STC1792-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1792-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2023-00018-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira el 7 de febrero de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Alberto Restrepo Zapata contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que dentro de la \u00abacci\u00f3n popular 6001 31 03 002 2021 00057 00\u00bb el despacho convocado \u00abno RESUELVE EN T\u00c9RMINOS DE TIEMPO PERENTORIOS LOS RECURSOS, DECONOCIENDO ART 120 CGP Y OLVIDANDO DE RAIZ QUE ESTA OBLIGADO A LA ESTRICTA OBSERVANCIA DE LOS TERMINOS PROCESALES\u00bb, y \u00abSE NIEGA A ABRIR INCIDENTE DE DESACATO PEDIDO A SACIEDAD\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia pretende, en lo fundamental, que se ordene a la c\u00e9dula cognoscente: (i) \u00abABRIR INCIDENTE DE DESACATO COMO LO PEDI A SACIEDAD INFRUCTUOSAMENTE\u00bb, (ii) \u00abAPLICAR LOS FALLOS DE TUTELA QUE OBLIGA A LA ESTRICTA OBSERVANCIA DE LOS TERMINOS PROCESALES\u00bb; (iii) \u00abdemuestre en los 122 ESTADOS QUE HA PROFERIDO EN LO CORRIDO DEL A\u00d1O (\u2026) CUANTAS ACCIONES POPULARES HA PROFERIDO EN ESTADOS Y CADA CUANTO TIEMPO LO HACE\u00bb, y (iv) \u00abSE aporte copia del auto que se pro\ufb01ri\u00f3 en estado del dia (sic) 26 agosto 2022 en la acci\u00f3n popular 2022 370 a \ufb01n de probar que el tutelado dice no poder cumplir t\u00e9rminos de tiempo perentorios que le impone la ley, por exceso de trabajo\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, que se ordene al Consejo Seccional de la Judicatura, el Consejo Superior Judicatura, y la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial \u00abDEPARTAMENTAL Y NACIONAL (\u2026) NOMBREN CONJUECES, jueces de descongesti\u00f3n o tomen medidas efectivas A FIN [que] el juzgador tutelado, RESPETE Y CUMPLA TERMINOS PERENTORIOS QUE IMPONE Y MANDA LA LEY 472 DE 1998\u00bb; a la Procuradora General de la Naci\u00f3n \u00abque solicite se nombren conjueces, jueces de descongesti\u00f3n en el despacho tutelado (\u2026) ordenando vigilancia EXPRESS A ESTA ACCION POPULAR RENUENTE\u00bb; y al \u00absr MINISTRO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA (\u2026) se me brinde un real y verdadero acceso a la administraci\u00f3n de justicia en mi acci\u00f3n CONSTITUCIONAL\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
1. El Juez Segundo Civil del Circuito de Pereira solicit\u00f3 denegar el amparo por inexistencia de vulneraci\u00f3n, por cuanto aunque en el escrito de tutela \u00abhace referencia de forma escueta a la Acci\u00f3n Popular con radicado 66001-31-03-002-2021-00057-00, sin embargo, consultado el expediente de dicho radicado, se <\/p>\n
observa que corresponde a un proceso Ejecutivo Singular promovido por la sociedad Scotiabank Colpatria S.A contra el se\u00f1or H\u00e9ctor Duv\u00e1n Holgu\u00edn G\u00f3mez, en el cual, a la fecha, por auto n\u00famero 01148 de 27-04-2022, es aceptada la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito en cobro de Scotiabank Colpatria S.A. A Favor De Sistem Group S.A.S.\u00bb. <\/p>\n
2. La Procuradora Regional de Risaralda precis\u00f3 que su \u00abintervenci\u00f3n est\u00e1 orientada, de ser el caso, a la defensa de los derechos e intereses colectivos (\u2026) sin que [cuente con la] facultad de tomar decisiones frente al tr\u00e1mite del proceso judicial\u00bb. Y a\u00f1adi\u00f3 que el gestor no ha presentado a la entidad alguna petici\u00f3n, queja o reclamo relacionado con lo alegado. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el actor, esgrimiendo que \u00abno comprendo que (sic) respondi\u00f3 el tutelado. Pido sean tenidos como vinculados los dem\u00e1s (sic) a quienes vincule o se tengan como ciertas mis aseveraciones\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad convocada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en \u00abla acci\u00f3n popular 66001 31 03 002 2021 00057 00\u00bb, por no resolver en tiempo los recursos propuestos y negarse a abrir el incidente de desacato \u00abPEDIDO A SACIEDAD\u00bb. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha expuesto que, para el efecto, es necesario: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. Caso concreto – ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
Aplicadas las rese\u00f1adas premisas al asunto bajo estudio, pronto se advierte la improsperidad de la solicitud de amparo en referencia, habida cuenta que la controversia que plante\u00f3 el actor resulta infundada, pues tal y como lo puso de presente el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, aunque aqu\u00e9l soport\u00f3 la supuesta vulneraci\u00f3n superior en las actuaciones surtidas al interior de la acci\u00f3n popular con radicado n\u00b0. 66001-31-03-002-2021-00057-00, ese consecutivo corresponde a la ejecuci\u00f3n seguida por Scotiabank Colpatria S.A., hoy cesionario Sistem Group S.A.S., contra H\u00e9ctor Duv\u00e1n Holgu\u00edn G\u00f3mez, informaci\u00f3n que fue confirmada al consultar el sistema de la rama judicial: <\/p>\n
<\/p>\n
De este modo, de la citada situaci\u00f3n se desprende que, ni por acci\u00f3n ni por omisi\u00f3n el juzgado querellado ha amenazado y, menos quebrantado, el debido proceso del interesado, lo que conlleva la inexistencia de yerro procesal, sustantivo o de otra \u00edndole que pueda habilitar la intervenci\u00f3n del juez constitucional, m\u00e1s a\u00fan cuando, sin perjuicio de lo expuesto, el actor carece de legitimaci\u00f3n en la causa para cuestionar el proceso coercitivo en comento por ser ajeno a la controversia, dado que no forma parte de ning\u00fan extremo procesal ni figura all\u00ed como tercero interviniente. <\/p>\n
En situaciones como la del caso sub judice, la decantada jurisprudencia de esta Corte ha relievado que \u00abpara que prospere una acci\u00f3n de esta naturaleza, no basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 jun. 2002, exp. 00037-01, citada, entre otras, en STC671-2023, 1\u00b0 feb. 2023, rad. 02698-01). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, tampoco es viable conceder el auxilio como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, dado que la Corte no encuentra que se hayan probado las exigencias que lo hagan posible en tales condiciones, pues, para tal evento, se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1 sep. 2011, exp. 00194-01). <\/p>\n
4. Consideraci\u00f3n adicional. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con las peticiones elevadas por el tutelante, para que el juzgado fustigado proceda a \u00abdem[ostrar] en los 122 ESTADOS QUE HA PROFERIDO EN LO CORRIDO DEL A\u00d1O (\u2026) CUANTAS ACCIONES POPULARES HA PROFERIDO EN ESTADOS Y CADA CUANTO TIEMPO LO HACE\u00bb, y \u00abSE aporte copia del auto que se pro\ufb01ri\u00f3 en estado del dia (sic) 26 agosto 2022 en la acci\u00f3n popular 2022 370 a \ufb01n de probar que el tutelado dice no poder cumplir t\u00e9rminos de tiempo perentorios que le impone la ley, por exceso de trabajo\u00bb; el Consejo Seccional de la Judicatura de Pereira, el Consejo Superior de la Judicatura y la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial de Risaralda, \u00abNOMBREN CONJUECES, jueces de descongesti\u00f3n o tomen medidas efectivas; la Procuradora General de la Naci\u00f3n \u00abque solicite se nombren conjueces, jueces de descongesti\u00f3n en el despacho tutelado\u00bb; y el Ministro de Justicia y del Derecho garantice que \u00abse me brinde un real y verdadero acceso a la administraci\u00f3n de justicia en mi acci\u00f3n CONSTITUCIONAL\u00bb, se advierte que el interesado podr\u00e1 solicitar y exponer directamente ante la autoridad judicial y los citados funcionarios sus inconformidades, y al no haber acreditado la realizaci\u00f3n de esas gestiones, la tutela se torna improcedente por su naturaleza subsidiaria y residual. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone respaldar el fallo de primer grado, ante la falta de consolidaci\u00f3n de la afectaci\u00f3n invocada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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