STC1790-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1790-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba11001-02-04-000-2022-01234-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 28 de junio de 20221, dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela promovida por Francisco Luis Mu\u00f1oz S\u00e1nchez contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, extensiva a la Sala Laboral del Tribunal y el Juzgado Quince Laboral del Circuito, ambos de Medell\u00edn, partes, autoridades y dem\u00e1s intervinientes en el juicio n\u00b0 05001-31-05-015-2017-00524-00 (rad. Corte 84189). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El convocante solicit\u00f3 se ordene dejar sin efecto la sentencia CSJ SL5529-2021 (6 dic.) y, en consecuencia, se dicte una nueva que haga eco de sus aspiraciones. <\/p>\n
En sustento de las s\u00faplicas, indic\u00f3 que promovi\u00f3 proceso ordinario laboral en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013Colpensiones, para una vez se realizara el c\u00e1lculo actuarial, obtener el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de vejez, con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990 a partir del 8 de mayo de 1999, retroactivo pensional e intereses moratorios. Correspondi\u00f3 el asunto al Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medell\u00edn quien neg\u00f3 las pretensiones (23 feb. 2018), apel\u00f3 y el Tribunal confirm\u00f3 lo as\u00ed resuelto (31 ene. 2019), postul\u00f3 casaci\u00f3n y la Corte no cas\u00f3 el fallo de segundo grado (CSJ SL5529-2021, 6 dic.). <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que los funcionarios de instancia y de casaci\u00f3n incurrieron en indebida valoraci\u00f3n probatoria porque omitieron apreciar los medios cognitivos que demostraban inequ\u00edvocamente su posici\u00f3n. <\/p>\n
2.- El juez de conocimiento resisti\u00f3 los anhelos. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n pidi\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite. Colpensiones respaldo lo acaecido en el proceso. La magistratura de casaci\u00f3n defendi\u00f3 su prove\u00eddo. <\/p>\n
3.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n desestim\u00f3 el ruego tras inferir la razonabilidad de la providencia objeto de reproche. <\/p>\n
4.- Recurri\u00f3 el quejoso e insisti\u00f3 en los argumentos del escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Pues bien, en primera medida al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio, donde la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n no cas\u00f3 la sentencia de 31 de enero de 2019, emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, confirmatoria del veredicto de primer grado que neg\u00f3 las pretensiones del aqu\u00ed impugnante (CSJ SL5529-2021, 6 dic.), no se advierte la configuraci\u00f3n de alguna v\u00eda de hecho, menos la vulneraci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales invocadas, comoquiera que se ajust\u00f3 a una hermen\u00e9utica plausible. <\/p>\n
En punto al \u00fanico reparo formulado por el casacionista, y una vez soslay\u00f3 las deficiencias de t\u00e9cnica en su proposici\u00f3n, se adentr\u00f3 en el an\u00e1lisis de los medios de prueba adosados y en ese escenario puntualiz\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) de acuerdo con lo normado en el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 16 de 1969, que modific\u00f3 el art\u00edculo 23 de la Ley 16 de 1968, para que se configure el error de hecho, es indispensable que el cargo exprese las razones que lo demuestran y, a m\u00e1s de esto, como lo ha dicho la Corte, que los desatinos aparezcan notorios, protuberantes y manifiestos, por provenir de la falta de apreciaci\u00f3n o de la errada valoraci\u00f3n de una o m\u00e1s pruebas calificadas siendo estas, el documento, la confesi\u00f3n y la inspecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Frente a esta \u00faltima aseveraci\u00f3n, debe destacarse que, en el caso de marras, no podr\u00e1n ser abordados a prima facie la declaraci\u00f3n extrajuicio, las solicitudes de c\u00e1lculo actuarial elevadas por el se\u00f1or Julio C\u00e9sar Mu\u00f1oz S\u00e1nchez, toda vez que los mismos provienen de un tercero no vinculado al proceso. <\/p>\n
En esa l\u00ednea de pensamiento y con base en el precedente CSJ SL2447-2021, atinente al valor probatorio en casaci\u00f3n de las manifestaciones extra proceso reiter\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) las declaraciones extrajuicio constituyen manifestaciones rendidas por terceros al margen del tr\u00e1mite judicial, de suerte que no pueden recibir un trato distinto al de cualquier testimonio. As\u00ed lo dej\u00f3 sentado la Sala, en sentencia reciente CSJ SL457-2020, en la que record\u00f3 que \u201cestos no son medios de convicci\u00f3n calificados en casaci\u00f3n laboral, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 7.\u00b0 de la Ley 16 de 1969, por manera que sobre ellos no es posible estructurar la comisi\u00f3n de un desacierto f\u00e1ctico ostensible, a no ser que previamente, se acredite la existencia de un error de igual gravedad sobre un medio probatorio calificado\u201d. <\/p>\n
En igual sentido, las solicitudes presentadas por una persona no integrada a la litis cuentan con la misma consecuencia al considerarse su dicho como si se tratase de un testimonio, aspecto que fue abordado en providencia CSJ SL3570-2021, as\u00ed: <\/p>\n
Pues bien, al respecto lo primero que hay que decir es que por no ser Luz Esperanza Aya Rodr\u00edguez parte en el proceso, su dicho instrumentalizado resulta ser una declaraci\u00f3n emanada de un tercero, lo cual significa que tiene una naturaleza intr\u00ednsicamente testimonial, seg\u00fan lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 262 del C\u00f3digo General del Proceso, con lo cual tiene probatoriamente el mismo tratamiento que se da a los testimonios extraprocesales recibidos sin audiencia de la parte contra la cual se aducen (art. 188 del CGP), de donde es una prueba inh\u00e1bil para edificar un ataque en sede extraordinaria, en los t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 7.\u00b0 de la Ley 16 de 1969, que modific\u00f3 el art\u00edculo 87 del CPTSS, admitiendo \u00fanicamente como tales el documento aut\u00e9ntico, la confesi\u00f3n judicial o la inspecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, tampoco podr\u00e1 analizarse la contestaci\u00f3n de la demanda, pues en principio esta no hace parte de las establecidas en el art. 7.\u00ba de la Ley 16 de 1969, a menos de que de esta se derive una confesi\u00f3n (CSJ SL255) tal consecuencia procesal, pues en ning\u00fan momento se acept\u00f3 el v\u00ednculo reclamado, ya que, al contestar los hechos relativos a tal relaci\u00f3n, respondi\u00f3 \u00abno me consta, situaci\u00f3n que deber\u00e1 ser demostrada en el debate probatorio\u00bb (f.\u00ba 16, cuaderno n.\u00ba 1). <\/p>\n
En esa l\u00ednea de pensamiento al adentrarse en el estudio de los otros documentos aportados, comenz\u00f3 por el an\u00e1lisis del c\u00e1lculo actuarial allegado por Colpensiones para inferir que, <\/p>\n
(\u2026) del tenor literal de la pieza procesal se establecen los factores computados y en esta se detalla como empleador al se\u00f1or Julio C\u00e9sar Mu\u00f1oz S\u00e1nchez y trabajador a Francisco Luis Mu\u00f1oz S\u00e1nchez, as\u00ed como se establecen los periodos no aportados, debe se\u00f1alarse que tales manifestaciones no son producto de un an\u00e1lisis de la entidad y, por ende, un reconocimiento administrativo como lo endilga el actor, sino que son datos provenientes del peticionario, por lo que no pueden acreditar la existencia de una relaci\u00f3n laboral por s\u00ed solo, ya que solo se evidencia el ejercicio aritm\u00e9tico realizado. <\/p>\n
Y acerca del comprobante de pago dijo, <\/p>\n
Siendo consecuencia de lo anterior, en este instrumento solo puede denotarse el valor a sufragar, el nombre del contribuyente y la fecha l\u00edmite para su cancelaci\u00f3n, de modo que no se puede extraer del mismo, prueba del contrato de trabajo pretendido. <\/p>\n
De esta manera, con los medios analizados, no es posible colegir un error protuberante del Colegiado en su valoraci\u00f3n, sin que la simple discrepancia con la valoraci\u00f3n probatoria demuestre un yerro manifiesto que lleve a quebrantar las conclusiones del juzgador de segunda instancia. <\/p>\n
Para concluir que, <\/p>\n
(\u2026) si se omitiera tal dislate, debe precisarse que el Tribunal, en uso de lo dispuesto en el art\u00edculo 61 del CPTSS, valor\u00f3 las pruebas obrantes en el expediente, sin que se observe que su intelecci\u00f3n sobre las mismas fue irracional y desafiante del sentido com\u00fan y de las reglas de la sana cr\u00edtica (CSJ SL4141-2019), por lo que no hay lugar a rectificar su an\u00e1lisis, conserv\u00e1ndose la presunci\u00f3n de legalidad y acierto del fallo en cuesti\u00f3n, como se ense\u00f1\u00f3 en sentencia CSJ SL3594-2020, que indic\u00f3: <\/p>\n
[\u2026] es conocido que la sentencia de segundo grado llega a la Corte precedida de las presunciones de legalidad y acierto que se desprenden de haberse proferido luego del agotamiento de las dos instancias del proceso, lo que impone al recurrente en casaci\u00f3n rebatirlas mediante un ejercicio m\u00ednimamente t\u00e9cnico pero fundamental y b\u00e1sico, pues de no ocurrir ello permanece inc\u00f3lume adquiriendo total ejecutoria y firmeza. <\/p>\n
Por tanto, debe concluirse que los razonamientos dados no logran demostrar los yerros f\u00e1cticos que se le endilgan al juzgador de alzada (\u2026). <\/p>\n
En este orden de ideas, la sentencia adoptada como se anticip\u00f3 no es infundada o arbitraria, por el contrario, queda en evidencia una diferencia de criterios entre el inconforme y la autoridad convocada que no acogi\u00f3 sus pedimentos, luego razonablemente debe admitirse que al margen de que no comparta las reflexiones y conclusiones del prove\u00eddo cuya revocatoria pretende, estos pilares no pueden tildarse de sesgados o caprichosos, fruto como son de una hermen\u00e9utica plausible de la normatividad que rige la materia, sumada a la coherente evaluaci\u00f3n del material persuasivo sometido a la ponderaci\u00f3n de esa autoridad judicial, donde, como qued\u00f3 visto no se logr\u00f3 demostrar la existencia de la relaci\u00f3n laboral o del contrato de trabajo, presupuestos estos de la esencia para el \u00e9xito de las expectativas all\u00e1 planteadas y en ese orden de ideas tal situaci\u00f3n excluye la intervenci\u00f3n de la justicia constitucional, ya que como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterada en STC 7 oct. 2015, rad. 2336-00, CSJ STC4937-2016, CSJ STC6631-2018 CSJ STC 14267-2018 y CSJ STC4987-2022 entre otras). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, comoquiera que la providencia cuestionada en esta queja reposa en un discernimiento o interpretaci\u00f3n plausible, am\u00e9n de resultar notorio que el anhelo del impugnante es anteponer su propio criterio para aniquilar el fallo que le desfavoreci\u00f3, designio ajeno a esta v\u00eda subsidiaria, ser\u00e1 refrendado el prove\u00eddo opugnado. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Se precisa que, para el tr\u00e1mite de esta impugnaci\u00f3n, la cual concedi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte hasta el 24 de noviembre de 2022, este diligenciamiento tan solo arrib\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el 1\u00b0 de febrero del a\u00f1o que avanza. <\/p>\n
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