STC1796-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1796-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2023-00191-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 7 de febrero de 2023 que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Retcom S.A.S contra los Juzgados Veintisiete Civil del Circuito y Treinta y Cinco Civil Municipal, ambos de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el litigio n\u00b0 2017-00963. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando por conducto de apoderado judicial, la parte actora reclama la protecci\u00f3n de su garant\u00eda esencial al debido proceso, supuestamente vulnerada por las autoridades convocadas al emitir los fallos de primera y segunda instancia en el ejecutivo \u00b0 2017-00963. <\/p>\n
2. Como hechos que soportan la solicitud de amparo, refiere, en s\u00edntesis, que CM Red la 18 Ltda, promovi\u00f3 en su contra el aludido recaudo, asunto que fue asignado por reparto al Juzgado Treinta y Cinco Civil Municipal de esta capital quien libr\u00f3 orden de apremio el 26 de octubre de 2020. <\/p>\n
Relata, que su apoderado propuso la excepci\u00f3n denominada \u00abcaducidad de la acci\u00f3n conforme al art\u00edculo 94 del C.G.P., y ella se sustent\u00f3 en el hecho de que el mandamiento de pago se produce el 26 de octubre de 2020 y se notifica el 2 de marzo de 2022, es decir, 1 a\u00f1o y 5 meses despu\u00e9s de que el mencionado prove\u00eddo quedo (sic) en firme\u00bb. <\/p>\n
Aduce, que el 15 de mayo de 2022 el citado estrado desestim\u00f3 el medio exceptivo propuesto y orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, determinaci\u00f3n frente a la cual interpuso recurso de apelaci\u00f3n, no obstante, fue confirmada por el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de esta ciudad, el 5 de diciembre de esa anualidad. <\/p>\n
Afirma, que los anteriores fallos desconocen la regulaci\u00f3n prevista en el canon 94 del estatuto procesal vigente, en la medida que \u00ab(\u2026) para que se interrumpa el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n consecuencialmente la caducidad de la acci\u00f3n debe notificarse el mandamiento ejecutivo de pago dentro del t\u00e9rmino de un a\u00f1o contado a partir del d\u00eda siguiente a la notificaci\u00f3n de tal providencia y, como se anot\u00f3 en el caso concreto, ello no se cumpli\u00f3, ya que, el mandamiento de pago quedo (sic) legalmente notificado el 2 de marzo de 2022, es decir, 1 a\u00f1o y 5 meses despu\u00e9s de su ejecutoria, lo que da lugar a que se decrete la caducidad de la acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo se invaliden las sentencias de 15 de mayo y 5 de diciembre de 2022 proferidas por los Juzgados Treinta y Cinco Civil Municipal y Veintisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, respectivamente, en el juicio n\u00b02017-00963. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2. La Juez Veinticinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que en la sentencia cuestionada explic\u00f3 \u00abclaramente\u00bb los conceptos de caducidad y prescripci\u00f3n, los cuales, en su criterio han sido confundidos por el abogado de la querellante. Reliev\u00f3 que no ha transgredido las prerrogativas de las partes, por que pidi\u00f3 que se denegara el amparo. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el auxilio argumentando que la determinaci\u00f3n cuestionada es razonable. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la promotora, reiterando lo aducido en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 transgredi\u00f3 el debido proceso invocado por la convocante al proferir el fallo de 5 de diciembre de 2022 en el recaudo n\u00b0 2019-00963-02 seguido en su contra. <\/p>\n
Esto \u00faltimo, en la medida en que, si bien el reclamo involucra la providencia dictada por el Juzgado Treinta y Cinco Civil Municipal del mencionado lugar, el 15 de mayo de 2022, fue la dictada por su superior jer\u00e1rquico funcional la que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n efectuada a la queja constitucional y con observancia en la informaci\u00f3n y piezas procesales adosadas al expediente, establece la Sala que habr\u00e1 de confirmarse el fallo denegatorio de primera instancia, por las razones que a continuaci\u00f3n se compendian. <\/p>\n
Razonabilidad de la providencia acusada. <\/p>\n
Al examinar la sentencia de 5 de diciembre de 2022 por medio del cual el Juzgado Veintisiete Civil Circuito de Bogot\u00e1, en sede de apelaci\u00f3n, confirm\u00f3 el fallo de 15 de mayo de esa anualidad, en el que el a quo declar\u00f3 no probada la excepci\u00f3n de caducidad y orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n en el litigio n\u00b0 2017-00963-02, promovido contra la aqu\u00ed accionante, no se advierte la vulneraci\u00f3n denunciada, en raz\u00f3n de que la referida providencia se ajusta a una hermen\u00e9utica respetable. <\/p>\n
En efecto, la autoridad acusada para arribar a tal determinaci\u00f3n, en primer lugar, precis\u00f3 que \u00abel fen\u00f3meno procesal de la caducidad opera ipso jure o de pleno derecho, esto es, no admite renuncia y el operador judicial debe declararla, en el evento en que se verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer la acci\u00f3n judicial correspondiente dentro del plazo legalmente establecido, siendo ello as\u00ed acorde al art 2536 del C\u00f3digo Civil la acci\u00f3n ejecutiva prescribe a los cinco a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente adujo que \u00abel alcance de la figura jur\u00eddica de la caducidad, es la extinci\u00f3n del derecho de acci\u00f3n por el paso del tiempo, de manera que si el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, el derecho fenece, pero no porque no hubiere existido, sino porque no es posible reclamarlo en juicio, siendo entonces una sanci\u00f3n de car\u00e1cter procesal que corresponde a las normas que establecen t\u00e9rminos perentorios para instaurar o ejercer las acciones ante la Jurisdicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3, que \u00abla acci\u00f3n ejecutiva derivada de decisiones judiciales proferidas por esta jurisdicci\u00f3n, prescribir\u00e1 al cabo de cinco (5) a\u00f1os, contados a partir de la exigibilidad, que para el caso se trata de la sentencia de segunda instancia proferida por este despacho en el proceso verbal de acci\u00f3n in rem verso el 22 de marzo de 2019, conforme el contenido de la condena impuesta (\u2026) a diferencia de la prescripci\u00f3n la caducidad es entendida como el plazo perentorio y de orden p\u00fablico fijado por la ley, para el ejercicio de una acci\u00f3n o un derecho. La caducidad constituye un l\u00edmite temporal de orden p\u00fablico, que no se puede renunciar y que debe ser declarada por el juez incluso oficiosamente cuando se presente. En este sentido una sentencia judicial ejecutoriada, que se encuentre en firme, y que contenga una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible, presta m\u00e9rito ejecutivo o se constituye en t\u00edtulo ejecutivo, con el que se puede ejecutar al obligado, y que est\u00e1 sujeta a la prescripci\u00f3n si no se ejerce el derecho oportunamente\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que \u00abpara que la presentaci\u00f3n de la demanda revista idoneidad para interrumpir el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n e impedir que opere la caducidad conforme lo indica el Art 94 del CGP, se da en dos estadios diferentes, esto es, la primera con la presentaci\u00f3n oportuna de la demanda judicial cumpli\u00e9ndose la carga procesal de notificaci\u00f3n a la parte demandada dentro del a\u00f1o siguiente de la orden de pago, y la segunda, superado dicho plazo el mencionado efecto procesal de impedir la prescripci\u00f3n solo se producir\u00e1, con el enteramiento de la orden de pago al demandado dentro del t\u00e9rmino prescriptivo de la acci\u00f3n de cinco a\u00f1os (Art2536CC), por lo que se contabiliza desde la ejecutoria del t\u00edtulo hasta la efectiva notificaci\u00f3n del extremo pasivo\u00bb. <\/p>\n
Y puntualiz\u00f3, que no le asiste raz\u00f3n al demandado en la medida que \u00abel t\u00edtulo ejecutivo se trata de la sentencia proferida el pasado 22-03-19 documental que obra en el expediente C01Juzgado35_2017-00963 consec. 04 Cuaderno Verbal Segunda Instancia, conforme al Art 2536 del C\u00f3digo Civil se tiene 5 a\u00f1os para la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, siendo ello as\u00ed se tiene hasta el 22-08-24 para la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n ejecutiva, lo que se verific\u00f3 en la data del 07-02-20 , esto dentro del t\u00e9rmino antes indicado, profiri\u00e9ndose mandamiento de pago mediante auto del 26-10-20 notificado por el estado del 27-10-20 siendo notificado al extremo ejecutado por conducta concluyente el 02-03-21 por lo que el fen\u00f3meno jur\u00eddico de l (sic) prescripci\u00f3n no se present\u00f3, y menos a\u00fan la caducidad esgrimida por la parte demandada\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo transcrito, no se observa el desafuero jur\u00eddico enrostrado por la convocante, contrario a ello, el fallo censurado se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, e independientemente de que esta Sala especializada la proh\u00edje, no puede tildarse de abiertamente caprichosa para que sea objeto de ataque en sede constitucional, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, la Corte ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar la negativa del auxilio implorado puesto que la providencia acusada no constituye v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC1796-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC1796-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2023-00191-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71524","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71524","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71524"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71524\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71524"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71524"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71524"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}