STC1798-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1798-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-00695-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Alfredo Miguel Labastidas Romero contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad y las partes e intervinientes en el juicio n\u00ba 2018-00314. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Actuando en nombre propio, el querellante reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, defensa e igualdad, supuestamente conculcadas por la autoridad convocada, al desatar la apelaci\u00f3n formulada contra el fallo de primera instancia proferido en el litigio n\u00ba 2018-00314-01. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como hechos que soportan la solicitud de amparo manifiesta, en s\u00edntesis, que llam\u00f3 a juicio a Colombia M\u00f3vil S.A. pretendiendo que se declarara la prescripci\u00f3n extintiva de las obligaciones contenidas en el contrato de prestaci\u00f3n de servicios m\u00f3viles adquirido con esa compa\u00f1\u00eda. <\/p>\n
Relata, que el asunto fue asignado por reparto al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Barranquilla quien dict\u00f3 sentencia el 15 de junio de 2021 en la que dispuso \u00ab1.-Decretar la prescripci\u00f3n de las obligaciones generadas en el contrato de telefon\u00eda m\u00f3vil celebrado entre las partes, que corresponde a la solicitud de servicio 07215218. 2.-No acceder a las restantes pretensiones, conforme a las razones dadas en la parte motiva. 3.-Condenese en costa a la parte demandada en un 50%, por haber prosperado solo parte de las pretensiones. 4.-Se fijan las agencias en derecho, en la suma de $17.200.000, pero solo corresponde cancelar al demandado el 50% de esta suma\u00bb. <\/p>\n
Indica, que la anterior determinaci\u00f3n fue apelada por los extremos de la litis por lo que el 21 de octubre de 2022 la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla confirm\u00f3 parcialmente el fallo, en tanto que revoc\u00f3 lo concerniente a la condena en costas, pues se abstuvo de decretarlas tanto en primera como en segunda instancia. <\/p>\n
Sostiene, que el proceder de la autoridad judicial \u00abes ilegal, por v\u00eda de hecho, pues viola las disposiciones legales del debido proceso, pues la resoluci\u00f3n o fallo del recurso de apelaci\u00f3n se debe fundamentar solo en los reparos hechos por el recurrente y en la sustentaci\u00f3n exclusiva de estos y no en otros asuntos que no fueron objeto del recurso, como ha ocurrido en el presente caso\u00bb. <\/p>\n
Aduce, que \u00abla norma del art\u00edculo 365 es clara, y no admite m\u00e1s consideraciones sino aplicarla en forma literal, y m\u00e1ximo cuando en el presente caso, el demandante estuvo encasillado en la base de datos desde 2004 hasta el a\u00f1o 2016, sin que la empresa Tigo ejerciera alguna acci\u00f3n de cobro. Ahora bien, tampoco se ha considerado que lo que se pretende en este caso, es determinar si la obligaci\u00f3n estaba prescrita o no, y si los t\u00edtulos valores estaban vigentes o no. En nuestra opini\u00f3n y apreciaci\u00f3n tanto la obligaci\u00f3n, como los t\u00edtulos valores est\u00e1n prescritos, como el mismo contrato que los dio en origen, pues este se pact\u00f3 a un a\u00f1o, y se termin\u00f3, en el a\u00f1o 2004. Adem\u00e1s la empresa Tigo presento (sic) alguna acci\u00f3n de cobro, extrajudicial o judicial. Por lo anterior no se pod\u00eda revocar la condena en costas, pues la obligaci\u00f3n a\u00fan segu\u00eda vigente y segu\u00eda causando problemas al demandante\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que a trav\u00e9s de este particular mecanismo se invalide el fallo de segundo grado proferido en el litigio n\u00b0 2018-00314 en lo concerniente a la condena en costas. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barraquilla remiti\u00f3 el v\u00ednculo de acceso al expediente objeto de reproche. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Colombia M\u00f3vil S.A., E.S.P., se opuso a la prosperidad del resguardo argumentando que la decisi\u00f3n censurada encuentra soporte en las normas que regulan la materia por lo que no se acredita la vulneraci\u00f3n aducida. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla transgredi\u00f3 las prerrogativas esenciales invocadas por el promotor al desatar el recurso de apelaci\u00f3n formulado contra la sentencia de primera instancia proferida en el proceso n\u00ba 2018-00314 que promovi\u00f3 contra la compa\u00f1\u00eda Colombia M\u00f3vil S.A. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias jurisdiccionales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
No obstante, lo anterior, en los precisos casos en los cuales los funcionarios respectivos incurran en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n efectuada a la queja constitucional y con observancia en la informaci\u00f3n y piezas procesales adosadas al expediente, establece la Corte que habr\u00e1 de negarse el auxilio por las razones que a continuaci\u00f3n se compendian. <\/p>\n
Razonabilidad de la providencia acusada. <\/p>\n
Al examinar la sentencia de 21 de octubre de 2022 por medio del cual la magistratura acusada, en sede de apelaci\u00f3n, confirm\u00f3 parcialmente el fallo de 15 de junio de 2021, en tanto que revoc\u00f3 la condena en costas fijada por el a quo, no se advierte la vulneraci\u00f3n denunciada, en raz\u00f3n a que la referida providencia se ajusta a una hermen\u00e9utica respetable. <\/p>\n
Posteriormente, se refiri\u00f3 a las normas que actualmente regulan lo concerniente al h\u00e1beas data, e hizo alusi\u00f3n al desarrollo jurisprudencial respecto de esta tem\u00e1tica antes de la expedici\u00f3n de dicha normativa. <\/p>\n
En cuanto al reporte de informaci\u00f3n negativa que se hizo a Datacr\u00e9dito S.A., enfatiz\u00f3 en que \u00abaparece informaci\u00f3n de que el reporte negativo se incorpor\u00f3 a la base de datos de DATACREDITO S.A., en diciembre de 2003, que es el mismo mes de suscripci\u00f3n del contrato de telefon\u00eda, esto es, 26 de diciembre de 2003, por lo que la afirmaci\u00f3n que al respecto se hace en tal documento no resulta cre\u00edble, pues la mora inici\u00f3 en mayo de 2004. Aunado a lo anterior, el actor no menciona la \u00e9poca en la cual se produjo el reporte del dato negativo y menos a\u00fan lo acredita, teniendo la carga de demostrar tal hecho conforme previene el art. 167 del C.G.P., omisi\u00f3n que impide verificar si el reporte se efectu\u00f3 o no en vigencia de la Ley 1266 de 2008, que rige desde el 31 de diciembre de tal a\u00f1o, y, que exige la previa informaci\u00f3n al titular del dato, de que se va a reportar negativamente a las centrales de riesgo, antes de proceder a ello; de manera que, ante tal orfandad probatoria, la pretensi\u00f3n fundada con base en este hecho no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad\u00bb. <\/p>\n
En torno a la permanencia del registro negativo del comportamiento crediticio del demandante precis\u00f3 que \u00abde las varias facturas aportadas por el polo pasivo, se advierte que la \u00faltima de ellas, por valor de $1.019.293 data de agosto 9 de 2004 con nota de exigibilidad de pago inmediato de todas las facturas que a esa fecha aparec\u00edan en mora de ser canceladas, luego de cuya \u00e9poca no aparecen m\u00e1s facturas; de manera que ha de tomarse tal fecha para contabilizar el termino de prescripci\u00f3n extintiva de la obligaci\u00f3n, que, conforme al tiempo estipulado en el art. 2536 del c\u00f3digo civil, tomando en consideraci\u00f3n lo previsto por el Decreto 2592 de 2010 compilado en el art. 2.2.2.28.3 del Decreto 1074 de 2015 y lo se\u00f1alado por la Corte Constitucional en sentencia C-164 de 2010, la obligaci\u00f3n prescribi\u00f3 el d\u00eda 9 de agosto de 2014, fecha a partir de la cual el dato negativo hab\u00eda de permanecer cuatro (4) a\u00f1os m\u00e1s en la base de datos por tratarse de una deuda insoluta, por lo que la empresa demandada deb\u00eda proceder a solicitar su retiro de las fuentes inform\u00e1ticas financieras, a partir del 10 de agosto de 2018; y, en el hecho 4\u00ba de la demanda, el libelista informa que la demandada retir\u00f3 tal reporte negativo de DATACREDITO S.A., donde lo ten\u00eda, en el a\u00f1o 2016, y la demandada tambi\u00e9n lo afirma en su contestaci\u00f3n de demanda; lo que implica, que el retiro del dato negativo se produjo dentro del tiempo estipulado por la ley y la jurisprudencia, y aun antes de que se produjera el vencimiento del t\u00e9rmino m\u00e1ximo del que dispon\u00eda la demandada, lo cual permite considerar que tal actuaci\u00f3n, realizada en armon\u00eda con las disposiciones normativas y jurisprudenciales vigentes, no puede ser sancionada; razones \u00e9stas por las que el punto 2\u00ba de la parte resolutiva de la sentencia impugnada merece ser confirmado\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, abord\u00f3 el reparo formulado por Colombia M\u00f3vil S.A., relacionado con que es improcedente la condena en costas que le fue impuesta en tanto que \u00abno prosper\u00f3 la pretensi\u00f3n indemnizatoria\u00bb relievando que \u00ablas costas procesales est\u00e1n referidas a aquellos gastos en que incurren las partes, en el marco de un proceso judicial, para afrontar la defensa de sus intereses, que deben ser asumidos por la parte vencida en el juicio, como dispone el art. 365 num.1\u00ba del C.G.P. Ahora bien, una demanda puede constar de una o varias pretensiones, todas con igual val\u00eda, aunque est\u00e9n referidas unas a intereses econ\u00f3micos y otras a aspectos de otra \u00edndole; y, en tal caso, el numeral 1\u00ba del art. 365 del C.G.P. citado no distingue entre la prosperidad de una u otra, para disponer expresamente que \u201c\u2026Se condenar\u00e1 en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelaci\u00f3n, casaci\u00f3n, queja, s\u00faplica, anulaci\u00f3n o revisi\u00f3n que haya propuesto\u2026\u201d; por lo que el fundamento que en tal sentido arguye el apelante para considerar que la empresa demandada no debe ser condenada en costas, no encuentra soporte normativo. Pero, tampoco soporte f\u00e1ctico, pues en este caso, el demandante sali\u00f3 avante en la declaratoria de prescripci\u00f3n extintiva de la obligaci\u00f3n dineraria derivada del uso de la telefon\u00eda m\u00f3vil contratada que no pag\u00f3, lo que constituye un inter\u00e9s econ\u00f3mico que le fue favorable al actor, de manera que no es cierto que la pretensi\u00f3n concedida carezca de inter\u00e9s monetario\u00bb. <\/p>\n
Aclarado lo anterior, hizo alusi\u00f3n a que seg\u00fan la regulaci\u00f3n prevista en el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 365 del estatuto procesal vigente \u00abno siempre que la demanda prospere en forma parcial, necesariamente se debe condenar en costas, sino que, dependiendo de las circunstancias de cada caso, el juez debe sopesar si el demandante merece ser beneficiado con tal condena\u00bb. <\/p>\n
Y puntualiz\u00f3 que en el caso concreto \u00aba la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda, en diciembre 10 de 2018, ya el reporte negativo del demandante hab\u00eda sido retirado de DATACR\u00c9DITO S.A., hac\u00eda dos a\u00f1os, esto es, en el a\u00f1o 2016, no se hab\u00eda incluido en ninguna otra Central de Riesgos, la deuda no se estaba cobrando ejecutivamente, tampoco extraprocesalmente, y, se encontraba prescrita desde el 9 de agosto de 2014, comportamiento de la demandada que permite presumir que ya no la cobrar\u00eda; de manera que no encuentra la Sala justificaci\u00f3n para el ejercicio de la acci\u00f3n que dio lugar al nacimiento de este proceso, en b\u00fasqueda principalmente del pago de una indemnizaci\u00f3n que no contaba, como se ha visto, con soportes f\u00e1ctico ni jur\u00eddico; todo lo cual permite considerar, en aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el numeral 5\u00ba del art. 365 citado, que no procede la condena en costas en primera instancia; y, tampoco en segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo transcrito, no se advierte la vulneraci\u00f3n denunciada por el querellante en raz\u00f3n a que la referida providencia se ajusta a una hermen\u00e9utica respetable que no puede ser objeto de alteraci\u00f3n a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo, pues cabe se\u00f1alar que, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la providencia se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, lo que no ocurre en el caso bajo examen. <\/p>\n
En todo caso, ante contextos como el estudiado, la Corte ha resaltado que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (Sentencia de 27 de septiembre de 2013, exp. 02177-00, reiterada en la STC8557-2017, 15 de junio, rad. 2017-00475-01). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone denegar el resguardo implorado puesto que la providencia acusada no constituye v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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