y permanente con los \u00abusos y costumbres\u00bb de esa comunidad ind\u00edgena, elemento determinante para establecer el fuero y la aplicaci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n ind\u00edgena (Corte Constitucional, Sentencia T -001 de 2012). <\/p>\n
En este contexto, es dable afirmar que la aludida providencia no es antojadiza ni arbitraria, como quiera que obedeci\u00f3, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia y la jurisprudencia depurada sobre el tema, y que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del sub lite, en raz\u00f3n a que examin\u00f3 en conjunto y razonablemente los medios suasorios recopilados de cara a los requisitos fijados por el \u00f3rgano l\u00edmite constitucional para acceder al traslado de ind\u00edgenas a sus resguardos para el cumplimiento de las penas impuestas por la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
De ah\u00ed que adopt\u00f3 un criterio objetivo, principalmente porque: a) Campeaban evidencias del desarraigo del accionante con antelaci\u00f3n a la condena impuesta, no obstante que fue incorporado al censo en los a\u00f1os 2015, 2017, 2018 y 2019 se encontraba domiciliado en un lugar diferente al resguardo; b) El promotor no logro demostrar el v\u00ednculo estable y permanente con la comunidad ind\u00edgena; c) tampoco se acredit\u00f3 que el lugar donde ser\u00eda enviado para cumplir la pena garantizar\u00eda su dignidad humana y la vigilancia de su seguridad; y d) El INPEC se\u00f1al\u00f3 que no contaba con los medios de transporte y personal necesario, para realizar visitas peri\u00f3dicas al resguardo ind\u00edgena y revisar la manera en que se estaba ejecutando la pena (CC T-291 de 2013). <\/p>\n
Puestas as\u00ed las cosas, el amparo invocado estaba abocado al fracaso, por lo que se convalidar\u00e1 el veredicto impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Notif\u00edquese lo resuelto por el medio m\u00e1s expedito, a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Se precisa que, para el tr\u00e1mite de esta impugnaci\u00f3n, la cual concedi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte hasta el 13 de diciembre de 2021, este diligenciamiento tan solo arrib\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el 1 de febrero del a\u00f1o que avanza. <\/p>\n
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STC1787-2023 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente STC1787-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01182-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 4 de mayo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71515","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71515","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71515"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71515\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71515"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71515"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71515"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}