STC1789-2023<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1789-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2022-00248-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El accionante reclama por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso \u00aben conexidad al derecho fundamental a la defensa y a la contradicci\u00f3n\u00bb, presuntamente conculcado por las autoridades acusadas, en la medida de protecci\u00f3n y el incidente de incumplimiento a la misma, tramitados en su contra. <\/p>\n
Solicita en consecuencia se ordene \u00abrevo[car]: la providencia proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Sahag\u00fan \u2013 C\u00f3rdoba el d\u00eda 13 de octubre de 2022 dentro del radicado 2366031840012022-00207-00, a trav\u00e9s de la cual se confirma la Resoluci\u00f3n No. 003 de fecha 4 de octubre de 2022, dentro del incidente de incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n No. 343, proferida por la Comisar\u00eda de Familia de Sahag\u00fan; la [precitada resoluci\u00f3n] (\u2026); el auto de 28 de septiembre de 2022 proferido por la Comisar\u00eda de Familia, a trav\u00e9s del cual fija fecha y hora de audiencia de imposici\u00f3n de sanci\u00f3n por incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n (\u2026); la decisi\u00f3n de la medida de protecci\u00f3n que fue tomada en audiencia de 19 de abril de 2022 por la Comisar\u00eda de Familia de Sahag\u00fan \u2013 C\u00f3rdoba; el auto que avoca y ordena medida de protecci\u00f3n temporal y especial en [su] contra; en el eventual caso que antes de que se resuelva la presente acci\u00f3n de tutela (\u2026) llegare a pagar la sanci\u00f3n impuesta (\u2026) dentro del incidente de incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n (\u2026) se restituya la totalidad de dicha suma\u00bb y, de otro lado, \u00abcompulsar copias de la presente actuaci\u00f3n a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para que, dentro de sus competencias, investiguen la conducta de la Comisaria de Familia\u00bb. <\/p>\n
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2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Se\u00f1ala el accionante que dentro de la medida de protecci\u00f3n que en su contra promovi\u00f3 su c\u00f3nyuge Daniela Stefania de la Espriella, no se dej\u00f3 constancia de la fecha ni la hora de presentaci\u00f3n de la solicitud, pese a que el dato era necesario para establecer si la medida provisional que la Comisar\u00eda de Familia de Sahag\u00fan dict\u00f3 el 29 de marzo de 2022 fue tomada dentro de las cuatro (4) horas h\u00e1biles siguientes, como establece el art\u00edculo 11 de la Ley 294 de 1996. <\/p>\n
2.2. Indica que en el auto admisorio se fij\u00f3 el 13 de abril de 2022 como fecha para escucharlo en audiencia, es decir, transcurridos m\u00e1s de los diez (10) d\u00edas desde la presentaci\u00f3n de la solicitud que establece el art\u00edculo 12 de la Ley 294 de 1996; posteriormente el 1\u00ba de abril le fue notificado el mencionado prove\u00eddo sin adjuntar copia del mismo, lo que torna inv\u00e1lido el enteramiento seg\u00fan el art\u00edculo 67 del C\u00f3digo Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, adem\u00e1s de que all\u00ed se le orden\u00f3 alejarse de su c\u00f3nyuge, pese a que no fue una orden emitida en la mencionada providencia. <\/p>\n
2.3. Afirma que la audiencia de imposici\u00f3n de la medida de protecci\u00f3n definitiva fue realizada el 19 de abril de 2022 a las 9:30 am, pero se le inform\u00f3 que hab\u00eda sido programada para el 13 de abril anterior a las 8:30 am, y, en el acta respectiva se plasm\u00f3 que hab\u00eda asistido a la misma y hab\u00eda presentado descargos, lo cual no es cierto, adem\u00e1s, en la parte resolutiva de la decisi\u00f3n no se inform\u00f3 sobre los recursos que proced\u00edan contra la misma, como establece el art\u00edculo 67 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y, en el expediente no obra constancia de la notificaci\u00f3n de tal determinaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. Asevera que el 9 de septiembre de 2022 su c\u00f3nyuge inici\u00f3 tr\u00e1mite de incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n y en la misma fecha \u00e9sta cambi\u00f3 de domicilio junto con sus menores hijas a la ciudad de Barranquilla, por lo cual la Comisar\u00eda de Familia de Sahag\u00fan \u00abpierde competencia\u00bb para conocer del tr\u00e1mite, debido al nuevo domicilio de las ni\u00f1as, seg\u00fan el art\u00edculo 97 de la Ley 1098 de 2006, no obstante, dicha autoridad inici\u00f3 las actuaciones, pero sin proferir el auto respectivo y sin citarlo a rendir descargos como lo exigen los art\u00edculos 7 y 17 de la Ley 575 de 2000. <\/p>\n
2.5. Narra que el 28 de septiembre de 2022 se fij\u00f3 el 4 de octubre siguiente a las 4:00 pm, como fecha para la audiencia de imposici\u00f3n de sanci\u00f3n, es decir, por fuera del t\u00e9rmino de los diez (10) d\u00edas contados a partir de la fecha de solicitud de apertura del incidente que se\u00f1ala la \u00faltima norma citada, adem\u00e1s, la decisi\u00f3n no le fue notificada personalmente y dicha vista se realiz\u00f3 finalmente a las 8:00 am, seg\u00fan da cuenta la Resoluci\u00f3n 03 de 4 de octubre de 2022, \u00absin motivo alguno que se vislumbre en el expediente\u00bb. <\/p>\n
2.6. Sostiene que en la audiencia se resolvi\u00f3 sobre temas atinentes a sus menores hijas, pese a que, itera, la Comisar\u00eda de Familia de Sahag\u00fan hab\u00eda perdido competencia para ello; as\u00ed mismo se le impuso multa por dos (2) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, aun con las irregularidades cometidas hasta el momento, y sin que contra lo determinado procediera recurso alguno. <\/p>\n
2.7. Asegura que el 13 de octubre de 2022 el Juzgado Promiscuo de Familia de Sahag\u00fan, C\u00f3rdoba, profiri\u00f3 auto en sede del grado jurisdiccional de consulta, con que confirm\u00f3 la Resoluci\u00f3n 003 de 4 de octubre de 2022, sin reparar en todas las inconsistencias presentadas en el tr\u00e1mite de la medida de protecci\u00f3n y el incidente por su incumplimiento. <\/p>\n
2.8. Agrega que no acepta los hechos que dieron lugar al referido tr\u00e1mite y que all\u00ed no se emiti\u00f3 pronunciamiento frente a las solicitudes que elev\u00f3 el 21 y 26 de septiembre de 2022, donde inform\u00f3 de su situaci\u00f3n econ\u00f3mica y pidi\u00f3 que se le permitiera tener comunicaci\u00f3n telef\u00f3nica diaria con sus hijas, situaciones todas por las cuales pide la intervenci\u00f3n a su favor por parte del juez de tutela. <\/p>\n
LAS RESPUESTA DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. El Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Sahag\u00fan se atuvo a lo que actu\u00f3 y decidi\u00f3 dentro de la actuaci\u00f3n criticada. <\/p>\n
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2. La Comisar\u00eda de Familia de Sahag\u00fan indic\u00f3 que la medida de protecci\u00f3n inici\u00f3 por las denuncias de violencia f\u00edsica, psicol\u00f3gica, verbal y econ\u00f3mica de que fue v\u00edctima la pareja del aqu\u00ed accionante, tr\u00e1mite dentro del cual se surtieron las respectivas notificaciones a trav\u00e9s de correo certificado, pero el aqu\u00ed accionante no asisti\u00f3 a rendir descargos en las dos fechas programadas, fue renuente a recibir notificaciones, y luego de conocer lo fallado no pidi\u00f3 ninguna nulidad. <\/p>\n
En el incidente de incumplimiento a la medida no solo se tuvo en cuenta el maltrato a la denunciante, sino tambi\u00e9n a sus hijas, pues las actuaciones psico sociales permitieron constatar que el inconforme representa un riesgo alto para aquella, quien por ende debi\u00f3 salir r\u00e1pidamente junto con las menores del lugar donde se encontraban. <\/p>\n
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3. La Procuradur\u00eda 18 Judicial para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer de Monter\u00eda se\u00f1al\u00f3 que era dentro del decurso cuestionado que el gestor deb\u00eda alegar las inconsistencias aqu\u00ed tra\u00eddas, sin que las formalidades puedan primar sobre el derecho sustancial. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda neg\u00f3 la protecci\u00f3n tras circunscribir el an\u00e1lisis al prove\u00eddo de 13 de octubre de 2022 con que el Juzgado Promiscuo de Familia de Sahag\u00fan decidi\u00f3 la consulta a la sanci\u00f3n impuesta en el incidente de incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n, donde no encontr\u00f3 que se incurriera en causal de procedencia del amparo. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que en el expediente obra prueba de que el 9 de septiembre de 2022 se realiz\u00f3 acompa\u00f1amiento policivo para retiro de efectos personales de la denunciante e informe psicol\u00f3gico de seguimiento a la medida de protecci\u00f3n, que respaldan la decisi\u00f3n finalmente tomada en el incidente de incumplimiento a la misma. <\/p>\n
La present\u00f3 el accionante reprochando que solo se hubiera analizado el prove\u00eddo de 13 de octubre de 2022 del Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Sahag\u00fan, sin estudiar \u00ablas 19 violaciones\u00bb supralegales expuestas en el escrito inicial, que evidenciaban las m\u00faltiples irregularidades presentadas en dicha actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que no presenta historial de conductas violentas; que la asesor\u00eda psicol\u00f3gica tambi\u00e9n se recomend\u00f3 para su c\u00f3nyuge; que no present\u00f3 descargos en la audiencia donde se le impuso la medida de protecci\u00f3n; que el grado jurisdiccional de consulta se ocupa solo de estudiar lo concerniente a la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n; que el domicilio de sus menores hijas est\u00e1 en Sahag\u00fan, por lo que su traslado a Barranquilla por parte de la progenitora podr\u00eda implicar un presunto ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor de edad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
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2. Del examen de la demanda de amparo se establece que, a trav\u00e9s de ella, Felipe Jorge Mendoza Dumar se duele del tr\u00e1mite y las decisiones tomadas por la Comisar\u00eda de Familia y el Juzgado Promiscuo de Familia, ambos de Sahag\u00fan, en la medida de protecci\u00f3n y en el incidente de incumplimiento a la misma, que en su contra tramit\u00f3 Daniela Stefan\u00eda de la Spriella pues, en sentir del actor, lo decidido emergi\u00f3 de la indebida aplicaci\u00f3n de las normas que rigen el caso. <\/p>\n
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2. De entrada, advierte la Sala que la solicitud de resguardo en lo referente a lo actuado y definido por la Comisar\u00eda de Familia de Sahag\u00fan en la medida de protecci\u00f3n, carece del requisito de inmediatez, habida cuenta que la \u00faltima decisi\u00f3n cuestionada en ese tr\u00e1mite, data del 19 de abril de 2022, cuando se adelant\u00f3 la audiencia de imposici\u00f3n definitiva de la medida. <\/p>\n
Entonces, entre la fecha de proferida esa determinaci\u00f3n y la de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el 1 de noviembre de 2022, transcurrieron m\u00e1s de 6 meses, super\u00e1ndose el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Sobre el requisito de inmediatez, se ha sostenido que: <\/p>\n
(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01) <\/p>\n
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2. En cuanto a las quejas elevadas contra lo tramitado y definido en el incidente de incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n, el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, y por ende corresponde confirmar la decisi\u00f3n constitucional de primer grado, toda vez que las inconformidades aqu\u00ed expuestas fueron objeto de estudio en el prove\u00eddo de 13 de octubre de 2022 del Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Sahag\u00fan, que dentro de los antecedentes para emitir el mismo consign\u00f3 que, <\/p>\n
1. El d\u00eda veintinueve (29) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022), la se\u00f1ora Daniela Stefan\u00eda Alfaro De La Espriella present\u00f3 ante la Comisar\u00eda de Familia del municipio de Sahag\u00fan, solicitud de medida de protecci\u00f3n en contra de su expareja, el se\u00f1or Felipe Jorge Mendoza Dumar, por hechos de violencia f\u00edsica, verbal, psicol\u00f3gica y ultrajes contra su persona (Fls. 4 a 5). <\/p>\n
2. Mediante auto proferido por la Comisar\u00eda de Familia, el mismo d\u00eda de recepci\u00f3n de la denuncia, se admiti\u00f3 la Solicitud de Medida de Protecci\u00f3n N\u00b0 343 en favor de la se\u00f1ora Daniela Stefan\u00eda Alfaro De La Espriella, y se decret\u00f3 medida de protecci\u00f3n provisional a favor de la denunciante, y se conmin\u00f3 al victimario a cesar cualquier acto de violencia por s\u00ed o por interpuesta persona contra la denunciante. De igual forma, se fij\u00f3 fecha para audiencia de tr\u00e1mite y se libraron las citaciones respectivas. <\/p>\n
3. El d\u00eda diecinueve (19) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022) se llev\u00f3 a cabo AUDIENCIA DE MEDIDA DE PROTECCI\u00d3N N\u00b0 343, en la que dict\u00f3 medida definitiva y se orden\u00f3 al se\u00f1or Felipe Jorge Mendoza Dumar, a suspender cualquier acto violencia f\u00edsica, verbal, psicol\u00f3gica, econ\u00f3mica o amenaza contra la se\u00f1ora Daniela Alfaro de la Espriella, y, como quiera que la pareja resid\u00eda en el mismo lugar se le insta y exhorta a que su convivencia sea mediada por el respeto y se realicen acciones tendientes a legalizar su situaci\u00f3n actual , esto es, definir la cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio en un t\u00e9rmino no superior a seis (6) meses. Esta decisi\u00f3n fue notificada en estrados al denunciado. <\/p>\n
4. Posteriormente, la se\u00f1ora Daniela Alfaro de la Espriella, acudi\u00f3 a la Comisar\u00eda de Familia, el d\u00eda nueve (09) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022), informando que su expareja no estaba cumpliendo con la orden cesar todo acto de violencia f\u00edsica o psicol\u00f3gica, pues el d\u00eda anterior la insult\u00f3 y agredi\u00f3 de palabra, la intimid\u00f3 luego toma un bate de madera y la amenaza de muerte. La queja conllev\u00f3 a que se dictara auto de la misma fecha ordenando valoraci\u00f3n psicol\u00f3gica a trav\u00e9s del equipo interdisciplinario y valoraci\u00f3n m\u00e9dico legal a trav\u00e9s de la ESE del municipio, a efectos de establecer la afectaci\u00f3n f\u00edsica de la querellante. <\/p>\n
5. Se fij\u00f3 como fecha para para audiencia de descargos el d\u00eda cuatro (04) de octubre del a\u00f1o dos mil veintid\u00f3s (2022), a las 09:00 am. <\/p>\n
6. Llegada la fecha se\u00f1alada para la audiencia de incidente de desacato por incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n definitiva y una vez agotado el debido proceso, pues se practicaron pruebas previamente (entrevistas), la Comisar\u00eda de Familia, con decisi\u00f3n del d\u00eda cuatro (04) de octubre del a\u00f1o dos mil veintid\u00f3s (2022), declar\u00f3 probado el incumplimiento por parte del se\u00f1or Felipe Jorge Mendoza Dumar, de la medida de protecci\u00f3n, impuesta el d\u00eda diecinueve (19) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022) a favor de la se\u00f1ora Daniela Alfaro de la Espriella, y le impuso como sanci\u00f3n multa de dos (02) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, convertibles en arresto. Dicha decisi\u00f3n fue notificada en estrados al sancionado. <\/p>\n
En seguida cit\u00f3 la normativa que encontr\u00f3 aplicable y al descender al caso concreto consider\u00f3 que, <\/p>\n
Revisada la actuaci\u00f3n surtida por la Comisar\u00eda de Familia del municipio de Sahag\u00fan, en el tr\u00e1mite de desacato por incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n impuesta contra el se\u00f1or Felipe Jorge Mendoza Dumar, el Despacho advierte que se encuentra ajustada a la normatividad aplicable y citada precedentemente, no s\u00f3lo por cuanto, de una parte, se surtieron todas las etapas procesales previstas para el tr\u00e1mite incidental de desacato en el art\u00edculo 129 del C\u00f3digo General del Proceso, sino porque, de otra parte, se encuentra resguardado el derecho de defensa, el debido proceso, garant\u00edas fundamentales que le asist\u00edan al implicado previa imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n; n\u00f3tese que le fue notificado personalmente del inicio de la actuaci\u00f3n, se le cit\u00f3 para rendir sus descargos, a lo cual fu\u00e8 renuente, pues no se present\u00f3, a ello se suma que no asisti\u00f3 a la audiencia de decisi\u00f3n del incidente de incumplimiento programada para el d\u00eda cuatro (04) de octubre del a\u00f1o del a\u00f1o dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Igualmente, tanto v\u00edctima como agresor fueron notificados en legal forma de la decisi\u00f3n sancionatoria objeto de consulta, sin que ninguno de ellos haya interpuesto recurso alguno en contra de esta, por lo que cobr\u00f3 firmeza. <\/p>\n
Ahora bien, en cuanto al aspecto sustancial, el Despacho advierte que efectivamente la decisi\u00f3n consultada est\u00e1 respaldada con material probatorio legalmente recaudado, y que la conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 la Comisar\u00eda de Familia resulta acertada, en tanto que los medios probatorios arrimados permitieron establecer el incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n por parte del se\u00f1or Felipe Jorge Mendoza Dumar. <\/p>\n
En cuanto a la tasaci\u00f3n de la sanci\u00f3n impuesta, encuentra el Despacho que la misma se ajusta a los topes que para el efecto impone el literal a) del Art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 575 de 2000, por medio de la cual se modific\u00f3 el Art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 294 de 1996, habida cuenta que es la primera vez que se reporta el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la medida de protecci\u00f3n que le fuera impuesta al se\u00f1or Felipe Jorge Mendoza Dumar, por parte de la Comisaria de Familia del municipio de Sahag\u00fan. <\/p>\n
En ese orden de ideas, son suficientes las anteriores razones, los anteriores argumentos, para concluir no s\u00f3lo que la sanci\u00f3n impuesta al se\u00f1or Felipe Jorge Mendoza Dumar, ha sido la legalmente prevista para el caso concreto, sino tambi\u00e9n que dada las circunstancias particulares del caso y la naturaleza del incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n, resulta ajustada a los criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, pues se encuentra dentro de los par\u00e1metros que el legislador ha previsto para estas eventualidades, circunstancia que fue tenida en cuenta por la Comisar\u00eda de familia, y que demanda la inmediata y efectiva intervenci\u00f3n del Estado en aras de proteger los derechos de la v\u00edctima, siendo esto de vital importancia, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en Sentencia T-878 de 2014, ya que es obligatorio, por los mandatos constitucionales de los art\u00edculos 13 y 43, que todos los jueces, hombres y mujeres por igual, apliquen el enfoque de g\u00e9nero en sus decisiones judiciales, y, en consecuencia, reivindiquen los derechos de las mujeres v\u00edctimas de la violencia, raz\u00f3n por la cual se tiene como adecuada la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por la Comisaria de Familia del municipio de Sahag\u00fan, para adoptar las medidas que el legislador ha previsto para sancionar la agresi\u00f3n a la que ha sido sometida la se\u00f1ora Daniela Stefan\u00eda Alfaro De La Espriella, por parte del se\u00f1or Felipe Jorge Mendoza Dumar. <\/p>\n
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2. As\u00ed las cosas, del an\u00e1lisis del precitado prove\u00eddo, contrastado con lo actuado dentro del tr\u00e1mite accesorio revisado, la Sala concluye que no luce antojadizo, caprichoso o subjetivo, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo expuesto es el desacuerdo con el an\u00e1lisis normativo y probatorio que efectu\u00f3 el Juzgado accionado para arribar a la citada decisi\u00f3n, por virtud de la cual encontr\u00f3 que lo tramitado respet\u00f3 el derecho fundamental al debido proceso del incidentado, y, el an\u00e1lisis conjunto de las pruebas respaldaba los hechos de violencia denunciados en cabeza del gestor, lo que justific\u00f3 la imposici\u00f3n de la respectiva sanci\u00f3n. <\/p>\n
6. Entonces, tales deducciones no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
7. Es que lo intentado por el actor es acudir a este escenario excepcional para exponer supuestas irregularidades presentadas a lo largo del tr\u00e1mite incidental cuestionado, a pesar de la existencia de la precitada decisi\u00f3n con que se descartaron las mismas, y sin que algo se hubiera alegado al respecto dentro de la actuaci\u00f3n, pues a pesar de tener conocimiento de la misma, en ning\u00fan momento elev\u00f3 ante la Comisar\u00eda o el juzgado accionado las inconformidades que viene a exponer en este escenario, atinentes a la supuesta indebida notificaci\u00f3n, vulneraci\u00f3n de t\u00e9rminos procesales, falta de competencia de la Comisar\u00eda, no brindar oportunidad para controvertir pruebas, no ser citado a rendir descargos y no recibir respuesta a solicitudes. <\/p>\n
De ese modo esos reclamos se tornan improcedentes, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el gestor del amparo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante este instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, -pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u2026 (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01; STC, 6 oct. 2016; rad. 2016-00208-01; y STC15463, 28 oct. 2016, rad. 2016-00865-01). <\/p>\n
8. De otro lado, las quejas expuestas por el actor en la impugnaci\u00f3n, consistentes en que las autoridades acusadas debieron sopesar en sus decisiones que no presenta historial de conductas violentas y que la asesor\u00eda psicol\u00f3gica tambi\u00e9n se recomend\u00f3 para su c\u00f3nyuge, constituyen hechos nuevos, no expuestos en la demanda de tutela, o cuando menos antes de que las accionadas se manifestaran frente al misma (ya que se present\u00f3 similar escrito ante el juez constitucional a quo), situaciones que, por lo tanto, no pudieron ser controvertidas por dichas autoridades, raz\u00f3n por la cual un pronunciamiento de esta instancia frente a las mismas implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del debido proceso y del derecho de defensa de las enjuiciadas. <\/p>\n
Sobre el particular la Sala ha indicado que: <\/p>\n
\u2026es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 00003-01; ratificada el 5 feb. 2015, rad. STC800) (CSJ STC6999-2016, 27 may. 2016, rad. 2016-00436-01). <\/p>\n
9. Resta se\u00f1alar, en cuanto a la solicitud para \u00abcompulsar copias\u00bb deprecada por el accionante que, si \u00e9ste considera que en alg\u00fan proceder irregular incurrieron las autoridades recriminadas, otras son las v\u00edas que debe agotar, ya sean de orden disciplinario o penal, a las cuales, si a bien lo tiene, ha de acudir directamente, asumiendo la responsabilidad que ello implica. <\/p>\n
\u2026es necesario precisar que si\u2026 [el censor] considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular atribuible al Juez\u2026, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u2026es preciso indicar que si… estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016) (CSJ STC011-2018, 17 en., rad. 2017-03402-00). <\/p>\n
10. Lo consignado impone respaldar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC1789-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC1789-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2022-00248-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). ANTECEDENTES 1. El […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71517","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71517","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71517"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71517\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71517"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71517"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71517"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}