STC1793-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1793-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-00640-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Gerardo Herrera contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, el Consejo Superior de la Judicatura, y fueron citadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular No. 2022-00044-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El accionante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el Tribunal accionado. <\/p>\n
Como sustento de su petici\u00f3n manifest\u00f3 que, el Tribunal solo decide admitir el recurso de apelaci\u00f3n sin cumplir los t\u00e9rminos perentorios de tiempo como lo ordenan los art\u00edculos 37 de la Ley 472 de 1998 y 121 del C\u00f3digo General del Proceso, y consider\u00f3 que, al no existir una decisi\u00f3n final en los plazos estipulados por la Ley, le ocasion\u00f3 una vulneraci\u00f3n al derecho fundamental invocado y un incumplimiento de la citada normativa. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Con fundamento en ese hecho solicit\u00f3, se \u00abORDENE AL TUTELADO; i) PERDER COMPETENCIA, ART 121 CGP, pues este prorroga el termino para fallar acciones populares amparado art 121 CGP y nada pasa en derecho al incumplir art 37 ley especial y aut\u00f3noma 472 de 1998, ya que ni se aplica art 84 ley 472 de 1998 pedido a saciedad, <\/p>\n
ii) una constancia secretarial de todas las etapas procesales realizadas, consignando d\u00eda, mes y a\u00f1o, a fin de probar la mora judicial y se de aplicaci\u00f3n al art 84 Ley 472 de 1998, <\/p>\n
iii) FALLAR INMEDIATAMENTE MI ACCI\u00d3N, TAL COMO SE LO IMPONE ART 37 LEY 472 DE 1998, PUES EL HECHO DE QUE SOLO ADMITA LA ALZADA, ES MUESTRA DE LA VIOLACION SISTEM\u00c1TICA DEL ART 37 LEY 472 DE 1998 Y UN REFLEJO M\u00c1S DEL INCUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE TIEMPO PERENTORIOS QUE LE IMPONE LA LEY 472 DE 1998, ART 37 <\/p>\n
iv) A la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n la intervenci\u00f3n en DERECHO de la procuradora gral nacion, dra margarita cabello balnco (sic) a fin de que actue en mi amparo y presente acciones legales a mi nombre a fin de que se de aplicaci\u00f3n art 84 ley 472 de 1998, pues no soy abogado, y <\/p>\n
v) SE OFICIE AL CONSEJO SUPERIOR JUDICATURA sala disciplinaria a fin de que aporte copia digital de todas las quejas presentadas contra el accionado en cualquier tiempo en acciones populares y las resultas de las mismas a fin de probar la mora judicial (may\u00fascula fija en texto). <\/p>\n
3. Una vez asumido su conocimiento, se admiti\u00f3 la tutela, y orden\u00f3 el traslado a los involucrados, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el asunto para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
<\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Unidad de Desarrollo y An\u00e1lisis Estad\u00edstico del Consejo Superior de la Judicatura, pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n ya que entre sus funciones no se encuentra la de intervenir en las decisiones de los jueces, por cuanto \u00e9stos en sus providencias se encuentra sometidos al imperio de la Ley. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, respondi\u00f3 que las pretensiones del accionante no son exigibles dentro de los ejes misionales de la entidad en sede constitucional, ni ordinaria. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Tribunal Superior de Pereira respondi\u00f3 que no ha incurrido en ninguna violaci\u00f3n de los derechos fundamentales del accionante, porque ha actuado conforme a las normas que rigen la materia, respetando el debido proceso, adem\u00e1s en ese despacho se tramitan otros asuntos de raigambre constitucional y tr\u00e1mite preferencial; inform\u00f3 adem\u00e1s la carga laboral que ten\u00eda el despacho a su cargo al mes de diciembre de 2022, adem\u00e1s explic\u00f3 las consecuencias de ese alto volumen de acciones constitucionales asignadas por reparto.<\/p>\n
4. Al momento de presentar el proyecto de sentencia, no se hab\u00edan recibido pronunciamientos del accionado e intervinientes. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el accionante acudi\u00f3 inconforme porque, el Tribunal Superior de Pereira debe \u00abPERDER COMPETENCIA, ART 121 CGP, pues este prorroga el termino para fallar acciones populares amparado art 121 CGP y nada pasa en derecho al incumplir art 37 ley especial y aut\u00f3noma 472 de 1998, ya que ni se aplica art 84 ley 472 de 1998 y FALLAR INMEDIATAMENTE MI ACCI\u00d3N\u00bb (may\u00fascula fija en el texto). <\/p>\n
2. El Tribunal cuestionado en la acci\u00f3n popular No. 001-2022-00044-00, promovida por Gerardo Herrera contra Mar\u00eda Isabel Echeverry como propietaria del establecimiento de comercio Agropecuarias Potreros, se observa que el 23 de noviembre de febrero de 2022 admiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el actor popular, y orden\u00f3 correr el traslado a las partes de acuerdo con el art\u00edculo 12 del Decreto 2213 de 2022. <\/p>\n
De otro lado, el 14 de febrero de 2023 teniendo en cuenta el escrito presentado por Cotty Morales Caama\u00f1o resolvi\u00f3 entre otros: i) Rechazar y no dar tr\u00e1mite al recurso adhesivo presentado por el apoderado judicial de la coadyuvante, y \u00abii) tener por sustentada la alzada con los argumentos expuestos en primer grado, como as\u00ed se ve a folio 52 Cuaderno 01PrimeraInstancia, 01CuadernoPrincipal, expedientedigital\u00bb. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, advierte la Sala que la acci\u00f3n de tutela resulta improcedente, como quiera que, el Tribunal cuestionado, imprimi\u00f3 el tr\u00e1mite respectivo al recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el actor popular como lo dispone el Decreto 2213 de 2022, esto es, con la admisi\u00f3n del mismo, y el traslado para la sustentaci\u00f3n al no apelante. <\/p>\n
No puede entonces fallar de manera inmediatamente la instancia, pues de acuerdo con las normas procesales previo a proferir la sentencia, se debe ordenar el traslado para la sustentaci\u00f3n del recurso, etapa procesal que no puede ser omitida, porque de hacerlo generar\u00eda una nulidad procesal, y ha de tenerse en cuenta que tambi\u00e9n se debe garantizar el debido proceso a todas las partes en proceso que motiva la queja constitucional. <\/p>\n
4. Por otra parte, cabe precisar que, si bien es cierto el art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1988, consagra un t\u00e9rmino perentorio para resolver el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia que se emita en primera instancia en el tr\u00e1mite de una acci\u00f3n popular, tambi\u00e9n lo es que, el funcionario accionado por intermedio de su auxiliar judicial explic\u00f3 que, <\/p>\n
[T]ramita otros asuntos tambi\u00e9n de raigambre Constitucional y tr\u00e1mite preferencial (habeas corpus, acciones de tutela de primera y segunda instancia, incidentes de desacatos, etc.), cuyo volumen es notable; en promedio, para el a\u00f1o 2022 y lo que avanza de este, se han tramitado 5 habeas corpus, 113 tutelas de primera instancia, 154 de segunda instancia, 79 acciones populares (\u2026) en los \u00faltimos meses se han atendido un promedio de 300 memoriales, exclusivamente en elevados en acciones populares, profiriendo la providencia que corresponda y los recursos que su vez interponen a la misma\u00bb (0019. Informe secretarial). <\/p>\n
De esa manera, emerge que, la presunta mora en el tr\u00e1mite de la referida acci\u00f3n popular, en estrictez obedece a una situaci\u00f3n objetiva y razonable, consistente en la carga excesiva que existe en el despacho, entre otros tr\u00e1mites por raz\u00f3n de las m\u00faltiples acciones populares que est\u00e1n en curso, tema sobre el que la Sala ha explicado que, <\/p>\n
(…) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada. (CSJ SC, 19 de septiembre de 2008, exp. 001138-00, 15 de febrero de 2017, rad. 2016-02250-01; citada en STC195-2021, entre otras la STC962-2023). <\/p>\n
En ese orden, no se advierte un escenario de \u00abmora judicial\u00bb que abra paso a este excepcional tr\u00e1mite, dado que, este procede cuando se evidencia una par\u00e1lisis derivada de \u00abun comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (Se subraya, STC962-2023)1, cosa que no ocurre en este caso. <\/p>\n
5. En lo que se refiera, a que se declare la p\u00e9rdida de competencia porque el plazo estableci\u00f3 en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso para fallar la segunda instancia se encuentra vencido, Gerardo Herrera tiene que acudir ante la autoridad judicial accionada para pedir que se declare la nulidad de lo actuado, y examinado el expediente no se evidenci\u00f3 ninguna solicitud en tal sentido. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como la solicitud de amparo impone el agotamiento previo de todos los medios de defensa a disposici\u00f3n del interesado, puesto que cualquier inconformidad tiene que ser invocada en el proceso por medio de los recursos ordinarios establecidos por el legislador, [salvo que se trate de evitar un perjuicio irremediable, que no es el caso]; pues esta acci\u00f3n excepcional, no es un mecanismo alterno que permita sustituirlos, y \u00abcuando hay descuido de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u2018judicial\u2019 de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u00bb. (CSJ. STC11177-2018 de 29 de agosto de 2018, exp. 15693-22-08-001-2018-00099-01, STC2264-2022, STC11804-2022). <\/p>\n
6. Por otro parte, en cuanto a la \u00abconstancia secretarial de todas las etapas procesales realizadas, consignando d\u00eda, mes y a\u00f1o, a fin de probar la mora judicial y se de aplicaci\u00f3n al art 84 Ley 472 de 1998\u00bb, el amparo tampoco prospera, toda vez que si desea obtener dicha constancia debe proceder en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 115 del estatuto procesal vigente. <\/p>\n
7. Por \u00faltimo, la petici\u00f3n del actor popular para que se ordene a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, \u00abact\u00fae en mi nombre y presentar acciones legales a mi nombre\u00bb resulta improcedente, porque el ministerio p\u00fablico no se encuentra la de representar judicialmente al actor popular. <\/p>\n
Por virtud de la ley, esa entidad desarrolla tres funciones espec\u00edficas: i) Preventiva para vigilar la actuaci\u00f3n de los servidores p\u00fablicos, y advertir cualquier hecho violatorio de las normas vigentes, ii) Disciplinaria para iniciar, adelantar y fallar las investigaciones por faltas disciplinarias cometidas por los servidores p\u00fablicos, e iii) Intervenci\u00f3n como sujeto procesal entre otros la jurisdicci\u00f3n ordinaria en las diferentes especialidades por disposici\u00f3n del Procurador. <\/p>\n
8. Por \u00faltimo, en relaci\u00f3n con el requerimiento dirigido al Consejo Superior de la Judicatura, se advierte que el mismo escapa al \u00e1mbito de protecci\u00f3n del amparo constitucional, y no se evidencia que el actor acudiera de manera directa ante dicha autoridad para reclamar lo que aqu\u00ed pretende. <\/p>\n
9. En consecuencia, se declarar\u00e1 improcedente el amparo implorado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve Negar la tutela promovida por Gerardo Herrera contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC 29 de abril de 2011, rad. 00094-01; reiterada entre otras en17 de septiembre de 2013, rad. 00168-01; STC6772-2019, 30 de mayo de 2019, rad. 2019-01579-00 y STC5633-2021 rad. 2021-00299-01. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC1793-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC1793-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-00640-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., primero (1) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Gerardo Herrera contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71521","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71521","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71521"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71521\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71521"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71521"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71521"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}