STC1788-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1788-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-00648-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Alberto Restrepo Zapata contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo, as\u00ed como sus respectivos titulares; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Civil del Circuito con Conocimiento en Asuntos Laborales de Andes y el propietario de \u00abZapater\u00eda Todo Calzado\u00bb, as\u00ed como las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular n.\u00ba 2022-00068. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en nombre propio, el solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades enjuiciadas. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
El gestor promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra Gustavo de Jes\u00fas Pareja Quintero, como propietario del establecimiento de comercio \u00abZapater\u00eda Todo Calzado\u00bb, en procura de que se ordenara la construcci\u00f3n de una rampa en dicho lugar, \u00abcumpliendo normas ntc y normas icontec\u00bb, la cual correspondi\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito con Conocimiento en Asuntos Laborales de Andes, quien ampar\u00f3 el derecho colectivo, pero no conden\u00f3 en costas. <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que, a juicio del precursor, es contraria a lo establecido en el art\u00edculo 365-1 del C\u00f3digo General del Proceso, aunado a que \u00ablas agencias en derecho se decretan de oficio, pues son de car\u00e1cter objetivo y no son tema de congruencia del fallo\u00bb. <\/p>\n
3. Pidi\u00f3, en lo fundamental, que se ordene a la colegiatura censurada, conceder \u00abAGENCIAS EN DERECHO [en su] FAVOR EN AMBAS INSTANCIAS\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia expuso que \u00abestar\u00e1 atento a la decisi\u00f3n que la H. Corte Suprema de Justicia, como juez constitucional adopte sobre el particular\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Civil del Circuito de Andes indic\u00f3 que \u00abtodas las actuaciones surtidas en este tr\u00e1mite se han notificado debidamente por estado en el Micrositio de este Juzgado en la p\u00e1gina principal de la rama judicial y se realiz\u00f3 debidamente el correspondiente registro en el Sistema de Gesti\u00f3n Judicial TYBA\u00bb. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n refiri\u00f3 que \u00ab[d]entro de la oportunidad procesal el se\u00f1or RESTREPO debi\u00f3 solicitar aclaraci\u00f3n o adici\u00f3n de la providencia y no acudir supletoriamente al planteamiento de esta acci\u00f3n constitucional, lo cual torna improcedente el amparo reclamado\u00bb. <\/p>\n
4. Quien adujo actuar en representaci\u00f3n de Gustavo de Jes\u00fas Pareja Quintero se\u00f1al\u00f3 que \u00abes evidente que el se\u00f1or Mario Restrepo busca valerse de los resultados de una acci\u00f3n que realmente fue sacada adelante por impulsos oficiosos consagrados para las acciones populares, para sacar un provecho econ\u00f3mico particular traducido en las Agencias en Derecho\u00bb. <\/p>\n
5. La Agencia Nacional de Hidrocarburos inform\u00f3 que no tiene injerencia \u00aben las decisiones o en el tr\u00e1mite procesal, teniendo en cuenta que no administra justicia, adem\u00e1s que no funge como parte, es incompetente para pronunciarse al respecto, por lo cual, la presunta autoridad que vulnera los derechos de los accionantes ser\u00eda \u00fanicamente el despacho judicial que tiene avocado el conocimiento del proceso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia lesion\u00f3 las garant\u00edas fundamentales del libelista, en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular que \u00e9l inici\u00f3 (rad. n.\u00ba 2022-00068), por cuanto confirm\u00f3 lo dispuesto por el a quo y, en consecuencia, no reconoci\u00f3 costas procesales ni agencias en derecho en su favor. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto <\/p>\n
En lo que respecta a la censura contra la decisi\u00f3n del tribunal de confirmar lo dispuesto por el Juzgado Civil del Circuito con Conocimiento en Asuntos Laborales de Andes, frente a la falta de condena en costas y agencias en derecho en la acci\u00f3n popular rad. n.\u00ba 2022-00068, se advierte la desestimaci\u00f3n del amparo, toda vez que esa determinaci\u00f3n, al margen de que se comparta o no, no luce antojadiza o caprichosa en relaci\u00f3n con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica tratada en ese espec\u00edfico escenario. <\/p>\n
En efecto, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por el gestor, en el que solicit\u00f3 \u00abfijar a su favor las agencias en derecho en ambas instancias\u00bb, la colegiatura encartada manifest\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[E]n el expediente [no] exist[e] constancia de gastos o expensas asumidos por el actor popular, de modo que ning\u00fan reconocimiento podr\u00eda hacerse frente a estos rubros. Por otra parte, en cuanto a la utilidad, calidad y duraci\u00f3n gesti\u00f3n del recurrente, criterios necesarios para establecer la causaci\u00f3n de las agencias en derecho, la Sala aprecia que simplemente se escud\u00f3 el accionante en el principio de impulso oficioso (\u2026) para eludir el cumplimiento de cualquier carga procesal\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, refiri\u00f3 que \u00abdesde la presentaci\u00f3n de la petici\u00f3n inicial no se observa un m\u00ednimo de diligencia en aras de establecer cu\u00e1l era el sujeto que originaba la vulneraci\u00f3n del derecho colectivo, pese a que la identidad del propietario del establecimiento de comercio figuraba en las bases de datos p\u00fablicas de las C\u00e1maras de Comercio, en el curso de proceso se estableci\u00f3 de la titularidad del mismo hab\u00eda pasado a otra persona, seg\u00fan inform\u00f3 la parte accionada y no por labor del interesado. Ahora bien, aunque la determinaci\u00f3n del sujeto infractor es una carga que subsidiariamente corresponde al juez, lo anterior permite deducir que la diligencia de parte del reclamante en realidad fue m\u00ednima\u00bb. <\/p>\n
Sobre ello, agreg\u00f3 que \u00abel promotor no asisti\u00f3 a ninguna de las audiencias de pacto de cumplimiento que fueron convocadas, a pesar de que este es un mecanismo id\u00f3neo para cesar anticipadamente la vulneraci\u00f3n sobre los intereses colectivos. Adicionalmente, las actuaciones del reclamante se restringieron a la formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n y a la interposici\u00f3n del recurso que ahora se resuelve\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, concluy\u00f3 que \u00aben el asunto bajo examen tampoco hay lugar a se\u00f1alar suma alguna como agencias en derecho, debido a las escasas gestiones observadas por el actor. Por ello, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n confutada en el cuanto se abstuvo de imponer condena en costas\u00bb y resalt\u00f3 que \u00abno habr\u00e1 condena en costas en esta instancia, pues a pesar de no haber prosperado el recurso, no se evidencia temeridad o mala fe del actor\u00bb. <\/p>\n
Postura que por s\u00ed sola no puede calificarse de arbitraria o como una v\u00eda de hecho susceptible de habilitar el resguardo. <\/p>\n
De manera que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello se abrir\u00eda camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la providencia se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo; sin que devenga procedente, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno. <\/p>\n
Sobre dicho aspecto, ha dicho la Sala de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 0009-01; citada entre muchas otras, en la STC7535-2022, 15 jun. 2022, rad. 01788-00). <\/p>\n
En todo caso, ante contextos como el estudiado, la Corte ha resaltado que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (Sentencia de 27 de septiembre de 2013, exp. 02177-00, reiterada en la STC7535-2022, 15 jun. 2022, rad. 01788-00). <\/p>\n
4. Precisi\u00f3n adicional. <\/p>\n
De otra parte, en lo que ata\u00f1e a las dem\u00e1s pretensiones invocadas a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n \u2013v. gr., que se ordene \u00abla intervenci\u00f3n en derecho de la procuradora general naci\u00f3n dra margarita cabello blanco (sic) y del Defensor del pueblo de Colombia en Bogota (sic) a fin que act\u00faen en derecho [en su] nombre\u00bb\u2013, nada obsta para que el convocante acuda directamente ante esa autoridad para formular los requerimientos que estime pertinentes; ya que, en virtud del car\u00e1cter subsidiario y residual de este mecanismo, no est\u00e1 previsto para suplir las actuaciones o diligencias que corresponden a los interesados. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El fallo censurado no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda, adem\u00e1s, porque lo pretendido por el querellante es anteponer su propio criterio al de la magistratura encartada, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, de no ser impugnado, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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